temor a la justicia en haití
[Carol J. Williams] El juicio de ex líderes acusados de asesinatos políticos se pospone por temor a que los parientes de las víctimas ataquen a los acusados.
St. Marc, Haití. La maleza ha vuelto a crecer entre los escombros de su casa y el polvo descolora las chamuscadas ruinas, pero la sed de justicia de Fetiere Louidort no ha disminuido desde el año en que fuerzas especiales vestidas de negro abrieron fuego contra opositores locales de Jean-Bertrand Aristide en los últimos días de su presidencia.
La última ciudad importante entre las avanzadas de los rebeldes y la capital, St. Marc estaba a punto de caer y dejar sin protección al gobierno de Aristide en Puerto Príncipe cuando el 11 de febrero de 2004 aparecieron unos helicópteros con pistoleros. Vecinos, misioneros y activistas de derechos humanos dicen que al menos 50 personas murieron en el ataque, pero esa cifra no puede ser confirmada.
"Incendiaron mi casa y la usaron como horno para quemar los cuerpos de los muertos", dijo Louidort.
Más de un año después, dos importantes antiguos funcionarios de gobierno y un político de la localidad serán enjuiciados aquí por su supuesto papel en los asesinatos.
Pero el ex primer ministro, Yvon Nepture, y el ex ministro del Interior, Jocelerme Privert, no han sido citados debido a que la rabia sigue tan intensa que las autoridades temen que amigos y parientes de las víctimas ataquen a los acusados.
Cuando un partidario de Aristide que participó supuestamente en los asesinatos volvió a St. Marc hace un mes a buscar una reconciliación, dijo el misionero Terry Snow, fue decapitado, desmembrado y partes de su cuerpo arrastrado por las calles en una orgía de jubilosa venganza.
"Es la justicia haitiana. Están pagando por sus crímenes, aunque no a través de tribunales", dijo Snow sobre ese linchamiento y otros juicios sumarios implementados más tarde en las calles. Durante la matanza del año pasado, Snow dio refugio a rivales de Aristide que eran perseguidos.
La justicia de los vigilantes que siguió el vuelo al exilio de Aristide el 29 de febrero de 2004 ayudó a fomentar la turbia inseguridad que domina hoy a la mayoría de las ciudades haitianas.
Aunque los pistoleros, que se cree son leales a Aristide, son acusados de gran parte de la violencia que asola los barrios bajos de Puerto Príncipe, agentes de policía renegados y soldados desmovilizados del ejército haitiano que participaron en la rebelión del año pasado todavía recorren la capital con sus armas prestas. Una investigación de la Coalición Nacional por los Derechos de Haití documentó al menos 403 muertes causadas por la violencia de las bandas desde el 30 de septiembre, muchos de ellos transeúntes sorprendidos en fuegos cruzados.
El riesgo de que una turba de linchamiento ataque a los acusados de organizar la matanza de St. Marc ha retrasado el inicio de los trámites judiciales contra Neptune, Privert y Amadeus Mayette, un antiguo diputado del Partido Lavalas. Mayette ha sido acusado por muchos vecinos de la ciudad de coordinar a los militantes de Lavalas y las fuerzas de seguridad enviadas por helicóptero, supuestamente bajo autoridad de Privert y por órdenes de Neptune.
"Es necesario calmar el clima social y castigar a los culpables", dijo el mayor Carmeleau Etienne.
"Estos juicios son muy importantes para curar las heridas y aplacar los ánimos", dijo Jeancrede Jeanty, el mayor del Estado Mayor. "Pero necesitamos seguridad. Si no es lo suficientemente buena, la gente se volverá loca. Ven a los acusados como si el mismo diablo viniera a la ciudad".
Neptune ha pedido un cambio de localidad, pero la Corte Suprema haitiana resolvió en enero que los acusados deben ser enjuiciados en el lugar del ataque.
Desde su celda en la húmeda penitenciaría nacional en el centro de Puerto Príncipe, Neptune negó toda participación en la matanza de St. Marc y calificó las acusaciones de ser una "persecución motivada políticamente".
"La orden de detención decía que he organizado y participado en la llamada masacre de St. Marc. Yo estuve ahí dos días antes. Pero mi visita no tenía nada que ver con las bandas rivales que han estado luchando unas contra otras en los últimos tres años", dijo Neptune. "Mi presencia en St. Marc tenía que ver con asegurarme de que la policía recuperara el control de la zona".
Pensando en el poder del rumor y de las sospechas para convencer a muchos haitianos que su sed de venganza es justificada, algunos aquí insisten en que Neptune tripulaba uno de los helicópteros que abrió fuego contra un vecindario al principio del asalto de dos días. Arquitecto e intelectual que retornó a Haití en 1994 después de pasar 28 años en Estados Unidos, de Neptune no se sabía que estuviera directamente involucrado en operaciones policiales o de seguridad durante su mandato.
"Todos vimos a Neptune en el helicóptero. De ahí marcharon al cuartel de la policía", dijo James Dorcelus, que trabaja en el ministerio de Hacienda. "Para mí, es evidente que su visita estaba relacionada con el inicio de la masacre".
John Valery Servil perdió a su esposa y al más joven de sus seis hijos cuando la casa donde alojaban fue incendiada durante el ataque.
"Este no será un juicio justo. No hay justicia para la gente pobre de Haití. Aquí, es un asunto de dinero", dijo Servil, pronosticando que las autoridades judiciales serán sobornadas en Puerto Príncipe para que los acusados queden en libertad.
Leslie Jules, el fiscal de distrito de St. Marc, se opuso a los intentos de la defensa de trasladar el juicio para seguridad de los acusados. Dijo que tenía confianza en que se podía formar un jurado objetivo y realizar un juicio justo.
"El objetivo último no es calmar a la gente, sino hacer justicia", dijo, mientras docenas de personas gritaban frente al tribunal que los acusados fueran colgados.
Activistas de derechos humanos en la capital acusan al gobierno interino del primer ministro Gerard Latortue y a la inefectiva misión de paz de Naciones Unidas por la persistente inseguridad y venganzas a través del país.
"El gobierno no proporciona a la policía ni a los tribunales los medios para hacer sus trabajos", dijo Pierre Esperance, director de la Coalición Nacional para los Derechos de Haití.
Hizo sus críticas más duras contra las fuerzas de Naciones Unidas, observando que las tropas, predominantemente sudamericanas, y los cientos de vehículos blindados desplegados con ellos eran rara vez vistas en las cada vez más numerosas zonas peligrosas de la capital.
No había ningún soldado de Naciones Unidas en la penitenciaría nacional el 19 de febrero cuando pistoleros armados liberaron a decenas de sus compinches y, según se dice, trataron de matar a Privert y a Neptune, dijo una fuente de Naciones Unidas. Los acusados fueron salvador por los guardias, que los trasladaron a un lugar seguro.
En St. Marc, la rabia contra Privert y Neptune todavía arde. Más allá de las calcinadas ruinas de la casa de Louidort cuelga un lienzo diciendo en creole que los autores de la masacre no serán ni olvidados ni perdonados. "Puedes olvidar el golpe, pero las cicatrices te lo recordarán siempre", dice el lienzo, un tema principal de una población que exige y entorpece a la vez la labor de la justicia.
"Leslie Jules está haciendo todo lo que está en su poder para que se realice un juicio justo y rápido. Pero lo esencial es que la gente de Haití no verá nunca la justicia y por esa razón pasan tiempos difíciles a la hora de perdonar", dijo Snow, que ha sido misionero aquí desde 1991.
"Aquí no habrá justicia porque tendría que comenzar en el corazón".
22 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
St. Marc, Haití. La maleza ha vuelto a crecer entre los escombros de su casa y el polvo descolora las chamuscadas ruinas, pero la sed de justicia de Fetiere Louidort no ha disminuido desde el año en que fuerzas especiales vestidas de negro abrieron fuego contra opositores locales de Jean-Bertrand Aristide en los últimos días de su presidencia.La última ciudad importante entre las avanzadas de los rebeldes y la capital, St. Marc estaba a punto de caer y dejar sin protección al gobierno de Aristide en Puerto Príncipe cuando el 11 de febrero de 2004 aparecieron unos helicópteros con pistoleros. Vecinos, misioneros y activistas de derechos humanos dicen que al menos 50 personas murieron en el ataque, pero esa cifra no puede ser confirmada.
"Incendiaron mi casa y la usaron como horno para quemar los cuerpos de los muertos", dijo Louidort.
Más de un año después, dos importantes antiguos funcionarios de gobierno y un político de la localidad serán enjuiciados aquí por su supuesto papel en los asesinatos.
Pero el ex primer ministro, Yvon Nepture, y el ex ministro del Interior, Jocelerme Privert, no han sido citados debido a que la rabia sigue tan intensa que las autoridades temen que amigos y parientes de las víctimas ataquen a los acusados.
Cuando un partidario de Aristide que participó supuestamente en los asesinatos volvió a St. Marc hace un mes a buscar una reconciliación, dijo el misionero Terry Snow, fue decapitado, desmembrado y partes de su cuerpo arrastrado por las calles en una orgía de jubilosa venganza.
"Es la justicia haitiana. Están pagando por sus crímenes, aunque no a través de tribunales", dijo Snow sobre ese linchamiento y otros juicios sumarios implementados más tarde en las calles. Durante la matanza del año pasado, Snow dio refugio a rivales de Aristide que eran perseguidos.
La justicia de los vigilantes que siguió el vuelo al exilio de Aristide el 29 de febrero de 2004 ayudó a fomentar la turbia inseguridad que domina hoy a la mayoría de las ciudades haitianas.
Aunque los pistoleros, que se cree son leales a Aristide, son acusados de gran parte de la violencia que asola los barrios bajos de Puerto Príncipe, agentes de policía renegados y soldados desmovilizados del ejército haitiano que participaron en la rebelión del año pasado todavía recorren la capital con sus armas prestas. Una investigación de la Coalición Nacional por los Derechos de Haití documentó al menos 403 muertes causadas por la violencia de las bandas desde el 30 de septiembre, muchos de ellos transeúntes sorprendidos en fuegos cruzados.
El riesgo de que una turba de linchamiento ataque a los acusados de organizar la matanza de St. Marc ha retrasado el inicio de los trámites judiciales contra Neptune, Privert y Amadeus Mayette, un antiguo diputado del Partido Lavalas. Mayette ha sido acusado por muchos vecinos de la ciudad de coordinar a los militantes de Lavalas y las fuerzas de seguridad enviadas por helicóptero, supuestamente bajo autoridad de Privert y por órdenes de Neptune.
"Es necesario calmar el clima social y castigar a los culpables", dijo el mayor Carmeleau Etienne.
"Estos juicios son muy importantes para curar las heridas y aplacar los ánimos", dijo Jeancrede Jeanty, el mayor del Estado Mayor. "Pero necesitamos seguridad. Si no es lo suficientemente buena, la gente se volverá loca. Ven a los acusados como si el mismo diablo viniera a la ciudad".
Neptune ha pedido un cambio de localidad, pero la Corte Suprema haitiana resolvió en enero que los acusados deben ser enjuiciados en el lugar del ataque.
Desde su celda en la húmeda penitenciaría nacional en el centro de Puerto Príncipe, Neptune negó toda participación en la matanza de St. Marc y calificó las acusaciones de ser una "persecución motivada políticamente".
"La orden de detención decía que he organizado y participado en la llamada masacre de St. Marc. Yo estuve ahí dos días antes. Pero mi visita no tenía nada que ver con las bandas rivales que han estado luchando unas contra otras en los últimos tres años", dijo Neptune. "Mi presencia en St. Marc tenía que ver con asegurarme de que la policía recuperara el control de la zona".
Pensando en el poder del rumor y de las sospechas para convencer a muchos haitianos que su sed de venganza es justificada, algunos aquí insisten en que Neptune tripulaba uno de los helicópteros que abrió fuego contra un vecindario al principio del asalto de dos días. Arquitecto e intelectual que retornó a Haití en 1994 después de pasar 28 años en Estados Unidos, de Neptune no se sabía que estuviera directamente involucrado en operaciones policiales o de seguridad durante su mandato.
"Todos vimos a Neptune en el helicóptero. De ahí marcharon al cuartel de la policía", dijo James Dorcelus, que trabaja en el ministerio de Hacienda. "Para mí, es evidente que su visita estaba relacionada con el inicio de la masacre".
John Valery Servil perdió a su esposa y al más joven de sus seis hijos cuando la casa donde alojaban fue incendiada durante el ataque.
"Este no será un juicio justo. No hay justicia para la gente pobre de Haití. Aquí, es un asunto de dinero", dijo Servil, pronosticando que las autoridades judiciales serán sobornadas en Puerto Príncipe para que los acusados queden en libertad.
Leslie Jules, el fiscal de distrito de St. Marc, se opuso a los intentos de la defensa de trasladar el juicio para seguridad de los acusados. Dijo que tenía confianza en que se podía formar un jurado objetivo y realizar un juicio justo.
"El objetivo último no es calmar a la gente, sino hacer justicia", dijo, mientras docenas de personas gritaban frente al tribunal que los acusados fueran colgados.
Activistas de derechos humanos en la capital acusan al gobierno interino del primer ministro Gerard Latortue y a la inefectiva misión de paz de Naciones Unidas por la persistente inseguridad y venganzas a través del país.
"El gobierno no proporciona a la policía ni a los tribunales los medios para hacer sus trabajos", dijo Pierre Esperance, director de la Coalición Nacional para los Derechos de Haití.
Hizo sus críticas más duras contra las fuerzas de Naciones Unidas, observando que las tropas, predominantemente sudamericanas, y los cientos de vehículos blindados desplegados con ellos eran rara vez vistas en las cada vez más numerosas zonas peligrosas de la capital.
No había ningún soldado de Naciones Unidas en la penitenciaría nacional el 19 de febrero cuando pistoleros armados liberaron a decenas de sus compinches y, según se dice, trataron de matar a Privert y a Neptune, dijo una fuente de Naciones Unidas. Los acusados fueron salvador por los guardias, que los trasladaron a un lugar seguro.
En St. Marc, la rabia contra Privert y Neptune todavía arde. Más allá de las calcinadas ruinas de la casa de Louidort cuelga un lienzo diciendo en creole que los autores de la masacre no serán ni olvidados ni perdonados. "Puedes olvidar el golpe, pero las cicatrices te lo recordarán siempre", dice el lienzo, un tema principal de una población que exige y entorpece a la vez la labor de la justicia.
"Leslie Jules está haciendo todo lo que está en su poder para que se realice un juicio justo y rápido. Pero lo esencial es que la gente de Haití no verá nunca la justicia y por esa razón pasan tiempos difíciles a la hora de perdonar", dijo Snow, que ha sido misionero aquí desde 1991.
"Aquí no habrá justicia porque tendría que comenzar en el corazón".
22 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
juez de saddam hussein
[Caryle Murphy] Juez de Hussein emerge de las sombras. El secreto para un gobierno exitoso es el éxito de la ley, dice iraquí.
Bagdad, Iraq. Cuando el verano pasado el desdichado pero impenitente viejo se sentó frente a Raid Juhi, el joven juez no sabía qué hacer. Como la mayoría de los iraquíes, conocía al antiguo presidente sólo por la televisión, donde siempre aparecía como un aguerrido, confiado y temible héroe.
Ahora Saddam Hussein aparecía por primera vez como un acusado ante el tribunal especial iraquí que juzgará a funcionarios del derrocado gobierno de Iraq por crímenes contra la humanidad. Petulante y provocador, el demacrado presidente exigió inmunidad de cualquier juicio, despotricó sobre la ilegalidad del tribunal y se negó a firmar un reconocimiento de que estaba al tanto de sus derechos.
Juhi, que dejó que Hussein se desahogara antes de interrumpirlo, recordó haber sentido dos fuertes emociones durante la sesión de 26 minutos. Una era cómo se habían cambiado los papeles. La otra era el deber.
"Yo había trabajado como juez durante el régimen de Saddam. Nunca pensé que llegaría a interrogarlo", dijo Juhi, 34, en una entrevista reciente. "Al mismo tiempo, nuestros estudios y carrera nos enseñan a ser objetivos en nuestro trabajo y a no considerar apellidos ni rango sino sólo las evidencias. Tenemos un dicho en el poder judicial, que es: La evidencia habla".
Juhi es único juez del tribunal que se ha identificado públicamente, a pesar de las amenazas de los insurgentes, muchos de los cuales apoyaban al gobierno de Saddam. Aunque el juicio del antiguo presidente no es inminente -Juhi dijo que no se sabe cuánto tiempo tomarán las pesquisas preliminares-, un juez del tribunal ya ha sido asesinado.
"No es valentía", dijo sobre su decisión el juez nacido en Bagdad al permitir que su nombre fuera publicado. "Es importante que los iraquíes sepan son iraquíes los que llevan el caso y que el poder judicial está asumiendo sus labores".
Como muchos jóvenes iraquíes en la arruinada capital, Juhi se muestra optimista e idealista en sus esperanzas sobre el futuro de su país, un radiante contrapunto a las terribles penurias de la posguerra en las que trabajan: devastación medio-ambiental, una insurgencia despiadada, una agobiante pobreza, caos en el tráfico y políticos regateando. Todavía está lejos de haber certidumbre sobre si Iraq satisfará sus esperanzas. Pero en estos difíciles días de reconstrucción del país, son un ingrediente esencial.
Normalmente vigilado estrechamente para su propia protección, Juhi se apareció sin acompañantes para conversar con el periodista. Llevaba un traje marrón y corbata. Relajado y amable, sonreía a menudo y respondió a preguntas a través de un intérprete, con la lógica y moderación que es esperan de un juez.
Calificando al tribunal de "hito histórico de la democracia legal", Juhi dijo que creía que su trabajo ayudaría a establecer una sociedad respetuosa de las leyes en Iraq porque estamos "llevando a la justicia a la gente que alguna vez pensó que estaba por encima de la ley. También es la primera vez en tierras árabes que un presidente y todo un régimen están siendo procesados legalmente e interrogados y pueden ser juzgados por los crímenes que se sospecha cometieron".
Del proceso, dijo, surgen "dos mensajes". Uno es para que "los gobernantes aquí y en otros países no olviden... La presidencia y las responsabilidades que la acompañan son deberes otorgados por la comunidad". El segundo mensaje es recordar a la gente de a pie "que toda persona, no importa lo que poderosa que sea, debe respetar la ley", dijo.
Juhi siguió una carrera típica durante el antiguo gobierno. Se graduó de la Facultad de Leyes de la Universidad de Bagdad, hizo su servicio militar, trabajó como investigador en el ministerio de Justicia y luego completó un curso de dos años en el Instituto Judicial de Iraq que lo capacitó para ser juez.
Como otros jueces de la era de Hussein, era un miembro inscrito en el gobernante Partido Baaz. Para entrar al Instituto Judicial, observó, necesitabas "ser recomendado por las oficinas del Partido Baaz del barrio donde vivías".
Pero inscribirse como miembro del partido y ser un activista no es lo mismo, dijo Juhi, agregando que muchos iraquíes eran miembros nominales del partido para evitar llamar la atención y ser perseguidos, cosas que podrían transformar tu vida en un "infierno".
Juhi estaba trabajando en la Corte Penal Central de Bagdad cuando se le pidió que se sumara al tribunal, en abril de 2004. "Me sentí honrado", dijo. "Acepté inmediatamente".
Como el principal juez instructor del tribunal de tres niveles, Juhi supervisa los equipos judiciales que investigan las acusaciones y determinan, después de oír a testigos y ver documentos, si hay o no suficientes pruebas para iniciar un juicio. Si eso ocurre, el acusado debe presentarse ante una comisión de cinco jueces para ser juzgado. El tercer nivel del tribunal es una corte de apelaciones de nueve miembros. Cuando Hussein y 11 de sus asociados hicieron su primera aparición ante Juhi en julio, fue para ser formalmente notificados de que estaban bajo investigación. El mes pasado, en otra primera vez para el tribunal, Juhi notificó a cinco antiguos funcionarios de que había encontrado suficientes evidencias sobre su participación en crímenes contra la humanidad para llevar sus casos a juicio.
La acusación contra Hussein, 67, es amplia. En su comparecencia fue acusado de ordenar siete atrocidades: el uso de armas químicas contra el pueblo kurdo de Halabja en 1988; el asesinato en 1983 de miembros del clan kurdo barzani; los asesinatos de activistas de partidos políticos durante un período de 30 años; los asesinatos de líderes religiosos; la brutal campaña de ataques contra los kurdos en los años ochenta; la violenta represión de los kurdos y chiíes tras la Guerra del Golfo Pérsico en 1991; y la invasión de Kuwait en 1990.
Interrogado sobre cuando puede ser llevado a juicio el presidente derrocado, Juhi dijo que casos en los que se trata de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra toman tiempo en desarrollarse debido a su complejidad. "Son crímenes sofisticados que no son fáciles de probar... porque esos crímenes tenían la intención de mostrar, o probar políticas de gobierno, y hay que probar que esas medidas eran aplicadas a algunos de sus ciudadanos, que provienen todos de un grupo, quizás político, religioso o étnico", dijo.
"Pero... hemos avanzado bastante", agregó. "Yo diría que antes estábamos excavando en el subterráneo. Ahora estamos en la superficie, trabajando con todo el esqueleto del caso... No creo que haya un juez en el mundo que pueda predecir cuándo terminaremos".
A pesar del saqueo de posguerra de las oficinas del gobierno, el tribunal tiene "impresionantes y concluyentes documentos" que ayudarán a probar las acusaciones contra los antiguos funcionarios, dijo el juez. Y el año pasado, él y su personal han oído el "doloroso" testimonio de testigos, agregó.
"Sabíamos algo de las cosas que se hacían durante la era de Saddam, pero después de las pesquisas que realizamos nos dimos cuenta de que lo que sabíamos no estaba ni cerca de lo que ocurría en realidad", dijo. "Antes, los iraquíes no podían hablar y debían guardarse todo. Ahora, después de la guerra, han empezado a hablar. Los iraquíes no se sorprenderán" de lo que escuchen durante el juicio. "Pero estarán orgullosos del tribunal en el que depositaron su confianza".
Juhi también predijo que "amigos de fuera de Iraq estarán orgullosos de habernos ayudado en este campo. Y los que no nos ayudaron se dirán ahora a sí mismos que hubiera sido mejor ayudarnos". El tribunal fue instalado con 75 millones de dólares de fondos estadounidenses; juristas norteamericanos asesoran el tribunal.
Los peligros del trabajar para el tribunal fueron puestos en agudo relieve el 1 de marzo cuando uno de sus jueces, Barwez Mohammed Mahmoud Merwani, 59, y su hijo, Aryan Barwez Mohammed Merwani, 26, fueron emboscados y asesinados en Bagdad cuando subían a sus coches para marcharse al trabajo. El juez "era miembro del equipo de investigación que dirijo", dijo Juhi, que agregó que continúa la investigación sobre su asesinato.
Inicialmente, Juhi guardaba tan secretamente su trabajo que ni siquiera su familia sabía de su participación en la investigación de Hussein hasta que la televisión iraquí emitió la comparecencia de Hussein ante el juez en julio pasado. Cuando su hijo lo vio en la pantalla, recuerda Juhi, se llevó las manos a la boca y dijo: "¡Ese es mi padre!' Estaba sorprendido".
Juhi dijo que quería enfatizar que se siente "muy optimista sobre el futuro" de su país. "Los errores cometidos antes no serán repetidos. No habrá nuevamente una centralización del poder contra la gente. El presidente servirá al pueblo. No sólo estoy seguro, además creo en ello". Agregó que "el secreto detrás del éxito del gobierno es el éxito de la ley".
22 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Bagdad, Iraq. Cuando el verano pasado el desdichado pero impenitente viejo se sentó frente a Raid Juhi, el joven juez no sabía qué hacer. Como la mayoría de los iraquíes, conocía al antiguo presidente sólo por la televisión, donde siempre aparecía como un aguerrido, confiado y temible héroe.Ahora Saddam Hussein aparecía por primera vez como un acusado ante el tribunal especial iraquí que juzgará a funcionarios del derrocado gobierno de Iraq por crímenes contra la humanidad. Petulante y provocador, el demacrado presidente exigió inmunidad de cualquier juicio, despotricó sobre la ilegalidad del tribunal y se negó a firmar un reconocimiento de que estaba al tanto de sus derechos.
Juhi, que dejó que Hussein se desahogara antes de interrumpirlo, recordó haber sentido dos fuertes emociones durante la sesión de 26 minutos. Una era cómo se habían cambiado los papeles. La otra era el deber.
"Yo había trabajado como juez durante el régimen de Saddam. Nunca pensé que llegaría a interrogarlo", dijo Juhi, 34, en una entrevista reciente. "Al mismo tiempo, nuestros estudios y carrera nos enseñan a ser objetivos en nuestro trabajo y a no considerar apellidos ni rango sino sólo las evidencias. Tenemos un dicho en el poder judicial, que es: La evidencia habla".
Juhi es único juez del tribunal que se ha identificado públicamente, a pesar de las amenazas de los insurgentes, muchos de los cuales apoyaban al gobierno de Saddam. Aunque el juicio del antiguo presidente no es inminente -Juhi dijo que no se sabe cuánto tiempo tomarán las pesquisas preliminares-, un juez del tribunal ya ha sido asesinado.
"No es valentía", dijo sobre su decisión el juez nacido en Bagdad al permitir que su nombre fuera publicado. "Es importante que los iraquíes sepan son iraquíes los que llevan el caso y que el poder judicial está asumiendo sus labores".
Como muchos jóvenes iraquíes en la arruinada capital, Juhi se muestra optimista e idealista en sus esperanzas sobre el futuro de su país, un radiante contrapunto a las terribles penurias de la posguerra en las que trabajan: devastación medio-ambiental, una insurgencia despiadada, una agobiante pobreza, caos en el tráfico y políticos regateando. Todavía está lejos de haber certidumbre sobre si Iraq satisfará sus esperanzas. Pero en estos difíciles días de reconstrucción del país, son un ingrediente esencial.
Normalmente vigilado estrechamente para su propia protección, Juhi se apareció sin acompañantes para conversar con el periodista. Llevaba un traje marrón y corbata. Relajado y amable, sonreía a menudo y respondió a preguntas a través de un intérprete, con la lógica y moderación que es esperan de un juez.
Calificando al tribunal de "hito histórico de la democracia legal", Juhi dijo que creía que su trabajo ayudaría a establecer una sociedad respetuosa de las leyes en Iraq porque estamos "llevando a la justicia a la gente que alguna vez pensó que estaba por encima de la ley. También es la primera vez en tierras árabes que un presidente y todo un régimen están siendo procesados legalmente e interrogados y pueden ser juzgados por los crímenes que se sospecha cometieron".
Del proceso, dijo, surgen "dos mensajes". Uno es para que "los gobernantes aquí y en otros países no olviden... La presidencia y las responsabilidades que la acompañan son deberes otorgados por la comunidad". El segundo mensaje es recordar a la gente de a pie "que toda persona, no importa lo que poderosa que sea, debe respetar la ley", dijo.
Juhi siguió una carrera típica durante el antiguo gobierno. Se graduó de la Facultad de Leyes de la Universidad de Bagdad, hizo su servicio militar, trabajó como investigador en el ministerio de Justicia y luego completó un curso de dos años en el Instituto Judicial de Iraq que lo capacitó para ser juez.
Como otros jueces de la era de Hussein, era un miembro inscrito en el gobernante Partido Baaz. Para entrar al Instituto Judicial, observó, necesitabas "ser recomendado por las oficinas del Partido Baaz del barrio donde vivías".
Pero inscribirse como miembro del partido y ser un activista no es lo mismo, dijo Juhi, agregando que muchos iraquíes eran miembros nominales del partido para evitar llamar la atención y ser perseguidos, cosas que podrían transformar tu vida en un "infierno".
Juhi estaba trabajando en la Corte Penal Central de Bagdad cuando se le pidió que se sumara al tribunal, en abril de 2004. "Me sentí honrado", dijo. "Acepté inmediatamente".
Como el principal juez instructor del tribunal de tres niveles, Juhi supervisa los equipos judiciales que investigan las acusaciones y determinan, después de oír a testigos y ver documentos, si hay o no suficientes pruebas para iniciar un juicio. Si eso ocurre, el acusado debe presentarse ante una comisión de cinco jueces para ser juzgado. El tercer nivel del tribunal es una corte de apelaciones de nueve miembros. Cuando Hussein y 11 de sus asociados hicieron su primera aparición ante Juhi en julio, fue para ser formalmente notificados de que estaban bajo investigación. El mes pasado, en otra primera vez para el tribunal, Juhi notificó a cinco antiguos funcionarios de que había encontrado suficientes evidencias sobre su participación en crímenes contra la humanidad para llevar sus casos a juicio.
La acusación contra Hussein, 67, es amplia. En su comparecencia fue acusado de ordenar siete atrocidades: el uso de armas químicas contra el pueblo kurdo de Halabja en 1988; el asesinato en 1983 de miembros del clan kurdo barzani; los asesinatos de activistas de partidos políticos durante un período de 30 años; los asesinatos de líderes religiosos; la brutal campaña de ataques contra los kurdos en los años ochenta; la violenta represión de los kurdos y chiíes tras la Guerra del Golfo Pérsico en 1991; y la invasión de Kuwait en 1990.
Interrogado sobre cuando puede ser llevado a juicio el presidente derrocado, Juhi dijo que casos en los que se trata de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra toman tiempo en desarrollarse debido a su complejidad. "Son crímenes sofisticados que no son fáciles de probar... porque esos crímenes tenían la intención de mostrar, o probar políticas de gobierno, y hay que probar que esas medidas eran aplicadas a algunos de sus ciudadanos, que provienen todos de un grupo, quizás político, religioso o étnico", dijo.
"Pero... hemos avanzado bastante", agregó. "Yo diría que antes estábamos excavando en el subterráneo. Ahora estamos en la superficie, trabajando con todo el esqueleto del caso... No creo que haya un juez en el mundo que pueda predecir cuándo terminaremos".
A pesar del saqueo de posguerra de las oficinas del gobierno, el tribunal tiene "impresionantes y concluyentes documentos" que ayudarán a probar las acusaciones contra los antiguos funcionarios, dijo el juez. Y el año pasado, él y su personal han oído el "doloroso" testimonio de testigos, agregó.
"Sabíamos algo de las cosas que se hacían durante la era de Saddam, pero después de las pesquisas que realizamos nos dimos cuenta de que lo que sabíamos no estaba ni cerca de lo que ocurría en realidad", dijo. "Antes, los iraquíes no podían hablar y debían guardarse todo. Ahora, después de la guerra, han empezado a hablar. Los iraquíes no se sorprenderán" de lo que escuchen durante el juicio. "Pero estarán orgullosos del tribunal en el que depositaron su confianza".
Juhi también predijo que "amigos de fuera de Iraq estarán orgullosos de habernos ayudado en este campo. Y los que no nos ayudaron se dirán ahora a sí mismos que hubiera sido mejor ayudarnos". El tribunal fue instalado con 75 millones de dólares de fondos estadounidenses; juristas norteamericanos asesoran el tribunal.
Los peligros del trabajar para el tribunal fueron puestos en agudo relieve el 1 de marzo cuando uno de sus jueces, Barwez Mohammed Mahmoud Merwani, 59, y su hijo, Aryan Barwez Mohammed Merwani, 26, fueron emboscados y asesinados en Bagdad cuando subían a sus coches para marcharse al trabajo. El juez "era miembro del equipo de investigación que dirijo", dijo Juhi, que agregó que continúa la investigación sobre su asesinato.
Inicialmente, Juhi guardaba tan secretamente su trabajo que ni siquiera su familia sabía de su participación en la investigación de Hussein hasta que la televisión iraquí emitió la comparecencia de Hussein ante el juez en julio pasado. Cuando su hijo lo vio en la pantalla, recuerda Juhi, se llevó las manos a la boca y dijo: "¡Ese es mi padre!' Estaba sorprendido".
Juhi dijo que quería enfatizar que se siente "muy optimista sobre el futuro" de su país. "Los errores cometidos antes no serán repetidos. No habrá nuevamente una centralización del poder contra la gente. El presidente servirá al pueblo. No sólo estoy seguro, además creo en ello". Agregó que "el secreto detrás del éxito del gobierno es el éxito de la ley".
22 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
sharia, oscura sombra en iraq
[Susan Jacobyp] Una constitución islámica constituye un enorme peligro.
Uno de los resultados más inquietantes de la intervención de Estados Unidos en Iraq es el reciente estallido de racionalizaciones en todo el espectro político y cultural estadounidense sobre la incorporación del islam en la nueva constitución iraquí.
No hay nada particularmente sorprendente en semejantes racionalizaciones, en la derecha. El vice-presidente Dick Cheney respondió previsiblemente sobre las elecciones de enero en Iraq, que extendió el poder los partidos religiosos chiíes, con una declaración en la que dice que "tenemos una gran confianza en la dirección en que van". ¿Qué otra cosa va a decir uno de los arquitectos de la guerra?
En la derecha cristiana, esas reacciones son incluso más comprensibles; es la misma gente que denigra rutinariamente la propia separación constitucional estadounidense entre la iglesia y el estado. ¿Por qué habrían de preocuparse si el nuevo gobierno iraquí impide que una mujer de divorcie sin el consentimiento de su marido y le reconoce a sus testimonios legales sólo la mitad del valor de las de un hombre? Mientras los iraquíes se mantengan alejados de prohibir al estilo saudí las otras formas de credo (léase cristianismo), una constitución iraquí basada en la religión no planteaba para los fundamentalistas norteamericanos ningún obstáculo lógico.
Pero los halcones neo-conservadores y la derecha religiosa están lejos de estar solos en su optimista visión del islam como base de un gobierno aliado. Algunos en la izquierda, sucumbiendo a un multiculturalismo paternalista -libertad de conciencia para mí pero no para vos-, están también soltando racionalizaciones para hacer la vista gorda si la ley islámica, o sharia, se impone al pueblo iraquí.
Muchos miembros de la nueva comunidad académica de estudios islámicos en las universidades estadounidenses consideran las objeciones contra la unión entre el gobierno y el islam como un ejemplo más del provincialismo americano. "La mera mención del islam en un contexto constitucional no deben provocar reacciones exageradas", dice Frank E. Vogel, director del programa de estudios jurídicos sobre el islam de la Universidad de Harvard.
"Esto podría ser una causa legítima de alarma, o podría ser solamente simbólica", agrega Vogel, cuyo título académico oficial es Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, Profesor Adjunto de Estudios Jurídicos Islámicos'. (El Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas es, además, uno de los títulos oficiales del rey de Arabia Saudí).
Pero si la historia nos enseña algo, es que la aplicación del gobierno de la ley religiosa ha sido siempre el enemigo natural de los derechos individuales y de la minoría. El simbolismo religioso de una persona no debe ser el dolor real de otra.
Uno de los "compromisos" sugeridos por los multiculturalistas es un marco de leyes seculares que sin embargo de a las autoridades religiosas plena jurisdicción sobre materias delicadas, como el matrimonio y el divorcio. Ese fue precisamente el compromiso que el nuevo estado israelí cerró con los rabíes ortodoxos en 1948.
Aunque la mayoría de las leyes israelíes son seculares, las cortes rabínicas ortodoxas tienen una jurisdicción casi total sobre el matrimonio y el divorcio. Una mujer judía (incluso una mujer judía no observante) sólo puede divorciarse si su marido le da permiso bajo la forma de un get, un decreto religioso de divorcio. Este compromiso' ha condenado a miles de infelices mujeres israelíes -conocidas como agunot, que quiere decir literalmente mujeres encadenadas'- a un limbo legal. Sin un get, una mujer judía no se puede volver a casar en Israel y sus hijos de uniones subsecuentes -incluso si se casa en el extranjero- son considerados ilegítimos.
¿Piensa alguien seriamente que la jurisdicción islámica sobre la ley de familia producirán un tratamiento más justo de las mujeres iraquíes, que el que otorga la jurisdicción judía ortodoxa a las mujeres israelíes?
En Afganistán, Estados Unidos cedió a la exigencia musulmana conservadora de que la constitución afgana post-talibán prohibiera la aprobación de cualquier ley "contraria a la sagrada religión del islam". Los defensores de este pacto faustiano se consuelan con que el presidente afgano Hamid Karzai no quiere aplicarlo. Pero ¿qué ocurrirá cuando Karzai sea sucedido por alguien que no comparta sus ideas moderadas? Una constitución que otorga a la religión una condición "sagrada" ofrece a una invitación permanente a políticos y clérigos a definir lo sacro para el resto de la sociedad.Los optimistas sobre el compromiso iglesia-estado en Iraq sugieren ilusionadamente que el nuevo gobierno iraquí, diga lo que diga su constitución sobre la religión, probablemente adoptará el curso moderado de facto de Afganistán en lugar de los modelos represivos de Arabia Saudí e Irán. Esperemos que sea así -no por nuestros propios intereses, sino por los de los iraquíes que anhelan las libertades personales y no quieren que sus vidas sean controladas por fanáticos religiosos.
La triste y desgraciada hebra común de muchas racionalizaciones de la constitución basada en el islam es una negación implícita, y explícita en el caso del gobierno de Bush, de la importancia de los valores laicos de la Ilustración en la historia de Estados Unidos. Sin el constante redoble de tambores del gobierno haciendo equivaler el patriotismo norteamericano con la fe religiosa, sería mucho más difícil argumentar a favor de la teocracia en otras culturas.
Si fracasamos en honrar el lado secular de nuestro legado cívico en casa, ciertamente se deriva que no podremos oponernos a una teocracia impuesta por la mayoría en el extranjero.
Susan Jacoby es la autora de Freethinkers: A History of American Secularism' (Metropolitan Books, 2004) y directora del Centro de Investigación-Metro Nueva York.
22 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Uno de los resultados más inquietantes de la intervención de Estados Unidos en Iraq es el reciente estallido de racionalizaciones en todo el espectro político y cultural estadounidense sobre la incorporación del islam en la nueva constitución iraquí.No hay nada particularmente sorprendente en semejantes racionalizaciones, en la derecha. El vice-presidente Dick Cheney respondió previsiblemente sobre las elecciones de enero en Iraq, que extendió el poder los partidos religiosos chiíes, con una declaración en la que dice que "tenemos una gran confianza en la dirección en que van". ¿Qué otra cosa va a decir uno de los arquitectos de la guerra?
En la derecha cristiana, esas reacciones son incluso más comprensibles; es la misma gente que denigra rutinariamente la propia separación constitucional estadounidense entre la iglesia y el estado. ¿Por qué habrían de preocuparse si el nuevo gobierno iraquí impide que una mujer de divorcie sin el consentimiento de su marido y le reconoce a sus testimonios legales sólo la mitad del valor de las de un hombre? Mientras los iraquíes se mantengan alejados de prohibir al estilo saudí las otras formas de credo (léase cristianismo), una constitución iraquí basada en la religión no planteaba para los fundamentalistas norteamericanos ningún obstáculo lógico.
Pero los halcones neo-conservadores y la derecha religiosa están lejos de estar solos en su optimista visión del islam como base de un gobierno aliado. Algunos en la izquierda, sucumbiendo a un multiculturalismo paternalista -libertad de conciencia para mí pero no para vos-, están también soltando racionalizaciones para hacer la vista gorda si la ley islámica, o sharia, se impone al pueblo iraquí.
Muchos miembros de la nueva comunidad académica de estudios islámicos en las universidades estadounidenses consideran las objeciones contra la unión entre el gobierno y el islam como un ejemplo más del provincialismo americano. "La mera mención del islam en un contexto constitucional no deben provocar reacciones exageradas", dice Frank E. Vogel, director del programa de estudios jurídicos sobre el islam de la Universidad de Harvard.
"Esto podría ser una causa legítima de alarma, o podría ser solamente simbólica", agrega Vogel, cuyo título académico oficial es Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, Profesor Adjunto de Estudios Jurídicos Islámicos'. (El Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas es, además, uno de los títulos oficiales del rey de Arabia Saudí).
Pero si la historia nos enseña algo, es que la aplicación del gobierno de la ley religiosa ha sido siempre el enemigo natural de los derechos individuales y de la minoría. El simbolismo religioso de una persona no debe ser el dolor real de otra.
Uno de los "compromisos" sugeridos por los multiculturalistas es un marco de leyes seculares que sin embargo de a las autoridades religiosas plena jurisdicción sobre materias delicadas, como el matrimonio y el divorcio. Ese fue precisamente el compromiso que el nuevo estado israelí cerró con los rabíes ortodoxos en 1948.
Aunque la mayoría de las leyes israelíes son seculares, las cortes rabínicas ortodoxas tienen una jurisdicción casi total sobre el matrimonio y el divorcio. Una mujer judía (incluso una mujer judía no observante) sólo puede divorciarse si su marido le da permiso bajo la forma de un get, un decreto religioso de divorcio. Este compromiso' ha condenado a miles de infelices mujeres israelíes -conocidas como agunot, que quiere decir literalmente mujeres encadenadas'- a un limbo legal. Sin un get, una mujer judía no se puede volver a casar en Israel y sus hijos de uniones subsecuentes -incluso si se casa en el extranjero- son considerados ilegítimos.
¿Piensa alguien seriamente que la jurisdicción islámica sobre la ley de familia producirán un tratamiento más justo de las mujeres iraquíes, que el que otorga la jurisdicción judía ortodoxa a las mujeres israelíes?
En Afganistán, Estados Unidos cedió a la exigencia musulmana conservadora de que la constitución afgana post-talibán prohibiera la aprobación de cualquier ley "contraria a la sagrada religión del islam". Los defensores de este pacto faustiano se consuelan con que el presidente afgano Hamid Karzai no quiere aplicarlo. Pero ¿qué ocurrirá cuando Karzai sea sucedido por alguien que no comparta sus ideas moderadas? Una constitución que otorga a la religión una condición "sagrada" ofrece a una invitación permanente a políticos y clérigos a definir lo sacro para el resto de la sociedad.Los optimistas sobre el compromiso iglesia-estado en Iraq sugieren ilusionadamente que el nuevo gobierno iraquí, diga lo que diga su constitución sobre la religión, probablemente adoptará el curso moderado de facto de Afganistán en lugar de los modelos represivos de Arabia Saudí e Irán. Esperemos que sea así -no por nuestros propios intereses, sino por los de los iraquíes que anhelan las libertades personales y no quieren que sus vidas sean controladas por fanáticos religiosos.
La triste y desgraciada hebra común de muchas racionalizaciones de la constitución basada en el islam es una negación implícita, y explícita en el caso del gobierno de Bush, de la importancia de los valores laicos de la Ilustración en la historia de Estados Unidos. Sin el constante redoble de tambores del gobierno haciendo equivaler el patriotismo norteamericano con la fe religiosa, sería mucho más difícil argumentar a favor de la teocracia en otras culturas.
Si fracasamos en honrar el lado secular de nuestro legado cívico en casa, ciertamente se deriva que no podremos oponernos a una teocracia impuesta por la mayoría en el extranjero.
Susan Jacoby es la autora de Freethinkers: A History of American Secularism' (Metropolitan Books, 2004) y directora del Centro de Investigación-Metro Nueva York.
22 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
oms apunta contra la pobreza
[John Donnelly] La Organización Mundial de la Salud OMS busca esperanzas de vida más largas.
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud OMS formó ayer una comisión global de la salud para persuadir a los países para que ataquen las causas subyacentes de la mala salud con la esperanza de aumentar los años de vida de los desvalidos.
Las grandes disparidades en salud en el mundo, incluyendo ejemplos en Estados Unidos donde los habitantes de un condado viven 20 años más, en promedio, que los de un condado vecino, han sido el foco de varios estudios sobre la última generación. Pero la nueva comisión enfatizará ante los gobiernos que atacar las condiciones sociales dará buenos resultados, ayudando a los pobres a vivir vidas más largas y más sanas.
"No estamos analizando solamente las respuestas sanitarias, sino cómo responde toda la comunidad", dijo William Foege, antiguo director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos CDC. "Mire lo que acaba de hacer Kenia, haciendo accesible a todo el mundo la educación básica. Hay que tomar ese tipo de medidas para mirar el futuro, proponer una visión de cómo se vería una sociedad si lo hiciéramos todo bien".
La iniciativa, conocida oficialmente como la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud, se concentrará probablemente en medidas más generales. Los miembros dijeron que el proyecto de tres años, anunciado ayer durante una reunión en Santiago, Chile, intentará crear ejemplos que puedan ser seguidos por otros países, así como señalar áreas en las que las políticas de los países perjudiquen el bienestar de la gente.
"Una persona de África hizo el punto en la reunión de que mientras África siempre declara falta de recursos, muchos países destinan simultáneamente un 25 por ciento de su presupuesto a gastos militares", dijo Foege. "Simplemente no llevan al dinero a la boca".
Los tres miembros africanos de la comisión son Charity Ngilu, ministro de Educación de Kenia; Hoda Rashad, director del Centro de Investigación Social de la Universidad Americana de El Cairo; y Anna Tibaijuka, de Tanzania, directora de la organización Hábitat, de Naciones Unidas. Otros miembros de la comisión de 17 provienen de Irán, India, Filipinas, Chile, y varios países ricos.
Entre las disparidades documentadas en todo el mundo se encuentran las muertes entre niños menores de 5, que varían de 3 por cada 1.000 nacimientos en Islandia, a 316 por cada 1.000 nacimientos en Sierra Leona; la probabilidad de que un hombre muera entre los 15 y los 60 es de 8.3 por ciento en Suecia, 46.4 por ciento Rusia, y 90.2 por ciento en Leso, en el sur de África. Los partos asistidos por personal sanitario calificado varían de 100 por ciento en Suecia a 6 por ciento en Etiopía.
Enormes diferencias se han señalado también en los países ricos. Por ejemplo, la esperanza de vida para los afro-americanos en Washington, D.C., que tiene mayoría negra, es de 57 años; en el condado predominantemente blanco de Montgomery, Maryland, a apenas 20 minutos de metro de la capital del país, la esperanza de vida es de 77 años, dijo la OMS.
"La idea con esta comisión no es sacudir una varita mágica y decir que cambie el mundo", dijo Timothy Evans, subdirector general de la OMS. "La idea es analizar toda la gama de maneras en que factores sociales crean desventajas sanitarias, e identificar modos de solucionar esas condiciones sociales".
Para algunos profesionales médicos que trabajan diariamente con pacientes, el enfoque más general de la comisión fue bienvenido.
"Con el HIV, ha dejado de estar solamente en el reino de la medicina y forma parte ahora del reino de la sociología, la antropología y la psicología", dijo el doctor Mitchell Besser, fundador de una organización privada de beneficencia en Ciudad del Cabo que se concentra en las madres sero-positivas.
Besser advirtió que la comisión, en un intento de solucionar problemas sociales más amplios, no debería perjudicar respuestas sanitarias básicas a las enfermedades.
Foege, antiguo director del CDC, no cree que eso ocurra.
"A menudo cito la declaración de Gandhi de que la gente se transforma en lo que cree que debe ser", dijo. "Espero que esta comisión proponga una visión que sea tan clara que los países aspiren realmente a ella, y luego se transformen en lo que quieren ser".
Se puede escribir a John Donnelly a: donnelly@globe.com
18 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud OMS formó ayer una comisión global de la salud para persuadir a los países para que ataquen las causas subyacentes de la mala salud con la esperanza de aumentar los años de vida de los desvalidos.Las grandes disparidades en salud en el mundo, incluyendo ejemplos en Estados Unidos donde los habitantes de un condado viven 20 años más, en promedio, que los de un condado vecino, han sido el foco de varios estudios sobre la última generación. Pero la nueva comisión enfatizará ante los gobiernos que atacar las condiciones sociales dará buenos resultados, ayudando a los pobres a vivir vidas más largas y más sanas.
"No estamos analizando solamente las respuestas sanitarias, sino cómo responde toda la comunidad", dijo William Foege, antiguo director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos CDC. "Mire lo que acaba de hacer Kenia, haciendo accesible a todo el mundo la educación básica. Hay que tomar ese tipo de medidas para mirar el futuro, proponer una visión de cómo se vería una sociedad si lo hiciéramos todo bien".
La iniciativa, conocida oficialmente como la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud, se concentrará probablemente en medidas más generales. Los miembros dijeron que el proyecto de tres años, anunciado ayer durante una reunión en Santiago, Chile, intentará crear ejemplos que puedan ser seguidos por otros países, así como señalar áreas en las que las políticas de los países perjudiquen el bienestar de la gente.
"Una persona de África hizo el punto en la reunión de que mientras África siempre declara falta de recursos, muchos países destinan simultáneamente un 25 por ciento de su presupuesto a gastos militares", dijo Foege. "Simplemente no llevan al dinero a la boca".
Los tres miembros africanos de la comisión son Charity Ngilu, ministro de Educación de Kenia; Hoda Rashad, director del Centro de Investigación Social de la Universidad Americana de El Cairo; y Anna Tibaijuka, de Tanzania, directora de la organización Hábitat, de Naciones Unidas. Otros miembros de la comisión de 17 provienen de Irán, India, Filipinas, Chile, y varios países ricos.
Entre las disparidades documentadas en todo el mundo se encuentran las muertes entre niños menores de 5, que varían de 3 por cada 1.000 nacimientos en Islandia, a 316 por cada 1.000 nacimientos en Sierra Leona; la probabilidad de que un hombre muera entre los 15 y los 60 es de 8.3 por ciento en Suecia, 46.4 por ciento Rusia, y 90.2 por ciento en Leso, en el sur de África. Los partos asistidos por personal sanitario calificado varían de 100 por ciento en Suecia a 6 por ciento en Etiopía.
Enormes diferencias se han señalado también en los países ricos. Por ejemplo, la esperanza de vida para los afro-americanos en Washington, D.C., que tiene mayoría negra, es de 57 años; en el condado predominantemente blanco de Montgomery, Maryland, a apenas 20 minutos de metro de la capital del país, la esperanza de vida es de 77 años, dijo la OMS.
"La idea con esta comisión no es sacudir una varita mágica y decir que cambie el mundo", dijo Timothy Evans, subdirector general de la OMS. "La idea es analizar toda la gama de maneras en que factores sociales crean desventajas sanitarias, e identificar modos de solucionar esas condiciones sociales".
Para algunos profesionales médicos que trabajan diariamente con pacientes, el enfoque más general de la comisión fue bienvenido.
"Con el HIV, ha dejado de estar solamente en el reino de la medicina y forma parte ahora del reino de la sociología, la antropología y la psicología", dijo el doctor Mitchell Besser, fundador de una organización privada de beneficencia en Ciudad del Cabo que se concentra en las madres sero-positivas.
Besser advirtió que la comisión, en un intento de solucionar problemas sociales más amplios, no debería perjudicar respuestas sanitarias básicas a las enfermedades.
Foege, antiguo director del CDC, no cree que eso ocurra.
"A menudo cito la declaración de Gandhi de que la gente se transforma en lo que cree que debe ser", dijo. "Espero que esta comisión proponga una visión que sea tan clara que los países aspiren realmente a ella, y luego se transformen en lo que quieren ser".
Se puede escribir a John Donnelly a: donnelly@globe.com
18 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
asesinato de activista en indonesia
[Alan Sipress] Aerolínea investigada por el asesinato de un activista. Funcionarios indonesios la acusan de encubrimiento en el envenenamiento de activista de derechos humanos.
Yakarta, Indonesia. Munir Said Thalib, el conocido activista de derechos humanos de Indonesia, comenzó a sentirse mal poco después de que despegara su vuelo de una noche hacia Europa en septiembre. Después de una breve escala en Singapur, el dolor se hizo tan intenso que un doctor a bordo fue sacado de su sueño para que lo atendiera. En algún lugar sobre el cielo nocturno sobre Europa del Este, Munir murió unas horas después.
Dos meses tras la muerte de Munir el 6 de septiembre, la autopsia en Holanda concluyó que había ingerido 465 miligramos de arsénico, más de tres veces la dosis fatal.
El hallazgo provocó una de las investigaciones criminales más celebradas de la historia indonesia, llevando al presidente Susilo Bambang Yudhoyono a crear una comisión especial para descubrir quién mató a Munir y determinar si había implicados de las fuerzas armadas, del servicio secreto o de la administración civil.
Agentes de policía informaron este mes que sospechan que el arsénico fue introducido en un vaso de jugo de naranja servido a Munir cuando fue invitado a sentarse en primera clase en el Vuelo 974 de Garuda Indonesia. Los funcionarios también dijeron que un empleado de la aerolínea estaba implicado.
"Hay fuertes indicios de que empleados de Garuda estuvieron directa o indirectamente implicados en la muerte de Munir", dijo el general de brigada Marsudhi Hanafi, presidente de la comisión especial. "Encontramos evidencias que muestran que empleados de Garuda conspiraron para encubrir el delito".
Indra Setiawan, presidente de la aerolínea estatal, dijo en una entrevista que su compañía ha colaborado plenamente con los detectives, aduciendo que si hubo deficiencias a la hora de proporcionar informaciones precisas, fue un error humano. "En Garuda estamos tratando de facilitar la investigación de la policía y del equipo de investigación, no importa adónde lleve", dijo.
Munir, 38, chico pero ancho, de ojos castaños y mostachos caídos, es recordado por la manera modesta, casi pidiendo disculpas, con que envolvía una temeraria determinación. Se dio a conocer como un prominente activista de derechos humanos en 1998 en los meses anteriores a la expulsión de Suharto, el dictador indonesio, formando un grupo para investigar la desaparición de activistas a manos de las fuerzas de seguridad. Luego se transformó en un abrasante crítico de los militares indonesios, en particular de los supuestos abusos en las regiones de Timor del Este, Aceh y Papua.
Además de ganar varios premios internacionales por sus esfuerzos, Munir llamó la atención de personeros norteamericanos. Durante una visita a Washington hace tres años, se reunió con funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores, el ministerio de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional, así como con funcionarios del Capitolio.
Pero sus viajes al extranjero habían sido siempre breves, hasta que decidió el año pasado inscribirse en un programa de maestría en la Universidad de Utrecht, Holanda. Había planeado completar el primer año, y luego llevar a su esposa y dos hijos mientras terminaba un doctorado en derecho internacional y derechos humanos.
Colegas recuerdan que Munir, usualmente reservado, se puso sentimental con la perspectiva de permanecer fuera de casa durante tanto tiempo, insistiendo en los días anteriores a su partida para que posaran juntos para fotografiarse. En el aeropuerto de Yakarta, se emocionó hasta las lágrimas al despedirse de su esposa, Suciwati, contó ella.
"Es la única vez que le vi llorar", dijo.
Munir ha vivido durante años con amenazas de muerte, dijeron sus colegas, incluyendo una serie de cartas, llamadas telefónicas y mensajes. Hace dos años arrojaron una pequeña bomba en el jardín de su casa en Yakarta.
"Sabía que estaba amenazado y que lo podían matar en cualquier parte, en la mañana o en la noche", dijo Usman Hamid, coordinador de Kontras, la organización de derechos humanos que fundó Munir. "Pero nunca imaginó que podría ser matado en un vuelo de Garuda".
Cuando Munir se preparaba para subir a bordo del vuelo a Amsterdam, se encontró con Pollycarpus Budihari Priyatno, un piloto de la aerolínea, que estaba libre. Pollycarpus lo invitó a trasladarse de la clase económica a primera, de acuerdo a detectives y a una entrevista con él.
Pollycarpus, que ha trabajado para la aerolínea durante 17 años, no ha sido mencionado como sospechoso por el gobierno y ha repetidas veces negado cualquier implicación en la muerte de Munir. Pero su presencia en el vuelo ha sido ampliamente mencionada en público por la policía, medios de comunicación y ejecutivos de Garuda.
La policía dijo que Munir ocupó la silla de Pollycarpus en la sección mientras el piloto se trasladaba a primera clase, antes de terminar su vuelo cuando paró en Singapur.
Pollycarpus dijo en una entrevista que fue coincidencia que él y Munir estuvieran en el mismo vuelo GA-974 a Singapur. Pollycarpus dijo que realizaba una misión especial para el jefe de seguridad de Garuda, que le había pedido que verificara informes de que un avión de pasajeros de Singapur habían tenido problemas mecánicos en agosto pasado.
"Por sentido del servicio y de cortesía, le ofrecí a Munir un asiento en primera clase", dijo Pollycarpus en una entrevista, que fue conseguida por su abogado.
Durante las horas siguientes, Munir fue varias veces a servicios, vomitando repetidas veces.
Un médico a bordo le puso a Munir varias inyecciones para sus dolencias, incluyendo un tranquilizante. Pensó que se había dormido. Pero cuando el doctor volvió a examinar a Munir tres horas antes de la llegada, su cuerpo estaba rígido y frío.
Dos meses más tarde, médicos forenses holandeses dieron a conocer los resultados de su autopsia y detectives indonesios empezaron a hacer preguntas sobre Pollycarpus.
Pollycarpus dijo que su compañía le había pedido específicamente que abordara el GA-974 el 6 de septiembre. "Estaba haciendo mi trabajo", dijo. "Pude haber ido en cualquier momento. En miles de fechas diferentes, no es un problema para mí".
Pero Setiawan, el presidente de la aerolínea, dijo que el piloto había decidido por sí mismo viajar ese día. Una secretaria de la aerolínea, entretanto, dijo a los detectives que Pollycarpus insistió en que se le diera un billete en ese vuelo, aunque ese día había otros nueve, dijo la policía.
Tanto Pollycarpus como la aerolínea proporcionaron la misma descripción de su misión. Viajaba a Singapur para confirmar con el personal técnico de la aerolínea en tierra que el Garuda Boeing 747 que dejó la ciudad-estado a fines de agosto había sido obligado a tirar su combustible y volver al aeropuerto de Singapur después de que el tren de aterrizaje del avión no pudiera ser replegado.
Pollycarpus informó más tarde a la aerolínea que había completado exitosamente su misión. Sin embargo, los detectives mencionaron declaraciones de testigos de que el piloto se marchó directamente a su hotel tras llegar a Singapur y luego abordó el vuelo de regreso a primera hora hacia Yakarta sin reunirse con nadie.
Confrontado con informes contradictorios, Setiawan dijo que su compañía no podía corroborar la versión del piloto de los acontecimientos porque Pollycarpus les dijo que no recordaba con quién se había reunido en Singapur.
Hanafi y otros miembros de su comisión especial han acusado a la aerolínea de guardarse información. Después de que la compañía suspendiera una reconstrucción del vuelo del mes pasado auspiciada por la policía, aduciendo que las tripulaciones estaban ocupadas, los miembros de la comisión acusaron a la aerolínea de obstrucción.
Medios de prensa indonesios han especulado sobre los posibles lazos entre Pollycarpus y la Agencia de Inteligencia Nacional. Informes publicados registraron su historia de visitas a áreas de conflicto separatista en momentos álgidos de operaciones militares indonesias.
El general de brigada Syamsir Siregar, el recién nombrado jefe de la agencia, dijo a la revista indonesia Tempo que él no tenía informaciones de que Pollycarpus fuera un agente u operativo de inteligencia.
El abogado del piloto, Suhardi Somomoeljono, dijo que Pollycarpus nunca trabajó para la agencia de inteligencia y había visitado áreas de conflicto para ayudar en trabajos humanitarios. El abogado negó que Pollycarpus estuviera implicado en la muerte de Munir y criticó a los investigadores por concentrar la pesquisa en su cliente. Dijo que el activista no había sido asesinado.
"Los doctores holandeses manipularon los resultados de la autopsia", dijo el abogado. "Creemos que estaba enfermo y esa es la razón de su muerte".
Yayu Yuniar contribuyó a este reportaje.
14 de marzo de 2005
17 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Yakarta, Indonesia. Munir Said Thalib, el conocido activista de derechos humanos de Indonesia, comenzó a sentirse mal poco después de que despegara su vuelo de una noche hacia Europa en septiembre. Después de una breve escala en Singapur, el dolor se hizo tan intenso que un doctor a bordo fue sacado de su sueño para que lo atendiera. En algún lugar sobre el cielo nocturno sobre Europa del Este, Munir murió unas horas después.Dos meses tras la muerte de Munir el 6 de septiembre, la autopsia en Holanda concluyó que había ingerido 465 miligramos de arsénico, más de tres veces la dosis fatal.
El hallazgo provocó una de las investigaciones criminales más celebradas de la historia indonesia, llevando al presidente Susilo Bambang Yudhoyono a crear una comisión especial para descubrir quién mató a Munir y determinar si había implicados de las fuerzas armadas, del servicio secreto o de la administración civil.
Agentes de policía informaron este mes que sospechan que el arsénico fue introducido en un vaso de jugo de naranja servido a Munir cuando fue invitado a sentarse en primera clase en el Vuelo 974 de Garuda Indonesia. Los funcionarios también dijeron que un empleado de la aerolínea estaba implicado.
"Hay fuertes indicios de que empleados de Garuda estuvieron directa o indirectamente implicados en la muerte de Munir", dijo el general de brigada Marsudhi Hanafi, presidente de la comisión especial. "Encontramos evidencias que muestran que empleados de Garuda conspiraron para encubrir el delito".
Indra Setiawan, presidente de la aerolínea estatal, dijo en una entrevista que su compañía ha colaborado plenamente con los detectives, aduciendo que si hubo deficiencias a la hora de proporcionar informaciones precisas, fue un error humano. "En Garuda estamos tratando de facilitar la investigación de la policía y del equipo de investigación, no importa adónde lleve", dijo.
Munir, 38, chico pero ancho, de ojos castaños y mostachos caídos, es recordado por la manera modesta, casi pidiendo disculpas, con que envolvía una temeraria determinación. Se dio a conocer como un prominente activista de derechos humanos en 1998 en los meses anteriores a la expulsión de Suharto, el dictador indonesio, formando un grupo para investigar la desaparición de activistas a manos de las fuerzas de seguridad. Luego se transformó en un abrasante crítico de los militares indonesios, en particular de los supuestos abusos en las regiones de Timor del Este, Aceh y Papua.
Además de ganar varios premios internacionales por sus esfuerzos, Munir llamó la atención de personeros norteamericanos. Durante una visita a Washington hace tres años, se reunió con funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores, el ministerio de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional, así como con funcionarios del Capitolio.
Pero sus viajes al extranjero habían sido siempre breves, hasta que decidió el año pasado inscribirse en un programa de maestría en la Universidad de Utrecht, Holanda. Había planeado completar el primer año, y luego llevar a su esposa y dos hijos mientras terminaba un doctorado en derecho internacional y derechos humanos.
Colegas recuerdan que Munir, usualmente reservado, se puso sentimental con la perspectiva de permanecer fuera de casa durante tanto tiempo, insistiendo en los días anteriores a su partida para que posaran juntos para fotografiarse. En el aeropuerto de Yakarta, se emocionó hasta las lágrimas al despedirse de su esposa, Suciwati, contó ella.
"Es la única vez que le vi llorar", dijo.
Munir ha vivido durante años con amenazas de muerte, dijeron sus colegas, incluyendo una serie de cartas, llamadas telefónicas y mensajes. Hace dos años arrojaron una pequeña bomba en el jardín de su casa en Yakarta.
"Sabía que estaba amenazado y que lo podían matar en cualquier parte, en la mañana o en la noche", dijo Usman Hamid, coordinador de Kontras, la organización de derechos humanos que fundó Munir. "Pero nunca imaginó que podría ser matado en un vuelo de Garuda".
Cuando Munir se preparaba para subir a bordo del vuelo a Amsterdam, se encontró con Pollycarpus Budihari Priyatno, un piloto de la aerolínea, que estaba libre. Pollycarpus lo invitó a trasladarse de la clase económica a primera, de acuerdo a detectives y a una entrevista con él.
Pollycarpus, que ha trabajado para la aerolínea durante 17 años, no ha sido mencionado como sospechoso por el gobierno y ha repetidas veces negado cualquier implicación en la muerte de Munir. Pero su presencia en el vuelo ha sido ampliamente mencionada en público por la policía, medios de comunicación y ejecutivos de Garuda.
La policía dijo que Munir ocupó la silla de Pollycarpus en la sección mientras el piloto se trasladaba a primera clase, antes de terminar su vuelo cuando paró en Singapur.
Pollycarpus dijo en una entrevista que fue coincidencia que él y Munir estuvieran en el mismo vuelo GA-974 a Singapur. Pollycarpus dijo que realizaba una misión especial para el jefe de seguridad de Garuda, que le había pedido que verificara informes de que un avión de pasajeros de Singapur habían tenido problemas mecánicos en agosto pasado.
"Por sentido del servicio y de cortesía, le ofrecí a Munir un asiento en primera clase", dijo Pollycarpus en una entrevista, que fue conseguida por su abogado.
Durante las horas siguientes, Munir fue varias veces a servicios, vomitando repetidas veces.
Un médico a bordo le puso a Munir varias inyecciones para sus dolencias, incluyendo un tranquilizante. Pensó que se había dormido. Pero cuando el doctor volvió a examinar a Munir tres horas antes de la llegada, su cuerpo estaba rígido y frío.
Dos meses más tarde, médicos forenses holandeses dieron a conocer los resultados de su autopsia y detectives indonesios empezaron a hacer preguntas sobre Pollycarpus.
Pollycarpus dijo que su compañía le había pedido específicamente que abordara el GA-974 el 6 de septiembre. "Estaba haciendo mi trabajo", dijo. "Pude haber ido en cualquier momento. En miles de fechas diferentes, no es un problema para mí".
Pero Setiawan, el presidente de la aerolínea, dijo que el piloto había decidido por sí mismo viajar ese día. Una secretaria de la aerolínea, entretanto, dijo a los detectives que Pollycarpus insistió en que se le diera un billete en ese vuelo, aunque ese día había otros nueve, dijo la policía.
Tanto Pollycarpus como la aerolínea proporcionaron la misma descripción de su misión. Viajaba a Singapur para confirmar con el personal técnico de la aerolínea en tierra que el Garuda Boeing 747 que dejó la ciudad-estado a fines de agosto había sido obligado a tirar su combustible y volver al aeropuerto de Singapur después de que el tren de aterrizaje del avión no pudiera ser replegado.
Pollycarpus informó más tarde a la aerolínea que había completado exitosamente su misión. Sin embargo, los detectives mencionaron declaraciones de testigos de que el piloto se marchó directamente a su hotel tras llegar a Singapur y luego abordó el vuelo de regreso a primera hora hacia Yakarta sin reunirse con nadie.
Confrontado con informes contradictorios, Setiawan dijo que su compañía no podía corroborar la versión del piloto de los acontecimientos porque Pollycarpus les dijo que no recordaba con quién se había reunido en Singapur.
Hanafi y otros miembros de su comisión especial han acusado a la aerolínea de guardarse información. Después de que la compañía suspendiera una reconstrucción del vuelo del mes pasado auspiciada por la policía, aduciendo que las tripulaciones estaban ocupadas, los miembros de la comisión acusaron a la aerolínea de obstrucción.
Medios de prensa indonesios han especulado sobre los posibles lazos entre Pollycarpus y la Agencia de Inteligencia Nacional. Informes publicados registraron su historia de visitas a áreas de conflicto separatista en momentos álgidos de operaciones militares indonesias.
El general de brigada Syamsir Siregar, el recién nombrado jefe de la agencia, dijo a la revista indonesia Tempo que él no tenía informaciones de que Pollycarpus fuera un agente u operativo de inteligencia.
El abogado del piloto, Suhardi Somomoeljono, dijo que Pollycarpus nunca trabajó para la agencia de inteligencia y había visitado áreas de conflicto para ayudar en trabajos humanitarios. El abogado negó que Pollycarpus estuviera implicado en la muerte de Munir y criticó a los investigadores por concentrar la pesquisa en su cliente. Dijo que el activista no había sido asesinado.
"Los doctores holandeses manipularon los resultados de la autopsia", dijo el abogado. "Creemos que estaba enfermo y esa es la razón de su muerte".
Yayu Yuniar contribuyó a este reportaje.
14 de marzo de 2005
17 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
¿qué tiene de malo la tortura?
[Jeff Jacoby] Hay cada vez más revelaciones sobre torturas y asesinatos en cárceles norteamericanas en Cuba, Iraq y Afganistán.
En agosto de 2003, cuando era comandante de la base militar en Bahía Guantánamo, el general de división Geoffrey Miller visitó Bagdad para dar algunos consejos a los interrogadores norteamericanos de la prisión de Abu Ghraib. Según recordó más tarde el general de brigada Janis Karpinski, el jefe de la policía militar en Iraq, el mensaje de Miller era claro: Abu Ghraib debía ser guantanomizada' -los detenidos iraquíes debían ser sometidos a los mismos métodos agresivos usados para extraer información de los prisioneros en Guantánamo.
"Tienes que ejercer control total", dijo Miller, según Karpinski. No puede haber "ninguna duda sobre quién manda aquí. Hay que tratar a los detenidos como si fueran perros".
Independientemente de si Miller dijo o no esas palabras, está claro que las duras técnicas autorizadas durante un tiempo en Guantánamo -prisioneros obligados a desnudarse, encapuchados, engrilletados en "posturas difíciles", el uso de perros-, fueron más tarde implementadas en Afganistán e Iraq, donde a veces degeneraron en violentas agresiones e incluso tortura. ¿Fue la orden de "tratar a los detenidos como si fueran perros" la que dio origen a la cultura de prisión que guiñó un ojo a la barbarie? ¿Debería Miller ser llamado a rendir cuentas por lo que pasó en Abu Ghraib?
El último informe del Pentágono sobre los maltratos a detenidos, presentado al Congreso la semana pasada, por el vice-almirante Albert Church III, no acusa a Miller ni a ningún otro oficial de alto rango. Concluye que mientras los detenidos en Iraq, Guantánamo y otros lugares fueron tratados brutalmente por interrogadores militares o de la CIA, no había una política formal que autorizara esos maltratos. (En ocasiones fueron incluso condenados -en diciembre de 2002, por ejemplo, oficiales de la Marina denunciaron los métodos de Guantánamo como "ilegales e indignas de las fuerzas armadas").
Pero, obviamente, Church debió responder en una audiencia del Congreso, ¿debe ser alguien considerado responsable de cientos de maltratos que incluso el gobierno ha confesado? "No en mis planes", replicó el almirante.
Así, nadie es responsable. Y se siguen dando a conocer nuevas revelaciones del horror.
Afganistán 2002: Un detenido en el Pozo de Sal' -una cárcel secreta, financiada por la CIA al norte de Kabul- fue desnudado completamente, empujado contra el suelo de concreto, luego encadenado en una celda y dejado a pasar la noche. En la mañana, había muerto congelado. De acuerdo al Washington Post, que entregó la historia a cuatro funcionarios de gobierno norteamericanos, el muerto fue enterrado en una tumba sin lápida, y su familia no fue nunca notificada. ¿Qué había hecho el afgano para merecer ese letal tratamiento? "Estaba probablemente asociado con gente que estaba asociada con Al Qaeda?", dijo un funcionario norteamericano al Post.
Iraq 2003: Manadel al-Jamadi, detenido después de un atentado terrorista en Bagdad, es llevado esposado a una ducha en Abu Ghraib. Los grilletes están conectados por sus muñecas a una ventana cerrada con barras, levantando los brazos dolorosamente detrás de su espalda -una posición tan poco natural, dijo más tarde el sargento Jeffrey Frost a los investigadores, que se sorprende que los brazos del hombre no hayan "despegado de sus axilas". Frost y otros guardias fueron llamados cuando un interrogador se quejó de que al-Jamadi no estaba colaborando. Lo encontraron desplomado, inmóvil. Cuando le quitaron las cadenas y trataron de poner de pie, la sangre chorreó de su boca. Tenía las costillas quebradas. Estaba muerto.
Luego está el uso por el gobierno de la "entrega extraordinaria", un eufemismo para enviar a los sospechosos de terrorismo para ser interrogados por otros países -incluyendo algunos donde no existe respeto por los derechos humanos y el interrogatorio puede incluir palizas, descargas eléctricas y otras torturas. La CIA dice que siempre se asegura de antemano que los prisioneros sean tratados humanamente. Pero, ¿qué valor tienen esas garantías cuando vienen de lugares como Siria y Arabia Saudí?
Por supuesto, Estados Unidos debe dar caza a los terroristas y descubrir qué saben. Una mejor inteligencia significa más vidas salvadas, más atrocidades impedidas, y una victoria más probable en la guerra contra el fascismo islámico radical. Esos son objetivos fundamentales, y justifican métodos duros. Pero no justifican el uso de métodos que traicionan valores estadounidenses claves. Los métodos de interrogatorio que coquetean con la tortura -para no decir nada sobre los que terminan con la muerte- cruzan la línea moral que nos separa del enemigo que estamos tratando de derrotar.
El gobierno de Bush y los militares insisten en que los maltratos a los detenidos son una violación de las políticas norteamericanas y que los transgresores están siendo castigados. Si es así, ¿por qué se niegan a permitir que una comisión verdaderamente independiente investigue sin temores ni favoritismos? ¿Por qué se niegan los líderes republicanos en el Capitolio a lanzar una investigación parlamentaria adecuada? ¿Y por qué continúan mis colegas conservadores -los que apoyan la guerra por todas sus justas razones- manteniendo el silencio sobre un escándalo que debería haberles llevado a tomar las armas?
Se puede escribir al autor a: jacoby@globe.com
17 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
En agosto de 2003, cuando era comandante de la base militar en Bahía Guantánamo, el general de división Geoffrey Miller visitó Bagdad para dar algunos consejos a los interrogadores norteamericanos de la prisión de Abu Ghraib. Según recordó más tarde el general de brigada Janis Karpinski, el jefe de la policía militar en Iraq, el mensaje de Miller era claro: Abu Ghraib debía ser guantanomizada' -los detenidos iraquíes debían ser sometidos a los mismos métodos agresivos usados para extraer información de los prisioneros en Guantánamo."Tienes que ejercer control total", dijo Miller, según Karpinski. No puede haber "ninguna duda sobre quién manda aquí. Hay que tratar a los detenidos como si fueran perros".
Independientemente de si Miller dijo o no esas palabras, está claro que las duras técnicas autorizadas durante un tiempo en Guantánamo -prisioneros obligados a desnudarse, encapuchados, engrilletados en "posturas difíciles", el uso de perros-, fueron más tarde implementadas en Afganistán e Iraq, donde a veces degeneraron en violentas agresiones e incluso tortura. ¿Fue la orden de "tratar a los detenidos como si fueran perros" la que dio origen a la cultura de prisión que guiñó un ojo a la barbarie? ¿Debería Miller ser llamado a rendir cuentas por lo que pasó en Abu Ghraib?
El último informe del Pentágono sobre los maltratos a detenidos, presentado al Congreso la semana pasada, por el vice-almirante Albert Church III, no acusa a Miller ni a ningún otro oficial de alto rango. Concluye que mientras los detenidos en Iraq, Guantánamo y otros lugares fueron tratados brutalmente por interrogadores militares o de la CIA, no había una política formal que autorizara esos maltratos. (En ocasiones fueron incluso condenados -en diciembre de 2002, por ejemplo, oficiales de la Marina denunciaron los métodos de Guantánamo como "ilegales e indignas de las fuerzas armadas").
Pero, obviamente, Church debió responder en una audiencia del Congreso, ¿debe ser alguien considerado responsable de cientos de maltratos que incluso el gobierno ha confesado? "No en mis planes", replicó el almirante.
Así, nadie es responsable. Y se siguen dando a conocer nuevas revelaciones del horror.
Afganistán 2002: Un detenido en el Pozo de Sal' -una cárcel secreta, financiada por la CIA al norte de Kabul- fue desnudado completamente, empujado contra el suelo de concreto, luego encadenado en una celda y dejado a pasar la noche. En la mañana, había muerto congelado. De acuerdo al Washington Post, que entregó la historia a cuatro funcionarios de gobierno norteamericanos, el muerto fue enterrado en una tumba sin lápida, y su familia no fue nunca notificada. ¿Qué había hecho el afgano para merecer ese letal tratamiento? "Estaba probablemente asociado con gente que estaba asociada con Al Qaeda?", dijo un funcionario norteamericano al Post.
Iraq 2003: Manadel al-Jamadi, detenido después de un atentado terrorista en Bagdad, es llevado esposado a una ducha en Abu Ghraib. Los grilletes están conectados por sus muñecas a una ventana cerrada con barras, levantando los brazos dolorosamente detrás de su espalda -una posición tan poco natural, dijo más tarde el sargento Jeffrey Frost a los investigadores, que se sorprende que los brazos del hombre no hayan "despegado de sus axilas". Frost y otros guardias fueron llamados cuando un interrogador se quejó de que al-Jamadi no estaba colaborando. Lo encontraron desplomado, inmóvil. Cuando le quitaron las cadenas y trataron de poner de pie, la sangre chorreó de su boca. Tenía las costillas quebradas. Estaba muerto.
Luego está el uso por el gobierno de la "entrega extraordinaria", un eufemismo para enviar a los sospechosos de terrorismo para ser interrogados por otros países -incluyendo algunos donde no existe respeto por los derechos humanos y el interrogatorio puede incluir palizas, descargas eléctricas y otras torturas. La CIA dice que siempre se asegura de antemano que los prisioneros sean tratados humanamente. Pero, ¿qué valor tienen esas garantías cuando vienen de lugares como Siria y Arabia Saudí?
Por supuesto, Estados Unidos debe dar caza a los terroristas y descubrir qué saben. Una mejor inteligencia significa más vidas salvadas, más atrocidades impedidas, y una victoria más probable en la guerra contra el fascismo islámico radical. Esos son objetivos fundamentales, y justifican métodos duros. Pero no justifican el uso de métodos que traicionan valores estadounidenses claves. Los métodos de interrogatorio que coquetean con la tortura -para no decir nada sobre los que terminan con la muerte- cruzan la línea moral que nos separa del enemigo que estamos tratando de derrotar.
El gobierno de Bush y los militares insisten en que los maltratos a los detenidos son una violación de las políticas norteamericanas y que los transgresores están siendo castigados. Si es así, ¿por qué se niegan a permitir que una comisión verdaderamente independiente investigue sin temores ni favoritismos? ¿Por qué se niegan los líderes republicanos en el Capitolio a lanzar una investigación parlamentaria adecuada? ¿Y por qué continúan mis colegas conservadores -los que apoyan la guerra por todas sus justas razones- manteniendo el silencio sobre un escándalo que debería haberles llevado a tomar las armas?
Se puede escribir al autor a: jacoby@globe.com
17 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
tortura por encargo
El presidente Bush declaró en su discurso sobre el Estado de la Unión: "La tortura no es nunca aceptable, ni entregamos gente a países que torturan". Considerando lo que salido a luz desde entonces, la conclusión más caritativa es que Bush está completamente despistado.
En las últimas semanas, funcionarios de la pasada y presente administración han confirmado que desde septiembre de 2001 la Agencia Central de Inteligencia CIA ha entregado entre 100 y 150 sospechosos de terrorismo a países donde los elegantes argumentos sobre la ley y los derechos humanos no impide que a los prisioneros se golpee, drogue o aísle por largos períodos.
Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la CIA ocasionalmente incurría en esta práctica indefendible conocida como "entrega extraordinaria". Pero después, Bush dio a la agencia mayores atribuciones para exportar a prisioneros en casos relacionados con terrorismo, que no habían sido juzgados o incluso acusados de algún delito. A pesar de su declaración en el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente aparentemente no ha revocado esas atribuciones.
La ley norteamericana y convenciones internacionales prohíben enviar a prisioneros a otro país a menos que haya serias garantías de que será tratado humanamente. La CIA dice, con cara de palo, que solicita esas garantías antes de entregar a los sospechosos a guardias en Egipto, Siria, Arabia Saudí, Jordania y Pakistán -países que tienen antecedentes en derechos humanos tan abismales que las promesas de un tratamiento decente son un chiste.
Bush ha argumentado que se necesitan nuevas y más duras reglas de combate para luchar contra los terroristas apátridas. Pero dejando la moralidad de lado, ¿qué datos de valor han obtenido funcionarios norteamericanos de los sospechosos que han sido despachados hacia mazmorras modernas? Un caso a propósito: En 2002, agentes federales detuvieron a Maher Arar, un ingeniero canadiense nacido en Siria, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York porque su nombre aparecía en una lista de vigilancia terrorista. Aunque Arar insistió en que no era un terrorista, Estados Unidos lo entregó a interrogadores sirios. Tras meses de pasar en un cuarto sin ventanas y de ser golpeado regularmente con gruesos cables eléctricos, dijo, confesó a todo lo que ellos querían para terminar con el tormento. Un año más tarde, Arar fue dejado en libertad sin cargos.
Este barbarismo explica por qué los jueces norteamericanos se han negado a condonar la detención indefinida de sospechosos de terrorismo. Sin embargo, los militares todavía detienen a unos 500 extranjeros en la base norteamericana de Bahía Guantánamo, en Cuba. La mayoría de ellos no han sido acusados formalmente y no tienen abogados, a menudo después de años de detención.
Dos ciudadanos norteamericanos han sido mantenidos en calabozos militares. La evidencia contra Yaser Esam Hamdi, nacido en Estados Unidos, era tan endeble que el año pasado los agentes federales lo enviaron a su familia en Arabia Saudí antes que presentar su caso ante un tribunal. La semana pasada, un juez federal ordenó al gobierno acusar formalmente al segundo, José Padilla, o dejarlo en libertad dentro de 45 días. Abogados del gobierno dicen que los interrogatorios proporcionaron un montón de datos sobre las actividades de Padilla, incluyendo sus relaciones con los cabecillas de Al Qaeda y sus planes para hacer volar rascacielos. El fiscal general Alberto R. Gonzales dijo esta semana que todavía podrían acusarlo. Pero debido a que las revelaciones de Padilla ocurrieron cuando estaba bajo custodia militar, sin acceso a un abogado, es dudoso que sus declaraciones sean admitidas por un tribunal.
Estos son sólo los problemas prácticos. El problema más acuciante con la guerra de Bush contra el terrorismo sigue siendo moral: Un país que se considera a sí mismo un faro de la libertad, pero es incapaz de practicar el respeto por la ley y los derechos humanos que predica ardientemente a otros.
11 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
En las últimas semanas, funcionarios de la pasada y presente administración han confirmado que desde septiembre de 2001 la Agencia Central de Inteligencia CIA ha entregado entre 100 y 150 sospechosos de terrorismo a países donde los elegantes argumentos sobre la ley y los derechos humanos no impide que a los prisioneros se golpee, drogue o aísle por largos períodos.Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la CIA ocasionalmente incurría en esta práctica indefendible conocida como "entrega extraordinaria". Pero después, Bush dio a la agencia mayores atribuciones para exportar a prisioneros en casos relacionados con terrorismo, que no habían sido juzgados o incluso acusados de algún delito. A pesar de su declaración en el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente aparentemente no ha revocado esas atribuciones.
La ley norteamericana y convenciones internacionales prohíben enviar a prisioneros a otro país a menos que haya serias garantías de que será tratado humanamente. La CIA dice, con cara de palo, que solicita esas garantías antes de entregar a los sospechosos a guardias en Egipto, Siria, Arabia Saudí, Jordania y Pakistán -países que tienen antecedentes en derechos humanos tan abismales que las promesas de un tratamiento decente son un chiste.
Bush ha argumentado que se necesitan nuevas y más duras reglas de combate para luchar contra los terroristas apátridas. Pero dejando la moralidad de lado, ¿qué datos de valor han obtenido funcionarios norteamericanos de los sospechosos que han sido despachados hacia mazmorras modernas? Un caso a propósito: En 2002, agentes federales detuvieron a Maher Arar, un ingeniero canadiense nacido en Siria, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York porque su nombre aparecía en una lista de vigilancia terrorista. Aunque Arar insistió en que no era un terrorista, Estados Unidos lo entregó a interrogadores sirios. Tras meses de pasar en un cuarto sin ventanas y de ser golpeado regularmente con gruesos cables eléctricos, dijo, confesó a todo lo que ellos querían para terminar con el tormento. Un año más tarde, Arar fue dejado en libertad sin cargos.
Este barbarismo explica por qué los jueces norteamericanos se han negado a condonar la detención indefinida de sospechosos de terrorismo. Sin embargo, los militares todavía detienen a unos 500 extranjeros en la base norteamericana de Bahía Guantánamo, en Cuba. La mayoría de ellos no han sido acusados formalmente y no tienen abogados, a menudo después de años de detención.
Dos ciudadanos norteamericanos han sido mantenidos en calabozos militares. La evidencia contra Yaser Esam Hamdi, nacido en Estados Unidos, era tan endeble que el año pasado los agentes federales lo enviaron a su familia en Arabia Saudí antes que presentar su caso ante un tribunal. La semana pasada, un juez federal ordenó al gobierno acusar formalmente al segundo, José Padilla, o dejarlo en libertad dentro de 45 días. Abogados del gobierno dicen que los interrogatorios proporcionaron un montón de datos sobre las actividades de Padilla, incluyendo sus relaciones con los cabecillas de Al Qaeda y sus planes para hacer volar rascacielos. El fiscal general Alberto R. Gonzales dijo esta semana que todavía podrían acusarlo. Pero debido a que las revelaciones de Padilla ocurrieron cuando estaba bajo custodia militar, sin acceso a un abogado, es dudoso que sus declaraciones sean admitidas por un tribunal.
Estos son sólo los problemas prácticos. El problema más acuciante con la guerra de Bush contra el terrorismo sigue siendo moral: Un país que se considera a sí mismo un faro de la libertad, pero es incapaz de practicar el respeto por la ley y los derechos humanos que predica ardientemente a otros.
11 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
ex ministro encontrado muerto
[Peter Finn] Se descubre aparente suicidio antes de ser interrogado sobre el asesinato de un periodista.
Moscú, Rusia. El ex ministro del Interior de Ucrania fue encontrado muerto el miércoles en la mañana en un aparente suicidio horas antes de que debiera reunirse con fiscales que investigan el asesinato en septiembre de 2000 de un reportero investigativo.
El asesinato al estilo mafioso del periodista Georgiy Gongadze, 31, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado en un bosque a unos 112 kilómetros de Kiev, provocó amplias críticas de que miembros del gobierno del presidente de entonces, Leonid Kuchma, estaban implicados.
El antiguo ministro Yuri Kravchenko, 53, fue descubierto en su casa con dos heridas de bala en la cabeza. La agencia de noticias Interfax, mencionando fuentes de seguridad, dijo que Kravchenko dejó una nota en la que acusaba a "Kuchman y en entorno" y dijo que quería proteger de "ataques" a su familia.
Altos personeros de gobierno, incluyendo a Kuchman, fueron implicados en el asesinato en 2000 cuando el líder del Partido Socialista, Oleksander Moroz hizo oír unas cintas en el parlamento que habían sido grabadas secretamente por un miembro el equipo de seguridad del presidente.
Los avances en el caso, que estuvo durmiente durante el gobierno de Kuchman, se aceleraron dramáticamente tras asumir el presidente Viktor Yushchenko en enero. Yushchenko dijo que solucionar el caso y llevar a los asesinos a justicia era una obligación moral y sería una de las primeras prioridades de su gobierno.
Yushchenko dijo el viernes a periodistas en el parlamento ucraniano: "Todos tienen una opción. O se presentan al tribunal y responden públicamente por sus derechos y honor, o hacen ellos mismos justicia". Dijo que el suicidio podía estar relacionado con la investigación de Gongadze.
En una declaración posterior, Yushchenko dijo que la investigación sobre la muerte de Kravchenko "debía realizarse de modo transparente y profesional y en completo acuerdo con la ley".
El miércoles, el fiscal general ucraniano Svyatoslav Piskun, anunció que las cuatro personas directamente implicadas en el secuestro y asesinato de Gondadze han sido identificados, todos ellos conectados al ministerio del Interior. Dijo que dos estaban detenidos y un tercero le había sido prohibido abandonar Kiev, la capital ucraniana. Una orden de captura internacional se ha emitido contra el cuarto sospechoso, Oleksiy Pukach, un importante funcionario policial que ha huido del país, dijo Piskun.
Piskun también dijo que los detectives habían identificado al cerebro en el asesinato de Gongadze, pero no identificó a esa persona.
El primer ministro Yulia Tymoshenko planteó preguntas sobre el suicido de Kravchenko, informó Interfax.
"Si realmente se suicidó, puede indicar que tenía miedo de aceptar responsabilidad por los desarrollos en tornos al asesinato de Gongadze", dijo. pero Tymoshenko también dijo que Kravchenko, que fue despedido por Kuchma en 2001, podría haber sido asesinado para impedir que otros fueran implicados en el caso de Gongadze. "Si no fue un suicidio, entonces fue un intento de ocultar la verdad sobre el asesinato", dijo Tymoshenko.
El diario Segodnya de Ucrania informó que Kravchenko había sido puesto bajo vigilancia oficial en diciembre y se le prohibió salir de Ucrania.
Algunos diputados dijeron que debió ser detenido una vez que el despacho del fiscal iniciara una nueva pesquisa tras la victoria de la presidencia de Yushchenko.
"La detención habría sido un modo de proteger a Kravchenko", dijo a la Associated Press Hryhoriy Omelchenko, un parlamentario que ha pedido activamente una amplia investigación. "Si hubiese sido detenido, estaría vivo".
Gongadze escribió sobre acusaciones de corrupción en el gobierno de Kuchman en un sitio de noticias de internet y aparentemente enfureció a funcionarios con sus reportajes.
La cinta grabada capta a Kuchman hablando con Kravchenko y diciendo que Gongadze debe ser "retirado y arrojado a los chechenos".
En otro fragmento, una voz similar a la de Kuchman ordena a sus subalternos a "ocuparse" de Gongadze. Y un ayudante de Kuchman dijo: "Dejemos que Kravchenko use métodos alternativos", de acuerdo a las cintas, que fueron más tarde autentificadas por un laboratorio privado de Estados Unidos, aunque el despacho del fiscal ucraniano los declarara falsos.
Piskun dijo el miércoles de Gongadze fue secuestrado en una calle de Kiev el 16 de septiembre de 2000, y más tarde estrangulado en la ciudad. Decapitado, rociado con gasolina y quemado, su cuerpo fue encontrado en noviembre en una zanja.
Algunos legisladores pidieron inmediatamente la detención de Kuchman, que debía volver el sábado a Ucrania después de pasar las vacaciones en un balneario de la República Checa.
"Debió haber sido protegido inmediatamente", dijo Stepan Khmara, un miembro pro-gobierno del parlamento.
"Ante Dios y ante el pueblo, tengo la conciencia clara", dijo Kuchman a periodistas en la República Checa. Ha negado estar implicado en el asesinato.
"Ahora surge la pregunta: ¿hay que proteger a Kuchma?", dijo Tymoshenko. "Si pide protección bajo las leyes ucranianas, será protegido".
El cuerpo de Gongadze ha permanecido en un mortuario de Kiev durante cuatro años y medio y Yushchenko dijo esta semana que era hora de sepultarlo.
5 de marzo de 2005
8 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Moscú, Rusia. El ex ministro del Interior de Ucrania fue encontrado muerto el miércoles en la mañana en un aparente suicidio horas antes de que debiera reunirse con fiscales que investigan el asesinato en septiembre de 2000 de un reportero investigativo.El asesinato al estilo mafioso del periodista Georgiy Gongadze, 31, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado en un bosque a unos 112 kilómetros de Kiev, provocó amplias críticas de que miembros del gobierno del presidente de entonces, Leonid Kuchma, estaban implicados.
El antiguo ministro Yuri Kravchenko, 53, fue descubierto en su casa con dos heridas de bala en la cabeza. La agencia de noticias Interfax, mencionando fuentes de seguridad, dijo que Kravchenko dejó una nota en la que acusaba a "Kuchman y en entorno" y dijo que quería proteger de "ataques" a su familia.
Altos personeros de gobierno, incluyendo a Kuchman, fueron implicados en el asesinato en 2000 cuando el líder del Partido Socialista, Oleksander Moroz hizo oír unas cintas en el parlamento que habían sido grabadas secretamente por un miembro el equipo de seguridad del presidente.
Los avances en el caso, que estuvo durmiente durante el gobierno de Kuchman, se aceleraron dramáticamente tras asumir el presidente Viktor Yushchenko en enero. Yushchenko dijo que solucionar el caso y llevar a los asesinos a justicia era una obligación moral y sería una de las primeras prioridades de su gobierno.
Yushchenko dijo el viernes a periodistas en el parlamento ucraniano: "Todos tienen una opción. O se presentan al tribunal y responden públicamente por sus derechos y honor, o hacen ellos mismos justicia". Dijo que el suicidio podía estar relacionado con la investigación de Gongadze.
En una declaración posterior, Yushchenko dijo que la investigación sobre la muerte de Kravchenko "debía realizarse de modo transparente y profesional y en completo acuerdo con la ley".
El miércoles, el fiscal general ucraniano Svyatoslav Piskun, anunció que las cuatro personas directamente implicadas en el secuestro y asesinato de Gondadze han sido identificados, todos ellos conectados al ministerio del Interior. Dijo que dos estaban detenidos y un tercero le había sido prohibido abandonar Kiev, la capital ucraniana. Una orden de captura internacional se ha emitido contra el cuarto sospechoso, Oleksiy Pukach, un importante funcionario policial que ha huido del país, dijo Piskun.
Piskun también dijo que los detectives habían identificado al cerebro en el asesinato de Gongadze, pero no identificó a esa persona.
El primer ministro Yulia Tymoshenko planteó preguntas sobre el suicido de Kravchenko, informó Interfax.
"Si realmente se suicidó, puede indicar que tenía miedo de aceptar responsabilidad por los desarrollos en tornos al asesinato de Gongadze", dijo. pero Tymoshenko también dijo que Kravchenko, que fue despedido por Kuchma en 2001, podría haber sido asesinado para impedir que otros fueran implicados en el caso de Gongadze. "Si no fue un suicidio, entonces fue un intento de ocultar la verdad sobre el asesinato", dijo Tymoshenko.
El diario Segodnya de Ucrania informó que Kravchenko había sido puesto bajo vigilancia oficial en diciembre y se le prohibió salir de Ucrania.
Algunos diputados dijeron que debió ser detenido una vez que el despacho del fiscal iniciara una nueva pesquisa tras la victoria de la presidencia de Yushchenko.
"La detención habría sido un modo de proteger a Kravchenko", dijo a la Associated Press Hryhoriy Omelchenko, un parlamentario que ha pedido activamente una amplia investigación. "Si hubiese sido detenido, estaría vivo".
Gongadze escribió sobre acusaciones de corrupción en el gobierno de Kuchman en un sitio de noticias de internet y aparentemente enfureció a funcionarios con sus reportajes.
La cinta grabada capta a Kuchman hablando con Kravchenko y diciendo que Gongadze debe ser "retirado y arrojado a los chechenos".
En otro fragmento, una voz similar a la de Kuchman ordena a sus subalternos a "ocuparse" de Gongadze. Y un ayudante de Kuchman dijo: "Dejemos que Kravchenko use métodos alternativos", de acuerdo a las cintas, que fueron más tarde autentificadas por un laboratorio privado de Estados Unidos, aunque el despacho del fiscal ucraniano los declarara falsos.
Piskun dijo el miércoles de Gongadze fue secuestrado en una calle de Kiev el 16 de septiembre de 2000, y más tarde estrangulado en la ciudad. Decapitado, rociado con gasolina y quemado, su cuerpo fue encontrado en noviembre en una zanja.
Algunos legisladores pidieron inmediatamente la detención de Kuchman, que debía volver el sábado a Ucrania después de pasar las vacaciones en un balneario de la República Checa.
"Debió haber sido protegido inmediatamente", dijo Stepan Khmara, un miembro pro-gobierno del parlamento.
"Ante Dios y ante el pueblo, tengo la conciencia clara", dijo Kuchman a periodistas en la República Checa. Ha negado estar implicado en el asesinato.
"Ahora surge la pregunta: ¿hay que proteger a Kuchma?", dijo Tymoshenko. "Si pide protección bajo las leyes ucranianas, será protegido".
El cuerpo de Gongadze ha permanecido en un mortuario de Kiev durante cuatro años y medio y Yushchenko dijo esta semana que era hora de sepultarlo.
5 de marzo de 2005
8 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh