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demonio uribe popular


Una cascada de fallos judiciales, escándalos y revelaciones está resquebrajando el legado de Uribe. Sin embargo, su popularidad sigue intacta. ¿Por qué?
Colombia. Mientras los colombianos empezaban el periodo de Cuaresma, al expresidente Álvaro Uribe se le anticiparon los días de pasión. Las últimas dos semanas han sido las peores de su carrera pública. Su primo el exsenador Mario Uribe fue condenado por parapolítica. Su exministro Sabas Pretelt de la Vega, después de haber sido destituido por yidispolítica, acaba de ser llamado a juicio por parapolítica. Su alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo también está siendo investigado por irregularidades en las desmovilizaciones. El exministro Andrés Felipe Arias ha sido embargado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y 22 funcionarios del Ministerio de Agricultura están a punto de ser vinculados a un proceso penal. Dos funcionarios del DAS, Fernando Tabares y Jorge Lagos, fueron condenados a ocho años por las ’chuzadas’. Y como si esto fuera poco, la fiscal Viviane Morales compulsó copias contra el propio Uribe a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la instancia que investiga a los presidentes.
A todo esto se suma que la cohesión uribista se ha desintegrado y hay una batalla campal sobre quién es culpable de qué entre los exfuncionarios del gobierno de la seguridad democrática. En el último mes, los cables de WikiLeaks han revelado que el director de la Policía, Óscar Naranjo, y el exdirector del DAS Andrés Peñate le echan la culpa a José Obdulio Gaviria de las ’chuzadas’. Por su parte, Juan Carlos Restrepo dijo en una entrevista a María Jimena Duzán: "Hasta que me distancié, yo fui el interlocutor del presidente Uribe (…) y le digo algo que el país no sabe: mi presencia evitó que el gobierno se desviara". Y en otro cable apareció Sabas Pretelt diciendo que Luis Carlos Restrepo le había metido en la desmovilización 12.000 paramilitares falsos.
Las acciones de la justicia y las fisuras de su equipo no han sido las únicas que han anticipado las semanas de pasión del expresidente. Algunos miembros del gobierno de Juan Manuel Santos han encontrado irregularidades en sus despachos, heredados de la era Uribe, y los han dado a conocer. El Incoder revocó la entrega de 38.000 hectáreas a amigos y testaferros del excongresista Habib Merheg. En la Dirección Nacional de Estupefacientes se han encontrado problemas en la entrega de bienes decomisados a políticos amigos del gobierno anterior, casi todos del Partido Conservador, y la Fiscalía le envió a la Corte Suprema de Justicia, el miércoles pasado, una lista de 13 parlamentarios para que estudie sus responsabilidades. La cascada de malas noticias para Uribe parece interminable.
La euforia con la que los antiuribistas se están ensañando con el Uribe-diablo contrasta con la imagen del Uribe-ángel que todavía tiene la inmensa mayoría de los colombianos. Si las noticias de los últimos días le han causado al exmandatario más de una noche de insomnio, a sus detractores los tiene con úlcera el hecho de que no se ha modificado la posición de Uribe en las encuestas. En la última de Invamer-Gallup registra el 74 por ciento de imagen positiva, 2 puntos por encima de Juan Manuel Santos. En un país en el que los expresidentes siempre disputan el campeonato de la impopularidad, Uribe sigue siendo un fenómeno de opinión pública. Todo indica que el famoso teflón que lo protegió durante sus años en el Palacio de Nariño también lo cubre ahora, en su calidad de ’ex’.
Lo anterior tiene dos explicaciones. La primera es que nada de lo que ha ocurrido afecta la realidad ni la percepción sobre las victorias militares de su gobierno, producto de su política de seguridad democrática. Uribe recibió un país y entregó otro. En 2002, el Estado parecía incapaz de resolver, mediante la fuerza o mediante la negociación, el problema de la guerrilla. En 2010, el país había recobrado la confianza, las Farc estaban acorraladas en lo militar y en lo político, y el país estaba listo para un gobierno posturibista con una agenda más diversa. Para un sector importante de la opinión pública, las ’chuzadas’, la yidispolítica y Agro Ingreso Seguro son episodios menores cuando se compara con esta realidad.
La otra explicación de la popularidad de Uribe tiene que ver con su personalidad. Los colombianos comunes y corrientes siguen enamorados de él porque lo sienten cercano y sensible a sus problemas. Lo siguen viendo como un mandatario patriótico, auténtico, frentero y trabajador. Y aunque parezca evidente que durante su gobierno se dieron actos de corrupción nada insignificantes e incluso sus hijos fueron objeto de diferentes acusaciones, su honestidad personal no ha estado en tela de juicio. A Uribe puede que lo motiven la gloria y el poder, pero no la plata. Ante esta percepción, el tsunami antiuribista es registrado como una satanización injusta del ángel protector de los colombianos.
¿Cómo se explica la contradicción entre los dos personajes -el ángel y el demonio- que conviven en los mismos huesitos y en la misma carnita? Uribe, como ’ex’, padece una situación concreta: la gente lo quiere más que las élites. Él equivocadamente sintió siempre eso cuando estaba en el poder y de ahí sus múltiples comentarios despectivos a lo que él denominaba los cocteles bogotanos. Pero hasta que se retiró del poder, en esos cocteles él era un ídolo. El pasado 7 de agosto lo adoraban por igual las masas y los clubes sociales. Ahora, efectivamente, ha perdido el respeto de estos últimos: la de los muchos empresarios, la de los intelectuales, la de la comunidad internacional.
El fenómeno que destapó los pies de barro de Uribe fue la reelección. Concretamente, el hecho de haber reformado la Constitución a nombre propio para conseguirla. Lo curioso es que este impacto negativo ha sido retroactivo. Cuando Uribe estaba en pleno apogeo, su prolongación en el poder tenía poca oposición y era casi un anhelo nacional. Sin embargo, ya salido de la Casa de Nariño, su primera reelección y el intento de la segunda son vistos dentro del contexto institucional del país como actos caudillistas y mesiánicos, producto de vanidad personal o apego al poder. Álvaro Uribe definitivamente nunca calibró el costo que iba a tener en su legado histórico su reeleccionismo, particularmente su segundo intento de volver a reformar la Constitución. .
La importancia histórica de su primer gobierno es casi incuestionable, pero la convicción de que el segundo no tuvo este nivel está ya muy generalizada. El cambio del "articulito" para hacer viable su permanencia en el cargo en 2006 abrió las primeras grietas entre los puristas que defienden la estabilidad de las reglas de juego como un pilar indispensable de la democracia. Pero fue el fallido intento de buscar un tercer periodo, con la complejidad del referendo, el trámite forzado en el Congreso y la consecución irregular de las firmas lo que alineó en contra del expresidente a muchos de los uribistas del establecimiento.
Después vino el desierto de la expresidencia. Allí ha vivido la ingratitud, la deslealtad y el oportunismo. Para un Uribe que alcanzó a acariciar un tercer periodo, la realidad pura y dura del ’rey muerto, rey puesto’ debe ser casi un infierno. El presupuesto y la burocracia están hoy en manos del gobierno de Juan Manuel Santos. Y en política siempre ha habido una regla de oro: la gratitud no es con quien le hizo a uno favores, sino con quien se los puede hacer en el futuro.
Y si como presidente Uribe partió la historia para imponer en práctica un estilo de gobierno que funcionó, como ’ex’ también está innovando hábitos y costumbres, pero sin buenos resultados, al menos hasta ahora. Violó el principio no escrito de esperar un tiempo prudencial, hasta que el nuevo gobierno se consolidara, para regresar a la arena pública. Nunca antes un expresidente había pasado del Palacio de Nariño a la lucha política sin una escala, generalmente en el exterior. La pausa era, a la vez, una necesidad para tramitar el tránsito a la nueva situación y una actitud de respeto hacia el sucesor.
Pero Uribe no la hizo, y muchas de sus salidas no solo han sido innecesarias, sino equivocadas. El abuso del Twitter, por ejemplo, que en un comienzo tuvo trazos de modernidad, en realidad tienen connotación de frustración y obsesión. En la actualidad se han convertido en un atentado contra su propia imagen. Los trinos se reproducen en otros medios de comunicación, y eso le da presencia, pero con frecuencia son citados con sorna. Ciento cuarenta caracteres, que es la extensión de texto que permite este sistema, son un espacio muy limitado para alguien que aspira a adquirir la dimensión de un líder histórico. Frente a los editoriales de Carlos Lleras en Nueva Frontera o los de Alberto Lleras en El Tiempo, los trinos de Uribe dan la impresión de una pérdida de majestad y de altura. Habrá que ver cómo los historiadores registran esos singulares mensajes.
¿Cuál de los dos Uribe perdurará? Está demostrado que la percepción de los gobernantes entre los ciudadanos no solo depende de la gestión en el poder, sino de la manera como encarnan los años siguientes. Un presidente malo, como Jimmy Carter, hoy goza de una gran reputación por lo que ha hecho por la paz mundial desde su retiro de la Casa Blanca. César Gaviria fue un mandatario muy bien evaluado que perdió puntos como jefe del Partido Liberal y como opositor de Uribe. El puesto de Uribe en la historia dependerá, entonces, de la manera como se mueva en la larga vida que le queda como expresidente. Y aunque sus primeros pasos han sido en falso, le sobra tiempo para cambiar el rumbo.
14 de marzo de 2011
12 de marzo de 2011
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el indefenso


Los contribuyentes y miles de militares que autorizan descontar un porcentaje de su sueldo vienen pagando la defensa del presunto asesino de niños y confeso violador.
[Daniel Coronell] Con tretas jurídicas están intentando que el subteniente Raúl Muñoz quede en libertad. Muñoz está imputado de la violación de dos niñas y del asesinato de una de ellas y de sus dos hermanitos. Los hechos sucedieron el año pasado en una vereda de Tame, Arauca. Los cargos de la Fiscalía señalan que el oficial del Ejército llegó hasta la casa campesina en la que vivían los niños y cometió el horrendo crimen.
Él no ha admitido el homicidio de los niños de 14, 9 y 6 años. En cambio, ha dicho que sí "tuvo relaciones" con la niña, pero alega que fue con su consentimiento. Lo mismo asegura de otra menor de la zona que denunció que también fue violada por el uniformado.
El Código Penal establece que no existe la figura del consentimiento cuando hay sexo entre un adulto y un niño. No puede haberlo, menos aún cuando el adulto ostenta autoridad.
Ninguno de estos hechos puede ser considerado un acto del servicio, sin embargo, la representación judicial del subteniente ha estado a cargo de la Defensoría Militar Integral (Demil), una entidad de cuya junta directiva hacen parte oficiales activos.
En los estatutos de Demil consta que en su junta estarán el jefe del Estado Mayor, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales.
La Defensoría Militar Integral Demil, según un concepto oficial, es una entidad de carácter privado. Sin embargo, funciona en instalaciones oficiales. En Bogotá tiene oficinas en una edificación militar, la Escuela de Ingenieros, en la zona conocida popularmente como el Batallón Baraya.
La curiosa simbiosis de esa ’entidad privada’ con el Ejército ha llegado tan lejos que -por ejemplo- en los planos oficiales para la construcción de los juzgados penales militares de la Brigada 17 quedó establecido que una parte de la instalación será para Demil.
Esto quiere decir, ni más ni menos, que con plata pública se financia parcialmente a esa entidad privada. Otros fondos de Demil vienen de los sueldos de los militares afiliados que firman una autorización para que les descuenten, ’por nómina’, el 0,95 de su salario.
De ese mismo formulario hace parte una especie de contrato que determina las condiciones bajo las cuales Demil prestará el servicio de asistencia jurídica a un militar.
El documento excluye expresamente los "delitos sexuales".
A pesar de todo, la representación judicial del subteniente Raúl Muñoz ha estado a cargo de los abogados de Demil. Es decir, la defensa del presunto asesino de niños, y confeso violador, la vienen pagando los contribuyentes y miles de militares que autorizan el descuento de un porcentaje de su sueldo.
Esto por sí solo sería suficientemente grave, pero, además, la defensa de Muñoz ha usado como táctica la dilación buscando que salga a la calle por vencimiento de términos.
Desde su captura, en noviembre del año pasado, el subteniente Muñoz ha tenido cuatro abogados. Cuatro defensores en cinco meses. Cada vez que un nuevo apoderado se hace cargo del caso, el proceso sufre demoras por la supuesta necesidad de conocer los detalles.
Una de las últimas defensoras se llama Paola Milena Pinzón Padilla. Una joven abogada que en su Facebook cuenta su vinculación con Demil. En uno de los documentos del proceso, la doctora Pinzón dejó como dirección de notificación la del Batallón de Ingenieros XVIII de Tame, Arauca. Como suplente inscribió a la abogada Patricia Lucía Díaz.
El 23 de febrero pasado, en plena audiencia preparatoria del juicio, Paola Milena sorpresivamente renunció a la defensa. Al día siguiente, el caso fue asumido por Patricia Lucía, quien pidió el vencimiento de términos y la consecuente libertad del subteniente Muñoz. Segundos después, y siguiendo el ejemplo de sus antecesores, renunció al caso y provocó así un nuevo aplazamiento.
La juez no aceptó el vencimiento, señaló que las demoras son solo atribuibles a la defensa y pidió que la Judicatura investigue a las abogadas y el papel de Demil en todo esto.
¿Por qué los colombianos y los militares honestos (que son la mayoría) tienen que pagar por la defensa tramposa del subteniente Muñoz?
14 de marzo de 2011
12 de marzo de 2011
©semana

renunció portavoz crowley


Al renunciar, el portavoz del Departamento de Estado PJ Crowley no se retracta de sus críticas a la detención de Manning.
Washington, Estados Unidos. Numerosas organizaciones de derechos humanos e incluso miembros del Congreso han criticado al Ministerio de Defensa por su presunto tratamiento del soldado raso Bradley Manning, que se encuentra detenido por cargos de filtración de documentos y videos confidenciales a WikiLeaks. Se dice que Manning ha sido mantenido en aislamiento y sin cama, y ha sido obligado a desnudarse durante las noches.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, criticó al Ministerio de Defensa por su tratamiento de Manning, diciendo que era "ridícula, contraproducente y estúpida". CNN informó hoy que la Casa Blanca obligó a Crowley a renunciar. Pero en su carta de renuncia, Crowley no retiró sus críticas:

"La publicación no autorizada de información confidencial es un delito grave bajo las leyes estadounidenses. Mis recientes comentarios sobre las condiciones de la detención preventiva del soldado raso Bradley Manning tenían la intención de llamar la atención sobre el impacto más amplio, incluso estratégico, de acciones clandestinas emprendidas por agencias de seguridad nacional todos los días y su impacto en nuestra posición y liderazgo global. El ejercicio del poder hoy en estos difíciles tiempos y en un implacable entorno mediático, debe ser prudente y consistente con nuestras leyes y valores.
"Considerando el impacto de mis comentarios, por los que asumo toda responsabilidad, he presentado mi renuncia como Subsecretario para Asuntos Públicos y como Portavoz del Departamento de Estado."

La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que aceptó "con pesar" la renuncia de Crowley. "PJ ha servido a nuestro país con distinción durante más de tres décadas, como uniformado y como civil", dijo. "Su servicio al país lo motiva una profunda devoción al servicio público y a la diplomacia pública, y le deseo todo lo mejor". Previamente fue portavoz del Consejo de Seguridad Nacional y del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Clinton.
Crowley renunció hoy debido a presiones de la Casa Blanca. Michael Whitney, de FDL, escribe que esto significa que la Casa Blanca "posee el maltrato" de Manning.
"Se dice que Manning cometió delitos graves", escribe Matt Yglesias, refiriéndose a la abrupta renuncia de Crowley, agregando que "la respuesta correcta debería ser llevarlo a juicio. Mantener a una persona sin juicio en una celda de aislamiento y en condiciones degradantes es una perversión de la justicia."
Cuando trabajaba en el Centro para el Progreso Americano, Crowley fue el autor de una estrategia de seguridad nacional en 2008 que contenía la siguiente crítica del gobierno de Bush:

"Tenemos políticas, incluyendo duras técnicas de interrogatorio, la detención sin cargos, el espionaje del gobierno y de la inmigración que son inconsistentes con nuestros valores e intereses de largo plazo. Todo esto en nombre de algo que llaman ‘la guerra contra el terror’."
14 de marzo de 2011
13 de marzo de 2011
©thinkprogress
cc traducción mQh

murió jane russell


Sirena de la pantalla tuvo su sensacional debut en ‘El forajido’.
[Claudia Luther] Murió el lunes en su casa en Santa María, la actriz Jane Russell, la sirena de cabellos negros cuyo sensacional debut en la película ‘El forajido’ [The Outlaw] de 1943 inspiró al productor Howard Hughes para desafiar el poder y la estricta moralidad de la clasificación cinematográfica de Hollywood. Tenía 89 años.
Russell, que más tarde utilizaría su sensual imagen para lograr efectos cómicos con Bob Hope, Marilyn Monroe y otras grandes estrellas, tenía problemas respiratorios y murió después de una breve enfermedad, informó su familia.
La provocadora actuación de Russell en ‘El forajido’ -y las fotos publicitarias que la mostraban posando con una blusa escotada, recostada contra una pila de heno- marcó un giro histórico en la sexualidad en el cine. Se convirtió en una auténtica estrella y en una chica de calendario favorita de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. En su honor, las tropas en Corea bautizaron con su nombre dos cerros sitiados.
Apareció en otras dieciocho películas en los años cuarenta y cincuenta, y aunque sólo algunas fueron memorables, sigue siendo una favorita de la época por sus irónicos retratos de las diosas del sexo que parecen divertirse con sus propios efectos.
"Ese gracioso erotismo es raro en Hollwyood, y tenemos la suerte de que se le permitiera adornar tantas películas de aventuras", escribió el historiador y crítico de cine David Thomson sobre Russell, a la que definió como "físicamente gloriosa".
Entre las mejores películas de Russell se encuentran ‘Rostro Pálido’ [The Paleface], en la que fue la decidida Calamity Jane con el irresponsable dentista Hope en una parodia de ‘El virginiano’ [The Paleface] y ‘Los caballeros las prefieren rubias’ [Gentlemen Prefer Blondes], un musical en el que fue Dorothy, la morena amiga íntima de la ambiciosa Lorelei Lee (Marilyn Monroe). En ‘Los caballeros las prefieren rubias’, las dos actrices ejecutaron una formidable interpretación de la exitosa canción de Jule Styne-Leo Robin, ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’.
Russell apareció en algunas películas en los años sesenta y terminó su carrera en el cine en 1970 como Alabama Tigress en ‘Más oscuro que el ámbar’ [Darker Than Amber], una adaptación al cine de la novela de misterio de John D. McDonald. Reemplazó a Elaine Stritch en ‘Company’ en Broadway durante varios meses en 1971, pero después de esto su carrera se limitó en general a apariciones en clubes nocturnos, teatros y otras presentaciones en vivo.
Para las generaciones posteriores, Russell -a la que Hughes diseñó un sostén de voladizo que contribuyó a su fama- fue conocida como ‘la Dama del Sujetador’ por su papel como portavoz de los sujetadores Plyatex para "mujeres curvilíneas".

Ernestine Jane Geraldine Russell nació el 21 de junio de 1921 en Bemidji, Minnesota, aunque su familia se mudaría luego a California del Sur cuando ella era todavía niña. Después de la Escuela Secundaria Van Nuys, trabajaba como modelo y recepcionista cuando su foto llamó la atención de un agente de reparto que trabajaba para Hughes. El magnate estaba realizando una búsqueda nacional de mujeres pechugonas guapas para el papel de Rio McDonald, que se enamora de Billy the Kid en ‘El forajido’.
Tras una audiencia, le dieron el papel a Russell.
Hughes, que se ocupó de la dirección de la película después de Howard Hawks, se propuso explotar al máximo los recursos de su hallazgo. Incluso llegó a instruir a sus ingenieros que diseñaran un sujetador especial tipo ménsula, sin costuras visibles, que mostrara algo más sus pechos que la ropa interior convencional. Russell contó que encontró "ridículo" el artilugio y llevó su propio sujetador.
"Podía diseñar aviones, pero no era Mr. Playtex", escribió Russell en su autobiografía de 1985, ‘Jane Russell: My Past and My Detours’.
Al ver los resultados de los esfuerzos de Hughes en 1941, Joe Breen, que implementaba la censura, se horrorizó, diciendo que no "había visto nunca nada tan completamente inaceptable como las fotos de los pechos del personaje de Rio", que eran "escandalosamente enfatizados y, en casi todas las tomas, casi completamente al desnudo".
Ordenó a Hughes a borrar decenas de fotos de los pechos de Russell. Hughes no sólo se negó a ello, si no que azuzó la polémica resultante para darle publicidad a la película. Publicó los carteles de Russell en la pila de heno con frases como ‘¿Te imaginas revolcándote con Russell?’ y ‘¡Mala. ¡Caprichosa! ¡Magnífica!’ En una maniobra publicitaria aérea escribieron ‘El forajido’ en el cielo y luego, cuidadosamente, trazaron dos círculos con un punto en el centro de cada uno.
Hughes también inventó la frase: "¿Cuáles son las dos razones que explican la fama de Jane Russell?’ (Más tarde, el cómico Hope utilizó una variante, introduciendo a la actriz como "las dos y única Jane Russell".)
La película fue proyectada brevemente en 1943, para ser retirada mientras Hughes estudiaba revisiones y maximizaba la publicidad. Fue proyectada más ampliamente en 1946 sin la aprobación de la censura. La película "no es aburrida", aseguraba un reseñador de Los Angeles Times a sus lectores que aunque el personaje de Russell era incidental en la trama, "la explotación de su atractivo físico es tan insistente como se anunció."
Atraídos por la notoriedad de la película, los cinéfilos acudieron en masa al teatro. Para cuando los censores la aprobaron en 1949, ya había recaudado millones de dólares. Como escribió James R. Petersen en la revista Playboy en 1997, "Hughes demostró que una película puede ignorar la censura y hacer dinero". Siguieron otros desafíos de la censura, incluyendo, en particular, a ‘El hombre del brazo de oro’ [The Man With the Golden Arm], del director Otto Preminger en los años cincuenta. A fines de los sesenta, la censura fue reemplazada por el sistema de clasificación de la Asociación de la Industria Cinematográfica de Estados Unidos, que permitió la proyección de películas explícitamente sexuales o violentas si las audiencias eran restringidas sobre la base de la edad.
La famosa guerra de Hughes contra la censura fue retratada en ‘El aviador’ [The Aviator], la película biográfica de Martin Scorsese de 2004 en la que Leonardo DiCaprio es Hughes. En la película, Hughes se presenta ante al censor armado con fotografías en primer plano de Russell y otros prominentes pechos de la época.
Russell cooperó con la campaña publicitaria de Hughes, pero censuró las imágenes escandalosamente reveladoras.
Profundamente religiosa durante toda su vida, lamentó retrospectivamente la implacable atención dedicada a su generosa figura.
Aunque llegó a despreciar las provocadoras fotografías que la habían convertido en estrella a los diecinueve, sucumbió a la presión de su publicista para usar una de las más sensuales para la cubierta de su autobiografía.
En su vida personal, al contrario de su imagen pública más bien escandalosa, Russell era políticamente conservadora y evangélica años antes de que la frase se hiciera popular. Una vez promovió la lectura de la Biblia en las escuelas públicas.
Ella y su primer marido -su novio de la Escuela Secundaria Van Nuys, Bob Waterfield, que se convertiría en una estrella del fútbol americano de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y los Cleveland (más tarde Los Angeles) Rams- estuvieron casados durante veintitrés años hasta que se divorciaron en 1967. Adoptaron a tres niños -Tracy, Thomas y Robert (Buck), que la sobreviven, junto con seis nietos y diez biznietos.
Russell contó en su autobiografía que antes de su matrimonio con Waterfield tuvo un aborto chapucero, que pensaba que podría haber afectado su capacidad para ser madre. Las dificultades de la pareja con la adopción, la inspiró a fundar el Fondo Internacional para la Adopción Mundial [World Adopting International Fund], que ayudó a colocar a decenas de miles de niños en hogares adoptivos. La organización se disolvió en 1998.
Después de su divorcio de Waterfield, Russell se casó con el actor Roger Barrett, que murió de un ataque al corazón tres meses después de su boda en 1968. Su matrimonio con John Calvin Peoples en 1974, un hombre de negocios en el área inmobiliaria, duró hasta su muerte en 1999.
Tras la muerte de su tercer marido, Russell se mudó de su hacienda en Montecito a Santa María, hogar de su hijo menor y su familia. Para 2006, una degeneración macular comenzó a afectar su vista.
A los 84, con los cabellos plateados y todavía escultural, actuaba frecuentemente, con amigos, en una revista al estilo de los años cuarenta en un pequeñísimo teatro en el Hotel Radisson local, lejos de Las Vegas, donde había empezado su carrera como cantante en 1957.
Resumiendo su carrera en el cine, Russell escribió en su autobiografía que nunca pudo hacer las películas que le hubiese gustado.
"Excepto por la comedia, en el departamento de actuación no me conocía nadie", dijo. "Definitivamente fui víctima de la caracterización de Hollywood".
13 de marzo de 2011
28 de febrero de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

cuidado con el alimento para mascotas


columna de lísperguer
Alaban comida comercial para mascotas, pese a riesgos para su salud.
Las conclusiones de este estudio parecen contradecir las de Ann Martin sobre el alimento para mascotas en Estados Unidos, el que sería incluso peligroso y reduciría su esperanza de vida. Los subproductos cárnicos utilizados comúnmente en el alimento son desechos de mataderos, entre los cuales es frecuente encontrar pulmones, estómagos, riñones, sesos, sangre en mal estado o enfermos y hasta excrementos. En EEUU las marcas de alimentos para mascotas utilizan además los cadáveres de perros y gatos asesinados (eutanasiados) en refugios (varios millones al año), incluyendo las substancias tóxicas y venenos utilizados. Ann Martin recomienda preparar uno mismo la comida para nuestras mascotas, utilizando siempre ingredientes aptos para el consumo humano. Es un buen consejo.
lísperguer

separan a jefes de cárcel


Separan a los jefes de la cárcel denunciada como desarmadero. El gobierno bonaerense separó al director y la cúpula de la cárcel de José León Suárez, donde tres detenidos denunciaron que los obligaban a robar para las autoridades. Fue clausurado el pabellón de castigo, donde se comprobaron niveles inimaginables de hacinamiento y violencia. Denuncias de torturas a 25 detenidos.
[Horacio Verbitsky] Argentina. El gobierno bonaerense separó de sus cargos a la cúpula del complejo penitenciario de José León Suárez, donde tres personas privadas de su libertad denunciaron, por separado y ante distintos funcionarios judiciales, que las autoridades de la U48 los sacaban a la calle para robar. Debido a la opaca política de comunicación oficial, se ignora qué ocurrirá con los sancionados ni si se instruye un sumario administrativo. El gobierno también clausuró el pabellón 12, donde estaban alojados los denunciantes, luego de que el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, constatara en persona condiciones alucinantes de superpoblación y violencia, que la Comisión Bonaerense por la Memoria denunció a la Justicia. Durante una visita conjunta con el CELS, la Comisión entrevistó a cincuenta reclusos, la mitad de los cuales tenían lesiones, que en diez casos "eran gravísimas y se vislumbraban marcas de palos, patadas, ojos morados y heridas". Estos hechos "fueron denunciados a sus juzgados de origen, pero dan cuenta de una práctica sistemática", de la que nadie se hace cargo. El Comité contra la Tortura que depende de la Comisión presentó 28 recursos de hábeas corpus, por 35 detenidos en el pabellón 12. Los profesionales que participaron en la visita afirman que "los detenidos mostraban un nivel de miedo que otras veces no percibimos, debido a las prácticas sistemáticas y aleatorias de castigo violento". Tres de ellos parecían en riesgo de perder un ojo por los golpes recibidos. En junio del año pasado, el Consejo de Defensores Generales calculó que, de acuerdo a los estándares internacionales que obligan a la Argentina, la U48 podía alojar un máximo de 240 detenidos. El SPB le asignaba el doble, 480 plazas, pero el jueves había alojados 554 seres humanos, es decir un 25 por ciento más que el ya mezquino cálculo oficial. La Comisión Provincial por la Memoria y el CELS comprobaron que en ninguna de las celdas con dos camastros había menos de tres detenidos, en varios casos había seis y en una había ocho. Estaban encerrados las 24 horas, sin acceso a duchas, aire libre ni agua, y se turnaban para dormir. Hacía días que no les entregaban los bidones de agua que ordenó la justicia, de modo que debían consumir el agua contaminada por el basural del Ceamse sobre el que se construyó la cárcel. Hay varios inodoros tapados, a punto de rebalsar de agua y materia fecal, lo cual obliga a los detenidos a orinar en botellas. "El olor era irrespirable, también perdían agua por lo cual el piso se encontraba constantemente mojado, lo cual sumado a las precarias instalaciones eléctricas constituían un grave peligro. A simple vista se podía apreciar al lugar infectado de cucarachas. Las ventanas tenían todos sus vidrios rotos", cuyos pedazos estaban esparcidos en el suelo. Durante la inspección del jueves, el SPB repartió dos colchones por celda. Los detenidos se turnaban para ocuparlos. El resto se tendía sobre el piso mojado de inmundicias. Varios detenidos dijeron que en los patios contiguos existía una "zona liberada desde donde eran agredidos y robados por otros detenidos en connivencia con personal del SPB", sostiene el recurso presentado por la Comisión por la Memoria en el juzgado de ejecución penal Nº 1. La mayoría de los arrumbados en ese pabellón de castigo no tenían ninguna sanción o ya la habían cumplido. Estaban allí porque los habían trasladado desde otras unidades, en aplicación del sistema de separación de condenados de procesados, del que las que el gobierno provincial se jacta. Mientras la delegación de las organizaciones entrevistaba a los detenidos, el personal penitenciario comenzó a pintar las paredes, en un vano intento por tapar lo inocultable. Cuenta una de las abogadas que participó de la visita: "Entramos y el pabellón era cremita con puertas grises. Salimos y la mitad ya era gris, con las puertas oscuras". En las celdas los visitantes vieron un teléfono celular y varias facas y recibieron confirmación por parte de varios detenidos, de que algunos de ellos eran obligados por las autoridades a salir del penal para robar. Este horror sucede a veinte minutos de dos departamentos judiciales, los de San Martín y San Isidro, poblados de jueces, fiscales y defensores. La abrumadora mayoría de ellos no se sienten interpelados por este rostro de la inseguridad. En diciembre, durante el acto de egreso de 300 nuevos penitenciarios, el gobernador Daniel Scioli los describió como "promotores de valores, del respeto a la ley, y el respeto a los Derechos Humanos en el marco del Estado de Derecho".

Lo Primero, Negar
La primera reacción gubernativa ante la publicación del caso en esta página fue negar los hechos. Esta vez no tomó la palabra el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, sino el subsecretario Albarracín, un joven funcionario proveniente de la Procuración General. Su tono es sobrio y formal, a diferencia de las estrepitosas intervenciones del ministro. Pero el cambio de estilo no alcanza para disimular la gravedad de los hechos denunciados. Su declaración, enviada el miércoles a este diario, no pudo responder a las cuestiones centrales: las fotografías de varios de los denunciantes vestidos con piezas del uniforme del Servicio Penitenciario Bonaerense, las fiestas con alcohol y prostitutas que se realizan en la U48 y los tiroteos sobre detenidos por parte de funcionarios borrachos, que están documentadas en distintas causas judiciales. Albarracín sostuvo que el allanamiento judicial no confirmó los cargos sobre el desarmadero y que los vehículos que señalaron los acusadores no eran robados. También dijo que el cotejo de las denuncias con los registros del ministerio público sobre autos robados dio resultado negativo. Un fiscal y un defensor consultados para esta nota explicaron que el sistema informático del ministerio público no registra los únicos datos que aportaron los denunciantes (la marca y el color de los autos que habrían robado para los jefes penitenciarios) sino los números de chasis, motor y dominio, que ellos no conocían, por lo que esa constatación sería imposible.

Ni Traffic ni Falcon
Según Albarracín, el Juez de Garantías Nicolás Schiavo autorizó todas las medidas que pidió el fiscal Germán Martínez: "Proceder al secuestro de automóviles con pedido de secuestro y/o chapa patente cambiada, armas de fuego, legajos de personal (que tengan relación con la investigación) y de los internos y todo otro elemento que se presuma provenga de un ilícito". Agrega que "los propios denunciantes señalaron al fiscal que dos de los vehículos que se encontraban estacionados en ese momento en el interior la unidad (un camioneta marca Traffic y un Ford Falcon) eran robados", pero las pericias lo desmintieron. (La idea de robar un Falcon para desguazarlo es estrambótica: dejó de fabricarse hace veinte años y se consigue por la quinta parte de lo que cuesta un 0 Km actual. Ese mercado marginal no justifica ni el costo ni el riesgo del robo y el desguace. Cuesta creer que los reclusos hayan señalado ese vehículo sin una eficaz persuasión previa por métodos expeditivos.) El fiscal también inspeccionó la armería y la administración, "encontrando todo absolutamente en regla". No explica qué anomalía buscaban en esos sectores, que no fueron mencionados en las denuncias.
El funcionario informa que los tres denunciantes compartían el pabellón del Area de Separación de Convivencia, por lo que "no cabe descartar un acuerdo para denunciar". Antes habían participado en las "reiteradas quejas y protestas de los detenidos que se resistían a cumplir las restricciones para los horarios de salida de la celda" que habían tomado las autoridades del penal. (Es decir que aun antes de visitar la U48, Albarracín conocía los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se imponían a los detenidos.) Además, escribió, "las autoridades del penal habían tomado conocimiento de que un agente penitenciario había extraviado y/o entregado a los internos un celular", por lo cual se labró un sumario en el que fueron imputados dos de los denunciantes. A su juicio, esto "hace poco creíble la afirmación de que el propio director de unidad entregara o hiciera entregar celulares a los internos". Es un curioso razonamiento invocar la entrega de un celular por parte de un agente como prueba de que sus superiores no hicieron lo mismo. ¿Qué quiere decir "extraviado y/o entregado"? La respuesta es poco importante. En cualquier caso, con ese aparato se tomaron las fotos que muestran a varios internos con camperas de camuflaje, gorras y chalecos antibalas y escudos protectores del Servicio Penitenciario. Esas fotos ocupan las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 150000715811, y el CD del que provienen, las fojas 7 y 8. Sería útil que Albarracín explicara en qué consiste esa Separación de Convivencia que ni siquiera impide a las personas allí castigadas el acceso a las vestimentas oficiales de la institución encargada de su control. Además, otro celular fue visto en ese pabellón durante la visita del jueves, lo cual demuestra que no se trata de algo infrecuente.

Cuestión de Concepto
Albarracín alega que los denunciantes "tienen en su legajo informes de concepto malo y conducta pésima", lo cual desmentiría que a cambio de los robos se les hubieran ofrecido informes de buena conducta. Que el cumplimiento de esa promesa esté pendiente no niega su existencia. Por otro lado, la conducta, concepto y diagnóstico favorables que importan son los que se confeccionan cuando un recluso llega a la altura de la condena en que puede solicitar salidas laborales o la libertad anticipada. Además, los denunciantes también dijeron haber recibido un ofrecimiento de mil a mil quinientos pesos por vehículo robado. En busca de incongruencias, el Subsecretario señala que la nota de este diario pasó por alto que en diciembre cambiaron las autoridades del penal y del complejo que integra junto con otras unidades. No es así. La nota señala que uno de los reclusos señaló al anterior director Mario Aranda y otro al relevado el viernes, Raúl Galeano, y que todos hablaron de los últimos meses. Albarracín también arroja dudas sobre "uno de los funcionarios judiciales a quien se cita en la nota", por haber presentado "otras denuncias análogas". Lo ejemplifica con la misteriosa desaparición de un preso que había denunciado a un guardiacárcel. Según la versión oficial se había fugado y su recaptura posterior dio "por tierra con las afirmaciones infundadas que se generaron". El caso es más interesante de lo que Albarracín sabe. El preso que menciona, quien usa en forma indistinta los apellidos Almejeira y Ruiz Díaz, fue condenado dos veces, por robo y por matar a un pibe de un disparo en la nuca. Alojado en la U48 fue uno de los heridos por un agente beodo en una fiesta del Servicio Penitenciario. Pese a sus antecedentes consiguió una extraña autorización para trabajar afuera. Cuando pasaron dos días sin que volviera al penal, el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, denunció su desaparición. El Servicio Penitenciario Bonaerense ni había informado la presunta fuga ni había pedido su captura. Los jueces que intervinieron en la causa creen que en realidad el Servicio Penitenciario Bonaerense lo dejó ir y Casolati lo puso en evidencia sin querer. De hecho, luego de su recaptura, el detenido pidió ser alojado en una comisaría, por temor a volver a la U48.
La nota de Albarracín se deshace en elogios a su propia política penitenciaria y menciona el aval de organismos de Naciones Unidas al programa Casas por Cárceles. La realidad es que no se aplica, por falta de personal. Las viviendas construidas están desocupadas, como se constató en la visita del jueves. Albarracín también invoca como presunto respaldo de la política de Casal al Consejo de Defensores Oficiales de la Provincia. Es difícil compatibilizar esta visión con el documento del Consejo de Defensores Generales (ése es su nombre verdadero) que hace seis meses cuestionó la respuesta inmobiliaria del gobierno provincial, que construye cárceles y alcaidías con créditos del BID. El Consejo de Defensores sostiene que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, de modo que la población de 26.018 personas implica un índice de ocupación del 167 por ciento, que treparía al 192 por ciento considerando también las 4.068 personas privadas de libertad en comisarías que había en ese momento y que ahora han descendido a 2500. Su traslado a las cárceles, para evitar una condena de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos colapsó las unidades que los recibieron. Para el Consejo de Defensores, el dictado continuo de leyes que incrementan sin pausa la cantidad de personas en las cárceles tornan vanos los esfuerzos por superar la superpoblación, lo cual no se logra "solamente con la construcción de más cárceles". En cambio, es urgente el dictado de una ley de cupos. "Y esta es una decisión política." Desde 1990 la cantidad de detenidos bajo proceso creció un 296,7 por ciento, tendencia que se acentuó desde 1998, lo que demuestra que "el número de detenidos guarda escasa relación con la frecuencia de los delitos", recuerdan los defensores. Cada país toma la decisión política sobre "qué población penitenciaria está dispuesta a tener", dicen. "La seguridad comunitaria no mejora ni con aumento de penas, ni con aumento de presos ni con más prisiones". Se ha llegado a un número de detenidos sin "proporcionalidad alguna ni con el aumento demográfico de la población ni con el aumento de los índices delictivos en la provincia", pero que "reproduce y potencia un sistema violento que no contribuye a la paz y la seguridad comunitaria". El documento parece inspirado por lo que hoy ocurre en la U48, pero no es así. Lo que ocurre es que ésa es la situación general del sistema penitenciario bonaerense. Los defensores consideran que la construcción de las nuevas cárceles y alcaidías penales sólo acentuará ese grave problema si no se producen "reformas al sistema de excarcelaciones", al estilo de las que ahora propugna el gobierno de Chile. Luego de una reseña de las condiciones indignas de alojamiento, incluyendo imágenes de los retretes dentro de las celdas, donde los presos también comen, los defensores consignan que tal situación se agrava con el alojamiento de dos personas, "cuyo sentido de autoestima y dignidad ya ha sido perturbado por otros factores relacionados con el encarcelamiento, obligadas a practicar los ritos más privados frente a los ojos del otro". Esto es inconstitucional e "irreconciliable con el pretendido fin de resocialización o moralización". (Ni hablar de lo que ocurre cuando en vez de dos son seis y el retrete está tapado.) Ese hacinamiento, la ausencia de selección de quienes compartirán los dormitorios colectivos, de vigilancia nocturna y de control de la vida en los pabellones, determina que la vida cotidiana sea gestionada por "los individuos o grupos que, en general, a través de liderazgos violentos y códigos tumberos se imponen sobre el resto" y con los que "la autoridad penitenciaria debe negociar, conceder privilegios o de alguna forma reconocer esos espacios de poder existentes, tendiendo a su reproducción". El informe también impugna "el uso abusivo de la detención preventiva", que atribuye tanto a las sucesivas reformas procesales cuanto a la forma en que los jueces provinciales aplican esas normas, por temor a los reclamos de "los medios de comunicación y el mismo poder político". En lugar de "aumentar el número de cárceles como medio privilegiado para combatir la sobrepoblación", el Consejo de Defensores estimula la aplicación de medidas alternativas a la prisión y la adecuación de las leyes procesales a los estándares internacionales de derechos humanos. También sostiene que se debe "exigir al Estado Nacional la sanción de un Código Penal menos represivo que el surgido en abril del 2004", gracias al ex ingeniero Blumberg. En las conclusiones de su informe, el Consejo insta "a las autoridades políticas a limitar el índice de prisionización" y reitera que "el aumento en la construcción de cárceles no remediará la situación de sobrepoblación, sino que sólo profundizará la problemática reseñada". Después de su visita del jueves a la U48, sería recomendable que Albarracín revisara la nota de descargo que envió a este diario. Comprobaría la distancia entre el mundo idílico de la burocracia y la realidad infernal que esa burocracia administra, en detrimento tanto de la dignidad humana como de la seguridad de la comunidad.
13 de marzo de 2011
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otro desaparecido recobra su nombre


Es el cuarto caso de los restos que encontraron en la fosa común del campo de San Pedro. La justicia devolvió el nombre al cuarto desaparecido en el campo San Pedro. Es Carlos Bosso, secuestrado en 1977 junto a su esposa, María Isabel Salinas, que ya había sido identificada el mes pasado. Faltan identificar a otros cuatro.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La justicia logró devolverle el nombre al cuarto desaparecido de los ocho encontrados en una tumba clandestina en el campo San Pedro, de propiedad del Ejército, cerca de Laguna Paiva. Se trata de Carlos Alberto Bosso, un militante del peronismo revolucionario que cayó en Rosario en setiembre de 1977, junto a su esposa, María Isabel Salinas, quien ya había sido identificada a principios de febrero último. Los otros dos son: María Esther Ravelo y Gustavo Pon, desaparecidos también en Rosario, en la misma época, por lo que ahora faltan identificar otros a cuatro: tres hombres y una mujer. Una de la hipótesis de la investigación judicial es que todos ellos pasaron por el centro clandestino La Calamita antes de ser ejecutados. "Después de tantos años de búsqueda y lucha por la verdad, hemos podido reencontrarnos con ellos, saber dónde estaban y comenzar a reconstruir que pasó en estos años tan horribles y tremendos para nuestra sociedad. Ahora reclamamos justicia", dijo Liliana Salinas, hermana de María Isabel y cuñada de Bosso, en un diálogo con Rosario/12.
La fosa común fue hallada el 9 de junio de 2010 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Es la primera en la Argentina que apareció en un predio militar, lo que prueba la responsabilidad directa del Ejército en el genocidio. Y desde entonces los análisis genéticos lograron identificar a cuatro desaparecidos en Rosario: Gustavo Pon (secuestrado en agosto de 1977), María Esther Ravelo (detenida junto a su marido, Emilio Etelvino Vega, el mismo día que los Bosso, el 17 de setiembre de 1977, en su casa de Santiago 2815, conocida como la Casita de los Ciegos). Y ahora, a los esposos Bosso y Salinas, que militaron en la ciudad de Santa Fe hasta fines de 1975 cuando se mudaron a Rosario.
El juez federal Nº 2, Francisco Miño, que instruye la causa del campo San Pedro, espera tener en las próximas semanas el resultado de los cruces genéticos que ordenó en su momento para identificar a los otros cuatro desaparecidos: tres hombres y una mujer.
Bosso tenía 25 años y su esposa "Mary", 22, cuando un grupo de tareas de la dictadura los secuestró el 17 de setiembre de 1977, en Rosario. Vivían en un departamento con su hija de un año, Mariana Bosso. "Eran muy jóvenes. A él le faltaba una materia para recibirse de ingeniero químico y ella, estudiaba bioquímica", recordó Liliana, dos años menor que su hermana.
Al día siguiente, el domingo 18 de setiembre, un hermano de Carlos Bosso, que también vivía en Rosario, escuchó el timbre de su casa, abrió la puerta y se encontró con su sobrina. "Dos hombres de aproximadamente 35 años le entregaron la nena y algunas ropitas", denunció ante la Conadep, en 1984, el abogado Enrique Héctor Cabreriso, primo de los Bosso y defensor de los derechos humanos hasta su fallecimiento, en marzo del año pasado. El relato de Cabreriso coincide con el de la hermana de Salinas. "Los domingos ellos iban a almorzar a la casa del hermano de Carlos, en Rosario. Y ese día él atendió un llamado en la puerta y después volvió con la nena", dijo Liliana, a Rosario/12.
Ya en 1984, también ante la Conadep, Liliana había aportado otro dato clave. Mariana fue entregada junto con una carta de su madre, María Isabel Salinas, quien le pedía a su familia que "cuidaran a la nena", que ella y su marido "estaban bien" y que "pronto iban a tener noticias" de ambos.
Poco después, Liliana recibió una segunda carta de su hermana, pero ya en su casa en Santa Fe, en calle Corrientes al 4.200, en el oeste de la ciudad, donde vivía en ese entonces. Era una carta "similar a la anterior" que se la entregó "una persona mayor de 50 años, canoso".
Ayer, Liliana recordó ese episodio. "Era un atardecer, a mediados de setiembre de 1977 dijo . Un señor de pelo blanco, no muy alto, llegó hasta mi casa y me entregó la carta de mi hermana. Yo fui a llamar a mi papá y cuando volvimos a la puerta, este hombre ya no estaba, se había ido. Vemos que un auto dobla la esquina, así que pensamos que era el auto con el que había venido", agregó.

¿Qué decía la carta?
Nos contaba que ellos se iban por un tiempo, pero que tenían pensado volver. Que pronto tendríamos noticias. Y que cuidemos a Mariana, que en ese momento tenía pocos meses. Nos explicaba lo que comía la nena, cómo debíamos cuidarla. Esa carta frenó la posibilidad de hacer la denuncia en ese momento y después, tampoco la hicimos por miedo a exponernos.

¿Y qué pasó con la carta?
La guardé un tiempo, pero después la rompí por temor...

Sin embargo, otra de las cartas se conserva en el legajo de la Conadep de Carlos Bosso. A la primera página la escribió él y a la segunda su esposa. "Sí, es la letra de ellos", reconoció Liliana cuando vio las fotocopias. Está dirigida a los padres de Bosso y firmada por "Carlitos" y "Mary" como si estuvieran juntos, en el mismo lugar. Es su último testimonio. "Queridos padres", les dicen a los abuelos de la nena. "Como ustedes saben, a Mariana la queremos mucho, pero creemos que por un tiempo es mejor para ella que esté con ustedes. Luego nos volveremos a encontrar y todo será distinto que hasta ahora y le explicaremos bien todo".
13 de marzo de 2011
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últimos días del ejército revolucionario


Una fiscal federal sistematizó los operativos que las fuerzas represivas desplegaron en agosto de 1976 para terminar con el PRT-ERP en Rosario.
[José Maggi] Argentina. En sólo ese mes hubo casi una treintena de detenciones y otras tantas desapariciones de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo en Rosario. Incluso cuatro mujeres embarazadas fueron "chupadas" en esa época. El voluminoso expediente -al que tuvo acceso Rosario/12- servirá para abrir una causa completa.
El mes de agosto de 1976 fue el momento elegido por las fuerzas represivas para acabar con lo poco que quedaba del PRT-ERP en Rosario: 29 secuestros de militantes y simpatizantes de esa fuerza política, y otras tantas desapariciones en sólo ese mes, entre las que se incluyen cuatro mujeres con embarazos avanzados. La información fue sistematizada en los últimos meses por un equipo encabezado por la fiscal Mabel Colalongo y presentada ante el juez federal Marcelo Bailaque a quien le solicitaron además indagatorias de más de una decena de responsables militares de la masacre, con el general Ramón Genaro Diaz Bessone a la cabeza. El trabajo intenta quebrar el criterio de presentar causas por separado, convirtiéndolas en un solo expediente.
Los hechos investigados tuvieron lugar en la primera mitad del mes de agosto de 1976, lo que habla de una sucesión, casi contínua, de los secuestros de personas que la mayoría de las víctimas eran militantes de la organización PRT-ERP.

* Lunes 2 de Agosto de 1976. (Operativo en Calle Necochea 2050).
En un operativo clandestino llevado adelante por el Destacamento de Inteligencia 121, fueron secuestrados Edgardo Silva, Ricardo Horacio Klotzman y Cecilia Beatriz Barral (embarazada a término) y fue asesinado Juan Alberto Tumbetta. Kloztman y Barral fueron trasladados a la ‘Quinta Operacional de Fisherton’, (Mendoza al 9000) donde fueron vistos por última vez el 11 de agosto de 1976 por Fernando Brarda. Se desconoce hasta la fecha el destino Silva, Klotzman y Barral como el de su bebe. En los comunicados falaces que emitiera el Comando del II Cuerpo de Ejército se les atribuía pertenecer a "la organización subversiva declarada ilegal en primer término" (eufemismo utilizado para referirse al llamado Ejército Revolucionario del Pueblo " Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT ERP ). El memorándum de inteligencia del 2 de agosto de 1976, cuyo original obra en el conocido Archivo Intermedio del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, en el que se detalla que en la casa de la calle Necochea 2050, se llevó adelante en la fecha indicada un operativo conjunto entre el Ejército Argentino y la Policía Federal Argentina. Entre otras cosas, en dicho Memorandum se informa: "se dispuso forzar la puerta de dicha vivienda, circunstancias que los moradores aprovecharon para efectuar una nutrida descarga sobre el personal actuante. Ante ello se origino un breve pero intenso tiroteo que culminó con la muerte del oficial de la Policía Federal Norberto Domingo Etchepare" el que recibiera dos disparos en la espalda" por lo que falleció en forma instantánea" Uno de los ocupantes de la vivienda es alcanzado por los disparos efectuados por las fuerzas actuantes en el lugar, huyendo al patio interior donde alcanza la escalera que comunica con la terraza de dicho departamento. Que en ese lugar es mortalmente herido cayendo en el patio del departamento que lleva el número 3. Que los restantes subversivo lograron escapar". El memorando trascripto deja en evidencia que personal del Ejército Argentino con apoyo de integrantes de la Policía Federal, asesinaron el 2 de agosto de 1976 Juan Alberto Tumbetta y privaron ilegalmente de libertad Edgardo Silva, Ricardo Horacio Klotzman y Cecilia Beatriz Barral, esta última con un embarazo de 9 meses.

* Martes 3 de Agosto de 1976 (Operativo en Calle San Lorenzo 4626 de la Ciudad de Rosario).
En la madrugada, fueron secuestrados la pareja integrada por Ricardo Machado y María Laura González "quién se encontraba embarazada de seis meses y otra persona que, se trataría de Elvira Estela Márquez. Las tres personas mencionadas y el niño/a dado a luz se encuentran desaparecidos. Los comunicados oficiales del Ejército indican que las tres personas que estaban en la casa de la calle San Lorenzo, pertenecían al PRT ERP y además, afirma que fueron "abatidos" aspecto, este último que se da de bruces con los dichos de Fernando Patricio Brarda quién comparte cautiverio con ellos en la "Quinta Operacional de Fisherton" con posterioridad a su secuestro, ocurrido el 6 de agosto de 1976 hasta el 11 de agosto de 1976.

* Miércoles 4 de Agosto de 1976:
Entre las tres y las cuatro de la madrugada, se realiza un "operativo" clandestino en la vivienda ubicada en la calle Rodríguez 116 bis, Rosario, lo secuestran a Héctor González
También en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2:30 hs., irrumpe violentamente en el domicilio de Emilio Zamora, en calle Juan José Paso 2511 de Rosario, un grupo de personas desconocidas que rompiendo la puerta ingresa hasta el dormitorio matrimonial, obligándolo a levantarse de la cama a él y a su esposa Zilpa Cisneros, a esta última la trasladan a la habitación contigua, para luego requisar la casa y llevarse por la fuerza, con rumbo desconocido a Emilio, quedando en el lugar su esposa e hijos. La familia no vuelve a tener noticias de él.

* Jueves 5 de Agosto de 1976.
Osvaldo Matosky Szeverin fue secuestrado en horas de la madrugada, aproximadamente a las cinco de la mañana, de su hogar de calle Hilarión de la Quintana 1261 1º piso donde vivía con su esposa Virginia Colacray y su pequeño hijo Amílcar de meses. El grupo operativo, conocido como "patota" se llevó cautivo a Osvaldo dejando en el lugar al resto de la familia. Durante el procedimiento ilegal, como en muchos otros casos, sustrajeron distintos objetos de valor de la vivienda de la víctima.
En un informe de la División Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe en el cual define a Matosky Zzerevin como militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT ERP), en el que se indica que habría estado a cargo del área de propaganda de la "Juventud Guevarista" en la "Regional Rosario". Hasta la fecha no se ha podido determinar la suerte corrida por el militante.
En la misma fecha a las 5 de la mañana previo balear el frente de la casa de la calle Necochea 3084 de Rosario, un grupo de personas fuertemente armadas ingresa en el domicilio mencionado, quiénes luego de interrogar de modo violento, toman cautivo a José Angel Alba. Los familiares relataron que cuando entran a la habitación de José Ángel luego de que se lo llevaran, encuentran una olla con agua, una toalla mojada y una cuchilla por lo que presumen que lo torturaron allí, podría haber sido herido en una pierna.
Tampoco en este caso se ha podido conocer el destino de José Angel Alba, quién permanece desaparecido.

* Viernes 6 de Agosto de 1976
En horas de la madrugada se realiza un operativo en el domicilio de calle Maipú 981 9º piso, lugar de residencia del matrimonio compuesto por Fernando Brarda y Hemilse Pérez, junto a su pequeño hijo Federico de meses de edad. El grupo que realiza dicho operativo, se encontraba disfrazado con gorros, pelucas y máscaras, y de modo de asegurar la clandestinidad del mismo cortan el suministro de energía eléctrica; golpeando e interrogando a Brarda respecto del lugar donde se encontraban las armas, separándolo del resto de su familia.
Madre e hijo son dejados en la vivienda, mientras que Brarda es privado ilegalmente de la libertad, aún vestido con ropas de cama, es tabicado y como era costumbre en estos casos, se le ataron sus manos con alambre.
Dicho grupo operativo y llevando a víctima por la fuerza se traslada a la fábrica que Brarda poseía en Gálvez 2140. Al arribar a la misma, le quitan la venda de los ojos, pudiendo observar que habían cortado las calles ""con vehículos que le parecieron que eran del Ejército" , en dicha lugar le quitan las llaves e ingresan a la fabrica, dejándolo afuera, todo el lugar fue registrado, revuelto y al no encontrar las supuestas armas buscadas destrozan todo aquello que se encuentra a su paso.
Cuando salen de la Fábrica es introducido en la parte de atrás del auto tirado en el piso, lo tapan con una lona, conducen 15 minutos, y aún vendado logra visualizar luces amarillas de la Avenida Córdoba que conduce al Barrio Fisherton.
Fernando Brarda es liberado el día 11 de agosto de 1976, luego de permanecer secuestrado, sometido a un régimen inhumano de vida e interrogado bajo tormentos en el centro clandestino de detención ‘Quinta Operacional de Fisherton’.
Durante la madrugada entre las 2 y las 3 se realiza un operativo en el domicilio de calle España 1080 8º piso departamento "B" donde vivía el matrimonio compuesto por Daniel Emilio Garrera y Liliana Baños junto a su hijito Nicolás de 8 meses de edad. Garrera continúa hasta hoy desaparecido.
En la madrugada del 6 de agosto de 1976, en el domicilio de calle Buenos Aires 3318 departamento "B" se llevan a Mirta del Luján Rodríguez, cuyo cuerpo fue identificado por sus huellas dactilares a orillas del Río Paraná en la ciudad de San Pedro. En la misma fecha su novio Reinaldo Hernández fue buscado en su domilcio de calle Esmeralda 2368 (Rosario) y finalmente secuestrados en su lugar de trabajo en el Banco Provincial de Santa Fe del cruce de las calles San Martín y Santa Fe de Rosario.
En la misma fecha fueron secuestrados Liliana Girardi y Julio Curtolo. Operativo en calle Pago de los Arroyos al 6566 (Rosario) ambos desaparecidos.
María Teresa Vidal fue secuestrada en la madrugada del día 6 de agosto de 1976 del Hotel Italia de calle Maipú 1052 de Rosario donde vivía con su tía abuela, Sara Martínez Bayo, y su hermana, Claudia Sara Vidal. El grupo ingresó al Hotel vestido con ropa militar, se llevaron entre otras cosas, una cartera de la tía abuela con efectos personales de gran valor y una guitarra. Según se desprende de la declaración testimonial de Fernando Brarda, María Teresa, permaneció privada ilegalmente de la libertad en el mismo centro clandestino de detención en el que permaneció hasta el 11 de agosto de 1976. Hasta el día de la fecha María Teresa Vidal continúa desaparecida.

* Sábado 7 de Agosto de 1976
Se produce el secuestro de: María Teresa Latino en un operativo en calle Salta 2029, 5? piso, departamento "D" de Rosario).
En la misma fecha secuestran a Alejandro Ramón Pastorini en calle Presidente Roca 187, piso 1, departamento "D".

* Domingo 8 de Agosto de 1976
Cerca de las 22hs. se realiza un operativo en el domicilio de Servando Bayo n?573 de Rosario, en donde vivía el matrimonio compuesto por Herminia Inchaurraga y José Rolando Maciel, junto a sus dos pequeños hijos, Pablo de 6 años y Patricia de 4 años.
Precedidos por la clandestinidad y la violencia típica de los hechos relatados, un grupo de personas se presentó en el domicilio llevándose al matrimonio y dejando a los niños solos, procediendo asimismo a robar todos los objetos de valor y destrozar parte del mobiliario de la casa.
Pablo y su hermana Patricia, permanecieron varias horas encerrados en el domicilio, animándose recién al día siguiente a salir y a avisar a los vecinos lo que había sucedido, los vecinos se comunicaron con los abuelos maternos quienes fueron a buscarlos.

* Lunes 9 de Agosto de 1976 en un Operativo en Calle Pasco 1837, 1er. Piso de Rosario se produce el secuestro y posterior homicidio de Elena Cristina Marquez y Dante Rubén Vidali

* Martes 10 de Agosto de 1976
Se produce el secuestro de Isabel Carlucci embarazada de seis meses en su lugar de trabajo avenida San Lorenzo y Paraná de Capitán Bermudez, mientras en Valparaíso 2017 de Rosario se produce el homicidio de Víctor Hugo Fina.
Operativo en la calle Paraguay 1572, 1r. piso, Rosario. Se produce el secuestro de María Teresa Serra.

Lunes 16 de Agosto de 1076 en la Calle Esteban de Luca 2647 secuestran a Juan Carlos Lieby y en la misma calle pero en el 2408 secuestran a Elvio Ignacio Castañeda.

El Martes 17 de Agosto de 1976 se lleva adelante el Operativo ‘Parque Independencia’)

El Martes 17 de Agosto de 1976, aproximadamente a las 020 hs., varios "masculinos" fuertemente armados, vestidos con uniformes de fajina color verde oliva, que descienden de un automóvil Ford Falcón , previo amenazar de muerte al conductor de un auto Renault 12 color bordo, proceden a sustraerlo. Automóvil este último que la "patota" utiliza para llevar adelante el enfrentamiento fraguado donde dieron muerte a: Herminia Nilda Inchaurraga de Maciel, José Rolando Maciel, Dante Rubén Vidali Almagro y Elena Cristina Marques de Vidali, cuyos cadáveres fueron encontrados en el Parque Independencia según se informó el comandante del II Cuerpo de Ejército, en los matutinos locales.
El trabajo de investigación señala tambié otros hechos que confirman el plan de acción contra los militantes PRT ERP.
Ha quedado claro que particularmente, en agosto de 1976 y sus meses previo y posteriores, entre el 24 de marzo y mediados de diciembre de 1976, el plan operativo estuvo destinado, especialmente a privar ilegalmente de la libertad, hacer desaparecer y asesinar a militantes del PRT ERP
Esta afirmación no es antojadiza. En la conocida Directiva Secreta N?: 504/77 del Comandante en Jefe del Ejército continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78) se puede leer en el punto 2. SITUACIÓN, a) Nacional, sub. 2) "" Se ha logrado reducir sensiblemente el accionar del oponente"" y ANEXO I, Inteligencia: ""La situación de las bandas de delincuentes subversivos marxistas (BDSM) " especial referencia al PRT ERP sufrió una variación muy importante durante el transcurso de 1976"" a ello debemos agregar que la DS 504 expone con claridad que durante el año 1976 se dedicaron con esmero a terminar de "aniquilar " a los militantes del PRT ERP, debilitados por : "" el rotundo fracaso de Monte Chingolo de 23 Dic. 75," la muerte de Santucho, el aniquilamiento del Comité Central, la perdida de importantes infraestructura, " y la considerable mengua de efectivos y medios""
La DS 504/77 no agota con lo expuesto, sus referencias al accionar desplegado por los golpistas contra los integrantes de la organización PRT ERP desde mediados de 1975 a fines de 1976, en otra parte de dicha directiva se puede leer la evolución que se hace sobre lo que ellos llamaban la BDSM (PRT ERP) que para octubre de 1976 la consideraban, según los gráficos que obran como suplemento 4 y 5 de la situación de la mencionada organización, en particular en la ciudad de Rosario.
El ensañamiento con los militantes del ERP ya había sido anunciado por Acdel Vilas, cuando en el año 1975, haciendo referencia a lo que se conoció como "Operativo Independencia" dijo : "" De todo lo actuado pude concluir que no tenía sentido combatir a la subversión con un Código de Procedimientos en lo Criminal" Decidí prescindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte contra los abogados y jueces cómplices con la subversión (") Fue entonces cuando di órdenes expresas de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los inofensivos, vale decir, aquellos que carecían de identidad dentro de los cuadros del enemigo".
Dichos que confirman que aquellos secuestrados ilegales, que según Acdel Vilas no eran inofensivos, que tenían identidad militante, que no fueron ingresados en el sistema judicial, fueron asesinados "aniquilados" por quienes en cada cuerpo de ejército fueron los ejecutores del plan criminal implantado por las Fuerzas Armadas.
Es en este marco en el que se ejecutaron todos los hechos cuya investigación unificada solicita la fiscalía federal que conduce Colalongo , " para hacerle honor al principio de verdad real " fin del proceso penal el que además resulta indispensable para garantizar el derecho a la verdad consagrado como derecho humanos, a las víctimas y familiares de hechos de abuso de poder".
En síntesis: todos los hechos llevaron adelante los "operativos" el Ejército Argentino " Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Area 211, Destacamento de Inteligencia 121, con la participación de integrantes de la Policía Federal.
Todos las victimas eran militantes o tenían conocimiento de algún militantes del PRT ERP. Todos los procedimientos ilegales se realizaron de manera consecutiva, inclusive como ocurrió el 6 de agosto de 1976 ( cinco operativos en el mismo día) coincidiendo en todos los casos el "modus operandi" en el accionar de los ejecutores. Para la fiscalía deben ser imputados por estos delitos "los responsables del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército y del Centro de Operaciones Tácticas (COT). Particular atención debe prestarse al acción desplegado por los autores respecto de los menores abandonados, tras tomar cautivos a sus progenitores y la ausencia de información sobre los que pudieron dar a luz: Isabel Ángela Carlucci, Liliana Beatriz Girardi, María Laura González de Machado y Cecilia Beatriz Barral.
13 de marzo de 2011
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