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arrojó a sus hijos desde un puente


[Garry Mitchell] Arrojó a sus cuatro hijos desde el Puente de Alabama.
Bayou La Batre, Alabama, Estados Unidos. Los investigadores tienen pocas esperanzas de encontrar a los cuatro niños que se cree fueron arrojados al agua desde un puente por su padre.
Lam Luong, 37, confesó haber arrojado a los niños desde el puente después de decir inicialmente a la policía que estaban siendo retenidos por su novia en el cuarto de un hotel, dijeron las autoridades.
Luong ha sido acusado por cuatro cargos de homicidio y debe comparecer ante el tribunal para la audiencia de fianza el jueves. El fiscal de distrito John Tyson Jr. dijo que no pensaba que Luong tuviera un abogado.
La búsqueda de los cuerpos de los niños -entre cuatro meses y tres años- fue detenida el miércoles por una densa niebla que obscureció el puente de la Isla Dauphin, un puente de cinco kilómetros sobre el Intracostal Waterway en la Costa del Golfo de Alabama. Si las condiciones atmosféricas lo permiten, la búsqueda se reanudará el jueves.
Mientras algunos amigos y familiares mantenían la esperanza de que los niños estuvieran con vida, el sheriff del condado de Mobile, Sam Cochran, dijo que los detectives se encontraba en estos momentos en "la fase de la recuperación [de los cuerpos]".
La esposa de Luong, Ngoc Phan, se dio cuenta el lunes de la desaparición de los niños y fue con Luong a la policía, dijo Tyson. Inicialmente Luong les contó que los niños estaban con su novia de Nueva York en un hotel en Gulport, Mississippi, y que no había vuelto con ellos, de acuerdo a familiares y autoridades.
Los detectives concluyeron que la historia era falsa, y Luong finalmente se quebró y confesó, dijo Tyson. Luong se llevó a los niños después de una discusión con su mujer, dijeron familiares y policía.
Basándose en parte en versiones de testigos, los detectives dijeron que los cuatro niños fueron arrojados el lunes en la mañana desde la parte más alta del puente de dos vías, un punto en que el puente está a unos veinticinco metros sobre la vía fluvial. El canal debajo de esa parte del puente tiene una profundidad de diecisiete metros.
El cuñado de Phan, Kam Phengsisomboun, dijo que le dijeron que un testigo vio a alguien arrojar un bulto desde el puente y luego vio a tres niños en un coche en las cercanías. Tyson dijo que efectivamente había un testigo, pero se negó a dar más detalles.
Luong llegó a Estados Unidos desde Vietnam en 1984 y encontró empleo como pescador de camarones. Él y su mujer vivían con sus hijos y una abuela en una casa de ladrillos cerca de Bayou La Batre, un pueblo de pescadores a unos 32 kilómetros al sudoeste de Mobile, que tiene una extensa comunidad del sudeste asiático.
Se presumen muertos a Danny, de cuatro meses; Lindsey, de un año; Hannah, de dos años; y Ryan Phan, de tres, que fue criado por Luong, pero no es un hijo biológico.
Phengsisomboun, que es de Tailandia, dijo que Luong era adicto al crack de cocaína, y se había gastado rápidamente el dinero de un seguro después de un accidente automovilístico. Dijo que inicialmente pensó que Luong podía haber cambiado a los niños por drogas.
Luong fue arrestado el 10 de octubre en Hinesville acusado de posesión de crack. Luong llamó a la policía y "pidió la presencia de un agente en su casa porque había usado narcóticos y quería entregarse", según un informe del agente Jeffrey Liu.
Luong estaba bañando a sus hijos en la bañera cuando llegó Liu, dice el informe. Finalmente salió del baño y sacó de un bolsillo de su camisa una pipa y "una piedra blanca amarilla que parecía ser crack de cocaína", escribió Liu.
El jurado todavía tiene que decidir sobre el caso. Luong anunció a las autoridades de Hinesville que se había mudado el 1 de noviembre.

Russ Bynum en Savannah, Georgia., contribuyó a este reportaje.

10 de enero de 2008
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encuentran a 4 chicas asesinadas


[Allison Klein y Joshua Zumbrun] En una casa del sudeste de Washington. Se los considera homicidios.
Washington, Estados Unidos. Ayer agentes de la policía judicial que entregaban una notificación de desalojo de rutina en el sudeste de Washington fueron recibidos en la puerta por una tranquila mujer que no dijo nada sobre lo que encontrarían en el interior de la casa: los cuerpos en descomposición de cuatro niñas, que se cree son sus hijas.
Las autoridades dijeron que las niñas -de 5, 7, 9 y 17 años- fueron encontradas en el primer piso de la casa de dos y pueden haber muerto hace dos semanas o más. Cómo murieron sigue siendo un misterio, y la mujer, de 33 años, estaba siendo interrogada esta noche pasada en el cuartel de policía.
La policía declaró que consideraban que las muertes eran homicidios, mientras esperan el informe del médico forense, y que no se han efectuado detenciones.
El jefe de policía del distrito de Columbia, Cathy L. Lanier, dijo que la causa de sus muertes no se ha determinado todavía debido a la descomposición de los cuerpos. "Eso hace difícil determinar signos evidentes de trauma", dijo.
La policía no dio a conocer la identidad de la mujer, porque todavía no ha sido acusada, ni los nombres de las niñas. "Nos tomará algún tiempo verificar la identidad de las niñas", dijo Lanier.
Se encontró un cuchillo junto a los restos de la niña mayor en el dormitorio del segundo piso, dijeron las autoridades. Los otros cuerpos, no tan descompuestos, estaban en otro dormitorio. Abajo, la casa estaba vacía y carecía de muebles.
Lanier trató de tranquilizar a los vecinos diciendo que no había signos de que las puertas hubieran sido forzadas. "No tengo la impresión de que alguien haya abierto una puerta a patadas para entrar y cometer esos crímenes", dijo.
Lanier dijo que la mujer estaba cooperando con los detectives. Varias fuentes policiales, que hablaron a condición de conservar el anonimato debido a que la investigación no ha terminado, plantearon dudas sobre la salud mental de la mujer. Los vecinos dijeron que ella parecía a menudo perturbada en los últimos meses.
La casa donde se encontraron los cuerpos, en el bloque 4200 de la Calle Seis SE, es una vivienda pareada de ladrillos de dos pisos pintada de azul grisáceo. Hasta ayer nada la distinguía de otras casas en el vecindario de Washington Highlands.
La casa había sido vendida en la primavera a una sociedad hipotecaria después de una ejecución hipotecaria, y los tres agentes judiciales llegaron allá ayer a las nueve y media de la mañana para notificar el desalojo. "La señora estaba tranquila. No parecía afligida de ninguna manera", dijo Cole Barnhart, portavoz del Servicio de Policía Judicial de Estados Unidos.
El servicio de agentes judiciales, que se encarga de los desalojos para la Corte Superior del Distrito de Columbia, normalmente revisa una casa antes de su desalojo. En ese allanamiento se descubrieron los cuerpos, tras lo cual llamaron a la policía del distrito, a la oficina del médico forense, al cuerpo de bomberos y otras agencias.
El bloque de convirtió rápidamente en una escena del crimen, con patrulleros policiales, cintas amarillas y una furgoneta de la oficina del médico forense aparcada en la calle. Decenas de agentes, muchos de ellos con uniformes protectores y máscaras, trabajaron en la casa y alrededores. No fue sino hasta las tres de la tarde que las autoridades sacaron los cuatro cuerpos, uno tras otro, amarrados a camillas y metidos en bolsas de cadáveres. Los vecinos se mostraran consternados.
"Yo vivo al lado. No lo puedo creer", dijo Karen Brown, que dijo que el lugar olía mal desde hace días. "Es triste".
No emergieron ayer muchos detalles sobre la mujer o las niñas. No quedó claro cuánto tiempo habían vivido en la casa ni si habían sido sus propietarios o solamente inquilinos.
El alcalde Adrian M. Fenty (demócrata), que se unió a Lanier en la escena del crimen, dijo que el ayuntamiento estaba tratando de averiguar si había contacto entre la mujer y las niñas con agencias municipales, incluyendo la policía, escuelas y los servicios de protección al menor. Lanier dijo que la policía no había sido llamada a la casa.
Una fuente policial dijo que los agentes habían recorrido el vecindario haciendo preguntas a los vecinos durante una pesquisa por homicidio no relacionada con este caso y que en ese entonces habían expresado preocupación por la situación de las niñas en la casa. La policía se puso en contacto con la agencia de protección al menor, dijo la fuente.
Mindy Good, portavoz de los Servicios de Protección al Menor y la Familia, la agencia que supervisa los servicios de protección, dijo que la organización había recibido en abril un informe sobre la familia de la mujer y que había "intentado investigar".
"No logramos encontrarles en ninguna de las numerosas ocasiones que intentamos ponernos en contacto", dijo Good. "Luego desaparecieron. Fuimos a la casa y ahí no vivía nadie". Se negó a hacer más comentarios sobre el caso.
De acuerdo a la portavoz de Escuelas Públicas del Distrito de Columbia, Mafara Hobson, los agentes creen que sólo una de las niñas había sido matriculada en una escuela pública de Washington. La estudiante, que Hobson dijo que no estaba autorizada a identificar, había sido inscrita en la Escuela Secundaria Stuart-Hobson, pero que se retiró en 2006. Las otras fueron matriculadas en algún momento en escuelas no-públicas, pero en este momento no aparecían inscritas en ninguna escuela, ni privada ni pública, dijo Hobson.
Una fuente policial dijo que las autoridades creen que las niñas habían perdido bastante del año escolar y que una de ellas estuvo 33 días sin asistir a la escuela.
La concejal del distrito de Columbia, Marion Barry (demócrata) manifestó su sorpresa de que las niñas no hubiesen sido detectadas antes. "Se supone que los niños deben ir a la escuela", dijo. "Demuestra cómo la gente se descuelga del sistema".
El procedimiento de desalojo fue iniciado en agosto cuando una compañía de préstamos hipotecarios presentó una queja ante la Corte Superior del Distrito de Columbia para obtener una orden del juez después de la ejecución hipotecaria. La Aurora Loan Services compró la propiedad en una venta ejecutorial, según muestran actas judiciales. Después de que nadie respondiera a la queja, un juez otorgó una orden judicial en octubre, allanando el camino para el desalojo de la vivienda.

Keith L. Alexander, Sue Anne Pressley Montes, Debbi Wilgoren y Clarence Williams y Rena Kirsch contribuyeron a este reportaje.

10 de enero de 2008
©washington post
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libre después de 21 años


[Hal Dardick] Desechan acusación de homicidio de una pareja en 1986.
Por primera vez en casi 21 años, Herb Hitlock se paseó el martes como hombre libre por las calles de su ciudad natal en Illinois, después de que un juez aprobara la moción de un fiscal de desechar los cargos contra él por el asesinato de una pareja de recién casados.
La liberación de Whitlock de la cárcel del condado de Edgar más de tres años y medio después de que los fiscales liberaran a su ex compañero de parrandas y co-acusado, Gordon ‘Randy' Steidl, que había sido condenado en gran parte sobre la base de las mismas evidencias pero que había podido presentar más apelaciones a tiempo.
Todavía con su uniforme azul de recluso y zapatillas de gimnasia, Whitlock salió de la cárcel del brazo de su hija Brittany. Subieron a un todoterrenos para dirigirse a casa de ella, donde se espera que Whitlock vea por primera vez a su nieto.
"Fue demasiado tiempo", dijo Richard Kling, uno de los abogados de Whitlock. "Herb es inocente".
La libertad oficial de Whitlock convierte el fatal apuñalamiento de Karen y Dyke Rhoads, cuya casa en Paris, Illinois, fue incendiada después de ser atacados en la mañana del 6 de junio de 1986, en un caso no resuelto.
"Aunque Herb Whitlock y Randy Steidl disfrutan hoy de la libertad por la que pelearon durante tanto tiempo, Dyke y Karen todavía no reciben la justicia que merecen", de acuerdo a una declaración de la familia Rhoads.
"No se puede olvidar que hace 21 años dos bellas vidas fueron brutalmente terminadas sin ningún motivo", dice la declaración. "Esperamos que hoy empiece un nuevo capítulo. Es tiempo de que Dyke y Karen reciban la justicia que merecen".
Expertos en ejecuciones erróneas han declarado hace tiempo que Whitlock y Steild fueron implicados en un error judicial basado en el testimonio de dos testigos falsos.
Uno de esos testigos, considerado en la época de los asesinatos el borrachín del pueblo, murió el año pasado después de cambiar repetidas veces su versión. Durante las apelaciones de Whitlock se descubrió que Darrell Herrington dijo a la policía primero que dos hombres llamados "Jim y Ed" habían cometido el crimen.
El otro testigo desacreditado era un drogadicto confeso que también cambió repetidas veces su versión de la noche en que fueron asesinados los Rhoads.
Ese testigo, Debra Rienbolt, entregó un cuchillo que dijo que era el arma utilizada para matar a los Rhoads. Desde el inicio de los juicios de 1987, las cortes de apelaciones aceptaron el testimonio de expertos de que el cuchillo no pudo haber sido usado para provocar las heridas mortales de la pareja.
Esas cortes también aceptaron el testimonio de que la ausencia de tizne dentro de una lámpara que Rienbolt dijo que se había quebrado durante los asesinatos en realidad fue rota por los bomberos llamados a la casa de los Rhoads cuando fue incendiada después de los crímenes.
Whitlock, 61, fue arrestado el 19 de febrero de 1987 después de que Rienbolt asistiera a una reunión de Alcohólicos Anónimos con una grabadora e intentara implicarlo en los asesinatos.
Whitlock le dijo a Rienbolt que no sabía de qué estaba hablando, y el líder de la reunión contó más tarde a Tribune que Rienbolt, que decía que había presenciado los asesinatos, le había preguntado quién era Whitlock.
Ninguna evidencia física vincula a los acusados con el crimen, y el teniente de policía del estado de Illinois, ahora jubilado, Michale Callahan, asignado a revisar el caso en 2000, resolvió que Whitlock y Steidl eran inocentes.
Más tarde demandó a sus superiores, diciendo que lo habían reasignado a tareas menos prestigiosas en represalia por acusarles de frustrar sus pesquisas de otros potenciales sospechosos.
Los testimonios en el caso, que ganó y está ahora en la fase de apelación, indican que a Callahan le dijeron que el caso era "demasiado sensible políticamente" después de que identificar a un sospechoso que había contribuido con miles de dólares a campañas políticas.
"Todo este caso es una farsa, 21 años de engaño y encubrimiento", dijo Callahan tras la libertad de Whitlock. "Creo que debería ser un ejemplo de que esto puede ocurrir a cualquiera en este país si el gobierno permite que siga ocurriendo".
Steidl, 56, fue condenado por ambos asesinatos e inicialmente sentenciado al corredor de la muerte. Whitlock fue condenado en un juicio separado por el asesinato de Karen, pero absuelto por el de Dyke, antes de que los miembros del jurado fueran despachados para un fin de semana el Día de los Caídos. Fue sentenciado a reclusión perpetua.
Después de años de apelaciones, el juez de distrito Michael McCuskey ordenó en junio de 2000 un nuevo juicio de Steidl. "La absolución era razonablemente probable si el jurado hubiese oído todas las evidencias", escribió.
El fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, ordenó entonces una investigación del caso y en marzo de 2004 anunció que la fiscalía abandonaría su apelación del veredicto de McCuskey. "Después de una cuidadosa revisión de las evidencias, el despacho de Madigan constató que informaciones que favorecían a la defensa no fueron proporcionadas", decía un comunicado de prensa de la época.
La oficina del fiscal de Illinois anunció entonces que no presentaría cargos contra Steidl en 120 días, como lo exige la ley de juicios rápidos de Illinois. Speedy. Steidl fue dejado en libertad en mayo de 2004.
Entretanto las apelaciones de Whitlock se fueron arrastrando hasta que la Corte de Apelaciones de Illinois revocó en septiembre la sentencia de Whitlock, mencionado la incapacidad de los fiscales de entregar evidencias que arrojaran dudas sobre el caso y la incapacidad del fiscal en el juicio de Whitlock de consultar con expertos que pudieran refutar el testimonio de testigos.
Enfrentado a la fecha límite de 120 días, que expiraría el 22 de febrero, la oficina del fiscal presentó la semana pasada una moción para abandonar los cargos contra Whitlock, aunque la moción no lo exonera.
"Han salido a la luz informaciones previamente desconocidas que exigen una investigación adicional", dice la moción. "Esta moción se presenta en interés de la justicia para permitir que la fiscalía complete su investigación y revaluación para determinar si se justifica presentar cargos criminales contra el acusado".
Los fiscales se negaron a comentar esas nuevas informaciones, pero dijeron que tanto Whitlock como Steidl siguen siendo investigados.
"Creo que es ridículo", dijo Kling sobre la continuación de la investigación sobre Whitlock. "Son incapaces de admitir que el caso ha terminado... En mi opinión, es un caso cerrado".
Bill Clutter, director de investigaciones del Proyecto Inocencia de Illinois de la Universidad de Illinois en Springfieldm, dijo que Steidl y Whitlock deberían haber sido dejados en libertad hace años. El trabajo de Clutter como detective privado ayudó a liberar a ambos hombres.
"La mayor parte de las evidencias fueron reveladas en la primavera de 1992", dijo Clutter refiriéndose a la información que refutaba las declaraciones en el juicio y las evidencias. "No debería tomar tanto tiempo exonerar a una persona... El poder judicial fracasó".
Tras su liberación Steidl se mudó a Missouri donde encontró trabajo como operador en una empresa de contenedores.

hdardick@tribune.com

9 de enero de 2008
©chicago tribune
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niño mató a bebita a palos


Niño de doce mató a bebita a golpes de bates de béisbol.
Lauderhill, Florida, Estados Unidos. Un niño de doce golpeó con un bate de béisbol hasta causarle la muerte a una bebita porque con sus llantos le impedía mirar televisión, informaron las autoridades.
El niño, que no fue identificado, fue detenido el sábado por cargos de homicidio en primer grado, dijo el portavoz de la policía de Lauderhill, teniente Mike Cochran.
Fue citado a comparecer en el tribunal de menores el domingo y quedó en custodia, aunque no quedó claro si tenía abogado o si alguna otra persona sería acusada por la muerte de la niña.
Cochran dijo que el niño confesó a las autoridades que estaba solo en casa el viernes cuidando a un niño de diez y a una niña de diecisiete meses y se enfadó cuando esta empezó a llorar. No está claro qué vínculos unían a los tres.
En algún momento, un adulto llamó al 911. La niña, Shaloh Joseph, fue llevada a toda prisa a un hospital, donde se la declaró muerta por trauma con objeto contundente a la cabeza, dijo Cochran.
El Miami Herald identificó a la madre del niño como Guerla Joseph. La línea telefónica para una Guerla Joseph en Fort Lauderdale había sido desconectada.
No es el primer caso en Florida en que un niño tan joven es acusado por la muerte de otro niño. Lionel Tate tenía doce cuando mató y pateó hasta la muerte a una amiguita de juegos a la que doblaba en edad en Florida.
Para entonces, Tate fue la persona más joven en la historia moderna de Estados Unidos en recibir una sentencia de por vida. Sus abogados dijeron inicialmente que había matado a la niña de seis, Tiffany Eunick, accidentalmente, en 1999 mientras imitaba una llave de lucha libre.
Tate fue condenado como adulto por homicidio en primer grado, pero la condena fue desechada en 2004 y Tate se confesó culpable de un cargo menor.

9 de enero de 2008
7 de enero de 2008
©pocono record
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se comió a su novia


Macabro hallazgo tras llamada sobre canibalismo en Texas.
Tyler, Texas, Estados Unidos. Los agentes que respondieron a una llamada de emergencia en una población del este de Texas encontraron una escena espeluznante: una oreja humana hirviendo en una olla sobre una estufa y un pedazo de carne en un tenedor sobre un plato en la mesa de la cocina.
Las autoridades creen que el sujeto de 25 años de edad que arrestaron por la muerte de su novia, de 21 años, cocinó partes de su cuerpo y pudo haber tratado de comérselos _ acciones estas que él les describió cuando realizó la llamada de emergencia que condujo al horroroso hallazgo.
El lunes, Christopher Lee McCuin iba a ser informado formalmente del cargo de homicidio en primer grado que pesa sobre él. McCuin se encontraba en confinamiento solitario, con fianza fijada 2 millones de dólares y sin representante legal, dijeron las autoridades.
Las autoridades dicen que no se sabe si McCuin consumió alguna parte del cuerpo de su novia.
"No podemos probar que él lo hizo", dijo el domingo el director de la policía del condado de Smith, J.B. Smith. "O lo iba a hacer, lo había hecho o nos hizo pensar que lo estaba haciendo", anotó Smith.
McCuin también es el sospechoso de haber apuñalado a un sujeto descrito como el novio de su esposa -McCuin está separado- la madrugada del sábado, dijo Smith.

9 de enero de 2008
©los tiempos
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[En enero de 2007, un recluso en una cárcel de Rouen, Francia, se comió a compañero de celda. La autopsia de la víctima demostró que le faltaban dos músculos del pecho y parte del pulmón izquierdo -según la nota de prensa en el New York Times ]

pena de muerte para violador


[David G. Savage] Pena de muerte para violador de niño llega a la Corte Suprema.
Washington, Estados Unidos. La corte suprema accede a oír una apelación de un hombre condenado en Louisiana por la violación de su hijastra de ocho años. Sería el primero en ser ejecutado en más de cuarenta años por otro crimen que un homicidio.
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró hoy que decidirá si un violador de una niña puede ser sentenciado a muerte, reconsiderando con ello una tendencia de más de cuarenta años en Estados Unidos en la que las ejecuciones se han limitado solamente a homicidas.
Los jueces accedieron a oír una apelación de Patrick Kennedy, un hombre de Louisiana condenado por la brutal violación de su hijastra de ocho años. Sus abogados lo describen como "la única persona en Estados Unidos que está en el corredor de la muerte por un delito que no es homicidio".
La violación fue comúnmente procesada como un delito capital en los siglos diecinueve y principios del veinte, especialmente para negros en el Sur. En mayo de 1964, Missouri ejecutó por violación a Ronald Wolfe, la última de esas ejecuciones en este país por agresión sexual sin resultado de muerte.
En septiembre de 1964, Alabama electrocutó a James Coburn por robo, la última ejecución por "un delito que no era homicidio", de acuerdo a profesores de la Facultad de Leyes de la Universidad de Stanford, que recurrieron la sentencia a nombre de Kennedy.
La pena capital fue suspendida a fines de los años sesenta, pero la Corte Suprema restauró la pena de muerte en 1976 como una opción para los estados.
Sin embargo, el año pasado los jueces derogaron la pena de muerte para un violador de Georgia. "Tenemos la convicción de que la pena de muerte, que es única en su severidad e irrevocabilidad, es una pena excesiva para el violador que, como tal, no ha tomado una vida humana", dijo el tribunal supremo en el caso de Georgia vs. Coker.
La resolución de 1977 fue interpretada ampliamente como la proscripción de la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio.
Pero en 1995, los legisladores de Louisiana volvieron a autorizar la pena de muerte por violación agravada cuando la víctima tenía doce años o menos. Otros cuatro estados -Carolina del Sur, Oklahoma, Montana y Texas- permiten el castigo capital para un violador reincidente, pero nadie ha sido sentenciado hasta el momento con esas leyes.
Al confirmar la pena de muerte contra Kennedy, los jueces de Louisiana observaron que el Congreso ha autorizado la pena de muerte para delitos tales como traición, espionaje o piratería aérea, que no resulten en muerte. Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido sentenciado bajo esas disposiciones.
Kennedy, 43, es negro y tiene un QI de 70, dijeron sus abogados. La mañana del 2 de marzo llamó a la policía para denunciar que su hijastra había sido violada por dos adolescentes del vecindario. La niña fue trasladada en una ambulancia; había sufrido lesiones graves y sangraba abundantemente.
Pero los investigadores volcaron su atención hacia Kennedy cuando encontraron un reguero de sangre que salía de la casa. Antes en la mañana había llamado a un servicio de limpieza de alfombras, antes de llamar a la policía.
Inicialmente, la hijastra conformó la historia de Kennedy, pero más tarde lo apuntó como el violador y declaró contra él en el juicio. Fue condenado por el jurado y sentenciado a morir en 2003. La corte suprema de Louisiana confirmó la sentencia declarándola constitucional.
Esta resolución "se burla del abrumador consenso nacional de que la pena capital es un castigo inapropiado para las violaciones", dijo el profesor de derecho de Stanford, Jeffrey L. Fisher, en su apelación.
Observó que históricamente la pena de muerte por violación se limitó mayormente a hombres negros. Entre 1930 y 1967, los blancos conformaron el 89 por ciento de los ejecutados en este país por violación, de acuerdo a un informe de la época del ministerio de Justicia. Allí se incluía a catorce hombres de Louisiana, todos negros.
"Esta corte debería por eso hacer una pausa antes de condonar una práctica tan marcadamente teñida por el flagelo del racismo", dijo Fisher.
La Corte Suprema oirá el caso de Kennedy vs. Louisiana, cuando dicte veredicto a fines de junio.

david.savage@latimes.com

8 de enero de 2008
4 de enero de 2008
©los angeles times
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inocente 17 años en prisión


[Frank Eltman] Era inocente. Estuvo diecisiete años en prisión.
Garden City, Nueva York, Estados Unidos. Momentos antes de que un juez lo sentenciara a cincuenta años de prisión, Martin Tankleff pronunció las palabras que ha repetido durante casi dos décadas: "Ante usted hay un hombre inocente. Yo quería a mis padres. Yo no los maté".
Su apelación encontró oídos sordos ese día de octubre de 1990, como en muchas otras ocasiones durante los diecisiete años que languideció en prisión.
Entonces una comisión de jueces revocó el mes pasado la condena por homicidio de Tankleff, mencionando posibles evidencias de que un socio de este hubiera tenido algo que ver con la muerte de los padres de Tankleff. El miércoles, los fiscales dijeron que no pedirían un nuevo juicio de Tankleff, haciendo posible su libertad.
El jueves en una rueda de prensa en Manhattan, Tankleff, ahora de 56 años, agradeció a su equipo de abogados. Habló sobre estudiar en la universidad y quizás estudiar en la facultad de derecho. "Tengo un montón de cosas por hacer", dijo. "Cada día que me levantaba en la cárcel, sabía que no estaba solo en mi lucha. Tenía mis tías, mis tíos, mis primos, y todavía están allí".
Su exoneración puso fin a una extraordinaria odisea legal que incluyó una confesión bajo apremios, una prolongada apelación que financiada por un equipo de abogados de alto nivel que se ocuparon del caso gratuitamente y teorías conspirativas sobre la identidad de los verdaderos asesinos.
Seymour Tankleff y su mujer Arlene fueron encontrados muertos en su casa en la costa de Belle Terre, un vecindario de familias acomodadas en Long Island, el 7 de septiembre de 1988, la mañana en que Martin debía comenzar su último año en la escuela secundaria. Arlene Tankleff fue matada a golpes en su dormitorio; Seymour fue apuñalado en su biblioteca y murió un mes después.
Los detectives interrogaron al adolescente en la casa después de que este llamara al 911 para denunciar al ataque. Más tarde lo llevaron al cuartel de policía, donde emplearon una técnica de interrogatorio en la que le dijeron falsamente que su padre había recobrado la conciencia y había dicho que él era el atacante.
Tankleff se preguntó en voz alta si quizás lo había olvidado todo después de cometer los crímenes, agregando: "Ahora empiezo a recordar". El motivo, contó a la policía, era que estaba enfadado por una variedad de ofensas, incluyendo el hecho de que lo obligaban a conducir un "destartalado y viejo Lincoln". Talkleff se retractó casi inmediatamente de su confesión, negándose a firmar lo que habían escrito los agentes.
Desde el día de su detención hasta el fin del juicio -uno de los primeros del país en ser televisado en Court TV- Tankleff señaló a un socio de su padre que administraba una serie de puestos de rosquillas. Dijo que el hombre de negocios, Jerry Steuerman, debía a su padre miles de dólares y había contratado a matones para que cometieran los crímenes y así no tener que pagar la deuda.
Steuerman negó las acusaciones e insistió en que no estaba implicado. Las autoridades nunca consideraron a Steuerman seriamente como sospechoso, pese a su extraña conducta: Apenas días después de los asesinatos de los Tankleff, fingió su propio suicidio y huyo disfrazado a California.
Steuerman, que fue la última persona en salir de casa de los Tankleff a eso de las tres de la mañana el día de los asesinatos después de una partida de poker de toda la noche, dijo que su conducta errática era el resultado del estrés.
El equipo de la defensa de Tankleff presentó numerosas apelaciones, pero en vano; en 2000, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a oír su alegato de que la confesión estaba viciada.
Finalmente, en 2003, sus abogados pudieron iniciar una nueva audiencia en el condado de Suffolk, diciendo que tenían un testigo que diría que él condujo a dos hombres hacia y desde la casa de los Tankleff la noche del crimen, y que uno de ellos fue visto más tarde quemando su ropa.
Pero ese testigo nunca declaró, excusándose en la quinta enmienda que prohíbe declarar contra uno mismo. Otros testigos declararon que habían oído de uno de los hombres en el coche esa noche, Joey ‘Guns' Creedon, decir que estaba implicado.
Creedon, un delincuente profesional que declaró en el juicio que era culpable de violaciones y asaltos, negó haber participado en los asesinatos.
Tankleff dijo que estaba durmiendo durante la carnicería.
En 2006, un juez del condado de Suffolk rechazó la apelación de Tankleff, diciendo que las declaraciones eran infiables y refiriéndose a los testigos como un "desfile de personajes infames".
Sus abogados recurrieron entonces a la División de Apelaciones de la Corte Suprema del estado, que resolvió el mes pasado que era "probable" que un nuevo jurado dictara otro veredicto.
El caso fue devuelto al condado de Suffolk, donde el fiscal de distrito Thomas Spota decidió esta semana que un segundo juicio sería, en el mejor de los casos, muy difícil.
Spota dijo que pediría al gobernador Eliot Spitzer que nombrara un fiscal especial para que investigara las aseveraciones de Tankleff de que Steuerman u otros estaban implicados.
En cuanto a Tankleff, cuando se le preguntó qué le gustaba más de su recobrada libertad, respondió: "Despertar como hombre libre, beber una taza de café y ver salir el sol".

Karen Matthews en New York contribuyó a este reportaje.

8 de enero de 2008
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tribunales en entredicho


[Marc Lacey] Asesinato en Nicaragua pone en entredicho a tribunales.
Managua, Nicaragua. Hace catorce meses, alguien violó y estranguló a Doris Jiménez en su pequeña boutique. Desde entonces, el poder judicial nicaragüense mismo está siendo sometido a juicio.
El caso se ha convertido tanto en una disputa internacional como en un espectáculo político. Y no ha demostrado quién mató a Jiménez, pero sí que aquí la justicia es un concepto nebuloso, subjetivo hasta la abstracción.
El presidente de Nicaragua se ha ocupado del caso Jiménez, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos. La Corte Suprema de Nicaragua también se ha involucrado en el caso. Y el juez que se ocupó del caso se cuida las espaldas por temor a que él mismo también termine asesinado.
En febrero pasado, un juez nicaragüense condenó a Eric Volz, un norteamericano de 28 años, de matar a Jiménez, 25, una nicaragüense con la que salía de vez en vez. Volz, nativo de Nashville, que vendía propiedades inmobiliarias y dirigía una revista en Managua, la capital, insistió en que tenía una coartada sólida y no tenía nada contra ella. Pero después de un juicio de tres días, la juez, Ivette Toruño, dijo que estaba convencida de que él y otro hombre eran culpables.
Sin embargo, si Volz es realmente culpable todavía no está claro. Presentó evidencias de que estaba en Managua cuando el 21 de noviembre de 2006 alguien entró a la boutique de Jiménez cerca de Rivas, a unos noventa kilómetros al sur, y la estranguló. Amigos y conocidos confirmaron su versión. También lo hicieron los archivos telefónicos que lo sitúan en la capital para cuando Jiménez fue asesinada y archivos de su ordenador demuestran que en ese momento estaba enviando un mensaje instantáneo.
Nada de eso convenció a la juez, ni a la comunidad.
Aunque no hay evidencias físicas que vinculen a Volz con el crimen, sí lo hizo un testigo, un surfista de la localidad, Nelson López. López fue inicialmente arrestado en el caso, pero fue más tarde absuelto cuando acusó al norteamericano. Y la opinión pública local claramente veía a Volz como el asesino. Cuando lo trasladaban al tribunal en Rivas durante el juicio, la policía tuvo que contener a enfadados vecinos que parecían dispuestos a atacarlo.
Volz fue condenado a treinta años de cárcel, que empezó a cumplir mientras su abogado recurría la sentencia. Desde su celda Volz ha dicho que el tribunal se ha equivocado. En Estados Unidos, su familia y amigos empezaron una campaña para obtener su liberación, vendiendo camisetas con la leyenda ‘Free Eric Voz', brazaletes y pegatinas de parachoques para un fondo para su defensa y han iniciado una página web (www.friendsofericvolz.com) para difundir lo que llaman una sentencia injusta.
Entonces, el 17 de diciembre, la corte de apelaciones de Granada, una ciudad al sudeste de Managua, resolvió que Volz y sus partidarios tenían la razón.
Dos de los tres jueces de una comisión decidieron que probablemente no era el asesino, y que posiblemente pasiones locales habían provocado esa sentencia. Ordenaron su libertad. El tercer juez, Norman Miranda, miembro del gobernante Partido Sandinista, encontró deficiencias en el caso que justifican un nuevo juicio, pero no apoyó la liberación de Volz.
Los tres jueces están de acuerdo en que el co-acusado nicaragüense, Julio Martín Chamorro, debe seguir en la cárcel.
Roberto Rodríguez, el juez que redactó la resolución a favor de Volz, dijo en una entrevista a fines del mes pasado que él inicialmente pensaba que Volz era culpable. Pero que después de revisar las evidencias en el juicio, se había convencido de estas indicaban que el joven norteamericano no podía haber sido el asesino.
Su resolución no fue suficiente para sacar inmediatamente a Volz de la cárcel. El juez, Toruño, retrasó su libertad durante algunos días, colocando excusa tras excusa. Otro juez, Miranda, perdió el expediente de Volz. El Departamento de Estado llamó a Nicaragua a respetar sus propias leyes y dejarlo en libertad.
Entretanto, los fiscales recurrieron su liberación y trataron de mantener a Volz tras las rejas. Pero, de algún modo, Volz fue dejado en libertad y abandonó el país, que consternó a Julio Centeno, el fiscal general de Nicaragua. "No sé cómo logró salir", dijo Centeno en una entrevista el 27 de diciembre, cuatro días después de la partida de Volz.
Transportado a toda prisa por las calles de Managua, y protegido por una escolta de seguridad, Volz entró al aeropuerto por una entrada privada y abordó un avión privado. Funcionarios de gobierno timbraron su pasaporte y lo dejaron marchar.
"No estamos celebrando", dijo Volz el viernes en una entrevista telefónica. "Siguen persiguiéndome".
Rodríguez, el juez que resolvió a favor de Volz, dijo que sabía que su veredicto sería polémico. Pero incluso él se sorprendió por el escándalo que provocó.
Nicaragüenses de toda condición condenaron el veredicto, arremetiendo contra Rodríguez y su colega Alejandro Estrada Sequeira. En opinión de muchos nicaragüenses, un norteamericano rico había sido liberado gracias a su influencia, y un nicaragüense pobre se quedaba atrás para pagar.
"Este asesino tenía el dinero para pagar a los jueces", dijo Sylvia Sánchez, amiga de Jiménez.
El presidente Daniel Ortega, que critica comúnmente a Washington, también intervino, dijo desdeñosamente que los dos jueces que liberaron al convicto norteamericano habían sido nombrados por partidos que se oponen a los sandinistas.
Mayra Sirias, coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, de Nicaragua, calificó la absolución de Volz como "el producto de un poder judicial corrupto, que deja a un asesino y violador en libertad".
Mercedes Alvarado, madre de la víctima, dijo que Rodríguez debería ser arrestado para cumplir la sentencia de Volz. Otros llamaron a arrojarlo al océano. Muchos pusieron en duda su patriotismo porque tiene las dos nacionalidades, la nicaragüense y la norteamericana.
"Voy a pelear defendiendo mi integridad", prometió Rodríguez, que dijo, sin embargo, que tenía miedo por las amenazas que le habían llegado. "Quiero ser claro: No podría vivir con mi conciencia tranquila sabiendo que mandé a alguien a pasar treinta años en la cárcel por algo que creo que no hizo".
Este caso llamó la atención del más alto tribunal del país. Al ordenar una investigación de los dos jueces que liberaron a Volz, dos miembros sandinistas de la Corte Suprema dijeron que pensaban interrogar a todos los implicados para descubrir si había alguna irregularidad.
Volz, ahora en Estados Unidos, pero todavía tratando de no llamar la atención porque teme por su vida, condenó la pesquisa de los jueces que lo dejaron en libertad.
"Es la continuación de la misma injusticia", dijo.
Volz dice que una prominente familia nicaragüense con lazos con el partido gobernante, cuyo nombre declinó dar a conocer, es la responsable del asesinato de Jiménez. Dice que todos los embrollos jurídicos desde su partida se explican como parte en un encubrimiento.
Aquellos que están seguros de que Volz mató a Jiménez y aquellos convencidos de que no es culpable, están de acuerdo en una cosa: el caso ha dejado al descubierto las deficiencias de la justicia nicaragüense. Se cree que los veredictos son comprados y vendidos. La política impregna las cámaras judiciales. La confianza en el poder judicial es más baja que nunca.
"Nuestro poder judicial tenía una mala reputación antes", dijo Jaime Morales, vice-presidente del país. "Y este caso no ayuda".

7 de enero de 2008
©new york times
cc traducción mQh
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