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opinión

golpismo cívico-militar


Bussi, el represor más sangriento de Tucumán que ganó elecciones en democracia. Cinco años después de la retirada de la dictadura y tres después del juicio a los ex comandantes que acabaron con la excusa del "no sabía", el represor ganó las elecciones de Tucumán en 1989 y volvió a hacerlo en 1995.
[Andrés Jaroslavsky]* Argentina. En 1987, apenas cuatro años después del retorno a la vida democrática, regresó a Tucumán y se presentó como cabeza de lista por un partiducho que nadie conocía. Obtuvo inmediatamente cerca del 18 por ciento de los sufragios. Los partidos tradicionales se escandalizaron sin derecho: Bussi gozaba de la impunidad que ellos mismos le habían garantizado. La debacle política de Tucumán le dio un empujón y en noviembre de 1989, cuando se realizaron las elecciones provinciales para elegir convencionales constituyentes, el bussismo obtuvo más del 55 por ciento de los votos.
En las elecciones de 1991, Antonio Domingo Bussi ya pisaba fuerte y compitió contra un invento político del menemismo que buscaba frenar su crecimiento: Palito Ortega. Menem comprendía perfectamente que el triunfo de Bussi podía resultar en una proyección a nivel nacional y un buen dolor de cabeza para su propio gobierno.
Bussi perdió esas elecciones, pero en 1995 se presentó nuevamente, derrotando al candidato del peronismo y al del radicalismo. Veinte años después del comienzo del Operativo Independencia, uno de los principales símbolos de la criminalidad de la dictadura retornaba al gobierno de Tucumán gracias al diluvio de votos de decenas de miles de ciudadanos.
Bussi demostraba así que aquel viejo espejismo de la sociedad argentina estaba intacto: ver en los militares a los correctores de los defectos de la democracia y la política. Tan intacto como en el ’55 o el ’76.
Su consagración como gobernador en democracia recordó al país una vez más que los militares de la dictadura no descendieron de platos voladores, las Fuerzas Armadas no "invadieron" Argentina. La sociedad, en su enorme mayoría, aceptó a las Fuerzas Armadas como preceptores del orden. Durante más de medio siglo, esta inmadurez de la sociedad argentina fue explotada por el partido militar que se presentaba vendiéndoles espejitos de colores, discursitos de orden y honradez.
Otros, más que aceptar, vivieron el régimen militar con euforia. Concentrar las críticas en Bussi, como símbolo y representante excluyente de los crímenes cometidos en Tucumán, es olvidarse de aquellos que le palmeaban la espalda. Representar a la dictadura como una acción puramente militar es un error grave de análisis que beneficia con olvido a los sectores que promovieron estos crímenes mientras lucraban con el régimen.

Cívico-Militar
La visita del presidente Videla a Tucumán en junio de 1977 es un ejemplo que demuestra claramente hasta qué punto la dictadura fue civil y militar. Aquel invierno del ’77 encontró al general Bussi ansioso por mostrar su cuadernito de deberes a su superior. Ordenó tapiar las villas miseria y arrojar a los mendigos tucumanos en una provincia vecina. La propaganda estuvo a cargo de Mariano Grondona, quien fue invitado por la Secretaría de Información Pública para dar un ciclo de conferencias. El 12 de junio de 1977, luego de presentar sus saludos a Bussi, Grondona destacó que: "Los países que como la Argentina han luchado con las armas en la mano contra la subversión y ahora intentan continuar gradual y cuidadosamente una nueva democracia están destinados a la incomprensión internacional hasta que demuestren en los hechos, la bondad de su fórmula". "Es que somos un modelo nuevo, original, que viene a romper los esquemas convencionales. ¿Cómo es que un país debe guerrear por los derechos humanos y en esa guerra dejar de lado el esquema convencional de la represión delictiva? No lo comprenden. ¿Cómo es que un país debe abandonar la vía aparentemente democrática para edificar de veras una democracia? Tampoco lo entienden. Este es el precio de la originalidad", aseguraba Grondona a La Gaceta, el diario de los García Hamilton.
Ese mismo día, en un agasajo al periodismo realizado por Bussi en el pueblo Teniente Berdina, el general le retribuiría los piropos. "El gobernador, general Antonio Domingo Bussi, dirige la palabra a sus invitados. Flanquean al mandatario el Dr. Mariano Grondona y el director de La Gaceta, señor Eduardo García Hamilton". (...) "Los argentinos estamos viviendo la hora de la verdad, y en ese estado del alma es que sentimos la necesidad de sincerarnos. Por eso, en un impulso interior, debo decirles a ustedes periodistas, de nuestro reconocimiento por el apoyo brindado", sostenía un Bussi agradecido.
Al día siguiente se realizó en la plaza principal de Tucumán la procesión del Corpus Cristi presidida por el arzobispo de Tucumán, monseñor Conrero. En la vereda de la iglesia catedral se emplazó una tarima con el altar, donde se situaron los abanderados de las escuelas y los colegios, las autoridades –presididas por Bussi–, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Federal de Apelaciones.
Aquella imagen de autoridades militares, sacerdotes, maestros, alumnos y jueces marchando encolumnados en procesión se completa con un párrafo publicado en La Gaceta, que lleva este ritual a un plano casi irreal: "Terminado el oficio se inició la procesión. En la marcha se oró especialmente por el Sumo Pontífice, la Paz y el Amor en la patria (sic), la familia tucumana y la Acción Católica. Para finalizar se cantó el Himno Nacional, ejecutado por un sacerdote en un órgano, como expresión de reconocimiento de los ideales de la Patria y de todo lo que simboliza la bandera nacional".
Finalmente, el día de la llegada de Videla, la Cámara de Contratistas de Obras del Estado publicó una solicitada, siempre en La Gaceta, saludando al "Exmo. Señor Presidente de la Nación, teniente general, Jorge Rafael Videla, en su visita a Tucumán". El listado de empresas ocupaba dos páginas completas.
El director de La Gaceta invitó a los represores a poner en marcha las nuevas rotativas de su diario, destacando en su publicación del día siguiente que "la visita del presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, a los talleres de La Gaceta representó un honor de alta significación para nosotros. Por ello el 19 de junio de 1977 habrá de quedar como una de las fechas memorables de la historia de este diario".
Sólo comprendiendo la atmósfera de ese Tucumán de 1977, ese "Jardín de la República" que sería la envidia del medioevo, se puede entender la elección de Bussi como gobernador. Una sociedad educada por una máquina de propaganda que dejaría a Goebbels convertido en un cadete de una fábrica de calcomanías.

La Subversión
Bussi relevó al general de brigada Acdel Vilas en el mando del Operativo Independencia, en diciembre de 1975. En 1977, Acdel Vilas escribió sus experiencias durante el operativo, pero el material no fue publicado debido a una prohibición del Comando en Jefe del Ejército. En uno de sus párrafos Vilas sostiene que al dejarle el mando a Bussi "la subversión armada había sido total y completamente derrotada" (...) "La mayor satisfacción fue recibir días después, ya estando en la capital federal (sic), el llamado del general Bussi, quien me dijo ‘Vilas, Ud. no me ha dejado nada por hacer’".
Sin embargo, luego del golpe, comenzaría una feroz carnicería comandada por Bussi, demostrando que el objetivo de la dictadura excedía ampliamente la aniquilación de la insurgencia armada. Las Fuerzas Armadas buscaban la exterminación de cualquier tipo de oposición o disenso para imponer un proyecto de reestructuración económica y social. Quienes se encargaban de la propaganda, los obispos que bendecían la masacre y las empresas que llenaban páginas con saludos a Videla compartían este objetivo.
Fue en esa sociedad, educada en el desprecio a la política, que Bussi encontró eco y ganó la gobernación, jurando vengar a la población por las corrupciones de la democracia.
Sin embargo, sin las mordazas de la dictadura, la población pudo ver que Bussi era tanto o más corrupto que cualquiera de aquellos a quienes prometía combatir. El mito del militar como administrador eficiente, duro e incorruptible se desvaneció rápidamente a medida que afloraban como aguas podridas sus escándalos de corrupción y la televisión transmitía la imagen del valiente general llorando luego de admitir la existencia de sus cuentas en Suiza. Allí comenzó la decadencia de su carrera política. Bussi no fue derrotado por una propuesta superadora de otros partidos, se derrotó a sí mismo hundido en sus propias mentiras. El talento de este general de la Nación sólo alcanzaba para torturar y fusilar detenidos. Si su administración hubiera conseguido un par de aciertos económicos que sostuviesen el "mito" de la eficiencia, su partido y su persona podrían haber alcanzado niveles aún más repugnantes.

Tirano-Saurio
La sociedad argentina maduró y junto a los organismos y un nuevo gobierno con las cosas bien puestas se comenzó a enfrentar la impunidad. El general vivió lo suficiente para ver que, de aquel modelo de sociedad que quisieron imponer, no quedaba nada. Bussi fue juzgado en otro país. Un país al que ya no engañaba ni asustaba. Una nueva Argentina con una Corte Suprema respetable.
En agosto del 2008 fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación con prisión domiciliaria. Fue dado de baja del Ejército perdiendo de este modo su rango y su condición de militar.
Fue así que el octogenario pasó sus últimos años encerrado, convertido en un momia tambaleante que se partía la cabeza contra los muebles o sentado por las noches en la galería de su casa, en el exclusivo country Yerba Buena Golf Club. Triste, solitario y final.
El mito de los militares, como preceptores de la moral de la Nación, alcanzó finalmente la jerarquía que siempre mereció. Es un cuento de hadas para un puñado de nostálgicos de ese pasado de desfiles, procesiones, miedo y obediencia. Un puñado que merecería vivir todavía en ese país.
Hoy, una nueva generación crece en una argentina libre, una generación que no implora por la llegada de salvadores, una generación que comprende que las sociedades siempre tendrán conflictos y toma con las dos manos el desafío de crear una Argentina mejor.
Por un par de días, las páginas de distintos medios se llenarán de adjetivos duros contra Bussi y finalmente pasará a ocupar un triste anaquel, aquel donde se exhiben las aberraciones que parió aquella Argentina, aquellas Fuerzas Armadas.
Resta, sin embargo, que esta nueva generación, esta nueva sociedad argentina, identifique y condene a aquellos que lo palmeaban en la espalda, aquellos que lo aplaudían fervorosamente, aquellos que se beneficiaron económicamente mientras el psicópata les hacía el trabajo sucio.
[* Hijo de Máximo Jaroslavsky, médico desaparecido en Tucumán.]
25 de noviembre de 2011
©página 12

significado del juicio a las juntas


En 1985, nuestro país se enarboló como pionero en materia de derechos humanos al juzgar a las juntas militares a poco de cometido el genocidio.
[Gabriela Durruty]* Argentina. La sentencia de causa 13 (tal el nombre del proceso conocido como Juicio a las Juntas) sirve de base aún hoy para todos los juicios que se desarrollan a lo largo de todo el país.
Pero el mayor logro de la Cámara de Apelaciones fue el considerando 30 de la sentencia, que perfora la política de juzgamiento limitado que el gobierno del Dr Raúl Alfonsín se había propuesto.
Alfonsín dictó el decreto 185/83 que establecía someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las últimas tres juntas militares. Entre los fundamentos de esa norma se afirmaba "la responsabilidad de quienes hubieran actuado excediendo las órdenes de operaciones, o las hubieran ejecutado en el caso de que éstas fueran manifiestamente atroces".
Claramente, comienza a delinearse la estrategia de impunidad, la influencia de la doctrina de la seguridad nacional y la teoría de los dos demonios.
Entre las consideraciones que se formulaban en el decreto, también se afirmaba que "la responsabilidad de los subalternos --desplazada por el artículo 514 del Código de Justicia Militar-? se vio especialmente reducida en ese período por las circunstancias de hechos derivada de la acción psicológica desplegada por los gobiernos militares a partir del 76, lo que bien pudo inducir a error sobre la significación moral y jurídica de sus actos dentro del esquema coercitivo al que estaban sometidos".
Se incluye desde entonces a la obediencia debida como medio para juzgar sólo a algunos de los responsables de los hechos ocurridos durante el período 1976/1983.
Pero en el considerando número 30, la Sentencia ordena "poner en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido del fallo a fin de enjuiciar a los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona, subzona y áreas de defensa en la denominada lucha contra la subversión y a todos los que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones".
Evidentemente esta decisión del Tribunal superaba las expectativas de justicia que se había propuesto Alfonsín, por lo cual al poco tiempo de dictarse la sentencia nº 13/84, el entonces Ministro de Defensa --Germán López?- dictó las llamadas "Instrucciones al fiscal general del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas", para lo cual invocó directivas impartidas por el propio Alfonsín.
Estas instrucciones fueron formuladas el 24 de abril de 1986 y tendían a "urgir en la medida compatible con la recta administración de justicia la sustanciación de las causas incoadas de conformidad con el artículo 10 de la ley 23.049".
El sentido de estas disposiciones no era otro que terminar con el juzgamiento de militares y personal de fuerzas de seguridad involucrados en hechos ocurridos durante 1976/83.
"El fiscal del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ajustará su cometido a los previsto en el artículo 11 de la ley 23.049 interpretativo del artículo 514 del CJM, presumiéndose, en su consecuencia, la obediencia debida y el error insalvable sobre la legitimidad de las órdenes recibidas por los subordinados con las excepciones vinculadas con los excesos en la comisión de los hechos".
La descripción de este derrotero permite observar que ya en el decreto 185/83 anidaba la idea de limitar el juzgamiento de posibles responsables mediante la invocación de la ficción de "una conciencia reducida de los subalternos por la acción psicológica de los gobiernos militares a partir de 1976".
El camino trazado culmina entonces con la sanción de las vergonzantes leyes de impunidad y los indultos presidenciales de los años 89/90.
Gracias a los juicios por la verdad histórica, un verdadero invento argentino, las pruebas pudieron seguir siendo colectadas. Y gracias a la persistencia de los sobrevivientes, la labor de los organismos de derechos humanos y la decisión de un gobierno nacional de convertir en política de estado la defensa y promoción de los derechos humanos a partir de 2003, podemos tener los juicios que nos permiten hoy día alcanzar el standard mínimo constitucional en materia de derechos humanos y cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país.
La causa 13 fue un hito histórico, a pesar de haber estado impregnada de la doctrina de seguridad nacional, y más aún, a pesar de la política de juzgamiento limitado del gobierno radical. El considerando 13 logra aún hoy desnudar la falacia del error en la prohibición o de la pretendida obediencia debida, aún intentada por muchas de las defensas de los represores.
[*Abogada de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. A propósito de la presentación del libro ‘Los hombres del juicio’, de Pepe Eliaschev, hoy, en la facultad de Derecho. El autor estará acompañado por el diputado nacional (mandato cumplido) Ricardo Terrile, que votó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.]
24 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
©rosario 12

el corredor de la muerte en pensilvania


Muchos casos capitales se prolongan indefinidamente porque los jurados se resisten a dictar pena de muerte. El estado debería simplemente abolir el castigo capital.
Pensilvania ocupa uno de los primeros lugares entre los estados que dictan sentencias de muerte y uno de los últimos en implementarlas: hoy hay 208 hombres y mujeres en el corredor de la muerte, pero desde 1999 no se ha ejecutado a nadie; desde que se reintrodujera la pena de muerte en 1976, sólo tres personas han sido ejecutadas.
El número de ejecuciones, sin embargo, no debería ocultar el fracaso de la justicia en los casos capitales del estado. De las 391 sentencias capitales desde 1976 en el estado, informó el Philadelphia Inquirer esta semana, al menos 125 han sido revocadas o reenviadas a nuevas audiencias en las cortes de apelaciones federales y del estado debido a graves errores cometidos por los abogados.
Estos desastrosos hechos muestran vívidamente que la pena de muerte no puede satisfacer normas constitucionales. Entre los fracasos más notorios del estado está el hecho de que en casos capitales no está brindando una defensa adecuada. Los abogados asignados por el gobierno son tan mal pagados que pocos de ellos están dispuestos a aceptar estos casos tan extremadamente difíciles. Filadelfia paga sólo dos mil dólares por preparar un caso y cuatrocientos dólares por el juicio. En la ciudad, donde se han revocado o reenviado 69 casos, menos de treinta de los trece mil abogados del colegio están dispuestos a encargarse de ellos. Algunos abogados son asignados a casos capitales incluso cuando son vergonzosamente ineptos e incluso cuando han sido sancionados por ello por la comisión de disciplina del estado. Las bajas tarifas crean una "presunción de inoperancia", dijo un grupo de abogados a la Corte Suprema de Pensilvania.
La mayoría de los casos de pena de muerte pendientes en Pensilvania se remontan a más de diez años debido a que los jurados están cada vez más reluctantes a dictar la pena capital. En lugar de esta abolición de facto, el estado debería aprobar la ley propuesta en marzo para poner fin a la pena de muerte. No hay argumento válido a favor de mantener el sistema capital que es primitivo, arbitrario y caro.
22 de noviembre de 2011
28 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

policía no se puede vigilar a sí misma


¿Puede la policía vigilarse a sí misma? Editorial NYT.
Una serie de escándalos y delitos -muy pocos de ellos destapados por el Departamento de Policía de Nueva York- no deberían dejar dudas de que Nueva York necesita una agencia fuerte e independiente para investigar los serios reclamos que existen sobre la policía de la ciudad.
Los 35 mil agentes de policía de Nueva York han hecho en general un buen trabajo en los últimos años protegiendo a la ciudad contra la delincuencia y el terrorismo. Pero varios casos de corrupción y una querella federal denunciando los prejuicios raciales en las políticas de control de identidad del departamento han hecho surgir inquietantes dudas sobre la dirección del departamento y su capacidad para solucionar sus propios problemas.
La lista de casos recientes de corrupción incluye: siete detectives de antinarcóticos condenados por plantar drogas en los detenidos; tres agentes condenados por robar perfume en una bodega; y ocho agentes y ex agentes acusados de introducir clandestinamente armas y otros artículos en el estado.
La Oficina de Asuntos Internos del departamento, que es responsable de la investigación de las quejas sobre conducta policial, no logró descubrir ninguno de estos problemas. Salieron a la luz gracias al fiscal de distrito local, al FBI y, en un caso al menos, al departamento de policía de Nueva Jersey.
Entretanto, más de cincuenta mil personas fueron arrestadas el año pasado por posesión de marihuana, y los críticos denunciaron que muchas de esas detenciones fueron el resultado de procedimientos policiales incorrectos. Sólo entonces emitió el comisario Raymond Kelly una directriz ordenando a la policía que cambiara esas prácticas.
Asuntos Internos descubrió un círculo para arreglar partes. La investigación condujo a la detención de dieciséis agentes, pero se vio comprometida por las filtraciones de la oficina hacia los que estaban siendo investigados. Más dudas sobre el departamento surgieron después de que el sindicato de la policía organizara una demostración para protestar contra estas acusaciones y se oyó a los agentes gritando comentarios racistas a un grupo de beneficiarios de ayuda social en una oficina cercana.
Hace casi veinte años, una comisión que investigó la corrupción en la fuerza policial de la ciudad de Nueva York recomendó la creación de un "organismo independiente de supervisión permanente" para controlar e investigar a la policía y las operaciones de Asuntos Internos. En lugar de eso, el alcalde Rudolph Giuliani creó la Comisión para Luchar contra la Corrupción Policial, que se supone que debe supervisar las investigaciones internas de la policía, pero que no tiene autoridad ni para exigir documentos ni para llamar a declarar.
El alcalde Michael Bloomberg y el comisario de policía Raymond Kelly deben darle más vigor a la comisión. Debe tener autoridad para citar a testigos y llamar a declarar y necesita atribuciones para controlar a la Oficina de Asuntos Internos así como el departamento de policía en general. Su trabajo debe ser tan transparente como posible. Ahora mismo no hay modo de saber si los recientes escándalos y otras quejas son una excepción o el indicio de problemas mucho más profundos en el departamento.
El portavoz del Departamento de Policía, Paul Browne, ha argumentado contra la necesidad de nuevos controles. Dijo que la Oficina de Asuntos Internos había sido ampliada en los últimos años y que a menudo ha ayudado en investigaciones iniciadas en otros lugares. No es suficiente. Los neoyorquinos deben tener confianza en que cualquier problema con la policía sea investigado completa y honestamente. Una agencia verdaderamente independiente, con poderes reales, es el único modo conseguirlo.
18 de noviembre de 2011
6 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

el primer ministro y los sunníes


Tras inverosímil denuncia de que sunníes preparaban un golpe de estado, el gobierno chií de Iraq encarcela a seiscientos ciudadanos sunníes. Editorial NYT.
Son bien conocidas las tendencias autoritarias del primer ministro de Iraq, Nuri Kamal al-Maliki. Pero la detención de más de seiscientos iraquíes a los que el gobierno describe como sospechosos de haber sido miembros del Partido Baath de Sadam Husein y del ejército iraquí es particularmente cínica e insensata. Ahora que las tropas estadounidenses abandonarán el país a fin de año, lo último que debería hacer Maliki es avivar las tensiones religiosas.
Como informó Andrew E. Kramer en el Times, los detenidos -de los que la inmensa mayoría son sunníes- fueron arrestados después de que el gobierno chií recibiera presuntamente informaciones de los nuevos funcionarios interinos libios de que antiguos leales de Sadam Husein estaban planeando un golpe de estado.
Algunos líderes políticos han conversado sobre la posibilidad de reemplazar a Maliki mediante un voto de censura. El gobierno todavía tiene que entregar evidencias concretas de la conspiración, y la idea de que había seiscientas personas implicadas en ella desafía toda credibilidad. Los funcionarios estadounidenses se muestran altamente escépticos.
La mayoría chií fue duramente perseguida durante el gobierno de Sadam Husein. Los gobiernos de la era post-Sadam han sido todos dominados por los chiíes y han estado mucho más interesados en la venganza que en la inclusión. Si Maliki tiene pruebas de que los detenidos han cometido algún delito, debería juzgarlos en un proceso justo y transparente. Si no es así, debería dejarlos libres.
Los iraquíes tienen motivos fundados para sentirse infelices con Maliki. Un informe de septiembre del Grupo Internacional de Crisis describe al gobierno como plagado por la corrupción y falta de credibilidad, y señala que muestra "tendencias autoritarias" y un "severo deterioro de los servicios públicos".
El historial con los sunníes es especialmente nefasto. El gobierno prometió empleo a cien mil miembros de los Consejos del Despertar Sunní -insurgentes cuya decisión de cambiar de lado ayudó a poner fin a la guerra civil- pero sólo la mitad de ese número han sido contratados. Los sunníes tienen algunos publicitados ministerios, pero no tienen la influencia que se merecían después de que su coalición conquistara la mayoría de los votos en la elección de 2010.
La Autoridad Provisional de la Coalición de la época de Bush que gobernó Iraq inmediatamente después de la guerra, desbandó al ejército y excluyó a la  mayoría de los miembros del Partido Baath que tenían funciones de gobierno. Una ley aprobada en 2008 debía fomentar la reconciliación ofreciendo empleo a los ex baathistas. Pero ha sido aplicada de manera selectiva con el propósito de debilitar a los rivales políticos.
El gobierno debe definir claramente qué grado de participación en el Partido Baath es tan atroz que descalifique a alguien para obtener empleo en la administración e implemente esos juicios de manera equitativa. (El número de los perpetradores de los delitos más graves es muy pequeño.) El Parlamento aún no ha promulgado una ley, llamada de la Constitución, que brindaría las bases jurídicas para determinar quién debería ser procesado por apoyar al Partido Baath u otras ideologías extremistas.
La influencia de Washington es cada vez menor. Pero Bagdad todavía quiere comprar armas estadounidenses -ya ha ordenado aviones de guerra F-16- y necesita ayuda para la capacitación militar. El gobierno de Obama debe usar esa influencia para presionar a Maliki para que limite sus peores impulsos. La democracia iraquí es frágil, y el riesgo de una renovada violencia religiosa es escalofriantemente real.
18 de noviembre de 2011
4 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

los candidatos de la tortura


De los candidatos republicanos a la nominación presidencial, tres son partidarios del simulacro de ejecución conocido como el submarino o asfixia por inmersión. Editorial NYT.
Cuesta creerlo, pero los candidatos republicanos a la presidencia parecen no haber aprendido mucho de las calamidades morales del gobierno de George W. Bush. Tres de los aspirantes a la nominación del partido se han declarado partidarios de la tortura conocida como el submarino. Sólo dos han dicho que es ilegal, y el resto no parece tener suficiente coraje como para dar una opinión sobre el tema.
El debate el sábado noche en Carolina del Sur, Herman Cain y Michele Bachmann dijeron que aprobarían someter a esa tortura a prisioneros para extraer información. Por supuesto, negaron que el submarino sea tortura, pese a que ha sido clasificada así desde la época de la Inquisición española. "Estoy muy decepcionado de las declaraciones en el debate en Carolina del Sur sobre el submarino", escribió el nominado presidencial de los republicanos en 2008, el senador John McCain, en Twitter. "El submarino es tortura".
Sólo dos candidatos en el debate reconocieron el peligro de la ruta defendida por Cain y Bachmann. El representante Ron Paul dijo que el submarino no solamente es tortura, sino además es ilegal, inmoral, incivilizado y no tiene ninguna ventaja práctica. El ex gobernador Jon Huntsman Jr. señaló elocuentemente que el submarino y otras formas de tortura perjudican el prestigio del país en el mundo.
"Perdemos la capacidad de proyectar valores que mucha gente en varias regiones del planeta todavía dependen de Estados Unidos para defenderlos", dijo.
Ese argumento no parece perturbar al candidato con las mayores posibilidades de convertirse en el candidato republicano, Mitt Romney. El sábado noche, Romney no dijo nada sobre el submarino. Si usted piensa que fue porque podría estar en contra, está equivocado. No dijo nada por cobardía.
El lunes, una portavoz de la campaña, Andrea Saul, dijo, también, que no creía que el submarino fuera tortura y que él no especificaría qué "técnicas mejoradas de interrogatorio" usaría contra los terroristas. Eso quiere decir que no excluye su uso. También quiere decir que no sabe o no le preocupa que la técnica del submarino haya sido retirada del Manual de Operaciones en Terreno del Ejército de Estados Unidos y prefiere ignorar el testimonio de altos mandos militares, como el general David Petraeus (ahora el director de la CIA) que esas formas de tortura no solamente son inútiles cuando se trata de recabar informaciones fiables, sino además perjudican la seguridad de las tropas estadounidenses y el prestigio del país.
Quizás esto no sea sorprendente, considerando la posición de Rommey sobre Irán. Ha declarado que, si es elegido, Irán no tendrá un arma nuclear, aunque no explicó que otra cosa haría que no haya intentado el presidente Obama, más allá de amenazar más ruidosamente con un ataque militar. Prudentemente, Obama no ha descartado una acción militar -ningún presidente lo haría-, aunque la guerra sería una desastrosa opción. Sólo retrasaría el programa, no lo terminaría, y exacerbaría los sentimientos anti-israelitas y anti-estadounidenses.
Propugnando un implacable belicismo, los candidatos, a la hora de definir sus posiciones sobre Irán, se negaron a reconocer que Obama ha sido mucho más exitoso que su predecesor en cuanto a persuadir a la comunidad internacional para implementar sanciones más severas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Unión Europea. Tampoco mencionaron que aunque Irán se ha acercado peligrosamente a la construcción de un arma nuclear, todavía no la tiene-se dice que un gusano informático elaborado por Israel y Estados Unidos ha jugado un papel importante en su retraso. Todavía hay tiempo para la diplomacia, incluyendo sanciones más estrictas.
Por vacías que fueran las observaciones de Romney sobre Irán, su rechazo a renunciar al submarino es inquietante. Hay pocas cosas que definan más claramente la política de seguridad nacional de un candidato del siglo veintiuno que su posición sobre la tortura. Sólo algunos candidatos lucharán contra el terrorismo recurriendo al estado de derecho, honrando las normas morales del país para alentar a otros a hacer lo mismo. Otros defenderán a Estados Unidos prometiendo extraer información de los prisioneros utilizando el dolor y los simulacros de ejecución, degradando la reputación del país. Ese grupo ahora incluye a Cain, Bachmann y Romney.
15 de noviembre de 2011
14 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

la oligarquía al estilo de eeuu


La concentración de la riqueza en unas pocas manos es incompatible con una democracia de verdad.
[Paul Krugman] La desigualdad está de vuelta en las noticias, en gran parte gracias a Ocupemos Wall Street, pero con ayuda de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y sabemos lo que eso significa: es hora de deshacerse de los revoltosos.
Cualquiera que haya estudiado este tema a lo largo del tiempo sabe lo que quiero decir. Toda vez que las crecientes disparidades en los ingresos amenazan con llegar a primera plana, un fiable grupo de defensores trata de borronearlas. Laboratorios ideológicos publican informes en que afirman que en realidad la desigualdad no está aumentando, o que no importa si lo hace. Los expertos tratan de darle una cara más benigna al fenómeno, reclamando que en realidad no se trata de un conflicto entre unos pocos ricos contra el resto, sino de los educados contra los menos educados.
Lo que no debemos olvidar es que todas estas afirmaciones son básicamente intentos de obscurecer la dura realidad: tenemos una sociedad en la que el dinero está cada vez más concentrado en manos de unos pocos, y en la que la concentración del ingreso y la riqueza amenaza con convertirnos en una democracia que sólo lo es de nombre.
La oficina de presupuesto explicó parte de esa obscura realidad en un informe reciente, que documentó una pronunciada reducción en la parte del ingreso total que va a los estadounidenses de ingresos bajos y medios. Todavía nos gusta vernos como un país de clase media. Pero ahora que el ochenta por ciento de las familias con menos ingresos reciben ahora menos de la mitad del ingreso total, esa es una opinión cada vez más ajena a la realidad.
En respuesta, los sospechosos habituales han desenfundado algunos argumentos familiares: los datos son sesgados (no lo son); los ricos son un grupo en constante cambio (no es tan así); etcétera. Sin embargo, el argumento más popular es que podemos no ser una sociedad de clase media, pero que todavía somos una sociedad de clase media alta, en la que una enorme clase de empleados altamente preparados, que poseen las habilidades para competir en el mundo moderno, lo está haciendo muy bien.
Es una historia bonita, y mucho menos perturbadora que la imagen de un país en el que un grupo mucho más pequeño de gente rica es cada vez más dominante. Pero no es verdad.
Los empleados con diplomas universitarios lo han hecho mejor, en promedio, que los empleados sin estudios, y la brecha se ha ampliado con el tiempo. Pero los estadounidenses altamente educados no son de ninguna manera inmunes al estancamiento del ingreso y a la creciente inseguridad económica. Las mejoras salariales para la mayoría de los empleados con diplomas universitarios no han sido nada impresionantes (y desde el 2000 no ha habido ninguna), mientras que incluso los bien educados ya no pueden dar por sentado que conseguirán trabajos bien remunerados. En particular en estos días es menos probable que los empleados con un diploma universitario, pero sin otras especializaciones, reciban cobertura sanitaria de sus empleadores que los empleados con sólo secundaria en 1979.
Así que ¿quién esta ganando? Una minoría muy pequeña de ricos.
El informe de la oficina de presupuesto nos dice en lo esencial que toda la redistribución del ingreso, aparte del ochenta por ciento de menores ingresos, ha ido a los bolsillos del uno por ciento de los estadounidenses que perciben los ingresos más altos. Esto es, los manifestantes que se describen a sí mismos como representantes de los intereses del 99 por ciento, básicamente tienen la razón, y los expertos que les aseguran solemnemente que en realidad se trata de la educación, y no de los beneficios de una elite diminuta, están completamente equivocados.
Si en algo fallan los manifestantes, es que están fijando el umbral muy abajo. El reciente informe de la oficina de presupuesto no mira dentro de ese uno por ciento superior, pero un informe anterior, que sólo llegó hasta 2005, constató que casi dos tercios de la creciente cuota del percentil más alto en ingresos en realidad terminó en el 0.1 por ciento más alto -el milésimo de los estadounidenses más ricos, que vieron crecer sus ingresos reales en más del 400 por ciento en el periodo que va de 1878 a 2005.
¿Quiénes son ese 0.1 por ciento? ¿Son heroicos empresarios creando empleo? No, en su mayoría son ejecutivos de multinacionales. Investigaciones recientes muestran que cerca del 60 por ciento del ese 0.1 por ciento más alto son o ejecutivos de compañías no financieras o hacen dinero en las finanzas, es decir, si lo definimos ampliamente, en Wall Street. Si agregamos a los abogados y a la gente que trabaja en propiedades inmobiliarias, estaremos hablando del 70 por ciento del milésimo más afortunado.
Pero ¿por qué importa esta creciente concentración del ingreso y la riqueza en unas pocas manos? Parte de la respuesta es que la creciente desigualdad ha creado un país en el que la mayoría de las familias no participan plenamente del desarrollo económico. Otra parte de la respuesta es que una vez que te das cuenta de lo ricos que han llegado a ser los ricos, el argumento de que los altos ingresos deben pagar mayores impuestos debe ser parte de cualquier acuerdo presupuestario de largo plazo, es mucho más convincente.
La respuesta más amplia, sin embargo, es que la concentración extrema de la riqueza es incompatible con una democracia verdadera. ¿Puede alguien negar seriamente que nuestro sistema político está siendo deformado por la influencia del gran capital, y que esa deformación es cada vez peor a medida que la riqueza de unos pocos se hace todavía mayor?
Algunos expertos están todavía tratando de diluir la preocupación sobre la creciente desigualdad como algo necio. Pero la verdad que la naturaleza entera de nuestra sociedad está en juego.
[Ilustración viene de Hyper Vocal.]
11 de noviembre de 2011
3 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

alabama se lo tiene merecido


Con la entrada en vigor de la severa ley anti-inmigración, Alabama se ha ganado el infame prestigio de ser la capital de la xenofobia. Editorial NYT.
La nueva ley anti-inmigrantes de Alabama, la más dura del país, entró en vigor el mes pasado (con algunas disposiciones bloqueadas provisionalmente por un tribunal federal) y ya está cosechando una amarga cosecha de dislocación y temor. Los hispanos se están marchando, los negocios están cerrando sus puertas y los empleadores se preguntan dónde están sus trabajadores. Los padres que todavía no deciden dónde marcharse tratan de no llamar la atención y no envían a sus hijo a la escuela.
Para los arquitectos y partidarios de la ley, esta es una noticia excelente. "Estás alentando a la gente a acatar la ley por su propia cuenta", dijo Kris Kobach, secretario de estado de Kansas, que también hace carrera redactando leyes extremistas contra la inmigración para estados y ciudades, notoriamente en Arizona y ahora en Alabama.
La ley de Alabama es hasta el momento la mayor prueba de la "implementación a través del desgaste", una estrategia adoptada por Kobach y otros para ahuyentar a grandes contingentes de inmigrantes ilegales sin las dificultades legales y gastos de un estado policial. Todo lo que tienes que hacer, dicen, es hacerles la vida lo más difícil que puedas y los inmigrantes se marcharán por propia voluntad. En un plan semejante, el pánico y el miedo son un punto a favor; el punto es hacerles sufrir.
El dolor no lo sienten sólo los indocumentados. Los inmigrantes legales y los nativos de Alabama que tienen aspecto hispánico son ahora mucho más vulnerables al hostigamiento aprobado oficialmente. Muchos de esos niños que se quedan en casa y no van a la escuela, son hijos de padres asustados que nacieron aquí y se criaron como estadounidenses.
Los problemas no se limitan a los mencionados. Los granjeros están inquietos porque con el éxodo, los cultivos no serán cosechados. Como el resto del país, Alabama necesita a los inmigrantes, porque no hay muchos ciudadanos nativos con la habilidad, resistencia y disposición a trabajar en los sembradíos de los inmigrantes, incluso en momentos de altos índices de desempleo.
La nueva ley también ha agregado frustrantes capas de trámites para los alabameños que deben demostrar su estatus legal cuando inscriben a sus hijos en las escuelas, firman contratos de alquiler o solicitan algún servicio público. Después de que la ley entrara en vigor, las colas en el Departamento de Vehículos Motorizados de Birmingham crecieron tanto que los funcionarios tuvieron que instalar baños portátiles.
La reputación de Alabama también ha sufrido un duro golpe justo en momentos en que está tratando de atraer inversiones internacionales. Hagan lo que hagan los funcionarios para tratar de atraer a, digamos, fabricantes de coches extranjeros con bajos impuestos y salarios, el estado ya se hizo nombre como la capital regional de la xenofobia.
Si Alabama logra ahuyentar a todos sus inmigrantes no-autorizados, que se calculan en 120 mil, los restriccionistas seguramente lo celebrarán. Sólo les quedarán 49 estados más y once millones de personas.
Hay otra ruta más humana y realista para que los inmigrantes se pueden ganar el derecho a quedarse, si el Congreso aceptara su responsabilidad y avanzara con una reforma más seria de la inmigración. La historia de Estados Unidos muestra que la asimilación funciona mucho mejor que la deportación, para todo el mundo. Si los inmigrantes de primera generación no aprenden todos inglés, sus hijos y nietos lo hacen invariablemente. Pueden ser pobres, pero sus hijos se convierten en ciudadanos que contribuyen y producen. A menos que, por supuesto, los asustes y oprimas y les prohíbas trabajar, vivir y asistir a la escuela.
Otros estados tentados en seguir el ejemplo deberían considerar lo que está pasando en Alabama. Allá no está ganando nadie.
[La foto viene de Azstarnet.]
8 de noviembre de 2011
19 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer