JOHN KERRY, PRESIDENTE
El New York Times resume todas las buenas razones por las que John Kerry sería un mejor presidente que Bush.
El senador John Kerry se acerca a las elecciones con una base que descansa más en la oposición a George W. Bush que en la lealtad a su propia candidatura. Pero durante el último año hemos conocido a Kerry como algo más que sólo una alternativa al status quo. Y nos gusta lo que hemos visto de él. Tiene cualidades que podrían ser la base de un gran presidente, no sólo una modesta mejora del titular.
Nos han impresionado los amplios conocimientos y claridad de pensamiento de Kerry -algo que se hizo más que evidente una vez que se vio limitado por los dos minutos de los debates. Se muestra afortunadamente dispuesto a re-evaluar decisiones cuando cambian las condiciones. Y aunque la hoja de servicios de Kerry en Vietnam fue primero exagerada y luego ridiculizada, ha dedicado toda su vida al servicio público, desde la guerra hasta una serie de cargos elegidos. Nos parece, sobre todo, un hombre con una fuerte médula moral.
No se puede negar que estas elecciones giran principalmente sobre el desastroso mandato de Bush. Hace casi cuatro años, después de que la Corte Suprema le otorgara la presidencia, Bush llegó al poder entre las expectativas populares de que reconocería su carencia de autoridad manteniéndose apegado al centro. En lugar de eso, inclinó su gobierno hacia la extrema derecha.
Bush nombró a John Ashcroft, un favorito de la extrema derecha con toda una historia de indiferencia hacia las libertades civiles, como fiscal general. Envió al Senado a una serie de activistas ideológicos como nominados a la judicatura. Se movilizó rápidamente para implementar un programa anti-opción de mucho alcance, incluyendo la censura gubernamental de sitios en la red y drásticas restricciones de la investigación sobre las células madres embrionarias. Puso toda el poder del gobierno contra las iniciativas de la Universidad de Michigan de otorgar a los estudiantes de minorías una ventaja en el proceso de admisión, como lo había hecho para estudiantes de áreas rurales o para los hijos de ex-alumnos.
Cuando el país entró en recesión, el presidente se mantuvo obsesionado no en generar empleos, sino más bien en sumarse a la guerra de la extrema derecha contra subir los impuestos a los ricos. Como resultado, el dinero que pudo haber sido usado para reforzar la seguridad social se ha evaporado, como también se evaporó la posibilidad de proporcionar financiamiento apropiado para programas que él mismo había respaldado. La ley Para que ningún niño se quede atrás', su programa más característico, impuso estándares más altos en los sistemas escolares locales sin proveer suficiente dinero para satisfacerlos.
Si Bush hubiese querido dejar una huella con un tema que republicanos y demócratas han transformado hace tiempo en causa común, podría haber elegido el medio ambiente. Christie Whitman, la antigua gobernadora de Nueva Jersey elegida para dirigir la Agencia de Protección del Medio Ambiente, provenía de una tradición bipartidista. Sin embargo, abandonó el cargo tras tres años de inútil lucha contra los ideólogos y cabilderos de la industria que Bush y el vice-presidente Dick Cheney habían instalado en cada uno de los cargos ambientales importantes. El resultado ha sido un sistemático debilitamiento de las salvaguardas reglamentarias en todo el espectro de problemas ambientales, desde el aire fresco hasta la protección de la fauna.
El presidente que perdió el voto popular, ganó un mandato de verdad el 11 de septiembre de 2001. Con un afligido país unido detrás de él, Bush tuvo la oportunidad sin paralelos, de solicitar casi cualquier sacrificio compartido. El único límite fue su imaginación.
Lo que pidió fue otra disminución de los impuestos y la guerra contra Iraq.
El rechazo del presidente a retirar su programa de reducción de impuestos en momentos en que el país se estaba preparando para la guerra es quizás el ejemplo más chocante de su incapacidad para cambiar sus prioridades a la vida de circunstancias drásticamente alteradas. Bush no sólo privó al gobierno del dinero que necesitaba para su propio programa de educación o el programa de salud Medicare. Hizo de la reducción de impuestos una prioridad más alta de lo que necesitaba la seguridad de Estados Unidos; 90 por ciento de los cargamentos de mercaderías que llegan cada día a los puertos del país ingresan sin ser inspeccionados.
Junto con la invasión de Afganistán, que contó con el apoyo internacional y nacional casi unánime, Bush y su fiscal general implementaron una estrategia interior para la guerra contra el terrorismo que tiene todas las características del método habitual del gobierno: una obsesión nixoniana con el secreto, la falta de respeto por las libertades civiles y una gestión inepta.
Ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante largos períodos de tiempo sin tener acceso a abogados ni poder ver a familiares. Inmigrantes fueron retenidos y encerrados a languidecer en lo que el propio inspector general del ministerio de Justicia constató que eran a menudo condiciones "indebidamente severas". Hombres capturados en la guerra afgana fueron mantenidos en régimen de incomunicación sin derecho a impugnar su encarcelamiento. El ministerio de Justicia se transformó en el animador de la elusión de leyes y tratados internacionales de décadas de antigüedad que prohíben el trato brutal de prisioneros capturados en tiempos de guerra.
Ashcroft apareció una y otra vez en la televisión para anunciar sensacionales arrestos de personas que resultaron ser o inocentes o fanfarrones inofensivos o simpatizantes de ninguna importancia de Osama bin Laden, los que quizás tenían la intención de hacer algo terrible, pero carecían de los medios. El ministerio de Justicia no puede reclamar ni un solo proceso anti-terrorista importante, y ha derrochado mucho de la confianza y paciencia que le dio libremente el pueblo estadounidense en 2001. Otros países, dándose cuenta de que la gran mayoría de los prisioneros retenidos tanto tiempo en la Bahía de Guantánamo provienen del mismo grupo de inefectivos incompetentes y desafortunados inocentes, y viendo las terribles fotografías de la prisión de Abu Ghraib en Bagdad, se impresionaron malamente de que el país que se suponía que definía las normas internacionales de los derechos humanos se comportara de esa manera.
Como las reducciones de impuestos, la obsesión de Bush con Saddam Hussein parecen más cerca del fanatismo que mera política exterior. Al pueblo norteamericano, y al Congreso, presentó la guerra como una campaña anti-terrorista incluso aunque Iraq no tenía relaciones operativas con Al Qaeda. Su más espantosa acusación fue que Saddan Hussein estaba a punto de fabricar armas nucleares. Se basaba en dos evidencias. Una era una historia sobre intentos [de Saddam Hussein] de adquirir materias primas en Nigeria, y resultó que la historia era el producto de rumores y falsificaciones. La otra prueba, la compra de tubos de aluminio que el gobierno dijo que estaban destinadas a un centrífuga nuclear, fue inventada por un analista de bajo nivel y ha sido completamente desenmascarado por investigadores del gobierno y extranjeros. Altos personeros del gobierno lo sabían, pero siguieron usando esa argumentación. Ninguno de los principales asesores del presidente ha sido responsabilizado por los engaños que han servido al pueblo norteamericano ni por su mala conducción de la guerra que siguió.
La indignación internacional sobre la invasión estadounidense se acompaña ahora de un sentimiento de desprecio por la incompetencia de la aventura. Líderes árabes moderados que han intentado introducir una pizca de democracia [en sus países] se encuentran ahora contaminados por sus vínculos con un gobierno que ahora es radioactivo en el mundo musulmán. Los presidentes de estados parias, incluyendo Irán y Corea del Norte, han aprendido decisivamente que la mejor protección contra un ataque preventivo estadounidense es adquirir armas nucleares.
Tenemos temores específicos de lo que puede ocurrir con un segundo término de Bush, especialmente en lo que concierne a la Corte Suprema. Sus antecedentes nos proporcionan numerosos motivos para estar preocupados. Gracias a Bush, Jay Bybee, el autor del infame memorándum del ministerio de Justicia que justifica el uso de la tortura como un método de interrogatorio, es ahora un juez federal de la corte de apelaciones. Otra elección de Bush, J. Leon Holmes, un juez federal en Arkansas, ha escrito que las mujeres deben ser subordinadas a sus maridos y comparado a los activistas en pro del derecho al aborto con los nazis.
Bush sigue obsesionado con la reducción de impuestos, pero no ha impedido que los diputados republicanos aprueben gastos extraordinarios, incluso en proyectos que no le gustan, como el aumento de la ayuda a los granjeros.
Si es re-elegido, los mercados financieros nacionales y extranjeros sabrán que continuará la imprudencia fiscal. Junto al historial de balances comerciales desequilibrados, lo anterior aumenta las posibilidades de una crisis financiera, como una descontrolada deflación del dólar y tasas de interés a largo plazo más altas.
La Casa Blanca de Bush nos ha presentado siempre los peores aspectos de la derecha estadounidense y nada de las ventajas. Nos propone objetivos radicales, pero no una gestión eficiente. La gestión del ministerio de Educación del programa Para que ningún niño se quede atrás' ha sido fuertemente politizada e inepta. El ministerio de Seguridad Interior es famoso por sus inútiles alertas y su incapacidad de distribuir ayudas contra el terrorismo que correspondan con las amenazas reales. Sin proveer tropas suficientes para llevar seguridad efectiva a Iraq, el gobierno se las ha arreglado de tal manera para agotar los recursos de nuestras fuerzas armadas que el país no está preparado para responder a crisis en otras partes del mundo.
Kerry tiene las capacidades para hacer más y mejor. Tienen la disposición -tan gravemente ausente en Washington en estos días- para escuchar a la calle. Nos alivia que sea un serio defensor de los derechos civiles, que eliminará las restricciones innecesarias a la investigación de células madre y que entiende el concepto de separación de la iglesia y el estado. Apreciamos su sensato plan de proporcionar cobertura sanitaria para la mayoría de la gente que ahora no cuenta con ella.
Kerry tiene un paquete de ideas agresivas y en algunos casos innovadoras sobre la energía, dirigidas a solucionar el problema del recalentamiento global y la dependencia del petróleo. Es un partidario de larga data de la reducción del déficit fiscal. En el Senado ha colaborado con John Mcain en la restauración de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, y ha conducido investigaciones sobre la manera en que el sistema financiero internacional ha sido burlado para permitir el tráfico de dinero de traficantes de drogas y terroristas. Ha comprendido siempre que el papel apropiado de Estados Unidos en los asuntos del mundo es el de liderazgo de una comunidad voluntaria de naciones, no de una formada sobre la base del principio si no estás conmigo, eres mi enemigo'.
Examinamos los pasados cuatro años casi con el corazón en la mano, tanto por las vidas innecesariamente perdidas como por las oportunidades despilfarradas tan displicentemente. La historia ha invitado a George W. Bush una y otra vez a que juegue un rol heroico, y una y otra vez ha seguido el curso equivocado. Creemos que con John Kerry como presidente, el país funcionará mejor.
Votar por un presidente es un acto de fe. Un candidato puede explicar sus posiciones en detalle y terminar gobernando con un Congreso hostil que le impide cumplir con su programa. Un desastre puede echar por tierra los planes mejor pensados. Todo lo que pueden hacer los ciudadanos es mezclar conjeturas con esperanzas, analizar qué han hecho los candidatos en el pasado, sus aparentes prioridades y su carácter general. Es sobre esas bases que nosotros apoyamos con entusiasmo la candidatura de John Kerry a presidente.
18 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
El senador John Kerry se acerca a las elecciones con una base que descansa más en la oposición a George W. Bush que en la lealtad a su propia candidatura. Pero durante el último año hemos conocido a Kerry como algo más que sólo una alternativa al status quo. Y nos gusta lo que hemos visto de él. Tiene cualidades que podrían ser la base de un gran presidente, no sólo una modesta mejora del titular.Nos han impresionado los amplios conocimientos y claridad de pensamiento de Kerry -algo que se hizo más que evidente una vez que se vio limitado por los dos minutos de los debates. Se muestra afortunadamente dispuesto a re-evaluar decisiones cuando cambian las condiciones. Y aunque la hoja de servicios de Kerry en Vietnam fue primero exagerada y luego ridiculizada, ha dedicado toda su vida al servicio público, desde la guerra hasta una serie de cargos elegidos. Nos parece, sobre todo, un hombre con una fuerte médula moral.
No se puede negar que estas elecciones giran principalmente sobre el desastroso mandato de Bush. Hace casi cuatro años, después de que la Corte Suprema le otorgara la presidencia, Bush llegó al poder entre las expectativas populares de que reconocería su carencia de autoridad manteniéndose apegado al centro. En lugar de eso, inclinó su gobierno hacia la extrema derecha.
Bush nombró a John Ashcroft, un favorito de la extrema derecha con toda una historia de indiferencia hacia las libertades civiles, como fiscal general. Envió al Senado a una serie de activistas ideológicos como nominados a la judicatura. Se movilizó rápidamente para implementar un programa anti-opción de mucho alcance, incluyendo la censura gubernamental de sitios en la red y drásticas restricciones de la investigación sobre las células madres embrionarias. Puso toda el poder del gobierno contra las iniciativas de la Universidad de Michigan de otorgar a los estudiantes de minorías una ventaja en el proceso de admisión, como lo había hecho para estudiantes de áreas rurales o para los hijos de ex-alumnos.
Cuando el país entró en recesión, el presidente se mantuvo obsesionado no en generar empleos, sino más bien en sumarse a la guerra de la extrema derecha contra subir los impuestos a los ricos. Como resultado, el dinero que pudo haber sido usado para reforzar la seguridad social se ha evaporado, como también se evaporó la posibilidad de proporcionar financiamiento apropiado para programas que él mismo había respaldado. La ley Para que ningún niño se quede atrás', su programa más característico, impuso estándares más altos en los sistemas escolares locales sin proveer suficiente dinero para satisfacerlos.
Si Bush hubiese querido dejar una huella con un tema que republicanos y demócratas han transformado hace tiempo en causa común, podría haber elegido el medio ambiente. Christie Whitman, la antigua gobernadora de Nueva Jersey elegida para dirigir la Agencia de Protección del Medio Ambiente, provenía de una tradición bipartidista. Sin embargo, abandonó el cargo tras tres años de inútil lucha contra los ideólogos y cabilderos de la industria que Bush y el vice-presidente Dick Cheney habían instalado en cada uno de los cargos ambientales importantes. El resultado ha sido un sistemático debilitamiento de las salvaguardas reglamentarias en todo el espectro de problemas ambientales, desde el aire fresco hasta la protección de la fauna.
El presidente que perdió el voto popular, ganó un mandato de verdad el 11 de septiembre de 2001. Con un afligido país unido detrás de él, Bush tuvo la oportunidad sin paralelos, de solicitar casi cualquier sacrificio compartido. El único límite fue su imaginación.
Lo que pidió fue otra disminución de los impuestos y la guerra contra Iraq.
El rechazo del presidente a retirar su programa de reducción de impuestos en momentos en que el país se estaba preparando para la guerra es quizás el ejemplo más chocante de su incapacidad para cambiar sus prioridades a la vida de circunstancias drásticamente alteradas. Bush no sólo privó al gobierno del dinero que necesitaba para su propio programa de educación o el programa de salud Medicare. Hizo de la reducción de impuestos una prioridad más alta de lo que necesitaba la seguridad de Estados Unidos; 90 por ciento de los cargamentos de mercaderías que llegan cada día a los puertos del país ingresan sin ser inspeccionados.
Junto con la invasión de Afganistán, que contó con el apoyo internacional y nacional casi unánime, Bush y su fiscal general implementaron una estrategia interior para la guerra contra el terrorismo que tiene todas las características del método habitual del gobierno: una obsesión nixoniana con el secreto, la falta de respeto por las libertades civiles y una gestión inepta.
Ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante largos períodos de tiempo sin tener acceso a abogados ni poder ver a familiares. Inmigrantes fueron retenidos y encerrados a languidecer en lo que el propio inspector general del ministerio de Justicia constató que eran a menudo condiciones "indebidamente severas". Hombres capturados en la guerra afgana fueron mantenidos en régimen de incomunicación sin derecho a impugnar su encarcelamiento. El ministerio de Justicia se transformó en el animador de la elusión de leyes y tratados internacionales de décadas de antigüedad que prohíben el trato brutal de prisioneros capturados en tiempos de guerra.
Ashcroft apareció una y otra vez en la televisión para anunciar sensacionales arrestos de personas que resultaron ser o inocentes o fanfarrones inofensivos o simpatizantes de ninguna importancia de Osama bin Laden, los que quizás tenían la intención de hacer algo terrible, pero carecían de los medios. El ministerio de Justicia no puede reclamar ni un solo proceso anti-terrorista importante, y ha derrochado mucho de la confianza y paciencia que le dio libremente el pueblo estadounidense en 2001. Otros países, dándose cuenta de que la gran mayoría de los prisioneros retenidos tanto tiempo en la Bahía de Guantánamo provienen del mismo grupo de inefectivos incompetentes y desafortunados inocentes, y viendo las terribles fotografías de la prisión de Abu Ghraib en Bagdad, se impresionaron malamente de que el país que se suponía que definía las normas internacionales de los derechos humanos se comportara de esa manera.
Como las reducciones de impuestos, la obsesión de Bush con Saddam Hussein parecen más cerca del fanatismo que mera política exterior. Al pueblo norteamericano, y al Congreso, presentó la guerra como una campaña anti-terrorista incluso aunque Iraq no tenía relaciones operativas con Al Qaeda. Su más espantosa acusación fue que Saddan Hussein estaba a punto de fabricar armas nucleares. Se basaba en dos evidencias. Una era una historia sobre intentos [de Saddam Hussein] de adquirir materias primas en Nigeria, y resultó que la historia era el producto de rumores y falsificaciones. La otra prueba, la compra de tubos de aluminio que el gobierno dijo que estaban destinadas a un centrífuga nuclear, fue inventada por un analista de bajo nivel y ha sido completamente desenmascarado por investigadores del gobierno y extranjeros. Altos personeros del gobierno lo sabían, pero siguieron usando esa argumentación. Ninguno de los principales asesores del presidente ha sido responsabilizado por los engaños que han servido al pueblo norteamericano ni por su mala conducción de la guerra que siguió.
La indignación internacional sobre la invasión estadounidense se acompaña ahora de un sentimiento de desprecio por la incompetencia de la aventura. Líderes árabes moderados que han intentado introducir una pizca de democracia [en sus países] se encuentran ahora contaminados por sus vínculos con un gobierno que ahora es radioactivo en el mundo musulmán. Los presidentes de estados parias, incluyendo Irán y Corea del Norte, han aprendido decisivamente que la mejor protección contra un ataque preventivo estadounidense es adquirir armas nucleares.
Tenemos temores específicos de lo que puede ocurrir con un segundo término de Bush, especialmente en lo que concierne a la Corte Suprema. Sus antecedentes nos proporcionan numerosos motivos para estar preocupados. Gracias a Bush, Jay Bybee, el autor del infame memorándum del ministerio de Justicia que justifica el uso de la tortura como un método de interrogatorio, es ahora un juez federal de la corte de apelaciones. Otra elección de Bush, J. Leon Holmes, un juez federal en Arkansas, ha escrito que las mujeres deben ser subordinadas a sus maridos y comparado a los activistas en pro del derecho al aborto con los nazis.
Bush sigue obsesionado con la reducción de impuestos, pero no ha impedido que los diputados republicanos aprueben gastos extraordinarios, incluso en proyectos que no le gustan, como el aumento de la ayuda a los granjeros.
Si es re-elegido, los mercados financieros nacionales y extranjeros sabrán que continuará la imprudencia fiscal. Junto al historial de balances comerciales desequilibrados, lo anterior aumenta las posibilidades de una crisis financiera, como una descontrolada deflación del dólar y tasas de interés a largo plazo más altas.
La Casa Blanca de Bush nos ha presentado siempre los peores aspectos de la derecha estadounidense y nada de las ventajas. Nos propone objetivos radicales, pero no una gestión eficiente. La gestión del ministerio de Educación del programa Para que ningún niño se quede atrás' ha sido fuertemente politizada e inepta. El ministerio de Seguridad Interior es famoso por sus inútiles alertas y su incapacidad de distribuir ayudas contra el terrorismo que correspondan con las amenazas reales. Sin proveer tropas suficientes para llevar seguridad efectiva a Iraq, el gobierno se las ha arreglado de tal manera para agotar los recursos de nuestras fuerzas armadas que el país no está preparado para responder a crisis en otras partes del mundo.
Kerry tiene las capacidades para hacer más y mejor. Tienen la disposición -tan gravemente ausente en Washington en estos días- para escuchar a la calle. Nos alivia que sea un serio defensor de los derechos civiles, que eliminará las restricciones innecesarias a la investigación de células madre y que entiende el concepto de separación de la iglesia y el estado. Apreciamos su sensato plan de proporcionar cobertura sanitaria para la mayoría de la gente que ahora no cuenta con ella.
Kerry tiene un paquete de ideas agresivas y en algunos casos innovadoras sobre la energía, dirigidas a solucionar el problema del recalentamiento global y la dependencia del petróleo. Es un partidario de larga data de la reducción del déficit fiscal. En el Senado ha colaborado con John Mcain en la restauración de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, y ha conducido investigaciones sobre la manera en que el sistema financiero internacional ha sido burlado para permitir el tráfico de dinero de traficantes de drogas y terroristas. Ha comprendido siempre que el papel apropiado de Estados Unidos en los asuntos del mundo es el de liderazgo de una comunidad voluntaria de naciones, no de una formada sobre la base del principio si no estás conmigo, eres mi enemigo'.
Examinamos los pasados cuatro años casi con el corazón en la mano, tanto por las vidas innecesariamente perdidas como por las oportunidades despilfarradas tan displicentemente. La historia ha invitado a George W. Bush una y otra vez a que juegue un rol heroico, y una y otra vez ha seguido el curso equivocado. Creemos que con John Kerry como presidente, el país funcionará mejor.
Votar por un presidente es un acto de fe. Un candidato puede explicar sus posiciones en detalle y terminar gobernando con un Congreso hostil que le impide cumplir con su programa. Un desastre puede echar por tierra los planes mejor pensados. Todo lo que pueden hacer los ciudadanos es mezclar conjeturas con esperanzas, analizar qué han hecho los candidatos en el pasado, sus aparentes prioridades y su carácter general. Es sobre esas bases que nosotros apoyamos con entusiasmo la candidatura de John Kerry a presidente.
18 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
ELECCIONES USA: REPUBLICANOS DESTRUYEN INSCRIPCIONES DE DEMÓCRATAS
A medida que se acerca el 2 de noviembre, los ciudadanos de Estados Unidos deberán prestar particular atención a lo que hacen los republicanos. Hay serios informes en algunos estados de fraude organizado por el partido de Bush. El presidente quiere repetir las operaciones de fraude que caracterizaron la actuación deu partido en las elecciones anteriores.
Informes de Nevada y Oregon indican que una compañía contratada para inscribir a votantes del Partido Republicano han destruido sistemáticamente formularios de inscripción entregados por electores demócratas. Si es así, miles de votantes que han hecho un esfuerzo de buena voluntad para inscribirse pueden no encontrar sus nombres en las listas de votantes el 2 de noviembre. La destrucción intencional de los formularios de inscripción electoral es un delito que ataca el corazón de la democracia. Las acusaciones deben ser rigurosamente investigadas. La preocupación inmediata es asegurar que actos delictivos partidistas no priven de sus derechos civiles a los votantes inscritos.
Un antiguo empleado de Voters Outreach of America ha declarado que vio cómo los empleados de la compañía, que fue contratada por el Comité Nacional Republicano, destruían formularios de inscripción de electores demócratas en Nevada, mientras que sí consignaba los formularios rellenados por ciudadanos republicanos.
El despacho del fiscal general de Oregon ha iniciado su propia investigación de las acusaciones de que Voters Outreach ha destruido inscripciones electorales. Una biblioteca pública de Oregon ha dado a conocer que excluyó a esa compañía de entrar al recinto de la biblioteca tras constatar que la compañía se había presentado falsamente como una empresa no partidista.
Nathan Sproul, un empleado político del Partido Republicano, que encabeza la compañía consultora que contrató a Voters Outreach, atribuyó los informes de destrucción de inscripciones electorales a un ex empleado disgustado. Dijo que el asunto de la biblioteca pública de Oregon y la compañía se debía a un "malentendido".
La destrucción de formularios de inscripción electoral es un grave truco político; también es un delito mayor. El ministerio de Justicia, y los estados de Nevada y Oregon deben investigar rápida y exhaustivamente estas acusaciones y revisar todos los formularios entregados por Voters Outreach y Sproul en otros estados. Los cargos deben ser investigados lleven adonde lleven. Debido a que era el Partido Republicano el que pagaba la factura, debe preguntársele sobre qué instrucciones dio a la compañía para su campaña de inscripción electoral, y qué sabía de la supuesta malversación.
Es fundamental que a los votantes elegibles no se les niegue una papeleta porque sus inscripciones fueron destruidas. El Partido Demócrata de Nevada ha interpuesto una demanda, y con toda razón, para aplazar la fecha de cierre de las inscripciones. Si las fechas de cierre de Nevada y Oregon no son aplazadas, esos estados deberían anunciar que aceptarán formularios de inscripción a una fecha posterior de todo votante elegible que presente un afidávit que diga que entregó su formulario de inscripción a encuestadores de Voters Outreach.
Pase lo que pase, los electores presentarse a votar. Si no encuentran sus nombres en las listas de votación, deben insistir en su derecho a una papeleta provisional. Si la elección resulta tan reñida como sugieren los sondeos en ambos estados, la gente que votó provisionalmente tendrá una oportunidad después del 2 de noviembre de que sus votos sean contados.
18 de octubre de 2004©new york times
©traducción mQh
Informes de Nevada y Oregon indican que una compañía contratada para inscribir a votantes del Partido Republicano han destruido sistemáticamente formularios de inscripción entregados por electores demócratas. Si es así, miles de votantes que han hecho un esfuerzo de buena voluntad para inscribirse pueden no encontrar sus nombres en las listas de votantes el 2 de noviembre. La destrucción intencional de los formularios de inscripción electoral es un delito que ataca el corazón de la democracia. Las acusaciones deben ser rigurosamente investigadas. La preocupación inmediata es asegurar que actos delictivos partidistas no priven de sus derechos civiles a los votantes inscritos.Un antiguo empleado de Voters Outreach of America ha declarado que vio cómo los empleados de la compañía, que fue contratada por el Comité Nacional Republicano, destruían formularios de inscripción de electores demócratas en Nevada, mientras que sí consignaba los formularios rellenados por ciudadanos republicanos.
El despacho del fiscal general de Oregon ha iniciado su propia investigación de las acusaciones de que Voters Outreach ha destruido inscripciones electorales. Una biblioteca pública de Oregon ha dado a conocer que excluyó a esa compañía de entrar al recinto de la biblioteca tras constatar que la compañía se había presentado falsamente como una empresa no partidista.
Nathan Sproul, un empleado político del Partido Republicano, que encabeza la compañía consultora que contrató a Voters Outreach, atribuyó los informes de destrucción de inscripciones electorales a un ex empleado disgustado. Dijo que el asunto de la biblioteca pública de Oregon y la compañía se debía a un "malentendido".
La destrucción de formularios de inscripción electoral es un grave truco político; también es un delito mayor. El ministerio de Justicia, y los estados de Nevada y Oregon deben investigar rápida y exhaustivamente estas acusaciones y revisar todos los formularios entregados por Voters Outreach y Sproul en otros estados. Los cargos deben ser investigados lleven adonde lleven. Debido a que era el Partido Republicano el que pagaba la factura, debe preguntársele sobre qué instrucciones dio a la compañía para su campaña de inscripción electoral, y qué sabía de la supuesta malversación.
Es fundamental que a los votantes elegibles no se les niegue una papeleta porque sus inscripciones fueron destruidas. El Partido Demócrata de Nevada ha interpuesto una demanda, y con toda razón, para aplazar la fecha de cierre de las inscripciones. Si las fechas de cierre de Nevada y Oregon no son aplazadas, esos estados deberían anunciar que aceptarán formularios de inscripción a una fecha posterior de todo votante elegible que presente un afidávit que diga que entregó su formulario de inscripción a encuestadores de Voters Outreach.
Pase lo que pase, los electores presentarse a votar. Si no encuentran sus nombres en las listas de votación, deben insistir en su derecho a una papeleta provisional. Si la elección resulta tan reñida como sugieren los sondeos en ambos estados, la gente que votó provisionalmente tendrá una oportunidad después del 2 de noviembre de que sus votos sean contados.
18 de octubre de 2004©new york times
©traducción mQh
CARTA DE UNA DEPORTADA: NO SOY UNA AMENAZA PARA SU PAÍS - elena lappin
La nueva reglamentación a que deben someterse los periodistas extranjeros que viajan a Estados Unidos parecen admitir las vejaciones y malos tratos a manos de funcionarios de inmigración. El caso de la escritora Elena Lappin se agrega a una lista creciente de escritores y periodistas tratados de manera humillante por autoridades estadounidenses. Estados Unidos hoy parece revitalizar las medidas adoptadas durante la tiranía mccarthista.
Hace dos meses viajé de Londres a Los Angeles por encargo de un diario británico, The Guardian, creyendo que, como ciudadana del Reino Unido, no necesitaba un visado. Estaba equivocada: como periodista, incluso proviniendo de un país que tiene un convenio de exención de visas con Estados Unidos, yo debería haber solicitado una visa I' (la I' de información). Debido a que no la tenía, fui interrogada durante cuatro horas, me registraron, me tomaron las huellas digitales, me fotografiaron, me esposaron y me obligaron a pasar la noche en una celda de un centro de detenciones en Los Angeles metropolitano, y otro día más en custodia en el aeropuerto antes de dejarme volver a Londres. Mi humillante e muy inconfortable detención duró 26 horas.
Desde entonces me he enterado que no soy un caso aislado: desde marzo de 2003, cuando el departamento de Seguridad Nacional se hizo cargo de inmigración y de la patrulla fronteriza, se ha detenido y deportado de una manera similar en ese año a 13 periodistas extranjeros, todos excepto uno en el aeropuerto de Los Angeles. La exigencia de visado misma y el trato que dan las autoridades estadounidenses a los periodistas son consideradas insostenible por la Sociedad de Directores, Jefes de Área y Redactores Jefes de Periódicos de Estados Unidos y por Reporteros Sin Fronteras. Ambas organizaciones han enviado cartas de protesta a Tom Ridge, que dirige el departamento de Seguridad Nacional, así como al ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell, y al ministro de Justicia John Ashcroft. Posiblemente como resultado de estas acciones conjuntas, Robert Bonner, el comisario del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza, anunció hace poco que a los periodistas que llegaran sin un visado se les permitiría una entrada válida por una sola vez y se les aconsejaría solicitar una visa para visitas futuras. "Somos una sociedad abierta", declaró Bonner, "y queremos que la gente se sienta bienvenida aquí".
Esta afirmación podría ser cuestionada por hombres de negocios estadounidenses, que han perdido 30.7 billones de dólares en los últimos dos años debido a retrasos y denegaciones de visas para sus socios y empleados extranjeros, de acuerdo a una encuesta patrocinada por ocho organizaciones empresariales. Con o sin visas especiales, ahora los periodistas son escudriñados por el departamento de Seguridad Nacional, que me interrogó en detalle en Los Angeles, y, cuando solicité un visado para volver a Estados Unidos, el ministerio de Asuntos Exteriores me preguntó a quién pensaba entrevistar en Estados Unidos, cuál era la naturaleza de mi artículo e incluso cuánto me pagarían. Hay una guerra de territorio entre los dos ministerios, que habitualmente gana el primero. Incluso con una visa, uno puede ser devuelto en cualquier puerto de entrada a Estados Unidos.
Los periodistas estadounidenses que trabajan en el extranjero, especialmente en los países libres, no están acostumbrados a controles de este tipo. Al exigir que los periodistas extranjeros viajen con visados especiales, Estados Unidos se une a países como Irán, Corea del Norte y Cuba, países donde los periodistas son tratados como subversivos peligrosos y difundidores de verdades incómodas.
Por ejemplo, en junio de 2003 el ministerio de Asuntos Exteriores envió un cablegrama a todas sus delegaciones diplomáticas y consulares exhortándoles a prestar atención a "un creciente número" de periodistas a los que se les negaba la entrada al país. "Los extranjeros que llegan a ejercer el periodismo no son admisibles ni en el marco del convenio de no aplicación [de la exigencia de visa] ni en el del visas de negocios", decía el cable. "Los periodistas que intenten entrar de este modo... pueden ser deportados".
Manifiestamente, esta información tiene por objetivo avisar a los solicitantes de visa sobre las reglas de entrada y evitarles molestias posteriores. Sin embargo, el enfoque parece el de un estado policial con un programa ideológico represivo.
Pero, a decir verdad, los periodistas y escritores no están siendo escogidos por sus opiniones políticas. Examinemos el caso, por ejemplo, del novelista inglés Ian McEwan. Laura Bush admira tanto sus libros que fue invitado en el otoño del año pasado a un almuerzo en el número 10 de Downing Street, el que uno de los comensales era el primer ministro Tony Blair. Varios meses más tarde, cuando McEwan viajó a Estados Unidos, a través de Canadá, para leer una conferencia a una audiencia de 2.500 personas en Seattle, los funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Vancouver le negaron la entrada. (La explicación que dieron los funcionarios fue que su honorario de 5.000 dólares era demasiado alto como para que se pudiera aplicar el convenio de no aplicación). La crisis, que duró 36 horas y que pudo haber terminado en su detención si hubiese ocurrido en suelo estadounidense en lugar de canadiense, fue finalmente resuelta con la ayuda de diplomáticos británicos y estadounidenses, parlamentarios, periodistas y abogados de inmigración.
"No queremos dejarle entrar, no creemos que usted deba entrar", recuerda McEwan que le dijo un funcionario de inmigración. "Pero usted tiene amigos poderosos y no nos gusta la publicidad". McEwan comenzó su charla de Seattle agradeciendo irónicamente al departamento de Seguridad Nacional "por proteger al público estadounidense de los novelistas británicos". Hoy dice: "Creo que lo que ha ocurrido es que este departamento ha sido formado en muy poco tiempo e inflado con una misión. Pero la gente que la realiza no ha sido informada por Washington adecuadamente sobre la legislación existente y tienden a inventar reglas sobre la marcha. Pareciera que es la misma fanática indiferencia que caracterizaron a las operaciones post-invasión en Iraq. Yo no soy inmune al argumento de que necesitamos al departamento de Seguridad Nacional para ayudar a combatir el terrorismo; Estados Unidos tiene un montón de enemigos, ahora más que nunca. Pero este tipo de cosas aumenta su aislamiento".
La terrible experiencia del novelista canadiense y candidato al Premio Booler, Rohinton Mistry, es todavía más inquietante, porque hace surgir sospechas sobre la aplicación de criterios raciales. Mistry canceló una gira de conferencias por Estados Unidos en 2002 debido al trato que recibieron él y su esposa en varios aeropuertos. Fueron retenidos e interrogados "hasta el punto que las humillaciones a que fueron sometidos se hicieron insoportables para él y su esposa", declaró ante el diario Globe and Mail de Toronto un representante de su editorial estadounidense, Alfred A. Knopf. Brent Renison, un abogado de Portland, Oregon, y un experto en leyes de inmigración que trabajó con McEwan, destacan los mismos excesos cometidos por funcionarios de inmigración. "Rohinton Mistry nació en India, un país al que no se le exige un registro especial', y es un ciudadano canadiense, y tiene derecho bajo los convenios actuales a que no se le tomen las huellas digitales o se le fotografíe al entrar a Estados Unidos en virtud del convenio de exención de visado".
Pero estas dificultades son anteriores al 11 de septiembre de 2001. El texto en letras minúsculas que advierte, debajo del espacio para firmar en el formulario de exención de visa, declara que "usted no puede aceptar un empleo no autorizado; ni seguir estudios; ni representar a medios de información extranjeros durante su visita" apareció por primera vez a comienzos de los años noventa, cuando se puso en vigor el convenio de no aplicación (inicialmente de forma experimental) para 27 países, incluyendo el mío. "La visa I' ha sido implementada siempre", dice Danielle Sheahan, portavoz del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza. Cuando le dije a Sheahan que me había sentido discriminada, rió: "Bueno, no tiene por qué sentirse así, porque los escritores, que se supone que pueden entrar en virtud del visado O', también son retenidos e interrogados". Agregó que Ian McEwan "debería haber tenido una Visa O1', que quiere decir que, como autor, tiene excelentes credenciales". De hecho, McEwan tenía derecho a cobrar honorarios durante su estancia. Posteriormente se le ofrecieron excusas.
La visa I' fue concebida inicialmente en el marco de la muy controvertida Ley McCarran-Walter, promulgada en 1952 durante el punto más álgido de la era de McCarthy. Uno de los co-autores de la ley, el senador Pat McCarran, fanfarroneaba que la ley era una barrera efectiva contra subversivos. La oposición a la medida fue feroz. El Consejo Nacional de Iglesias la calificó como "una afrenta a la conciencia del pueblo norteamericano". El presidente Truman, cuyo veto a la ley fue anulado por el Congreso, dijo que su origen nacional en el sistema de cuotas olía a la filosofía nazi sobre la raza superior. Brent Renison señala que la ley clasificaba a los periodistas como "una nueva clase de no-inmigrantes" y fueron retirados de la categoría de visitantes. De cualquier modo, durante años se negaron visas de entrada a figuras intelectuales tan importantes como Graham Greene, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Incluso en una fecha tan tardía como 1991, el New York Times informó que el ministerio de Asuntos Exteriores "posee una lista de cientos de miles de extranjeros de quienes se considera que tienen creencias o intenciones peligrosas y deben ser mantenidos fuera del país".
La Ley Patriótica revivió en gran parte la Ley McCarran-Walter. Colocó las medidas contra el terrorismo en una peculiar cercanía conceptual de las leyes que justifican la vigilancia y expulsión de extranjeros indeseables, aunque con un nuevo énfasis: como los escritores disidentes parecen haber desaparecido del dominio público, son los periodistas los que se han transformado en los nuevos subversivos, incluso aunque no tengan planes. Todo esto ha creado un sentimiento de incomodidad entre editores y escritores estadounidenses. "Verdaderamente, me da vergüenza ser norteamericano en estos días", me dijo Jonathan Galassi, de Farrar, Strauss & Giroux. El autor y periodista Jack Miles, investigador del Consejo Pacífico sobre Política Internacional teme que "las relaciones diplomáticas y culturales estadounidenses con sus aliados más cercanos necesitan ser reparadas casi en el mismo grado que nuestras relaciones con los países de mayoría musulmana".
Mientras que las viejas y nuevas ideologías se funden en la Ley Patriótica, la verdad es que en nombre de la lucha contra el terrorismo, ha transformado a una democracia que era libre, abierta e inimitablemente atractiva en algo que se parece a una fortaleza insular de kafkiano absurdo. Quizás Kafka tuvo razón en escribir su visionaria novela Amerika' sin haberla visitado nunca. Es posible que el escritor no habría recibido una visa para entrar al país.
Elena Lappin es la autora de Amores sin fronteras', una compilación de cuentos publicada en español por Siglo XXI, y The Nose', una novela. [Ha sido publicada en francés bajo el título Le Nez', por L'Olivier. Sus trabajos periodísticos han aparecido en Granta, Prospect y Slate.
4 de julio de 2004
2 de octubre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
Hace dos meses viajé de Londres a Los Angeles por encargo de un diario británico, The Guardian, creyendo que, como ciudadana del Reino Unido, no necesitaba un visado. Estaba equivocada: como periodista, incluso proviniendo de un país que tiene un convenio de exención de visas con Estados Unidos, yo debería haber solicitado una visa I' (la I' de información). Debido a que no la tenía, fui interrogada durante cuatro horas, me registraron, me tomaron las huellas digitales, me fotografiaron, me esposaron y me obligaron a pasar la noche en una celda de un centro de detenciones en Los Angeles metropolitano, y otro día más en custodia en el aeropuerto antes de dejarme volver a Londres. Mi humillante e muy inconfortable detención duró 26 horas.Desde entonces me he enterado que no soy un caso aislado: desde marzo de 2003, cuando el departamento de Seguridad Nacional se hizo cargo de inmigración y de la patrulla fronteriza, se ha detenido y deportado de una manera similar en ese año a 13 periodistas extranjeros, todos excepto uno en el aeropuerto de Los Angeles. La exigencia de visado misma y el trato que dan las autoridades estadounidenses a los periodistas son consideradas insostenible por la Sociedad de Directores, Jefes de Área y Redactores Jefes de Periódicos de Estados Unidos y por Reporteros Sin Fronteras. Ambas organizaciones han enviado cartas de protesta a Tom Ridge, que dirige el departamento de Seguridad Nacional, así como al ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell, y al ministro de Justicia John Ashcroft. Posiblemente como resultado de estas acciones conjuntas, Robert Bonner, el comisario del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza, anunció hace poco que a los periodistas que llegaran sin un visado se les permitiría una entrada válida por una sola vez y se les aconsejaría solicitar una visa para visitas futuras. "Somos una sociedad abierta", declaró Bonner, "y queremos que la gente se sienta bienvenida aquí".
Esta afirmación podría ser cuestionada por hombres de negocios estadounidenses, que han perdido 30.7 billones de dólares en los últimos dos años debido a retrasos y denegaciones de visas para sus socios y empleados extranjeros, de acuerdo a una encuesta patrocinada por ocho organizaciones empresariales. Con o sin visas especiales, ahora los periodistas son escudriñados por el departamento de Seguridad Nacional, que me interrogó en detalle en Los Angeles, y, cuando solicité un visado para volver a Estados Unidos, el ministerio de Asuntos Exteriores me preguntó a quién pensaba entrevistar en Estados Unidos, cuál era la naturaleza de mi artículo e incluso cuánto me pagarían. Hay una guerra de territorio entre los dos ministerios, que habitualmente gana el primero. Incluso con una visa, uno puede ser devuelto en cualquier puerto de entrada a Estados Unidos.
Los periodistas estadounidenses que trabajan en el extranjero, especialmente en los países libres, no están acostumbrados a controles de este tipo. Al exigir que los periodistas extranjeros viajen con visados especiales, Estados Unidos se une a países como Irán, Corea del Norte y Cuba, países donde los periodistas son tratados como subversivos peligrosos y difundidores de verdades incómodas.
Por ejemplo, en junio de 2003 el ministerio de Asuntos Exteriores envió un cablegrama a todas sus delegaciones diplomáticas y consulares exhortándoles a prestar atención a "un creciente número" de periodistas a los que se les negaba la entrada al país. "Los extranjeros que llegan a ejercer el periodismo no son admisibles ni en el marco del convenio de no aplicación [de la exigencia de visa] ni en el del visas de negocios", decía el cable. "Los periodistas que intenten entrar de este modo... pueden ser deportados".
Manifiestamente, esta información tiene por objetivo avisar a los solicitantes de visa sobre las reglas de entrada y evitarles molestias posteriores. Sin embargo, el enfoque parece el de un estado policial con un programa ideológico represivo.
Pero, a decir verdad, los periodistas y escritores no están siendo escogidos por sus opiniones políticas. Examinemos el caso, por ejemplo, del novelista inglés Ian McEwan. Laura Bush admira tanto sus libros que fue invitado en el otoño del año pasado a un almuerzo en el número 10 de Downing Street, el que uno de los comensales era el primer ministro Tony Blair. Varios meses más tarde, cuando McEwan viajó a Estados Unidos, a través de Canadá, para leer una conferencia a una audiencia de 2.500 personas en Seattle, los funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Vancouver le negaron la entrada. (La explicación que dieron los funcionarios fue que su honorario de 5.000 dólares era demasiado alto como para que se pudiera aplicar el convenio de no aplicación). La crisis, que duró 36 horas y que pudo haber terminado en su detención si hubiese ocurrido en suelo estadounidense en lugar de canadiense, fue finalmente resuelta con la ayuda de diplomáticos británicos y estadounidenses, parlamentarios, periodistas y abogados de inmigración.
"No queremos dejarle entrar, no creemos que usted deba entrar", recuerda McEwan que le dijo un funcionario de inmigración. "Pero usted tiene amigos poderosos y no nos gusta la publicidad". McEwan comenzó su charla de Seattle agradeciendo irónicamente al departamento de Seguridad Nacional "por proteger al público estadounidense de los novelistas británicos". Hoy dice: "Creo que lo que ha ocurrido es que este departamento ha sido formado en muy poco tiempo e inflado con una misión. Pero la gente que la realiza no ha sido informada por Washington adecuadamente sobre la legislación existente y tienden a inventar reglas sobre la marcha. Pareciera que es la misma fanática indiferencia que caracterizaron a las operaciones post-invasión en Iraq. Yo no soy inmune al argumento de que necesitamos al departamento de Seguridad Nacional para ayudar a combatir el terrorismo; Estados Unidos tiene un montón de enemigos, ahora más que nunca. Pero este tipo de cosas aumenta su aislamiento".
La terrible experiencia del novelista canadiense y candidato al Premio Booler, Rohinton Mistry, es todavía más inquietante, porque hace surgir sospechas sobre la aplicación de criterios raciales. Mistry canceló una gira de conferencias por Estados Unidos en 2002 debido al trato que recibieron él y su esposa en varios aeropuertos. Fueron retenidos e interrogados "hasta el punto que las humillaciones a que fueron sometidos se hicieron insoportables para él y su esposa", declaró ante el diario Globe and Mail de Toronto un representante de su editorial estadounidense, Alfred A. Knopf. Brent Renison, un abogado de Portland, Oregon, y un experto en leyes de inmigración que trabajó con McEwan, destacan los mismos excesos cometidos por funcionarios de inmigración. "Rohinton Mistry nació en India, un país al que no se le exige un registro especial', y es un ciudadano canadiense, y tiene derecho bajo los convenios actuales a que no se le tomen las huellas digitales o se le fotografíe al entrar a Estados Unidos en virtud del convenio de exención de visado".
Pero estas dificultades son anteriores al 11 de septiembre de 2001. El texto en letras minúsculas que advierte, debajo del espacio para firmar en el formulario de exención de visa, declara que "usted no puede aceptar un empleo no autorizado; ni seguir estudios; ni representar a medios de información extranjeros durante su visita" apareció por primera vez a comienzos de los años noventa, cuando se puso en vigor el convenio de no aplicación (inicialmente de forma experimental) para 27 países, incluyendo el mío. "La visa I' ha sido implementada siempre", dice Danielle Sheahan, portavoz del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza. Cuando le dije a Sheahan que me había sentido discriminada, rió: "Bueno, no tiene por qué sentirse así, porque los escritores, que se supone que pueden entrar en virtud del visado O', también son retenidos e interrogados". Agregó que Ian McEwan "debería haber tenido una Visa O1', que quiere decir que, como autor, tiene excelentes credenciales". De hecho, McEwan tenía derecho a cobrar honorarios durante su estancia. Posteriormente se le ofrecieron excusas.
La visa I' fue concebida inicialmente en el marco de la muy controvertida Ley McCarran-Walter, promulgada en 1952 durante el punto más álgido de la era de McCarthy. Uno de los co-autores de la ley, el senador Pat McCarran, fanfarroneaba que la ley era una barrera efectiva contra subversivos. La oposición a la medida fue feroz. El Consejo Nacional de Iglesias la calificó como "una afrenta a la conciencia del pueblo norteamericano". El presidente Truman, cuyo veto a la ley fue anulado por el Congreso, dijo que su origen nacional en el sistema de cuotas olía a la filosofía nazi sobre la raza superior. Brent Renison señala que la ley clasificaba a los periodistas como "una nueva clase de no-inmigrantes" y fueron retirados de la categoría de visitantes. De cualquier modo, durante años se negaron visas de entrada a figuras intelectuales tan importantes como Graham Greene, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Incluso en una fecha tan tardía como 1991, el New York Times informó que el ministerio de Asuntos Exteriores "posee una lista de cientos de miles de extranjeros de quienes se considera que tienen creencias o intenciones peligrosas y deben ser mantenidos fuera del país".
La Ley Patriótica revivió en gran parte la Ley McCarran-Walter. Colocó las medidas contra el terrorismo en una peculiar cercanía conceptual de las leyes que justifican la vigilancia y expulsión de extranjeros indeseables, aunque con un nuevo énfasis: como los escritores disidentes parecen haber desaparecido del dominio público, son los periodistas los que se han transformado en los nuevos subversivos, incluso aunque no tengan planes. Todo esto ha creado un sentimiento de incomodidad entre editores y escritores estadounidenses. "Verdaderamente, me da vergüenza ser norteamericano en estos días", me dijo Jonathan Galassi, de Farrar, Strauss & Giroux. El autor y periodista Jack Miles, investigador del Consejo Pacífico sobre Política Internacional teme que "las relaciones diplomáticas y culturales estadounidenses con sus aliados más cercanos necesitan ser reparadas casi en el mismo grado que nuestras relaciones con los países de mayoría musulmana".
Mientras que las viejas y nuevas ideologías se funden en la Ley Patriótica, la verdad es que en nombre de la lucha contra el terrorismo, ha transformado a una democracia que era libre, abierta e inimitablemente atractiva en algo que se parece a una fortaleza insular de kafkiano absurdo. Quizás Kafka tuvo razón en escribir su visionaria novela Amerika' sin haberla visitado nunca. Es posible que el escritor no habría recibido una visa para entrar al país.
Elena Lappin es la autora de Amores sin fronteras', una compilación de cuentos publicada en español por Siglo XXI, y The Nose', una novela. [Ha sido publicada en francés bajo el título Le Nez', por L'Olivier. Sus trabajos periodísticos han aparecido en Granta, Prospect y Slate.
4 de julio de 2004
2 de octubre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
LOS PERSEGUIDOS, CON CADENAS
Arguyendo que representan amenazas para la seguridad interior, Estados Unidos tiene encarcelados a miles de refugiados, entre ellos monjes tibetanos y mujeres afganas que huyeron de los talibanes. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 proporcionan una excusa perfecta para la xenofobia. Estados Unidos replica la inhumanidad holandesa.
En cárceles y prisiones a través de Estados Unidos, se ha recluido a miles de personas que no han sido nunca acusadas de haber cometido algún delito. Los guardias les tratan como si fuesen criminales y los criminales con los que comparten litera a menudo les maltratan. Son recluidos durante meses, a veces incluso durante años, pero a diferencia de los delincuentes, no saben cuando terminará su condena. Reciben ese trato porque son extranjeros que han llegado a Estados Unidos diciendo que huían de persecuciones en sus propios países.
No siempre encarceló Estados Unidos a esa gente. Hasta 1997, cuando empezaron los problemas con la seguridad interior, los refugiados podían vivir como cualquier persona mientras esperaban que se resolviera sobre ellos. Hoy, miles esperan encarcelados. Algunos están en centros de inmigración que se parecen muchísimo a cárceles, pero más de la mitad de ellos son enviados cárceles y prisiones de verdad.
El departamento de Seguridad Interior, que se hizo cargo de los asuntos de inmigración que llevaba antes el Servicio de Inmigración y Naturalización hace 18 meses, dice que ha retenido sólo a los refugiados que plantean una amenaza para la seguridad interior o que intentan desaparecer en la ilegalidad. Pero hay innumerables casos de solicitantes de asilo que están detenidos incluso cuando no suponen riesgo alguno para la seguridad, tienen amigos o familiares que pueden responder por ellos, y que es improbable que quieran evitar los trámites de asilo. Entre ellos se encuentran monjes tibetanos, minorías religiosas de África, mujeres afganas perseguidas por los talibanes por dirigir escuelas de niñas, activistas de base ucranianos, y otros. Estas personas son a menudo las más nobles en sus sociedades de origen. Llegan aquí en búsqueda de la libertad que promete América, pero terminan encadenados.
Las reglas se han hecho más severas desde el 11 de septiembre de 2001. Un solicitante de asilo que llega a un puesto fronterizo o aeropuerto norteamericano debe dirigirse a un funcionario de inmigración, el que determina si la persona representa o no un riesgo de seguridad o si tiene vínculos con la comunidad en el país. Aquellos que no pasan esos tests son deportados, y los que los pasan, detenidos. La mayoría de los detenidos son entonces puestos en libertad provisional mientras esperan sus juicios. Pero las decisiones de Seguridad Interior varían enormemente de región en región. Miami, Tejas y San Diego libera al 81 por ciento de sus detenidos; Nueva York al 8 por ciento, y Nueva Jersey a sólo el 4 por ciento.
Además, Estados Unidos parece usar las detenciones como un medio de desalentar a la gente que busca refugio en América. Esta es una política explícita en el caso de los haitianos. El fiscal general John Ashcroft determinó que toda la gente que llegue por mar -la enorme mayoría de los haitianos- deben ser detenidos porque ponerles en libertad alentaría a otros a venir aquí. Se han hecho una excepción con los cubanos que llegan en bote. A ellos se les deja en libertad y se les otorga por ley un permiso de residencia.
Las decisiones sobre cómo tratar a los inmigrantes deberían tomar en circunstancias individuales, y de acuerdo a reglas claras que debiesen aplicarse por igual en todas las regiones. Estados Unidos debe naturalmente tener cuidado con personas que llegan aquí y dicen que buscan asilo. Pero encarcelar a miles de personas que no representan riesgo alguno y son acusados de nada, es caro, innecesario y traiciona el compromiso de Estados Unidos con los perseguidos.
25 de septiembre de 2004
26 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
En cárceles y prisiones a través de Estados Unidos, se ha recluido a miles de personas que no han sido nunca acusadas de haber cometido algún delito. Los guardias les tratan como si fuesen criminales y los criminales con los que comparten litera a menudo les maltratan. Son recluidos durante meses, a veces incluso durante años, pero a diferencia de los delincuentes, no saben cuando terminará su condena. Reciben ese trato porque son extranjeros que han llegado a Estados Unidos diciendo que huían de persecuciones en sus propios países.No siempre encarceló Estados Unidos a esa gente. Hasta 1997, cuando empezaron los problemas con la seguridad interior, los refugiados podían vivir como cualquier persona mientras esperaban que se resolviera sobre ellos. Hoy, miles esperan encarcelados. Algunos están en centros de inmigración que se parecen muchísimo a cárceles, pero más de la mitad de ellos son enviados cárceles y prisiones de verdad.
El departamento de Seguridad Interior, que se hizo cargo de los asuntos de inmigración que llevaba antes el Servicio de Inmigración y Naturalización hace 18 meses, dice que ha retenido sólo a los refugiados que plantean una amenaza para la seguridad interior o que intentan desaparecer en la ilegalidad. Pero hay innumerables casos de solicitantes de asilo que están detenidos incluso cuando no suponen riesgo alguno para la seguridad, tienen amigos o familiares que pueden responder por ellos, y que es improbable que quieran evitar los trámites de asilo. Entre ellos se encuentran monjes tibetanos, minorías religiosas de África, mujeres afganas perseguidas por los talibanes por dirigir escuelas de niñas, activistas de base ucranianos, y otros. Estas personas son a menudo las más nobles en sus sociedades de origen. Llegan aquí en búsqueda de la libertad que promete América, pero terminan encadenados.
Las reglas se han hecho más severas desde el 11 de septiembre de 2001. Un solicitante de asilo que llega a un puesto fronterizo o aeropuerto norteamericano debe dirigirse a un funcionario de inmigración, el que determina si la persona representa o no un riesgo de seguridad o si tiene vínculos con la comunidad en el país. Aquellos que no pasan esos tests son deportados, y los que los pasan, detenidos. La mayoría de los detenidos son entonces puestos en libertad provisional mientras esperan sus juicios. Pero las decisiones de Seguridad Interior varían enormemente de región en región. Miami, Tejas y San Diego libera al 81 por ciento de sus detenidos; Nueva York al 8 por ciento, y Nueva Jersey a sólo el 4 por ciento.
Además, Estados Unidos parece usar las detenciones como un medio de desalentar a la gente que busca refugio en América. Esta es una política explícita en el caso de los haitianos. El fiscal general John Ashcroft determinó que toda la gente que llegue por mar -la enorme mayoría de los haitianos- deben ser detenidos porque ponerles en libertad alentaría a otros a venir aquí. Se han hecho una excepción con los cubanos que llegan en bote. A ellos se les deja en libertad y se les otorga por ley un permiso de residencia.
Las decisiones sobre cómo tratar a los inmigrantes deberían tomar en circunstancias individuales, y de acuerdo a reglas claras que debiesen aplicarse por igual en todas las regiones. Estados Unidos debe naturalmente tener cuidado con personas que llegan aquí y dicen que buscan asilo. Pero encarcelar a miles de personas que no representan riesgo alguno y son acusados de nada, es caro, innecesario y traiciona el compromiso de Estados Unidos con los perseguidos.
25 de septiembre de 2004
26 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
JUEZ ORDENA QUE GOBIERNO PRESENTE CARGOS CONTRA DETENIDOS EN GUANTÁNAMO - carol d. leonnig
Una juez federal ordenó ayer que el gobierno estadounidense debe justificar por qué mantiene a detenidos en la prisión militar de Bahía de Guantánamo, Cuba. Los detenidos llevan ya casi tres años en la prisión, todavía no han sido acusados, y la juez exige que se explique por qué no se les deja en libertad.
En una decisión que se supone terminará con el estancamiento de las negociaciones sobre cuándo se presentará a los detenidos ante un tribunal federal, la juez de distrito Joyce Hens Green dijo que el departamento de Defensa debe dar a conocer los cargos o la justificación de hecho para mantener en prisión a cada uno de los 60 detenidos que se han querellado contra el gobierno, a comenzar de inmediato y en un proceso que deberá estar completado el 18 de octubre.
El juez también fijó el 4 de octubre como fecha límite para que el gobierno entregue una argumentación por escrito sobre por qué no pone en libertad a los detenidos.
La resolución de Green fue la primera señal pública de movimiento en el caso desde que la Corte Suprema determinara hace tres meses que los supuestos combatientes de Al Qaeda y talibanes detenidos en la prisión tienen derecho a impugnar su encarcelamiento ante tribunales estadounidenses.
El gobierno comenzó a trasladar a cientos de hombres capturados en la guerra afgana a la base naval norteamericana de Guantánamo a principios de 2002, acusándoles de ser "combatientes enemigos" y sostuvo que no era necesario acusarles formalmente ni permitirles que viesen a abogados. Los oficiales adujeron peligros para la seguridad nacional para mantener incomunicados a los detenidos.
Pero la Corte Suprema expresó su desacuerdo en su resolución de junio y desde entonces varias decenas de detenidos se han querellado ante un tribunal federal en Washington, exigiendo que sean llevados a juicio.
Durante los últimos meses, los abogados de los detenidos y el gobierno han disputado sobre los reglamentos que permiten a los abogados visitar a sus clientes, sobre si sus conversaciones deben o no ser supervisadas y sobre si a los detenidos se les permitirá o no más de una visita. Entretanto, el gobierno ha comenzado a acelerar los juicios de cuatro detenidos a través de "comisiones militares" y ha acusado a algunos otros.
Green expresó su preocupación ayer en una resolución escrita que la serie de encuentros a puertas cerradas entre los abogados de uno y otro bando en agosto y septiembre no han producido resultados significativos.
Escribió que "parece haber confusiones" sobre el plazo específico en que el gobierno debe revelar las razones por las que mantiene en prisión a los individuos detenidos que se han querellado ante el tribunal. Esas explicaciones debieron haber comenzado a ser proporcionadas el 8 de septiembre, pero los abogados dijeron que el gobierno sólo las ha dado a conocer en dos casos.
Green expresó también su frustración cuando se enteró por el periódico de que el gobierno había liberado a 35 detenidos, que fueron entregados a las autoridades paquistaníes, y ordenó al Pentágono que la informara de antemano sobre cualquier plan futuro de liberar a los cautivos. También fijó el 13 de octubre como fecha límite para realizar una audiencia pública en la que se resolverá el resto de los diferendos.
Un portavoz del departamento de Defensa dijo ayer tarde que no podía comentar la resolución porque no la había leído.
Los abogados de los detenidos escribieron hace apenas una semana una carta conjunta a Green quejándose del estancamiento de los procesos, y ayer acogieron positivamente su decisión.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales y abogado de varios de los detenidos dijo que esperaba que los casos sean debatidos en una corte abierta en lugar de los encuentros cerrados entre el juez y los abogados, una perspectiva que le satisface.
"Estos son casos que atraen la atención de la opinión pública y merecen ser debatidos abiertamente", dijo Ratner. "El gobierno ha tenido tres meses desde que la Corte Suprema resolviera que... el gobierno debe explicar por qué mantiene detenidos a nuestros clientes. Ahora que eso ya se sabe, ¿por cuánto tiempo más cree que el gobierno que puede negar [una resolución de la corte]?"
Tom Wilner, abogado defensor de un grupo de detenidos de Kuwait, y Brent Mickum, abogado de varios otros prisioneros, dijeron que tienen la esperanza de que la resolución provoque algunos avances.
"Después de casi tres años, es hora de que el gobierno sea obligado a revelar por qué mantiene a esa gente en prisión", dijo Wilner. "¿Cómo es posible que metas a alguien en prisión sin decirle por qué lo haces?"
John Mintz contribuyó a este informe.
21 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
En una decisión que se supone terminará con el estancamiento de las negociaciones sobre cuándo se presentará a los detenidos ante un tribunal federal, la juez de distrito Joyce Hens Green dijo que el departamento de Defensa debe dar a conocer los cargos o la justificación de hecho para mantener en prisión a cada uno de los 60 detenidos que se han querellado contra el gobierno, a comenzar de inmediato y en un proceso que deberá estar completado el 18 de octubre.El juez también fijó el 4 de octubre como fecha límite para que el gobierno entregue una argumentación por escrito sobre por qué no pone en libertad a los detenidos.
La resolución de Green fue la primera señal pública de movimiento en el caso desde que la Corte Suprema determinara hace tres meses que los supuestos combatientes de Al Qaeda y talibanes detenidos en la prisión tienen derecho a impugnar su encarcelamiento ante tribunales estadounidenses.
El gobierno comenzó a trasladar a cientos de hombres capturados en la guerra afgana a la base naval norteamericana de Guantánamo a principios de 2002, acusándoles de ser "combatientes enemigos" y sostuvo que no era necesario acusarles formalmente ni permitirles que viesen a abogados. Los oficiales adujeron peligros para la seguridad nacional para mantener incomunicados a los detenidos.
Pero la Corte Suprema expresó su desacuerdo en su resolución de junio y desde entonces varias decenas de detenidos se han querellado ante un tribunal federal en Washington, exigiendo que sean llevados a juicio.
Durante los últimos meses, los abogados de los detenidos y el gobierno han disputado sobre los reglamentos que permiten a los abogados visitar a sus clientes, sobre si sus conversaciones deben o no ser supervisadas y sobre si a los detenidos se les permitirá o no más de una visita. Entretanto, el gobierno ha comenzado a acelerar los juicios de cuatro detenidos a través de "comisiones militares" y ha acusado a algunos otros.
Green expresó su preocupación ayer en una resolución escrita que la serie de encuentros a puertas cerradas entre los abogados de uno y otro bando en agosto y septiembre no han producido resultados significativos.
Escribió que "parece haber confusiones" sobre el plazo específico en que el gobierno debe revelar las razones por las que mantiene en prisión a los individuos detenidos que se han querellado ante el tribunal. Esas explicaciones debieron haber comenzado a ser proporcionadas el 8 de septiembre, pero los abogados dijeron que el gobierno sólo las ha dado a conocer en dos casos.
Green expresó también su frustración cuando se enteró por el periódico de que el gobierno había liberado a 35 detenidos, que fueron entregados a las autoridades paquistaníes, y ordenó al Pentágono que la informara de antemano sobre cualquier plan futuro de liberar a los cautivos. También fijó el 13 de octubre como fecha límite para realizar una audiencia pública en la que se resolverá el resto de los diferendos.
Un portavoz del departamento de Defensa dijo ayer tarde que no podía comentar la resolución porque no la había leído.
Los abogados de los detenidos escribieron hace apenas una semana una carta conjunta a Green quejándose del estancamiento de los procesos, y ayer acogieron positivamente su decisión.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales y abogado de varios de los detenidos dijo que esperaba que los casos sean debatidos en una corte abierta en lugar de los encuentros cerrados entre el juez y los abogados, una perspectiva que le satisface.
"Estos son casos que atraen la atención de la opinión pública y merecen ser debatidos abiertamente", dijo Ratner. "El gobierno ha tenido tres meses desde que la Corte Suprema resolviera que... el gobierno debe explicar por qué mantiene detenidos a nuestros clientes. Ahora que eso ya se sabe, ¿por cuánto tiempo más cree que el gobierno que puede negar [una resolución de la corte]?"
Tom Wilner, abogado defensor de un grupo de detenidos de Kuwait, y Brent Mickum, abogado de varios otros prisioneros, dijeron que tienen la esperanza de que la resolución provoque algunos avances.
"Después de casi tres años, es hora de que el gobierno sea obligado a revelar por qué mantiene a esa gente en prisión", dijo Wilner. "¿Cómo es posible que metas a alguien en prisión sin decirle por qué lo haces?"
John Mintz contribuyó a este informe.
21 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
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RETIRAN ACUSACIONES DE ESPIONAJE CONTRA SOLDADOS ESTADOUNIDENSES MUSULMANES - john mintz
El gobierno retiró ayer las acusaciones de espionaje contra un intérprete de origen sirio de la prisión militar de Bahía de Guantánamo. Es la tercera vez en los últimos meses que los investigadores han retirado cargos relacionados con la seguridad interior contra un militar en el centro de detención de sospechosos de ser miembros de Al Qaeda y de combatientes talibanes.
En un acuerdo con los fiscales militares, el veterano soldado de la Fuerza Aérea Ahmad Halabi, que había sido acusado de treinta cargos de espionaje y de colaborar con el enemigo que pudieron haberle significado una condena a la pena de muerte, se declaró culpable de cuatro delitos menores.
Halabi es el segundo soldado musulmán de la base -y el tercero en total- de ser liberado de acusaciones graves en casos que llevaron a las autoridades a sospechar que existía una extensa red de espionaje en la prisión en la base naval norteamericana en Cuba. En marzo, un capellán musulmán de la prisión, el capitán del Ejército James Yee, fue liberado de los cargos de espionaje y sedición.
Antes este mes el Ejército dejó caer las acusaciones contra el coronel reservista Jackie Duane Farr, un oficial del servicio de inteligencia en la Bahía de Guantánamo que había sido acusado de tratar de sacar documentos secretos de la base.
La corte marcial de Halabi, un oficinista de la sección de suministros de la Fuerza Aérea que trabajó durante ocho meses como traductor de árabe en la prisión de Bahía de Guantánamo, comenzará esta semana en la base de la Fuerza Aérea de Travis, en California.
Halabi fue detenido en julio de 2003 en una base naval de Florida cuando se dirigía hacia Siria para casarse después de su período de servicio en la Bahía de Guantánamo. Agentes federales descubrieron en sus maletas cientos de documentos, incluyendo 180 cartas en su ordenador portátil -cartas que habían sido enviadas previamente por los detenidos a sus familias. Otros documentos incluían una lista de los nombres de los detenidos y un plano de la prisión.
El gobierno afirmó que Halabi, nacido en Siria y que se mudó a Detroit cuando era adolescente, planeaba durante su viaje entregar los documentos a "enemigos" no identificados.
Fue inicialmente acusado de 30 cargos, incluyendo espionaje y colaboración con el enemigo, pero más tarde el gobierno retiró casi la mitad de esas acusaciones. Pasó más de nueve meses en prisión ante de que se le permitiera en mayo pasado volver a su trabajo como oficinista de suministros en una base en las afueras de Sacramento.
El caso estuvo plagado de irregularidades. Mientras registraban las pertenencias de Halabi un investigador novato de la Fuerza Aérea bebió cerveza y olvidó ponerse guantes a la hora de abrir una caja de documentos, como quedó en claro posteriormente en los testimonios. Luego volvió a coger la caja y se puso los guantes antes de filmar en video su re-apertura de la caja.
En varias ocasiones, oficiales militares tradujeron mal documentos en árabe, y también se reveló que agentes de la Fuerza Aérea se habían equivocado al afirmar que Halabi había enviado por correo electrónico material clasificado a destinatarios no autorizados.
A comienzos de mes la Fuerza Aérea retiró su alegato de que cientos de los documentos hallados entre las pertenencias de Halabi, incluyendo cartas de los detenidos, eran documentos clasificados. Concluyeron que sólo uno de los documentos pertenecía a esa categoría.
La coronel Jennifer Cassidy, portavoz de la acusación, dijo ayer que "había otras cosas raras" en el caso, pero agregó que "este caso demuestra que el sistema de justicia militar es imparcial y justo. A medida que se fueron conociendo las evidencias, los cargos fueron retirados... No es un trabajo que va en una sola vía".
Pero expertos en derecho militar fueron más críticos. "Este caso, para mi pesar, hace que la justicia militar se vea mal", dijo Gary Solis, un antiguo fiscal de la Marina que enseña sobre leyes de guerra en la Universidad de Georgetown.
El abogado defensor de Yee, Eugene Fidell, dijo que la "gente que debería saberlo mejor son los que aprietan con demasiada ligereza el gatillo a la hora de meter soldados en prisión", refiriéndose a Halabi y Yee. "Casos en los que se han hecho acusaciones gravísimas han terminado en fracasos... Y esto conduce a que la opinión pública pierda confianza en la administración de justicia en una época en que no podemos permitírnoslo".
Cuando fue detenido el año pasado en Florida, Halabi se declaró culpable de haber tomado fotografías no autorizadas en la prisión, de transportar ilegalmente documentos clasificados a su cuartel, de mentir a los investigadores y de poseer documentos no autorizados sobre el funcionamiento de la prisión.
Uno de los abogados de Halabi, Donald Rehkopf, dijo ayer a periodistas que esas eran "infracciones menores", de acuerdo a informaciones de servicios de prensa. Pero Cassidy no lo cree. "Las acusaciones eran bastante serias, en términos del tipo de documentos" que tenía Halabi, dijo. "La Fuerza Aérea cree que hay cláusulas [en el acuerdo] que serán beneficiosas para la Fuerza Aérea".
Cassidy se negó a revelar los términos del acuerdo de culpabilidad, pero dijo que una de sus provisiones es un acuerdo sobre la sentencia máxima. El juez, la coronel Barbara Strand, dictará sentencia dentro de unos días.
A Yee, un licenciado de la academia de West Point que estuvo detenido durante 76 días, se le dijo que sería acusado de espionaje. Pero finalmente fue acusado de cargos menores, incluyendo el uso inapropiado de documentos. Sólo fue encontrado culpable de adulterio y de guardar fotografías pornográficas en un ordenador del gobierno. Las reprimendas formales por esas infracciones fueron posteriormente retiradas.
Ahmed Fathy Mehalba, musulmán y antiguo intérprete civil en la Bahía de Guantánamo está todavía en prisión y será procesado por un tribunal federal en Boston. Fue detenido el año pasado por mentir a agentes federales sobre documentos clasificados aparentemente hallados en disquetes en su posesión cuando volvía a Estados Unidos después de un viaje por Egipto.
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
En un acuerdo con los fiscales militares, el veterano soldado de la Fuerza Aérea Ahmad Halabi, que había sido acusado de treinta cargos de espionaje y de colaborar con el enemigo que pudieron haberle significado una condena a la pena de muerte, se declaró culpable de cuatro delitos menores.Halabi es el segundo soldado musulmán de la base -y el tercero en total- de ser liberado de acusaciones graves en casos que llevaron a las autoridades a sospechar que existía una extensa red de espionaje en la prisión en la base naval norteamericana en Cuba. En marzo, un capellán musulmán de la prisión, el capitán del Ejército James Yee, fue liberado de los cargos de espionaje y sedición.
Antes este mes el Ejército dejó caer las acusaciones contra el coronel reservista Jackie Duane Farr, un oficial del servicio de inteligencia en la Bahía de Guantánamo que había sido acusado de tratar de sacar documentos secretos de la base.
La corte marcial de Halabi, un oficinista de la sección de suministros de la Fuerza Aérea que trabajó durante ocho meses como traductor de árabe en la prisión de Bahía de Guantánamo, comenzará esta semana en la base de la Fuerza Aérea de Travis, en California.
Halabi fue detenido en julio de 2003 en una base naval de Florida cuando se dirigía hacia Siria para casarse después de su período de servicio en la Bahía de Guantánamo. Agentes federales descubrieron en sus maletas cientos de documentos, incluyendo 180 cartas en su ordenador portátil -cartas que habían sido enviadas previamente por los detenidos a sus familias. Otros documentos incluían una lista de los nombres de los detenidos y un plano de la prisión.
El gobierno afirmó que Halabi, nacido en Siria y que se mudó a Detroit cuando era adolescente, planeaba durante su viaje entregar los documentos a "enemigos" no identificados.
Fue inicialmente acusado de 30 cargos, incluyendo espionaje y colaboración con el enemigo, pero más tarde el gobierno retiró casi la mitad de esas acusaciones. Pasó más de nueve meses en prisión ante de que se le permitiera en mayo pasado volver a su trabajo como oficinista de suministros en una base en las afueras de Sacramento.
El caso estuvo plagado de irregularidades. Mientras registraban las pertenencias de Halabi un investigador novato de la Fuerza Aérea bebió cerveza y olvidó ponerse guantes a la hora de abrir una caja de documentos, como quedó en claro posteriormente en los testimonios. Luego volvió a coger la caja y se puso los guantes antes de filmar en video su re-apertura de la caja.
En varias ocasiones, oficiales militares tradujeron mal documentos en árabe, y también se reveló que agentes de la Fuerza Aérea se habían equivocado al afirmar que Halabi había enviado por correo electrónico material clasificado a destinatarios no autorizados.
A comienzos de mes la Fuerza Aérea retiró su alegato de que cientos de los documentos hallados entre las pertenencias de Halabi, incluyendo cartas de los detenidos, eran documentos clasificados. Concluyeron que sólo uno de los documentos pertenecía a esa categoría.
La coronel Jennifer Cassidy, portavoz de la acusación, dijo ayer que "había otras cosas raras" en el caso, pero agregó que "este caso demuestra que el sistema de justicia militar es imparcial y justo. A medida que se fueron conociendo las evidencias, los cargos fueron retirados... No es un trabajo que va en una sola vía".
Pero expertos en derecho militar fueron más críticos. "Este caso, para mi pesar, hace que la justicia militar se vea mal", dijo Gary Solis, un antiguo fiscal de la Marina que enseña sobre leyes de guerra en la Universidad de Georgetown.
El abogado defensor de Yee, Eugene Fidell, dijo que la "gente que debería saberlo mejor son los que aprietan con demasiada ligereza el gatillo a la hora de meter soldados en prisión", refiriéndose a Halabi y Yee. "Casos en los que se han hecho acusaciones gravísimas han terminado en fracasos... Y esto conduce a que la opinión pública pierda confianza en la administración de justicia en una época en que no podemos permitírnoslo".
Cuando fue detenido el año pasado en Florida, Halabi se declaró culpable de haber tomado fotografías no autorizadas en la prisión, de transportar ilegalmente documentos clasificados a su cuartel, de mentir a los investigadores y de poseer documentos no autorizados sobre el funcionamiento de la prisión.
Uno de los abogados de Halabi, Donald Rehkopf, dijo ayer a periodistas que esas eran "infracciones menores", de acuerdo a informaciones de servicios de prensa. Pero Cassidy no lo cree. "Las acusaciones eran bastante serias, en términos del tipo de documentos" que tenía Halabi, dijo. "La Fuerza Aérea cree que hay cláusulas [en el acuerdo] que serán beneficiosas para la Fuerza Aérea".
Cassidy se negó a revelar los términos del acuerdo de culpabilidad, pero dijo que una de sus provisiones es un acuerdo sobre la sentencia máxima. El juez, la coronel Barbara Strand, dictará sentencia dentro de unos días.
A Yee, un licenciado de la academia de West Point que estuvo detenido durante 76 días, se le dijo que sería acusado de espionaje. Pero finalmente fue acusado de cargos menores, incluyendo el uso inapropiado de documentos. Sólo fue encontrado culpable de adulterio y de guardar fotografías pornográficas en un ordenador del gobierno. Las reprimendas formales por esas infracciones fueron posteriormente retiradas.
Ahmed Fathy Mehalba, musulmán y antiguo intérprete civil en la Bahía de Guantánamo está todavía en prisión y será procesado por un tribunal federal en Boston. Fue detenido el año pasado por mentir a agentes federales sobre documentos clasificados aparentemente hallados en disquetes en su posesión cuando volvía a Estados Unidos después de un viaje por Egipto.
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
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CUBANO OCULTÓ VÍNCULOS CON SERVICIO SECRETO
Un traductor de un hospital corre el riesgo de ser llevado a un tribunal de inmigración después de que agentes federales lo detuvieran bajo el cargo de no revelar que trabajó en el pasado para el servicio de inteligencia cubano.
Chapell Hill, Carolina del Norte. Juan Manuel Reyes-Alonso, 36, que vive en el condado de Chatham, fue detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Forsyth mientras espera un encuentro con un juez de inmigración de Atlanta.
Agentes de Inmigración y Aduanas lo sacaron esposado el jueves del hospital UNC, donde Reyes-Alonso trabaja en la sección de pediatría.
Reyes-Alonso, que nació en Cuba, no reveló que siguió "adiestramiento como agente de inteligencia en junio de 1994 bajo el mando del Directorado Cubano de Inteligencia", dijo Sue Brown, portavoz del servicio de Inmigración y Aduanas. No reveló esa formación, que es exigida por la Ley de Inscripción de Agentes Extranjeros, dijo Brown en un comunicado de prensa.
"Este hombre gozó de un extenso programa de adiestramiento y tuvo una larga carrera como agente del servicio de inteligencia cubano", dijo Ken Smith, un agente especial de Atlanta encargado del despacho de Raleigh. "No revelar actividades de inteligencia extranjeras es una violación de la ley. Es así de simple".
La ley define como agentes' a personas que continúan operando bajo órdenes o a petición de un gobierno, organización o individuo extranjeros.
La esposa de Reyes-Alonso, Amber Harmon, una estudiante de horticultura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, calificó la detención de "demente".
"Ha sido honesto sobre su pasado desde el día mismo en que solicitó su visa", dijo.
Reyes-Alonso llegó a Estados Unidos hace cuatro años con una visa que obtuvo por sus planes de casarse con Harmon. Se casaron en septiembre de 2000.
Su marido dejó de trabajar para el gobierno cubano en noviembre de 1997, dijo Harmon. Después de eso, trató de obtener un permiso para salir de Cuba, pero no se lo otorgaron, dijo Harmon.
Reyes-Alonso terminó finalmente en Estados Unidos después de huir hacia Nicaragua y de que Harmon pidiera ayuda a dos senadores de Carolina del Norte.
Harmon dijo que su marido ha tratado de cumplir con el reglamento de inmigración, pero agregó que no sabía que tenía que inscribirse en el departamento de Justicia.
"Mi marido no es un espía", dijo Harmon. "El gobierno cubano no se encuentra entre sus amigos".
4 de septiembre de 2004
©miamiherald
©traducción mQh
Chapell Hill, Carolina del Norte. Juan Manuel Reyes-Alonso, 36, que vive en el condado de Chatham, fue detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Forsyth mientras espera un encuentro con un juez de inmigración de Atlanta.Agentes de Inmigración y Aduanas lo sacaron esposado el jueves del hospital UNC, donde Reyes-Alonso trabaja en la sección de pediatría.
Reyes-Alonso, que nació en Cuba, no reveló que siguió "adiestramiento como agente de inteligencia en junio de 1994 bajo el mando del Directorado Cubano de Inteligencia", dijo Sue Brown, portavoz del servicio de Inmigración y Aduanas. No reveló esa formación, que es exigida por la Ley de Inscripción de Agentes Extranjeros, dijo Brown en un comunicado de prensa.
"Este hombre gozó de un extenso programa de adiestramiento y tuvo una larga carrera como agente del servicio de inteligencia cubano", dijo Ken Smith, un agente especial de Atlanta encargado del despacho de Raleigh. "No revelar actividades de inteligencia extranjeras es una violación de la ley. Es así de simple".
La ley define como agentes' a personas que continúan operando bajo órdenes o a petición de un gobierno, organización o individuo extranjeros.
La esposa de Reyes-Alonso, Amber Harmon, una estudiante de horticultura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, calificó la detención de "demente".
"Ha sido honesto sobre su pasado desde el día mismo en que solicitó su visa", dijo.
Reyes-Alonso llegó a Estados Unidos hace cuatro años con una visa que obtuvo por sus planes de casarse con Harmon. Se casaron en septiembre de 2000.
Su marido dejó de trabajar para el gobierno cubano en noviembre de 1997, dijo Harmon. Después de eso, trató de obtener un permiso para salir de Cuba, pero no se lo otorgaron, dijo Harmon.
Reyes-Alonso terminó finalmente en Estados Unidos después de huir hacia Nicaragua y de que Harmon pidiera ayuda a dos senadores de Carolina del Norte.
Harmon dijo que su marido ha tratado de cumplir con el reglamento de inmigración, pero agregó que no sabía que tenía que inscribirse en el departamento de Justicia.
"Mi marido no es un espía", dijo Harmon. "El gobierno cubano no se encuentra entre sus amigos".
4 de septiembre de 2004
©miamiherald
©traducción mQh
EL DISCURSO DE ACEPTACIÓN DE BUSH
El discurso de aceptación de Bush desilusiona y preocupa a la prensa liberal, especialmente los intolerables insultos contra el candidato Kerry, al que los pistoleros de Bush no han dudado en calificar de maricón por criticar la política exterior de Estados Unidos. Bush, que no se caracteriza exactamente por su inteligencia ni buenas maneras, corre el riesgo de enajenarse el voto de los votantes indecisos.
Cuando la pasada noche del jueves el presidente Bush aceptó la nominación de su partido, se presentó enérgicamente como el hombre que mantendrá a Estados Unidos seguro en un tiempo de terrorismo internacional. Sus partidarios creen que es la clave para su re-elección. Pero si Bush quiere obtener un segundo mandato, necesitará hacer algo más -especialmente si quiere ganar con más de 500 votos esta vez. El presidente necesita dirigirse a un gran número de votantes moderados que creen que las cosas han marchado mal estos últimos cuatro años, y convencerles de que tiene la capacidad de aprender de los errores cometidos y desempeñarse mejor. En ese sentido, su discurso de aceptación se queda corto.
A pesar de los enormes cambios que ha sufrido Estados Unidos desde las últimas elecciones, desde los ataques terroristas a la recesión, Bush se ha aferrado resueltamente a las prioridades que llevó al despacho presidencial en 2001. Ganó en el tema de los recortes presupuestarios y en sus planes en la enseñanza. La política exterior norteamericana terminó concentrándose en el mismo país que ha sido la obsesión de Bush y sus asesores desde el inicio de su mandato.
Por cada una de esas políticas el país ha pagado un alto precio: los recortes presupuestarios han hecho explotar el déficit del presupuesto, Bush no ha logrado financiar su programa educativo y la guerra en Iraq se ha manejado torpemente desde el día mismo en que cayó Bagdad. Nadie espera que el presidente admita que sus iniciativas han sido menos que éxitos rotundos, pero los votantes indecisos podrían haber sido mantenidos a mano por al menos un indicio de que el gobierno se da cuenta de que su administración necesita ajustes.
En lugar de eso, el presidente ofreció iniciativas conflictivas y a medio terminar como si -como su programa de prescripción de medicamentos- fuesen planes logrados, del mismo modo que presentó la peligrosa y caótica situación de Iraq como una política exterior exitosa a la par que el Plan Marshall. Lanzó una combinación de conceptos extremadamente vagos -como crear una sociedad de propietarios- junto con ideas latosas como becas universitarias adicionales. La combinación de ideas de poca monta y generalizaciones porosas también caracterizó el discurso de la convención de John Kerry. Pero la contribución de Bush no eleva en nada las esperanzas en lo que se refiere al nivel de los debates de campaña que vendrá.
El presidente, que abandonó su loable intento de comenzar una reforma de la inmigración tan urgentemente necesaria tan pronto como encontró resistencia política, ni mencionó el tema en su discurso. Tampoco hay indicios de que se da cuenta de su voto de que es un "unificador y no alguien que trae divisiones" se ha encallado por la insistencia del gobierno en nombrar jueces de derechas y su falta de flexibilidad en temas sociales tales como la investigación genética.
No hubo nada en el discurso de la noche pasada que sugiera una nueva era de franqueza en la Casa Blanca, ni esperanzas de que se enfoque esos problemas fundamentales de otro modo que con la política de Bush de aplicar "mi punto de vista o nada", que ha caracterizado la postura del gobierno en asuntos como los recortes presupuestarios o la guerra de Iraq.
Si Bush se muestra rígido en sus medidas, es extraordinariamente flexible a la hora de comercializarlas. Una vez más, la convención republicana ha sido dirigida por su izquierda, con un desfile de oradores de máxima audiencia de lo que puede llamarse el lado más moderado de su partido. Aparte de un vicioso y bizarro ataque contra Kerry a cargo del senador Zell Miller, un demócrata, las palabras duras fueron dejadas en manos del vice-presidente.
Fue deprimente oír a Dick Cheney, que habló el miércoles noche, repetir -para satisfacción de la audiencia- sus tijeretazos contra el llamado del senador Kerry para un "enfoque más inteligente de la guerra contra el terrorismo". Fue una crítica falsa, ya que Bush ha usado en el pasado un lenguaje casi idéntico. Lo que es peor es que indicó que Cheney y otros pistoleros de la administración gastarán los próximos dos meses tratando de convencernos de su fracasada política exterior, y tratarán de animar a los estadounidenses a creer que cualquiera que acepte la idea de que Estados Unidos debe adoptar un enfoque más paciente y humilde del mundo está en colusión hombres afeminados.
4 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
Cuando la pasada noche del jueves el presidente Bush aceptó la nominación de su partido, se presentó enérgicamente como el hombre que mantendrá a Estados Unidos seguro en un tiempo de terrorismo internacional. Sus partidarios creen que es la clave para su re-elección. Pero si Bush quiere obtener un segundo mandato, necesitará hacer algo más -especialmente si quiere ganar con más de 500 votos esta vez. El presidente necesita dirigirse a un gran número de votantes moderados que creen que las cosas han marchado mal estos últimos cuatro años, y convencerles de que tiene la capacidad de aprender de los errores cometidos y desempeñarse mejor. En ese sentido, su discurso de aceptación se queda corto.A pesar de los enormes cambios que ha sufrido Estados Unidos desde las últimas elecciones, desde los ataques terroristas a la recesión, Bush se ha aferrado resueltamente a las prioridades que llevó al despacho presidencial en 2001. Ganó en el tema de los recortes presupuestarios y en sus planes en la enseñanza. La política exterior norteamericana terminó concentrándose en el mismo país que ha sido la obsesión de Bush y sus asesores desde el inicio de su mandato.
Por cada una de esas políticas el país ha pagado un alto precio: los recortes presupuestarios han hecho explotar el déficit del presupuesto, Bush no ha logrado financiar su programa educativo y la guerra en Iraq se ha manejado torpemente desde el día mismo en que cayó Bagdad. Nadie espera que el presidente admita que sus iniciativas han sido menos que éxitos rotundos, pero los votantes indecisos podrían haber sido mantenidos a mano por al menos un indicio de que el gobierno se da cuenta de que su administración necesita ajustes.
En lugar de eso, el presidente ofreció iniciativas conflictivas y a medio terminar como si -como su programa de prescripción de medicamentos- fuesen planes logrados, del mismo modo que presentó la peligrosa y caótica situación de Iraq como una política exterior exitosa a la par que el Plan Marshall. Lanzó una combinación de conceptos extremadamente vagos -como crear una sociedad de propietarios- junto con ideas latosas como becas universitarias adicionales. La combinación de ideas de poca monta y generalizaciones porosas también caracterizó el discurso de la convención de John Kerry. Pero la contribución de Bush no eleva en nada las esperanzas en lo que se refiere al nivel de los debates de campaña que vendrá.
El presidente, que abandonó su loable intento de comenzar una reforma de la inmigración tan urgentemente necesaria tan pronto como encontró resistencia política, ni mencionó el tema en su discurso. Tampoco hay indicios de que se da cuenta de su voto de que es un "unificador y no alguien que trae divisiones" se ha encallado por la insistencia del gobierno en nombrar jueces de derechas y su falta de flexibilidad en temas sociales tales como la investigación genética.
No hubo nada en el discurso de la noche pasada que sugiera una nueva era de franqueza en la Casa Blanca, ni esperanzas de que se enfoque esos problemas fundamentales de otro modo que con la política de Bush de aplicar "mi punto de vista o nada", que ha caracterizado la postura del gobierno en asuntos como los recortes presupuestarios o la guerra de Iraq.
Si Bush se muestra rígido en sus medidas, es extraordinariamente flexible a la hora de comercializarlas. Una vez más, la convención republicana ha sido dirigida por su izquierda, con un desfile de oradores de máxima audiencia de lo que puede llamarse el lado más moderado de su partido. Aparte de un vicioso y bizarro ataque contra Kerry a cargo del senador Zell Miller, un demócrata, las palabras duras fueron dejadas en manos del vice-presidente.
Fue deprimente oír a Dick Cheney, que habló el miércoles noche, repetir -para satisfacción de la audiencia- sus tijeretazos contra el llamado del senador Kerry para un "enfoque más inteligente de la guerra contra el terrorismo". Fue una crítica falsa, ya que Bush ha usado en el pasado un lenguaje casi idéntico. Lo que es peor es que indicó que Cheney y otros pistoleros de la administración gastarán los próximos dos meses tratando de convencernos de su fracasada política exterior, y tratarán de animar a los estadounidenses a creer que cualquiera que acepte la idea de que Estados Unidos debe adoptar un enfoque más paciente y humilde del mundo está en colusión hombres afeminados.
4 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh