Blogia
mQh

inmigración usa

viaje truncado en la frontera


[Stephen Franklin] Intentan cruzar a menudo, pero son capturadas por la Patrulla Fronteriza, o por pandillas de violadores y ladrones.
Nogales, Arizona, Estados Unidos. Parece un animal acorralado. Su cara está roja y brillante, sus vaqueros cubiertos de polvo, y está jadeando. Está claro que siente pánico.
Después de una última oración en una iglesia, deslizando su medalla de la Señora de Guadalupe debajo de su blusa, y escondiendo 500 pesos en su bolsillo, gateó a través de un angosto agujero en la muchas veces reparada valla de metal, que corta Nogales en una parte mexicana y una estadounidense.
Luego corrió a toda prisa, sólo para descubrir que una Patrulla Fronteriza norteamericana venía a por ella.
A medio camino de un estrecho callejón cerca de la pared, un lugar donde los inmigrantes a menudo prueban suerte, el agente de la Patrulla Fronteriza en la furgoneta vio a Estela Martínez, que jadeaba pesadamente, y la paró.
Ahora la oficinista de 23 años de Ciudad de México espera tensa, con la espalda contra la pared, mientras el agente rellena unos papeles. La enviará un centro de detención del gobierno para inmigrantes ilegales capturados en la frontera.
Si no tiene antecedentes en Estados Unidos, y si ella dice que no los tiene, la Patrulla Fronteriza la llevará de vuelta a la frontera de aquí a unas horas. Como la mayoría de los demás, probablemente lo intentará nuevamente mañana, o poco después.
No, no tenía miedo de cruzar, dice mientras aspira pesadamente. No, no sabe dónde ir. No, no lo ha hecho nunca antes. Y no, no conoce a ningún coyote, porque ha oído decir que te pueden golpear o robar.
"Vine aquí porque pagan mejor y tengo problemas en casa", dice en un escueto español. "Soy la mayor, y mi padre está enferma, y no tenemos dinero".
Primerizos, reincidentes, niñas, madres, hijas -todas tratan de cruzar la frontera. Pero porque son mujeres, los peligros que acechan son más serios que los de los hombres.
Si las cosas se ponen difíciles, los contrabandistas que las guían a través de la frontera a menudo las abandonan en el desierto de Arizona; tampoco pueden mantener el mismo ritmo que los hombres.
Por una paga, los coyotes te pueden entregar a maleantes que se ceban con los inmigrantes que cruzan la frontera. Los truhanes las robarán o violarán.
No pasa una semana sin que una mujer inmigrante sea violada por coyotes u otros inmigrantes que viajan con ellas, dice la doctora Elizabeth García Mejía, directora en Nogales del Grupo beta, el servicio mexicano de protección de los inmigrantes.
No hace mucho, García Mejía trabajaba en un hospital fronterizo. Pero las desesperadas condiciones que vivían los inmigrantes la condujo a su trabajo actual. Ha sido demoledor, admite.
"Cuando te enteras que una niña de 14 fue violada y asesinada, es difícil", dice, deteniéndose cuando comienza a llorar. "Lo único que quieren es una vida mejor".
En el centro de detención de la Patrulla Fronteriza justo en las afueras de Nogales, Carmela, una guatemalteca en sus treinta, está operando su trámite. Unos mil inmigrantes son capturados diariamente en la frontera de Arizona y trasladados a este lugar.
Carmela decidió venir al norte, a Estados Unidos, porque su marido es un borracho que la golpea y a menudo la ha obligado, a ella y sus cuatro hijos, a dormir en el suelo fuera de la casa, dice.
Pensó que dejar a sus hijos atrás valía la pena si con ello tendrían una mejor vida en Estados Unidos. Iba a Pomona, California, donde tiene familiares. En Guatemala trabajaba en un restaurante. Hace tres días trató de cruzar con un enorme grupo dirigido por un coyote. Pero el cruce de noche era más difícil de lo que pensaba. Se quedó atrás, se extravió a mitad de la noche y fue capturada dando vueltas en el desierto por la Patrulla Fronteriza.
Los agentes del centro de detención le han dicho que será enviada de vuelta a Guatemala, pero no sabe cuándo.
"Estoy triste, y preocupada", dice. "Quiero volver a casa. Lo siento. Ahora sólo quiero volver a casa".

28 de diciembre de 2005

©chicago tribune
©traducción mQh

muerte en el desierto


[Stephen Franklin] Familia guatemalteca queda atrás con preguntas que rompen el corazón.
Quetzeltenango, Guatemala. El cuerpo de Ofelia Vicente Ixmai fue descubierto el 22 de julio de 2004 al sur de Arizona. Su acta de defunción dice que murió de hipotermia, o de un paro cardíaco.
Otros detalles sobre el fin de su vida son un misterio.
Su familia aquí trata el documento de su muerte como si fuera una invaluable reliquia de familia. El documento -el extracto del Estado de Arizona de Actas Vitales No.1091157- está en inglés, una lengua que no leen. Contiene toda la información que tienen sobre Ofelia desde ese día de julio de 2004 cuando llamó una mujer para decir que Ofelia había muerto en el desierto cerca de un lugar llamado Tucson. Esa es toda la información que les dio.
Para las mujeres que cruzan la frontera, el viaje puede ser peligroso. Accidentes, secuestros y otras desgracias ocurren frecuentemente, y a veces provocan el fin abrupto y fatal del viaje. Ofelia es una más de las miles de mujeres que perecen cada año en su intento de cruzar la frontera.
El día que Ofelia fue descubierta, la temperatura en Tucson era de 39 grados Celsius. Era al menos tres grados más alta que más al sur, en el desierto de Sonora, un cruce popular entre los coyotes desde que Estados Unidos, hace algunos años, empezara a reprimir la inmigración en otros lugares de la frontera mexicana.
En 1999 murieron menos de 50 de los inmigrantes que trataron de cruzar la frontera, según cifras de la Patrulla Fronteriza. Esa cifra creció a 176 en 2004 y llegó a 261 este año, de acuerdo a la patrulla, cuyo calendario va de octubre a septiembre.
Ofelia, que tenía 28 años, fue hallada a tres kilómetros al poniente de una aldea en la reserva de Tohono O’odham, un sitio polvoriento y miserable lleno de cactus y matorrales. Estaba a ocho kilómetros al norte de la frontera con México.
Para su padre, Tomás Vicente Uxmai, un hombre delgado y enjuto de 55 años, hay muchas preguntas sin respuesta.
¿Fue su hija abandonada por el coyote? ¿Enfermó? ¿Cuánto tiempo estuvo sola en el desierto? No sabrá nunca las respuestas.
"Vino aquí y nos dijo que quería marcharse, y le dijimos: ‘No, no, por favor, no te marches. El desierto te puede matar’", recuerda Uxmai.
El día que su hija cruzó de México a Estados Unidos, llamó a casa. "Dijo: ‘Padre, estoy bien y voy a cruzar’", dice. "Y luego dijo: ‘Buenas noches, padre, adiós’", y eso fue todo.
"Es muy triste", dice, y se echa a llorar.
Antes de partir, Ofelia había trabajado en Ciudad de Guatemala como criada, un trabajo con el que no ganaba lo suficiente después de que su marido la abandonara, le dijo a su familia. Quería irse a Estados Unidos a encontrar un trabajo mejor pagado.
Salió de Ciudad de Guatemala con otra joven, una amiga de El Salvador, a principios de junio.
En ruta a la frontera mexicana, paró en Quetzeltenango para ver a su madre, padre y hermana y decirles que se marchaba. Dejó a cargo de ellos a su hijo de tres años, Jairo Tomás Darwin.
Dejó a su familia el 9 de julio y los llamó el 20 para decir que estaba cruzando la frontera. No dijo dónde estaba. Dos días después la policía encontró su cadáver.
En los últimos años las mujeres han conformado el 25 por ciento de todas las muertes de los inmigrantes que cruzan la frontera mexicana, dice el doctor Bruce Parks, médico forense del condado de Pima.
Pero del 1 de julio al 15 de agosto, cuando una ola de calor hizo subir las muertes de inmigrantes a un récord de 77, las mujeres fueron una de cada tres víctimas, dijo.
A veces las mujeres inmigrantes son vendidas por pandillas a lo largo de la frontera, utilizadas como señuelos para atraer a los hombres inmigrantes, o violadas, dicen funcionarios del Grupo Beta, el servicio de protección a los inmigrantes de Nogales, México, en la frontera de Arizona.
"Los coyotes usan a las mujeres como carnadas para atraer a más hombres hacia sus grupos", dice la doctora Elizabeth García Mejía, el director del Grupo Beta en Nogales.
El acta de defunción de Ofelia fue emitido el 11 de agosto, tres semanas después de que se encontrara su cuerpo. Tomó todo ese tiempo poder identificarla. En ella se encontraron sólo dos piezas de identificación. Una era su nombre, la otra el número de teléfono de su familia en Guatemala.
El despacho del médico forense de Tucson llamó al consulado guatemalteco en Los Angeles, que a su vez tomó contacto con la familia de Ofelia para ayudar a identificar el cuerpo.
Al principio, el padre de Ofelia no sabía qué hacer. Pero a través de amigos en Chicago, pudo obtener ayuda de Pam Muralles, miembro de Casa Guatemala, un grupo de Chicago que atiende a la comunidad guatemalteca. Ayudó a la familia a reunir y enviar la información que necesitaban en Tucson.
Luego estaban los costes de traer su cuerpo a casa y enterrarla, unos 5400 dólares. La familia tuvo que pedir dinero prestado, dice el padre.Pero la familia no pudo pagar cien dólares para traducir el acta de defunción, y sin traducción la muerte de Ofelia no es oficial en su país natal, dice su padre.
"Este papel es todo lo que tenemos", dice. Se lo entrega a su esposa, para que lo guarde.

28 de diciembre de 2005

©chicago tribune
©traducción mQh

terror en la frontera


[Stephen Franklin] Ilegales arriesgan perder sus vidas o quedar mutilados.
Tapachula, México. Daisy Méndez Mendoza se lleva las manos a la cara y llora. ¿Qué hacer ahora? ¿Volver a Estados Unidos o irse a casa, a Honduras?
Después de días en el camino, acaba de llegar a la Casa del Migrante, un refugio para los inmigrantes que cruzan la frontera, bastante abierta, entre Guatemala y México. A su lado en el banco, hay una pila con todo lo que posee: un montón de ropas sucias y sudadas.
Está aquí porque quiere una vida mejor para sí misma y su bebita, a la que dejó en casa. Y es de casa y su sombrío futuro de donde quiere escapar. Es donde ha sido robada repetidas veces y sólo pudo encontrar un trabajo en una tienda a tres dólares por día, lo que apenas alcanzaba para sobrevivir.
Daisy espera encontrar trabajo en Estados Unidos. Pero la chica de 20 años no sabe dónde ni cómo. Todo lo que sabe es el nombre de un tío en Los Angeles.
Se dirigía hacia el norte, a bordo de un tren de carga llamado ‘La Bestia’. Le da terror.
Ahora está aquí, en una encrucijada que viven innumerables otras mujeres que cruzan fronteras en todo el mundo. Ella -y ellos- están tratando de decidir si seguir adelante a pesar de los peligros, peligros que pueden ser mucho más grandes para las mujeres que para los hombres. En el camino hacia las vidas que esperan llevar, las mujeres son violadas. Son maltratadas. Vendidas. Despojadas de su humanidad. Y sin embargo muchas continúan.
Ayer, cuando Daidy esperaba para abordar el tren con dos amigas, dos mujeres mayores se les acercaron y convencieron a sus amigas para que trabajaran en un bar. Les dijeron que las mujeres jóvenes podían ganar dinero para hacer el viaje hacia el norte. Pero Daisy está segura de que serán obligadas a trabajar de prostitutas, que serán vendidas de un burdel a otro y luego, como otras, desaparecerán.
Sin sus amigas, se sienta sola en el agobiante calor, atormentada por los recuerdos.
Hace tres años, viajaba con varios jóvenes por la misma ruta cuando una pandilla los sacó de la Bestia, robándoles todo lo que llevaban. A Daisy la separaron de los hombres, y la golpearon y violaron. Fue tan maltratada, que pasó varios días en el hospital.
Las pandillas controlan los trenes y cobran a los emigrantes que quieren viajar. Les roban su dinero y sus ropas, y usan a las mujeres como quieren.
"No me siento segura. No. Una mujer corre muchos más peligros que un hombre", dice Daisy, con su cara inflamada por las lágrimas y el calor.
Sin embargo, está aquí, de vuelta en la esquina sudoccidental de la frontera guatemalteca-mexicana, con sus kilómetros de ciénagas y tierras bajas tropicales bañadas por el sol. Para muchas mujeres desesperadas, y esperanzadas, en ruta hacia el norte, es la puerta de atrás hacia una vida mejor.

Tren de Carga
‘La Bestia’ es el tren de carga que los inmigrantes que no pueden pagar a los coyotes, tratan de abordar, arriesgando sus vidas con la esperanza de que los lleve más allá de las autoridades de inmigración mexicanas y las pandillas que los atacan. Lo llaman la Bestia porque dicen que es cruel y los engulle.
No es el único tren de carga que utilizarán en el viaje de casi 3200 kilómetros desde la frontera Guatemala-México hasta la frontera estadounidense, pero es el más peligroso debido a las pandillas y a las multitudes de emigrantes que suplican por un lugar, al lado o arriba de los vagones.
El galpón de trenes de Ciudad Hidalgo, México, justo al otro lado de la frontera con Guatemala, es donde muchos inmigrantes centroamericanos tratan de viajar a bordo de la Bestia.
Una noche, cuando el tren se prepara para partir, y cientos de inmigrantes esperan su suerte, se dedican a dar consejos.

Experiencias con la Bestia
María Magdalena Bresuela-Cambalas, 25, quiere contar su historia sobre la Bestia. Es una mujer delgada con cabellos de castaño rojo, y pasa la mayor parte del tiempo en su silla de ruedas, tejiendo almohadones, para ayudar a reunir dinero para el refugio que la acogió. Hay dos muñones vendados donde antes tenía las piernas.
Está aquí en el Hostal de Jesús el Buen Pastor de los Pobres e Inmigrantes de Tapachula. El refugio se ocupa de los inmigrantes mutilados y heridos, y es el único de su especie en México. El edificio que lo alberga es pequeño y destartalado, cubierto a la mitad por un techo de hojalata. Desgastados catres de metal de hospital se apiñan en cuartos oscuros y mal ventilados.
Olga Sanchez Martínez gestiona el refugio, fundado hace 14 años. Empezó con el refugio pidiendo plata en las calles. Cuando comienza el día, no hay nadie.
María Magdalena tuvo poca educación cuando joven, porque su familia necesitaba que ella trabajara. Después de que el año pasado la despidieran de una fábrica de ropas de propiedad extranjera en El Salvador, donde ganaba 34 dólares a la semana, dejó a sus tres hijos para encontrar un modo de ganarse la vida. Se fue hacia el norte, hacia Estados Unidos.
Se subió a la Bestia en Ciudad Hidalgo, una ciudad justo al sur de aquí. No llevaba mucho tiempo a bordo cuando oyó que los inspectores de inmigración estaban un poco más adelante. Sabía que tenía que saltar. Se suponía que uno de los hombres que iba con ella tenía que sujetarla. Pero ella resbaló, y cayó debajo de las ruedas del tren.
Las ruedas le cercenaron una de las piernas. La otra quedó colgando de su torso. Si no hubiera rodado, las otras ruedas la habrían cortado por la mitad. Gateó con sus manos hasta una casa junto a los rieles para pedir ayuda.
Después de recuperarse en un hospital, se fue al refugio, que no contaba con ayuda médica profesional. Pero Martínez hace lo mejor que puede por gente como María Magdalena, que pronto recibirá piernas protésicas.
María Magdalena piensa volver a su pequeño pueblo en El Salvador. Pero no sabe cómo mantendrá a su familia, ni cómo reaccionarán sus hijos cuando la vean. Su hijo de dos años no saben nada sobre el accidente.
"Espero que cuando me vean sepan que lo hice porque quería darles una vida mejor", dice. "Dios sabe quiénes deben seguir viviendo, y quiénes no".

28 de diciembre de 2006

©chicago tribune
©traducción mQh

mujer vendida a cantina


[Stephen Franklin] Dijeron que la tenían que vender, que necesitaban dinero.
El Progreso, Honduras. En las mañanas, Edita Maldonado prepara café para ella y una de sus hijas, Rosalinda, del modo que le gusta. Pero entonces recuerda que no se lo podrá servir, porque Rosalinda está muerta.
Murió de una enfermedad que contrajo cuando trataba de marcharse a Estados Unidos. Llegó hasta México, donde trabajó en burdeles y bares durante varios años, y pasó un tiempo en la cárcel. Volvió a casa el año pasado, enferma, y murió poco después.
Cuando murió, Rosalinda tenía 37 años. Los doctores nunca le explicaron a Edita qué había matado a su hija.
Edita siente todos los días la presencia de su hija. Siente que está tratando de arreglar el caos que causan los seis nietos de los que se ocupa Edita.
Tres de los hijos de Edita viven en Estados Unidos, pero dejaron a su cargo a sus hijos y a una de sus esposas. Edita, una enérgica mujer de 57, trabaja como enfermera y se ocupa de los niños.
Tras la muerte de Rosalinda, Edita decidió unirse al Comité de Familias de Desaparecidos. Debido a que sabe qué pasó con su hija, puede compartir la tristeza de las otras familias.
Los desaparecidos son gente de El Progreso, una pequeña ciudad al nordeste de Honduras, que partieron hacia Estados Unidos. Cuando el comité empezó a llevar la cuenta hace algunos años, había 400 desaparecidos.
Desde entonces el comité ha localizado a unas 80 personas; la mayoría estaban muertas. El grupo se comunica con otros similares en Honduras. Reúne dinero para ayudar a las familias a pagar los costes de traer a casa los cuerpos de sus familiares. También produce un programa radial semanal en el que advierten sobre los peligros de la migración ilegal.
Casi todos los miembros del comité son madres como Edita Maldonado y Teodora Grandez. La hija de Teodora, Maritza Elizabeth Suthe, partió de madrugada hace tres años con dos miembros de la banda que controla la barriada donde viven. Su hija tenía 17 años.
Cuando los pandilleros llegaron a Tijuana, vendieron a Maritza por 600 dólares. Uno de los hombres, que no era mucho mayor que Maritza, vendió a la guapa joven de ojos negros y largos cabellos castaños, a un bar. El dueño del bar la vendió luego a otro bar, y desde entonces, según uno de los pandilleros que ha vuelto a El Progreso, ha estado trabajando en algún lugar a lo largo de la frontera norteamericana.
"Dijo que la tuvieron que vender, que necesitaban dinero", recuerda.
Teodoro tuvo noticias de su hija, por primera vez, hace dos años, cuando Maritza llamó para decirle que estaba trabajando en México. Dijo que estaba bien y que le enviaría dinero. Estaba llorando, y colgó bruscamente. El dinero no llegó nunca.
Maritza volvió a llamar hará cosa de un año, diciendo que las cosas no marchaban bien, que tenía un hijo y que quería volver a casa. Pero no tenía los papeles de su hijo y tenía miedo de que los funcionarios mexicanos se lo quitaran.
Fue entonces que Teodora, que vive con sus siete niños en dos pequeños cuartos de cemento, decidió unirse a las Familias de Desaparecidos. Pensó que era todo lo que podía hacer por su hija.
El sueño de Teodora es viajar a la frontera mexicana, porque cree que puede convencer a los funcionarios mexicanos de que dejen volver a casa a su hija sin quitarle al niño. Pero sabe que ese viaje es imposible.
"No puedo ir porque soy pobre", dice. "Soy pobre y estoy desesperada".

28 de diciembre de 2006

©chicago tribune
©traducción mQh

penurias de una esclava sexual


[Patrice M. Jones] Mexicana lucha para recuperarse de cuatro meses de servidumbre.
Los Angeles, Estados Unidos. Yolanda Echeverría tiene la mirada vacía de los que han visto demasiado.
Ha tratado de olvidar el pasado. Pero a menudo sus pensamientos la hacen volver a siete años atrás, cuando vivía en un obscuro cuarto con un colchón en el suelo.
Allá, durante doce horas al día, tenía sexo con un hombre tras otro, y sentía que su vida se le estaba escapando.
Por la noche se desplomaba en ese colchón sintiéndose vacía y despertaba para volver a vivir el mismo infierno. Parecía que no tenía escape.
Yolanda quedó atrapada en el trágico ciclo que se repite miles de veces todos los años en todo el mundo cuando jóvenes mujeres son engañadas o forzadas al tráfico sexual en Estados Unidos.
Aunque algunas saben que tendrán que vender sus cuerpos por dinero, piensan que valdrá la pena si pueden ayudar a sus familias. Pero a menudo terminan con las manos vacías. Algunas son asesinadas. Las que sobreviven quedan con cicatrices para toda la vida.
Como una de un grupo de cuatro mujeres jóvenes -una de ellas de sólo 14 años-, Yolanda fue durante cuatro meses prisionera en una serie de casas en California del Sur. Entonces tenía 19; sin hablar inglés, no tenía idea de dónde se encontraba. Ella y otras mujeres debían guardar silencio. Les dijeron que si la policía las descubría, serían encarceladas y deportadas.
Durante sus horas despiertas, trabajaban como esclavas sexuales para un chulo que las reclutó en pobres pueblos mexicanos, prometiéndoles que ganarían dinero para enviar a sus familias.
"En ese momento de mi vida, sentí que estaba en un hoyo del que no se podía salir", dice Yolanda, mirando en el vacío. "Todos mis planes y sueños se estaban derrumbando".
En el caso de Yolanda, los barrotes para mantener alejados a los intrusos, eran usados para mantener dentro a las chicas. Las ventanas de la casa estaban siempre cubiertas. No les permitían mirar a la calle. Por la noche les quitaban el cable del teléfono, cuando salía el último ‘cliente’.
Los hombres empezaban a llegar a las once de la mañana, y seguían llegando hasta las once de la noche. Tenían que atender a nueve o diez hombres al día, pasara lo que pasara.
"Cuando teníamos la regla", dice Yolanda, "simplemente nos daban esponjas y nos decían que nos aseáramos. Nos tenían ahí todo el tiempo. Dormíamos donde trabajábamos".
Mujeres como Yolanda que son engatusadas en el tráfico sexual a menudo ceden ante la coerción porque para muchas, ser mujer ha significado siempre que no tienen derechos. La sociedad en la que se criaron les hace creer que son ciudadanas de segunda clase. A menudo se sienten impotentes para defenderse a sí mismas. Han sido a menudo abusadas por sus propios parientes, por amigos y desconocidos.
El viaje de Yolanda empezó en el mísero pueblo donde vivía, no muy lejos de las famosas playas de Acapulco que atraen a turistas ricachones. Tenía nueve hermanos. Su padre era un campesino; su madre, lavandera. Se convirtió en una chica atractiva, de grandes ojos negros y piel color almendra; vivía en una choza con piso de tierra que se inundaba cuando llovía. Sólo terminó la escuela primaria.
A los 14 Yolanda se casó con un hombre de 28 que la obligó a casarse con él haciéndola caer un día de su bicicleta y violándola. Dijo que había tenido que casarse con él porque después de haber sido violada nadie la querría. Sus padres accedieron lamentándose.
Finalmente Yolanda dejó a su marido cuando él le dijo que tenía que abortar. Volvió con sus padres y juró que tendría su bebé.
Poco después un contrabandista se cruzó en su vida, cuando Yolanda se sentía atrapada, como una madre adolescente que veía el futuro de su hija a través de su propia y atrofiada infancia. El contrabandista le dijo que le costaría 750 dólares llegar a Estados Unidos. Yolanda se fue con él por un capricho del momento, sin contarle nada ni siquiera a sus padres.
Con los años, Yolanda ha cambiado su historia sobre si sabía entonces o no que al llegar a Estados Unidos trabajaría como prostituta.
Pero ella insiste en que cuando llegó, no tenía otras opciones. Le dijeron que le pagarían 15 dólares por cliente, que pagaban 60 dólares por sexo, dice.
Pero nunca le pagaron, y ella y las otras mujeres eran maltratadas física y psicológicamente, dice. Rotaban de una miserable casa a otra, y a menudo pasaban hambre.
Después de cuatro meses Yolanda escapó cuando en enero de 1999 se apareció la policía por la casa donde estaba viviendo en Long Beach. Era la cuarta casa a la que la habían llevado.
Yolanda vive atormentada por el recuerdo de su hija y hermana menor, que estaban en su casa el día que se fue de México. Su hija le ha pedido que le lleve caramelos cuando vuelva. Su hija tiene ahora once años.
Yolanda está tratando de traer aquí a su hija, pero de momento no ha sido capaz porque carece de los recursos para navegar a través de la burocracia del gobierno mexicano.
"Tengo miedo de que un hombre la tome a la fuerza, como me pasó a mí", dice. "Es por eso que quiero que se venga".
"Estoy perdiendo las esperanzas de volverla a ver", continuó, acariciando sus largos cabellos negros. "Mi madre me dijo que ya está grande. A veces me siento fuerte, pero hay veces en que tengo mucho miedo y me deprimo mucho".
El chulo de Yolanda, Sammy Cheung, fue condenado en junio de 2000 y pasará más de doce años en una cárcel federal. Pero Yolanda todavía se imagina que a veces ve a Cheung -al que sólo conocía como ‘Bobby’- en las calles.
En Los Angeles, Yolanda encuentra seguridad fundiéndose con el escenario. Trabaja en una restaurante de comida rápida. Su inglés es todavía deficiente; sigue clase cuando puede. Tiene pocos amigos.
"Tengo miedo de ese hombre -que un día lo dejen libre y descubra dónde estoy. Me gustaría terminar todos los trámites y traer a mi hija aquí. Quizás podamos mudarnos a un lugar más aislado".
Ha recurrido a terapeutas, pero todavía tiene problemas.
"Si no me he matado es por mi hija, sólo por ella", dice Yolanda. "Porque si ella no existiera, yo no tendría razones para vivir".
"Antes, nada me importaba. Pero ahora, a veces, me siento desesperada y me dan ganas de romper las cosas".

28 de diciembre de 2005

©chicago tribune
©traducción mQh

mujeres e inmigrantes ilegales


[Lizette Álvarez y John M. Broder] Para cruzar las fronteras de Estados Unidos, más y más mujeres están dispuestas a correr riesgos.
Tucson, Estados Unidos. A Normaeli Gallardo, una madre soltera de Acapulco, le tomó años reunir coraje para unirse al creciente flujo de mujeres mexicanas que cruzan ilegalmente la frontera con la promesa de un trabajo, en su caso para trabajar en una planta empaquetadora de carne de Kansas, a 5.15 dólares la hora.
Primero, tuvo que lidiar con la idea de instalarse en un país que no conocía, sola, sin hablar inglés y sin lugar para vivir.
Luego tuvo que imaginar que cruzaba el desierto de Arizona, donde los inmigrantes corren el riesgo de deshidratarse durante el día, de congelarse en las noches, y de sufrir las argucias de los coyotes -contrabandistas que piden hasta 1500 dólares para guiar a gente en su viaje a Estados Unidos y que tienen la costumbre de robar y violar a las mujeres.
Y finalmente Gallardo, 38, que ganaba 50 dólares a la semana en un hotel de Acapulco, tuvo que contemplar vivir sin sus dos alegres hijas, Isabel, 7, y Fernanda, 5. Ese sacrificio antes inimaginable -dejar a sus hijas atrás para que alguna vez pudieran salir de la pobreza- se había convertido repentinamente en su única opción.
Simplemente no ganaba suficiente dinero, dijo. Si pagaba la cuenta de la luz, se atrasaba en el alquiler; si pagaba la cuenta del agua, no podía comprar ropas nuevas para sus hijas.
"Se me rompía el alma", dijo Gallardo, que se angustiaba mientras contaba sobre su decisión de dejar a sus hijas con su hermana y emprender el incierto viaje a través de la frontera. "Pero tenía que ofrecerles una vida mejor. Les dije que me iría a trabajar y que podríamos comprar un terrenito y construirnos una casa y tener un perro".
Impertérrita ante la represión contra los inmigrantes ilegales aquí, Gallardo es parte de lo que los expertos dicen que es un fenómeno en gran parte aún no detectado: el creciente número de mujeres, muchas sin acompañantes masculinos, que corren peligros y el riesgo de ser capturadas para venir a Estados Unidos a trabajar y asentarse.
Aunque las cifras varían, se supone que en Estados Unidos viven y trabajan 11 millones de inmigrantes ilegales.
Nadie sabe cuánta gente cruza ilegalmente la frontera Estados Unidos-México, cruzando el desierto, ocultándose en coches y camiones, o pasando a pie, con documentos falsos, por los puntos de entrada. Pero investigadores, defensores de la inmigración y agentes de la Patrulla Fronteriza están todos de acuerdo en que la cantidad de mujeres que hacen el viaje está aumentando.
Katharine Donato, profesora de sociología en la Universidad Rice en Houston, que estudia la inmigración mexicana en Estados Unidos, calcula que entre el 35 y 45 por ciento de los que cruzan las fronteras ilegalmente son hoy mujeres. Hace 20 años, la cantidad de mujeres que cruzaban ilegalmente las fronteras era menos del 20 por ciento, dijo.
El aumento, que ha sido gradual, se produce en un momento en que sube la irritación por la inmigración ilegal, especialmente en los estados fronterizos. Parte de la cólera se dirige contra las mujeres que dan a luz en hospitales estadounidenses y envían a sus hijos a escuelas públicas.
Recientemente la Cámara aprobó un c ontundente proyecto de ley que busca intensificar la vigilancia de las fronteras y convertir en delito federal vivir ilegalmente en Estados Unidos.
Pero para la mayoría de las mujeres que cruzan la frontera, el debate sobre la inmigración ilegal y la ira de los contribuyentes tiene poco que ver, si algo, con la difícil decisión de emprender el viaje. "Vale la pena", dijo Kat Rodríguez, organizadora de la Coalición por los Derechos Humanos [Human Rights Coalition] de Tucson, haciéndose eco de un refrán entre las mujeres.
Algunas mujeres simplemente cruzan para mantener unidas a sus familias y unirse a sus maridos después de largas separaciones, una situación que se ha hecho más pronunciada desde que la Patrulla Fronteriza empezara a reforzar la vigilancia hace diez años. Con fronteras más seguras en California y Texas, mucha gente ahora está siendo canalizada a través del escabroso territorio de Arizona, una empresa que requiere la ayuda de un coyote experto para cruzarlo con éxito.
Sin embargo, un creciente número de mujeres solteras, como Gallardo, no están viniendo a unirse a sus maridos, sino a encontrar trabajo, enviar dinero a casa y escapar de un sombrío futuro en México. Llegan a buscar trabajo en la floreciente economía clandestina, a través de una enorme red de amigos y parientes que ya tienen empleo aquí como criadas, cocineros, ayudantes de cocina, obreros y niñeras. En estos trabajos, pueden ganar el doble o triple que con sus salarios mexicanos.
"Sigue tratándose de la reunificación familiar, pero la proporción de mujeres que llegan a Estados Unidos, que no son casadas y que trabajan a jornada completa ha aumentado considerablemente, dijo Donato. "Hace 30 años no veíamos a tantas mujeres inmigrantes solteras que llegan a Estados Unidos por razones económicas".
Sin embargo, la promesa de un futuro mejor a menudo no se cumple.
Gallardo nunca llegó a Kansas. Nunca llegó más allá del desierto. Después de caminar en la noche durante ocho horas y de pagar 500 dólares a un coyote, se desplomó en un rocoso valle cerca de Tucson y se rompió un tobillo. El coyote la dejó en una carretera cercana en el desierto, donde finalmente la halló la Patrulla Fronteriza, la llevó a urgencias y la deportó al día siguiente a Nogales.
Un grupo de inmigrantes mexicanos, el Grupo Beta, la llevó a un hospital mexicano donde le dijeron que la operación de su tobillo le costaría tres mil pesos, es decir el salario de siete semanas. También debe dinero a los amigos que pagaron los 500 dólares del coyote.
Un mes y medio antes, Margarita Ximil López, 20, también vio romperse sus esperanzas. En octubre, estaba en una lúgubre celda de una comisaría de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en Nogales, y trataba de ocultar sus lágrimas a su hijo, Edel, que está a punto de cumplir seis años.
Fue por él, dijo, que había cruzado ilegalmente la frontera, sólo para ser abandonada por el coyote y recogida en un motel por agentes de inmigración norteamericanos. Ximil, de Puebla, una enorme ciudad al sudeste de Ciudad de México, había querido reunirse con su hermana, que trabaja de camarera en Los Angeles.
Aquí en Arizona, junto con la cantidad de inmigrantes que cruzan la frontera, también ha surgido una marea de sentimientos contra la inmigración, dirigido en particular contra las mujeres. Muchos contribuyentes resienten el hecho de que sus impuestos se gasten en la educación de los hijos de estas mujeres y paguen los costes de parto en hospitales locales.
Reaccionando al aumento de cruces ilegales de la frontera, los electores en Arizona aprobaron la Propuesta 200 en noviembre de 2004 que, entre otras cosas, exige que la gente que solicita alguna forma de ayuda pública muestre su ciudadanía.
La realidad económica de la inmigración ilegal es compleja. Si estos trabajadores cuestan a los contribuyentes más de lo que contribuyen, ha sido debatido durante años, sacando la cuenta de los impuestos cobrados, los fondos no reclamados de la Seguridad Social y los trabajos no deseados con salarios bajos.
Las mujeres en cinta que ya están en Estados Unidos ilegalmente, utilizan invariablemente los hospitales para dar a luz, aunque las estadísticas no son fiables debido a que a los pacientes de urgencias no se les pregunta su condición legal. Los niños nacidos en Estados Unidos reciben automáticamente la nacionalidad estadounidense, y algunos críticos acusan a las madres de explotar esa garantía.
Pero los defensores de los inmigrantes ilegales sostienen que las razones de las mujeres para llegar acá son más que la ciudadanía de sus hijos; pocas mujeres vienen a Estados Unidos expresamente para tener hijos, cobrar los beneficios de la Seguridad Social y visitar la sala de urgencias, dicen los defensores. Jim Hawkins, un agente del sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza, dijo que esos casos eran raros, pero no desconocidos.
"Vi a una mujer que estaba en el lado sur de la valla hasta que empezó a parir, y entonces saltó la valla", dijo Hawkins. "La habían adiestrado bien: pidió inmediatamente una ambulancia".
Después de dar a luz, la mujer fue devuelta a México. Antes que entregar a su hijo para ser adoptado, decidió volver con su bebé.
El debate sobre la irritante inmigración del país pesa poco en la mente de las mujeres que cruzan la frontera. Tampoco los peligros del cruce mismo, que saben que incluye el acoso sexual o la violación. A medida que las fronteras son más controladas, los coyotes se han vuelto más violentos y desesperados, dicen agentes de inmigración y defensores de la inmigración.
"Esas pobres extranjeras no son nada excepto una mercancía para esos animales", dijo Hawkins, agregando que muchas mujeres son violadas, robadas y abandonadas al primer signo de problemas y les dan anfetaminas para que caminen más rápido en la noche.
Debido a que las mujeres no denuncian esos delitos -porque no hablan el idioma y porque son ilegales, sienten vergüenza y tienen miedo de ser deportadas- existen pocas cifras fiables. Pero hay abundantes informaciones anecdóticas que sostienen la afirmación.
María Jiménez, 29, de Oaxaca y que vino aquí para trabajar y reunirse con su marido, ha vivido la mayor parte de las cosas que pueden resultar mal. La primera vez que cruzó Arizona hace tres años, el coyote le dijo que se trataba de una caminata de tres horas en la noche para cruzar el desierto. No llevó agua. El viaje tomó dos noches y tres días, y Jiménez estaba desesperadamente mareada y desorientada.
Luego el coyote, un norteamericano, trató de violarlas a ella y a su cuñada, dijo. "Le dije que no", dijo Jiménez. "Empecé a llorar". El la dejó tranquila, pero le robó los 300 dólares que llevaba en el bolsillo. Luego cuando se acercaron a una carretera, la Patrulla Fronteriza detuvo a todo el grupo.
Un mes más tarde volvió a intentarlo, esta vez con refrescos con electrolitos, pero sin dinero en el bolsillo. Lo logró y llegó hasta su marido en Tucson, donde encontró trabajo en un restaurante y tuvo una bebita, Stephanie. Una emergencia familiar en Oaxaca la obligó a volver a casa el año pasado. Pero en noviembre volvió al país, este vez con un grupo de ocho personas, cuatro de ellas mujeres que conoció en Nogales.
Durante el viaje, Jiménez resbaló y cayó, torciéndose el tobillo. Lo envolvió en trozos de telas de ropas que dejan otros inmigrantes en el desierto y siguió cojeando.
Después de caminar una noche, llegó a unos rieles y brincó en un tren de carga en dirección a Tucson. Su marido pagó mil dólares al coyote.
Jiménez, su marido y su bebita comparten ahora una casa con otra familia. Encontró trabajo rápidamente en la cocina de un restaurante a 5.25 dólares la hora, sin pausas ni poder enfermarte.
"Todos tenemos miedo cuando cruzamos", dijo. "Pero la idea de que podemos ayudar a nuestra gente en casa hace que valga la pena".

10 de enero de 2006

©new york times
©traducción mQh

cortes rechazan juicios de asilo


[Adam Liptak]Este año y en repetidas ocasiones los jueces de cortes federales de apelación de Estados Unidos han criticado duramente a los jueces de inmigración por lo que califican de decisiones predispuestas e incoherentes en casos de asilo.
Estados Unidos. En una resolución el mes pasado, Richard A. Posner, un prominente juez moderadamente conservador de la corte de apelaciones de Chicago, concluyó que "las resoluciones de estos casos a nivel administrativo están por debajo de las normas mínimas de justicia".
De modo similar, la corte de apelaciones de Filadelfia declaró en septiembre que se había visto obligada "una y otra vez" a impugnar a los jueces de inmigración por sus "observaciones humillantes e inmoderadas". Refiriéndose a casos de todo el país, la corte se refirió a un "inquietante patrón" de mala fe en resoluciones sobre inmigración, con las que se envía a gente de vuelta a sus países, donde corren peligro de ser perseguidos.
Las duras críticas se derivan en parte de un aumento de casos de inmigración en las cortes federales de apelación. Los casos de inmigración, que son en su mayor parte casos de asilo, constituyeron cerca del 17 por ciento de todas las apelaciones federales del año pasado -aumentando en un 3 por ciento con respecto a 2001. En las cortes de Nueva York y California, casi el 40 por ciento de las apelaciones federales consistía de casos de inmigración.
El aumento ocurrió después de que el ministro de Justicia John Ashcroft introdujera cambios en 2002 para facilitar las apelaciones dentro de las cortes de inmigración, que son parte del ministerio de Justicia.
Muchos jueces de las cortes federales de apelación dicen que esos cambios, en lo esencial, desviaron trabajo hacia sus tribunales. El ministerio de Justicia contrarresta que el aumento no se relaciona con los cambios de Ashcroft y que en realidad es resultado de una tasa más alta de apelaciones en las cortes de Nueva York y California.
Jonathan Cohn, subsecretario de Justicia, dijo que la calidad de las resoluciones adoptadas por los tribunales de inmigración era en general buena, observando que el gobierno había ganado más del 90 por ciento de los casos en las cortes de apelaciones federales o en los tribunales ordinarios.
"Los tribunales ordinarios no tratan ninguno de los miles de casos tratados correctamente en los que los extranjeros no han recurrido", dijo Cohn. "Sólo tratan una fracción de esos casos, y sólo un pequeño porcentaje de esos casos han dado origen a las críticas".
Pero las críticas pueden ser severas, especialmente debido al moderado lenguaje que es la norma en las cortes de apelación federales.
En una resolución de Filadelfia, en septiembre, el juez Julio M. Fuentes, de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, se expresó en los siguientes términos sobre Annie S. Garcy, una juez de inmigración de Newark: "El tono, el tenor, el desprecio y el sarcasmo de la juez de inmigración eran más apropiados para un espectáculo de televisión de tribunales que de un procedimiento en una corte federal".
La juez Garcy ordenó que Qun Wang fuera devuelto a China, de donde había huido porque su esposa había sido esterilizada contra su voluntad. "Es un pésimo padre, si nos preguntáis a la corte", dijo el juez Garcy, agregando que Wang estaba obsesionado con la idea de tener un hijo y no prestaba suficiente atención a su hija, que es minusválida.
Todo eso era irrelevante con respecto a las materias que debía tratar la juez Garcy, escribió el juez Fuentes, devolviendo el caso al sistema de inmigración para una revisión con un juez diferente. "El verdadero tema" sobre el que debía resolver la juez Garcy, escribió Fuentes, era solamente "si efectivamente la esposa de Wang había sido esterilizada forzosamente y si Wang, en caso de volver a China, sería castigado injustamente por el gobierno chino por haber dejado el país".
La portavoz de Garcy rehusó comentar las observaciones.
En otro escrito, la juez Marsha S. Berzon, de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, de San Francisco, dijo que una resolución adoptada por Nathan W. Gordon, un juez de inmigración, era "literalmente incomprensible", "incoherente" e "indescifrable". Una frase crucial en la sentencia del juez Gordon, dijo, "desconoce la sintaxis normal de la gramática inglesa".
El juez Gordon ordenó que Ernesto Adolfo Recinos de León fuera deportado a Guatemala, a pesar del testimonio de Recinos de que sería perseguido debido a sus actividades políticas. La juez Berzon envió el caso de vuelta al sistema de inmigración para ser revisado.
El juez Gordon, ahora jubilado, se negó a hacer comentarios.
Un portavoz de la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, la unidad del ministerio de Justicia que es responsable de la adjudicación de casos de inmigración, se negó a ceder una entrevista con funcionarios, pero respondió a preguntas por escrito.
"Deberíamos tener cautela antes de sacar conclusiones tan amplias", se lee en la declaración, "en base a un pequeño número de casos en las cortes federales". Los 215 jueces de inmigración del país, prosigue la declaración, "manejan más de 300.000 casos al año" y "la gran mayoría de los jueces de inmigración realizan un excelente trabajo".
Denise Noonan Slavin, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, una asociación afiliada a la AFL-CIO, dijo que estaba preocupada de lo que llamó un aumento del número de "opiniones mordaces" de los jueces de las cortes de apelaciones federales.
"Los insultos y la cacería de jueces ha sobrepasado los límites de la decencia", dijo Slavin. "Eso no significa que los jueces de inmigración no cometan errores".
Pero Lory Diana Rosenberg, una antigua juez del cuerpo administrativo del ministerio de Justicia que revisa las decisiones de los jueces de inmigración antes de que lleguen a las cortes federales de apelación, dijo que las críticas recientes eran justificadas.
"Son una reacción valiente, honesta y adecuada ante los repetidos abusos de autoridad", dijo Rosenberg.
Mary M. Schroeder, juez de instancia del Noveno Circuito, que trata casi la mitad de todas las apelaciones de inmigración, dijo que el actual sistema es "terriblemente inadecuado".
Los jueces de inmigración, dijo, "están muy desigualmente calificados, y trabajan en muy malas condiciones".
La gente que se presenta ante los jueces de inmigración a menudo no hablan inglés y sus casos tienen que ver con cambiar las condiciones políticas y sociales en todo el mundo. En una resolución en marzo, el juez Posner escribió que la "falta de conocimiento" de los jueces de inmigración en cuanto a culturas extranjeras relevantes, era "inquietante".
La juez Slavin, de Miami, refuta que ella y sus colegas a menudo comparten un sofisticado conocimiento de las condiciones en los países más relevantes, que son China, para los jueces de inmigración de Nueva York y Filadelfia; Europa del Este, para los jueces de Chicago; Haití, Colombia y Venezuela para los de Miami; y América Central y del Sur para los de California.
"Sé más sobre la política haitiana que la gente que se presenta ante mí", dijo la juez Slavin. Pero reconoció tanto la dificultad como la importancia de su trabajo.
"Las leyes de inmigración pueden convertirse en decisiones de vida o muerte cuando se trata de enviar a alguien de vuelta a un país donde puede ser asesinado", dijo Slavin. "Tengo unos mil casos en mi expediente. La mayoría de nosotros resolvemos unos cuatro casos al día. En Tejas, en la frontera, tenemos unos diez al día".
De arriba a abajo en el sistema, los jueces responsabilizan al cuerpo administrativo que hay entre ellos, la Dirección de Apelaciones de Inmigración, del aumento de las apelaciones y de la mediocre calidad de las decisiones que llegan a las cortes federales de apelación. Se supone que la Dirección debe actuar como filtro, corregir las decisiones erróneas o infundadas que son tomadas por los jueces de inmigración y proporcionar guías generales. La parte perdedora puede recurrir las decisiones de la Dirección antes de llegar a las cortes federales.
Pero la Dirección dejó en gran parte de revisar de modo significativo los casos de inmigración después de que fuera reestructurada por Ashcroft en 2002, afirmaron varios jueces.
Ashcroft redujo el número de jueces en la Dirección, de 11 a 23. "Simplemente hicieron pedazo todo lo que habían logrado los liberales", dijo Rosenberg, que perteneció a la Dirección de 1995 a 2002.
Ashcroft también aumentó el número de apelaciones vistas por los miembros de la dirección y alentó el uso de resoluciones rápidas [one-word affirmances] en casos apropiados.
El objetivo de los cambios, dijo Ashcroft, era facilitar el proceso. La dirección tenía un retraso de más de 56 mil casos, que disminuyó a 32 mil en septiembre de 2004.
En septiembre, en una conferencia en la Facultad de Leyes de Nueva York, John M. Walker Jr., juez de instancia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, de Nueva York, dijo que los cambios a nivel de dirección sirvieron para transferir los retrasos a su propia corte y a otras cortes federales de apelación.
"Simplemente trasladó el problema de una corte a otra", dijo Walker sobre Ashcroft.
En los dos años y medio que han pasado desde abril de 2002, dijo John R.B. Palmer, abogado del Segundo Circuito, su corte recibió dos veces más apelaciones a decisiones de la dirección de inmigración que en todos los 30 años anteriores.
Varios jueces de cortes federales de apelación dijeron que se sentían frustrados por la calidad de las revisiones de la dirección de decisiones de jueces de inmigración.
En su resolución de marzo, el juez Posner escribió que la dirección a menudo resolvía "sea sin dar su opinión o proporcionando una muy breve, inútil, definitiva", incluso en casos en los que el juez de inmigración había cometido "errores evidentes en cuanto a hechos y lógica".
Como consecuencia, dijo Walker, "nosotros somos la primera revisión seria a disposición de los demandantes".
En su declaración, la oficina de revisión de inmigración declaró que "rechazamos tajantemente" los comentarios del juez Walker. "Toda decisión que llega a manos de la dirección es revisada cuidadosamente por un abogado y al menos un miembro de la dirección", se lee en la declaración.
De acuerdo a la dependencia, el número de resoluciones rápidas disminuyó este año a un 20 por ciento, en comparación con casi el tercio de años previos.
Para algunos la solución de lo que críticas recientes han calificado de problemas, dijeron varios jueces de cortes de apelación federales, es agregar funcionarios a la dirección de inmigración y exigir que los jueces en ella expliquen las razones de sus decisiones.
"Al menos que escriban unas tres páginas", dijo Jon O. Newman, juez del Segundo Circuito. "Eso realmente nos ayudaría".
Un artículo que será publicado a principios del próximo año en la Georgetown Immigration Law Journal, concluye que el giro hacia las cortes de apelación federales "fue ocasionado por el alto volumen de problemas relacionados con la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración a partir de marzo de 2002, y un descontento general con las revisiones de esta dirección".
En su declaración, la oficina de revisiones de inmigración manifestó su desacuerdo.
"El aumento de apelaciones federales", dice la declaración, "no se relaciona con el número creciente de decisiones de la dirección, sino con la tasa de apelaciones". En algunas partes del país, los inmigrantes recurren en sólo un 7 por ciento de las veces, dice la declaración. En los estados cubiertos por las cortes de apelación federales en Nueva York y California, la tasa de apelaciones es ahora más de un 30 por ciento.
En un debate en un caso de apelación de inmigración en septiembre, en Chicago, los tres jueces de la comisión expresaron su exasperación con el estado actual de cosas.
"¿Sabe el ministerio de Justicia lo que está pasando con tus casos en esta corte?", preguntó el juez Posner a Cindy S. Ferrier, la abogada del gobierno que defiende las decisiones del juez de inmigración.
Ferrier respondió que sí.
Una segunda juez, Ilana Rovner, mostró algo más de simpatía hacia Ferrier.
"Es una crueldad enviar a una persona tan cariñosa como usted para que sea la mensajera de tanta locura y tanto sin sentido", dijo la juez Rovner.

26 de diciembre de 2005

©http://www.nytimes.com/2005/12/26/national/26immigration.html?ei=5094&en=51ed6a6271c92d35&hp=&ex=1135659600&partner=homepage&pagewanted=all
©traducción mQh