bush castiga a la cia
[Haviland Smith] La purga de la CIA no contribuye a la lucha contra el terrorismo, afirma este antiguo jefe de estación de la CIA.
Porter Goss, el nuevo director de la CIA y un devoto aliado político del presidente Bush, ha introducido a Langley a un guardia pretoriano del Comité Selecto Permanente para la Inteligencia de la Cámara. Contra el trasfondo de su estilo de gestión de no intervención, dejan en claro, sin demasiado tacto ni sutileza, cuál es su objetivo: Han llegado a sacudirlo todo.
Lo que está pasando, sea lo que sea, pasa a instancias de la Casa Blanca, y probablemente no se concentra en la inteligencia errónea sobre las armas de destrucción masiva sino más bien en la conducción de la guerra de Iraq y sus secuelas. En ese contexto, la cólera del gobierno parece dirigida hacia el servicio secreto, ese componente de la CIA que recluta y maneja a los espías (no el componente que publica informes de inteligencia). Desde la llegada de Goss en Langley, gran parte de la dirección del servicio clandestino ha sido despedido o ha renunciado, supuestamente para ser remplazados por funcionarios más complacientes.
David Brooks, del New York Times, escribió en una vituperiosa columna a mediados de noviembre que estábamos presenciando una lucha a muerte entre la Casa Blanca y la CIA. Afirmaba que la CIA estaba tratando de contribuir a la derrota del presidente en las elecciones filtrando materiales clasificados destinados a apoyar la idea de que la gestión de Iraq fue mal concebida y marchaba mal. Aparentemente, esa idea era completamente correcta.
Parece que la CIA, tanto el servicio secreto como el directorado de inteligencia, habían en realidad filtrado una amplia variedad de secretos. Deben y deberían haber sido procesados por revelar sin autorización informaciones clasificadas. Pero no lo fueron. En lugar de eso, parece que el gobierno vio en sus acciones una oportuna excusa para castigar colectivamente a la CIA.
Dado el modo en que la Casa Blanca ha manejado la inteligencia durante los últimos tres años, parece coherente que esté enfadada con el servicio secreto. Los agentes de ese servicio son a menudo requeridos para que den opiniones sobre medidas previamente a su implementación. Es poco probable que cualquier agente del servicio secreto, después de haber pasado toda una carrera en Oriente Medio, puedan ver nuestra política actual como libre de errores. Así, muchos en la Casa Blanca tienen al servicio secreto probablemente como un nido de enemigos. Podrían incluso considerar una posibilidad alternativa: que el servicio se componga de profesionales a los que les gustaría salvar al país de mayores vergüenzas y potenciales dificultades de una política iraquí verdaderamente errónea y peligrosa.
Una vez al año los jefes de estación de la CIA escriben un mensaje al director de la central de inteligencia analizando la situación de los países donde están asignados. Esos análisis son directos y muestran normalmente una extraordinaria comprensión de las realidades locales. Contienen el tipo de inocencia que, que si llegaran sin barnices a Bush, a la Casa Blanca o a la prensa (como ocurrió con el informe reciente de Bagdad), probablemente causarían el enfado del gobierno. Después de todo, este es el presidente que no reconoce ningún error ni de política ni de resultados en Iraq.
Dada esta terca adherencia a la corrección de esa política, hace sentido que el presidente se enfade con el servicio secreto. Parece muy posible que ese servicio esté siendo castigado por haber tenido razón, o al menos por lo no haber apoyado las políticas del gobierno. La responsabilidad estatutaria de la agencia es decir la verdad, sostenga esa verdad o no los planes del presidente. Parece que este concepto no es compartido por este gobierno.
Porter Goss y sus tropas de la Colina están haciendo estragos de la mejor línea de defensa contra el terrorismo. Por enfadado que esté el gobierno con el servicio secreto, cuyos agentes realizan operaciones de inteligencia humana, esas operaciones son la última y mejor esperanza que tenemos para terminar con el problema terrorista. Purgar a la CIA en estos desafortunados momentos, cuando lo que necesitamos es enfocar el problema del terrorismo, es como cortarnos la nariz para fastidiar nuestra cara.
El autor es un jefe de estación de la CIA jubilado.
4 de enero de 2005
12 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Porter Goss, el nuevo director de la CIA y un devoto aliado político del presidente Bush, ha introducido a Langley a un guardia pretoriano del Comité Selecto Permanente para la Inteligencia de la Cámara. Contra el trasfondo de su estilo de gestión de no intervención, dejan en claro, sin demasiado tacto ni sutileza, cuál es su objetivo: Han llegado a sacudirlo todo.Lo que está pasando, sea lo que sea, pasa a instancias de la Casa Blanca, y probablemente no se concentra en la inteligencia errónea sobre las armas de destrucción masiva sino más bien en la conducción de la guerra de Iraq y sus secuelas. En ese contexto, la cólera del gobierno parece dirigida hacia el servicio secreto, ese componente de la CIA que recluta y maneja a los espías (no el componente que publica informes de inteligencia). Desde la llegada de Goss en Langley, gran parte de la dirección del servicio clandestino ha sido despedido o ha renunciado, supuestamente para ser remplazados por funcionarios más complacientes.
David Brooks, del New York Times, escribió en una vituperiosa columna a mediados de noviembre que estábamos presenciando una lucha a muerte entre la Casa Blanca y la CIA. Afirmaba que la CIA estaba tratando de contribuir a la derrota del presidente en las elecciones filtrando materiales clasificados destinados a apoyar la idea de que la gestión de Iraq fue mal concebida y marchaba mal. Aparentemente, esa idea era completamente correcta.
Parece que la CIA, tanto el servicio secreto como el directorado de inteligencia, habían en realidad filtrado una amplia variedad de secretos. Deben y deberían haber sido procesados por revelar sin autorización informaciones clasificadas. Pero no lo fueron. En lugar de eso, parece que el gobierno vio en sus acciones una oportuna excusa para castigar colectivamente a la CIA.
Dado el modo en que la Casa Blanca ha manejado la inteligencia durante los últimos tres años, parece coherente que esté enfadada con el servicio secreto. Los agentes de ese servicio son a menudo requeridos para que den opiniones sobre medidas previamente a su implementación. Es poco probable que cualquier agente del servicio secreto, después de haber pasado toda una carrera en Oriente Medio, puedan ver nuestra política actual como libre de errores. Así, muchos en la Casa Blanca tienen al servicio secreto probablemente como un nido de enemigos. Podrían incluso considerar una posibilidad alternativa: que el servicio se componga de profesionales a los que les gustaría salvar al país de mayores vergüenzas y potenciales dificultades de una política iraquí verdaderamente errónea y peligrosa.
Una vez al año los jefes de estación de la CIA escriben un mensaje al director de la central de inteligencia analizando la situación de los países donde están asignados. Esos análisis son directos y muestran normalmente una extraordinaria comprensión de las realidades locales. Contienen el tipo de inocencia que, que si llegaran sin barnices a Bush, a la Casa Blanca o a la prensa (como ocurrió con el informe reciente de Bagdad), probablemente causarían el enfado del gobierno. Después de todo, este es el presidente que no reconoce ningún error ni de política ni de resultados en Iraq.
Dada esta terca adherencia a la corrección de esa política, hace sentido que el presidente se enfade con el servicio secreto. Parece muy posible que ese servicio esté siendo castigado por haber tenido razón, o al menos por lo no haber apoyado las políticas del gobierno. La responsabilidad estatutaria de la agencia es decir la verdad, sostenga esa verdad o no los planes del presidente. Parece que este concepto no es compartido por este gobierno.
Porter Goss y sus tropas de la Colina están haciendo estragos de la mejor línea de defensa contra el terrorismo. Por enfadado que esté el gobierno con el servicio secreto, cuyos agentes realizan operaciones de inteligencia humana, esas operaciones son la última y mejor esperanza que tenemos para terminar con el problema terrorista. Purgar a la CIA en estos desafortunados momentos, cuando lo que necesitamos es enfocar el problema del terrorismo, es como cortarnos la nariz para fastidiar nuestra cara.
El autor es un jefe de estación de la CIA jubilado.
4 de enero de 2005
12 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
fomentando la tortura
[Bob Herbert] El nombramiento de Alberto Gonzáles como fiscal general reafirmaría ante el mundo que Estados Unidos quiere continuar con su política de violación de las normas básicas del estado de derecho.
Si Estados Unidos se mirara hoy en el espejo, no se reconocería. El gobierno que dio un palmo de narices a las Convenciones de Ginebra parece despreciar también los solemnes valores estadounidenses de honor, justicia, integridad, proceso debido y verdad. Así, el Capitolio interrogó a Alberto Gonzáles, asesor del presidente y director en jefe del cabildeo en pro de la tortura, para el cargo de fiscal general, que es casualmente el más alto cargo policial del país.
A Gonzáles no debería permitírsele ni que se acercara a ese despacho. Sus opiniones sobre la detención y tratamiento de los prisioneros capturados en Iraq y en la llamada guerra contra el terror han sido a la vez insensatas y vergonzosas. Algunas de las prácticas que emanaron de sus razonamientos son escandalosas, crueles y medievales.
Pero este es el gobierno de Bush, donde la incompetencia y la ineptitud son recompensadas con los más altos honores de la nación. (Recuérdese la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada el mes antepasado a George Tenet y otros). Así, Gonzáles no está siendo propuesto solamente para el cargo de fiscal general, sino también para que ocupe posteriormente un puesto en la Corte Suprema.
Es un indicio de la irrelevancia del Partido Demócrata de que un hombre que ha jugado un papel tan determinante en las medidas que condujeron al escándalo todavía en curso de los maltratos y torturas de los prisioneros se espere que sea fácilmente confirmado por el Senado y se transforme en fiscal general. Los demócratas se han transformado en los mequetrefes de 50 kilos del siglo 21.
El gobierno de Bush y Gonzáles están tratando de convencernos de que han visto la luz y se han arrepentido. En respuesta a una pregunta planteada durante la audiencia del Comité Judicial, Gonzáles dijo que estaba contra la tortura. Y el ministerio de Justicia publicó la semana pasada una opinión legal que decía que la "tortura es aberrante tanto para las leyes estadounidenses como para los valores y normas internacionales".
¿Por qué les tomó tanto tiempo? ¿Por qué estuvimos siempre -bajo toda circunstancia- torturando, mutilando, abusando sexualmente e incluso matando a los prisioneros? ¿Y dónde están las pruebas de que ya no lo hacemos?
El gobierno de Bush no ha cambiado. Este es un gobierno que cree que puede hacer y decir lo que quiera, y esa actitud está cambiando la naturaleza misma de Estados Unidos. Está erosionando los chequeos y balances que eran cruciales en la democracia al estilo americano. Condujo a Estados Unidos, contra la opinión de la mayoría del mundo, a lanzar una espantosa guerra contra Iraq. Llevó a Gonzáles a ignorar las preocupaciones del ministerio de Asuntos Exteriores y de importantes oficiales del estado mayor cuando abrió alegremente las puertas de los maltratos a los prisioneros.
Hay pocas cosas más peligrosas que una mezcla de poder, arrogancia e incompetencia. En el gobierno de Bush, esa mezcla ha sido explosiva. Olvidemos la retórica confortadora que rodea la audiencia de confirmación de Gonzáles, porque no ha cambiado nada. Según un detallado informe publicado por el Washington Post el mes pasado, el gobierno está haciendo planes secretos para el posible internamiento de por vida de sospechosos de terrorismo, los que no serán acusados nunca de nada.
¿Debido proceso? Eso es una burla. Entre los detenidos, observó el periódico, hay cientos de personas que están bajo custodia militar o de la CIA "contra las que el gobierno no tiene suficientes pruebas como para acusarlos ante tribunales". Y habrá muchos más detenidos en el futuro.
¿Quién sabe quiénes son estas personas y de qué pueden ser culpables? Tendremos que confiar en tipos como Alberto Gonzáles o Donald Rumsfeld, o el nuevo nombramiento de Bush para dirigir a la CIA, Porter Goss, para determinar si se hecho lo correcto en todos y cada uno de los casos.
Los norteamericanos tienden a ver a Estados Unidos como el guardián de los más nobles ideales de la justicia y la honestidad. Pero esa creencia se hace cada más difícil de sostener. Si el ministerio de Justicia se transforma en el feudo de John Ashcroft o Alberto Gonzáles, aquellos que buscan las normas más altas de la justicia tendrán que irlas a buscar a otra parte.
Ahora es más fructífero buscarlas en el extranjero. El mes pasado la Corte Suprema del Reino Unido resolvió que el gobierno no podía continuar deteniendo indefinidamente a extranjeros sospechosos de terrorismo sin acusarles o procesarles formalmente. Uno de los jueces escribió que esas detenciones "ponen en duda en existencia misma de un antiguo derecho, del que esté país siempre, hasta hoy, se enorgulleció: el derecho a no ser detenido arbitrariamente".
Ese sentimiento no lo conocen ni Alberto Gonzáles ni George W. Bush.
Al autor se le puede escribir a: bobherb@nytimes.com
07 de enero de 2005
11 de enero de 2005
©new york times ©traducción mQh
Si Estados Unidos se mirara hoy en el espejo, no se reconocería. El gobierno que dio un palmo de narices a las Convenciones de Ginebra parece despreciar también los solemnes valores estadounidenses de honor, justicia, integridad, proceso debido y verdad. Así, el Capitolio interrogó a Alberto Gonzáles, asesor del presidente y director en jefe del cabildeo en pro de la tortura, para el cargo de fiscal general, que es casualmente el más alto cargo policial del país.A Gonzáles no debería permitírsele ni que se acercara a ese despacho. Sus opiniones sobre la detención y tratamiento de los prisioneros capturados en Iraq y en la llamada guerra contra el terror han sido a la vez insensatas y vergonzosas. Algunas de las prácticas que emanaron de sus razonamientos son escandalosas, crueles y medievales.
Pero este es el gobierno de Bush, donde la incompetencia y la ineptitud son recompensadas con los más altos honores de la nación. (Recuérdese la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada el mes antepasado a George Tenet y otros). Así, Gonzáles no está siendo propuesto solamente para el cargo de fiscal general, sino también para que ocupe posteriormente un puesto en la Corte Suprema.
Es un indicio de la irrelevancia del Partido Demócrata de que un hombre que ha jugado un papel tan determinante en las medidas que condujeron al escándalo todavía en curso de los maltratos y torturas de los prisioneros se espere que sea fácilmente confirmado por el Senado y se transforme en fiscal general. Los demócratas se han transformado en los mequetrefes de 50 kilos del siglo 21.
El gobierno de Bush y Gonzáles están tratando de convencernos de que han visto la luz y se han arrepentido. En respuesta a una pregunta planteada durante la audiencia del Comité Judicial, Gonzáles dijo que estaba contra la tortura. Y el ministerio de Justicia publicó la semana pasada una opinión legal que decía que la "tortura es aberrante tanto para las leyes estadounidenses como para los valores y normas internacionales".
¿Por qué les tomó tanto tiempo? ¿Por qué estuvimos siempre -bajo toda circunstancia- torturando, mutilando, abusando sexualmente e incluso matando a los prisioneros? ¿Y dónde están las pruebas de que ya no lo hacemos?
El gobierno de Bush no ha cambiado. Este es un gobierno que cree que puede hacer y decir lo que quiera, y esa actitud está cambiando la naturaleza misma de Estados Unidos. Está erosionando los chequeos y balances que eran cruciales en la democracia al estilo americano. Condujo a Estados Unidos, contra la opinión de la mayoría del mundo, a lanzar una espantosa guerra contra Iraq. Llevó a Gonzáles a ignorar las preocupaciones del ministerio de Asuntos Exteriores y de importantes oficiales del estado mayor cuando abrió alegremente las puertas de los maltratos a los prisioneros.
Hay pocas cosas más peligrosas que una mezcla de poder, arrogancia e incompetencia. En el gobierno de Bush, esa mezcla ha sido explosiva. Olvidemos la retórica confortadora que rodea la audiencia de confirmación de Gonzáles, porque no ha cambiado nada. Según un detallado informe publicado por el Washington Post el mes pasado, el gobierno está haciendo planes secretos para el posible internamiento de por vida de sospechosos de terrorismo, los que no serán acusados nunca de nada.
¿Debido proceso? Eso es una burla. Entre los detenidos, observó el periódico, hay cientos de personas que están bajo custodia militar o de la CIA "contra las que el gobierno no tiene suficientes pruebas como para acusarlos ante tribunales". Y habrá muchos más detenidos en el futuro.
¿Quién sabe quiénes son estas personas y de qué pueden ser culpables? Tendremos que confiar en tipos como Alberto Gonzáles o Donald Rumsfeld, o el nuevo nombramiento de Bush para dirigir a la CIA, Porter Goss, para determinar si se hecho lo correcto en todos y cada uno de los casos.
Los norteamericanos tienden a ver a Estados Unidos como el guardián de los más nobles ideales de la justicia y la honestidad. Pero esa creencia se hace cada más difícil de sostener. Si el ministerio de Justicia se transforma en el feudo de John Ashcroft o Alberto Gonzáles, aquellos que buscan las normas más altas de la justicia tendrán que irlas a buscar a otra parte.
Ahora es más fructífero buscarlas en el extranjero. El mes pasado la Corte Suprema del Reino Unido resolvió que el gobierno no podía continuar deteniendo indefinidamente a extranjeros sospechosos de terrorismo sin acusarles o procesarles formalmente. Uno de los jueces escribió que esas detenciones "ponen en duda en existencia misma de un antiguo derecho, del que esté país siempre, hasta hoy, se enorgulleció: el derecho a no ser detenido arbitrariamente".
Ese sentimiento no lo conocen ni Alberto Gonzáles ni George W. Bush.
Al autor se le puede escribir a: bobherb@nytimes.com
07 de enero de 2005
11 de enero de 2005
©new york times ©traducción mQh
justicia amplía definición de tortura
[Neil A. Lewis] El ministerio de Justicia estadounidense redefinió la tortura a principios de año.
Washington, Estados Unidos. El ministerio de Justicia ha ampliado su definición de tortura, retractándose significativamente de un memorándum de agosto de 2002 que definía la tortura de manera extremadamente estrecha y afirmaba que el presidente Bush podía ignorar las prohibiciones internas e internacionales de la tortura en nombre de la seguridad nacional.
La nueva definición se encuentra en un memorándum publicado en la página web del ministerio el jueves por la noche, sin un anuncio público previo. Fue publicado una semana antes de que el Comité Judicial del Senado interrogara a Alberto R. González, el abogado de la Casa Blanca y nominado para el cargo de fiscal general, sobre su papel en la formulación de las medidas legales que según los críticos permitieron las tortuas en la prisión de Abu Ghraib en Iraq y en Bahía Guantánamo, Cuba.
El nuevo memorándum, reportado primero por el Wall Street Journal y el Washignton Post, deja atrás gran parte la definición de agosto de 2002, especialmente la parte que afirmaba que los malos tratos constituían tortura sólo si resultaba en dolores severos equivalentes a los asociados con el paro orgánico o la muerte.
"La tortura es aberrante tanto para las leyes y valores estadounidenses como para las normas internacionales", dice el nuevo memorándum, escrito por Daniel Levin, el fiscal general suplente a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, que propuso la primera definición.
Gonzáles, que acude ante el Comité del Senado para las audiencias de confirmación, actuó como supervisor y coordinador del gobierno cuando los abogados redactaron nuevos análisis sobre los límites de las técnicas coercitivas en interrogatorios y el alcance de las atribuciones presidenciales en la lucha contra los terroristas.
Un memorándum de enero de 2002 al presidente Bush que firmó Gonzáles se unía al ministerio de Justicia en afirmar que las Convenciones de Ginebra no eran vinculantes para Estados Unidos en su tratamiento de los detenidos capturados en combate en Afganistán.
El memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 y un memorándum posterior del comité de asesoría jurídica del gobierno con conclusiones similares fueron ampliamente denunciados en el Congreso y por grupos de derechos humanos como los fundamentos de la condición de los detenidos que condujo a los maltratos en Abu Ghraib y en el centro de detención de Guantánamo.
Gonzáles ha insistido antes en que ni él ni el presidente Bush aprueban la tortura.
Pero el cambio podría subrayar lo que ha sido una política indiscutida del gobierno al menos hasta junio, cuando funcionarios dijeron que ya no era aplicable y debía ser rescrita. Esa posición se tomó poco después de que se revelara la existencia del memorándum de agosto de 2002.
Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que ha denunciado al gobierno por sus métodos de interrogatorio, dijo el viernes que la redefinición "deja en claro que la primera definición no eran sólo elaboraciones intelectuales de algunos abogados sobre los límites de lo posible".
"Quiere decir que ha sido implementada de alguna manera", dijo Ratner. "Obliga al gobierno a decir qué prácticas exactamente fueron implementadas bajo esos auspicios".
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en mensajes privados al gobierno de Estados Unidos que personal estadounidense ha torturado a detenidos, tanto en Iraq como en Guantánamo.
El memorándum de 2002 fue firmado por Jay S. Bybee, que era entonces director de la oficina de asesoría jurídica del ministerio de Justicia. Ahora juez del tribunal federal de apelaciones de Nevada, Bybee se ha negado a comentar el asunto.
Gran parte del memorándum se dedica a la Convención contra la Tortura y a leyes aprobadas por el Congreso que le otorgan fuerza de ley. "Concluimos que la tortura, tal como es definida y proscrita por" la ley y el tratado cubre sólo acciones extremas y dolor severo", dice.
También dice: "Cuando el dolor es físico, debe ser de una intensidad similar a la que acompaña a lesiones físicas graves, como la muerte o en fallo orgánico. El dolor mental severo no debe ocurrir sólo al momento en que se inflige sino requiere daños psicológicos permanentes".
Al revisar ese punto de vista, el memorándum actual analiza de manera diferente el lenguaje y el tratado de manera diferente, diciendo, por ejemplo, que la tortura incluye "lesiones físicas severas" así como "dolores físicos severos". El memorándum de Bybee trató de limitar la tortura a dolores físicos severos. Pero el nuevo memorándum también observa que el sufrimiento físico es difícil de definir.
Una diferencia es que el nuevo memorándum rechaza la afirmación anterior de que sólo se puede hablar de tortura si el interrogador quiso causar el daño resultante.
David Scheffer, un funcionario de derechos humanos del ministerio de Asuntos Exteriores en el gobierno de Clinton, que enseña leyes en la Universidad de George Washington, dijo el viernes que mientras el cambio del ministerio de Justicia era loable, todavía era demasiado flexible en su definición de tortura, dejando demasiadas decisiones en manos de los interrogadores.
El nuevo memorándum trata el tema de las primeras definiciones que garantizaban al presidente la atribución de autorizar la tortura diciendo que el ministerio de Justicia ya no necesitaba detenerse sobre el asunto porque "esa autoridad sería inconsistente con la directriz inequívoca del presidente de que el personal estadounidense no debe aplicar torturas".
El portavoz de Bush en Crawford, Tejas, Trent Duffy, dijo el viernes que mientras el ministerio de Justicia había tomado la iniciativa en el asunto, solicitó sin embargo la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. Lo esencial de los comentarios "reiteraban la determinación del presidente de que Estados Unidos nunca practique la tortura", dijo Duffy.
10 de enero de 2005
©new york times
©traducción mQh
"
Washington, Estados Unidos. El ministerio de Justicia ha ampliado su definición de tortura, retractándose significativamente de un memorándum de agosto de 2002 que definía la tortura de manera extremadamente estrecha y afirmaba que el presidente Bush podía ignorar las prohibiciones internas e internacionales de la tortura en nombre de la seguridad nacional.La nueva definición se encuentra en un memorándum publicado en la página web del ministerio el jueves por la noche, sin un anuncio público previo. Fue publicado una semana antes de que el Comité Judicial del Senado interrogara a Alberto R. González, el abogado de la Casa Blanca y nominado para el cargo de fiscal general, sobre su papel en la formulación de las medidas legales que según los críticos permitieron las tortuas en la prisión de Abu Ghraib en Iraq y en Bahía Guantánamo, Cuba.
El nuevo memorándum, reportado primero por el Wall Street Journal y el Washignton Post, deja atrás gran parte la definición de agosto de 2002, especialmente la parte que afirmaba que los malos tratos constituían tortura sólo si resultaba en dolores severos equivalentes a los asociados con el paro orgánico o la muerte.
"La tortura es aberrante tanto para las leyes y valores estadounidenses como para las normas internacionales", dice el nuevo memorándum, escrito por Daniel Levin, el fiscal general suplente a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, que propuso la primera definición.
Gonzáles, que acude ante el Comité del Senado para las audiencias de confirmación, actuó como supervisor y coordinador del gobierno cuando los abogados redactaron nuevos análisis sobre los límites de las técnicas coercitivas en interrogatorios y el alcance de las atribuciones presidenciales en la lucha contra los terroristas.
Un memorándum de enero de 2002 al presidente Bush que firmó Gonzáles se unía al ministerio de Justicia en afirmar que las Convenciones de Ginebra no eran vinculantes para Estados Unidos en su tratamiento de los detenidos capturados en combate en Afganistán.
El memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 y un memorándum posterior del comité de asesoría jurídica del gobierno con conclusiones similares fueron ampliamente denunciados en el Congreso y por grupos de derechos humanos como los fundamentos de la condición de los detenidos que condujo a los maltratos en Abu Ghraib y en el centro de detención de Guantánamo.
Gonzáles ha insistido antes en que ni él ni el presidente Bush aprueban la tortura.
Pero el cambio podría subrayar lo que ha sido una política indiscutida del gobierno al menos hasta junio, cuando funcionarios dijeron que ya no era aplicable y debía ser rescrita. Esa posición se tomó poco después de que se revelara la existencia del memorándum de agosto de 2002.
Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que ha denunciado al gobierno por sus métodos de interrogatorio, dijo el viernes que la redefinición "deja en claro que la primera definición no eran sólo elaboraciones intelectuales de algunos abogados sobre los límites de lo posible".
"Quiere decir que ha sido implementada de alguna manera", dijo Ratner. "Obliga al gobierno a decir qué prácticas exactamente fueron implementadas bajo esos auspicios".
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en mensajes privados al gobierno de Estados Unidos que personal estadounidense ha torturado a detenidos, tanto en Iraq como en Guantánamo.
El memorándum de 2002 fue firmado por Jay S. Bybee, que era entonces director de la oficina de asesoría jurídica del ministerio de Justicia. Ahora juez del tribunal federal de apelaciones de Nevada, Bybee se ha negado a comentar el asunto.
Gran parte del memorándum se dedica a la Convención contra la Tortura y a leyes aprobadas por el Congreso que le otorgan fuerza de ley. "Concluimos que la tortura, tal como es definida y proscrita por" la ley y el tratado cubre sólo acciones extremas y dolor severo", dice.
También dice: "Cuando el dolor es físico, debe ser de una intensidad similar a la que acompaña a lesiones físicas graves, como la muerte o en fallo orgánico. El dolor mental severo no debe ocurrir sólo al momento en que se inflige sino requiere daños psicológicos permanentes".
Al revisar ese punto de vista, el memorándum actual analiza de manera diferente el lenguaje y el tratado de manera diferente, diciendo, por ejemplo, que la tortura incluye "lesiones físicas severas" así como "dolores físicos severos". El memorándum de Bybee trató de limitar la tortura a dolores físicos severos. Pero el nuevo memorándum también observa que el sufrimiento físico es difícil de definir.
Una diferencia es que el nuevo memorándum rechaza la afirmación anterior de que sólo se puede hablar de tortura si el interrogador quiso causar el daño resultante.
David Scheffer, un funcionario de derechos humanos del ministerio de Asuntos Exteriores en el gobierno de Clinton, que enseña leyes en la Universidad de George Washington, dijo el viernes que mientras el cambio del ministerio de Justicia era loable, todavía era demasiado flexible en su definición de tortura, dejando demasiadas decisiones en manos de los interrogadores.
El nuevo memorándum trata el tema de las primeras definiciones que garantizaban al presidente la atribución de autorizar la tortura diciendo que el ministerio de Justicia ya no necesitaba detenerse sobre el asunto porque "esa autoridad sería inconsistente con la directriz inequívoca del presidente de que el personal estadounidense no debe aplicar torturas".
El portavoz de Bush en Crawford, Tejas, Trent Duffy, dijo el viernes que mientras el ministerio de Justicia había tomado la iniciativa en el asunto, solicitó sin embargo la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. Lo esencial de los comentarios "reiteraban la determinación del presidente de que Estados Unidos nunca practique la tortura", dijo Duffy.
10 de enero de 2005
©new york times
©traducción mQh
"
cuatro inocentes condenados a perpetua, en libertad
[Ryan Keith] Fueron condenados y eran inocentes. Ahora están en libertad.
Springfield, Estados Unidos. Cuatro hombres que pasaron años en prisión por crímenes horrendos cometidos por otros fueron indultados el jueves por el gobernador Rod Blagojevich, una decisión sobre la que los ex reclusos dijeron que les ayudará a reconstruir sus vidas.
Los hombres ya habían sido liberados por los tribunales. El indulto del gobernador anula oficialmente las condenas de su hoja de antecedentes y les hace capacita para recibir indemnizaciones a través del Tribunal de Reclamaciones de Illinois, declaró la portavoz de Blagojevich, Cheryle Jackson.
Michael Evans y Paul Terry cumplieron 27 años de prisión tras ser condenados por la violación y asesinato de Lisa Cabassa, de 9 años, cuando se dirigía hacia su casa en Chicago. Ninguna evidencia física relacionó a Evans o a Terry al homicidio; ambos tenían 17 años en esa época.
Los dos fueron puestos en libertad en 2003 después de que análisis demostraran que el semen hallado en la víctima no pertenecía a ninguno de ellos.
La abogado Karen Daniel, del Northwestern Center on Wrongful Convictions [Centro Noroccidental de Condenas Erróneas], que defendió a los hombres, dijo que el centro no sabe de ningún otro recluso a nivel nacional que haya cumplido sentencias de prisión tan largas y hayan sido exonerados por análisis de DNA.
"Están terriblemente emocionados", dijo Daniel. "Realmente no se puede resaltar más lo importante que es para ellos. Es la primera vez que ha habido una declaración oficial de que son inocentes".
Blagojevich también indultó a Dana Holland, que fue condenado por violación e intento de homicidio en Chicago. Holland cumplió 10 años en la cárcel antes de ser dejado en libertad en 2003 cuando análisis de DNA demostraron su inocencia.
Daniel, que también defendió a Holland, dijo que los tres han luchado para reconstruir sus vidas tras su liberación, pero el indulto les ayudará a aliviar esa transición.
Los análisis de DNA también exculparon a Lafonso Rollins, que pasó 11 años y medio en prisión por el intento de violación de una mujer de 78 años en Chicago. Rollins, que tenía 17 años en el momento de la condena, fue liberado el año pasado.
Rollins dijo que la vida ha sido difícil para él tras su puesta en libertad en julio porque gran parte de su familia ha muerto y no puede obtener un trabajo debido al tiempo que pasó en la cárcel. Pero el indulto y una posible indemnización del estado de unos 145.000 dólares le proporcionará una mejor oportunidad y está considerando inscribirse en la escuela de diseño o explorar otras posibilidades, dijo.
"Me va a ayudar a proseguir mi sueño", dijo Rollins.
Su abogado, Robert Fioretti, dijo que el indulto significa todo para un hombre que está tratando de reconstruir su vida.
"Para él es como el Año Nuevo, Navidad y cumpleaños al mismo tiempo", dijo Fioretti.
"Son historias trágicas. Pasar un tiempo en la cárcel -y años en algunos casos- por un delito que no has cometido es una de las peores cosas que le pueden ocurrir a una persona", dijo Blagojevich en una declaración."El indulto ayudará a cada uno de ellos a reconstruir sus vidas, y por eso que se los concedí".
El sistema de justicia penal de Illinois ha estado acechado por errores y condenas erróneas. Los problemas estaban tan extendidos que el gobernador George Ryan, antes de dejar el cargo a principios de 2003, conmutó las sentencias de todos los condenados a muerte en el estado de Illinois antes que correr el riesgo de ejecutar a personas inocentes.
8 de enero de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
Springfield, Estados Unidos. Cuatro hombres que pasaron años en prisión por crímenes horrendos cometidos por otros fueron indultados el jueves por el gobernador Rod Blagojevich, una decisión sobre la que los ex reclusos dijeron que les ayudará a reconstruir sus vidas.Los hombres ya habían sido liberados por los tribunales. El indulto del gobernador anula oficialmente las condenas de su hoja de antecedentes y les hace capacita para recibir indemnizaciones a través del Tribunal de Reclamaciones de Illinois, declaró la portavoz de Blagojevich, Cheryle Jackson.
Michael Evans y Paul Terry cumplieron 27 años de prisión tras ser condenados por la violación y asesinato de Lisa Cabassa, de 9 años, cuando se dirigía hacia su casa en Chicago. Ninguna evidencia física relacionó a Evans o a Terry al homicidio; ambos tenían 17 años en esa época.
Los dos fueron puestos en libertad en 2003 después de que análisis demostraran que el semen hallado en la víctima no pertenecía a ninguno de ellos.
La abogado Karen Daniel, del Northwestern Center on Wrongful Convictions [Centro Noroccidental de Condenas Erróneas], que defendió a los hombres, dijo que el centro no sabe de ningún otro recluso a nivel nacional que haya cumplido sentencias de prisión tan largas y hayan sido exonerados por análisis de DNA.
"Están terriblemente emocionados", dijo Daniel. "Realmente no se puede resaltar más lo importante que es para ellos. Es la primera vez que ha habido una declaración oficial de que son inocentes".
Blagojevich también indultó a Dana Holland, que fue condenado por violación e intento de homicidio en Chicago. Holland cumplió 10 años en la cárcel antes de ser dejado en libertad en 2003 cuando análisis de DNA demostraron su inocencia.
Daniel, que también defendió a Holland, dijo que los tres han luchado para reconstruir sus vidas tras su liberación, pero el indulto les ayudará a aliviar esa transición.
Los análisis de DNA también exculparon a Lafonso Rollins, que pasó 11 años y medio en prisión por el intento de violación de una mujer de 78 años en Chicago. Rollins, que tenía 17 años en el momento de la condena, fue liberado el año pasado.
Rollins dijo que la vida ha sido difícil para él tras su puesta en libertad en julio porque gran parte de su familia ha muerto y no puede obtener un trabajo debido al tiempo que pasó en la cárcel. Pero el indulto y una posible indemnización del estado de unos 145.000 dólares le proporcionará una mejor oportunidad y está considerando inscribirse en la escuela de diseño o explorar otras posibilidades, dijo.
"Me va a ayudar a proseguir mi sueño", dijo Rollins.
Su abogado, Robert Fioretti, dijo que el indulto significa todo para un hombre que está tratando de reconstruir su vida.
"Para él es como el Año Nuevo, Navidad y cumpleaños al mismo tiempo", dijo Fioretti.
"Son historias trágicas. Pasar un tiempo en la cárcel -y años en algunos casos- por un delito que no has cometido es una de las peores cosas que le pueden ocurrir a una persona", dijo Blagojevich en una declaración."El indulto ayudará a cada uno de ellos a reconstruir sus vidas, y por eso que se los concedí".
El sistema de justicia penal de Illinois ha estado acechado por errores y condenas erróneas. Los problemas estaban tan extendidos que el gobernador George Ryan, antes de dejar el cargo a principios de 2003, conmutó las sentencias de todos los condenados a muerte en el estado de Illinois antes que correr el riesgo de ejecutar a personas inocentes.
8 de enero de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
la comparecencia de gonzáles
Gonzáles sufre serias críticas en comparecencia en el Senado.
Alberto R. Gonzáles desaprovechó ayer una importante oportunidad para rectificar su posición, y la del presidente Bush, sobre el encarcelamiento e interrogatorio de prisioneros extranjeros. En la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre su nominación a fiscal general, a Gonzáles se le ofreció repetidas veces la posibilidad de repudiar el consejo legal de que el presidente tiene atribuciones para ordenar la tortura [de prisioneros] en violación de leyes estadounidenses y para impedir el castigo de los torturadores. Se negó a hacerlo. Fue invitado a rechazar una resolución de 2002 redactada bajo su dirección de que infligir dolor que no cause daños físicos graves, fallo orgánico o la muerte, no es tortura. Respondió: "No estoy en desacuerdo con las conclusiones alcanzadas entonces". Tampoco condenó las técnicas de tortura, tales como la simulación de ahogar por inmersión, que fueron estudiadas y aprobadas durante reuniones en su oficina. "No es mi trabajo", dijo, decidir si eran apropiadas. Fue invitado a reflexionar sobre si la negación de las Convenciones de Ginebra había sido un error a la luz de las terribles violaciones de los derechos humanos sobre las que se informó posteriormente en Iraq, Afganistán y en la prisión de la Bahía de Guantánamo y que continúan hasta hoy. Gonzáles objetó. El error, respondió, no fue de medidas de la administración, sino de un "fracaso de adiestramiento y supervisión".
La impresión que dejó Gonzáles entre los senadores fue evidente: Como fiscal general no intentará cambiar las prácticas que condujeron a la tortura y asesinato de una veintena de detenidos y a ensombrecer de la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo. En lugar de eso, el gobierno de Bush continuará emitiendo declaraciones públicas como las que Gonzáles repitió ayer -"la tortura y los maltratos no serán tolerados por este gobierno"- mientras en la práctica continúa aprobando métodos que la Cruz Roja Internacional y muchos abogados del propio gobierno consideran ilegales e impropias.
Gonzáles no tiene las maneras de un picapedrero; en su comparecencia ayer demostró frecuentemente modestia y el buen talante por el que se le conoce. Los senadores de ambos partidos celebraron correctamente su surgimiento de una infancia pobre a un alto cargo público. Las prioridades que se propone como fiscal general sonaron bien: "la protección de los derechos civiles, la protección de nuestros derechos electorales, la protección de nuestras libertades públicas". Gonzáles dijo que le preocupaba la difusión de la pornografía y los crímenes violentos, así como el "uso de ciertos tipos de armas en conexión con esos crímenes". En importantes respectos, probablemente será menos ideológico, menos polémico y menos polarizador que el fiscal general saliente, John D. Ashcroft.
Sin embargo, Gonzáles pareció adrede obtuso sobre las consecuencias de sus consejos más importantes como abogado de la Casa Blanca. Repetidas veces tergiversó los crímenes de guerra que se han cometido, sugiriendo que se limitaban a aquellos mostrados en las fotografías y tomados por el "turno de noche" de Abu Ghraib, mientras que se sabe ahora que esos maltratos ocurrieron en todo Iraq, en Afganistán y en Guantánamo y que continuaron aún después de que las fotografías se hicieran públicas. Nuevamente ridiculizó y falseó las Convenciones de Ginebra, alegando que estas "limitan nuestra capacidad de sonsacar información de los detenidos" e impiden su procesamiento por crímenes de guerra -una interpretación que se aparta de la de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, el cuerpo jurídico de los militares, la Cruz Roja, el ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell y décadas de experiencia de guerra norteamericana.
Se le preguntó si creía que otros presidentes del mundo podría legítimamente torturar a ciudadanos estadounidenses. Dijo: "No sé qué leyes deben acatar otros presidentes del mundo". (Una de esas serían las Convenciones de Ginebra). Se le preguntó si "el personal estadounidense puede legalmente torturar en algunas circunstancias". Respondió: "No creo, pero trataré más tarde ese asunto". Se le preguntó si al menos estaba de acuerdo con Ashcroft, que dijo que no creía en la tortura porque no producía nada de valor. "No sé cómo llegar a una conclusión sobre ese tema", dijo. Los senadores que fueron capaces de sacar conclusiones claras sobre la tortura y sobre si Estados Unidos debería practicarla, tienen serios motivos de reserva sobre Gonzáles.
7 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Alberto R. Gonzáles desaprovechó ayer una importante oportunidad para rectificar su posición, y la del presidente Bush, sobre el encarcelamiento e interrogatorio de prisioneros extranjeros. En la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre su nominación a fiscal general, a Gonzáles se le ofreció repetidas veces la posibilidad de repudiar el consejo legal de que el presidente tiene atribuciones para ordenar la tortura [de prisioneros] en violación de leyes estadounidenses y para impedir el castigo de los torturadores. Se negó a hacerlo. Fue invitado a rechazar una resolución de 2002 redactada bajo su dirección de que infligir dolor que no cause daños físicos graves, fallo orgánico o la muerte, no es tortura. Respondió: "No estoy en desacuerdo con las conclusiones alcanzadas entonces". Tampoco condenó las técnicas de tortura, tales como la simulación de ahogar por inmersión, que fueron estudiadas y aprobadas durante reuniones en su oficina. "No es mi trabajo", dijo, decidir si eran apropiadas. Fue invitado a reflexionar sobre si la negación de las Convenciones de Ginebra había sido un error a la luz de las terribles violaciones de los derechos humanos sobre las que se informó posteriormente en Iraq, Afganistán y en la prisión de la Bahía de Guantánamo y que continúan hasta hoy. Gonzáles objetó. El error, respondió, no fue de medidas de la administración, sino de un "fracaso de adiestramiento y supervisión".La impresión que dejó Gonzáles entre los senadores fue evidente: Como fiscal general no intentará cambiar las prácticas que condujeron a la tortura y asesinato de una veintena de detenidos y a ensombrecer de la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo. En lugar de eso, el gobierno de Bush continuará emitiendo declaraciones públicas como las que Gonzáles repitió ayer -"la tortura y los maltratos no serán tolerados por este gobierno"- mientras en la práctica continúa aprobando métodos que la Cruz Roja Internacional y muchos abogados del propio gobierno consideran ilegales e impropias.
Gonzáles no tiene las maneras de un picapedrero; en su comparecencia ayer demostró frecuentemente modestia y el buen talante por el que se le conoce. Los senadores de ambos partidos celebraron correctamente su surgimiento de una infancia pobre a un alto cargo público. Las prioridades que se propone como fiscal general sonaron bien: "la protección de los derechos civiles, la protección de nuestros derechos electorales, la protección de nuestras libertades públicas". Gonzáles dijo que le preocupaba la difusión de la pornografía y los crímenes violentos, así como el "uso de ciertos tipos de armas en conexión con esos crímenes". En importantes respectos, probablemente será menos ideológico, menos polémico y menos polarizador que el fiscal general saliente, John D. Ashcroft.
Sin embargo, Gonzáles pareció adrede obtuso sobre las consecuencias de sus consejos más importantes como abogado de la Casa Blanca. Repetidas veces tergiversó los crímenes de guerra que se han cometido, sugiriendo que se limitaban a aquellos mostrados en las fotografías y tomados por el "turno de noche" de Abu Ghraib, mientras que se sabe ahora que esos maltratos ocurrieron en todo Iraq, en Afganistán y en Guantánamo y que continuaron aún después de que las fotografías se hicieran públicas. Nuevamente ridiculizó y falseó las Convenciones de Ginebra, alegando que estas "limitan nuestra capacidad de sonsacar información de los detenidos" e impiden su procesamiento por crímenes de guerra -una interpretación que se aparta de la de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, el cuerpo jurídico de los militares, la Cruz Roja, el ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell y décadas de experiencia de guerra norteamericana.
Se le preguntó si creía que otros presidentes del mundo podría legítimamente torturar a ciudadanos estadounidenses. Dijo: "No sé qué leyes deben acatar otros presidentes del mundo". (Una de esas serían las Convenciones de Ginebra). Se le preguntó si "el personal estadounidense puede legalmente torturar en algunas circunstancias". Respondió: "No creo, pero trataré más tarde ese asunto". Se le preguntó si al menos estaba de acuerdo con Ashcroft, que dijo que no creía en la tortura porque no producía nada de valor. "No sé cómo llegar a una conclusión sobre ese tema", dijo. Los senadores que fueron capaces de sacar conclusiones claras sobre la tortura y sobre si Estados Unidos debería practicarla, tienen serios motivos de reserva sobre Gonzáles.
7 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
¿se acuerda la derecha de abu ghraib?
[Anne Applebaum] Gonzáles apoyó la tortura de prisioneros, ridiculizó las Convenciones de Ginebra, propuso las detenciones indefinidas sin cargos ni abogados, proporcionando argumentos jurídicos a todas las tiranías del mundo.
Durante los últimos ocho meses han habido muchos ciclos de noticias, historias de primera plana y un montón de sucesos. Han habido elecciones. Han habido huracanes y maremotos. Sin embargo, en el gran orden de las cosas, ocho meses no es demasiado tiempo. En la mayor parte del mundo, algo que haya pasado hace ocho meses es considerado reciente'. En Washington, sin embargo, parece que ocho meses es considerado antiguo'. ¿Cómo explicar de otro modo la nominación de Alberto Gonzáles al cargo de ministro de Justicia de Estados Unidos?
O, para entrar en materia: ¿Cómo explicar la amplia suposición de que Gonzáles -que encargó el "memorándum sobre la tortura" en agosto de 2002, después de una reunión en su despacho- será confirmado? Después de todo, hace ocho meses gran parte del país -y gran parte del Partido Republicano- estaba paralizado por el horror y la vergüenza tras la publicación de las fotografías de la cárcel de Abu Ghraib en Iraq. Esas fotografías no han ido demasiado lejos: Mientras escribo esto, sólo necesito hacer un click en el icono de Internet Explorer y he ahí que veo a Lynddie England, sonriendo y levantando el pulgar detrás de una pila de hombres desnudos.
Esas imágenes no han ido demasiado lejos, y el sistema de valores que condujo a Abu Ghraib tampoco. El mes pasado -realmente hace poco- las denuncias entabladas por grupos de derechos humanos obligaron al gobierno a hacer públicas miles de páginas de documentos que mostraban que el maltrato a prisioneros en la base naval de Bahía Guantánamo había precedido con bastante anterioridad a las fotografías de Abu Ghraib, y que esos maltratos han continuado desde entonces. Soldados estadounidenses en Iraq y Afganistán, de acuerdo a los propios informes del gobierno y a los informes periodísticos de mis colegas, utilizaron golpizas, sofocación, privación del sueño, descargas eléctricas y perros durante interrogatorios. Probablemente lo siguen haciendo.
Aunque mucha gente es responsable de estos maltratos, Alberto Gonzáles, junto con el ministro de Defensa Donald Rumsfeld, están entre los que cargan la mayor responsabilidad. Fue Gonzáles quien dirigió la discusión interna del gobierno sobre lo que era tortura. Fue Gonzáles quien asesoró al presidente convenciéndole de que las Convenciones de Ginebra no se aplicaban a la gente capturada en Afganistán. Fue Gonzáles quien ayudó a redactar algunas de las peores decisiones internas del gobierno, incluyendo la detención indefinida y la negación de acceso a abogados a los ciudadanos estadounidenses José Padilla y Yaser Esam Hamdi.
Al nominar a Gonzáles en su gabinete, el presidente ha demostrado que no sólo no le preocupan estas aberraciones, sino que todavía no entiende la naturaleza del conflicto internacional que asegura que está peleando. Como el comunismo, el radicalismo islámico es una ideología por la que la gente muere. La combatirla Estados Unidos necesita no solamente hacer alarde de sus elegantes sistemas de armamento, sino también demostrar al mundo musulmán que los valores democráticos, en alguna versión musulmana moderada, les procurarán vidas mejores. La Guerra Fría terminó porque los europeos de Europa del Este clamaban por unirse a Occidente; la guerra contra el terrorismo terminará cuando los musulmanes moderados abandonen a los radicales y se unan a nosotros. Lo harán sólo si nuestro sistema apoya a la gente que sostiene los argumentos legales contra las violaciones de los derechos humanos.
Los opositores del presidente -los demócratas, la ACLU, la Gente por el Modo de Vida Americano- están cerrando filas para oponerse a Gonzáles. Pero hay republicanos que deberían entender que también hay cosas más profundas en juego. Estoy pensando en el senador Sam Brownback, de Kansas, que fue la fuerza detrás de la reciente aprobación de la Ley de Derechos Humanos en Corea del Norte. También estoy pensando en el senador Rick Santorum, de Pensilvania, que ha sido un elocuente portavoz de las víctimas de persecución religiosa en todo el mundo. Otros críticos influyentes de las violaciones internacionales a los derechos humanos son el senador Richard Lugar, de Indiana, cuya presencia en Kiev el mes pasado tuvo un enorme y positivo impacto entre los manifestantes ucranianos a favor de los derechos humanos; el senador John McCain, de Arizona, que ha dedicado tiempo para fomentar los derechos humanos incluso en lugares obscuros y poco elegantes como Kazajstán y Bielorrusia; el senador Chuck Hagel, de Nebraska, que ha llamado a asociar los acuerdos comerciales con los derechos humanos; y el senador Jon Kyl, de Arizona, miembro del Comité Judicial del Senado (y que interrogará a Gonzáles) y un político que habla con conocimiento de temas de derechos humanos en Rusia, China y Oriente Medio.
Y estos son sólo algunos senadores. De hecho, todos los que han alguna vez deseado que Estados Unidos tenga un papel en el fomento y apoyo de la democracia y los derechos humanos en el mundo -y esto incluye a un amplio sector del movimiento conservador- deben oponerse al nombramiento de Alberto Gonzáles, aunque sólo fuera sobre la base de que estuvo asociado con los malos consejos jurídicos que proporcionó y que han dañado nuestra capacidad de desempeñar ese papel. Nada más que porque el presidente no puede recordar lo avergonzados que estábamos hace apenas ocho meses no significa que el resto de Washington, y especialmente el resto del partido del presidente, tengan también que sufrir de amnesia.
6 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Durante los últimos ocho meses han habido muchos ciclos de noticias, historias de primera plana y un montón de sucesos. Han habido elecciones. Han habido huracanes y maremotos. Sin embargo, en el gran orden de las cosas, ocho meses no es demasiado tiempo. En la mayor parte del mundo, algo que haya pasado hace ocho meses es considerado reciente'. En Washington, sin embargo, parece que ocho meses es considerado antiguo'. ¿Cómo explicar de otro modo la nominación de Alberto Gonzáles al cargo de ministro de Justicia de Estados Unidos?O, para entrar en materia: ¿Cómo explicar la amplia suposición de que Gonzáles -que encargó el "memorándum sobre la tortura" en agosto de 2002, después de una reunión en su despacho- será confirmado? Después de todo, hace ocho meses gran parte del país -y gran parte del Partido Republicano- estaba paralizado por el horror y la vergüenza tras la publicación de las fotografías de la cárcel de Abu Ghraib en Iraq. Esas fotografías no han ido demasiado lejos: Mientras escribo esto, sólo necesito hacer un click en el icono de Internet Explorer y he ahí que veo a Lynddie England, sonriendo y levantando el pulgar detrás de una pila de hombres desnudos.
Esas imágenes no han ido demasiado lejos, y el sistema de valores que condujo a Abu Ghraib tampoco. El mes pasado -realmente hace poco- las denuncias entabladas por grupos de derechos humanos obligaron al gobierno a hacer públicas miles de páginas de documentos que mostraban que el maltrato a prisioneros en la base naval de Bahía Guantánamo había precedido con bastante anterioridad a las fotografías de Abu Ghraib, y que esos maltratos han continuado desde entonces. Soldados estadounidenses en Iraq y Afganistán, de acuerdo a los propios informes del gobierno y a los informes periodísticos de mis colegas, utilizaron golpizas, sofocación, privación del sueño, descargas eléctricas y perros durante interrogatorios. Probablemente lo siguen haciendo.
Aunque mucha gente es responsable de estos maltratos, Alberto Gonzáles, junto con el ministro de Defensa Donald Rumsfeld, están entre los que cargan la mayor responsabilidad. Fue Gonzáles quien dirigió la discusión interna del gobierno sobre lo que era tortura. Fue Gonzáles quien asesoró al presidente convenciéndole de que las Convenciones de Ginebra no se aplicaban a la gente capturada en Afganistán. Fue Gonzáles quien ayudó a redactar algunas de las peores decisiones internas del gobierno, incluyendo la detención indefinida y la negación de acceso a abogados a los ciudadanos estadounidenses José Padilla y Yaser Esam Hamdi.
Al nominar a Gonzáles en su gabinete, el presidente ha demostrado que no sólo no le preocupan estas aberraciones, sino que todavía no entiende la naturaleza del conflicto internacional que asegura que está peleando. Como el comunismo, el radicalismo islámico es una ideología por la que la gente muere. La combatirla Estados Unidos necesita no solamente hacer alarde de sus elegantes sistemas de armamento, sino también demostrar al mundo musulmán que los valores democráticos, en alguna versión musulmana moderada, les procurarán vidas mejores. La Guerra Fría terminó porque los europeos de Europa del Este clamaban por unirse a Occidente; la guerra contra el terrorismo terminará cuando los musulmanes moderados abandonen a los radicales y se unan a nosotros. Lo harán sólo si nuestro sistema apoya a la gente que sostiene los argumentos legales contra las violaciones de los derechos humanos.
Los opositores del presidente -los demócratas, la ACLU, la Gente por el Modo de Vida Americano- están cerrando filas para oponerse a Gonzáles. Pero hay republicanos que deberían entender que también hay cosas más profundas en juego. Estoy pensando en el senador Sam Brownback, de Kansas, que fue la fuerza detrás de la reciente aprobación de la Ley de Derechos Humanos en Corea del Norte. También estoy pensando en el senador Rick Santorum, de Pensilvania, que ha sido un elocuente portavoz de las víctimas de persecución religiosa en todo el mundo. Otros críticos influyentes de las violaciones internacionales a los derechos humanos son el senador Richard Lugar, de Indiana, cuya presencia en Kiev el mes pasado tuvo un enorme y positivo impacto entre los manifestantes ucranianos a favor de los derechos humanos; el senador John McCain, de Arizona, que ha dedicado tiempo para fomentar los derechos humanos incluso en lugares obscuros y poco elegantes como Kazajstán y Bielorrusia; el senador Chuck Hagel, de Nebraska, que ha llamado a asociar los acuerdos comerciales con los derechos humanos; y el senador Jon Kyl, de Arizona, miembro del Comité Judicial del Senado (y que interrogará a Gonzáles) y un político que habla con conocimiento de temas de derechos humanos en Rusia, China y Oriente Medio.
Y estos son sólo algunos senadores. De hecho, todos los que han alguna vez deseado que Estados Unidos tenga un papel en el fomento y apoyo de la democracia y los derechos humanos en el mundo -y esto incluye a un amplio sector del movimiento conservador- deben oponerse al nombramiento de Alberto Gonzáles, aunque sólo fuera sobre la base de que estuvo asociado con los malos consejos jurídicos que proporcionó y que han dañado nuestra capacidad de desempeñar ese papel. Nada más que porque el presidente no puede recordar lo avergonzados que estábamos hace apenas ocho meses no significa que el resto de Washington, y especialmente el resto del partido del presidente, tengan también que sufrir de amnesia.
6 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
apoyar a gonzales es apoyar la tortura - robert scheer
El abogado que defiende la tortura de prisioneros disminuirá el valor de la causa estadounidense si es nombrado fiscal del estado.
¿Habrá apoyo de los dos bandos en el Congreso para la tortura?
Esa es la pregunta crucial que se planteará el Comité Judicial del Senado el jueves cuando empiece las audiencias sobre la confirmación del abogado de la Casa Blanca, Alberto Gonzáles como el nuevo procurador general de Estados Unidos. Lo que está en juego es si el Congreso quiere absolver convenientemente a Gonzáles de su claro intento de ayudar al presidente a violar leyes estadounidenses para justificar los salvajes métodos utilizados por interrogadores estadounidenses en nombre de la seguridad nacional.
Gonzales ignoró las objeciones del ministerio de Asuntos Exteriores y de abogados militares para apoyar enérgicamente la decisión del ministerio de Justicia de que en la guerra contra el terror' no se debían aplicar ni las Convenciones de Ginebra ni las leyes estadounidenses correspondientes sobre las garantías de los prisioneros de guerra.
"En mi opinión, este nuevo paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre el interrogatorio de prisioneros enemigos y transforma en anecdóticas algunas de sus disposiciones", escribió Gonzáles en un memorándum jurídico al presidente Bush el 25 de enero de 2002. Declarar a prisioneros tomados en la guerra contra el terror' privados de las Convenciones de Ginebra, argumentó, "reduce de manera substancial la amenaza de juicios penales internos bajo la Ley de Crímenes de Guerra".
Comportándose como un abogado de los bajos fondos aconsejando a un cliente cómo evitar ser procesado por un delito en curso, a Gonzáles aparentemente no le preocupaban los irracionales tribunales extranjeros o los juristas de nobles sentimientos de La Haya, sino más bien los fiscales estadounidenses que podrían aplicar leyes federales que prohíben la tortura de prisioneros de guerra extranjeros. En realidad, Gonzáles defendió poner fin jurídicamente a la Ley de Crímenes de Guerra de 1996, que determina condenas penales, incluyendo la pena de muerte, para militares o personal estadounidense que cometa el delito de tortura.
"Es difícil predecir los motivos de los fiscales [estadounidenses] y de abogados [estadounidenses] independientes que pueden decidir en el futuro entablar acusaciones injustificadas basándose en el Artículo 2.441" de la Ley, escribió Gonzáles. "Su decisión [de que las Convenciones de Ginebra no son aplicables] crearían una base razonable en la ley de que el Artículo 2.441 no se aplica, que proporcionaría una sólida defensa ante cualquier juicio futuro".
A la luz de lo que nos hemos enterado sobre la racionalización y uso de la tortura de parte de interrogadores estadounidenses en los últimos tres años, es difícil ignorar la posibilidad de que Gonzáles ya sabía que esas violaciones habían ocurrido y esperaba que siguieran ocurriendo.
De hecho, Gonzáles, en su memorándum, señala expresiones de las Convenciones de Ginebra (e incorporadas en leyes estadounidenses) que definen explícitamente como un crimen de guerra "los atropellos contra la dignidad personal" -una descripción perfecta del patrón de humillaciones mentales, sexuales y físicas a que han sido sometidos detenidos por Estados Unidos según informes de los últimos meses de prisioneros, de militares que han denunciado esos maltratos e incluso de agentes del FBI. Muchos de esos prisioneros capturados en países musulmanes por personal militar y de la inteligencia estadounidenses han, según se sabe, sido sometidos a ataques con perros, encadenados en posición fetal en sus propios excrementos o colocados en posiciones sexualmente humillantes.
El lunes, un grupo de juristas militares, incluyendo al contralmirante John Hutson, que fue hasta hace poco el auditor general de la Marina, dio a conocer una carta al Comité Judicial del Senado observando que las recomendaciones de Gonzáles "fomentaban una mayor animadversión hacia Estados Unidos, minaban nuestras actividades de recabamiento de datos de inteligencia y aumentaba los riesgos que corren nuestras tropas en el mundo".
Gonzáles basó su alegato para ignorar las Convenciones de Ginebra en memoranda escritos por un pequeño grupo de abogados del ministerio de Defensa que, junto con otras declaraciones polémicas, argumentó infamemente que el maltrato físico de prisioneros constituía tortura sólo si era "de una intensidad tal que... causara daños físicos graves como la muerte o fallo orgánico" y que el maltrato mental era tortura sólo si causaba "daño psicológico permanente". Presumiblemente esos niveles de dolor y daños deben ser determinados por el interrogador.Ese lenguaje es tan oneroso que, quizás para ayudar a Gonzáles a sobrevivir las comparecencias, el ministerio de Justicia introdujo discretamente nuevas instrucciones en su página web para lavar esta mancha en la reputación del país. Aunque todavía vaga en muchos aspectos, la nueva doctrina reafirma tardíamente la primacía de las leyes internacionales y federales en el tratamiento de prisioneros, incluso de los capturados en relación con la guerra contra el terrorismo.
Otro paso positivo sería retirar la nominación de Gonzáles, o rechazarla. Transformar a un hombre con tan poco respeto hacia el espíritu como la letra de ley en el más importante funcionario judicial del país hablará muy mal de la democracia estadounidense.
5 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
¿Habrá apoyo de los dos bandos en el Congreso para la tortura?Esa es la pregunta crucial que se planteará el Comité Judicial del Senado el jueves cuando empiece las audiencias sobre la confirmación del abogado de la Casa Blanca, Alberto Gonzáles como el nuevo procurador general de Estados Unidos. Lo que está en juego es si el Congreso quiere absolver convenientemente a Gonzáles de su claro intento de ayudar al presidente a violar leyes estadounidenses para justificar los salvajes métodos utilizados por interrogadores estadounidenses en nombre de la seguridad nacional.
Gonzales ignoró las objeciones del ministerio de Asuntos Exteriores y de abogados militares para apoyar enérgicamente la decisión del ministerio de Justicia de que en la guerra contra el terror' no se debían aplicar ni las Convenciones de Ginebra ni las leyes estadounidenses correspondientes sobre las garantías de los prisioneros de guerra.
"En mi opinión, este nuevo paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre el interrogatorio de prisioneros enemigos y transforma en anecdóticas algunas de sus disposiciones", escribió Gonzáles en un memorándum jurídico al presidente Bush el 25 de enero de 2002. Declarar a prisioneros tomados en la guerra contra el terror' privados de las Convenciones de Ginebra, argumentó, "reduce de manera substancial la amenaza de juicios penales internos bajo la Ley de Crímenes de Guerra".
Comportándose como un abogado de los bajos fondos aconsejando a un cliente cómo evitar ser procesado por un delito en curso, a Gonzáles aparentemente no le preocupaban los irracionales tribunales extranjeros o los juristas de nobles sentimientos de La Haya, sino más bien los fiscales estadounidenses que podrían aplicar leyes federales que prohíben la tortura de prisioneros de guerra extranjeros. En realidad, Gonzáles defendió poner fin jurídicamente a la Ley de Crímenes de Guerra de 1996, que determina condenas penales, incluyendo la pena de muerte, para militares o personal estadounidense que cometa el delito de tortura.
"Es difícil predecir los motivos de los fiscales [estadounidenses] y de abogados [estadounidenses] independientes que pueden decidir en el futuro entablar acusaciones injustificadas basándose en el Artículo 2.441" de la Ley, escribió Gonzáles. "Su decisión [de que las Convenciones de Ginebra no son aplicables] crearían una base razonable en la ley de que el Artículo 2.441 no se aplica, que proporcionaría una sólida defensa ante cualquier juicio futuro".
A la luz de lo que nos hemos enterado sobre la racionalización y uso de la tortura de parte de interrogadores estadounidenses en los últimos tres años, es difícil ignorar la posibilidad de que Gonzáles ya sabía que esas violaciones habían ocurrido y esperaba que siguieran ocurriendo.
De hecho, Gonzáles, en su memorándum, señala expresiones de las Convenciones de Ginebra (e incorporadas en leyes estadounidenses) que definen explícitamente como un crimen de guerra "los atropellos contra la dignidad personal" -una descripción perfecta del patrón de humillaciones mentales, sexuales y físicas a que han sido sometidos detenidos por Estados Unidos según informes de los últimos meses de prisioneros, de militares que han denunciado esos maltratos e incluso de agentes del FBI. Muchos de esos prisioneros capturados en países musulmanes por personal militar y de la inteligencia estadounidenses han, según se sabe, sido sometidos a ataques con perros, encadenados en posición fetal en sus propios excrementos o colocados en posiciones sexualmente humillantes.
El lunes, un grupo de juristas militares, incluyendo al contralmirante John Hutson, que fue hasta hace poco el auditor general de la Marina, dio a conocer una carta al Comité Judicial del Senado observando que las recomendaciones de Gonzáles "fomentaban una mayor animadversión hacia Estados Unidos, minaban nuestras actividades de recabamiento de datos de inteligencia y aumentaba los riesgos que corren nuestras tropas en el mundo".
Gonzáles basó su alegato para ignorar las Convenciones de Ginebra en memoranda escritos por un pequeño grupo de abogados del ministerio de Defensa que, junto con otras declaraciones polémicas, argumentó infamemente que el maltrato físico de prisioneros constituía tortura sólo si era "de una intensidad tal que... causara daños físicos graves como la muerte o fallo orgánico" y que el maltrato mental era tortura sólo si causaba "daño psicológico permanente". Presumiblemente esos niveles de dolor y daños deben ser determinados por el interrogador.Ese lenguaje es tan oneroso que, quizás para ayudar a Gonzáles a sobrevivir las comparecencias, el ministerio de Justicia introdujo discretamente nuevas instrucciones en su página web para lavar esta mancha en la reputación del país. Aunque todavía vaga en muchos aspectos, la nueva doctrina reafirma tardíamente la primacía de las leyes internacionales y federales en el tratamiento de prisioneros, incluso de los capturados en relación con la guerra contra el terrorismo.
Otro paso positivo sería retirar la nominación de Gonzáles, o rechazarla. Transformar a un hombre con tan poco respeto hacia el espíritu como la letra de ley en el más importante funcionario judicial del país hablará muy mal de la democracia estadounidense.
5 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
varios militares critican a al gonzales
Doce oficiales retirados, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor conjunto, John Shalikashvili, criticaron la designación del hispano Alberto Gonzales como fiscal general de Estados Unidos, en una carta dirigida al Senado en vísperas del inicio de las audiencias que deben confirmar su nombramiento.
Washington, Estados Unidos. "Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el nombramiento de Gonzales como fiscal general", escribieron los militares, entre ellos Shalikashvili, ex jefe del Estado Mayor conjunto (1993-1997), y Claudia Kennedy, primera mujer en haber accedido al rango de general en el Ejército.
"Instamos (a los miembros de la comisión) a revisar en detalle su punto de vista sobre el papel de la Convención de Ginebra en las prácticas y políticas estadounidenses de detenciones e interrogatorios", agregaron.
En su carta, los doce militares retirados aseguraron que hace tres años, Gonzales, jefe de los servicios jurídicos de la Casa Blanca, escribió al presidente George W. Bush para decirle que dicho texto sobre prisioneros de guerra "no se aplicaba al conflicto de entonces en Afganistán".
"Escribió que la guerra contra el terrorismo era un nuevo paradigma que hizo obsoletas las protecciones de Ginebra", agregraron los ex militares.
Según el ex general Joseph Hoar, citado en un comunicado de la organización Human Rights First, "las opiniones (de Gonzales) y las acciones que siguieron no sólo pusieron en peligro a nuestros soldados, sino que hicieron peligrar el honor de nuestra nación".
La comisión judicial debe iniciar el jueves sus audiencias en las que interrogara a Gonzales, designado por Bush tras su reelección el pasado 2 de noviembre, para suceder a John Ashcroft.
Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights First, cuestionaron su designación por su papel en el tema de los prisioneros de Guantánamo y el escándalo de las torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
5 de enero de 2005
©univisión
Washington, Estados Unidos. "Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el nombramiento de Gonzales como fiscal general", escribieron los militares, entre ellos Shalikashvili, ex jefe del Estado Mayor conjunto (1993-1997), y Claudia Kennedy, primera mujer en haber accedido al rango de general en el Ejército."Instamos (a los miembros de la comisión) a revisar en detalle su punto de vista sobre el papel de la Convención de Ginebra en las prácticas y políticas estadounidenses de detenciones e interrogatorios", agregaron.
En su carta, los doce militares retirados aseguraron que hace tres años, Gonzales, jefe de los servicios jurídicos de la Casa Blanca, escribió al presidente George W. Bush para decirle que dicho texto sobre prisioneros de guerra "no se aplicaba al conflicto de entonces en Afganistán".
"Escribió que la guerra contra el terrorismo era un nuevo paradigma que hizo obsoletas las protecciones de Ginebra", agregraron los ex militares.
Según el ex general Joseph Hoar, citado en un comunicado de la organización Human Rights First, "las opiniones (de Gonzales) y las acciones que siguieron no sólo pusieron en peligro a nuestros soldados, sino que hicieron peligrar el honor de nuestra nación".
La comisión judicial debe iniciar el jueves sus audiencias en las que interrogara a Gonzales, designado por Bush tras su reelección el pasado 2 de noviembre, para suceder a John Ashcroft.
Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights First, cuestionaron su designación por su papel en el tema de los prisioneros de Guantánamo y el escándalo de las torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
5 de enero de 2005
©univisión