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opinión

equivocarse en iraq


[Michael Ignatieff] Es un obstáculo para la lucidez creer que la política exterior de Estados Unidos sirve al plan de Dios de difundir la libertad humana.
La catástrofe en curso en Iraq ha lapidado el juicio político del presidente. Pero también ha lapidado el juicio de muchos otros, entre ellos yo, que, como comentaristas, apoyamos la invasión. Muchos creíamos, como me dijo un amigo exiliado iraquí la noche que empezó la guerra, que era la única posibilidad de que los miembros de su generación vivieran en libertad en su propio país. Qué distante parece ahora ese anhelo.
En 2005, después de dejar una posición académica en Harvard y volver a casa a Canadá para entrar en la vida política, seguí meditando sobre la debacle iraquí, tratando de entender cómo exactamente las opiniones que tengo que formular en la arena política, deben superar a las que presenté desde los márgenes. He aprendido que la adquisición del sentido común empieza en la política cuando admites tus errores.
El filósofo Isaiah Berlin dijo una vez que el problema con los académicos e intelectuales es que ellos se preocupan más de si las ideas son interesantes de si son correctas. Los políticos viven de acuerdo a principios, del mismo modo que los pensadores profesionales, pero no se pueden permitir el lujo de sostener ideas que sólo son interesantes. Tienen que trabajar con el pequeño número de ideas que son verídicas y el número todavía más reducido que son aplicables a la vida real. En la vida académica, las ideas falsas son simplemente falsas e inútiles con las que uno se puede divertir jugando. En la vida política, las ideas falsas pueden arruinar la vida de millones de personas, y las inútiles pueden malgastar preciosos recursos. La responsabilidad de un intelectual con sus ideas, es aceptar las consecuencias, cualesquiera sean. La responsabilidad de un político es manejar esas consecuencias e impedir que causen daño.
He aprendido que el sentido común en política se ve diferente al buen juicio en la vida intelectual. Entre intelectuales, las ideas giran sobre generalizaciones y en interpretar los hechos particulares como ejemplos de una idea mayor. En política, todo es lo que es y no otra cosa. Lo específico importa más que las generalidades. La teoría se convierte en un escollo.
El atributo en que se sostiene el sentido común entre políticos, es un cierto sentido de la realidad. "Lo que se llama la sabiduría entre estadistas", escribió Berlin, refiriéndose a figuras como Roosevelt y Churchill, "es antes la comprensión que el conocimiento -alguna noción con hechos relevantes que permite a los que los manejan, hacer encajar las cosas; qué se puede hacer en ciertas circunstancias y qué no se puede hacer, qué soluciones resultarán en qué situaciones y hasta qué punto, sin ser necesariamente capaces de explicar cómo saben todo esto ni siquiera qué saben". Los políticos no pueden ensimismarse en el mundo interior de su propia imaginación. No deben confundir el mundo tal como es, con el mundo que ellos quisiera que fuera. Tienen que ver a Iraq -o cualquier otra cosa- tal como es.
Como antiguo residente de Harvard, he aprendido que el sentido de realidad no siempre florece en instituciones de elite. En realidad, es una virtud callejera por excelencia. Los conductores de autobuses pueden exhibir una comprensión mucho más perspicaz que ganadores del Premio Nobel. El único modo en que podemos mejorar nuestro conocimiento de la realidad, es confrontar al mundo día a día y aprender, principalmente de nuestros errores, qué funciona y qué no. Sin embargo, las experiencias prolongadas pueden fallar tanto en la vida como en la política. Las experiencias pueden en aprisionar a los políticos en soluciones inútiles, encegueciéndoles ante el remedio que sí funciona.
Habiendo enseñado yo mismo ciencias políticas, tengo que decir que la disciplina promete más de lo que entrega. En la política práctica, la ciencia de la toma de decisiones no existe. Las evaluaciones vitales que hacen los políticos todos los días giran sobre personas: en quién confiar, a quién creer y a quién evitar. La cuestión de la lealtad emerge todos los días: ¿Quién nos traicionará y quién dirá la verdad? Tener buen juicio en estos asuntos, tener un conocimiento sólido de la realidad, exige confiar en algunas intuiciones muy poco científicas sobre la gente.
El sentido de realidad no es simplemente un conocimiento del mundo tal como es, sino también cómo puede ser. Como los grandes artistas, los grandes políticos ven posibilidades que otros no ven y luego tratan de convertirlas en realidad. Para dar nacimiento a algo, un político debe poseer un sentido de la oportunidad, de cuándo saltar y cuándo permanecer inmóvil. Bismarck señaló que el juicio político era la capacidad de oír, antes que cualquiera, el distante eco de los cascos del caballo de la historia.
Pocos de nosotros oímos esos caballos. A un primer ministro británico se le preguntó una vez qué hacía su trabajo tan difícil. "Los sucesos, chaval,", replicó con pesar. Frente a eventos inesperados, un virtuoso en política debe ser capaz de improvisar y mostrarse lo más imperturbable que pueda. La gente quiere liderazgo, e incluso cuando el líder es superado por los sucesos, todavía debe recordar que debe dar al pueblo las garantías que merece. Parte del buen juicio consiste en saber cuándo mantener las apariencias.
La improvisación no puede posponer el fracaso. Usualmente, el juego termina en lágrimas. Las carreras políticas terminan a menudo mal porque los políticos viven situaciones humanas: tomando opciones entre bienes concurrentes sólo armado de instintos ordinarios e información falible. Por supuesto, mejor información y criterios verificables para tomar decisiones, pueden reducir el margen de incertidumbre. Las criterios para medir el progreso en Iraq pueden ayudar a decidir por cuánto tiempo más debe Estados Unidos seguir allá. Pero al final, nadie sabe -porque nadie puede saberlo- qué puede hacer todavía Estados Unidos para estabilizar a Iraq.
La decisión que debe tomar Estados Unidos sobre Iraq es paradigmática del pensamiento político en sus circunstancias más difíciles. Quedarse y marcharse acarrean ambos enormes costes. Una cosa está clara: Los costes de quedarse los pagarán los estadounidenses, mientras que costes de marcharse irán mayormente a cuenta de los iraquíes. Eso sugiere en sí mismo cómo zanjarán este asuntos los políticos norteamericanos.
Pero deben decidir, y pronto. La dilación es todavía más onerosa en política que en la vida privada. La leyenda en el escritorio de Truman -‘La responsabilidad es mía' [The buck stops here!]- nos recuerda que aquellos que exhiben buen juicio en política, tienden a ser los que no encogen a la hora de hacerlos. En el caso de Iraq, decidir qué curso de acción tomar exige primero la admisión de que todos los otros cursos de acción han, de momento, fracasado. La frase ‘Fracasa de nuevo, fracasa mejor', de Samuel Beckett, capta la obstinación íntima que es necesaria en el arte de la política. Churchill y De Gaulle conservaron la fe en su propio juicio cuando los avispados creían que estaban equivocados. Su disposición a esperar por su reivindicación histórica, aunque remota, ahora parece grandeza. En el presidente actual, la misma fe de que la historia lo juzgará bondadosamente, parece una bruta testarudez.
Maquiavelo argumentaba que el juicio político, para ser efectivo, debía acatar principios más despiadados que los que serían aceptables en la vida corriente. Escribió que "es necesario que el príncipe que desee mantenerse en el poder, sepa cómo ser injusto, para utilizar esta injusticia de acuerdo a sus necesidades". Roosevelt y Churchill sabían cómo ser injustos, pero no exigieron ser juzgados según normas éticas diferentes que sus conciudadanos. Aceptaron que los líderes democráticos no pueden determinar sus propias normas morales, una restricción que se aplica en casa y en el extranjero: en Guantánamo, en Abu Ghraib y en todas partes. Deben vivir y ser juzgados por los mismos criterios que todo el mundo.
Sin embargo, en algunas áreas los juicios políticos y personales son muy diferentes. En la vida privada, uno se toma los ataques personalmente y tendrías que ser muy ganso si no lo hicieras. En política, si te tomas los ataques personalmente, te muestras vulnerable. Los políticos tienen que aprender a parecer invulnerables sin parecer inhumanos. Siendo humanos, seguro que serán insultados. Pero también tienen que aprender que la venganza, como se ha dicho, es un plato que mejor se sirve frío.
En política nada es personal, porque la política es teatro. Es parte del trabajo pretender que se tienen emociones que en realidad no sentimos. Es un espectáculo habitual en las legislaturas que los representantes se insulten unos a otros en la cámara y luego se retiren a beber en el bar. Esta económica hipocresía en la vida pública no existe en la vida privada. Allá jugamos en serio.
Pero entre amigos y familiares, también nos damos respiro. Nos completamos las frases. Lo que queremos decir importa más que lo que decimos. Esas mercedes no se dan en la política. En la vida pública, el lenguaje es a menudo un arma de guerra y se despliega en condiciones de enorme desconfianza. Todo lo que importa es lo que dijiste, no lo que quisiste decir. El reino político es un mundo de lunática literalidad. La más pequeña grieta en tu armadura -entre lo que quieres decir y lo que dices- puede ser escudriñada abiertamente, para introducirte luego un cuchillo.
En la vida privada, pagamos el precio de nuestros propios errores. En la vida pública, los errores de un político los pagan primero los otros. Tener buen juicio significa entender cómo ser responsable ante aquellos que pagan el precio de tus decisiones. Edmund Burke, cuando fue elegido por primera vez a la Cámara de Comunes, dijo a los votantes de Bristol que él nunca sacrificaría sus decisiones a la presión de sus opiniones. No creo que mis electores se sientan complacidos con este juicio. A veces, renunciar a mi opinión y adoptar la de ellos es la esencia de mi trabajo. Provisto, claro está, que no sacrifique mis principios.
Los principios fijos importan. Hay algunos bienes que no pueden ser transados, algunas líneas que no se pueden cruzar, alguna gente que no debe ser traicionada nunca. Pero las ideas fijas dogmáticas son usualmente enemigas del buen juicio. Es un obstáculo para la lucidez creer que la política exterior de Estados Unidos sirve al plan de Dios de difundir la libertad humana. El pensamiento ideológico de este tipo tuerce lo que Kant llamaba "la torcida madera de la humanidad" para ajustarse a una ilusión abstracta. Los políticos con buen juicio tuercen los criterios para ajustarse a la madera humana. Después de todo, no se pueden tener todas las cosas buenas al mismo tiempo, ni en la vida ni en la política.
En mis clases de ciencias políticas, acostumbraba a enseñar que el ejercicio del buen juicio quería decir tomar buenas decisiones en políticas públicas. En el mundo real, las malas políticas públicas pueden a menudo convertirse en políticas en realidad muy populares. Resistir al pueblo no es fácil, porque resistirlo no es siempre lo más inteligente. En política, el buen juicio es turbio. El buen juicio quiere decir equilibrar administración y política en imperfectos compromisos que dejan siempre a alguien nada de contento -a menudo, tú mismo.
Conocer la diferencia entre un buen y un mal compromiso es más importante en política que apegarse a los principios puros a cualquier precio. Un buen compromiso restituye la paz y permite que los dos partidos sigan sus asuntos con la sensación de que sus intereses vitales han sido respetados. Un mal compromiso renuncia al interés público ante la coerción o la fuerza.
Medir un buen juicio en política no es fácil. Las campañas y las primarias ponen a prueba el carisma, aguante, capacidad de recaudar fondos y capacidad retórica del candidato, pero no necesariamente la pertinencia de sus criterios cuando asuma el cargo y se encuentre bajo fuego.
Podemos poner a prueba el sentido común preguntando, en el caso de Iraq, quién anticipó mejor las cosas como finalmente ocurrieron. Pero muchos de aquellos que anticiparon correctamente la catástrofe, la anticiparon no tanto por ejercer su buen juicio, sino por consentir en la ideología. Se opusieron a la invasión porque creían que el presidente sólo quería el petróleo o porque creían que Estados Unidos está siempre y en cualquier parte, equivocado.
Las personas que mostraron verdaderamente buen juicio en el caso de Iraq predijeron las consecuencias que tomaron lugar, pero también evaluaron correctamente los motivos que condujeron a la acción. No poseían necesariamente más conocimientos que el resto de nosotros. Trabajaron duramente, como todo el mundo, con los mismos datos de inteligencia erróneos y la falta de conocimiento sobre la resquebrajada historia religiosa de Iraq. Lo que no hicieron fue tomar los sueños por realidad. No supusieron, como supuso el presidente Bush, que debido a que creían en la integridad de sus motivos, todos en la región tendrían que creer en ellos. No supusieron que un estado libre podía surgir sobre la base de treinta y cinco años de terror policial. No supusieron que Estados Unidos tenía el poder para modelar los resultados políticos en un país remoto sobre el que los estadounidenses apenas sabían algo. No creyeron que porque Estados Unidos defendiera los derechos humanos y la libertad en Bosnia y Kosovo, tendría que hacer lo mismo en Iraq. Evitaron todos esos errores.
Yo cometí algunos de estos errores y, también, algunos más de mi propia cosecha. La lección que saco para el futuro es no dejarme influir demasiado por las pasiones de personas que admiro -los exiliados iraquíes, por ejemplo- y no dejarme llevar por mis emociones. Yo viajé al norte de Iraq en 1992. Vi lo que hizo Saddam Hussein a los kurdos. De ese momento en adelante, pensé que tenía que marcharse. Mis convicciones tenían toda la autoridad de la experiencia personal, pero por esa misma razón dejé que mis emociones me hicieran ignorar preguntas difíciles como: ¿Pueden kurdos, sunníes y chiíes mantener unidos en paz lo que Saddam Hussein mantuvo unido por el terror? Debería haber sabido que las emociones en la política, como en la vida, tienden a auto-justificarse, y en asuntos de juicio político último, nada, ni siquiera tus propios sentimientos, debe estar exento de la carga de la justificación mediante debates y alegatos.
En política, el buen juicio depende de ser un juez crítico de ti mismo. No se trató solamente de que el presidente no se preocupó de entender a Iraq. Tampoco se preocupó de entenderse a sí mismo. El sentido de realidad que pudo haberlo salvado de la catástrofe habría tomado la forma de una alarma sonando dentro, diciéndole que no sabía lo que estaba haciendo. Pero entonces, es dudoso que alguna alarma haya sonado alguna vez en él. Ha llevado una vida protegida, y en las vidas protegidas no suenan las alarmas.
La gente con buen juicio oye las alarmas interiores. Los líderes prudentes se obliga a escuchar igualmente a partidarios y opositores del curso de acción que están pensando decidir. No suponen que sus propias buenas intenciones garanticen buenos resultados. No suponen que saben todo lo que deben saber. Si el poder corrompe, corrompe este sexto sentido de las limitaciones personales sobre las que descansa la prudencia.
Un líder prudente salvará a las democracias de lo peor, pero líderes prudentes no inspirarán a que una democracia dé lo mejor de sí. Los pueblos demócratas están siempre buscando algo más que prudencia en un líder: arrojo, visión y disposición a correr el riesgo de fracasar. Se puede confiar en líderes osados provisto que muestren algún asomo de saber qué significa perder. Deben ser hombres que conocen el dolor, como dijo el profeta Isaías, hombres y mujeres que no han llevado vidas protegidas, que entienden cómo somos realmente, que nunca abandonamos la esperanza y sabemos que están en la política porque quieren hacer algo mejor de su país. Son líderes en cuyo juicio, aunque a veces se equivoquen, todavía confiamos.

Michael Ignatieff fue profesor en Harvard y escritor para este diario, y es miembro del parlamento canadiense y vicepresidente del Partido Liberal.

10 de agosto de 2007
©new york times
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criminal desaparecido


[Juan Guzmán] Hay ciertos parlamentarios que han manifestado públicamente su apoyo a su condición de ‘rebeldía' y han asegurado que comprenden sus argumentos y respaldan su fuga.
Estas declaraciones resultan pueriles e invitan a que otros emulen actuaciones tan poco dignas.
El general Raúl Iturriaga Neumann es el primer militar chileno que asume esa categoría propia de los delincuentes comunes, la de ser prófugo. Aunque sus amigos y algunos militares en retiro se nieguen a admitir su condición, lo cierto es que hay que atenerse a las cosas por su nombre, olvidándonos de los eufemismos tan propios de nuestra cultura ‘homo chilensis'. Hoy, lo cierto es que Iturriaga Neumann es un fugitivo ‘desaparecido', que una vez más rehúye la ley.
Su decisión de eludir su condena a cinco años y un día de presidio, como autor del secuestro calificado del militante del MIR Dagoberto San Martín Vergara, ocurrido el 17 de diciembre de 1974, es una forma más de sentar la impunidad en los crímenes propios de las dictaduras que hasta hace poco había sido la norma general.
Al igual como huye de la policía un delincuente habitual o común, lo hace el ex jefe del departamento exterior de la DINA. Desapareció formulando un mensaje en el que publicitaba su huida, evidenciando su desprecio a la ley de su país al decir: "Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada y antijurídica condena". Se olvida del ejemplo de Sócrates, quien aceptó la ley, porque siempre tiende al bien común.
En cuanto a lo práctico, si se encuentra en Chile, su condena no prescribirá antes de 15 años, y si está escondido en el extranjero, se cuentan dos días por cada uno, por lo tanto, no prescribirá antes de los próximos 30 años.
Se burla, además, de los familiares de los verdaderos desaparecidos que sufren en forma irreparable la eterna pérdida de su ser querido. "Búsquenlo en mi casa", dice, sabiendo cuál fue su destino.
Aclaremos. Si desaparece una persona secuestrada y no hay rastro de ella ni de su cadáver, ¿hay homicidio? Es obvio que no. Debe haber un muerto con evidencias de presentar lesiones mortales causadas por un tercero para que haya un homicidio.
¿Qué hechos, en cambio, sí se conocen? La privación ilegal de la libertad de la víctima y que esa situación se extiende más allá del lapso de la amnistía de 1978. Y esa privación ilegal de libertad es lo único que se ha probado. Además, ese secuestro permanente constituye una figura jurídica contemplada en la ley, y se denomina, en los tratados internacionales sobre el tema, desaparición forzada. Pero, según Iturriaga Neumann, no hubo nada.
Hay ciertos parlamentarios que han manifestado públicamente su apoyo a su condición de ‘rebeldía' y han asegurado que comprenden sus argumentos y respaldan su fuga. Estas declaraciones en un Estado de derecho, en un país que se dice civilizado y en el que pretendemos una democracia, resultan pueriles e invitan a que otros emulen actuaciones tan poco dignas. ¿Acaso olvidan que las resoluciones del sistema judicial se tienen que respetar y acatar? ¿O eso no es válido para los crímenes de lesa humanidad?
El ex jefe de la brigada de exterminio Purén de la DINA se rebeló por considerar que no fue respetado su derecho "a un debido proceso" en la investigación por la desaparición de Dagoberto San Martín, alias ‘El Peluca'. Iturriaga Neumann, como está probado, operó en el cuartel ‘Venda Sexy', desde donde se perdió precisamente el rastro de este ser humano.
Para quienes defendemos los derechos humanos y hemos luchado por la justicia, único camino válido que asegura la paz social, la imagen de este ‘desaparecido' nos hace pensar en la del general Pinochet, cuya defensa eludió el juicio, huyendo su cliente también de la justicia. Por otro lado, no olvidemos que el prófugo Iturriaga Neumann está siendo procesado como coautor en el asesinato de quien fuera su ‘padre espiritual', el general Carlos Prats González y de su esposa, Sofía Cuthbert.
Aún es tiempo que Raúl Iturriaga Neumann recupere su dignidad, se atenga a la ley y reconozca la justicia a la cual tuvo derecho él. No así el desaparecido Dagoberto San Martín.

El autor es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.

24 de junio de 2007
©la nación
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consejos sabios


[David Ignatius] Presta atención, y actúa.
Cuando los gurúes de la política exterior Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Brent Scowcroft empiezan a decir lo mismo, es hora de prestar atención. Eso pasó este mes en una aparición colectiva en ‘The Charlie Rose Show' y sus comentarios deberían ser lectura obligatoria para los candidatos presidenciales de los dos partidos -para no mencionar al actual ocupante del Despacho Oval.
Su mensaje colectivo fue el siguiente: En un mundo que cambia radicalmente, Estados Unidos debe ser menos arrogante en cuanto al uso de su poder y más dispuesto a dialogar con otros países. Eso puede sonar obvio, pero Estados Unidos ha pasado gran parte de los últimos seis años haciendo lo contrario. Los tres ex altos personeros pidieron más diálogo no solamente para mejorar la imagen de Estados Unidos sino para que podamos entender las nuevas normas y oportunidades en el concierto de naciones.
"El sistema internacional atraviesa por un período de cambios que no hemos presenciado en siglos" debido al decreciente poder las naciones-estados, dijo Kissinger, que fue secretario de estado durante el gobierno de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. "Estamos acostumbrados a tratar problemas que tienen solución", pero los estadounidenses deben darse cuenta de "estamos al principio de un largo período de ajustes".
Brzezinski describió los cambios que están ocurriendo como un despertar político global. "El planeta está mucho más inquieto. Está agitado. Tiene aspiraciones que no se satisfacen fácilmente. Y si Estados Unidos debe estar a la cabeza, tiene que relacionarse de algún modo con estas nuevas, apasionadas e intensas aspiraciones políticas, que hacen de nuestra época algo tan diferente de incluso el pasado reciente". Brzezinski fue asesor de seguridad nacional para el presidente Jimmy Carter.
En este nuevo y "muy diferente mundo", dijo Scorcroft, "las medidas convencionales de poderío realmente no se aplican demasiado... Este es un mundo donde la mayor parte de los grandes problemas sobrepasan las fronteras nacionales, y existen nuevos tipos de actores y estamos tratando de saber cómo relacionarnos con él". Scofcroft fue asesor de seguridad nacional de los presidentes Ford y George H.W. Bush.
Ahora bien, se puede decir que estas prominentes figuras de la clase política son tres arvejas de la misma vaina que tenían inevitablemente que estar de acuerdo en temas de política exterior. Los tres son asesores en el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos en Washington, que los reunió para un debate el 14 de junio.
Pero sobre el tema dominante de Iraq, han tomado cursos radicalmente diferentes. Brzezinski fue el primero y más duro crítico de la guerra entre sus ex funcionarios; Scowcroft argumentó contra la invasión y fue criticado por los conservadores dentro del gobierno, pero sigue siendo un invitado habitual de la familia Bush; Kissinger apoyó la guerra y habla regularmente con el presidente Bush y la secretario de estado Condoleezza Rice.
Así que es extraordinario que los tres propongan recetas similares sobre qué hacer después de Iraq. Los tres dicen que esta es una época en que Estados Unidos debe estar en el mundo -hablando, sí, pero también escuchando. Y su consejo para el próximo presidente es casi idéntico.
Scowcroft instó al nuevo presidente de Estados Unidos a declarar: "Yo pienso que somos parte del mundo, que queremos cooperar con ese mundo. No somos la potencia dominante en el planeta". Brzezinski ofreció una fórmula similar: "El próximo presidente debe decir al mundo que Estados Unidos quiere ser parte de la solución de sus problemas". Incluso Kissinger, que es a menudo brusco, estuvo de acuerdo en que el próximo presidente debe expresar la disponibilidad " de oír a un montón de países sobre qué piensan que debió hacerse. No debe pretender que maneja todas las respuestas".
Los tres quieren que Estados Unidos hable no solamente con los amigos, sino también con rivales potenciales. Con Irán, donde Kissinger dijo que "deberíamos al menos intentar alguna negociación discreta con iraníes de alto nivel para determinar hacia dónde queremos ir". Con Rusia, donde Brzezinski aconsejó: "No debemos exagerar los desacuerdos actuales". Con los chinos, que, según insistió Scowcroft, también "necesitan un mundo estable".
Esta tríada de expertos ayudaron a dar forma a la política exterior en los últimos cincuenta años. Ahora están viejos, pero siguen siendo rivales intelectuales -todavía peleando por influencia y tratando de ser los más astutos en el Club de la Facultad de la vida. Lo que sorprende es que vean el futuro en términos tan parecidos: Hay un nuevo juego global en camino; la idea misma de poder está cambiando; la seguridad futura de Estados Unidos dependerá más de adaptarse que de imponer nuestra voluntad.

isdavidignatius@washpost.com

24 de junio de 2007
22 de junio de 2007
©washington post
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el ejemplo de lincoln


[Carl Levin] El ejemplo de Lincoln para Iraq.
En su único mandato en el Congreso, Abraham Lincoln se opuso fervientemente a la guerra contra México. Introdujo una serie de resoluciones que retaban al presidente James Polk a mostrar el "lugar" en territorio norteamericano donde los mexicanos habrían derramado sangre norteamericana, y votó a favor de una enmienda que decía que la guerra que había sido iniciada por el presidente era "innecesaria e inconstitucional".
Pero cuando surgió la cuestión del financiamiento de las tropas, Lincoln aprobó su aprovisionamiento sin dudarlo un instante.
¿Suena esto familiar? Hace poco el presidente Bush vetó un proyecto de ley que yo ayudé a redactar porque lo habría obligado a empezar a reducir los niveles de tropas en Iraq dentro de cuatro meses. Después del veto, los llamados de aquellos que quieren que el Congreso trate de frenar el financiamiento de la guerra se han hecho más estridentes.
Hoy, algunos de nosotros nos enfrentamos al mismo dilema que Lincoln: ¿Debemos financiar a las tropas que libran una guerra a la que nos oponemos?
Yo voté contra la guerra de Iraq; he rechazado consistentemente la conducción de la guerra por el gobierno; y he luchado durante largo tiempo para cambiar nuestra política allá. Pero no puedo votar contra el financiamiento de las tropas allá mientras corran peligro, realizando misiones peligrosas como las que empezaron hace poco en el norte de Bagdad. Estoy de acuerdo con Lincoln, que decidió "que el gobierno ha hecho mal en llevarnos a la guerra, pero los Oficiales y soldados que fueron al campo de batalla deben ser abastecidos y apoyados en todo momento". Mientras las decisiones de nuestro país las mantengan allá, nuestras tropas deben oír un mensaje inequívoco del Congreso de que las apoyamos.
Eso no debería ser una causa de frustración entre los que queremos que la guerra termine de manera pronta y responsablemente.
Hay varios modos en que el Congreso puede tratar de cambiar de curso en Iraq. Enfatizo ‘tratar' porque los demócratas no pueden lograrlo sin el apoyo republicano, dadas las realidades de los procedimientos del Senado. Un modo de tratar de cambiar de curso es dejar de financiar la guerra, pero eso envía un mensaje equivocado a las tropas y no será aprobado en el Congreso. El mejor modo para cambiar de curso, una opción que es también más probable que tenga éxito, es presentar una ley que obligue al presidente a hacerlo.
Podemos poner fin a la guerra sin dejar de financiar a las tropas. Durante más de un año, yo, con el senador Jack Reed, hemos presentado proyectos que exigen que el presidente empiece a reducir los niveles de tropas norteamericanas en Iraq dentro de cuatro meses, al mismo tiempo que efectúa una transición de nuestra misión militar allá hacia una fuerza de protección limitada, adiestra a las fuerzas de seguridad iraquíes y realiza misiones contraterroristas.
Fijar una fecha para empezar a reducir y redefinir nuestras fuerzas dejaría en claro a las autoridades iraquíes que no seremos su póliza de seguro de manera indefinida. Los obligaría a asumir la responsabilidad de su futuro y a hacer compromisos políticos que sólo ellos pueden hacer. También les daría suficiente tiempo para llegar a esos compromisos. Después de todo, prometieron cerrar esos compromisos para fines de año y el resto a principios del próximo, pero todavía no lo han conseguido. La fecha límite también nos permitiría redesplegar nuestras fuerzas.
Al definir una política que empiece con incluir en una ley un calendario para empezar con la reducción de tropas, antes que tratar de impedir el financiamiento, ofrecemos la mejor posibilidad de estabilizar al país que invadimos, mientras también dejamos en claro a nuestras tropas que, aunque nos opongamos a las políticas del presidente, estamos unidos detrás de ellas.
El apoyo de nuestra posición ha crecido firmemente. En junio de 2006, nuestro proyecto recibió 39 votos. En marzo, 48. En abril, 51, incluyendo los de dos senadores republicanos. En contraste, sólo 29 senadores, hasta el momento -y ninguno de ellos republicano- han votado para frenar el financiamiento. Eso está bastante lejos de los sesenta votos que se necesitan para terminar con la obstrucción, o los 67 que se necesitan para revocar un veto.
El senador Reed y yo introduciremos nuevamente este plan como enmienda del Proyecto de Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Como esfuerzos previos, esta enmienda exige que la reducción empiece dentro de 120 días, pero la enmienda también determina que en Iraq para el 1 de abril de 2008 ya no habrán allá tropas nuestras, excepto las tropas que se necesiten para misiones específicas y limitadas.
Los demócratas, y espero que también un número creciente de republicanos, seguirán defendiendo esta propuesta hasta que el presidente firme o podamos rechazar su veto. Hasta ese día, continuaremos financiando a las tropas, siguiendo el ejemplo establecido tan sabiamente por Abraham Lincoln hace 160 años.

El escritor es un senador demócrata de Washington.

23 de junio de 2007
20 de junio de 2007
©washington post
©traducción mQh
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iturriaga y la democracia hecha muecas


[Manuel Guerrero Antequera] General sigue prófugo, protegido incluso por políticos de extrema derecha.
Iturriaga significa en vasco "el lugar donde hay fuentes". Y qué espeluznantes son las fuentes que nos lega el general en retiro Raúl Iturriaga Neumann, quien se ha negado con éxito add presentarse al Penal Cordillera, donde tiene que cumplir condena por secuestro calificado.
A fines del mes de mayo la Corte Suprema de Justicia rebajó la sentencia de 10 años a 5 años y un día de cárcel dictada en contra del ex Jefe del Departamento Exterior de la DINA, por el crimen del estudiante universitario de 22 años de edad, militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara. El ex general Iturriaga está procesado, además, por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército y ex vicepresidente de la República, general Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires.
Iturriaga se encuentra a su vez condenado a 18 años de cárcel y con orden de captura internacional dictada por la justicia italiana por el atentado terrorista en contra del ex vicepresidente de la República, y fundador de la Democracia Cristiana, don Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno ocurrido el año 1975 en Roma.
Es requerido desde España por el juez Baltasar Garzón por los asesinatos de los sacerdotes Antonio Llidó y Joan Alsina y del funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976. Fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Purén que se encargó de la represión, detención, tortura y desaparición de las dirigencias del Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile.
Todo lo anterior es muestra suficiente del carácter probadamente criminal de Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo no es todo. El ex general terrorista es responsable además de los casos de detenidos desaparecidos ocurridos en el marco de la Operación Colombo, conocida como el ‘Caso de los 119', operativo montado por el Servicio de Inteligencia del dictadura chilena en julio de 1975, que consistió en el desaparecimiento forzado de 100 hombres y 19 mujeres, seguido del encubrimiento a través de un montaje comunicacional que formó parte de la Operación Cóndor, plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En tal operación detuvieron a mis tíos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, de 25 y 23 años de edad, quienes fueron trasladados desde su hogar al cuartel de calle José Domingo Cañas esquina República de Israel a cargo de la DINA, y luego transportados al centro de reclusión de Cuatro Álamos, pabellón de incomunicados del recinto de detención de Tres Álamos, desde donde fueron sacados con destino desconocido el día 11 de noviembre de 1974, última ocasión en que se los vio, ignorándose sus paraderos hasta el día de hoy. Patricia, cónyuge de Jorge, tenía 9 meses de embarazo al momento de su brutal detención que le tocó presenciar.
Tanto Jorge como Juan Carlos aparecieron en las publicaciones de la revista ‘Lea' de Buenos Aires y ‘O'Dia' de Paraná, Brasil, donde se indicaba que habrían sido muertos por sus propios compañeros de militancia en disputas intestinas o que habían sido abatidos por fuerzas de seguridad argentinas en la provincia de Salta. Aquella fue la primera y única aparición de la revista ‘Lea', no correspondiendo su domicilio ni identidad de su editora y director responsable a la realidad, figurando en cada ejemplar sólo un pie de imprenta ininteligible. ‘O'Dia', por su parte, reapareció en los kioscos solo para entregar aquella información luego de años de silencio, para luego volver a salir completamente de circulación. Tampoco constaba de un domicilio ni director responsable que se pudiera identificar.
Mis tíos Jorge y Juan Carlos forman parte de las 119 personas citadas en las nóminas de ambas publicaciones quienes coinciden con detenidos desaparecidos en Chile. Hasta la fecha Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera se encuentran desaparecidos, así como cientos de personas a más de tres décadas de ocurridos los hechos.
Nuestro país se jacta de estar dentro de las sociedades con presencia en importantes rankings mundiales de competitividad, bajo riesgo país, serio aliado comercial de potencias económicas, pero no ha sido capaz de hacer justicia en casos tan elementales de violación a los derechos humanos de primera generación como los perpetrados por el terrorismo de Estado en manos de personas como el ex general Raúl Iturriaga Neumann.
¿Qué clase de código ético de conducta están socializando las instituciones de la República en las nuevas generaciones de militares si no se está en condición de hacer cumplir lo que dictaminan los tribunales de justicia? ¿Qué futuro estamos construyendo como sociedad si el presente no se hace cargo de la deuda en verdad y justicia que se tiene con compatriotas asesinados por obra de una máquina de exterminio diseñada, alimentada y ejecutada con recursos públicos? ¿De qué progreso y desarrollo se habla cuando cualquier éxito que se alcance como sociedad se levanta aún sobre las ruinas de las vidas de miles y miles de personas cuyo clamor por juicio, castigo y reparación es insultado por la fuga de un militar terrorista que hace uso incluso de los medios de comunicación para llamar a la insubordinación de los militares activos al poder civil y al Estado de derecho?
Si somos tan efectivos como Estado para detener y castigar a muchachos ‘chascones, vegetarianos y anarquistas', secundarios ‘pingüinos rebeldes', niños de 14 años de edad ‘delincuentes', ¿porqué somos tan débiles para actuar contra quienes realmente constituyen un peligro para ya no solo la sociedad chilena sino para el conjunto de la humanidad? Sin duda se ha avanzado en muchos planos, pero mientras existan los Raúl Iturriaga Neumann que se dan el lujo de reírse en la cara de los Tribunales de Justicia, mientras tengan espacio personeros de derecha como Carlos Larraín que con voz de sordina considera que cultivar la memoria de los asesinados anunciado por la presidenta es practicar "nostalgia arqueológica", la ciudadanía de buena voluntad de Chile, el continente y el mundo, tenemos razones suficientes para pensar que esta democracia, a veces considerada ejemplar, está siendo sistemáticamente rebajada a una mueca siniestra de un dictador que no termina de morir a pesar de su muerte. Revanchismo jamás. Exigimos al Estado de Chile que haga cumplir la justicia, nada más, pero tampoco nada menos.

20 de junio de 2007
©manuel guerrero
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memoria y democracia


[Roberto Garretón] Se realiza en Santiago la conferencia ‘Memoria y Democracia'.
Esta semana se está realizando en Santiago un notable evento. Por primera vez en nuestro país se han reunido cerca de 150 destacados luchadores de los derechos humanos de todo el mundo. ¿La ocasión? La Conferencia sobre ‘Memoria y Democracia' organizada por la Coalición Internacional de Museos de Consciencia en Sitios Históricos, el Centro Internacional de Justicia Transicional y FLACSO- Chile. Tuve el honor de participar en el panel sobre el rol de los gobiernos, circunstancia que me motivó a volver sobre un tema que, a mi juicio, es clave para los países que buscan en verdad la paz, la justicia y la reconciliación.
Justamente, una de las claves es preguntarnos sobre qué hacemos como sociedad para enfrentar la impunidad. Sin ir más lejos, la rebeldía de Iturriaga nos enfrenta al mismo y antiguo desafío. Si analizamos en profundidad, la impunidad tiene al menos cuatro caras: la política, la moral, la histórica y, desde luego, la jurídica.
La primera se refiere a la falta de sanción para los responsables de las violaciones de los derechos humanos que, contra todo pronóstico, terminan ejerciendo cargos de autoridad incluso después del término de las dictaduras. En Latinoamérica somos expertos: ¡Cuántos torturadores, opresores, aprehensores o censores son legalmente elegidos congresistas, nombrados ministros o ejercen la docencia! Y ¡cuántos dictadores, al poco tiempo de dejar el poder, son elegidos popularmente como presidentes! Este tipo de impunidad consagra un auténtico empate moral.
Hagamos historia: el mensaje de Nuremberg fue fundamental para la descalificación política y cultural del nazismo, pero por sí sólo no se habría logrado, ya que fueron condenadas 19 de las 21 personas juzgadas, mientras que en otros 12 juicios se juzgó sólo a 185 individuos. El nazismo quedó políticamente destruido, más que por Nuremberg, por las políticas de desnazificación puestas en práctica, primero por el Consejo de Control de los Aliados y después por los gobiernos alemanes democráticos.
El derecho internacional así lo entendió. En sus observaciones finales al Tercer Informe presentado por Argentina, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó que le preocupa que "muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes (las leyes de la dictadura) sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan, incluso, obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar".
Por otro lado, si bien la impunidad moral tiene un carácter subjetivo, conlleva profundas consecuencias políticas y jurídicas, pues se trata de aquella perversión donde los criminales asumen un ideal superior que los ha obligado a conductas atroces: "salvar a la patria"; "salvar la civilización occidental", "combatir el terrorismo". Como decía Churchill, "los peores crímenes se han cometido en nombre de Dios y de la Patria". Los superiores ordenan y convencen a los subalternos a actuar sobre dichos principios asegurándoles que nunca serán juzgados, lo que era una constante hasta hace no más de 20 años. El histórico "son ellos, o nosotros" del San Bartolomé francés (1572), es exactamente la misma frase del General Emilio Ponce cuando en 1989 ordenó eliminar a los jesuitas en El Salvador. Ninguno se siente delincuente y es esta consideración la que ha asumido el prófugo general Eduardo Iturriaga en su declaración pública.
La impunidad histórica es la mentira y el olvido. Es común que los Estados que violan los derechos humanos se apoyen en la mentira. Desde la negación de los hechos hasta su justificación, sin importar la contradicción esencial entre ambas explicaciones. Se busca reconocer un maniqueo papel heroico, y necesario, ante una situación que no tenía otra salida. Cumplida la gran tarea, ahora "no es el momento, de mirar hacia atrás" o de "estar anclados en el pasado", pero no es más que otra falacia que hay que combatir si queremos construir una sociedad democrática y justa. Dentro del combate a la impunidad, el derecho a la verdad se ha consagrado como un derecho autónomo, con un importante desarrollo en la práctica de los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos.
Quizás el primer reconocimiento formal fue el que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Argentina (1986): "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir…", agregando que "a la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos". Se trata de rescatar el valor de la verdad como un auténtico derecho humano.
Al respecto, instrumentos privilegiados para combatir estas tres dimensiones de la impunidad han sido las llamadas ‘Comisiones de la Verdad' que nacieron en América Latina al término de la dictadura argentina. Si bien no son -o no debieran ser- substitutos de la justicia, suelen percibirse como tales. En realidad su función básica es la recuperación de la verdad histórica que no logran los procesos penales. Pero un elemento esencial es el establecimiento de inhabilidades políticas: lo que más duele a las víctimas es ver a sus victimarios blindados con cargos de autoridad. De allí que la Constitución democrática de Guatemala (1985) prohibiera la elección presidencial de caudillos involucrados en la alteración de orden constitucional, aunque curiosas interpretaciones de esta norma permitieron a un antiguo dictador presentarse al cargo pocos años después de abandonar el poder; pero la sabiduría popular lo relegó a un tercer lugar con una humillante votación.
Pero además son necesarios otros elementos esenciales: la educación en derechos humanos; narrativa histórica restableciendo la verdad de lo ocurrido, la construcción y conservación de archivos, los homenajes, monumentos, etc.
Respecto a la impunidad penal, desde Nuremberg se ha establecido un corpus iuris cada vez más sólido. Los principios de ese juicio histórico, las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad, además de los Pactos de Derechos Humanos, los Estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, la Corte Internacional Permanente, los proyectos de códigos de crímenes internacionales, las resoluciones de las Comisiones regionales de Derechos Humanos y de las dos Cortes especializadas, y una gran cantidad de Principios, Reglas mínimas y Declaraciones, no pueden ser desconocidos. Este corpus iuris ha ido también demoliendo los dos mayores soportes de la impunidad, como son las leyes de amnistías y el juzgamiento de las atrocidades por tribunales corporativos, como los militares.
Para la aplicación de este nuevo derecho el rol de jueces independientes es esencial, pero cuando fracasan, surgen dos elementos también fundamentales en la nueva cultura jurídica: los tribunales extranjeros ejerciendo jurisdicción universal, y los tribunales penales internacionales. Y hoy observamos con esperanza que los jueces han asumido el rol que nunca debieron abandonar.
Es de esperar que los actuales cambios judiciales en la lucha contra la impunidad sean irreversibles. Primero, porque en su génesis hay una base profundamente democrática: han sido las sociedades civiles -especialmente las organizaciones de víctimas- las grandes impulsoras del proceso, muchas veces en oposición frontal a los poderes del Estado; segundo, por ser una conquista de la moral contra la inmoralidad; tercero, por la solidez con que el derecho internacional, y también el nacional en casi todas sus ramas (civil, penal, procesal, constitucional, laboral, administrativo y muchas otras), han asumido la doctrina y ética de los derechos humanos como fundamento de todas las instituciones, desterrando a un segundo plano anacrónicas concepciones de la soberanía nacional y la razón de estado para justificar lo que la Declaración Universal llama "actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad".

El autor es abogado defensor de derechos humanos en Chile.

19 de junio de 2007
©piensa chile
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trampas para financiar la guerra


[Michael Kinsley] ¿Puede el presidente seguir adelante con una guerra que los estadounidenses creen que es un error y debiera terminar?
¿Qué se supone que debes hacer, de acuerdo a los partidarios de la guerra de Iraq, si crees que la guerra terrible error? Supongamos que eres miembro del Congreso, elegido por los electores que también, como la mayoría de los estadounidenses, de acuerdo a las encuestas de opinión, se oponen a la guerra. ¿Puedes emprender alguna acción legítima? ¿O debes simplemente permitir que la guerra siga adelante y dejar que los jóvenes estadounidenses sigan muriendo en lo que crees que es una causa injusta? ¿Qué opciones tienes?
La Constitución dice: "El Congreso tiene la autoridad de declarar... la guerra". Esa autoridad no significa mucho, a menos que también incluya la autoridad de no declararla. Pero los presidentes de los dos partidos han usurpado los poderes bélicos del Congreso, y los normalmente "estrictos construccionistas" del partido republicano llevan en esto la delantera. El Congreso se ha limitado a mirar, sin hacer demasiado -¿pero qué podía hacer? Como se dice que comentó Stalin sobre los consejos militares del Vaticano: "¡El Papa! ¿Pero cuántas divisiones tiene?"
La semana pasada el presidente Bush se dignó a firmar un proyecto de ley autorizando cien billones de dólares para su guerra, pero sólo después de que se borrara del proyecto todo calendario o criterios o fechas límites serias para la retirada de las tropas. Hubo una época, hacia 1999, en que los republicanos consideraban el colmo de la ingenuidad, irresponsabilidad e indiferencia sobre el destino de los soldados estadounidenses destinar tropas a acciones en un país extranjero sin lo que entonces se llamaba una "estrategia de salida". Eso era cuando el presidente era un demócrata. Ahora se considera el colmo de la ingenuidad, irresponsabilidad e indiferencia sobre el destino de los soldados estadounidenses sugerir la posibilidad de una estrategia de salida que no sea una victoria. Si lo haces, es que traicionas a las tropas. Y como no se ve ninguna victoria en las cartas, tampoco hay una estrategia de salida.
Y pobre del político que sugiera que esperar la victoria total puede no ser la única alternativa -en el caso de que la democracia, la prosperidad, la paz y la fraternidad no florezcan en Iraq la próxima semana. Los senadores Hillary Clinton y Barack Obama se opusieron al proyecto de financiamiento de la guerra porque carecía incluso del comedido calendario de la primera versión del proyecto de ley que vetó Bush.
Por esto se echó el senador John McCain a derramar lágrimas de cocodrilo. Despilfarrando un poco más de su capital como héroe de guerra, McCain estuvo a punto de acusar de traición a los dos principales candidatos demócratas a la presidencia: "Me decepcionó mucho ver al senador Obama y a la senadora Clinton acoger la política de rendirse". El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, que no se sabe que sepa algo de política exterior, ni siquiera que le interese (a menos que se cuente su ‘misión' en Francia después de la universidad, cuando trató de convertir a los franceses al cuaquerismo), atribuyó los votos que obtuvieron Clinton y Obama a "una visión del mundo sin experiencia en cuanto a seguridad nacional".
Un confuso editorial del Wall Street Journal la semana pasada trataba este punto de cómo en nuestra democracia podía un representante electo oponerse legítimamente a la guerra. Empezaba acusando a la presidente del Senado, Nancy Peloso, y al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, de cobardía. Afirman "oponerse a la guerra y que quieren terminarla, pero sin embargo se niegan a utilizar el control del dinero para ponerle fin".
Así que existe, como se ve, el poder del dinero. El Congreso puede impedir el financiamiento de una guerra que la gente no quiere. En relación con esto, los lectores más viejos recordarán el caso Irán-Contras, en el que las fuentes de dinero querían continuar la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua sin que se enterara el Congreso. Este caso contó con la entusiasta aprobación del Wall Street Journal, aunque es difícil cortar fondos que no sabes que existen.
Pero ¿qué pasa si tú, como miembro del Congreso, intentas utilizar el poder del bolsillo? Los senadores Clinton, Obama y Chris Dodd (que también es candidato a la presidencia) votaron contra el proyecto de financiamiento final porque se habían eliminado de él todo calendario y fechas límites significativas para que el presidente Bush pudiera firmarlo. El editorial del Wall Street Journal acusa a esos tres senadores demócratas de "votar para ablandar a las tropas estadounidenses en medio de una difícil misión". Si esto fuera verdad en relación con la votación de la semana pasada, entonces también será siempre verdad de todo intento de poner fin a una guerra cortando su financiamiento. A menos que el Journal esté a favor de debilitar a las tropas estadounidenses, esto convierte el ‘poder del bolsillo' en algo inútil.
Los partidarios de la guerra actual que disfrutan del espectáculo de ver a los opositores de la guerra atrapados en este laberinto de leyes y lógica debieran mejor esperar que toda acción militar decidida por un presidente sea tan maravillosa para ellos como la guerra de Iraq. Porque no hay nada específico sobre la guerra en esta argumentación. Sería igualmente válido si se tratara de la invasión de Canadá o del bombardeo aéreo de Portugal. El presidente puede hacerlo, si quiera, y nadie puede oponerse a ello, legítimamente hablando.
Por supuesto, el presidente es elegido, y en ese sentido está actuando como delegado de los ciudadanos cuando decide implicar a nuestro país en una guerra. ¿Correcto? Bueno, no tanto. Dejemos de lado las irregularidades de la elección de 2000. Cuando este presidente fue candidato a la presidencia por primera vez, hizo campaña con un programa que criticaba a su predecesor por haber actuado militarmente (en Kosovo y Somalia) sin una estrategia de salida. Se burlaba de la idea de tratar de establecer la democracia en países lejanos. Denunciaba el uso de los soldados estadounidenses para construir naciones. En 2000, si buscabas una manera de expresar tu desaprobación de las políticas y prejuicios que más tarde nos hicieron meternos en Iraq, la respuesta más evidente habría sido que tenías que votar por George W. Bush.
Jaque, y mate.

13 de junio de 2007
2 de junio de 2007
©washington post
©traducción mQh
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el caso de rctv venezolana


[Alejandro Teitelbaum] El gobierno venezolano ha mostrado demasiada tolerancia.
Los ‘defensores de la libertad de prensa' lloran lágrimas de cocodrilo porque el gobierno de Venezuela no le renueva la concesión de transmisión por señal abierta a la empresa de televisión RCTV, concesión que llega a su término el 27 de mayo.
El estado venezolano, como todos los estados del mundo, se reserva para si el uso y concesión del espectro radioeléctrico del país, de conformidad con las normas internacionales vigentes en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). No así la propiedad de las empresas de servicio televisivo, que pueden ser de carácter privado. Las plantas y los equipos de RCTV siguen siendo propiedad de sus dueños.
De modo que el estado venezolano, al no renovar la concesión, sólo le impide a la televisora la transmisión por señal abierta, mas no ordena el cierre de la televisora como tal. RCTV no está impedida de proseguir con su transmisión por medios cerrados a nivel nacional (cable o satélite).
Lo cierto es que el estado venezolano ha dado muestras de una extrema tolerancia con los dueños y dirigentes de dicha emisora y de otros medios privados de comunicación que deberían estar en la cárcel por incitación al derrocamiento del Gobierno nacional.
En la página 5 del diario francés ‘Le Monde' de fecha 16 de abril de 2002, comentando el golpe de estado en Venezuela de abril 2002, se publicó el siguiente comentario: …'después de la victoria de Hugo Chávez en diciembre de 1998, el derrumbe de los partidos tradicionales condujo rápidamente a los medios de comunicación a ocupar el vacío y a encarnar una oposición cada vez más virulenta'.
Esos medios de comunicación privados incitaron abiertamente al golpe de Estado y se abstuvieron de informar cuando la situación comenzó a tornarse favorable al retorno de Chávez al gobierno. El canal de TV Globovisión, el 13 de abril de 2002 a mediodía justificaba esta autocensura, según se informa en el mismo artículo del diario ‘Le Monde', como 'la decisión de no dar informaciones que podrían perturbar la armonía de la sociedad venezolana'.
Es notorio el paralelo con una parte de la prensa chilena que contribuyó activamente al derrocamiento del Presidente Salvador Allende en 1973, particularmente el diario ‘El Mercurio', generosamente subvencionado en ese entonces por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
En el Informe Church del Senado norteamericano del año 1975: 'Acción encubierta (de Estados Unidos) en Chile 1963-1973', se dice lo siguiente:
'Con mucho, el mayor -y probablemente el más significativo apoyo a una organización periodística- fue el dinero proporcionado a ‘El Mercurio', el principal diario de Santiago sometido a la presión gubernamental durante el régimen de Allende. (....). En 1971, la estación (la CIA) estimó que ‘El Mercurio' no sobreviviría a la presión del gobierno de Allende, incluyendo la intervención en el mercado del papel de imprenta y el retiro de los avisos del gobierno. El Comité 40 autorizó setecientos mil dólares para ‘El Mercurio' el 9 de septiembre de 1971 y agregó otros 965 mil dólares a esa autorización el 11 de abril de 1972. Una evaluación hecha por la CIA concluyó que ‘El Mercurio' y otros medios apoyados por la Agencia habían desempeñado un importante papel en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973'.

('Covert action in Chile 1963 1973: Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with respect to Intelligence Activities, United States Senate, 18 de diciembre 1975 (Church Committee)'. Citado en: Jac Forton, ‘L'impunité au Chili', Editions du CETIM, Genéve, 1993. Una parte del informe Church está también disponible en internet: http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html).

29 de mayo de 2007
©piensa chile
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