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amenazan a fiscal argentino


Amenazas a fiscal argentino se suman a caso de testigo desaparecido.
Buenos Aires, Argentina. Un fiscal argentino denunció el jueves haber recibido una carta intimidatoria, que se sumó a una ola de amenazas a jueces que investigan crímenes de la última dictadura (1976-83), a 11 días de desaparecer un testigo clave en la condena a perpetua de un ex jefe policial.
El fiscal Jorge Auat de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco (nordeste), recibió una carta con amenazas, remitida por un supuesto ‘Encuentro internacional de víctimas del terrorismo, Barcelona', reveló el funcionario en declaraciones radiales.
En la carta anónima enviada desde Buenos Aires, se advierte que "no nos dejemos presionar por el gobierno y que nos ajustemos al derecho, o de lo contrario vamos a rendir cuentas ante un tribunal imparcial", relató el fiscal.
La misiva intimidatoria se suma a una carta con amenazas de muerte recibida el miércoles por el juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que juzgó y condenó la semana pasada a prisión perpetua al ex jefe policial Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad.
Cartas del mismo tenor llegaron a los despachos del juez Reynaldo Rodríguez, de la provincia de Santa Fe (centro-este), quien ya había recibido en 2005 un pequeño féretro amenazante, y de los fiscales Eduardo Ferrer, de Tucumán (norte), y Eduardo Taiano y Miguel Angel Osorio, de Buenos Aires (centro-este).
Todos los funcionarios judiciales amenazados llevan adelante algunas de las causas por violaciones a los derechos humanos en distintos puntos del país.
Bajo el título "la verdadera justicia llegará", las misivas anónimas apuntan contra el presidente Néstor Kirchner, a quien acusan de estar acompañado por una "verdadera banda de viejos y experimentados delincuentes, otrora terroristas del fracasado camino de las armas y hoy terroristas del camino político", según párrafos reproducidos por el diario El Litoral de Santa Fe.
Desde su asunción en 2003, Kirchner reivindicó a la militancia política de los años 70 e impulsó la anulación de las leyes de amnistía, lo que permitió la reanudación de un millar de causas por crímenes del terrorismo de Estado.
"Aquí hay una campaña orquestada por sectores que aún quedan moviéndose en las sombras, que están queriendo apuntar al corazón de las causas, que son los jueces, los fiscales y los testigos", advirtió el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Domingo Pochettino.
Las amenazas coinciden con la creciente tensión y angustia que provoca la desaparición hace 11 días de Julio Jorge López, un albañil de 77 años, cuyo testimonio resultó clave para la condena de Etchecolatz y se teme fue secuestrado con el objetivo de amedrentar a testigos de otras causas.
María Ester Biscayart de Tello, madre de tres hijos que integran la lista de 15 franceses desaparecidos en la dictadura argentina, admitió en París, donde vive, que tiene "mucho miedo" pero que viajará para declarar en dos causas en la que es querellante.
En cambio, el fiscal Auat reconoció que al menos dos de los testigos desistieron en las últimas horas de prestar su testimonio en la causa de Chaco.
"El pasado no está ni derrotado ni vencido", advirtió Kirchner el miércoles en alusión a los represores, mientras miles de personas marchaban a Plaza de Mayo en reclamo de la "aparición con vida" de Julio López, quien es buscado intensamente en todo el país.
López fue visto por última vez por su familiares en su casa en la ciudad de La Plata (60 km al sur) la noche del domingo 17, horas antes de salir hacia la sala de audiencias para escuchar los alegatos en el juicio contra Miguel Etchecolatz, condenado a cárcel de por vida, en un dictamen histórico que subraya por primera vez la existencia de un genocidio.
"Conseguimos un fallo histórico, ellos saben que ahora lo que se puede conseguir a nivel judicial es mucho más de lo que se consiguió hasta acá", insistió el jueves Nilda Eloy, sobreviviente y querellante contra Etchecolatz.
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas durante la última dictadura.

28 de septiembre de 2006
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bolivia quiere salir al mar


[Simón Romero] Volver al Pacífico es una prioridad para Bolivia.
La Paz, Bolivia. Desde su despacho en el ático de un edificio de nueve pisos fuertemente custodiado aquí, donde los arquitectos diseñaron las atalayas para que parecieran pequeños faros, el vice-almirante José Alba Arnez dirige una fuerza militar de más de cinco mil marinos, cadetes y oficiales.
Su sala de espera tiene pinturas al óleo mostrando buques de guerra en aguas agitadas, el timón de un viejo barco de madera hecho por John Hastie & Company, de Escocia, y camareros con pajaritas que sirven té de coca en porcelana fina.
Todo lo que le falta al almirante Alba, el comandante general de la armada boliviana, es el mar.
"Estamos en esta desdichada situación desde fines del siglo 19", dijo en una entrevista, apuntado a un mapa de 1859 en la pared que muestra a Bolivia con casi dos veces más de su actual territorio y una franja de la costa del Pacífico.
Los mapas de hoy muestran esa costa como parte de Chile, gracias al conflicto de 1879 conocido como la Guerra del Pacífico, o la Guerra del Salitre, que ayudó a cimentar a Chile como una potencia regional, y, dicen aquí algunos, puso a Bolivia en el camino de convertirse en el país más pobre de América del Sur.
En una iniciativa diplomática que combina la nostalgia con una astuta política nacionalista, el presidente Evo Morales ha empezado a cabildear para recuperar una pequeña parte de esa costa para Bolivia. La marina, que patrulla los ríos y las aguas del Lago Titicaca de Bolivia, se encuentra en medio de esta búsqueda.
Este mes, Morales ocupó el centro del escenario en la cumbre de los países del Movimiento de No-Alineados en La Habana, donde presidió una reunión paralela de una organización de 31 miembros llamada el Grupo de Países Mediterráneos en Vías de Desarrollo. Entre los miembros se encuentran países como Bhutan, Burkina Faso y Moldova.
"Esperamos que en el futuro cercano podamos salir de este grupo", dijo Morales a los delegados en La Habana.
A pesar de la histórica intransigencia de Chile a ceder así sea una pulgada de su territorio a Bolivia, esos comentarios suenan bien en Bolivia, donde los libros de texto describen la guerra de 1879 como una usurpación territorial y donde en mayo de cada año la nación conmemora un Día del Mar.
Entretanto, los oficiales de la marina sueñan con por un corredor hacia el Pacífico.
"No queremos que nos devuelvan todo", dice el almirante Alba, con su uniforme de gala. "Todo lo que queremos es un tramo de diez kilómetros que podamos llamar nuestro".
La marina actual, aunque bien establecida en la sociedad, es una creación relativamente reciente. En 1963, en un arranque de nacionalismo, el presidente Víctor Paz Estenssoro decretó su retorno a la vida.
A través de programas de intercambio se envió a oficiales militares a escuelas navales de Argentina, Brasil y Estados Unidos, institucionalizando el anhelo de Bolivia de acceder al mar.
Ahora las patrullas de la marina custodian los ríos del Amazonas, colaboran en campañas para limitar el contrabando y distribuyen medicinas a comunidades remotas. Una unidad de elite formada para combatir el tráfico de drogas, los Diablos Azules, opera cerca de la frontera con Brasil.
La avanzada que es el orgullo de la marina se encuentra en las riberas sureñas del Lago Titicaca, a más de tres kilómetros sobre el nivel del mar.
Un monumento cerca de la entrada a la Base Naval Titicaca muestra a un soldado boliviano hundiendo su bayoneta en la garganta de un soldado chileno junto al texto: "El mar fue nuestro y volverá a serlo".
El comandante de la base, el capitán Carlos Vallejo Crespo, dijo en una entrevista que el propósito de la base naval es "ejercer soberanía".
Escogiendo cuidadosamente sus palabras, el capitán Vallejo dijo que Bolivia no era "mediterránea", sino, en realidad, que estaba "enclaustrada".
En un recorrido de la base, que estaba llena de los azules uniformes y gorras blancas de la marina, apuntó hacia una flotilla que incluía dos patrulleras donadas por China y un buque hospital para trasladar a pediatras, ginecólogos y dentistas del gobierno a aldeas remotas en el lago.
Reclutas que observaban, en su mayoría indios aimara, emergen tiritando después de nadar en el lago donde el agua tiene una temperatura de ocho grados Celsius como parte de un agotador curso de buceo a grandes alturas, explicó. "Nosotros nos aseguramos de que todos nuestros marinos aprendan a bucear". Aunque rechazan toda participación en política, los oficiales navales siguen estrechamente todo murmullo en los esfuerzos de Bolivia por recuperar el acceso al Pacífico, un tema espinudo que ha ganado en importancia en los últimos años.
En 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ya impopular por ceder a presiones de Estados Unidos para erradicar la coca, propuso planes para exportar el gas natural boliviano a Norteamérica a través de Chile. Las protestas lo obligaron a huir del país.
Morales, que fue elegido a fines del año pasado con un programa de protección del cultivo de coca para sus usos tradicionales, ha reafirmado su respaldo a la política de "gas por mar". Eso condiciona el posible suministro de gas boliviano a Chile o su exportación a través de puertos chilenos, a la obtención de un acceso al mar.
Pero Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 1978. Morales ha acudido a la Organización de Estados Americanos para que lo ayude a buscar una solución, pero recibió una tibia respuesta, a pesar de que su aliado, el presidente Hugo Chávez de Veneuzela, ha dicho que soñaba con nadar en una playa boliviana.
Algunos diputados chilenos y Jorge Arancibia, el ex comandante en jefe de marina chilena, han respaldado la búsqueda de una solución con Bolivia, pero las encuestas muestran que la mayoría de los chilenos se opone a un acuerdo.
Sin embargo, Morales dijo hace poco a los participantes que llegaron para la conmemoración del 43 aniversario de la reforma de la marina que deberían estar preparados para "volver en cualquier momento al Océano Pacífico".
Aunque Morales sigue siendo popular aquí, huelgas y bloqueos de las carreteras por grupos descontentos con el ritmo de las reformas oficiales, se han hecho más comunes.
Esos disturbios, sin embargo, no parece afectar las opiniones en el Museo de la Costa, una colección de viejos mapas, correspondencia de tiempos de guerra y libros de marólogos, sobre las consecuencias de la Guerra del Pacífico, que se libró por el control de los depósitos de nitrato bajo la forma de guano y salitre.
"Esto gira sobre parte de nosotros", dice Mauricia Yapura, que ha sido guarda del museo en los últimos diez años. "La parte que Chile nos quitó".

23 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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vigilantes asesinos en centroamérica


[Noé Leiva] Aparecen grupos de ‘limpieza social' contra pandilleros. ONGés en Guatemala, Honduras y El Salvador levantan la voz contra los grupos que se dedican a exterminar pandilleros, algunos incluso con colaboración de policías.
Tegucigalpa, Guatemala. La aparición de grupos de ‘limpieza social' en Guatemala, Honduras y El Salvador, que ejecutan a presuntos pandilleros y delincuentes, ha encendido las alarmas de los grupos de derechos humanos.
En la región centroamericana «operan grupos de exterminio para matar a los jóvenes», y si bien «no identificamos en estos escuadrones de la muerte a policías o militares, hay quienes dicen que sí participan», opina el director de la oenegé Casa Alianza para Honduras, Manuel Capellín.
Casa Alianza señala que en Honduras han sido ejecutados 3.300 menores de 23 años desde 1998. Pero aclara que los asesinatos se dan no sólo por los grupos de exterminio sino por parientes de víctimas, autoridades y por la encarnizada lucha que protagonizan las pandillas Mara 18 (M-18) y Mara Salvatrucha (MS-13) que en Honduras podrían tener hasta 100.000 miembros. «En este gobierno (de manuel Zelaya, que asumió el 27 de enero) ya llevamos 320 asesinatos, es decir, un promedio de 40 por mes y en de Ricardo Maduro (2002-2006) murieron 1.974 jóvenes, 42 por mes», detalló Capellín. Según éste, algunos de los crímenes son cometidos por grupos de exterminio por el patrón que utilizan: «Aparecen los cadáveres de dos o tres jóvenes ejecutados, amarrados de manos, y con el tiro de gracia en la cabeza». El alcalde de la ciudad salvadoreña de San Miguel, Wilfredo Salgado, denunció la existencia de al menos dos grupos de exterminio -la sombra negra y Comando Maximiliano Hernández Martínez-, que exigen a pandillas y bandas de delincuentes que ‘abandonen' esa localidad so pena de eliminarles.
Aunque no hay constancia de la participación de policías en los grupos, muchos opinan que la hay. La jefa de Asuntos internos de la Policía Preventiva salvadoreña, María Borjas, fue cesada en enero del 2003 por protestar por el despido, por los superiores, de sus asistentes que investigaban escuadrones de la muerte de la policía. «Es una política de Estado más fácil que establecer programas de rehabilitación», subraya. En Guatemala, el defensor de derechos humanos, Miguel ángel Albizures, opina que en au país «hay elementos del Estado integrados en esa misión».

15 de septiembre de 2006
©diario de león
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tres notas colombianas


1. Militares implicados en atentado. 2. FARC proponen legalización de la cocaína. 3. Asesinan a mujer de cabecilla de extrema derecha.
Bogotá, Colombia. Uribe consternado por denuncias de militares implicados en atentado. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se mostró este sábado "consternado" por las denuncias de que dos oficiales del Ejército estarían implicados en un atentado con bomba, y anunció que el domingo entregará un primer informe sobre el avance de las investigaciones.
"Debo expresarle a todos los compatriotas la consternación que embarga al gobierno, y a mí particularmente, por las denuncias sobre supuesta participación de integrantes del ejército en atentados fallidos en Bogotá", dijo Uribe al intervenir en un consejo comunitario en la ciudad de Medellín.
El mandatario señaló que un consejo de seguridad convocado el viernes continuará deliberando este sábado, y el domingo en la noche hará una alocución para informar a la opinión pública sobre la marcha de las pesquisas que, sostuvo, aún no permiten incriminar a los militares.
"Hoy seguiremos las deliberaciones con el consejo de seguridad, lo mismo el domingo. Aspiro a tener alguna claridad mañana, así no sea total, porque imagino que la fiscalía tendrá las demoras correspondientes a sus procesos, y procuraría en la noche hacer una alocución para contarle a mis compatriotas qué hemos podido avanzar en este proceso", indicó.
El ministerio de Defensa reveló el jueves que dos oficiales del Ejército estarían implicados en un atentado con bomba el 31 de julio en Bogotá -que dejó un civil muerto y diez soldados heridos-, y en el supuesto decomiso de explosivos, como parte de un montaje para mostrar resultados positivos a sus superiores y cobrar recompensas.
Esas acciones fueron presentadas en su momento como un plan de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) para sabotear la posesión de Uribe, el pasado 7 de agosto.
Uribe citó al fiscal general, Mario Iguarán, para señalar que el organismo investigador "no tiene aún las pruebas para hacerle imputaciones" a los oficiales, cuyo rango no ha sido precisado.
"A mí se me acusa de ser el presidente que ha llamado a calificar servicios (retirar) a la mayor cantidad de generales, pero en estas circunstancias, cuando no hay claridad, hay que proceder con prudencia. El presidente tiene que esperar para cumplir con su responsabilidad", anotó.
"Por lo pronto, quiero pedir confianza en la fuerza pública. Cualquier individuo que cometa un crimen no puede comprometer a una institución que todos los días ha venido demostrando creciente mejoría en favor de la seguridad", precisó el mandatario.

9 de septiembre de 2006
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farc propone legalizar cocaína


Guerrilla colombiana de las FARC niega vínculos con narcotráfico.
Bogotá, Colombia. La guerrilla de las FARC negó que esté vinculada a actividades de narcotráfico, tal como denuncian los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, e insistió que ese negocio sólo llegará a su fin si se legaliza el comercio de drogas, según un comunicado difundido este sábado.
"Las FARC no siembran, ni tienen cultivos, ni procesan, ni transportan ni mucho menos comercializan ninguna clase de narcóticos ni productos psicotrópicos", aseguró el secretariado (mando central) del grupo rebelde en el mensaje difundido en internet por la agencia Anncol.
Los insurgentes también señalaron su convicción de que "la batalla contra el cáncer del narcotráfico sólo se ganará definitivamente si se diseña una estrategia mundial que incluya la legalización de las drogas, porque acabaría de un tajo con las ganancias fabulosas que genera".
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) se refirieron en particular a la Serranía de la Macarena, una reserva natural del centro-este del país donde hay sembradas cientos de hectáreas de hoja de coca, cuya producción, según las autoridades, la guerrilla compra a campesinos.
El gobierno ordenó en enero erradicar manualmente unas 4.500 hectáreas del arbusto en el parque natural, contratando para ello a civiles, pero en agosto dispuso la fumigación con herbicidas argumentando las continuas acciones armadas de los rebeldes contra los trabajadores y la fuerza pública.
"En la Serranía de la Macarena, como en todo el país, lo que existe es una confrontación militar permanente entre la fuerza pública y las FARC, en la que policía y ejército utilizan como carne de cañón y escudo a la población civil", sostuvieron las FARC.
El grupo recordó igualmente que su propuesta de realizar un proyecto piloto de sustitución de narcocultivos en una zona bajo su control, fue desechada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana durante el frustrado proceso de paz celebrado entre 1999 y 2002.
Con la tesis de que el narcotráfico es la principal fuente de financiación de la guerrilla colombiana, Bogotá y Washington ejecutan desde el año 2000 el Plan Colombia, al que la Casa Blanca ha aportado unos 4.000 millones de o dólares.
La estrategia ha sido blanco permanente de críticas respecto a su efectividad para reducir la producción y envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

9 de septiembre de 2006
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matan a mujeres de paramilitares


Asesinan a 4 vinculados con presuntos homicidas de jefe paramilitar.
Bogotá, Colombia. Cuatro personas cercanas a dos ex paramilitares acusados del homicidio del fundador de los grupos de ultraderecha, Carlos Castaño, fueron asesinadas en una localidad del sureste de Colombia al parecer en represalia por dicho crimen, informaron este sábado las autoridades.
La incursión, en la que murieron dos escoltas y dos mujeres -al parecer compañeras sentimentales de los ex combatientes-, ocurrió el miércoles en la vivienda rural de Ever Velosa, alias ‘HH', uno de los sospechosos del asesinato de Castaño, en abril de 2004.
El otro ex paramilitar y presunto asesino fue identificado como Miguel Angel Serrano ('Megateo'), ex integrante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del que Velosa fue uno de sus jefes.
Según la policía, tres hombres con fusiles irrumpieron en la vivienda en el municipio de Guamal y, al no encontrar a Velosa, abrieron fuego contra varias personas que se hallaban en el predio.
En el lugar murieron dos escoltas de ‘HH' y una mujer, mientras que la otra falleció en un hospital de Villavicencio, capital del departamento de Meta.
Fuentes de la policía judicial (Dijin) aseguraron a la prensa que los homicidios están relacionados con las informaciones conocidas en los últimos días sobre el crimen de Castaño, confirmado el pasado lunes tras identificar sus restos, y que según la fiscalía habría sido ordenado por su hermano, Vicente Castaño.
La fiscalía basa su acusación en el testimonio de José Ignacio Roldán ('Monoloche'), un ex paramilitar que se entregó a las autoridades y confesó el hecho.
Vicente Castaño está fugitivo desde el 16 de agosto cuando el presidente Alvaro Uribe ordenó la captura de los principales jefes paramilitares para que se presentaran ante la justicia, en cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno en el marco del proceso de paz con las AUC.
Esos acuerdos han permitido la desmovilización de unos 31.000 combatientes, según cifras oficiales.

9 de septiembre de 2006
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caracas expropia cancha de golf


[Chris Kraul] Gobierno de Chávez comprometido en amplio plan de reforma agraria y a la propiedad.
Caracas, Venezuela. Colgado en una verde y arbolada colina al sur de la ciudad, el exclusivo Club de Golf Valle Arriba ha ofrecido a sus miembros, durante largo tiempo, una impresionante vista y un agradable escape de la congestión y cacofonía urbanas.
Ahora, un incondicional aliado del presidente Hugo Chávez, lo ha reclamado para la ciudad.
El alcalde de Caracas, Juan Barreto, anunció el martes pasado que el gobierno municipal proyecta expropiar dos clubes de campo de la elite, el Valle Arriba y el Club de Campo de Caracas, y remodelarlos como proyectos de vivienda social.
Las proyectadas expropiaciones fueron justificadas como parte de la política federal de Chávez de redistribuir terrenos privados entre los pobres. Las expropiaciones, que incluyen tierras agrícolas y edificios de apartamentos, están causando irritaciones en la escena política y social aquí justo en momentos en que despega la campaña presidencial.
El vice-presidente José Vicente Rangel dijo el miércoles que el gobierno de Chávez "no comparte la decisión". Pero la propuesta, que ha sido recurrida por los terratenientes, ha llamado la atención sobre el acelerado ciclo de expropiaciones del gobierno, así como sobre las ocupaciones ilegales que han arrojado al caos la ley de tenencia de tierras en Venezuela.
Respaldado por una ley aprobada en 2003, el gobierno de Chávez se ha fijado la meta de un millón 600 mil hectáreas de tierras agrícolas que serán expropiadas y redistribuidas este año entre cooperativas de campesinos pobres. Las medidas son parte de un programa social más amplio para sacar a los campesinos pobres de las ciudades y reubicarlos en pequeñas granjas.
En Caracas, los funcionarios de Barreto dicen que la expropiación ha sido provocada por la escasez de viviendas y son permisibles según la ley agraria de Chávez, que dio al gobierno extensos poderes para expropiar tierras que sean consideradas ociosas, mal usadas, adquiridas ilegalmente o que no contribuyan a ‘objetivos sociales'.
La ley, una de las más amplias del hemisferio, permite al gobierno una amplia discreción en la aplicación de esos criterios. En un discurso la semana pasada, Barreto se refirió a los vecinos que viven en torno a los clubes de campo como "podridos".
Los opositores de Chávez ven las expropiaciones de los clubes como una descarada movida táctica para fortalecer la campaña de Chávez entre los pobres antes de las elecciones de diciembre. El presidente ha cosechado puntos políticos vilipendiando a las clases altas y acusándolas de haber montado una paralizante huelga general y un golpe de estado frustrado antes en su gobierno.
Empresarios y miembros de los clubes reaccionaron con indignación al anuncio de expropiación del miércoles.
Óscar Mendoza, miembro del club de campo y prominente banquero, dijo que las confiscaciones equivalen a una apropiación ilegal de propiedad privada.
La Cámara de la Construcción de Venezuela declaró que la construcción de vivienda sociales en el sitio del club no tiene demasiado sentido.
El presidente de la directiva del Club de Campo de Caracas, Fernando Zozaya, dijo que la dirección del club no había sido informada de ninguna expropiación. Pero colocando viviendas sociales en los terrenos del club, que describió como un "pulmón de la ciudad", sería un "desastre ecológico de imprevisibles consecuencias", dijo.

El anuncio se produce en momentos en que se han intensificado las amplias políticas de reformas de Chávez a la propiedad. Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de Tierras, dijo que su agencia está a mitad de camino en su meta de redistribuir 1.6 millones de hectáreas entre los pobres de Venezuela.
Los intentos previos de reforma agraria no han sido exitosos, dijo. "De acuerdo al Banco Mundial, Brasil y Venezuela tienen la peor concentración de la tierra en manos de unos pocos... Aquí existe una profunda desigualdad social".
Este mes, el gobierno empezó a repartir la hacienda La Vergarena en el estado de Bolívar al sur del país, una propiedad de 20 mil hectáreas de propiedad de una familia de banqueros que el gobierno dice que estaba siendo mal utilizada. Cerca de un diez por ciento de la hacienda ha sido entregada a grupos indígenas que plantarán cosechas mientras preservan los bosques.
En el estado de Yaracuy, sesenta haciendas y plantaciones de azúcar han sido designadas para ser expropiadas.
Pero la revolución social que quiere Chávez está teniendo violentas repercusiones. Más de cincuenta campesinos que han ocupado tierras privadas han sido asesinados desde que el presidente asumiera el poder.
En julio, el líder campesino de Yaracuy, Braulio Álvarez, que es también un diputado federal, escapó apenas de la muerte cuando un grupo de atacantes le disparó a la cabeza cuando salía de una reunión a altas horas de la noche. Fue el tercer atentado contra su vida.
Álvarez declaró que los asesinos eran sicarios pagados por los terratenientes que se oponen al plan de redistribución de Chávez.
"Hay muchos camaleones que dicen que apoyan al presidente, pero que no han cambiado ni sus almas ni su modo de pensar", dijo Álvarez.
Chávez está bajo presión para que cumpla sus promesas de dar viviendas a los venezolanos sin casa o que viven en viviendas deficientes. El gobierno estima que el ‘déficit' de viviendas llega a unos dos millones de unidades. Los inquilinos de unos mil edificios de apartamentos de Caracas han sido formalmente inscritos en la expropiación oficial de sus viviendas, con lo que se transformarán en propietarios instantáneamente.
Pero otros inquilinos han ocupado terrenos en otras partes, incluso si no son seguros, obligando a las autoridades a refrenar las apropiaciones de tierras.
El lunes la policía expulsó a cincuenta okupas de un edificio de apartamentos en el centro de Caracas que habían estado ocupando durante los últimos tres años.
En la capital y en otras ciudades venezolanas, el temor a las ocupaciones ha prácticamente paralizado la construcción de nuevos edificios de apartamentos, creando una aguda escasez de unidades y haciendo subir los alquileres.
Loyo y otros personeros de Chávez insisten en que los propietarios reciben compensación por el valor de sus propiedades, pero estos se quejan de que no son bien pagados.
En el campo, el gobierno ha empezado a distribuir la tierra de las haciendas azucareras y haciendas ganaderas, diciendo que esa tierras serán mejor usadas por los campesinos, dijo Laura Lorenzo, secretaria de Tierras y Seguridad Alimentaria en el gobierno de Yaracuy.
Sacar a los campesinos de ciudades congestionadas para que vuelvan al campo ha sido un objetivo de Chávez desde que asumiera el poder en 1999, y Loyo cree que la distribución de la tierra, acompañada de financiamiento y maquinarias adecuadas, alcanzará ese objetivo.
Pero el historiador y columnista Manuel Caballero, cree que las posibilidades de un éxodo reverso son escasas. Una vez que han visto la ciudad, los campesinos pobres no vuelven nunca al campo en cantidades significativas, dijo.
"En lugar de tratar de seducir a los campesinos para que vuelvan al campo, Chávez les haría un mejor servicio mejorando sus condiciones de vida en la ciudad", dijo Caballero.

Mery Mogollon en Caracas contribuyó a este reportaje.

31de agosto de 2006
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¿hezbolá en paraguay?


[Monte Reel] Región trifronteriza es considerada como un centro de ayuda a grupos radicales.
Ciudad del Este, Paraguay. Durante años, esta región donde convergen las fronteras de Paraguay, Brasil y Argentina- ha sido considerada un caldo de cultivo de los productos secundarios más indecorosos de la globalización. Gran parte del comercio que cruza esas fronteras, dicen los funcionarios, es ilegal. La región abunda en artículos de contrabando y dinero blanqueado.
Ahora funcionarios estadounidenses están lanzando una serie de nuevas medidas dirigidas a detectar a bandas de lavado de dinero que se cree que están financiando a Hezbolá y otros grupos radicales.
"Tengo la absoluta certeza de que es el caso", dijo Daniel Glaser, subsecretario de Hacienda para financiamiento y otros delitos financieros terroristas. "Creemos que tenemos pruebas".
Los intentos del gobierno estadounidense para capturar grupos de lavado de dinero asociados al terrorismo depende en gran parte del trabajo de funcionarios locales. Pero un suceso con el que se tropezó en la oscuridad la semana pasada fue una muestra de los retos que deben enfrentar funcionarios norteamericanos y locales.
En un puente que conecta a Brasil con Paraguay, funcionarios aduaneros paraguayos estaban trabajando en la oscuridad, usando linternas para controlar los pasaportes de sólo una pequeña fracción de los viajeros que cruzaban la frontera, quizás unos veinte conductores, de acuerdo a un conteo informal.
Al mismo tiempo, a pocos metros río arriba, dos pequeñas lanchas se deslizaban por el agua. Las lanchas transportaban casi 640 kilos de marihuana, empaquetados como ladrillos envueltos en cinta de embalaje y metidos en cajas de cartón. La única razón por la que la agente federal paraguaya María Adelaida Vásquez se enteró del transporte de marihuana fue que dos agentes del despacho de la fiscalía federal se encontraban de casualidad en la cercanía de donde habían desembarcado las lanchas.
"No estamos preparados para librar una guerra contra este tipo de empresas", dijo Vásquez, que dijo que el blanqueo de dinero y otras transacciones financieras ilegales estaban cada vez más entrelazadas con el comercio en narcóticos. "Los criminales están a la vanguardia de la tecnología y nosotros ni siquiera tenemos acceso a internet en nuestras oficinas. Si tenemos celulares, es porque los hemos comprado con dinero de nuestros bolsillos".
Los veinte fiscales paraguayos de la región tiene dos camiones a su disposición. Vásquez pudo usar uno de ellos el otro día y pudo arrestar a ocho personas implicadas en el transporte de marihuana. Su captura fue pura suerte, dijo.
Funcionarios de Hacienda de Estados Unidos han realizado seminarios en la región para estimular la participación del sector bancario en los proyectos regionales contra el lavado de dinero. La oficina de inmigración del ministerio de Seguridad Interior envió la semana pasada un equipo a Argentina para implementar una ‘unidad de transparencia comercial' -un equipo que recogerá y analizará datos comerciales para detectar irregularidades que sugieran operaciones de lavado de dinero- y equipará una unidad similar en Paraguay en septiembre.
Entretanto, este año el ministerio de Relaciones Exteriores ayudó a redactar una ley más estricta contra el lavado de dinero que fue aprobada por el congreso argentino, según el asesor jurídico de la embajada norteamericana en Asunción. El año pasado Paraguay realizó cursos de adiestramiento para fiscales e investigadores a cargo de combatir posibles vínculos con el terrorismo, de acuerdo al ministerio de Justicia.
Glaser dijo que "lo que más nos preocupa" son los vínculos con Hezbolá y otros grupos radicales.
Funcionarios estadounidenses mencionan un caso de contrabando descubierto en Detroit en marzo en el que 19 personas fueron acusadas de operar una banda internacional que se dedicaba al contrabando de cigarrillos en Paraguay y Brasil. La acusación dice que los beneficios de la operación eran canalizados hacia Hezbolá.
Además, en 2004 funcionarios estadounidenses acusaron a un hombre de negocios que opera en Ciudad del Este de ser un terrorista, diciendo que era un financista de Hezbolá. El hombre, Assad Ahmad Barakat, gestionaba una importante firma de importaciones-exportaciones como fachada de células de Hezbolá, dijo el ministerio de Hacienda.
A pesar de esos cargos, los fiscales locales dijeron que el recabamiento de pruebas de esos casos sigue siendo extremadamente difícil debido a que no pueden acercarse a la extensa comunidad de inmigrantes árabes que viven en la zona trifronteriza, un grupo de unas 30 mil personas que los funcionarios norteamericanos creen que incluye a una minoría de comerciantes que están financiando a grupos implicados en actividades terroristas.
Ni la policía local ni los fiscales cuentan con intérpretes ni hablantes de árabe, dijeron funcionarios aquí, lo que alimenta un rico clima de sospechas, pero sin evidencias que las confirmen.
"Hablan en su propio idioma y no toleran a otros en su mundo", dijo Vásquez. "Sospechamos que están involucrados en el narcotráfico, pero es difícil saberlo en realidad porque están demasiado cerrados para nosotros".
Samir Jebai, un inmigrante libanés que es uno de los hombres de negocios más prominentes de la ciudad, dijo que la descripción no se ajusta a él.
Como presidente de una importante asociación comercial, tiene contactos en los más altos niveles del gobierno de Paraguay. Además, de acuerdo a un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso, su cuñado es uno de los arrestados como parte de la banda de Barakat.
Jebai dijo que hace algunos años, cuando decidió que era hora de ayudar a su país adoptivo, llamó al entonces ministro de Educación, Nicanor Duarte -ahora presidente de Paraguay- y le dijo que iba a construir escuelas para los pobres.
Jebai, que se dedica al negocio de relojes, dijo que había sido acusado falsamente de ser un terrorista en la prensa local, lo que considera es una acusación injuriosa que han hecho correr sus competidores. Dijo que la sospecha de lavado de dinero era exagerada, y ofreció una explicación alternativa de la transferencia de enormes sumas en efectivo: la evasión de impuestos.
Al ordenar un embarque de artículos por un valor de 200 mil dólares, dijo, un importador podría emitir una factura falsificada del embarque por un valor de 50 mil dólares para pagar menos aranceles. Entonces, cuando se paga al abastecedor, los investigadores descubrirían los 150 mil dólares restantes no declarados. Se trata de una práctica extendida hasta hace unos seis meses, dijo, antes de que los funcionarios empezaran con controles más detenidos de las facturas de los importadores.
"Antes, había un montón de dinero que se gastaba en funcionarios para poder eludir los impuestos", dijo Jebai, que también dijo que ha visto una masiva disminución en los últimos años en productos falsificados. "Los productos falsificados han desaparecido en un 99 por ciento. Quizás el 95 por ciento".
Un viaje a una de las dos bodegas donde los agentes guardan las tres a cuatro toneladas de artículos confiscados en los mercados todas las semanas, ofrece un corrección instantánea a ese punto de vista. Las cajas de cartón rebosan de CDés y DVDés pirateados, juegos para PlayStation, zapatos, muñecas Hello Kitty y relojes. El aire huele a tabaco, de los miles de cartones de Marlboro falsificados.
Para llegar al camión que lo esperaba en la bodega la semana pasada, el fiscal federal Jorge Moura tuvo que pasar por encima de un desorden de cajas rebosantes de CDés que bloqueaban el pasillo. En el camino afuera, divisó un Mercedes Benz, que le recordó a uno de los obstáculos más grandes en el camino de la actual represión de delitos comerciales aquí.
"Yo no puedo comprarme un Mercedes con mis ingresos, porque sólo gano 700 dólares al mes", dijo, asintiendo hacia el coche. "Pero aquí hay un montón de gente que sí puede. En todos los sectores. Tienen un montón de ingresos extra".

3 de agosto de 2006
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tirano muere fugitivo


[Diana Jean Schemo] Longevo dictador de Paraguay, diecisiete años tras su fuga del país.
El general Alfredo Stroessner, ex presidente de Paraguay cuyo control del poder durante 35 años lo convirtió en el dictador que más duró en América Latina durante la Guerra Fría, murió hoy en el exilio en Brasil. Tenía 93 años.
El general Stroessner contrajo neumonía después de una operación de hernia, informó la Associated Press. Vivía en Brasil desde 1989, adonde se había trasladado tras ser derrocado por el general Andrés Rodríguez, un pariente por matrimonio y su segundo al mando.
Formalmente el general Stroessner era un fugitivo de la justicia, buscado por tribunales paraguayos por cargos de homicidio. A pesar de un tratado de extradición entre Brasil y Paraguay, sin embargo, nunca hubo intenciones serias de llevar a justicia al general en su propio país, donde los miembros de su gabinete y otros de sus asociados continuaron en el poder como administradores del gobierno.
Según las condiciones de su asilo en Brasil, el general Stroessner no podía intervenir en política, y se aferró infaliblemente a su parte del trato. Él y su hijo Gustavo Adolfo, dividían su tiempo entre una casa amurallada en el Lago Sur de Brasilia, la capital, y un rancho en las afueras de Belo Horizonte.
El general Stroessner, un alto y ronco artillero orgulloso de su seco semblante militar, se hizo con el poder en Paraguay en 1954 por medio de un golpe de estado quirúrgico que, al principio, sólo se cobró una vida: la de Roberto Le Petit, jefe de policía que también era ministro de la reforma agraria y estaba a cargo de la distribución de tierras entre los pobres. Pronto, sin embargo, el general Stroessner contó con el respaldo americano para organizar su policía secreta y las esperanzas de que su dictadura daría paso a una democracia se desvanecieron con una serie de elecciones en las que se enfrentó, si acaso, a una oposición simbólica y que fueron consideradas en general fraudulentas. Hoy, el Paraguay sigue siendo el país con la distribución más desigual de tierras y riqueza del planeta, seguido por Brasil.
Durante el régimen del general Stroessner, las fuerzas de seguridad de Paraguay fueron tan eficientes en intimidar a potenciales opositores que finalmente el temor mismo -temor a ser detenido, a la tortura, al exilio y a ser asesinado- se convirtió en uno de sus principales motivos para permanecer en el poder. El país se convirtió en un refugio de prófugos nazis, donde se les proveía, por un precio, de nuevos pasaportes y visados. Entre los nazis que encontraron refugio en el país se encontraba Josef Mengele, el ‘Ángel de la Muerte', que escogía a las víctimas para las cámaras de gas en Auschwitz y realizaba experimentos médicos con seres humanos. Además, durante el régimen se encarcelaron a cientos de opositores políticos y sus familias en campos de concentración como el de la Emboscada, a unos 30 kilómetros en las afueras de la ciudad capital, Asunción, en los años setenta.
Las otras claves de la longevidad del general Stroessner como presidente fueron su alianza con el Partido Colorado, que gobernó Paraguay sin interrupción durante más de un siglo, su control de los militares y su habilidad en explotar la debilidad de los otros. El general también encontró ayuda en el pasado de Paraguay, que había allanado efectivamente el camino para una dictadura de uno u otro personaje.
"No rompió ninguna tradición democrática previa, como en otros países", dice Alfredo Boccia Paz, un médico de Asunción que ha escrito varios libros sobre la era de Stroessner.
El presidente Stroessner no fue nunca un hombre de subentendidos. Durante su reinado, su nombre, escrito en neón, iluminaba el paisaje urbano en las noches de Asunción y su cara empapelaba diarios y la televisión. Era conocido por dejarse ver todos los jueves, con su uniforme militar azul pálido, en el cuartel general del estado mayor de las fuerzas armadas, recordándoles su autoridad como comandante en jefe.
Un ex embajador norteamericano en Asunción, Robert E. White, recordó al general Stroessner como tenebrosamente brillante a la hora de aprovechar de los errores de los otros. Una vez, contó White, el embajador paraguayo en Buenos Aires había apostado y perdido todo el presupuesto de la embajada.
Fue llamado inmediatamente a Asunción, donde se le entregó una confesión que debía firmar. Entonces el general Stroessner lo ascendió a ministro de relaciones exteriores.
"Después de eso no pudo nunca pensar ni hacer nada independientemente", explicó White.
El golpe de estado del general Stroessner en 1954 puso término a décadas de inestabilidad, en las que las caras de los presidentes eran tan fugaces como los dibujos de una tragaperras. En los 27 años que precedieron su golpe, su pequeño país sin mar, tuvo 22 presidentes, y ninguna experiencia de una transición democrática al poder en sus 143 años de historia.
Paraguay era un país despoblado y atrasado del tamaño de California, con una inclinación por las guerras imposibles que se tragaban a su población masculina en batallas de dudosos, aunque operéticos propósitos. Entre los peores de estos hubo una desastrosa guerra que Paraguay libró simultáneamente contra Argentina, Uruguay y Brasil de 1865 a 1870, que redujo su población de 525 mil a 221 mil habitantes y dejó al país con sólo 28 mil hombres.
En los años treinta y cuarenta hubo un período de disturbios en Paraguay, que había sufrido la muerte de cien mil hombres en la guerra del Chaco contra Bolivia, que se originó en un conflicto por unos territorios pantanosos que finalmente no contenían ninguno de los recursos minerales que se imaginaron los dos lados. Sin embargo, fue en la Guerra del Chaco que se distinguió Alfredo Stroessner para ser ascendido a teniente segundo de artillería. Para cuando terminó la guerra, era teniente primero.

Hijo de un inmigrante alemán de Bavaria y de su esposa guaraní, Alfredo Stroessner nació un 3 de noviembre de 1912 en la ciudad paraguaya de Encarnación, en la frontera argentina al sudeste de Asunción. Su padre, Hugo Stroessner, poseía una fábrica de cerveza. El presidente Stroessner se refería rara vez a sus padres, y su biografía oficial no menciona a hermanos.
Sus estudios prepararon al joven Stroessner para una vida militar. Completó su educación básica en Asunción y Río de Janeiro, y entró a la Academia Militar de Asunción en 1929. Antes de terminar sus estudios ahí, se unió a la guerra contra Bolivia. En 1940 viajó a Brasil para su formación en artillería y en 1943, el entonces capitán Stroessner fue honrado con una nominación a la Academia Superior de Guerra, de donde se graduó en 1945.
Se aprovechó de la ambición por el poder de su ambiente, respaldando y luego traicionando a los presidentes bajo los que sirvió, según Paul H. Lewis, autor del libro de 1980 ‘Paraguay bajo Stroessner'. Ascendió de comandante de un regimiento de artillería a comandante en jefe del ejército en 1951.
Entre 1948 y 1954, seis presidentes fueron derrocados por golpes de estado militares. Después de su propio y exitoso golpe, el general Stroessner repelió dos intentos de derrocarlo, uno en 1955 dirigido por Epifanio Méndez Fleitas, presidente del Banco Central y amigo del presidente Juan Domingo Perón, de Argentina, y otro en noviembre de 1956 de Rafael Francos, ex dictador.
En 1959 el general Stroessner experimentó brevemente levantando el estado de sitio que había impuesto en 1930 y restaurando las libertades constitucionales. Pero cuando estallaron protestas estudiantiles por las tarifas de los trolleys, también reaccionaron los reflejos de su mano de hierro. El general Stroessner reimplantó el estado de sitio y la policía puso fin a las demostraciones con detenciones masivas y torturando a los manifestantes.
"Si no hubiese dio por el ocasional cuerpo decapitado flotando río abajo por el Paraná, habría sido posible considerar al dictador de uniforme chillón cubierto de medallas del Paraguay -el último de su especie en América del Sur- como un personaje de Gilbert and Sullivan", escribió Joseph P. Lash en el New York Post de 1961.
Pero el general Stroessner sorprendió a los expertos políticos y se impuso en siete elecciones sucesivas marcadas por el fraude. Con el tiempo, se convirtió en el prototipo de una nueva camada de dictadores sudamericanos que miraban amistosamente las inversiones estadounidenses. Respaldados por Estados Unidos, más tarde los gobernantes militares montaron golpes en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia.
Las fuerzas de seguridad de esos países trabajaron estrechamente, formalizando su cooperación en un plan conjunto de inteligencia llamado Operación Cóndor. Aunque el objetivo oficial de la operación era dar cuenta de las amenazas marxistas o terroristas a las dictaduras militares, en la práctica sirvió para eliminar prácticamente toda oposición política o movimiento por la democracia en sus países miembros.
La operación también coordinó el asesinato de figuras de la oposición en el extranjero, y se cree que fue responsable del asesinato con coche bomba de Orlando Letelier, ex embajador chileno en Estados Unidos, y de Ronni Moffitt, su colega, en la Embassy Row en Washington en 1976; el asesinato del ex ministro de Defensa chileno, Carlos Prats, y de su esposa en una calle de Buenos Aires, y el intento de homicidio del senador chileno Bernardo Leighton, en Roma.
Las peores represiones realizadas por el general Stroessner ocurrieron en los años cincuenta y setenta. Para 1975 el senador Carlos Levi Rufinelli, el líder del Partido Liberal de oposición, fue encarcelado 19 veces, y torturado seis.
"La mayor parte del tiempo no sabía qué querían", dijo al New York Times de ese año. "Ellos tampoco sabían qué querían. Pero cuando te meten agujas debajo de las uñas, les cuentas cualquier cosa. Denuncias a todo el mundo, y entonces te dicen: ‘Ves, nos estuviste mintiendo todo el tiempo'".
El presidente Stroessner disfrutó de todos los elementos de una dictadura: victorias garantizadas en las elecciones, ausencia de control y contrapesos, incesante adulación pública y sobornos regulares. Sin embargo, se molestaba si le llamaban dictador.
"Así que ha venido a ver al dictador", le dijo una vez al periodista que llegó a entrevistarlo en los años sesenta. "No estaba riendo, y había un claro sarcasmo en su voz", observó su visitante.
Una biografía oficial del presidente Stroessner en 1968, distribuida por el ministerio de relaciones exteriores paraguayo cuando visitó Washington, subrayó su sed de legitimidad. Apuntaba todos los viajes que había hecho el general fuera de su país y todos los jefes de estado que lo habían visitado y los galardones que había recibido, desde el ‘Collar del Nilo' de los Emiratos Árabes Unidos en 1958, hasta la ‘Medalla Civil', tres años más tarde, de la Asociación Interamericana de Prensa. El resumen no mencionaba el golpe de estado, pero proporcionaba un listado con los votos emitidos en su favor y los otros ‘candidatos' en todas las elecciones desde 1954.
El general Stroessner se quejaba frecuentemente de que la prensa internacional pasaba por alto los avances que había llevado a Paraguay. Su proyecto de modernización más ambicioso fue la Represa de Itaipu, cuya construcción fue financiada por Brasil a cambio del derecho a comprar electricidad a precios reducidos durante varios años. Durante las décadas que estuvo en el poder convirtió en práctica la inauguración de todas las nuevas escuelas o plantas de filtración, y de invitar a observar a todo el cuerpo diplomático.
John Vinocur, en el New York Times Magazine de 1984, ofreció esta instantánea de Paraguay cuando su ejército marchaba a paso de ganso por los bulevares para celebrar los treinta años del general Stroessner en el poder:
"Un estado de sitio continuo durante todo el período que coloca al presidente, literalmente, por encima de la ley; gente con ocasionales impulsos incontrolables de arrojarse a ríos desde aviones, atados de pies y manos; serenatas frente al palacio presidencial, con la siempre popular ‘Adelante, Mi General', y ‘Felicitaciones, Amigo Mío'; ladrones extranjeros, criminales violentos y dementes, admitidos por un precio; una economía administrada de manera corrupta y explicada oficialmente como los ‘costes de la paz'; una historia de votaciones favorables a Estados Unidos sobre temas claves en Naciones Unidas más que ningún otro ‘aliado'; un diario del partido que publica todos los días seis fotos a color del general".
White, que sirvió en Asunción de 1977 a 1979, todavía podía recitar la apertura del telediario veinte años después: "El Señor Presidente de la República, Jefe de la Brigada, Don Alfredo Stroessner . . ." Describió al general Stroessner como "agrio y cascarrabias, y amoral y enamorado del poder".
White dijo que cuando llegó a Paraguay, el régimen de Stroessner tenía 1.700 presos políticos, y gastó gran parte de su tiempo como embajador tratando de sacarlos de las cárceles. Para cuando salió de Paraguay, dijo, sólo quedaban tres.
George Landau, que precedió a White como embajador estadounidense, recordó que el general Stroessner trataba groseramente a su gabinete, y dijo: "Para ellos, era Dios". Por su parte, Landau describió el Paraguay del general Stroessner como "benigno, como suelen ser las dictaduras", y dijo que los arrestados podían normalmente recuperar su libertad si contaban con amigos en los lugares correctos. Dijo que el presidente Stroessner se quejaba muchas veces de que lo único que quería era retirarse a una vida donde pudiera pescar y cazar, pero que su país lo necesitaba.
"Creía, como la mayoría de los dictadores, que era absolutamente irremplazable", recordó Landau. "Se convencía a sí mismo de que era su deber".

El presidente Stroessner tuvo su oportunidad para retirarse en febrero de 1989, cuando una facción militar encabezada por el general Rodríguez dio un golpe de estado. El general Rodríguez, que era apodado el Tigre, se abalanzó sobre él cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla por la sucesión del presidente Stroessner.
Tropas rebeldes atacaron a la guardia presidencial y pusieron fin a la era de Stroessner, después de más de treinta años, con ocho horas de combate que causaron numerosas bajas. Los paraguayos celebraron en las calles cuando el general Rodríguez habló de democracia y derechos humanos. Pero al día siguiente del golpe se nombró a sí mismo presidente, y fue elegido para el oficio tres meses después. No fue sino en 1993 que los paraguayos pudieron elegir a un presidente civil.
El presidente Stroessner no abandonó el país en desgracia, sino que partió del aeropuerto de Asunción después de una ceremonia que los paraguayos que la vieron por televisión la recuerdan como más propia de un hombre de estado que sale para una visita en el extranjero que de un dictador en fuga.
Su expulsión se logró mediante contubernios militares antes que por un movimiento popular democrático, y una vez que se marchó, poco cambió en Paraguay. Las libertades civiles finalmente retornaron, pero los ciudadanos estaban tan desconectados del sistema político y tan condicionados por el temor, que tenían poco que decir. Prevalecía la misma aceptación de la corrupción, e incluso las caras de los gobernantes siguieron siendo las mismas, ya que se había marchado sólo uno de ellos.
"Lo que tienes aquí es stroessnerismo sin Stroessner", dijo Landau en una entrevista en 1999. "No en términos de libertades civiles, sino en términos de corrupción".
Una vez en el exilio, el general Stroessner nunca viajó abiertamente fuera de Brasil, quizás por temor a correr la suerte que el general Augusto Pinochet, que viajó a Londres por cuestiones médicas y terminó peleando para no ser extraditado a España donde se le perseguía por sus actos como dictador de Chile.
Landau dijo que el general Stroessner le escribió en 1997, pidiéndole ayuda para obtener autorización para visitar Estados Unidos para operarse de la vesícula. El embajador le aconsejó no acercarse a Estados Unidos, advirtiéndole que podría ser llevado a tribunales por paraguayos que vivían en el país. El general Stroessner terminó operándose en Sao Paulo, dijo Landau.
Martín Almada, maestro encarcelado durante los años setenta como ‘intelectual terrorista', dijo que el legado del general Stroessner fue "terror y corrupción". La mujer de Almada murió a la edad de 33 años después de que, dijo, agentes de seguridad la hicieran oír sus gritos durante su tortura. En 1992, Almada descubrió un alijo de documentos oficiales que se hicieron conocidos como los Archivos del Terror, que detallaban las detenciones políticas de miles de paraguayos y revelaron las acciones de la Operación Cóndor. "El miedo se convirtió en nuestra segunda piel", recordó Almada.

16 de agosto de 2006
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imprevisible revolución boliviana


[Monte Reel] Indios de Bolivia viajan cientos de kilómetros para el anteproyecto de Constitución.
Llallagua, Bolivia. Unas cuarenta personas se amontonaban en la parte trasera de un camión, algunos apoyándose en las tambaleantes rejas que amenazaban con ceder cada vez que el vehículo tenía que girar. El polvo del camino en la montaña serpenteaba entre las grietas de la tierra resquebrajada. Cada sacudida activaba un brusco remezón que empezaba en el coxis y subía por la columna vertebral.
En un trayecto de treinta horas, el camión llevaría al grupo de indios quechua y aimara en un viaje desde esta región minera y agrícola de las tierras altas, a la ciudad de Sucre, donde el domingo se inauguraba la Asamblea Constituyente para aprobar una nueva Constitución boliviana.
Entre 2003 y 2005, disturbios civiles dirigidos por indios derrocaron a dos presidentes, y durante esos disturbios la reforma de la Constitución para garantizar una mayor igualdad se convirtió en el grito de guerra de la mayoría indígena de Bolivia. La elección en diciembre del presidente Evo Morales -que reclama descender de aimaraes y ha sido toda la vida partidario de la reforma constitucional- aprobó oficialmente el proceso de modificación que él llama "la re-fundación de Bolivia".
Impulsados por el optimismo y galones de diesel, los peregrinos de Llallagua desafiaron las rudas condiciones de su transporte como meros accidentes. A menos de una cuadra de viaje, lanzaron fuegos artificiales y empezaron a cantar. Cuando las últimas casas de adobe del pueblo desaparecían en la distancia, empezaron a tocar tambores de piel de cabra, flautas y charangos.
Este no era un viaje por carretera; era una fiesta.
"¡Viva la Asamblea Constituyente!", gritaban.
En los últimos días, en los caminos rurales de Bolivia caravanas de indígenas como estas han marchado serpenteando hacia Sucre, a unos 400 kilómetros al sudeste. La mayoría de la gente amontonada atrás en los camiones no viajaron a Sucre por razones oficiales. Fueron porque quieren ser testigos de la historia, dicen muchos, y quieren que su presencia sirva para hacer recordar a los miembros de la asamblea las protestas indígenas que condujeron a la formación del órgano de 255 miembros.
"Vamos a marchar por las calles y vamos a representar a nuestro pueblo", dijo Román Arosquipa, 28, uno de varios campesinos que caminaron durante ocho horas desde la aldea de Jachavi el jueves noche para coger el camión desde Llallagua. "La asamblea es nuestra gran esperanza. Tenemos que mejorar nuestras vidas. Y queremos preservar nuestra cultura".
La vida en Arequipa se concentra en su pequeña casa de adobe en la región del norte de Potosí, el territorio más pobre del país más pobre de América del Sur. Aquí cultiva cereales como trigo y maíz -no para venderlos en el mercado, sino para alimentarse a sí mismo y compartirlos con sus vecinos. Su casa -como la de todos los demás en Jachavi- carece de electricidad. Lleva una colorido chaleco bordado con bordes blancos, lo que indica a los ojos de otros indios que es soltero, aunque su sombrero no es tradicional: es una gorra de béisbol del Hombre Araña.
Encontrar el equilibrio correcto entre lo tradicional y lo moderno será el gran desafío de la asamblea, de acuerdo a los analistas políticos. Aunque la comunidad indígena está bien representada entre los miembros de la asamblea -especialmente entre los 137 miembros del partido de Morales, el Movimiento hacia el Socialismo-, ningún partido o grupo de interés especial tiene la mayoría de dos tercios que se requieren para aprobar cambios constitucionales.
Pero incluso antes de que comience la asamblea, las tensiones entre los que buscan fortalecer la presencia de la cultura indígena y aquellos que defienden otras opiniones, sugieren que la reformulación de la constitución podría parecerse mucho a este viaje: lleno de baches y tropiezos.
Cuando el camión llegó al pequeño pueblo de Lagunillas, el conductor aparcó cerca de un lago que brillaba como una moneda de plata metida entre los afilados picos de los Andes.
"Esto es", dijo Zacarías Colque, uno de los líderes de la federación local de trabajadores indígenas, que pagó el flete del camión. "Bajen todos. Cuidado con los tambores".
Con sus instrumentos musicales en la mano, se dirigieron hacia un claro en la plaza del pueblo, que está unida a una pequeña iglesia coronada por dos cruces de madera. Algunos se sacaron las gorras de béisbol y se pusieron sus tradicionales sombreros alones con plumas metidas en su cinta. Un grupo de aldeanos se unieron a ellos en la plaza. Los músicos tocaron y bailaron en torno a una jarra de alcohol en el suelo, mientras otros se cogían de la mano y los cercaban formando un círculo. Algunos minutos después, la ceremonia se trasladó hacia la nave de la iglesia.
"Estamos rezando por el viaje, pidiendo a la Pachamama que no pase nada malo", dijo Víctor Chocotel, 42, uno de los vecinos de Lagunillas reunidos en la plaza.
Diluir las líneas entre los ritos religiosos indígenas y el catolicismo es algo común en Bolivia, aunque no sin las ocasionales controversias. El mes pasado, el ministro de Educación, Félix Patzi, sugirió que las clases de religión -el catolicismo que se enseña en la mayoría de las escuelas públicas- fueran eliminadas a favor de clases que pongan más énfasis en los credos indígenas. Cuando los defensores de la Iglesia Católica protestaron, Morales intervino diciendo que la jerarquía de la iglesia se estaba comportando como si estuviera estancada "en la época de la Inquisición". Su índice de aprobación cayó de 75 a 68 por ciento.
La semana pasada, la iglesia y el gobierno alcanzaron un vago acuerdo que permite la continuidad de las clases de religión, aunque respetando la diversidad religiosa del país. En una entrevista en La Paz la semana pasada, Eduardo González Saá, director de la comisión de educación de la Iglesia Católica, dijo que los detalles del acuerdo serían redondeados en una cumbre de la educación y que probablemente el debate volvería a surgir en la Asamblea Constituyente.
"Los temas relacionados con las religiones indígenas no se limitan solamente a la educación", dijo Eduardo Burgoa Zeballo, 36, que iba en el camión de Llallagua. "El poder judicial también está incluido, y la reforma judicial es una de las cosas más importantes que debe tratar la Asamblea".
Asintió con Chocotel, que llevaba un casco cónico emplumado hecho del cuero de un buey. El casco se usa normalmente durante los rituales de pelea tinku, que opone a los vecinos de aldeas aledañas en combates mano a mano. Si se derrama sangre, se la considera una bendición para la tierra. A veces las peleas terminan en muerte.
Como muchos otros en el camión, Zeballos dijo que quiere que la asamblea cree un sistema judicial que garantice que más jueces indígenas presidan sobre casos de indios.
"Los tribunales ordinarios no entienden que si alguien muere en un ritual tinku, nosotros no lo consideramos algo malo", dijo.
Cuando el grupo terminó la ceremonia, unos veinte vecinos de Lagunillas se treparon al camión para incorporarse al viaje. Viajaban hombro a hombro, espalda a espalda.
Menos de 30 minutos después de volver a la carretera, se pinchó una llanta. Mientras todos esperaban bajo el deslumbrante sol, un hombre cogió su charango y empezó a tocar.
"¡Viva Bolivia!", gritó.
Después de pasar la noche en una institución sin fines de lucro en la ciudad de Ocuri el viernes noche, el grupo volvió al camión el sábado en la mañana temprano para otras cinco horas de sacudidas en la carretera. Llegaron a las afueras de Sucre alrededor del mediodía, descargaron en un garaje cerca del aeropuerto donde planeaban dormir durante el fin de semana.
En la cabina del camión, Colque llevaba una copia de la propuesta redactada por la federación de trabajadores indígenas del norte de Potosí que entregaba sugerencias para los miembros de la asamblea: La educación debería incluir filosofías indígenas, el sistema de salud debería incorporar tratamientos indios y el estado debería reconocer los derechos de propiedad intelectual de las comunidades ancestrales.
Cientistas políticos bolivianos dicen que muchos en la comunidad indígena están esperando una reforma general del gobierno -algo que es improbable que ocurra dada la ausencia de una facción dominante. Un problema, dicen, sería tratar de introducir en la constitución, políticas específicas en lugar de crear los parámetros más amplios para que los legisladores puedan trabajar con ella. Los críticos de Morales han advertido que él podría tratar de maniobrar a la asamblea para que le concedan atribuciones más amplias y la oportunidad de gobernar términos indefinidos.
Otros grupos, incluyendo a muchos que viven en las tierras bajas relativamente prósperas, esperan que la asamblea les ayude a avanzar en un proyecto de autonomía que les daría más poder de decisión en cuestiones locales -un cambio al que Morales y la mayoría de los grupos indígenas se oponen vehementemente. El choque de opiniones en la asamblea provoca preocupaciones de que el proceso pudiera forzar más divisiones en un país que ha presenciado más de doscientos golpes de estado desde su independencia del dominio español en 1825.
"Es importante que los bolivianos se den cuenta de que aunque esto pueda cambiar las reglas generales del juego, no permite proyectos políticos específicos", dijo Gonzalo Chávez, cientista político de la Universidad Católica en La Paz. "Desafortunadamente, algunos en Bolivia piensan que la asamblea será el lugar donde se aprobará una especie de proyecto político revolucionario".
Néstor Hugo Torres, que representará al norte de Potosí en la asamblea, dijo que ha tratado de templar las expectativas de su electorado.
"Una nueva constitución no va a ayudar directamente a los grupos indígenas, pero una cosa que hace, y que ha hecho, es hacerlos interesarse en el proceso político", dijo Torres, que viajó en el camión en la primera parte del viaje y se reunió nuevamente con el grupo cuando este llegó a Sucre. "Hace tres o cuatro años nadie en la comunidad indígena hablaba sobre cosas como la constitución y el poder judicial. Mira ahora".
El sábado noche, el grupo del camión empezó un trayecto de varios kilómetros desde las afueras de Sucre hacia su colonial plaza mayor.
Se fundieron en una multitud de miles de personas, la mayoría ondeando banderas indias, tocando tambores y celebrando el inicio del imprevisible proceso político que han creado.

6 de agosto de 2006
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