SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN EEUU
No hay grandes dudas sobre la precisión de los resultados electorales en Estados Unidos, pero el sistema y la cultura electorales norteamericanas deben ser más transparentes y asegurar su integridad.
Ha habido una inundación de informes, rumores y teorías en los últimos días sobre los problemas que han tenido las elecciones presidenciales. Son sobre todo los escritores de bitácoras los que han planteado preguntas: ¿Por qué las máquinas de conteo de votos en Ohio agregaron casi 4.000 votos fantasmas para el presidente Bush, y por qué las máquinas en Florida empezaron misteriosamente a contar para atrás? ¿Por qué los funcionarios electorales de otro lugar de Ohio cerraron el local donde se estaban contando los votos y echaron a la prensa y al público?
Los defensores del sistema se han apresurado a desdeñar esas preguntas como el trabajo de "teóricos de la conspiración", pero no convencen. Hasta que nuestro sistema electoral no sea mejorado -con máquinas que funcionen mejor y mayor transparencia- no podemos esperar que los votantes tengan absoluta confianza en los resultados anunciados.
La votación electrónica resultó ser un problema, tal como habían advertido los críticos. No hay evidencias de robos de votos ni de errores a gran escala. Pero este país debería tener elecciones en las que el público no tenga razones para preocuparse de si los votos son contados propiamente, y aun no llegamos a ese punto. En el condado de Franjklin, Ohio, un local electoral agregó 4.000 votos a favor del presidente Bush, aunque tenía menos de 800 votantes inscritos. En el condado de Broward, los funcionarios electorales de Florida observaron cuando se tabulaban las papeletas de los ausentes, los totales empezaron a bajar en vez de subir. Votantes en varios estados informaron que cuando seleccionaban a John Kerry, se les contabilizaba como si hubieran votado por el presidente Bush.
Estos problemas fueron todos detectados y arreglados, pero no hay modo de saber qué otras disfunciones de las máquinas no se descubrieron, ya que la mayoría de las máquinas no tienen un modo fiable de chequear los errores. Es probable que cuando un distrito electoral agrega por error 4.000 votos a los totales de un candidato, el error sea observado, pero imprecisiones más pequeñas pueden no serlo. Tampoco hay modo de estar seguro de que el escenario de pesadilla de los críticos de la votación electrónica no haya ocurrido: los votos pueden haber sido trasladados de un candidato a otro dentro de la máquina, mediante un programa secreto.
Es importante dejar claro que no hay pruebas de que algo así haya ocurrido, pero seguirán surgiendo preocupaciones y teorías paranoicas si los programas usados en las elecciones no se hacen públicos. Los votantes que usaron máquinas electrónicas tienen derecho a un comprobante impreso para verificar sus votos, como lo lograron los habitantes de Nevada, de modo que ellos sí están seguros de que sus votos fueron registrados con precisión.
La escandalosa decisión del condado de Warren, Ohio, de cerrar el edificio donde se estaban contando los votos es un ejemplo extremo de otro serio problema con las elecciones: la falta de transparencia. En algunos estados, los periodistas fueron excluidos de los locales de votación. Los exagerados rumores del condado de Cuyahoga, Ohio, donde los resultados oficiales incluyeron 90.000 votos extra, fueron el resultado su extrañamente complicado método de anunciar los resultados electorales, que es diferente de acuerdo a si los años son pares o impares. El país necesita desarrollar una cultura electoral en la que los funcionarios de todo el país mantengan las cosas automáticamente transparentes y simples como sea humanamente posible.
Además de maquinarias de votación con las que sea fácil detectar errores, la mejor defensa ante teóricos de las conspiraciones es que los funcionarios electorales actúen con transparencia e integridad. También en esto el sistema actual es defectuoso. Ohio y Florida, dos estados clave en las elecciones, tienen secretarios de estado muy partidistas que favorecieron a los republicanos en todas sus decisiones. Si queremos que los votantes confíen en los árbitros, es necesario primero que los árbitros sean imparciales.
14 de noviembre de 2004
18 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Ha habido una inundación de informes, rumores y teorías en los últimos días sobre los problemas que han tenido las elecciones presidenciales. Son sobre todo los escritores de bitácoras los que han planteado preguntas: ¿Por qué las máquinas de conteo de votos en Ohio agregaron casi 4.000 votos fantasmas para el presidente Bush, y por qué las máquinas en Florida empezaron misteriosamente a contar para atrás? ¿Por qué los funcionarios electorales de otro lugar de Ohio cerraron el local donde se estaban contando los votos y echaron a la prensa y al público?Los defensores del sistema se han apresurado a desdeñar esas preguntas como el trabajo de "teóricos de la conspiración", pero no convencen. Hasta que nuestro sistema electoral no sea mejorado -con máquinas que funcionen mejor y mayor transparencia- no podemos esperar que los votantes tengan absoluta confianza en los resultados anunciados.
La votación electrónica resultó ser un problema, tal como habían advertido los críticos. No hay evidencias de robos de votos ni de errores a gran escala. Pero este país debería tener elecciones en las que el público no tenga razones para preocuparse de si los votos son contados propiamente, y aun no llegamos a ese punto. En el condado de Franjklin, Ohio, un local electoral agregó 4.000 votos a favor del presidente Bush, aunque tenía menos de 800 votantes inscritos. En el condado de Broward, los funcionarios electorales de Florida observaron cuando se tabulaban las papeletas de los ausentes, los totales empezaron a bajar en vez de subir. Votantes en varios estados informaron que cuando seleccionaban a John Kerry, se les contabilizaba como si hubieran votado por el presidente Bush.
Estos problemas fueron todos detectados y arreglados, pero no hay modo de saber qué otras disfunciones de las máquinas no se descubrieron, ya que la mayoría de las máquinas no tienen un modo fiable de chequear los errores. Es probable que cuando un distrito electoral agrega por error 4.000 votos a los totales de un candidato, el error sea observado, pero imprecisiones más pequeñas pueden no serlo. Tampoco hay modo de estar seguro de que el escenario de pesadilla de los críticos de la votación electrónica no haya ocurrido: los votos pueden haber sido trasladados de un candidato a otro dentro de la máquina, mediante un programa secreto.
Es importante dejar claro que no hay pruebas de que algo así haya ocurrido, pero seguirán surgiendo preocupaciones y teorías paranoicas si los programas usados en las elecciones no se hacen públicos. Los votantes que usaron máquinas electrónicas tienen derecho a un comprobante impreso para verificar sus votos, como lo lograron los habitantes de Nevada, de modo que ellos sí están seguros de que sus votos fueron registrados con precisión.
La escandalosa decisión del condado de Warren, Ohio, de cerrar el edificio donde se estaban contando los votos es un ejemplo extremo de otro serio problema con las elecciones: la falta de transparencia. En algunos estados, los periodistas fueron excluidos de los locales de votación. Los exagerados rumores del condado de Cuyahoga, Ohio, donde los resultados oficiales incluyeron 90.000 votos extra, fueron el resultado su extrañamente complicado método de anunciar los resultados electorales, que es diferente de acuerdo a si los años son pares o impares. El país necesita desarrollar una cultura electoral en la que los funcionarios de todo el país mantengan las cosas automáticamente transparentes y simples como sea humanamente posible.
Además de maquinarias de votación con las que sea fácil detectar errores, la mejor defensa ante teóricos de las conspiraciones es que los funcionarios electorales actúen con transparencia e integridad. También en esto el sistema actual es defectuoso. Ohio y Florida, dos estados clave en las elecciones, tienen secretarios de estado muy partidistas que favorecieron a los republicanos en todas sus decisiones. Si queremos que los votantes confíen en los árbitros, es necesario primero que los árbitros sean imparciales.
14 de noviembre de 2004
18 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
DESACUERDOS SOBRE DERECHOS LEGALES DE DETENIDOS EN GUANTÁNAMO - neil a. lewis
La guerra en Iraq hace olvidar la suerte de los detenidos en Guantánamo. El gobierno norteamericano se niega a acatar las resoluciones de la Corte Suprema. Desesperada situación de la ley en Estados Unidos.
Bahía de Guantánamo, Cuba. Desde el momento en que el gobierno de Bush decidió usar la base naval aquí como una colonia penal para acusados de terrorismo, sus personeros decidieron mantener fuera del alcance de los tribunales norteamericanos todo lo que pasara en él.
Pero una resolución de la Corte Suprema en junio interrumpió esos planes cuando los jueces determinaron que los prisioneros de Guantánamo debían tener acceso a algunos derechos, especialmente la posibilidad de que sus alegatos de que habían sido encarcelados injustamente fueron vistos por un juez federal. Pero lo que los jueces quisieron decir sobre lo lejos que podía llegar el gobierno para detener a los prisioneros en Guantánamo ha provocado un fuerte debate que ahora se representará en tribunales ordinarios.
Los abogados de muchos de los detenidos, incluyendo los que son nombrados en la resolución de la Corte Suprema, dicen que el gobierno de Bush ignora intencionalmente el mandato y comete desacato.
Mencionan el rechazo del gobierno a reconocer que los detenidos deben tener acceso libre a abogados para presentar sus casos ante jueces federales. Más ampliamente, argumentan que el gobierno está tratando de alegar asuntos que ya perdió en la Corte Suprema, especialmente que los detenidos tienen derechos plenos a impugnar sus detenciones ante tribunales ordinarios.
El ministerio de Justicia respondió a las demandas de los abogados de los detenidos con un lenguaje notablemente similar al que usó hace casi dos años en un caso que ya perdió.
"La idea de que la Constitución de Estados Unidos permite un proceso debido y otros derechos a enemigos extranjeros detenidos fuera del país y confinados fuera de territorio soberano norteamericano es contrario a la ley y a la historia", se afirma en un escrito reciente del gobierno, haciéndose eco de un escrito presentado en el primer caso ante la Corte Suprema.
Thomas Wilner, un abogado de varios detenidos que estuvieron involucrados en la demanda original, dijo en su escrito que la moción del gobierno era "simplemente escandalosa".
"Es una violación directa de las leyes federales y simplemente repite los mismos argumentos hechos anteriormente y rechazados por la Corte Suprema", dijo Wilner.
Comparó la conducta del gobierno con la "resistencia masiva" pedida por algunos sureños en respuesta la histórica resolución de la corte prohibiendo la segregación en el caso de Brown versus la Junta de Educación.
Un alto funcionario del ministerio de Justicia dijo en respuesta: "Es fácil para nuestros adversarios decir: Cielos, cuando la Corte Suprema dijo que se debía aplicar el habeas corpus, eso debe significar que hay derechos en juego, que los detenidos están protegidos por la Constitución'". Pero el funcionario, que habló a condición de mantener el anonimato debido a que el litigio está en curso, dijo que la resolución de la corte de que los prisioneros pueden impugnar en demandas llamadas habeas corpus dejan abierta la cuestión para los tribunales ordinarios.
La corte, en una votación de 6 contra 3, determinó en junio que las personas detenidas en Guantánamo como combatientes enemigos ilegales "tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos ante la autoridad de las cortes federales" para impugnar sus detenciones.
El ministerio de Justicia dijo en su escrito que la "corte declina expresamente tratar si y qué otros procedimientos' serían apropiados después de remitirlos a tribunales inferiores" como prueba de que los jueces dejaron abierta la cuestión de si el gobierno estaba obligado a proporcionar más derechos a los prisioneros. Pero la sentencia completa de la opinión principal* dice: "Si y qué procedimientos son necesarios después de que los demandados consideren los méritos de las demandas de los peticionarios son asuntos que no necesitamos tratar ahora".
El profesor Anthony G. Amsterdam de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York dijo que creía que la resistencia del gobierno a reconocer los derechos de los detenidos, incluyendo el derecho a tener un abogado para presentar sus casos era casi contrario a la ética.
"Es simplemente asombroso que se estén comportando como si esos casos no hubiesen sido ya vistos por la Corte Suprema y que esos alegatos no hubiesen sido oídos y rechazados por la corte", dijo el profesor Amsterdam. "Yo no creo que un abogado respetable haga algo semejante y trate lo que es claramente una resolución a favor de que esta gente tiene derecho a presentarse a tribunales como si no existiera".
Dijo que el gobierno aparentemente esperaba aplazar el día en que tendría que explicar caso por caso las razones que se tuvo para encarcelar a esas personas.
El profesor Douglas W. Kmiec de la Facultad de Leyes de la Universidad de Pepperdine dijo que creía que la resolución de la Corte Suprema en junio fue "escrita de una manera deliberadamente incompleta afirmando que [los prisioneros] tenían derecho a una revisión de habeas corpus pero dejando la naturaleza de esa revisión a cargo tribunales distritales". El profesor Kmiec dijo que creía que el gobierno estaba actuando "dentro de sus atribuciones y no está obligado a hacer nada más allá de lo que ya ha hecho".
Un funcionario de alto rango del ministerio de Justicia que pidió no ser identificado dijo que el gobierno entendía que mientras "pensemos que no hay un derecho constitucional a una defensa, entendemos que es una especie de derecho funcional" en la ley federal que cubre las recusaciones del habeas corpus.
El gobierno ha accedido a que los abogados visiten a los detenidos para ayudarles a presentar demandas de habeas corpus pero bajo estrictas condiciones de seguridad que prohíben discutir algunos aspectos de los casos con sus defendidos. Los abogados de la defensa han rechazado esas restricciones.
El gobierno ha alegado también que un nuevo procedimiento legal que aplicó en Guantánamo después de la resolución de la Corte Suprema, los tribunales de revisión de la condición de combatiente, satisfaría las demandas de los jueces de que los detenidos reciban vistas individualizadas. Con ese procedimiento los detenidos pueden impugnar su detención, pero no tienen derecho a abogados ni a ver las evidencias contra ellos. De momento, casi la mitad de los 500 detenidos en la base han tenido esas vistas, y un detenido fue enviado a casa después de que se determinara que no era un combatiente ilegal.
31 de octubre de 2004
17 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Bahía de Guantánamo, Cuba. Desde el momento en que el gobierno de Bush decidió usar la base naval aquí como una colonia penal para acusados de terrorismo, sus personeros decidieron mantener fuera del alcance de los tribunales norteamericanos todo lo que pasara en él.Pero una resolución de la Corte Suprema en junio interrumpió esos planes cuando los jueces determinaron que los prisioneros de Guantánamo debían tener acceso a algunos derechos, especialmente la posibilidad de que sus alegatos de que habían sido encarcelados injustamente fueron vistos por un juez federal. Pero lo que los jueces quisieron decir sobre lo lejos que podía llegar el gobierno para detener a los prisioneros en Guantánamo ha provocado un fuerte debate que ahora se representará en tribunales ordinarios.
Los abogados de muchos de los detenidos, incluyendo los que son nombrados en la resolución de la Corte Suprema, dicen que el gobierno de Bush ignora intencionalmente el mandato y comete desacato.
Mencionan el rechazo del gobierno a reconocer que los detenidos deben tener acceso libre a abogados para presentar sus casos ante jueces federales. Más ampliamente, argumentan que el gobierno está tratando de alegar asuntos que ya perdió en la Corte Suprema, especialmente que los detenidos tienen derechos plenos a impugnar sus detenciones ante tribunales ordinarios.
El ministerio de Justicia respondió a las demandas de los abogados de los detenidos con un lenguaje notablemente similar al que usó hace casi dos años en un caso que ya perdió.
"La idea de que la Constitución de Estados Unidos permite un proceso debido y otros derechos a enemigos extranjeros detenidos fuera del país y confinados fuera de territorio soberano norteamericano es contrario a la ley y a la historia", se afirma en un escrito reciente del gobierno, haciéndose eco de un escrito presentado en el primer caso ante la Corte Suprema.
Thomas Wilner, un abogado de varios detenidos que estuvieron involucrados en la demanda original, dijo en su escrito que la moción del gobierno era "simplemente escandalosa".
"Es una violación directa de las leyes federales y simplemente repite los mismos argumentos hechos anteriormente y rechazados por la Corte Suprema", dijo Wilner.
Comparó la conducta del gobierno con la "resistencia masiva" pedida por algunos sureños en respuesta la histórica resolución de la corte prohibiendo la segregación en el caso de Brown versus la Junta de Educación.
Un alto funcionario del ministerio de Justicia dijo en respuesta: "Es fácil para nuestros adversarios decir: Cielos, cuando la Corte Suprema dijo que se debía aplicar el habeas corpus, eso debe significar que hay derechos en juego, que los detenidos están protegidos por la Constitución'". Pero el funcionario, que habló a condición de mantener el anonimato debido a que el litigio está en curso, dijo que la resolución de la corte de que los prisioneros pueden impugnar en demandas llamadas habeas corpus dejan abierta la cuestión para los tribunales ordinarios.
La corte, en una votación de 6 contra 3, determinó en junio que las personas detenidas en Guantánamo como combatientes enemigos ilegales "tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos ante la autoridad de las cortes federales" para impugnar sus detenciones.
El ministerio de Justicia dijo en su escrito que la "corte declina expresamente tratar si y qué otros procedimientos' serían apropiados después de remitirlos a tribunales inferiores" como prueba de que los jueces dejaron abierta la cuestión de si el gobierno estaba obligado a proporcionar más derechos a los prisioneros. Pero la sentencia completa de la opinión principal* dice: "Si y qué procedimientos son necesarios después de que los demandados consideren los méritos de las demandas de los peticionarios son asuntos que no necesitamos tratar ahora".
El profesor Anthony G. Amsterdam de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York dijo que creía que la resistencia del gobierno a reconocer los derechos de los detenidos, incluyendo el derecho a tener un abogado para presentar sus casos era casi contrario a la ética.
"Es simplemente asombroso que se estén comportando como si esos casos no hubiesen sido ya vistos por la Corte Suprema y que esos alegatos no hubiesen sido oídos y rechazados por la corte", dijo el profesor Amsterdam. "Yo no creo que un abogado respetable haga algo semejante y trate lo que es claramente una resolución a favor de que esta gente tiene derecho a presentarse a tribunales como si no existiera".
Dijo que el gobierno aparentemente esperaba aplazar el día en que tendría que explicar caso por caso las razones que se tuvo para encarcelar a esas personas.
El profesor Douglas W. Kmiec de la Facultad de Leyes de la Universidad de Pepperdine dijo que creía que la resolución de la Corte Suprema en junio fue "escrita de una manera deliberadamente incompleta afirmando que [los prisioneros] tenían derecho a una revisión de habeas corpus pero dejando la naturaleza de esa revisión a cargo tribunales distritales". El profesor Kmiec dijo que creía que el gobierno estaba actuando "dentro de sus atribuciones y no está obligado a hacer nada más allá de lo que ya ha hecho".
Un funcionario de alto rango del ministerio de Justicia que pidió no ser identificado dijo que el gobierno entendía que mientras "pensemos que no hay un derecho constitucional a una defensa, entendemos que es una especie de derecho funcional" en la ley federal que cubre las recusaciones del habeas corpus.
El gobierno ha accedido a que los abogados visiten a los detenidos para ayudarles a presentar demandas de habeas corpus pero bajo estrictas condiciones de seguridad que prohíben discutir algunos aspectos de los casos con sus defendidos. Los abogados de la defensa han rechazado esas restricciones.
El gobierno ha alegado también que un nuevo procedimiento legal que aplicó en Guantánamo después de la resolución de la Corte Suprema, los tribunales de revisión de la condición de combatiente, satisfaría las demandas de los jueces de que los detenidos reciban vistas individualizadas. Con ese procedimiento los detenidos pueden impugnar su detención, pero no tienen derecho a abogados ni a ver las evidencias contra ellos. De momento, casi la mitad de los 500 detenidos en la base han tenido esas vistas, y un detenido fue enviado a casa después de que se determinara que no era un combatiente ilegal.
31 de octubre de 2004
17 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
GONZÁLEZ COMO FISCAL GENERAL DE EEUU ES UNA ELECCIÓN DESASTROSA
Ser un protegido del presidente Bush es naturalmente una mala manera de hacer política. Pero el primer latino a ser nombrado fiscal general de Estados Unidos es conocido por su desdén por la ley y los derechos humanos.
Al presidente Bush no le tomó demasiado tiempo desperdiciar la oportunidad que le brindaba la renuncia de John Ashcroft como fiscal general. En lugar de remplazar a Ashcroft por alguien de suficiente estatura e independencia para reforzar el compromiso del gobierno a respetar la ley, Bush se apresuró a nombrar a su viejo confidente de Tejas, el abogado de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzáles.
Gonzáles tendrá pocos problemas a la hora de ser confirmado como el primer fiscal general latino del país, y es una vergüenza, porque es una elección espantosa.
Los conservadores están aliviados de ver a González ocuparse del ministerio de Justicia, aun si sólo sea porque su conocida falta de pasión por sus programas lo transformaba en un inquietante, potencial candidato para la Corte Suprema. Eso es lo que tiene Gonzáles a su favor. Pero el papel que jugó en la orquestación de la guerra contra el terrorismo en el despacho jurídico de la Casa Blanca lo transforma en una elección desastrosa para conducir el ministerio de Justicia.
Más notoriamente, Gonzáles escribió un memorándum a principios de 2002 argumentando que los sospechosos de terrorismo capturados en Afganistán no gozaban de las protecciones de la Convención de Ginebra. Calificó las cláusulas de las Convenciones de "pintorescas", mostrando el desdén por las leyes internacionales que generó el escándalo por las torturas en la prisión de Abu Ghraib y acusaciones de violación de los derechos humanos en la Bahía de Guantánamo.
El Congreso ha estado pidiendo acceso a todos los memoranda de Gonzáles, pero Ashcroft, previsiblemente, lo ha negado. El Senado debería insistir en que la Casa Blanca los entregue, pero no hay demasiadas esperanzas. Sin embargo, vale la pena considerar si alguien que careció del juicio suficiente como para ayudar a su cliente, el presidente, a evitar el escándalo de las torturas, si es temperamentalmente apropiado para ser el más importante fiscal del país. Para el resto del mundo, nombrar a Gonzáles como fiscal general es evocativo de los elogios de Bush para con el funcionamiento de Donald Rumsfeld en el Pentágono en mitad de la crisis del escándalo de Abu Ghraib.
Gonzáles también ha fomentado la cultura del secreto que practica el gobierno. Por ejemplo, tan pronto como Bush asumió su cargo, Gonzáles defendió una orden del ejecutivo que modificó la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, restringiendo severamente el acceso a documentos. Gonzáles es también un celoso partidario de la Ley Patriótica, que deberá ser renovada en 2005.
Cualquier nominado por Bush, por supuesto, defenderá la Ley Patriótica, y Gonzáles será con toda probabilidad aceptado. Pero representa, con todo, la pérdida de una valiosa oportunidad.
11 de noviembre de 2004
13 de noviembre de 2004
©los angeles times
©traducción mQh
Al presidente Bush no le tomó demasiado tiempo desperdiciar la oportunidad que le brindaba la renuncia de John Ashcroft como fiscal general. En lugar de remplazar a Ashcroft por alguien de suficiente estatura e independencia para reforzar el compromiso del gobierno a respetar la ley, Bush se apresuró a nombrar a su viejo confidente de Tejas, el abogado de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzáles.Gonzáles tendrá pocos problemas a la hora de ser confirmado como el primer fiscal general latino del país, y es una vergüenza, porque es una elección espantosa.
Los conservadores están aliviados de ver a González ocuparse del ministerio de Justicia, aun si sólo sea porque su conocida falta de pasión por sus programas lo transformaba en un inquietante, potencial candidato para la Corte Suprema. Eso es lo que tiene Gonzáles a su favor. Pero el papel que jugó en la orquestación de la guerra contra el terrorismo en el despacho jurídico de la Casa Blanca lo transforma en una elección desastrosa para conducir el ministerio de Justicia.
Más notoriamente, Gonzáles escribió un memorándum a principios de 2002 argumentando que los sospechosos de terrorismo capturados en Afganistán no gozaban de las protecciones de la Convención de Ginebra. Calificó las cláusulas de las Convenciones de "pintorescas", mostrando el desdén por las leyes internacionales que generó el escándalo por las torturas en la prisión de Abu Ghraib y acusaciones de violación de los derechos humanos en la Bahía de Guantánamo.
El Congreso ha estado pidiendo acceso a todos los memoranda de Gonzáles, pero Ashcroft, previsiblemente, lo ha negado. El Senado debería insistir en que la Casa Blanca los entregue, pero no hay demasiadas esperanzas. Sin embargo, vale la pena considerar si alguien que careció del juicio suficiente como para ayudar a su cliente, el presidente, a evitar el escándalo de las torturas, si es temperamentalmente apropiado para ser el más importante fiscal del país. Para el resto del mundo, nombrar a Gonzáles como fiscal general es evocativo de los elogios de Bush para con el funcionamiento de Donald Rumsfeld en el Pentágono en mitad de la crisis del escándalo de Abu Ghraib.
Gonzáles también ha fomentado la cultura del secreto que practica el gobierno. Por ejemplo, tan pronto como Bush asumió su cargo, Gonzáles defendió una orden del ejecutivo que modificó la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, restringiendo severamente el acceso a documentos. Gonzáles es también un celoso partidario de la Ley Patriótica, que deberá ser renovada en 2005.
Cualquier nominado por Bush, por supuesto, defenderá la Ley Patriótica, y Gonzáles será con toda probabilidad aceptado. Pero representa, con todo, la pérdida de una valiosa oportunidad.
11 de noviembre de 2004
13 de noviembre de 2004
©los angeles times
©traducción mQh
OSCE ENVÍA OBSERVADORES ELECTORALES A ESTADOS UNIDOS
La OSCE envía observadores electorales a Estados Unidos por invitación del ministerio de Asuntos Exteriores. Count Every Vote 2004
Atlanta, Georgia. Count Every Vote 2004 recibe con entusiasmo la presencia de una misión de observadores electorales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europea OSCE, que ha llegado a Estados Unidos por invitación del ministerio de Asuntos Exteriores.
En las últimas dos décadas, la presencia de observadores internacionales, que trabajan a menudo estrechamente con organizaciones de observadores electorales nacionales independientes, ha contribuido a impedir irregularidades electorales, tales como intimidación de votantes, votos ilegales, supresión de votantes y conteos irregulares en muchos países. Su presencia ha también contribuido a salvaguardar la integridad de procesos electorales y a recuperar la confianza en la legitimidad de procesos políticos generales en cientos de países, desde las Filipinas hasta Kenia y México.
Estados Unidos ha sido uno de los países más activos en apoyar la supervisión internacional de procesos electorales en países en Europa Central y del Este y en países de la antigua Unión Soviética (las regiones que cubre la OSCE, de la que forman parte 55 países), así como en el hemisferio sur en el general.
Por eso es importante que la comunidad internacional supervise las elecciones en Estados Unidos a fin de evitar acusaciones de arbitrariedad y el uso de normas dobles.
Es también importante debido a problemas ya identificados por varias organizaciones supervisoras: la conducta abiertamente partidaria de algunos funcionarios electorales en los estados, la ausencia de procedimientos uniformes de votación en todo el país, un aparente intento masivo de impedir la votación de los votantes de las minorías a través de una serie de técnicas relacionadas con la inscripción y el proceso de votación.
El propósito de esta delegación de la OSCE es observar y evaluar las condiciones electorales y el clima político en que tendrán lugar las elecciones y presentar un informe preciso e imparcial de la situación electoral. La Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE ha organizado más de 100 misiones de observadores electorales en elecciones de países de la OSCE. Estados Unidos es uno de esos países y, como los otros, tiene el compromiso de invitar a observadores nacionales e internacionales a sus elecciones nacionales.
La OSCE no pretende interferir en el proceso electoral y reconoce que en última instancia es el pueblo de Estados Unidos el que debe determinar la credibilidad y validez de las elecciones y sus resultados. Al mismo tiempo, la delegación de observadores realizará sus actividades de acuerdo a normas internacionales de observación imparcial de procesos electorales para evitar la impresión de estar indebidamente influida por el gobierno de Estados Unidos y por la administración del Bush.
Millones de norteamericanos, especialmente de los grupos minoritarios nacionales, esperan con ansiedad las observaciones y recomendaciones que pueda presentar la OSCE.
Count Every Vote 2004 es un organización nacional independiente de supervisión de las elecciones que ha preparado a observadores nacionales para supervisar, documentar e informar sobre el proceso electoral en Florida, Louisiana, Georgia, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur y del Norte. Count Every Vote es la única organización de protección electoral que aplica normas internacionales de supervisión en estas elecciones de 2004.
Informe basado en el comunicado de prensa de Count Every Vote 2004
29 de octubre de 2004
©count every vote
©traducción mQh
La autobiografía de Bill Clinton, el Gran Sandía', fue traducida en varias versiones al chino y re-traducida al inglés. Los editores han retirado los derechos del editor chino por las libertades que se tomó con el texto.
¿Quién sabía que el que sería presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en sus primeros días en Arkansas, y su tío Buddy se sentaban a cotorrear que China era una de las culturas más antiguas del mundo y que había producido Cuatro Grandes Invenciones, de las que una era la pólvora?
Sin embargo, ahí está, todo ese amor por China y las cosas chinas, justo en la última versión pirata de la autobiografía de Clinton, Mi vida', que se vende a bajo precio en China continental y que ha sido re-traducida al inglés recientemente por Alex Beels en el último número de Harper's Magazine. La versión pirata muestra a una familia Clinton obsesionada con los puntos fuertes de China, con cómo la ciencia y tecnología chinas "nos hicieron morder el polvo". Los lectores se enterarán de que el futuro presidente, para impresionar a la madre de Hillary, se ponía ditirámbico sobre cosas tales como los Ocho Trigramas, documentados en El libro de los cambios' varios miles de años atrás. En otra re-traducción de este verano pasado Clinto aparece explicándole a Hillary que su apodo significa Gran Sandía'.
En el mundo editorial occidental -de hecho, en el mundo comercial occidental- tales textos hurtados no son asuntos que se tomen a la ligera. Recientemente la Cámara de Comercio Estadounidense llamó la atención sobre la no aplicación de las leyes en China en lo que se refiere a los artículos falsificados y su fracaso en proteger el derecho de propiedad intelectual. Los editores estadounidenses estiman que pierden al menos unos 40 millones de dólares al año en falsificaciones chinas.
En realidad, los compradores en China visitan regularmente un área llamada Central de Imitaciones para adquirir suéteres Gap falsificados o zapatos Timberland falsos. Algunas copias no son tan malas, para pesar de aquellos que tratan de vender los productos auténticos.
Por supuesto, China no es el único país donde se venden imitaciones. Guccis y Armanis falsos aparecen con alguna regularidad en las aceras de Nueva York, y el problema de los editores y negocios es mundial. Pero en el tema de los libros -especialmente los libros de los Clinton-, China ha sido especialmente difícil. Simon & Schuster cancelaron los derechos de publicación del editor chino del libro de la senadora Hillary Clinton debido a las distorsiones y supresiones en el texto.
Las traducciones piratas del libro de Clinton también suprimen todas las referencias a la falta de libertad en China. Los editores piratas ciertamente se han tomado muchas libertades con el texto. Uno de los mejores ejemplos es la realmente larga frase inicial de la versión de Clinton, que se extiende durante 48 palabras para describir en detalle su nacimiento, incluyendo el tiempo tormentoso que precedió a ese gran acontecimiento. La primera frase en la versión china pirata dice: "En la ciudad de la Esperanza, donde nací, se respiraba una gran armonía vital".
24 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Después del New York Times, el Washington Post opta en un editorial de hoy por el senador Kerry. Entre otras cosas, porque es una mejor garantía de respeto de la Constitución y derechos civiles en Estados Unidos.
Los expertos estadounidenses dicen que la mayoría de los votantes no han tenido dificultad en decidir por quién votarán en las elecciones presidenciales de este año. La mitad del país apoya apasionadamente a Bush, dice los encuestadores, y la otra mitad apasionadamente a Kerry -o al menos está apasionadamente contra Bush. Nosotros no hemos podido compartir este apasionamiento, ni la certidumbre. Como lo saben los lectores de esta página, encontramos mucho que criticar del período de Bush, pero también algunas cosas admirables. Encontramos mucho de admirable en la hoja de servicio de Kerry, su conocimiento del mundo y sus posiciones en un amplio rango de temas. Pero al final creemos que Kerry, con su promesa de determinación suavizada por su sabiduría y tolerancia, ha reclamado con más convicción la confianza del país para que lo dirija en los próximos cuatro años.
Ahora el proceso de sacar las cuentas empieza, como es común en las campañas de re-elección, con el titular. Sus antecedentes, particularmente en relaciones exteriores, no pueden ser juzgados con un simple sí o no. El presidente Bush unió a la nación después del 11 de septiembre, y remodeló su visión del mundo. Su dedicación a una lucha de largo plazo para fomentar la libertad en el mundo árabe refleja su comprensión de la grave amenaza que representan los radicales del fundamentalismo islámico. Sus acciones no siempre han correspondido a su incitante retórica sobre el asunto, y los reveses de la democracia en otras partes del mundo (especialmente en Rusia) no parecen preocuparle demasiado.
Pero Bush ha realizado más de lo que reconocen sus críticos, tanto en el asunto práctico de formar alianzas para perseguir a los terroristas y en el de comenzar a reformular una política para el Oriente Medio demasiado tiempo caracterizada por buscar acomodos con dictadores amistosos. Ha prometido importantes aumentos en la ayuda exterior para ayudar a los países pobres a luchar contra el sida y otros propósitos, que creemos que son esenciales.
La campaña que dirigió Bush para sacar a los talibanes de Afganistán parece retrospectivamente fácil y obvia, pero en esa época mucha gente predijo un inminente atolladero. Bush perdió considerable tiempo con su determinación inicial de evitar construir el país después de que cayera Kabul y la posterior retirada de las tropas. Pero incluso así, Afganistán hoy está lejos de ser el fracaso que pinta Kerry. La seguridad afgana y estadounidense están mejor gracias a la intervención.
En Iraq no acusamos a Bush por creer, como lo hizo el presidente Clinton antes, que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Nosotros apoyamos la guerra y creíamos que el dictador iraquí representaba una amenaza a la que había que hacer frente; hoy continuamos creyendo que la misión de Estados Unidos de fomentar un gobierno representativo en Iraq ofrece la posibilidad de hacer más seguro a Estados Unidos y que los iraquíes se encuentran mucho mejor que cuando eran gobernados por su criminal dictador.
Sin embargo, acusamos a Bush por exagerar ante la opinión pública los datos de inteligencia que le fueron entregados privadamente y por alejar innecesariamente a los aliados. Sobre todo lo acusamos por ignorar los consejos para planificar mejor la reconstrucción de posguerra. El daño causado por esta testaruda indiferencia es incalculable. No hay ninguna garantía de que Iraq fuera hoy un país más tranquilo si las tropas estadounidenses hubiesen impedido el saqueo de posguerra, asegurado los depósitos de armas, dado la bienvenida a una implicación internacional y transferido más rápidamente la autoridad a los iraquíes. Pero las posibilidades de que así ocurriera habrían sido mayores. Sin embargo, el gobierno ha rechazado repetidas veces el consejo de enviar tropas suficientes. Su desprecio de las Convenciones de Ginebra condujo al escándalo de las torturas en las prisiones tanto en Iraq como en Afganistán que ha reducido en años, si no décadas, la imagen e influencia de Estados Unidos en el exterior. De hecho, en gran parte del mundo la reputación de Estados Unidos ha disminuido a niveles históricos, en parte debido al altanera actitud con que el presidente se acerca a los aliados sobre temas que van mucho más allá de Iraq.
Estos fracasos hayan su fuente en la petulancia de Bush, en su inhabilidad para solicitar el consejo de otros, excepto un estrecho círculo, y su incapacidad de anticipar lo inesperado o de adaptarse a nuevos hechos. Esos son rasgos peligrosos en cualquier presidente, pero lo son especialmente en un líder de tiempos de guerra. Y son rasgos que se corresponden con sus dificultades en admitir que ha cometido errores o de hacer que sus funcionarios responsables rindan cuentas por los suyos.
En el frente interno, Bush y sus aliados republicanos en la Cámara han gobernando de manera partidista y torpe. Saludamos la campaña de Bush para promover la responsabilidad en las escuelas básicas y secundarias, y algunas de sus otras ideas también pueden sonar atractivas: un cierto grado de privatización le da a la gente más control sobre sus cotizaciones para la jubilación, el seguro de salud individual puede ajustarse mejor al móvil siglo 21 del trabajo, los incentivos comerciales para reducir la polución. Pero ha fracasado en hacer el trabajo serio para transformar esas ideas en programas justos y bien equilibrados, y nunca ha dicho cómo los financiaría, como en el caso de las cuentas privadas de la Seguridad Social.
Eso nos lleva a su despiadada política fiscal. Bush heredó un presupuesto excedentario, pero que ya pasaba por tensiones a largo plazo a medida que la generación de los cincuenta reivindicaba sus derechos sobre los recursos del país en términos de pensiones y seguro médico. La recesión que se estaba formando cuando asumió el gobierno, y el golpe económico que significó el 11 de septiembre, habrían transformado ese excedente en un déficit en las mejores circunstancias.
Pero Bush agravó esas circunstancias y empujó el déficit a niveles históricos con reducciones de impuestos que fueron ineficientes a la hora de proporcionar un estímulo económico y que estaban inclinados hacia los más ricos. A pesar del peso de la guerra de Iraq sobre el Fisco, insistió en que las reducciones debían ser permanentes; a nadie se le pidió un sacrificio, ni a ricos ni a pobres. Los motivos de Bush pueden haber cambiado, pero su prescripción -las reducciones de impuestos- han sido constantes, sin importarle el coste para las generaciones futuras. El déficit fiscal resultante ha arrastrado hacia abajo la tasa nacional de ahorros, haciendo que el país dependa de capital extranjero en un modo que es insostenible. Bush dice que la respuesta está en gastar con disciplina, pero él mismo no ha mostrado ninguna; véase por ejemplo los repugnantes subsidios a la agricultura que transformó en ley.
En 2000, Bush criticó a sus predecesores y con razón por no solucionar los ominosos problemas de la Seguridad Social y del Seguro Médico. Durante su gobierno, sin embargo, se ha mostrado igualmente indiferente, incluso cuando se acercaba la hora de hacer las cuentas. Defendió enormes asignaciones para el Seguro Médico sin insistir en reformas de reducción de costes que todos sabemos que son necesarias.
Bush no se merece un segundo término. Pero hay una segunda pregunta: ¿Nos convence el contendiente? Nosotros creemos que sí.
Kerry, como Bush, no presenta ningún plan para hacer frente a los costes de la jubilación y la salud, pero ha prometido más sentido de la realidad en términos fiscales. Propone atinadamente eliminar las rebajas de impuestos con que favorece Bush a los más ricos y se ha comprometido a disminuir sus propios gastos si los fondos no pueden sustentarlos. Buscará restaurar la disciplina presupuestaria que ayudó a mantener el déficit bajo control durante los años noventa.
Kerry tiene un mejor enfoque de muchos otros tópicos. Tiene un plan de trabajo viable para proporcionar seguro médico a más ciudadanos; esos 45 millones de personas sin seguro médico representan una vergonzosa renuncia que parece que a Bush no le preocupó nunca ni un ápice. Mientras Bush ignora los peligros de un cambio climático y favorece la industria a expensas de un aire y agua limpios, Kerry es un defensor inteligente y de larga data de la protección del medio ambiente. Bush ha hecho politiquería con la Constitución, que Kerry no haría, al endorsar una enmienda para prohibir el matrimonio entre homosexuales. Kerry ha prometido respetar las Convenciones de Ginebra en el extranjero y las libertades civiles en casa.
home. Una judicatura nombrada por Kerry -y es probable que el próximo presidente deje marcas significativas en la Corte Suprema- será más respetuosa de los derechos civiles, el derecho al aborto y el derecho a la privacidad.
Ninguno de estos problemas nos haría votar por Kerry si fuera menos probable que el país estuviera menos seguro que con Bush. Pero creemos que el contendiente está bien equipado para guiar al país en tiempos de peligro. Kerry tiene un currículum que lo prepara sin argumentaciones contrarias posibles para el más alto cargo. Comprendió pronto los peligros de participantes [en el terreno internacional] que no son estados, como Al Qaeda. Allanó el camino para restablecer relaciones con Vietnam en los noventa, y se encargó de la tarea ingrata y políticamente arriesgada de convencer a los familiares que ya no quedaban prisioneros estadounidenses en el Sudeste Asiático. Aunque se opuso erróneamente a la primera Guerra del Golfo Pérsico, sí apoyó el uso de tropas en Bosnia y Kosovo.
Como en el caso de Bush, algunos de sus puntos fuertes nos sorprenden por su potencial fragilidad. Es mucho más probable que el senador solicite un amplio rango de opiniones antes de tomar una decisión, que Bush -¿pero es suficientemente determinado? Entiende la importancia de los aliados y de remodelar la imagen de Estados Unidos -¿pero sentiría reluctancia para ofender? Sus antecedentes en el Senado sugieren que comprende la importancia de los mercados abiertos, pero durante la campaña se ha barricadeado detrás de una retórica proteccionista que es por sí misma inquietante y una posible señal de inconstancia.
Nos ha alarmado sobre todo el zigzagueo de Kerry sobre Iraq, como sus vuelcos sobre si Saddam Hussein representaba una amenaza o no. Como acusa Bush, la descripción que hace Kerry de la guerra como una "diversión" no inspira confianza en su determinación a terminarla. Pero Kerry ha prometido repetidas veces que no saldremos escapando de Iraq, y creemos que el gobierno de Kerry está mejor equipado para abordar la colosal tarea de construir ese país. Kerry se hace eco de los objetivos de Bush de lograr un gobierno iraquí elegido y un ejército iraquí bien adiestrado para defenderlo, pero argumenta que puede implementar esa estrategia más efectivamente.
Kerry comprende que la más grande amenaza para la seguridad de Estados Unidos la representan terroristas que pueden atacar con armas nucleares o biológicas. Ha prometido agregar dos divisiones más al Ejército de Estados Unidos; tratar mejor de localizar e inutilizar las armas y materiales nucleares en el mundo y mejorar las preparaciones en caso de un ataque bio-terrorista. No hay modo de saber si tendrá más éxito que Bush en contener a Corea del Norte y la marcha de Irán hacia su transformación en estados con armas nucleares, pero otorga una justa prioridad a los dos problemas. Tiene razón cuando afirma que esos retos, como el conflicto palestino-israelí, requiere la especie de diplomacia sostenida que hemos echado de menos en los últimos cuatro años. Y esperamos que Kerry sea más firme que Bush en hacer frente al genocidio en curso en Sudán.
El voto por Kerry no es un voto sin riesgos. Pero los riesgos del otro lado son conocidos, y los puntos fuertes de Kerry son considerables. Ha prometido seguir luchando en Iraq y buscar un acercamiento con los aliados; terminar con los terroristas, y entrar en discusión, sin arrogancia, con el mundo árabe. Esos son los objetivos correctos, y creemos que Kerry está en mejores condiciones de lograrlos.
24 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
Atlanta, Georgia. Count Every Vote 2004 recibe con entusiasmo la presencia de una misión de observadores electorales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europea OSCE, que ha llegado a Estados Unidos por invitación del ministerio de Asuntos Exteriores.En las últimas dos décadas, la presencia de observadores internacionales, que trabajan a menudo estrechamente con organizaciones de observadores electorales nacionales independientes, ha contribuido a impedir irregularidades electorales, tales como intimidación de votantes, votos ilegales, supresión de votantes y conteos irregulares en muchos países. Su presencia ha también contribuido a salvaguardar la integridad de procesos electorales y a recuperar la confianza en la legitimidad de procesos políticos generales en cientos de países, desde las Filipinas hasta Kenia y México.
Estados Unidos ha sido uno de los países más activos en apoyar la supervisión internacional de procesos electorales en países en Europa Central y del Este y en países de la antigua Unión Soviética (las regiones que cubre la OSCE, de la que forman parte 55 países), así como en el hemisferio sur en el general.
Por eso es importante que la comunidad internacional supervise las elecciones en Estados Unidos a fin de evitar acusaciones de arbitrariedad y el uso de normas dobles.
Es también importante debido a problemas ya identificados por varias organizaciones supervisoras: la conducta abiertamente partidaria de algunos funcionarios electorales en los estados, la ausencia de procedimientos uniformes de votación en todo el país, un aparente intento masivo de impedir la votación de los votantes de las minorías a través de una serie de técnicas relacionadas con la inscripción y el proceso de votación.
El propósito de esta delegación de la OSCE es observar y evaluar las condiciones electorales y el clima político en que tendrán lugar las elecciones y presentar un informe preciso e imparcial de la situación electoral. La Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE ha organizado más de 100 misiones de observadores electorales en elecciones de países de la OSCE. Estados Unidos es uno de esos países y, como los otros, tiene el compromiso de invitar a observadores nacionales e internacionales a sus elecciones nacionales.
La OSCE no pretende interferir en el proceso electoral y reconoce que en última instancia es el pueblo de Estados Unidos el que debe determinar la credibilidad y validez de las elecciones y sus resultados. Al mismo tiempo, la delegación de observadores realizará sus actividades de acuerdo a normas internacionales de observación imparcial de procesos electorales para evitar la impresión de estar indebidamente influida por el gobierno de Estados Unidos y por la administración del Bush.
Millones de norteamericanos, especialmente de los grupos minoritarios nacionales, esperan con ansiedad las observaciones y recomendaciones que pueda presentar la OSCE.
Count Every Vote 2004 es un organización nacional independiente de supervisión de las elecciones que ha preparado a observadores nacionales para supervisar, documentar e informar sobre el proceso electoral en Florida, Louisiana, Georgia, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur y del Norte. Count Every Vote es la única organización de protección electoral que aplica normas internacionales de supervisión en estas elecciones de 2004.
Informe basado en el comunicado de prensa de Count Every Vote 2004
29 de octubre de 2004
©count every vote
©traducción mQh
LA FALSA VIDA CHINA DE BILL CLINTON
La autobiografía de Bill Clinton, el Gran Sandía', fue traducida en varias versiones al chino y re-traducida al inglés. Los editores han retirado los derechos del editor chino por las libertades que se tomó con el texto.
¿Quién sabía que el que sería presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en sus primeros días en Arkansas, y su tío Buddy se sentaban a cotorrear que China era una de las culturas más antiguas del mundo y que había producido Cuatro Grandes Invenciones, de las que una era la pólvora?Sin embargo, ahí está, todo ese amor por China y las cosas chinas, justo en la última versión pirata de la autobiografía de Clinton, Mi vida', que se vende a bajo precio en China continental y que ha sido re-traducida al inglés recientemente por Alex Beels en el último número de Harper's Magazine. La versión pirata muestra a una familia Clinton obsesionada con los puntos fuertes de China, con cómo la ciencia y tecnología chinas "nos hicieron morder el polvo". Los lectores se enterarán de que el futuro presidente, para impresionar a la madre de Hillary, se ponía ditirámbico sobre cosas tales como los Ocho Trigramas, documentados en El libro de los cambios' varios miles de años atrás. En otra re-traducción de este verano pasado Clinto aparece explicándole a Hillary que su apodo significa Gran Sandía'.
En el mundo editorial occidental -de hecho, en el mundo comercial occidental- tales textos hurtados no son asuntos que se tomen a la ligera. Recientemente la Cámara de Comercio Estadounidense llamó la atención sobre la no aplicación de las leyes en China en lo que se refiere a los artículos falsificados y su fracaso en proteger el derecho de propiedad intelectual. Los editores estadounidenses estiman que pierden al menos unos 40 millones de dólares al año en falsificaciones chinas.
En realidad, los compradores en China visitan regularmente un área llamada Central de Imitaciones para adquirir suéteres Gap falsificados o zapatos Timberland falsos. Algunas copias no son tan malas, para pesar de aquellos que tratan de vender los productos auténticos.
Por supuesto, China no es el único país donde se venden imitaciones. Guccis y Armanis falsos aparecen con alguna regularidad en las aceras de Nueva York, y el problema de los editores y negocios es mundial. Pero en el tema de los libros -especialmente los libros de los Clinton-, China ha sido especialmente difícil. Simon & Schuster cancelaron los derechos de publicación del editor chino del libro de la senadora Hillary Clinton debido a las distorsiones y supresiones en el texto.
Las traducciones piratas del libro de Clinton también suprimen todas las referencias a la falta de libertad en China. Los editores piratas ciertamente se han tomado muchas libertades con el texto. Uno de los mejores ejemplos es la realmente larga frase inicial de la versión de Clinton, que se extiende durante 48 palabras para describir en detalle su nacimiento, incluyendo el tiempo tormentoso que precedió a ese gran acontecimiento. La primera frase en la versión china pirata dice: "En la ciudad de la Esperanza, donde nací, se respiraba una gran armonía vital".
24 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
KERRY, PRESIDENTE
Después del New York Times, el Washington Post opta en un editorial de hoy por el senador Kerry. Entre otras cosas, porque es una mejor garantía de respeto de la Constitución y derechos civiles en Estados Unidos.
Los expertos estadounidenses dicen que la mayoría de los votantes no han tenido dificultad en decidir por quién votarán en las elecciones presidenciales de este año. La mitad del país apoya apasionadamente a Bush, dice los encuestadores, y la otra mitad apasionadamente a Kerry -o al menos está apasionadamente contra Bush. Nosotros no hemos podido compartir este apasionamiento, ni la certidumbre. Como lo saben los lectores de esta página, encontramos mucho que criticar del período de Bush, pero también algunas cosas admirables. Encontramos mucho de admirable en la hoja de servicio de Kerry, su conocimiento del mundo y sus posiciones en un amplio rango de temas. Pero al final creemos que Kerry, con su promesa de determinación suavizada por su sabiduría y tolerancia, ha reclamado con más convicción la confianza del país para que lo dirija en los próximos cuatro años.Ahora el proceso de sacar las cuentas empieza, como es común en las campañas de re-elección, con el titular. Sus antecedentes, particularmente en relaciones exteriores, no pueden ser juzgados con un simple sí o no. El presidente Bush unió a la nación después del 11 de septiembre, y remodeló su visión del mundo. Su dedicación a una lucha de largo plazo para fomentar la libertad en el mundo árabe refleja su comprensión de la grave amenaza que representan los radicales del fundamentalismo islámico. Sus acciones no siempre han correspondido a su incitante retórica sobre el asunto, y los reveses de la democracia en otras partes del mundo (especialmente en Rusia) no parecen preocuparle demasiado.
Pero Bush ha realizado más de lo que reconocen sus críticos, tanto en el asunto práctico de formar alianzas para perseguir a los terroristas y en el de comenzar a reformular una política para el Oriente Medio demasiado tiempo caracterizada por buscar acomodos con dictadores amistosos. Ha prometido importantes aumentos en la ayuda exterior para ayudar a los países pobres a luchar contra el sida y otros propósitos, que creemos que son esenciales.
La campaña que dirigió Bush para sacar a los talibanes de Afganistán parece retrospectivamente fácil y obvia, pero en esa época mucha gente predijo un inminente atolladero. Bush perdió considerable tiempo con su determinación inicial de evitar construir el país después de que cayera Kabul y la posterior retirada de las tropas. Pero incluso así, Afganistán hoy está lejos de ser el fracaso que pinta Kerry. La seguridad afgana y estadounidense están mejor gracias a la intervención.
En Iraq no acusamos a Bush por creer, como lo hizo el presidente Clinton antes, que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Nosotros apoyamos la guerra y creíamos que el dictador iraquí representaba una amenaza a la que había que hacer frente; hoy continuamos creyendo que la misión de Estados Unidos de fomentar un gobierno representativo en Iraq ofrece la posibilidad de hacer más seguro a Estados Unidos y que los iraquíes se encuentran mucho mejor que cuando eran gobernados por su criminal dictador.
Sin embargo, acusamos a Bush por exagerar ante la opinión pública los datos de inteligencia que le fueron entregados privadamente y por alejar innecesariamente a los aliados. Sobre todo lo acusamos por ignorar los consejos para planificar mejor la reconstrucción de posguerra. El daño causado por esta testaruda indiferencia es incalculable. No hay ninguna garantía de que Iraq fuera hoy un país más tranquilo si las tropas estadounidenses hubiesen impedido el saqueo de posguerra, asegurado los depósitos de armas, dado la bienvenida a una implicación internacional y transferido más rápidamente la autoridad a los iraquíes. Pero las posibilidades de que así ocurriera habrían sido mayores. Sin embargo, el gobierno ha rechazado repetidas veces el consejo de enviar tropas suficientes. Su desprecio de las Convenciones de Ginebra condujo al escándalo de las torturas en las prisiones tanto en Iraq como en Afganistán que ha reducido en años, si no décadas, la imagen e influencia de Estados Unidos en el exterior. De hecho, en gran parte del mundo la reputación de Estados Unidos ha disminuido a niveles históricos, en parte debido al altanera actitud con que el presidente se acerca a los aliados sobre temas que van mucho más allá de Iraq.
Estos fracasos hayan su fuente en la petulancia de Bush, en su inhabilidad para solicitar el consejo de otros, excepto un estrecho círculo, y su incapacidad de anticipar lo inesperado o de adaptarse a nuevos hechos. Esos son rasgos peligrosos en cualquier presidente, pero lo son especialmente en un líder de tiempos de guerra. Y son rasgos que se corresponden con sus dificultades en admitir que ha cometido errores o de hacer que sus funcionarios responsables rindan cuentas por los suyos.
En el frente interno, Bush y sus aliados republicanos en la Cámara han gobernando de manera partidista y torpe. Saludamos la campaña de Bush para promover la responsabilidad en las escuelas básicas y secundarias, y algunas de sus otras ideas también pueden sonar atractivas: un cierto grado de privatización le da a la gente más control sobre sus cotizaciones para la jubilación, el seguro de salud individual puede ajustarse mejor al móvil siglo 21 del trabajo, los incentivos comerciales para reducir la polución. Pero ha fracasado en hacer el trabajo serio para transformar esas ideas en programas justos y bien equilibrados, y nunca ha dicho cómo los financiaría, como en el caso de las cuentas privadas de la Seguridad Social.
Eso nos lleva a su despiadada política fiscal. Bush heredó un presupuesto excedentario, pero que ya pasaba por tensiones a largo plazo a medida que la generación de los cincuenta reivindicaba sus derechos sobre los recursos del país en términos de pensiones y seguro médico. La recesión que se estaba formando cuando asumió el gobierno, y el golpe económico que significó el 11 de septiembre, habrían transformado ese excedente en un déficit en las mejores circunstancias.
Pero Bush agravó esas circunstancias y empujó el déficit a niveles históricos con reducciones de impuestos que fueron ineficientes a la hora de proporcionar un estímulo económico y que estaban inclinados hacia los más ricos. A pesar del peso de la guerra de Iraq sobre el Fisco, insistió en que las reducciones debían ser permanentes; a nadie se le pidió un sacrificio, ni a ricos ni a pobres. Los motivos de Bush pueden haber cambiado, pero su prescripción -las reducciones de impuestos- han sido constantes, sin importarle el coste para las generaciones futuras. El déficit fiscal resultante ha arrastrado hacia abajo la tasa nacional de ahorros, haciendo que el país dependa de capital extranjero en un modo que es insostenible. Bush dice que la respuesta está en gastar con disciplina, pero él mismo no ha mostrado ninguna; véase por ejemplo los repugnantes subsidios a la agricultura que transformó en ley.
En 2000, Bush criticó a sus predecesores y con razón por no solucionar los ominosos problemas de la Seguridad Social y del Seguro Médico. Durante su gobierno, sin embargo, se ha mostrado igualmente indiferente, incluso cuando se acercaba la hora de hacer las cuentas. Defendió enormes asignaciones para el Seguro Médico sin insistir en reformas de reducción de costes que todos sabemos que son necesarias.
Bush no se merece un segundo término. Pero hay una segunda pregunta: ¿Nos convence el contendiente? Nosotros creemos que sí.
Kerry, como Bush, no presenta ningún plan para hacer frente a los costes de la jubilación y la salud, pero ha prometido más sentido de la realidad en términos fiscales. Propone atinadamente eliminar las rebajas de impuestos con que favorece Bush a los más ricos y se ha comprometido a disminuir sus propios gastos si los fondos no pueden sustentarlos. Buscará restaurar la disciplina presupuestaria que ayudó a mantener el déficit bajo control durante los años noventa.
Kerry tiene un mejor enfoque de muchos otros tópicos. Tiene un plan de trabajo viable para proporcionar seguro médico a más ciudadanos; esos 45 millones de personas sin seguro médico representan una vergonzosa renuncia que parece que a Bush no le preocupó nunca ni un ápice. Mientras Bush ignora los peligros de un cambio climático y favorece la industria a expensas de un aire y agua limpios, Kerry es un defensor inteligente y de larga data de la protección del medio ambiente. Bush ha hecho politiquería con la Constitución, que Kerry no haría, al endorsar una enmienda para prohibir el matrimonio entre homosexuales. Kerry ha prometido respetar las Convenciones de Ginebra en el extranjero y las libertades civiles en casa.
home. Una judicatura nombrada por Kerry -y es probable que el próximo presidente deje marcas significativas en la Corte Suprema- será más respetuosa de los derechos civiles, el derecho al aborto y el derecho a la privacidad.
Ninguno de estos problemas nos haría votar por Kerry si fuera menos probable que el país estuviera menos seguro que con Bush. Pero creemos que el contendiente está bien equipado para guiar al país en tiempos de peligro. Kerry tiene un currículum que lo prepara sin argumentaciones contrarias posibles para el más alto cargo. Comprendió pronto los peligros de participantes [en el terreno internacional] que no son estados, como Al Qaeda. Allanó el camino para restablecer relaciones con Vietnam en los noventa, y se encargó de la tarea ingrata y políticamente arriesgada de convencer a los familiares que ya no quedaban prisioneros estadounidenses en el Sudeste Asiático. Aunque se opuso erróneamente a la primera Guerra del Golfo Pérsico, sí apoyó el uso de tropas en Bosnia y Kosovo.
Como en el caso de Bush, algunos de sus puntos fuertes nos sorprenden por su potencial fragilidad. Es mucho más probable que el senador solicite un amplio rango de opiniones antes de tomar una decisión, que Bush -¿pero es suficientemente determinado? Entiende la importancia de los aliados y de remodelar la imagen de Estados Unidos -¿pero sentiría reluctancia para ofender? Sus antecedentes en el Senado sugieren que comprende la importancia de los mercados abiertos, pero durante la campaña se ha barricadeado detrás de una retórica proteccionista que es por sí misma inquietante y una posible señal de inconstancia.
Nos ha alarmado sobre todo el zigzagueo de Kerry sobre Iraq, como sus vuelcos sobre si Saddam Hussein representaba una amenaza o no. Como acusa Bush, la descripción que hace Kerry de la guerra como una "diversión" no inspira confianza en su determinación a terminarla. Pero Kerry ha prometido repetidas veces que no saldremos escapando de Iraq, y creemos que el gobierno de Kerry está mejor equipado para abordar la colosal tarea de construir ese país. Kerry se hace eco de los objetivos de Bush de lograr un gobierno iraquí elegido y un ejército iraquí bien adiestrado para defenderlo, pero argumenta que puede implementar esa estrategia más efectivamente.
Kerry comprende que la más grande amenaza para la seguridad de Estados Unidos la representan terroristas que pueden atacar con armas nucleares o biológicas. Ha prometido agregar dos divisiones más al Ejército de Estados Unidos; tratar mejor de localizar e inutilizar las armas y materiales nucleares en el mundo y mejorar las preparaciones en caso de un ataque bio-terrorista. No hay modo de saber si tendrá más éxito que Bush en contener a Corea del Norte y la marcha de Irán hacia su transformación en estados con armas nucleares, pero otorga una justa prioridad a los dos problemas. Tiene razón cuando afirma que esos retos, como el conflicto palestino-israelí, requiere la especie de diplomacia sostenida que hemos echado de menos en los últimos cuatro años. Y esperamos que Kerry sea más firme que Bush en hacer frente al genocidio en curso en Sudán.
El voto por Kerry no es un voto sin riesgos. Pero los riesgos del otro lado son conocidos, y los puntos fuertes de Kerry son considerables. Ha prometido seguir luchando en Iraq y buscar un acercamiento con los aliados; terminar con los terroristas, y entrar en discusión, sin arrogancia, con el mundo árabe. Esos son los objetivos correctos, y creemos que Kerry está en mejores condiciones de lograrlos.
24 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
EL ARTE DE ROBAR LAS ELECCIONES - robert kuttner
El grave peligro de que Bush nuevamente se robe las elecciones, como en 2000, ha alertado a grupos civiles y a parte de la prensa. Para evitarlo, Kerry debería ganar con una más que holgada diferencia de votos.
Los republicanos se han propuesto robar las elecciones de 2004 -antes, durante y después del día de la votación. Antes, empleando trucos mañosos como las purgas maliciosas de las listas de votantes, el uso de grupos de inscripción compuestos por matones para destruir las inscripciones demócratas y la represión de las iniciativas demócratas para inscribir a votantes, especialmente negros y estudiantes.
En el día de la elección mismo, los republicanos intentarán intimidar a los electores de la minoría instalando a observadores que les amenazarán con llevarles a tribunales si ocurre algún desperfecto técnico con sus carnés de identidad, y volverán a usar fallas técnicas para sacar ventaja partidista.
Pero el más serio ataque contra la democracia misma es probable que ocurra después del día de la elección. He aquí mi simple predicción: si ninguno de los dos candidatos gana concluyentemente, el equipo de campaña de Bush reunirá suficientes amenazas de recusación en suficientes estados para que no sepamos, ese día por la noche, quién ganó las elecciones.
La derecha descubrió una estratagema en el 2000, que se puede transformar en un trámite normal en elecciones reñidas: lograr que la elección termine en tribunales, ya que todos los tribunales conducen a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, como nos enteramos en 2000, puede anular los veredictos de los tribunales y nombrar ella misma al presidente.
Este año se presta incluso mejor para el fraude, porque la Ley de 2000 Ayuda a Estados Unidos a Votar', una reforma' escrita en lo fundamental según propósitos republicanos, hizo más duros los requisitos del carné de identidad. También dio a los votantes la posibilidad de depositar papeletas provisionales' si sus nombres no aparecen en las listas. Es una buena idea, pero alguien, y en última instancia un tribunal, debe decidir si pueden votar, y eso es casi imposible de resolver el día de las elecciones.
Además, los estados están experimentando con una variedad de nuevos sistemas de votación para evitar que se repitan los malfuncionamientos técnicos que facilitaron que los republicanos se robaran los votos de Florida en el 2000. Y digo bien al usar la palabra experimento', ya que gran parte de esta tecnología no estará lista para el día de la elección.
En nuestros sistemas de votación ahora tenemos una mezcla de amateurismo brujeril del siglo diecinueve y tecnología del siglo 21 que aún no es fiable. Los embrollos técnicos funcionan como una palanca para el asalto contra la votación.
Hubo una época en que eran los demócratas los que de vez en cuando se robaban las elecciones. Lyndon Johnson muy probablemente se robó la victoria de 1948 en las primarias demócratas de Tejas, que lanzaron su carrera senatorial. El presidente Kennedy incluso hacía bromas sobre el notorio amaño de votos en Chicago, que muy posiblemente inclinó la balanza de Illinois a su favor en 1960. (Sin Illinois habría ganado en la Junta Electoral por un margen muy estrecho).
Fue Richard Nixon, ese canalla entre los canallas, el que resistió la tentación de iniciar una recusación de los resultados de Illinois porque pensó que el país no lo toleraría. Me imagino anhelando en esos días en que teníamos líderes republicanos tan éticos como Nixon.
Pero los días en que la máquina demócrata urbana hacía votar a gente muerta pertenecen al pasado. La prensa ha informado de casos aislados de fraude, tales como unos pájaros migratorios que han tratado de inscribirse en varios estados. Pero una comparación objetiva de los abusos electorales este año revela que mientras un partido está gastando energía para inscribir a tantos partidarios como sea posible y asegurarse de que sus votos sean contabilizados, el otro está también inscribiendo a sus partidarios pero al mismo tiempo tratando de manera sistemática de impedir que la oposición deposite sus votos en las urnas. No hay una trama demócrata comparable de supresión de votos.
Quizás deberíamos invitar a observadores electorales de Afganistán e Iraq.
Corremos el riesgo de no saber quién ganó las elecciones sino hasta que se reúna la Junta Electoral en diciembre, y quizás ni siquiera entonces, si los resultados de las elecciones terminan en los tribunales. No está ni siquiera claro si el árbitro supremo será la Corte Suprema o la Cámara de Diputados.
Si los tribunales usurpan el derecho de la gente a elegir al presidente, y George Bush nuevamente se roba las elecciones, se producirá con toda seguridad una crisis constitucional y una crisis de legitimidad.
Pero ¿qué pasaría si tenemos una crisis constitucional y nadie se aparece? El resultado más terrible de todos sería la pasividad del público, como en 2000. Eso confirmaría que el robo de nuestra democracia ha sido definitivo.
Llámenme, si quieren, partidista, pero el mejor seguro contra este terrible resultado sería que Kerry ganara con tanta diferencia de votos que ni siquiera Karl Rove se animara a montar una conspiración. Una carrera apretada invitaría al desastre. Y si Bush gana con holgura, entonces la democracia tendrá otros problemas.
Robert Kuttner es el coeditor de The American Prospect. Su columna aparece regularmente en Globe.
20 de octubre de 2004
©boston globe
©traducción mQh
Los republicanos se han propuesto robar las elecciones de 2004 -antes, durante y después del día de la votación. Antes, empleando trucos mañosos como las purgas maliciosas de las listas de votantes, el uso de grupos de inscripción compuestos por matones para destruir las inscripciones demócratas y la represión de las iniciativas demócratas para inscribir a votantes, especialmente negros y estudiantes.En el día de la elección mismo, los republicanos intentarán intimidar a los electores de la minoría instalando a observadores que les amenazarán con llevarles a tribunales si ocurre algún desperfecto técnico con sus carnés de identidad, y volverán a usar fallas técnicas para sacar ventaja partidista.
Pero el más serio ataque contra la democracia misma es probable que ocurra después del día de la elección. He aquí mi simple predicción: si ninguno de los dos candidatos gana concluyentemente, el equipo de campaña de Bush reunirá suficientes amenazas de recusación en suficientes estados para que no sepamos, ese día por la noche, quién ganó las elecciones.
La derecha descubrió una estratagema en el 2000, que se puede transformar en un trámite normal en elecciones reñidas: lograr que la elección termine en tribunales, ya que todos los tribunales conducen a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, como nos enteramos en 2000, puede anular los veredictos de los tribunales y nombrar ella misma al presidente.
Este año se presta incluso mejor para el fraude, porque la Ley de 2000 Ayuda a Estados Unidos a Votar', una reforma' escrita en lo fundamental según propósitos republicanos, hizo más duros los requisitos del carné de identidad. También dio a los votantes la posibilidad de depositar papeletas provisionales' si sus nombres no aparecen en las listas. Es una buena idea, pero alguien, y en última instancia un tribunal, debe decidir si pueden votar, y eso es casi imposible de resolver el día de las elecciones.
Además, los estados están experimentando con una variedad de nuevos sistemas de votación para evitar que se repitan los malfuncionamientos técnicos que facilitaron que los republicanos se robaran los votos de Florida en el 2000. Y digo bien al usar la palabra experimento', ya que gran parte de esta tecnología no estará lista para el día de la elección.
En nuestros sistemas de votación ahora tenemos una mezcla de amateurismo brujeril del siglo diecinueve y tecnología del siglo 21 que aún no es fiable. Los embrollos técnicos funcionan como una palanca para el asalto contra la votación.
Hubo una época en que eran los demócratas los que de vez en cuando se robaban las elecciones. Lyndon Johnson muy probablemente se robó la victoria de 1948 en las primarias demócratas de Tejas, que lanzaron su carrera senatorial. El presidente Kennedy incluso hacía bromas sobre el notorio amaño de votos en Chicago, que muy posiblemente inclinó la balanza de Illinois a su favor en 1960. (Sin Illinois habría ganado en la Junta Electoral por un margen muy estrecho).
Fue Richard Nixon, ese canalla entre los canallas, el que resistió la tentación de iniciar una recusación de los resultados de Illinois porque pensó que el país no lo toleraría. Me imagino anhelando en esos días en que teníamos líderes republicanos tan éticos como Nixon.
Pero los días en que la máquina demócrata urbana hacía votar a gente muerta pertenecen al pasado. La prensa ha informado de casos aislados de fraude, tales como unos pájaros migratorios que han tratado de inscribirse en varios estados. Pero una comparación objetiva de los abusos electorales este año revela que mientras un partido está gastando energía para inscribir a tantos partidarios como sea posible y asegurarse de que sus votos sean contabilizados, el otro está también inscribiendo a sus partidarios pero al mismo tiempo tratando de manera sistemática de impedir que la oposición deposite sus votos en las urnas. No hay una trama demócrata comparable de supresión de votos.
Quizás deberíamos invitar a observadores electorales de Afganistán e Iraq.
Corremos el riesgo de no saber quién ganó las elecciones sino hasta que se reúna la Junta Electoral en diciembre, y quizás ni siquiera entonces, si los resultados de las elecciones terminan en los tribunales. No está ni siquiera claro si el árbitro supremo será la Corte Suprema o la Cámara de Diputados.
Si los tribunales usurpan el derecho de la gente a elegir al presidente, y George Bush nuevamente se roba las elecciones, se producirá con toda seguridad una crisis constitucional y una crisis de legitimidad.
Pero ¿qué pasaría si tenemos una crisis constitucional y nadie se aparece? El resultado más terrible de todos sería la pasividad del público, como en 2000. Eso confirmaría que el robo de nuestra democracia ha sido definitivo.
Llámenme, si quieren, partidista, pero el mejor seguro contra este terrible resultado sería que Kerry ganara con tanta diferencia de votos que ni siquiera Karl Rove se animara a montar una conspiración. Una carrera apretada invitaría al desastre. Y si Bush gana con holgura, entonces la democracia tendrá otros problemas.
Robert Kuttner es el coeditor de The American Prospect. Su columna aparece regularmente en Globe.
20 de octubre de 2004
©boston globe
©traducción mQh
OPTANDO POR LA LIBERTAD
Mientras el New York Times apoya abiertamente la candidatura de John Kerry, un editorial de Washington Post cree que es más probable que el senador respete más que Bush las libertades civiles y el Congreso, y las leyes en general.
Después del 11 de septiembre de 2001, las herramientas legales a disposición del presidente Bush eran anticuadas y no cubrían las nuevas realidades de este tipo diferente de guerra. Tenía que hacer opciones difíciles en el balance entre las libertades civiles y la necesidad de erradicar las células terroristas en casa y en el extranjero. Las críticas que han desencadenado esas opciones no han sido siempre justas. Pero demasiado a menudo Bush ha ido demasiado lejos, tanto en los cambios en su política exterior como en el modo en que tratado de implementarlos.
Excepto para obtener la aprobación de la Ley Patriótica, Bush no ha buscado la aprobación del Congreso y ha preferido usar los amplios poderes de guerra que le otorga su función ejecutiva para tomar decisiones por sí mismo, y controvertidas. Y no ha desistido de esas decisiones sino hasta el momento en que ha sido obligado a hacerlo por los tribunales -y con ello, irónicamente, ha creado precedentes históricos que obstaculizarán la capacidad de futuros presidentes para tomar decisiones agresivas que garanticen la seguridad [del país] en situaciones de emergencia. Al hacer así, ha perjudicado tanto la causa de la libertad como la de una presidencia fuerte.
El gobierno de Bush no tenía razones para detener a ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos sin posibilidad de un proceso debido ni acceso a abogados. Tampoco las tenía para detener a cientos de milicianos enemigos extranjeros en la Bahía de Guantánamo, Cuba, sin crear ningún medio formal para separar a inocentes de terroristas peligrosos. Ni fue sensato instalar tribunales para juzgar crímenes de guerra en casa sin buscar la confirmación del Congreso de normas designadas para relajar algunos derechos característicos de los juicios justos. En todas estas situaciones, el gobierno tuvo preocupaciones graves y legítimas. Si se hubiese mostrado dispuesto a buscar la colaboración del Congreso, habría conseguido lo que necesitaba -probablemente con algunas exigencias en lo que se refiere a la imparcialidad y a la supervisión. Pero Bush se ha mostrado tan alérgico a cualquier forma de rendición de cuentas en estos asuntos, tan insistente en las prerrogativas del ejecutivo para determinar sus propias reglas y tan entregado al secreto que ha creado una especie de sistema judicial alternativo, que ha dañado la imagen de Estados Unidos a los ojos del mundo y ha buscado la intervención judicial que finalmente recibió.
Aunque la Corte Suprema insiste ahora en que hay normas razonables que deben regular las detenciones en la guerra contra el terrorismo, los instintos de Bush en este terreno siguen inquietando. Con un segundo mandato, probablemente no se limitará a obtener una re-autorización de la Ley Patriótica -que, en términos generales, es razonable- sino que buscará una agresiva extensión de ella.
El enfoque del senador John F. Kerry a las libertades civiles es algo más convincente, porque ha tratado de apelar a todos los lados en la discusión, tratando de mantener sus opciones abiertas. Votó a favor de la Ley Patriótica, por ejemplo, aunque dijo que tenía problemas con artículos específicos. Sin embargo, su postura es más cuidadosa de las libertades civiles que la de Bush. Kerry apoyaría las atribuciones presidenciales de detener a ciudadanos como combatientes enemigos pero no sin un proceso razonable, según su campaña. El senador John Edwards ha dicho que un gobierno demócrata revisaría los planes para instalar tribunales militares en Guantánamo basándose en el modelo de las cortes marciales -una idea que sería atractiva si pudieran superarse algunos problemas prácticos. Es probable que Kerry analice con más escepticismo la creciente vigilancia doméstica y las atribuciones para deportar [a extranjeros]. Y es mucho más probable que, a diferencia de Bush, busque la aprobación del Congreso para medidas agresivas que cualquier presidente deberá tomar en la lucha contra el terrorismo. Todo presidente razonable necesitará usar plenamente sus poderes, pero eso no significa ignorar sus costes para la libertad.
18 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
Después del 11 de septiembre de 2001, las herramientas legales a disposición del presidente Bush eran anticuadas y no cubrían las nuevas realidades de este tipo diferente de guerra. Tenía que hacer opciones difíciles en el balance entre las libertades civiles y la necesidad de erradicar las células terroristas en casa y en el extranjero. Las críticas que han desencadenado esas opciones no han sido siempre justas. Pero demasiado a menudo Bush ha ido demasiado lejos, tanto en los cambios en su política exterior como en el modo en que tratado de implementarlos.Excepto para obtener la aprobación de la Ley Patriótica, Bush no ha buscado la aprobación del Congreso y ha preferido usar los amplios poderes de guerra que le otorga su función ejecutiva para tomar decisiones por sí mismo, y controvertidas. Y no ha desistido de esas decisiones sino hasta el momento en que ha sido obligado a hacerlo por los tribunales -y con ello, irónicamente, ha creado precedentes históricos que obstaculizarán la capacidad de futuros presidentes para tomar decisiones agresivas que garanticen la seguridad [del país] en situaciones de emergencia. Al hacer así, ha perjudicado tanto la causa de la libertad como la de una presidencia fuerte.
El gobierno de Bush no tenía razones para detener a ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos sin posibilidad de un proceso debido ni acceso a abogados. Tampoco las tenía para detener a cientos de milicianos enemigos extranjeros en la Bahía de Guantánamo, Cuba, sin crear ningún medio formal para separar a inocentes de terroristas peligrosos. Ni fue sensato instalar tribunales para juzgar crímenes de guerra en casa sin buscar la confirmación del Congreso de normas designadas para relajar algunos derechos característicos de los juicios justos. En todas estas situaciones, el gobierno tuvo preocupaciones graves y legítimas. Si se hubiese mostrado dispuesto a buscar la colaboración del Congreso, habría conseguido lo que necesitaba -probablemente con algunas exigencias en lo que se refiere a la imparcialidad y a la supervisión. Pero Bush se ha mostrado tan alérgico a cualquier forma de rendición de cuentas en estos asuntos, tan insistente en las prerrogativas del ejecutivo para determinar sus propias reglas y tan entregado al secreto que ha creado una especie de sistema judicial alternativo, que ha dañado la imagen de Estados Unidos a los ojos del mundo y ha buscado la intervención judicial que finalmente recibió.
Aunque la Corte Suprema insiste ahora en que hay normas razonables que deben regular las detenciones en la guerra contra el terrorismo, los instintos de Bush en este terreno siguen inquietando. Con un segundo mandato, probablemente no se limitará a obtener una re-autorización de la Ley Patriótica -que, en términos generales, es razonable- sino que buscará una agresiva extensión de ella.
El enfoque del senador John F. Kerry a las libertades civiles es algo más convincente, porque ha tratado de apelar a todos los lados en la discusión, tratando de mantener sus opciones abiertas. Votó a favor de la Ley Patriótica, por ejemplo, aunque dijo que tenía problemas con artículos específicos. Sin embargo, su postura es más cuidadosa de las libertades civiles que la de Bush. Kerry apoyaría las atribuciones presidenciales de detener a ciudadanos como combatientes enemigos pero no sin un proceso razonable, según su campaña. El senador John Edwards ha dicho que un gobierno demócrata revisaría los planes para instalar tribunales militares en Guantánamo basándose en el modelo de las cortes marciales -una idea que sería atractiva si pudieran superarse algunos problemas prácticos. Es probable que Kerry analice con más escepticismo la creciente vigilancia doméstica y las atribuciones para deportar [a extranjeros]. Y es mucho más probable que, a diferencia de Bush, busque la aprobación del Congreso para medidas agresivas que cualquier presidente deberá tomar en la lucha contra el terrorismo. Todo presidente razonable necesitará usar plenamente sus poderes, pero eso no significa ignorar sus costes para la libertad.
18 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh