méxico

guerra de méxico contra las drogas

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Guerra contra el tráfico de drogas prohibidas terminó con jefe de policía.

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[James C. McKinley Jr.] Ciudad de México. El asesinato fue un trabajo desde dentro. El jefe de la policía federal llevaba un horario secreto y dormía en lugares diferentes cada noche; sin embargo, el asesino tenía las llaves del departamento del funcionario y lo estaba esperando cuando este llegó después de medianoche.
Cuando el comandante, el comisario Edgar Millán Gómes, el director interino de la policía federal, murió con ocho balas en su pecho el 8 de mayo, provocó escalofríos en un cuerpo de policía que está siendo cada vez más frecuentemente el blanco de los carteles.
La policía dice que el pistolero fue contratado por un agente de la policía federal descontento que trabajaba para un cartel de la droga en el estado de Sinaloa, y el carácter interior del asesinato subrayó lo difícil que es para el presidente Felipe Calderón mantener su promesa de que terminará con la corrupción policial y la violencia relacionada con las drogas que asola México.
Desde que asumió su cargo en diciembre de 2006, Calderón ha tratado de modernizar y profesionalizar a la fuerza de la policía federal, utilizándola, con el ejército, para montar importantes intervenciones en ciudades y estados controlados por los narcotraficantes.
El resultado ha sido caótico: una guerra callejera en la que ningún blanco es demasiado grande, y ningún ataque demasiado osado para las organizaciones del crimen organizado.
Políticos de oposición e incluso algunos funcionarios policiales han empezado a preguntarse si acaso la ambición del presidente ha superado sus capacidades, con peligrosas y desestabilizadoras consecuencias para un país que comparte una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Funcionarios del gobierno de Bush han declarado que los intentos de Calderón podrían fundirse, a menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe el paquete de ayuda de 1.4 billones de dólares para equipar y adiestrar a la policía mexicana en un plazo de tres años.
Importantes funcionarios de seguridad, que se creía eran intocables, han sido acribillados a balazos en Ciudad de México, cuatro solamente en el último mes. Los narcotraficantes mataron a otros siete agentes federales este año en represalia por las redadas antidrogas en ciudades fronterizas. Otros han muerto en tiroteos.
Desde que Calderón asumiera la presidencia, los narcotraficantes han matado al menos a 170 agentes de policía local, entre ellos al menos a decenas de jefes de policía municipales. Se cree de algunos que eran agentes corruptos que trabajaban para organizaciones de narcotráfico y fueron asesinados por gángsteres rivales, dicen los detectives. Otros murieron haciendo su trabajo.
El presidente ha jurado mantener el curso, diciendo que la violencia entre las bandas y los ataques contra la policía son un signo de éxito antes que de fracaso. El gobierno ha destruido los carteles, dice, provocando una guerra entre los grupos disidentes. El asesinato del comisario Millán, dijo, fue "un acto desesperado para debilitar a la policía federal".
"Esta es una estrategia de algunas organizaciones criminales para aterrorizar a la sociedad y paralizar al gobierno", dijo la semana pasada. "La cuestión es si debemos perseverar y seguir adelante o simplemente ocultarnos en nuestras oficinas y agachar la cabeza. El gobierno mexicano no eludirá esta guerra de ninguna manera".
La violencia entre los carteles de la droga que Calderón está tratando de terminar no ha hecho más que empeorar en el último año y medio. El número de muertes se ha disparado en un 47 por ciento, llegando a mayo de este año a 1.378 víctimas, dice la fiscalía. En total, desde que Calderón asumiera el cargo han muerto asesinadas en incidentes violentos relacionados con las drogas 4.125 personas.
Pero aquí más consternación ha causado el firme repiqueteo de asesinatos de policía. El miércoles, por ejemplo, el segundo al mando de la policía del estado de Morelos, y su ayudante, fueron encontrados muertos en el maletero de un coche. Un letrero en los cuerpos advertía contra el cartel de Sinaloa.
Varios aterrorizados jefes de policía locales han renunciado, siendo el más reciente, a la fecha, Guillermo Prieto, jefe de policía de Ciudad Juárez, que renunció la semana pasada después de que su lugarteniente muriera asesinado unos días antes.
"No está pasando solamente en Ciudad Juárez", dijo el alcalde José Reyes Ferriz en el funeral del comisario Juan Antonio Román García. "Está ocurriendo en Nuevo Laredo, en Tijuana, en toda esta región. Están atacando a los comisarios para desestabilizar a la policía".
Una razón del estallido de violencia es que Calderón y su ministro de seguridad pública, Genaro García Luna, han disturbado acuerdos de largo tiempo entre la policía y los narcotraficantes a todo nivel del gobierno, dijeron varios expertos sobre criminalidad en México.
El año pasado, García Luna despidió a 284 comandantes de la policía federal en todo el país, remplazándolos con oficiales escogidos por el mismo, muchos de ellos de fuera de los cuerpos, que han sido adiestrados en una nueva academia y que han sido controlados cuidadosamente para evitar infiltraciones.
También ha reestructurado el departamento, degradando a decenas de oficiales de carrera y colocando al mando a gente en la que confía: un pequeño círculo de personas de excelente formación, la mayoría de ellas provenientes de las fuerzas armadas y del servicio de espionaje de México.
La mayoría de estos comandantes también sirvieron bajo García Luna en la anterior administración del presidente Vicente Fox como parte de la Agencia Federal de Investigación, AFI, una unidad de elite diseñada como el FBI.
La agencia mostró resultados. El gobierno del presidente Fox arrestó a varios de los barones de la droga más notorios del país, entre ellos a Osiel Cárdenas, capo del Cartel del Golfo, y Benjamín Arellano Félix, que controlaba Tijuana. Las detenciones causaron conmoción en los carteles y en sus guerras territoriales.
Cuando asumió el cargo, el presidente Calderón fusionó la agencia de investigación con la existente policía federal y puso a García Luna a cargo. En los últimos dieciocho meses, la nueva fuerza ha reclutado intensamente entre estudiantes universitarios y ex soldados. El gobierno ha elevado la paga inicial para los agentes y ha mejorado substancialmente su formación.
Pero incluso con tres mil nuevos reclutas, el gobierno de Calderón todavía tiene que purgar la fuerza de miles de oficiales de carrera con raíces en la vieja unidad, en la que abundaban los agentes corruptos. Muchos de estos oficiales tienen lealtades dudosas y hacen dinero con chanchullos, especialmente los asignados a autopistas, puertos y aeropuertos, según criminalistas y funcionarios policiales.
"Adiestrar a esta gente y sacarla de la calle va a tomar algunos años", dice Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami que ha estudiando el tráfico de drogas en América Latina. "Eso no afecta a los elementos corrompidos en la policía".
Al mismo tiempo, Calderón y su predecesor han desmantelado en gran parte el aparato de seguridad del estado que mantuvo a México bajo su control durante décadas cuando el país era gobernado por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional. La Agencia de Inteligencia de México y el ministerio del Interior han sido despojados de sus extensas redes de informantes.
Como resultado, dicen los críticos, la nueva fuerza de policía federal no sólo carece de la inteligencia que tuvo en el pasado, sino que está llena de agentes y comandantes descontentos que han perdido sus posiciones o, en algunos casos, sus fuentes de sobornos.
Uno de esos agentes era José Antonio Martín Montes Garfias, el hombre al que los detectives acusan de contratar a un asesino para matar al comisario Millán. El agente Montes Garfias había trabajado durante un largo período en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, uno de los principales puntos de entrada de cocaína y de químicos utilizados para hacer metanfetamina, y se lo sospechaba de proteger los embarques del cartel de Sinaloa. El comisario Millán lo transfirió.
La policía también dice que Montes Garfias participó en el asesinato de Roberto Velasco Bravo, jefe de la división de crimen organizado en el departamento de seguridad pública, el 1 de mayo. Cuando fue detenido, Montes Garfias tenía documentos de varios coches usados por otros altos oficiales de la policía federal, con nombres, números de matrícula y modelos.
Los fiscales dicen que agentes corruptos también informaron a los pistoleros que mataron a Omar Ramírez, un importante comandante de la AFI, cuando conducía en septiembre pasado en una ajetreada calle en el centro de Ciudad de México. Ramírez había salido de su oficina para un encuentro urgente en una hora inusual, pero los pistoleros conocían su ruta. La fiscalía dice que fue asesinado por sus avances en la investigación del Cartel del Golfo.
Sin embargo, algunos comandantes de policía dicen que los agentes corruptos son un problema menor en comparación con la falta de información sobre los narcotraficantes. También se quejan de que las ramas de la inteligencia militar y de la policía no comparten sus informaciones, por temor a filtraciones, hasta que están a punto de realizar un allanamiento.
El comisario Javier Herrera Valles supervisó los intentos de Calderón de restaurar el orden en varios estados durante diez meses hasta que fue degradado en febrero pasado por criticar públicamente las operaciones en una carta al presidente.
Herrera sostiene que la policía federal está actuando sobre la base de briznas de información, como datos de informantes anónimos. Tienen pocas pruebas sólidas recogidas por agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas o vigilancia. Las operaciones consisten en su mayor parte en parar camiones en puestos de control e interminables patrullajes en los barrios, dijo.
"No tienen un recabamiento de información eficaz", dijo en una entrevista. "Estamos patrullando sin ninguna dirección. Caminamos haciendo círculos, nada más".
Calderón y sus altos funcionarios de seguridad rechazan este punto de vista. Señalan que en el último año y medio el gobierno ha logrado importantes requisamientos de cocaína y alijos de armas. También han arrestado a decenas de personas, presuntamente asesinos a sueldo de los carteles, además de un puñado de narcotraficantes de alto nivel.
Antonio Guzmán, que dirige a los 640 agentes federales enviados en las últimas semanas a Sinaloa a cazar a los capos que se cree ordenaron el asesinato del comisario Millán, negó que los asesinatos de agentes de policía hayan apagado el ánimo de sus hombres.
"No ha afectado la moral", dijo Guzmán mientras patrullaba las calles a la cabeza de una columna de cuatro camionetas llenas de agentes fuertemente armados, de negro, con ametralladoras y chalecos antibalas. "Sabemos en lo que nos estamos metiendo. Tenemos ganas de ganar, porque no podemos permitir que esto continúe así".
Reconoció que los líderes de las bandas de Sinaloa probablemente habían huido, escondiéndose en las montañas o en otros estados. Dijo que la verdadera razón de que su fuerza haya sido enviada es recuperar la confianza de los vecinos en que el gobierno puede protegerlos.
Sin embargo, los residentes dicen que las patrullas y los puestos de control sólo han ayudado estando allí. Algunos vecinos dijeron que todos conocían a los narcotraficantes en el barrio, pero que nadie se atrevía a delatarlos a la policía. "No nos metemos con ellos", dijo Wilfredo Valenzuela, 35, mecánico.
Alma Rosa Camacho López, 42, conserje de una escuela básica, dijo que tan pronto como se marchan los agentes federales, los narcotraficantes salen de sus escondites. "Necesitamos que el gobierno controle a esta gente todo el tiempo", dijo. "Cuando ellos se marchan, vuelve el problema y nosotros quedamos como antes".

15 de julio de 2008
26 de mayo de 2008
©new york times
cc traducción mQh

jugando a ser ilegales

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Pueblo mexicano ofrece aventura de inmigración ilegal simulada. Caminata Nocturna ofrece a los participantes la experiencia de tratar de introducirse ilegalmente en Estados Unidos -sin hacerlo.

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[Reed Johnson] El Alberto, México. Resuenan los disparos y aúllan las sirenas, mezclándose con la respiración entrecortada de los participantes jadeantes y cubiertos de lodo. De pronto, la luna llena que barre el suelo como una linterna revela una desconcertante escena: un grupo de inmigrantes ilegales que están siendo esposados y retirados por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Pero la frontera norteamericana está a unos 650 kilómetros desde este escarpado parque municipal en el estado de Hidalgo, a tres horas de viaje al norte de Ciudad de México. El espectáculo que se nos muestra no es un intento real de cruzar la frontera, sino una aventura de simulación en vivo que intenta dar a los participantes una idea de lo que sienten los miles de mexicanos y otros latinoamericanos indocumentados que tratan de entrar a la tierra prometida del norte.
Apodada la Caminata Nocturna, la simulación de tres horas es una combinación de una pista de obstáculos, una charla de sociología y una salida familiar con tutoría de los padres. Fundada en 2004, es dirigida por miembros de una aldea de indios hñahñu, un pueblo indígena del centro-sur de México. La antigua población de 2.500 habitantes de la aldea ha sido diezmada por la emigración hacia Estados Unidos.
Los sábados noche, decenas de los varios cientos de aldeanos que se quedaron, participan en la caminata. Muchos trabajan como artistas, personificando a agentes de la Patrulla Fronteriza, emigrantes y coyotes enmascarados y polleros -los guías mexicanos que, a cambio de dinero, escoltan a los emigrantes.
El recorrido de doce kilómetros, que incluye varias escapadas, cuesta el equivalente de unos diez dólares por persona. El dinero reunido con la caminata y otras actividades del parque, como el alquiler de cabinas, y las excursiones en bote, se divide en partes iguales entre los aldeanos.
Desde su inicio, la Caminata ha atraído a miles de visitantes, la mayor parte de ellos de México, aunque también de Europa, Estados Unidos y Asia. Varios de los casi cincuenta participantes en la salida del sábado pasado dijeron que esperaban saber algo más sobre lo que debían vivir los emigrantes durante el cruce de la frontera.
"Es parte de nuestra cultura, y es importarte saberlo", dijo Sergio Mendieta, profesor en una escuela secundaria del estado de México.
Marcelo Rojas, un biólogo de Ciudad de México, conoce "a muchos, muchos mexicanos, algunos de ellos parientes", que han cruzado una y otra vez la frontera de Estados Unidos y México. "Lo que los mueve es la perspectiva de una vida mejor", dijo. "Conozco al menos a tres personas que se marcharon y no lo lograron. Querían cruzar el desierto. Y murieron allá".
Aparte del ocasional esguince de tobillo o la espina de cactus clavada en la mano, los peligros de la pista son totalmente artificiales. Pero la caminata también tiene sus dificultades.
La ruta lleva a los participantes a empinadas montañas tachonadas de puntiagudos cactus y afiladas plantas de maguey, a lo largo de las riberas del rápido río Tula, a través de pastizales y antiguos cementerios indios. Durante gran parte del viaje, los participantes son perseguidos por guardias fronterizos falsos (conocidos como ‘la migra’), escapan en camionetas, oyen gritos ordenándoles rendirse y escuchan el martilleo de armas de fuego cargadas con balas de fogueo.
Con la entrada también se compran algunas licencias artísticas. En realidad, los guardias fronterizos rara vez usan sus sirenas o disparan sus armas de fuego.
Aunque la simulación sólo se aproxima a los peligros y dificultades físicas de cruzar la frontera, refleja una dura realidad económica. La mayoría de los vecinos de este pueblo pasan todo el año o parte de este trabajando ilegalmente en lugares como Phoenix, Tampa, Florida y Las Vegas.
Crearon la Caminata como una cooperativa para ayudar a compensar el colapso de la última generación de la economía campesina local basada en el cultivo de tomates, maíz y chile. Como en muchos lugares de México, la emigración masiva de esta zona empezó en serio en los años ochenta, cuando el sector agrícola de México empezó a decaer. Desde fines de los noventa, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha agravado la pérdida de trabajos a medida que los pequeños campesinos han ido siendo desplazados por la competencia de la agricultura industrial.
La caminata ocurre en el Parque EcoAlberto, de 1.200 hectáreas, un parque recreativo y camping que es propiedad de los hñahñu, que también lo gestionan y proporcionan el personal sobre bases rotativas. El complejo fue desarrollado por los aldeanos sin ninguna ayuda del gobierno, dice Delfino Santiago, 33, un hñahñu, que es uno de los supervisores.
Santiago contó que cruzó la frontera por primera vez a los dieciséis y ahora viaja regularmente entre su casa aquí y Las Vegas, donde trabaja legalmente en una empresa de jardinería. Hablando en inglés -su tercer idioma, después del español y del hñahñu-, dice que los otros aldeanos anhelaban poder trabajar legalmente en Estados Unidos, pero que la actual política de inmigración de Washington hacía difícil y engorroso obtener una situación legal.
"Yo pago impuestos. Entiendo las leyes", dice. "Pero no nos dejan convertirnos en ciudadanos".
Algunos informes de prensa han planteado el tema de si la Caminata no es un tipo de campamento para adiestrar a mexicanos y centroamericanos a infiltrarse ilegalmente en Brownsville, Texas o San Diego.
Los organizaciones de la excursión animan a los participantes con vagos discursos sobre el orgullo nacional mexicano y la solidaridad con los emigrantes. La Caminata refleja la creencia de que los emigrantes pobres y desesperados tienen derecho a buscar trabajo en tierras extranjeras, una opinión que comparte la mayoría de los mexicanos, que se oponen firmemente a la construcción de la muralla fronteriza de Estados Unidos. Pero la Caminata parece ser más un homenaje a los emigrantes que una declaración política explícita.
Incluso así, la Caminata probablemente lo prepara a uno para cruzar la frontera, tanto como jugar un juego de paintball nos podría preparar para participar en un allanamiento de los marines en Ciudad Sáder. Santiago deletreó sin rodeos la diferencia entre este ‘cruce de fronteras’ y la realidad:
"Allá, se sufre de verdad, y aquí nadie sufre nada".
La excursión del sábado pasado empezó, como habitualmente, con una caravana de camionetas transportando a participantes y guías hacia el centro del pueblo. Un aldeano, con una gorra de los Dodgers, calculó que habría cruzado la frontera unas quince veces.
El grupo se reunió junto a las murallas de la destartalada iglesia del pueblo. (El edificio fue abandonado porque la diócesis católica no puede proporcionar un sacerdote).
Entre los participantes había dos maestros mexicanos de edad mediana, un profesor universitario de Ohio, varias familias y pequeños grupos de risueños adolescentes haciendo instantáneas con sus celulares. Se aparecieron varios hombres con pasamontañas negros -los guías de la excursión nocturna. Uno, un tipo achaparrado y charlatán, que se negó a identificarse, reunió a la gente a su alrededor y se lanzó en un incoherente monólogo de cuarenta minutos.
"Esta noche es quizás algo mágica, porque hablamos del tema que es el tema de la inmigración", dijo en español. "Y en esta noche, quizás, evocamos en homenaje y honor de todos esos inmigrantes que han tenido un sueño". Entonces sacó de su mochila dos banderas mexicanas e instó a los asistentes a cantar el himno nacional mexicano.
En cuestión de minutos, todo el grupo inició la marcha, corriendo: huyendo por lodosas riberas y blandas plastas de vacas, gateando por debajo de alambres de púa, agachándose detrás de matorrales, avanzando lentamente por una estrecha tapia junto a una caída de cinco metros, tropezando con piedras a la luz de la luna.
"¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido!", gritan los guías.
La mayoría de los participantes se adaptaron rápidamente al espíritu de juego de roles de la ocasión. Horas más tarde, recordando la noche, varios encontraron la experiencia casi demasiado realista.
"Aprendí que es muy difícil. Es terrible. Yo no podría sobrevivirlo, creo", dijo Tamara Vázquez Hernández, un chico de quince de Ciudad de México.
Otro participante, Alfonso Najera, dijo que se sentía motivado para ayudar a los emigrantes del modo que pudiera y propuso que otros mexicanos hicieran lo mismo.
Pero Rojas dijo que esperaba que la experiencia alentara a los participantes mexicanos a no colocar todas sus esperanzas en marcharse al norte. Sería mejor, dijo, si muchos de ellos se quedaran y pelearan por mejorar las condiciones de vida en casa. También cree que los mexicanos deberían ser más abiertos a la hora de tratar las falencias políticas y sociales del país.
"Concuerdo en que los mexicanos sufren mucho cuando cruzan la frontera", dijo. "Pero, por otro lado, nosotros los mexicanos no somos el mejor ejemplo de cómo tratar a los extranjeros. En la frontera sur, que es la frontera que no miramos casi nunca, nosotros los mexicanos tratamos muy mal a los centroamericanos".

[e-mail]

Deborah Bonello .n México contribuyó a este reportaje.

9 de julio de 2008
24 de mayo de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh

terror en pueblo mexicano

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Masacre entre narcotraficantes causa terror en pueblo mexicano.

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[James C. McKinley Jr.] Villa Ahumada, México. Una masacre ocurrida aquí hace dos semanas ha convertido a este pueblo somnoliento en un fantasmagórico símbolo de la violencia relacionada con las drogas que ha asolado México en el último año y medio, destripando los cuerpos locales de policía, aterrorizando a los ciudadanos y haciendo prácticamente imposible que las autoridades se hagan valer.
La noche del 17 de mayo, decenas de hombres armados con rifles de asalto entraron al pueblo en varios camiones y cerraron el lugar. Mataron al jefe de policía, a dos agentes y tres civiles. Luego se marcharon con unas diez personas, dijeron testigos. Sólo una de ellas ha sido reencontrada, muerta y envuelta en una alfombra, en Ciudad Juárez.
Toda la fuerza policial municipal renunció después del ataque, y los agentes abandonaron el pueblo durante varios días, marchándose con tanta rapidez que ni siquiera liberaron a los delincuentes de poca monta retenidos en la cárcel del pueblo. Los gobiernos del estado y federal enviaron trescientos soldados y dieciséis agentes de la policía del estado, que restauraron una incómoda semblanza de orden. Pero la gente del pueblo sigue aterrada.
"Sí, tenemos miedo, todos tenemos miedo", dijo José Antonio Contreras, un joven de diecisiete que fue amenazado por los pistoleros. "Nadie sale de noche".
Los turistas que se dirigen desde el sur de Tejas hacia las playas de la Costa del Pacífico atraviesan Villa Ahumada por la Autopista 45. En el pasado no muy distante, este polvoriento pueblo junto a los rieles del ferrocarril era conocido por sus puestos de burrito a orillas de la carretera, sus buenos quesos y por haberse registrado ahí las temperaturas más bajas de México -23 grados bajo cero en enero de 1962.
Sin embargo, en los últimos años también se convirtió en una parada en una de las principales rutas de la droga de México. Villa Ahumada sita a unos ciento cuarenta kilómetros al sur de El Paso por la principal autopista desde la ciudad de Chihuahua hasta la fronteriza Ciudad Juárez.
La violencia relacionada con las drogas en México es ahora tan extendida que está afectando incluso a pequeñas comunidades como esta, que tiene menos de nueve mil habitantes.
En los últimos dieciocho meses, en el país ha muerto más de cuatro mil personas en ataques similares y balaceras, incluso en momentos en que el presidente Felipe Calderón está tratando de recuperar las ciudades donde la policía local y los funcionarios estaban en la planilla de los barones de la droga.
Esta semana, siete agentes de policía murieron en una balacera con matones de un cartel cuando trataron de entrar a una casa en Culiacán, Sinaloa, una ciudad notoria por sus traficantes. Los agentes habían sido enviados a la ciudad, junto con otros 2.700 soldados y agentes, para reprimir a un renombrado barón de la droga que se cree ordenó la muerte del jefe de la policía federal, que fue asesinado en Ciudad de México el 8 de mayo.
Cuando llegó la policía, colgaban pancartas en la ciudad burlándose de los agentes y diciendo que el barón de la droga, Arturo Beltrán Leyva, reinaba supremo en Culiacán.
Menos de dos semanas después de la masacre, la gente de Villa Ahumada seguía tan atemorizada que incluso el alcalde y su jefe de policía se negaron a ser entrevistados. Cuando se preguntó quiénes eran los pistoleros y por qué habían entrado al pueblo, la mayoría de los habitantes que fueron entrevistados sacudieron sus cabezas y susurraron que había espías en todas partes. Sin embargo, en privado algunos reconocieron que el pueblo había sido durante largo tiempo territorio de narcotraficantes aliados con un reputado barón de la droga -Pedro Sánchez Arras.
Los asustados vecinos, que no quisieron ser identificados, dijeron que el hombre de Sánchez en el pueblo era Gerardo Gallegos Rodelo, un tipo rudo de diecinueve años que andaba con un séquito armado. Se rumoreaba que él y Sánchez tenían vínculos con una mafia de Ciudad Juárez, controlada por la familia Carrillo Fuentes. Funcionarios policiales no confirmaron esa afirmación.
Varios vecinos dijeron que Gallegos y Sánchez también parecían tener buenas relaciones con la policía local. La gente se encogía de hombros y toleraba la situación. Después de todo, el pueblo era tranquilo. Parecía mejor dejar las cosas como estaban.
"Hoy en día hay narcotraficantes en todas partes de México, no sólo aquí", explicó Raúl Moreno, 64, jornalero. "No molestaban a nadie. Nadie los molestaba a ellos".
El problema empezó, dice la gente aquí, cuando Gallegos murió en un enfrentamiento a tiros con un grupo de notorios mafiosos en Hidalgo del Parral, en la parte sur del estado de Chihuahua, el 16 de abril.
Dos días después, el ejército allanó su funeral en Villa Ahumada y detuvo a decenas de personas que asistían al sepelio, encarcelando al comandante de la policía, Adrián Barrón, entre otros. No está claro de qué se acusará a los detenidos, dijo la oficina del procurador general.
El 13 de mayo los soldados arrestaron en Hidalgo del Parral a Sánchez, por cargos de tráfico de drogas.
La detención inició los problemas de Villa Ahumada. El sábado noche cuatro días después de la detención de Sánchez, dijo Contreras, el joven de diecisiete, él y otros chicos estaban bailando en la fiesta de un amigo en un salón de baile justo a un costado de la plaza mayor cuando oyeron el martilleo de ametralladoras.
Abandonó rápidamente la fiesta, con su novia y su madre, pero toparon con tres coches llenos de hombres fuertemente armados. Escupiendo amenazas de muerte, los hombres los obligaron a tenderse en el suelo. Contreras esperó los disparos, pero los coches se marcharon a toda prisa. Uno de los hombres gritó: "Volveremos".
Durante tres horas, los pistoleros recorrieron la ciudad en seis camionetas y todoterrenos. Ametrallaron el local de un concesionario de coches de segunda mano. Dispararon más de 75 balas contra dos hombres que conducían un camión. Uno de ellos era Julio Armando Gómez, gerente de un restaurante de pollo a la parrilla. El otro era Mario Alberto González Castro, 41, que vendía billetes en el terminal de buses.
La esposa de González, que pidió que se la identificara solamente por su apodo, Cuquis, dijo que había salido a buscar a su marido cuando oyó los tiros y encontró su cuerpo inerte sangrando en el vehículo. Sus manos temblaron de miedo cuando se le preguntaron quién podría estar detrás del asesinato; luego se quebró, diciendo que había dicho a la policía todo lo que sabía y no podía decir nada más. "Era inocente. Por encima de todo, era inocente", dijo, sollozando.
Los pistoleros alcanzaron al jefe de policía, José Armando Estrada Rodríguez, y dos agentes, Óscar Zuñiga Dávila y José Luis Quiñones Juárez, que estaban en su patrullero en una gasolinera. Los atacantes mataron a los tres hombres con veintiséis disparos de un rifle de asalto.
También murió Luis Eduardo Escobedo Ruiz, 21, que entrando a un aparcadero cerca de la gasolinera. Se encontraron más de cien vainas de bala en los alrededores de su coche.
En privado, algunos vecinos especularon que los atacantes eran miembros de un cartel de la droga rival con la intención de desplazar a la familia Carrillo Fuentes de Ciudad Juárez y otras ciudades a lo largo de la ruta que va desde el estado de Chihuaha hasta el estado de Sinaloa. Algunos dicen que fue Joaquín Guzmán, un barón de la droga conocido como ‘El Chapo’, que envió los comandos. Otros mencionan a los Zetas, temidos asesinos a sueldo del Cartel del Golfo.
"Se están deshaciendo de toda la gente relacionada con Pedro Sánchez", dijo un joven, pidiendo permanecer en el anonimato por temor a los carteles. "Toda la policía trabajaba para Pedro".
Las autoridades del estado dicen que todavía no tienen suficiente información sobre lo que ocurrió, y mucho menos sobre para quién trabajaban los pistoleros. El temeroso silencio de los vecinos dificulta la investigación de los detectives, dijo Eduardo Esparza, portavoz del procurador del estado.
"En este momento, no tenemos ninguna pista", dijo. "Es difícil obtener información. Las familias de las víctimas se niegan a hablar, principalmente porque están aterrorizadas. No podemos avanzar. Hay un montón de barreras".
Una indicación de esas barreras es que la policía del estado fue informada de sólo dos secuestros la noche en que llegaron los pistoleros al pueblo, aunque varios vecinos insistieron en que habían desaparecido al menos diez personas.
Los vecinos del pueblo dicen que se sienten como cubiertos por una nube. Los restaurantes carreteros y las vendedoras de queso dicen que ahora poca gente para en el pueblo, aparentemente por temor. Soldados en todoterrenos equipados con ametralladoras patrullan las calles.
Algunos vecinos dijeron que les causó asombro que todo el cuerpo de policía de más de veinte agentes hubiera renunciado. Muchos dicen que el pueblo no podrá nunca permitirse una fuerza más profesional que pueda impedir futuros ataques.
"Nos sentimos desilusionados con el gobierno", dijo la dueña de un popular restaurante, que ha pasado toda su vida en el pueblo. "No parece que haya alguien capaz de hacer algo".

7 de julio de 2008
31 de mayo de 2008
©new york times
cc traducción mQh

los ricos se marchan de tijuana

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Elite de Tijuana huye hacia el condado de San Diego para eludir los secuestros y la violencia en México. Ola de crímenes provoca éxodo de la clase alta.

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[Richard Marosi] La familia Plascencia se jacta de que el nombre de la familia es sinónimo de la alta cocina en Tijuana. Su espectacular restaurante -Villa Saverios- es una destinación de gourmets; su elegante comedor un centro de reunión de la elite social y política de la ciudad.
Pero el éxito de la familia también ha atraído otro tipo de atención.
Hace tres años, un grupo de hombres armados trataron de secuestrar al hermano menor del chef Javier Plascencia. Un año después lo volvieron a intentar, pero en un caso de un error de identidad, cogieron al hombre equivocado.
Pero la familia decidió que eso fue más que suficiente.
Casi cuarenta años después de que abrieran su primer restaurante en Tijuana, toda la familia -dieciocho personas, incluyendo a la mujer de Javier Plascencia y sus cuatro hijos- cruzó la frontera hacia un suburbio al sudeste de San Diego.
Esas migraciones se han hecho cada vez más comunes en zonas metropolitanas a lo largo de la frontera mexicano-estadounidense a medida que la violencia de la brutal guerra de las drogas interrumpe las vidas de la gente desde Tijuana hasta Nuevo Laredo, al otro lado del Río Grande, desde Texas. En el último año y medio el gobierno mexicano ha enviado más de tres mil tropas a Tijuana, y en varias ocasiones las tropas se han trenzado a balazos con pistoleros de los carteles en calles de barrios residenciales.
"San Diego es la única ciudad donde te puedes olvidar de la inseguridad y el miedo. Allá puedes respirar. Psicológicamente, cruzar la frontera mitiga el estrés", dice Guillermo Alonso Meneses, profesor de estudios culturales en El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana.
En el condado de San Diego, los Plascencia abrieron un nuevo restaurante, llevaron al violinista y al pianista, y descubrieron que los clientes no escaseaban. Romesco estuvo pronto lleno de los otros que también habían escapado de la creciente violencia en Tijuana, incluyendo a miembros de las familias más prominentes de la ciudad.
Agentes inmobiliarios, empresarios y organizaciones de víctimas calculan que más de mil familias de Tijuana -entre ellos médicos, abogados, funcionarios policiales, profesionales de la lucha libre y dueños de negocios- se han mudado a San Diego en los últimos años a medida que empeora la violencia relacionada con el tráfico de drogas.
Hay gente que ha llegado al sur del condado de San Diego con nada más que la ropa puesta. Víctimas de secuestros liberadas después de prolongados cautiverios han aparecido por allá con el pelo largo y desaliñados, a veces con heridas recientes.
Agentes inmobiliarios hablan de clientes a los que les faltan dedos, cercenados por los secuestradores que los enviaron a sus familiares como prueba de que las víctimas estaban vivas.
La presencia de inmigrantes, la mayoría de ellos legalmente en Estados Unidos, es inconfundible en los numerosos condominios al este de Chula Vista, donde los aparcaderos de elegantes tiendas y gimnasios están salpicados con matrículas de Baja California.
Tantas familias mexicanas de clase alta viven en el barrio de Eastlake y Bonita, una comunidad adyacente a Chula Vista, que los vecinos dicen que la zona se está convirtiendo en un dorada colonia de mexicanos, donde hablar inglés es optativo y la gente puede respirar libremente recorriendo las calles en sus Mercedes-Benzes y BMWés.
"Siempre digo que Eastlake es la ciudad con el standard de vida más alto de todo México", bromea Enrique Hernández Pulido, un abogado de San Diego con numerosos clientes entre la emigración mexicana.

Secuestros Desenfrenados
De acuerdo a una firma de seguridad internacional que interviene en negociaciones sobre rescates al sur de la frontera, Tijuana sufre más secuestros que casi cualquier otra ciudad excepto Bagdad. La mayoría de los secuestros no son denunciados a las autoridades, pero organizaciones de ayuda a las víctimas y otros calculan que el número de secuestros, en los últimos tres a cuatro años, ha subido a varios cientos.
Algunos expertos dicen que la campaña del gobierno mexicano contra los carteles de la droga pueden haber intensificado el problema, aunque inadvertidamente. A medida que la organización de crimen organizado más grande de Tijuana, el cartel de narcotráfico de Arellano Félix, se ha visto devastada por detenciones y asesinatos, lugartenientes del cartel han recurrido cada vez más a los secuestros para complementar sus ganancias crecientemente menores en el comercio de las drogas.
Hombres fuertemente armados, a menudo con uniformes de la policía federal, secuestran a personas en centros comerciales, restaurantes y clubes de campo. Las víctimas son retenidas en una red de casas de seguridad y a menudo encadenadas y encerradas en jaulas colectivas hasta que reciben el dinero de los rescates.
Algunas familias han tenido familiares secuestrados que han sido liberados para ser secuestrados nuevamente. Muchos de los secuestrados han sido asesinados, incluso después de que se han pagado cuantiosas sumas por ellos. La amenaza ha obligado a muchas familias que se han quedado en Tijuana a emplear enormes séquitos de seguridad, cerrar puertas y ventanas y retirarse detrás de gruesos portales o altas murallas en las montañas de Chapultepec.
En estos días la creciente violencia de la guerra de las drogas aleja a la gente de la hilera de restaurantes en el Boulevard Sánchez Taboada. Guardaespaldas siguen de cerca a los niños hacia y desde la escuela. Casi la mitad de los negocios en la Avenida Revolución, el barrio turístico en el centro de la ciudad, han sido cerrados.

Huyendo
Alguna gente debe escapar rápidamente.
Un prominente abogado, que por razones de seguridad pidió no ser identificado, condujo desde su oficina directamente hacia la frontera con una escolta policial después de ser avisado que un grupo de secuestradores planeaba asesinarlo por hablar contra la ola de crímenes.
Él y su familia durmieron en colchones de aire y sofás cama en un departamento de San Ysidro durante semanas hasta que encontró una casa en Eastlake. Cerró su oficina en un edificio de Tijuana y ahora trabaja desde su casa en Estados Unidos.
"Tuve que cambiar de ciudad, de casa, de país, de oficina", dijo. "Es una vida en constante temor".
En las onduladas colinas de Eastlake -a sólo ocho kilómetros de México por la California 125, la nueva carretera de peaje South Bay Expressway-, la mayoría de las mansiones cercadas en el rango de dos a tres millones de dólares han sido vendidas a refugiados de Tijuana, dicen agentes inmobiliarios. Las criadas cruzan la frontera todos los días para trabajar para las familias que se han mudado al norte hace poco -tanto a las mansiones de Eastlake como a los barrios más baratos de grandes casas separadas por patios con tejados de tejas rojas.
Aunque escondidos detrás de portones o en el monótono anonimato de los ordenados suburbios norteamericanos, mucha gente que deja Tijuana sigue atada a la ciudad por los negocios.
Muchos siguen gestionando sus fábricas o negocios allá a la distancia, desde sosos parques de oficinas en Otay Mesa o Chula Vista. Controlan a sus empleados a través de sistemas de vigilancia cerrados y envían a mensajeros a uno y otro lado de la frontera con documentos y dinero.
Si deben viajar a Tijuana ellos mismos, toman numerosas precauciones: cambian sus rutas y utilizan cacharros que esperan que no llamen la atención.
"Tienen miedo. Tienen que ingeniárselas para pasar la frontera sin ser vistos. Se cambian ropa. Usan coches diferentes", dice el Padre John P. Dolan, párroco de la Iglesia de Santa Rosa de Lima en Chula Vista. Dolan contó que en el último año seis familias de su parroquia han sido víctimas de secuestro.
El doctor Fernando Guzmán, que fue secuestrado en abril, dijo que de vez en vez cruza la frontera en moto para ir a su hospital cerca del centro de Tijuana.
El abogado blindó su todoterrenos por 66 mil dólares. Otro hombre de negocios usa un GPS oculto en su cuerpo de modo que en caso de emergencia su familia pueda localizarlo vía satélite.
Sin embargo, volver a Tijuana es un riesgo. Según el FBI, cerca de treinta personas de la zona de Chula Vista que viajan a uno y otro lado de la frontera han sido secuestradas en el último año y medio mientras hacían negocios o visitaban a familiares en el área de Tijuana. Algunas fueron asesinadas.
Medidas extraordinarias de seguridad no se limitan a visitas a México. Muchas familias ni siquiera informan a sus amigos cercanos sobre sus nuevos domicilios en el condado de San Diego. Algunos padres que hacen viajes compartidos piden a sus hijos que se bajen a unas cuadras de casa y caminen el resto del trayecto.
Propietarios de casas vigilan preocupados a impertinentes urbanistas, criadas, mensajeros, clientes de sus mismos gimnasios, temerosos de que puedan entregar información valiosa sobre ellos a potenciales secuestradores.

Ajustando el Estilo de Vida
Muchos emigrados extrañan sus viejos estilos de vida en Tijuana. Acostumbrados a una vida de privilegios en México, algunos han debido reducir sus gustos para poder pagar los más caros suburbios de San Diego. Algunos han cambiado sus casas hechas a medida por casas ya construidas. Sus vidas sociales, que giraban en torno a los almuerzos en el club de campo y fiestas que duraban toda la noche, se han reducido para adaptarse a un país donde las parrandas terminan más temprano.
Poco a poco ha empezado a echar raíz la cultura de los emigrados. Los aficionados al golf toman té en Eastlake Country Club en lugar de hacerlo en el Club Campestre de Tijuana. El Vega Caffe en el Eastlake Design Distrcit ofrece tortas de carne asada con capuccino. En la mayoría de las tiendas de Eastlake el inglés no es un problema; los letreros están en español y los vendedores son bilingües.
Lugares donde almorzar como el Restaurante Frida y Romesco han llenado el vacío dejado por Villa Saverios y Sanborn’s en Tijuana.
Para muchos, Romesco se ha convertido en la siguiente mejor opción para salir una noche al sur de la frontera. Su centro comercial carece del atractivo del restaurante de estilo toscano de los Plascencia en el Boulevard Sánchez Taboada. Pero la comida es familiar: comida marina mediterránea, con aceite de oliva y vinos del Valle de Guadalupe.
Plascencia, que se unió hace poco a otros chefs de la elite en un evento gastronómico en West Hollywood llamado Tables of Ten, dice que su restaurante ofrece el tipo de experiencia culinaria que sus compatriotas refugiados ansían. "La gente que viene aquí echa de menos el ambiente de Tijuana", dice. "Son como nosotros: no pueden volver demasiado a menudo".
Antes de sus poco frecuentes visitas a Villa Saverios, pide a amigos de confianza que vigilen la zona para detectar a personas de aspecto sospechoso. Nunca se queda por demasiado tiempo.
"No puedo cumplir con mi papel de anfitrión y saludar a los clientes", dice. "Doy un rápido recorrido por la cocina y el comedor y vuelvo".

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4 de julio de 2008
7 de junio de 2008
©los angeles times
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en león enseñan a policías a torturar

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Advierte que seguirán las prácticas y no habrá sanciones; se queja de "campaña" de medios. Edil panista de León defiende que se enseñe a policías cómo torturar. El gobernador de Guanajuato respalda a su correligionario. El ayuntamiento se niega a informar quién da el entrenamiento.

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[Carlos García y Agustín Galo Samario] León, México. El alcalde de León, Guanajuato, el panista Vicente Guerrero Reynoso, advirtió que continuarán los entrenamientos a policías municipales para enseñarlos a torturar. Los entrenamientos impartidos a miembros del Grupo Especial Táctico (GET) de la policía municipal de León, Guanajuato, para enseñarlos a torturar continuarán y ningún funcionario será destituido, afirmó este martes el alcalde panista de dicha localidad, Vicente Guerrero Reynoso, quien pidió a los medios de comunicación: "Por favor, sean más éticos, sean más responsables. Den la nota con elementos, no con supuestos. Ya basta, ya basta de este tipo de cosas. Le hacen mucho daño a la sociedad. Actúen éticamente, por favor".
En cuanto a los videos que tiene La Jornada, difundidos originalmente por el diario regional El Heraldo de León, que muestran las agresiones y vejaciones infligidas a policías de León como parte de su preparación para torturar, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, dijo que una de las grabaciones es "hechiza".
Añadió que Guerrero Reynoso se comprometió con él a garantizar el respeto a los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho en León. "Yo le creo, creo en su convicción y no voy a entrar en discusiones", dijo el mandatario emanado del Partido Acción Nacional, al igual que el alcalde leonés.
El presidente municipal señaló que las tácticas enseñadas por una persona no identificada, de nacionalidad inglesa, son "parte de un entrenamiento que no se va a suspender. Así de sencillo".
En entrevista colectiva, Guerrero Reynoso sostuvo que él y los colaboradores "estamos muy tranquilos, trabajando, haciendo nuestra tarea, y a ustedes (los medios de comunicación) les toca hacer la difusión de las notas en forma ética y profesional".
El presidente municipal advirtió que ya no dará más declaraciones sobre los videos en los que se observa a policías del GET aplicar a sus compañeros torturas como el tehuacanazo (introducir agua gasificada por las fosas nasales) y el pocito (sumergir la cabeza de la víctima en excremento) porque "ha habido un teléfono descompuesto. En su momento daremos información, si es conveniente, a través de la policía".
Las autoridades de León se han negado a precisar quién y desde cuándo imparte los cursos, y quién lo contrató.
Es "capacitación" para "situaciones estresantes"
El director de la policía de León, Carlos Tornero Salinas, afirmó en conferencia de prensa que la difusión de los videos "busca precisamente desacreditar a la institución, de una forma u otra. ¿Quién tiene en un momento dado el interés? No sabría yo decírtelo. La policía de León tiene un manejo profesional, con instructores de altas condiciones".
Sostuvo que los cursos de tortura se imparten a elementos de la corporación para que puedan enfrentar situaciones de "alto estrés", pero "esto no implica, y ahí si quisiéramos la aclaración, que se esté adiestrando para la aplicación de medios de tortura".
Se preguntó al funcionario qué tipo de situación "extrema" podría vivir un policía cuya labor es administrativa y de prevención del delito. "Son situaciones que no conozco yo en el caso concreto, no", replicó.
Pero Carlos Tornero (hermano de Mauricio, ex director de la Policía Judicial y ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal) se contradijo. Primero señaló que con la capacitación se pretende que los policías resistan situaciones adversas; después dijo que cuanto aparece en los videos son simulaciones de tortura.
Además, precisó que los videos se grabaron en abril y que el curso se aplicó durante 160 horas en 12 días.

2 de julio de 2008
©la jornada

méxico deja atrás justicia medieval

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País inició la modernización de su sistema penal para combatir el crimen organizado. A través de una reforma constitucional, los mexicanos por primera vez gozarán de la presunción de inocencia, al tiempo que sus juicios serán orales, simplificados y en audiencias públicas.

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[Joaquim Ibarz] Ciudad de México. México ha dado los primeros pasos para poner fin a un sistema de justicia medieval que fomenta la corrupción y la impunidad. El gobierno del centroderechista Felipe Calderón puso en vigor una serie de cambios constitucionales que permitirán juicios orales con público, elevan a rango constitucional el principio de presunción de inocencia del inculpado y hacen más accesible la justicia al ciudadano común.
Por extraño que parezca, en México no existía la presunción de inocencia. Si una persona era acusada, podía ser detenida y permanecer en prisión hasta demostrar su inocencia.
Con la reforma se pretende pasar del llamado sistema de justicia inculpatorio (donde uno es culpable hasta que pruebe su inocencia) a un sistema acusatorio (donde se presume la inocencia hasta que se constate la culpabilidad). Asimismo, se quita a la confesión (muchas veces obtenida con tortura) su carácter de prueba central.
Hasta ahora los juicios federales están incluidos en un sistema de justicia del que muchos mexicanos desconfían por estar plagado de irregularidades y poca transparencia. En México los juicios se celebran a puerta cerrada, sin audiencias públicas.
Es el juez quien en su despacho llama por separado a abogados, fiscales, acusados, testigos, y luego dicta sentencia, lo que propicia la corrupción y las arbitrariedades.
El 80% de quienes han recibido sentencia nunca vieron el rostro del juez, ya que su declaración la tomó un auxiliar. El poder otorgado a los jueces dio pie a una creciente injusticia y corrupción, ya que el ciudadano es atendido en función de sus recursos.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que "quien se ve involucrado en un asunto penal, parece condenado a protagonizar una película de terror". Informó que más de 90.000 personas están encarceladas sin sentencia.

Cambio Radical
El presidente Calderón pretende revolucionar el sistema penal, que en la actualidad deja impune el 97% de los delitos y se ensaña con los más pobres. Hay tan poca confianza en la justicia, que más del 90% de los delitos ni se denuncian, según indican estadísticas dadas a conocer por organizaciones no gubernamentales.
Los juristas prevén que la reforma se podrá implantar a lo largo de ocho años, ya que el Estado no tiene los recursos ni la capacidad para hacer modificaciones de tal magnitud. Además, se deben adecuar los códigos penales de los estados (regiones) y el sistema judicial federal.
Para pasar de un sistema escrito a uno oral hay que cambiar mentalidades y preparar jueces, abogados, fiscales y crear salas donde se llevarán a cabo los juicios públicos. Implementar los cambios legales supondrá una inversión de unos 2.000 millones de dólares. Nadie sabe aún de dónde saldrá ese monto, pues no figura ninguna cantidad en los presupuestos generales del Estado.
La reforma crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a homologar las reglas para seleccionar, capacitar, evaluar y certificar a los cerca de 400.000 policías del país, ahora dispersos en diversas corporaciones y sin un mando central, lo que favorece la ineficiencia y la corrupción.
Las enmiendas constitucionales promulgadas por el mandatario mexicano también proporcionan mayores instrumentos para combatir el narcotráfico, en la que se ha embarcado Calderón desde su llegada al cargo, en diciembre de 2006.
El Jefe de Estado dijo que se podrá enfrentar con más eficacia a los violentos carteles de la droga al estipular prisión preventiva hasta por 80 días y que los bienes de los mafiosos pasen al Estado.

Cifras y Apoyos
Según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en las cárceles mexicanas "no se encuentran los peores delincuentes sino los más pobres y aquéllos cuya detención ofrece menos dificultades".
Según el CIDE, la mayoría de los presos cumple condenas por pequeños robos por valor entre menos de 115 y 625 dólares. Apenas el 5% son por robos de más de 7.800 dólares.
La mayoría de políticos, portavoces del sistema judicial y directivos de las facultades de leyes y Derecho del país se pronunciaron a favor de las reformas, destacando el cambio en el esquema de los juicios.
"Ésta es quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo", es un paso para "fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública", dijo el presidente Felipe Calderón la semana pasada al promulgar las reformas.
Para algunas autoridades y observadores, la reforma impulsará un "cambio cultural" a favor de la legalidad. "Es una reforma retadora, representa un cambio total en la cultura de la legalidad o casi inexistente cultura de la legalidad. Vamos a tener que aprender a respetar la ley", declaró el subprocurador jurídico (fiscalía), José Luis Santiago.
La nueva norma contempla polémicos artículos cuestionados por grupos humanitarios y de juristas, en especial el que permite mantener detenido a un sospechoso por hasta 80 días sin presentar cargos.

28 de junio de 2008
©la nación

mensajes macabros

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Algunos de los mensajes para rivales, funcionarios y la opinión pública han sido acompañados de cabezas cercenadas. Otros han sido escritos en los cuerpos de las víctimas.

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[Ken Ellingwood] Ciudad de México. Para el caso de que la decapitación de sus víctimas y la colocación de sus cabezas en refrigeradores portátiles no fueran suficientemente claros, los asesinos dejaron una nota.
"Este es un aviso", decía el escrito, haciendo un listado con una sopa de letras de reparticiones policiales mexicanas y los nombres de guerra de varios personajes conocidos en el mundo de las drogas. "Te daremos lo que mereces".
El mensaje, garabateado en tinta negra sobre un cartel, acompañaba a cuatro cabezas humanas cercenadas que encontraron hace poco las autoridades mexicanas en una autopista en el norteño estado de Durango.
Ese mismo día, la policía del vecino estado de Chihuahua descubrió cinco cuerpos y un cartel escrito a mano.
"Esto es lo que le pasa a los estúpidos traidores que apoyan al Chapo Guzmán", decía el mensaje encontrado en Ciudad Juárez, refiriéndose a Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el presunto líder de una organización de tráfico de drogas en el aledaño estado de Sinaloa.
Los asesinos terminaron el mensaje con un incongruente propiedad: "Sinceramente". Firmado: ‘La Línea’.
En medio de una ola de incidentes violentos relacionados con las drogas en todo México, en estos días los muertos van acompañados frecuentemente de macabras tarjetas de visita conocidas popularmente como ‘narco-mensajes’.
Parte amenaza, parte fanfarronada, los mensajes se han multiplicado con el aumento de los asesinatos relacionados con las drogas a récords nunca vistos en medio de una campaña del gobierno contra el crimen organizado y una mortífera guerra territorial entre traficantes.
Escritas a mano y a menudo con errores gramaticales, las notas son a menudo publicadas en reportajes en la prensa mexicana y en internet, permitiendo que las organizaciones de drogas entreguen sus espeluznantes mensajes a sus enemigos y a la sociedad. Los mensajes pueden incluso servir como comunicación entre rivales.
Cinco días después de que la policía hallara en Durango las cabezas cercenadas, encontraron otra cabeza, también con un mensaje. Era la aparente respuesta a los asesinatos anteriores.
"También podemos responder", decía la nota, según informes en la prensa mexicana.
Analistas y funcionarios policiales ven los mensajes como una variante de operaciones psicológicas en tiempos de guerra, dando un toque de medieval brutalidad medieval a la prensa del siglo 21.
"Yo soy el jefe de este territorio", se podía leer en una pancarta en Sinaloa con el nombre de Arturo Beltrán, cuya organización está luchando contra Guzmán. "Y este es el principio".
Las muertes espeluznantes han sido siempre parte del tráfico de drogas en México. Pero la frecuencia y descaro de los narco-mensajes, incluyendo videos y fotos de las ejecuciones subidas a YouTube, son otro signo más de que la violencia se ha vuelto más salvaje.
"Eso no se veía hace trece años", dijo un funcionario antinarcóticos norteamericano. "Es más abierto".
Ese fue el caso en Tijuana en abril cuando grupos rivales de la organización de Arellano Félix iniciaron un tiroteo de terminó con trece pistoleros muertos.
Uno de los cuerpos encontrados llevaba tres palabras escritas en la piel con un rotulador: "Traidor, Enemigo, Objetivo". Las primeras letras de las palabras forman ‘Teo’, el apodo de Teodoro García Simental, cabecilla de uno de los grupos en guerra.
En el estado de Sinaloa, que presencia un violento conflicto entre Guzmán y ex aliados dirigidos por Beltrán, se han colgado pancartas de tela blanca en pasarelas y vallas publicitarias. Los mensajes, con letras negras y rojas, están salpicados con los apodos de participantes claves y son bastante misteriosos.
A menudo la audiencia a la que se dirigen son las fuerzas oficiales. Un cartel reciente se burlaba de las tropas del ejército en patrulla, llamándolas "soldaditos de plomo".
En las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Reynosa, en el estado de Tamaulipas, aparecieron esta primavera pancartas pulcramente pintadas ofreciendo empleo en los Zetas, uno de los grupos criminales más terribles del país.
Los carteles, dirigidos a "soldados y ex soldados", ofrecían "buenos salarios, comida y ayuda para tu familia".
No está claro si los carteles son parte de una campaña genuina de reclutamiento de los Zetas, el brazo armado del llamado cartel del Golfo, que opera a lo largo de la frontera con Texas. Pero muchos vecinos de Nuevo Laredo están convencidos de que la oferta es real, lo que subraya el temor que sienten los mexicanos por el alcance de las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas.
"No importa mucho que las fuerzas armadas tengan más poder de fuego que los traficantes si el gobierno federal adopta una actitud pasiva frente a las operaciones psicológicas del crimen organizado", escribió en el diario El Universal el columnista Jorge Luis Sierra.
Muchos vecinos de Ciudad Juárez se quedaron en casa un fin de semana hace poco después de que circulara un correo electrónico advirtiendo que la ciudad iba a tener un fin de semana "sangriento".
No se sabe si la amenaza era real: las autoridades informaron sobre la muerte de diecisiete personas en Ciudad Juárez y alrededores en incidentes separados durante tres días, un número de víctimas que se ajusta a lo que ha sido la norma desde que aumentaran los asesinatos a principios de año.
Los vecinos de Ciudad Juárez tienen razón en tomar en serio las amenazas anónimas. En enero, alguien amenazó a la policía de la ciudad subiendo a internet los nombres de diecisiete agentes en un monumento a policías caídos. Tres de esos agentes ya estaban muertos.
Para mediados de mayo, casi la mitad de los agentes en la lista habían sido asesinados, incluyendo al segundo oficial de policía de la ciudad, que fue acribillado con disparos de armas automáticas cuando volvía a casa una noche.
Los mensajes siguen llegando. A fines del mes pasado aparecieron en Chihuahua, la capital del estado del mismo nombre, dos pancartas escritas a mano firmadas por un grupo que se hace llamar Gente Nueva. En las pancartas se habían escrito los nombres de veintiún agentes de policía del estado.
La amenaza no requiere más elaboración.

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25 de junio de 2008
11 de junio de 2008
©los angeles times
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matan a jefe de la policía mexicana

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Jefe de policía de México asesinado en osado ataque de pistoleros.

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[Manuel Roig-Franzia] Ciudad de México. Un grupo de pistoleros asesinó el jueves al jefe de la policía nacional mexicana, acribillándolo con nueve balas frente a su casa en la capital y provocando un serio revés a la campaña oficial contra los carteles de narcotraficantes del país.
Edgar Eusebio Millán Gómez, la cara pública de la ofensiva mexicana contra los carteles de la droga, se convirtió en el funcionario policial de más alto rango en ser asesinado desde que se iniciara la campaña hace diecisiete meses. El asesinato podría dar más confianza a los carteles, a los que se responsabiliza de la muerte de seis mil personas en los últimos dos años y medio, y envalentonar a otros grupos antigubernamentales en este país asolado por la violencia.
"Esto podría tener un efecto de bola de nieve, incluso podría poner en peligro la gobernabilidad", dice Luis Astorga, sociólogo y experto en drogas, en una entrevista. "Indica cosas terribles, un nivel de debilidad de nuestras instituciones... que ni siquiera pueden protegerse a sí mismas".
El problema de la droga y la violencia en México ahora engulle a todo el país, desde las ciudades a lo largo de la frontera con Estados Unidos y aislados reductos de los carteles en las montañas occidentales, hasta el corazón de las autoridades nacionales en Ciudad de México. La capital, que en el pasado había estado relativamente inmune ante asesinatos semejantes, ha sido el escenario de cuatro asesinatos de funcionarios policiales de alto rango en apenas una semana.
Las fuerzas de Millán Gómez realizaron operaciones antinarcóticos de gran escala en todo México. Había ordenado a miles de agentes de la policía federal que asumieran las responsabilidades de la lucha contra la delincuencia de la policía local, de que se sospecha que colabora con los narcotraficantes. Esas operaciones en terreno -realizadas a menudo con los militares- han provocado un generalizado resentimiento entre las autoridades locales y de los estados plagados por la corrupción.
Ha sido habitual que los asesinos ataquen a jefes de las policías local y estatal en México, pero este año los carteles se han encarnizado con los grandes hombres de la estructura policial federal. En enero, policías de Ciudad de México confiscaron lanzagranadas y arrestaron a tres hombres que han sido acusados de planificar el asesinato de José Luis Santiago Vasconcelos, el fiscal que supervisa las extradiciones de narcotraficantes.
Antes del asesinato de Millán Gómez, los asesinos también mataron a Roberto Velasco Bravo, director de la oficina de análisis tácticos del crimen organizado de la policía federal, así como a dos altos oficiales policiales, todos ellos en Ciudad de México. Uno de los asesinatos ocurrió en Coyoacán, una ciudad portuaria popular como destinación turística.
Alejandro Gertz Manero, ex secretario de seguridad pública de México, dijo en una entrevista el jueves en Radio Fórmula, que el asesinato de Millán González demostraba el "deseo de generar un clima de terror".
La capital está también en estado de alerta porque el antes durmiente Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo insurgente que hizo estallar bombas en oleoductos el año pasado, ha estado exigiendo la liberación de varios de sus miembros encarcelados. Los rebeldes pueden ver el asesinato de Millán González como un signo de debilidad, dijo Astorga, el sociólogo.
Fuerzas de la policía federal se han dispersado por todo México, persiguiendo a un número cada vez más grande de sospechosos en relación con asesinatos en el mundo de las drogas. La semana pasada, por ejemplo, al menos diecisiete personas murieron en un ataque contra un rancho en el estado de Guerrero, al oeste del país. Esta semana, los militares participaron en una importante batalla contra asesinos de un cartel en el estado de Zacatecas. En ese incidente murieron tres personas.
Millán Gómez, 42, dirigió la policía federal en los últimos cuatro meses -y todavía era considerado su jefe interino. Pero durante años mantuvo un alto perfil y se había ganado la reputación de ser un personaje que no hacía compromisos en la lucha contra los carteles.
El presidente Felipe Calderón elogió a Millán Gómez el jueves, comparándolo con héroes de la Revolución Mexicana y calificando su asesinato de un acto "de cobardía". Calderón, que ha enviado a más de veinticinco mil agentes de la policía federal y soldados a todo México para luchar contra las bandas de narcotraficantes, juró redoblar los esfuerzos para aplastar a los carteles. En una aparición apenas horas antes del asesinato, Calderón pidió al Congreso norteamericano que aprobara un paquete de ayuda de 1.4 billones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, conocido como la Iniciativa Mérida.
Millán Gómez fue asesinado poco antes de la una de la mañana en su edificio de apartamentos en el barrio de Colonia Guerrero, un vecindario pobre de Ciudad de México que sus colegas dicen que prefería por su cercanía a los cuarteles policiales. Murió después de ser trasladado a toda prisa a un hospital. Dos guardaespaldas resultaron heridos en el ataque, pero se cree que sobrevivirán. Se detuvo a un sospechoso. La familia de Millán González goza ahora de protección policial, dijo una fuente policial.
Las sospechas se concentraron inmediatamente en el cartel de Sinaloa, una violenta organización de narcotraficantes que ha librado una guerra a toda escala contra la policía federal y las fuerzas armadas mexicanas. Oficiales policiales mexicanos creen que el cartel trató hace poco de acabar con sus rivales para ampliar su control del tráfico de drogas aquí, un negocio que las autoridades norteamericanas calculan que genera unos 23 billones de dólares al año.
En enero Millán González alcanzó la primera plana de los periódicos con su anuncio de que la policía federal había descubierto una serie de casas de seguridad y capturado a once asesinos a sueldo del cartel de Sinaloa en Ciudad de México.
En una rueda de prensa, Millán González mostró un enorme arsenal de armas y tres docenas de chalecos antibalas adornados con las iniciales ‘FEDA’, que según la policía es la abreviatura de ‘Fuerzas Especiales de Arturo’. Se cree que las iniciales hacen referencia a Arturo Beltrán Leyva, líder del cartel de Sinaloa cuyo hermano, Alfredo Beltrán Leyva había sido capturado unos días antes. Los asesinos a sueldo capturados, dijo entonces Millán González, estaba en Ciudad de México para cometer asesinatos.
Incluso antes, dicen sus colegas, Millán González se consideraba un hombre marcado.
"Sabía que su vida corría peligro todo el tiempo", dijo Javier Ortiz, portavoz de la policía federal y amigo de Millán Gómez en una entrevista. "Pero estaba absolutamente convencido de que acabar con los carteles era lo mejor que se podía hacer por México".

11 de mayo de 2008
5 de mayo de 2008
©washington post
cc traducción mQh