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dudas sobre autopsia de muerte en reformatorio


[Carol Marbin Miller y Marc Caputo] El médico forense implicado en la autopsia de niño matado a golpes en reformatorio permitió que expirara su licencia y una vez firmó una autopsia llena de errores, diciendo que una mujer tenía genitales masculinos.
El doctor Charles Siebert, que entregó un polémico informe de autopsia sobre la muerte de un niño debido a causas relacionadas con el reformatorio donde estaba recluido, ha estado tres semanas sin su permiso médico y hace poco firmó dos informes de autopsia chapuceros -en uno de ellos mencionando a una madre como teniendo testículos "normales".
La licencia médica de Siebert expiró el 31 de enero, y está "en violación" de las leyes del estado si ha practicado la medicina después de esa fecha, dijo una portavoz del departamento de salud del estado, que no fue capaz de proporcionar más informaciones sobre el caso de Siebert debido al festivo Día de los Presidentes.
Siebert ha estado trabajando desde que Martin Lee Anderson, el niño de 14 que fuera golpeado el 6 de enero con rodillazos, ahogado y empujado contra el suelo por siete guardias del reformatorio Ciudad de Panamá. Causa de la muerte: rasgos de anemia, de acuerdo a un informe de autopsia dado a conocer la semana pasada por Siebert, que no pudo ser localizado el lunes.
El informe, criticado severamente por expertos sobre el extraño trastorno sanguíneo que afecta en general a los negros, indignó a la familia de Martin.
Pero no sorprendió a Frances Terry, 57, mientras miraba el video del incidente de Martin en el reformatorio en su televisor en la pequeña comunidad de Blountstown.

Lo Confundió Todo
"Es un pésimo doctor. Confundió la autopsia de mi hija y la de mi marido, y estoy segura de que ha estropeado la autopsia de ese pobre niño", dijo Terry el miércoles, sentada junto a la madre de Martin en las oficinas del abogado Benjamin Crump.
"Dijo que mi hija tenía testículos. ¡No los tenía! Yo la lavé desde el día que nació y, créame, no tenía testículos. Dijo que mi marido no tenía cicatrices. Pero él sí tenía. Tenía una cicatriz de siete pulgadas en su espalda, tan grande que hasta un ciego la podía ver".
Algunos expertos dijeron el lunes que esos errores son motivos de despido.
El marido e hija de Terry murieron en el violento tornado provocado por el huracán Iván el 15 de septiembre de 2004.
Terry dijo que su hija, Donna Reed, tenía 34 y había tenido un hijo mucho antes de que removiera sus ovarios y útero en una operación para detener el dolor que le causaba la endometriosis, un achaque de los órganos. Terry dijo que la vesícula biliar y el apéndice fueron también removidos -en otras operaciones.
Sin embargo, la autopsia firmada por Siebert el 29 de noviembre de 2004, observa los tres tatuajes profundos de Donna Reed, así como su apéndice "ligeramente bronceado", una vesícula biliar "no distendida", el "útero normal" y los "ovarios y trompas de Falopio son poco destacables".
Pero fue esta frase la que realmente golpeó a Frances Terry: "La glándula prostática y los testículos son normales".
También, su marido de 55, James Terry, tenía una cicatriz de siete pulgadas a lo largo de su columna y una cicatriz de cuatro pulgadas, también en la espalda. Terry, camionero, tuvo una operación a la espalda después de que cayera sobre él una carga de puntales de tejados. Pero su autopsia, firmada por Siebert, dice que Terry no tenía cicatrices.
Frances Terry se quejó sobre la autopsia de su hija ante Steve Meadows, el procurador de Ciudad de Panamá, del Circuito Judicial número 14 donde practica Siebert.
El lunes, Meadows reconoció, a través del sheriff Joe Grammer, que hubo una reunión y culpó del incidente a los "errores de transcripción". Grammer dijo que Siebert corrigió los errores en un informa revisado.

Confianza en Siebert
Grammer dijo que no podía confirmar los detalles específicos de las acusaciones que hizo Terry, pero que "probablemente podía confirmar que la mujer no tenía testículos". Dijo que decir eso era una "declaración correcta" , y que, aparte los "errores de transcripción’, el despacho del fiscal tenía confianza en el trabajo de Siebert.
Pero el doctor Joseph Davis, médico forense jubilado en Miami-Dade, dijo que las dudas no son fáciles de disipar. Dijo que aunque ocurrían errores, incluso errores normales en un informe de autopsia ponían en cuestión todo el informe.
En el pasado, dijo, algunos patólogos usaban "máquinas" o plantillas que permitían al médico forense simplemente rellanar los huecos.
"Yo no permitiría eso en mi oficina", dijo. "Si es verdad que dijo que una mujer tenía glándulas masculinas, eso no habla bien de él".
El antiguo médico forense del condado de Broward también se asombró de la magnitud de los errores.
"Ocurre, pero no tan a menudo", dijo el doctor Ron Wright. "Alguna gente hace ese tipo de cosas. Normalmente encuentran otro trabajo".

Despedí a un Tipo
Agregó: "Yo despedí a un tipo por una cosa así. He despedido a más de uno... Obviamente, esto se ve muy mal".
El abogado de la familia de Martin, Crump, no sólo cuestiona la capacidad e integridad de Siebert. Está preocupado de que Kristin Schmidt, la enfermera que estuvo presente durante la paliza y que en los veinte minutos que duró la golpiza de los guardias no prestó ayuda a Martin.
La madre de un preso en el reformatorio que presenció el incidente piensa hablar con la prensa hoy para contar que tiene miedo por la vida de su hijo. Shauna Manning dijo a Miami Herald que Schmidt se negó a creerla cuando le dijo que su hijo no podía realizar bien los ejercicios que se le exigían en el reformatorio debido a que tenía asma.
Manning dijo que Schmidt le dijo: "No le creo. Está simplemente tratando de causar compasión y eludir el programa. Eso es lo que hacen todos estos niños. Usan las cuestiones médicas para tratar de eludir el programa". Schmidt no pudo ser localizada el lunes, y en el pasado se ha negado a hacer comentarios.
Tras la muerte de Martin, el hijo de Manning fue trasladado a una instalación diferente para que termine de cumplir su condena por robo de morada.
La madre de Martin, Gina Jones, dijo que su hijo fue "asesinado" por robar el coche de su abuela. Dijo que la autopsia de Siebert de su hijo era parte de un "encubrimiento".
"Mi hijo murió debido a las patadas, puñetazos, llaves", dijo. "La nariz de mi hijo estaba hinchada, quebrada. El labio superior de mi hijo estaba cortado, la cara llena de arañazos... ¿Que no tenía magullones? ¿Que tenía anemia? Eso es mentira".
Aunque la autopsia de Martin fue realizada el 6 de enero, el día en que murió el adolescente, el informe de cuatro páginas no fue firmado por Siebert sino el 16 de febrero, dos semanas después de la expiración de su permiso, de acuerdo a los archivos del Departamento de Salud del estado. La portavoz del departamento de Salud, Thometta Cozart, confirmó que el permiso había expirado y dijo que "él no practicará la medicina en Florida".

Problemas Con el Permiso
El doctor Zachariah P. Zachariah, director de cardiología en el Hospital Holy Cross Hospital en Fort Lauderdale que fue miembro de la Comisión de Medicina de Florida durante ocho años, dijo que un doctor "no puede practicar la medicina desde el momento en que descubre que su licencia ha expirado; debe cesar y desistir hasta que renueve su permiso".
Mientras que los castigos posibles por practicar la medicina con un licencia expirada varía, Zacharia dijo que una cosa estaba clara: "Son motivos para tomar medidas disciplinarias".
Frances Terry dijo que tenía un castigo en mente: "Debería perder su licencia, y no volver nunca más a hacer nada parecido. Debería ser abofeteado en las dos mejillas por lo que ha hecho".

cmarbin@MiamiHerald.com

21 de febrero de 2006

©miami herald
©traducción mQh

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mataron y comieron a víctima


Asesinaron a otra persona con la que se habían emborrachado y comieron su carne junto a unas amigas a las que les dijeron que era carne de perro. No fueron condenadas porque la antropofagia no es delito para la ley rusa.
Moscú, Rusia. La Justicia rusa condenó a 13 y 20 años de prisión a dos hombres que, en octubre de 2004, asesinaron a una persona y luego comieron su carne junto a unas amigas a las que engañaron diciéndoles que era carne de perro.
Los dos acusados reconocieron el delito ante un tribunal de Petropavlosk-Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, y la pena más alta impuesta a uno de ellos obedeció a que ya tenía antecedentes penales.
Los hombres confesaron que asesinaron y descuartizaron a una persona con la que horas antes se habían emborrachado en un bar y que posteriormente comieron su carne en compañía de una amigas, a las que primero les dijeron que era de perro aunque más tarde les explicaron que era humana.
Las mujeres no fueron procesadas porque la antropofagia no figura entre los delitos contemplados en el código penal ruso.

27 de febrero de 2006

©clarín

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incertidumbre en corredor de la muerte


[Michelle O’Donnell] Dudas sobre si se mantendrá la pena de muerte en Nueva York. En el corredor de la muerte hay un solo condenado.

Antes, en el corredor de la muerte de Nueva York resonaban las voces cuando los condenados a muerte se comunicaban a gritos desde sus celdas para conversar. Ahora, la Unidad de Personas Condenadas de la Penitenciaría Clinton cerca de la frontera canadiense es mucho más tranquila: sólo hay un recluso.
Casi 20 meses después de que la Corte de Apelaciones del estado determinara que una disposición central de la ley sobre la pena de muerte de Nueva York era inconstitucional, sólo John B. Taylor todavía hace frente a la posibilidad de ser ejecutado.
En mayo de 2000, Taylor y un cómplice, Craig Godineaux, obligaron a siete trabajadores a marchar en fila india hacia un enorme congelador en un local de Wendy’s, Flushing, Queens. Ataron y amordazaron a los trabajadores, envolvieron sus cabezas en bolsas de basura y los obligaron a arrodillarse antes de dispararles a la cabeza. Sólo dos sobrevivieron.
Godineaux, que es retardado mental, se declaró en 2001 culpable de homicidio y está cumpliendo una pena de cadena perpetua a firme.
Aparte de la horrorosa naturaleza del crimen de Taylor, sería un inusual giro de su sentencia lo que podría suspender su ejecución, incluso cuando las sentencias de muerte de dos otros reclusos han sido revocadas -los dos estaban esperando la ejecución cuando se suspendió la pena de muerte.
El caso no es simplemente una lucha legal sobre el destino del convicto, sino la última batalla en una larga guerra sobre el castigo capital en Nueva York, y de un modo u otro, causará una impresión duradera sobre el legado del gobernador George E. Pataki, que fue elegido en 1994 con la promesa de restablecer la pena de muerte. Mientras sopesa su participación en las elecciones presidenciales de 2008, lo más probable es que termine su mandato el próximo año sin haber presenciado ni una sola ejecución.
Si la Corte de Apelaciones, el tribunal más alto del estado, mantiene la ejecución de Taylor, "dejaría la puerta abierta para que otros fiscales en Nueva York pidieran la pena de muerte", dijo Richard A. Brown, el fiscal del distrito de Queens, que procesó a Taylor, 41, y pidió la pena de muerte en su caso.
Si la corte revoca la sentencia de muerte, podría terminar efectivamente con los recientes intentos de restablecer la pena de muerte, un tema que ha perdido apoyo en la Legislatura desde que fuera aprobado en 1995.
La de Taylor no es el último caso del corredor de la muerte que ha recurrido, sino la más peliaguda. En junio de 2004, en el caso de Stephen LaValle -que fue sentenciado a muerte por la violación y homicidio de una maestra-, la Corte de Apelaciones determinó que las instrucciones en torno a la sentencia que debía dar un juez a los miembros del jurado en un caso de pena de muerte eran inconstitucionales debido a que podían coaccionar a jurados indecisos a votar por la pena de muerte.
La ley exige que un juez instruya a los jurados en que, si no deciden unánimemente entre una sentencia de muerte y una de cadena perpetua a firme, el juez tendría que imponer la sentencia que permita que el acusado pueda acceder a la libertad condicional después de 20 a 25 años. Eso, dijo la corte, podría llevar a los miembros del jurado a votar impropiamente por la pena de muerte por temor a que un impasse pudiera conducir a una eventual liberación de asesinos particularmente violentos.
Sin embargo, en el caso de Taylor, el juez, Steven W. Fisher de la Corte Suprema del estado, en Queens, anticipó los defectos de las instrucciones para la sentencia. Dijo al jurado que en la eventualidad de un impasse, él "casi con toda seguridad, impondría" sentencias consecutivas totalizando 175 años, y que Taylor no podría pedir la libertad condicional hasta que no cumpliera toda la sentencia".
Para el fiscal del distrito, Brown, las instrucciones del juez Fischer agregaron el elemento que la corte más tarde determinó que faltaba en el caso de LaValle, y dijo que su sentencia debía mantenerse. Para el principal abogado de Taylor, Kevin M. Doyle, el abogado jefe de la Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte de Nueva York, la ejecución debería ser revocada porque el estatuto bajo el cual fue sentenciado Taylor ha sido declarado inconstitucional.
El mes pasado, los abogados de Taylor en la subvencionada Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte, que no han perdido ni un solo cliente desde que abrieran en 1995, presentó una breve descripción de su caso. Entre otras cosas, escribieron que la instrucción del juez -"casi con toda seguridad"- no podía garantizar que el juez impondría, de hecho, la sentencia máxima en caso de impasse. "Casi con toda seguridad no es seguro", escribieron. "Casi siempre no es siempre".
Además de los alegatos legales, las maniobras políticas pueden influir en el resultado. Se espera que un proyecto de ley arreglando la instrucción defectuosa en el estatuto de la pena de muerte sea aprobado en el Senado, aunque un intento similar fue abortado en la Asamblea el año pasado. Y dos escaños en la Corte de Apelaciones deben ser ocupados en enero. Dependiendo de a quiénes nombre Pataki para ocuparlos, la corte se podría inclinar a favor del restablecimiento de la pena capital.
"Este caso podría tener una profunda significación debido a que la nueva corte podría usar este caso como un vehículo para revocar su primera decisión en cuanto a LaValle", dijo Robert Blecker, profesor de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y defensor de la pena de muerte.
Este mes, la Corte de Apelaciones se negó a aceptar una petición de los abogados de Taylor de acelerar el proceso de apelación. Los abogados habían pedido que la corte considerara solamente la llamada disposición de impasse, que fue la base de la invalidación de la corte de la pena de muerte. El rechazo de la moción fue comunicado el 15 de febrero en The New York Law Journal.
El escrito final en el caso no se verá sino a principio del próximo año, y para cuando se alegue el caso ante la Corte de Apelaciones, podría haber hasta tres nuevos jueces -mientras que el número de abogados en la Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte ha disminuido desde que la pena de muerte fuera suspendida y la oficina empezar a reducir su personal.
En septiembre, el período del juez George Bundy Smith, nombrado por Cuomo a la Corte de Apelaciones, que escribió una opinión mayoritaria en LaValle, estará llegando a su fin y no se sabe si su período será prolongado. El juez Albert M. Rosenblatt, nombrado por Pataki y que se unió a la mayoría en el caso LaValle, debe jubilarse en diciembre debido a restricciones de edad. Y en marzo de 2007, expira el período de la presidente del tribunal, Judith S. Kaye.
"Vamos a cambiar la mayoría, en septiembre, si todo sale bien", dijo el senador del estado, Dale M. Volker, un republicano del oeste de Nueva York, que es un importante defensor de la pena de muerte.
Una portavoz de Pataki se negó a hacer comentarios sobre la apelación de Taylor o sobre la política en torno.
"El gobernados parece navegar con los vientos prevalecientes", dijo Douglas Muzzio, profesor de ciencias políticas en el Instituto Baruch. "Es parte de la letargia del gobernador. Es elegido en torno a este tema, y luego, en cierto sentido, lo deja de lado, ya que los vientos políticos sobre la pena de muerte han cambiado".
El senador Volker dijo que cualquiera sea el resultado, mantener o revocar la sentencia de Taylor sería un triunfo para los defensores de la pena capital porque revocar su ejecución por un crimen tan horrendo provocaría una oleada de apoyo para restablecer la pena de muerte.
Los opositores a la pena de muerte, sin embargo, dice que la ejecución de Taylor daría más energía a los que dicen que es una creciente oposición a la pena de muerte en el estado.
"Me parece que si sentencias a alguien bajo una ley que inconstitucional, que entonces hay problemas con la sentencia", dijo David Kaczynski, un importante opositor de la pena capital y presidente de Neoyorquinos contra la Pena de Muerte, un grupo de derechos.
Aunque personalmente se opone a la pena capital, Brown, el principal fiscal de Taylor, ha dicho que la pedirá porque así era la ley en la época del juicio de Taylor.
Cuando era asesor del gobernador Hugh L. Carey, Brown redactó vetos para anteriores iniciativas legislativas para restablecer la pena de muerte. Su oficina está ahora bajo creciente presión de antiguos aliados y opositores de la pena de muerte para que abandone su intento de ejecutar a Taylor.
Mientras el destino de Taylor flota en el limbo, junto con la pena de muerte del estado, la prolongada incertidumbre continúa atormentando a los familiares de los que fueron asesinados en el Wendy’s en mayo de 2000. Dijeron que la muerte de Taylor les proporcionaría algún tipo de resolución de su tragedia.
"No creo que deba ser revocada; debería ser ejecutado", dijo Babbette Mele, cuyo hermano Jeremy Mele tenía 19 cuando fue asesinado en el Wendy’s. "Matar a toda esa gente tampoco era constitucional".

26 de febrero de 2006

©new york times
©traducción mQh

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homicidio de niño expone violencia oficial


[Marc Caputo] Un niño dice que presenció la golpiza de Martin Lee Anderson cuenta lo que vio y oyó en el campo correcional Ciudad de Panamá.
Los guardias gritando. Los puntos de presión. Los rodillazos. La tira impregnada de amoníaco con la que los guardias empujan la cara del niño de 14 con perneras de cuero, Martin Lee Anderson.
Aaron Swartz no puede olvidarlo. No porque vio todo lo que vio la otra gente -en un borroso video de los guardias y Martin antes de su muerte- sino porque Aaron estaba allá, en el Campamento Correccional del Condado de Bay, soportando el mismo violento tratamiento que todavía lo hacen estremecerse a kilómetros de distancia.
"A ese niño lo mataron. No lo ayudaron. Lo golpearon", dijo Aaron, también de 14, al Miami Herald en uno de los primeros testimonios oculares -y auditivos- de la deshumanizadora experiencia de vida en la cárcel de Ciudad de Panamá antes, durante y después de la llegada de Martin.
Como todos los niños que entran al Campamento Correccional de Bay, Aaron dijo que Martin perdió su nombre de pila. Desde el momento en que llegó, empezó a ser llamado ‘Delincuente Anderson’, tal como Aaron era ‘Delincuente Swartz’. En realidad, los nombres -y humillaciones y todo lo demás- se los gritaban los ‘sargentos’, que empujaban a los niños contras las paredes de cemento, les golpeaban violentamente las orejas con sus pulgares y los obligaban a responder con "¡Sí, señor!"
Y tal como el pelo de los otros niños, a Martin un burlon sargento le cortó agresivamente las trenzas. Y Martin se veía "asustado, como todos los demás", dijo Aaron.
Como lo cuenta Aaron, el tiempo en el campamento se medía en términos de miedo y dolor, en la cantidad de ejercicios forzados, en empujones contra la pared, puntos de presión, rodillazos y puñetazos a manos de sargentos que lo grababan todo en video. Cuando los niños iban a la cama, podían oír a los sargentos mirando los videos en un cuarto cercano, aplaudiendo sus mejores golpes, como si estuvieran mirando un espectáculo deportivo.
"Lo que le hicieron a él, se lo hacen a todos los demás, todos los días. Nunca antes vi que le pegaran a alguien tantas veces seguidas, pero es lo que pasa todos los días", dijo.
El tratamiento médico no era mucho mejor. Aaron dijo que el campamento es un lugar donde la enfermera, Kristin Schmidt, usaba más a menudo el término teatro cuando los niños decían que estaban enfermos o lesionados.
A pesar de sufrir de asma y de una infección pectoral, dijo Schmidt se negaba a darle otra cosa que Sudafed por más de un mes. Después de la muerte de Martin, un doctor que lo vio le recetó antibióticos.
La muerte de Martin está siendo investigada. No se han presentado cargos.un nuevo médico forense revisará la autopsia -y podría exhumar a Martin- para verificar si murió por un esfuerzo relacionado con un desorden sanguíneo, como afirmó el médico forense del condado de Bay. El sheriff Frank McKeithen dijo la semana pasada que cerrará pronto el campamento.

Acusaciones de Encubrimiento
Como la familia de Martin, Aaron piensa que hay un encubrimiento. Oyó a un guardia hablar repetidamente de "revisar" y cambiar un informe o informes, pero no sabe cuál. Dijo que hacia las seis de la tarde del 6 de enero, un psicólogo del campamento dijo a los niños que Martin había muerto de causas naturales -sólo dos horas después de que el doctor Charles Siebert terminara la autopsia.
Siebert dijo el sábado que nadie podía determinar la causa de muerte tan pronto, y más tarde pensó que la culpa la podría tener una anemia. Pero tenía que esperar los resultados del laboratorio.
"No tenía evidencias físicas de ningún trauma o lesión que pudiera haber causado o contribuido a su muerte, y por eso tenía que esperar otras evidencias para determinar la causa de su muerte", dijo Siebert en un e-mail de su controvertido informe de la autopsia, que la familia de Martin rechaza. Siebert dijo que él más tarde había revisado informes de los guardias diciendo que Martin había resistido. Siebert dijo que los informes indicaban que Martin estaba consciente y era capaz de responder verbalmente.
El despacho del sheriff del condado de Bay no comentará sobre el caso. El sargento no pudo ser localizado. La enfermera se negó a hacer comentarios.
Las leyes sobre archivos públicos prohíbe el acceso a archivos de delincuentes juveniles como Aaron. Fue condenado por robar en una tienda; Martin lo había sido por conducir sin autorización el auto de su abuela. La madre de Aron, Shuana Manning, habló en términos generales la semana pasada a la prensa sobre lo que vio su hijo. Entregó copias de cartas manuscritas que envió Aaron desde el campamento, firmadas "Delincuente Swartz".
Aaron habló con el Miami Herald durante más de una hora en casa de su madre en el área de Tallahassee durante un permiso de fin de semana el sábado, de un campamento Panhandle. Fue enviado allá tres semanas después de la muerte de Martin.
Aaron dijo que no ha visto el video con la paliza de Martin.
El video empieza con unos jóvenes corriendo en círculos, algo típico en un ‘día de ingreso’ cuando los sargentos les hacen correr rondas de 16 y hacer múltiples flexiones y sentadillas. Martin lo estaba haciendo bien, pero entonces tropezó, paró y cayó.
"Deberían haber sabido que no estaba simulando, porque era su última vuelta", dijo Aaron.
El sargento Steven Enfinger se fue directamente hacia Martin y "lo empujó contra la pared", dijo.
"Él es el más violento de todos, le gusta empujarte y pegarte. Todos vienen a trabajar, todos los días, y tratar de golpear a alguien. Nada más verlos ya sabes lo que quieren", dijo Aaron.
El sargento Lincoln McFadden se unió pronto a Enfinger, dijo Aaron, observando que los dos hombres le gritaban a Martin a la cara.
Pronto todos habían terminado sus ejercicios y tenían que sentarse por ahí cerca, mirando hacia el suelo. Aaron dijo que él desvió la vista ligeramente para mirar a Martin. Dijo que estaba demasiado lejos como para oír todo lo que Enfinger y McFadden estaban gritando, pero nunca oyó ninguna respuesta de Martin.
Esto es lo que oyó: "Punto 99 contra el Delincuente Anderson". Era McFadden y Enfinder informando en código por radio que habían aplicado a Martin un punto de presión detrás de la oreja. Después de sietes veces, Aaron dejó de contar. Dijo que miró y oyó el "rodillazo" contra Martin.
Un sargento que vigilaba a Aaron y los otros, rió: "El delincuente Anderson va a tener un día largo". Aaron dijo que varios guardias se acercaron y el cabo Joseph Walsh hizo tantos esfuerzos que empezó a sudar. Dijo que Enfinger golpeó a Martin repetidas veces en el brazo, lo que se ve en el video.
"Y apareció la enfermera, a mirar. Estaba parada allí", dijo. Pronto aplicó un lector electrónico de pulso a un dedo de Martin, que suena con cada pulso del corazón. "Sonaba bip-bip-bip-bip", dijo Aaron, rápidamente.

Repentina Preocupación
Finalmente, el tono de los gritos de los sargentos empezó a cambiar de enfado a preocupación, cuando Walsh dijo: "¡Traigan la bolsa roja!" La bolsa roja contiene tiras de amoníaco que los guardias rompen y aplican contra las narices de los prisioneros para reanimarlos para que hagan más ejercicios. Un DJJ* oficial dijo la semana pasada que usar amoníaco de esta manera no-médica estaba contra el reglamento. Aaron dijo que lo habían hecho una vez cuando estuvo a punto de desmayarse por los ejercicios. "Quema", dijo.
Pero el amoníaco no revivió a Martin. Y pronto escucharon las sirenas. Los niños fueron llevados dentro. Martin fue sacado del campamento apenas a horas de haber llegado.
A la noche siguiente, 15 horas después de que Martin fuera declarado muerto, Aaron dijo que una psicóloga llamada "señorita Miki" les dijo que "era completamente médico... Los atletas mueren todos los días, todo el tiempo, por razones médicas -que atletas sanos mueren y que morir no es anormal".
Dijo Aaron: "No creo que eso sea verdad. Incluso si fuera médico, cuando él se desmayó, deberían haberlo dejado tranquilo y darle ayuda médica inmediatamente. Creo que pudieron haberle salvado la vida. Pero en luar de eso siguieron presionándolo, empujándolo, golpeándolo y todo lo demás".

mcaputo@MiamiHerald.com

26 de febrero de 2006

©miami herald
©traducción mQh

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extraña el silencio de un popular jefe policial


[C. Buckley] Es raro que el primer policía de este condado, un hombre que se ha hecho una reputación por desmantelar laboratorios de anfetaminas y al que llaman ’Big Hurt’, se haya escondido, pero eso es exactamente lo que ha hecho el jefe policial, Frank McKeithen.
Ciudad de Panamá, Panamá. McKeithen es conocido en este pequeño condado costero como un policía temido aunque muy popular, un hombre que personalmente fustiga a los que violan la ley. Pero tras la golpiza y muerte de Martin Lee Anderson, de 14 años, en un campamento dirigido por su oficina, McKeithen ha hecho una curiosa retirada.
Cuando se dio a la publicidad la noticia de la muerte de Martin, que provocó un escándalo nacional y llevó a la clausura del campamento, McKeithen, de 53 años, ha estado prácticamente ausente de la vista del público. Ha rehusado toda entrevista, entre ellas una para esta historia, limitándose a dar partes de prensa y anuncios a través de una portavoz, Ruth Sasser.
Ella indicó que el jefe policial sólo seguía las regulaciones establecidas y que comentar sobre el caso pudiera poner en peligro la investigación del Departamento de Policía de Florida. A pesar de todo, el silencio de McKeithen sigue siendo insólito.
’’Creo que el sheriff hace mal en no dar la cara al público’’, opinó Richard Krauth, de 41 años, un trabajador postal que, como muchos otros, está siguiendo atentamente la controversia sobre el campamento juvenil del condado Bay, que está una hora al sur de Alabama, y es aledaño al condado de Gulf.
``Cuando la policía captura un laboratorio de anfetaminas, todo el mundo elogia el hecho y felicita a los policías. ¿Por qué ahora es un secreto quienes son esos empleados? ¿Por qué estamos escondiendo esto?’’
Para McKeithen es algo nuevo verse sometido a un escrutinio público tan severo e intenso. Es un hombre cuyos 30 años de trabajo en la policía del condado Bay le han ganado un profundo respeto tanto entre sus compañeros de trabajo como, incluso, entre sus detractores.
Cuando McKeithen se postuló para sheriff de Bay en el 2004 ganó fácilmente con el 78 por ciento de los votos. El gobernador Jeb Bush lo había nombrado sheriff de Bay un año antes, tras haber seleccionado a su predecesor, Guy Tunnell, para encabezar el Departamento de Policía de la Florida.
En aquel tiempo, McKeithen estaba en su noveno año como jefe de policía en el Condado Gulf, donde había sustituido a un sheriff que había caído en desgracia tras haber tenido relaciones sexuales con reclusas.
McKeithen se unió a la oficina del Departamento de Policía de Bay en 1974, siguió como jefe de sus investigaciones de narcóticos y, en 1993, fue nombrado Policía de la Florida del año. Empezó a ser conocido como ‘un policía de los policías’ que tenía el apoyo de la calle.
Los agentes intercambian historias de cómo McKeithen participa personalmente en la lucha contra el delito, algo insólito para un sheriff: de cómo llega a las escenas de los crímenes antes que los policías y de cómo desmantela personalmente laboratorios de metanfetaminas. En una ocasión, cuando estaba comprando juguetes para las festividades navideñas del departamento, detuvo personalmente a un carterista.
’’Es considerado como un policía agresivo y diligente’’, indicó Sam Slay, un antiguo jefe de policía que se postuló contra McKeithen en el 2004. ``En el Condado Bay, así es como la gente lo quiere’’.
A las pocas semanas de haber llegado a sheriff, McKeithen lanzó un gran asalto contra lo que decía era una verdadera epidemia de mentanfetaminas en el Condado Bay. Organizó un equipo especial para perseguir y desmantelar los laboratorios caseros, prender a los distribuidores y advertir a los jóvenes de los peligros de comprar drogas caseras.
Al principio, sus críticos lo acusaron de ser excesivamente celoso y de haber organizado su propia guerra contra las drogas por motivos políticos.
Abogados de oficio pensaron que muchos espectadores resultaban implicados en sus barridas, un sentimiento compartido por sus contricantes en las elecciones del condado Bay, donde le nombraron ‘Big Hurt’.
’’Tiene esa presencia formidable. Sus tácticas son agresivas. Nos peleábamos como perros y gatos en los tribunales’’, comentó Janice Scheffer, una abogada de oficio en Port St. Joe.
Georgette Beller, una abogada de oficio en Panama City, manifestó que pese al fervor de McKeithen, siempre había sido razonable con quienes usaban metanfetaminas por primera vez.
’’Todo el mundo piensa bien de él’’, comentó Beller. ``Yo no tengo quejas’’.
Tras su nombramiento, McKeithen se ganó la confianza del Condado Bay. Donde Tunnell había sido acusado de racismo, McKeithen promovió policías negros a tenientes y sargentos, algo nuevo en el departamento.
Cuando los narcotraficantes acusaron a un agente de embolsarse parte de su dinero, McKeithen investigó y demostró que los traficantes tenían razón. El agente fue despedido y acusado de robo de mayor cuantía.
McKeithen también respaldó a tres agentes implicados en un tiroteo en una cárcel en el 2004 en el que resultaron heridos dos reclusos y un rehén: los policías fueron posteriormente exonerados por una junta revisora del Departamento de Policía y por la FDLE.
Tras la muerte de Martin y la posterior controversia sobre el campamento, los residentes del condado Bay han tenido ásperos debates sobre quién debe ser considerado responsable.
Los críticos de McKeithen cuestionaron cómo podía ser que no supiera de los potenciales abusos. Habían existido anteriores alegaciones de abusos en el campamento, pero habían sido investigadas y descartadas.

Marc Caputo contribuyó a este reportaje.

©miami herald

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cierran reformatorio juvenil de Panama City


[Carol Marbin Miller] Seis semanas después de la muerte de un adolescente que fue abusado por guardias en un reformatorio de Panama City, y mientras las preguntas continúan girando alrededor de los reformatorios estilo militar de la Florida, el alguacil del Condado Bay anunció hoy que estaba clausurando su controversial reformatorio.
El alguacil, Frank McKeithen, informó formalmente el martes a los funcionarios de justicia juvenil del estado, que estaba cerrando el campamento que opera bajo contrato con el estado.
En una carta corta, de tres párrafos al secretario del Departamento de Justicia Juvenil, Anthony J. Schembri, McKeithen defendió su reformatorio, que ha estado bajo duras críticas desde el 6 de enero, cuando Martin Lee Anderson, de 14 años, murió horas después de un altercado de 20 minutos con unos siete u ocho guardias.
McKeithen dijo en su carta a Schembri que el "concepto [del reformatorio] es una buena idea’’.
"Creo que este programa ha tenido algunos resultados muy positivos en algunos jóvenes adultos que lo han atravesado y yo personalmente he visto y escuchado muchas de esas historias de éxitos’’, escribió McKeithen.
Pero agregó: "Creo que la integridad del reformatorio de Bay County ha sido afectada, dejando la eficacia del programa virtualmente paralizada’’.
El alguacil agregó que tiene otra idea para otro lugar para los jóvenes.
"Como nuestros jóvenes en el Condado de Bay son de gran importancia, esperamos instituir pronto un nuevo y recién diseñado programa en el que hemos estado trabajando por varios meses’’, dijo su carta.

26 de febrero de 2006

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elegante gángster con doble vida


[Kati Cornell Smith] El difunto capo de la familia Gambino, ‘Dapper Don’ Gotti, llevaba una asombrosas vida doble -y fue padre de dos hijas ilegítimas con dos diferentes amigas, de acuerdo a fuentes y a una sorprendente declaración ayer de un desertor de la mafia.
Pocos sabían de la doble vida de Gotti, pero el infame padrino de la mafia confió a su hijo John ‘Junior’ Gotti la existencia de una de sus hijas ilegítimas, de acuerdo al testigo de la fiscalía Michael ‘Mikey Scars’ DiLeonardo.
Recordando una conversación con su ex amigo, DiLeonardo dijo que el joven Gotti le contó que "su padre tenía una segunda familia, en secreto, y una hija que había tenido fuera del matrimonio".
Una fuente cercana al caso dijo que el viejo Gotti guardaba más de un esqueleto en armario: tenía una segunda hija ilegítima con otra amiga.
Dos fuentes dijeron que al menos una de las familias extramaritales de Gotti todavía vive en Staten Island.
DiLeonardo decaró que el joven Gotti, padre de cinco y con un sexto hijo en camino, admiraba e imitaba a su infame padre, y siguió sus huellas como capo de la mafia, y como mujeriego.
Las asombrosas revelaciones surgieron al tercer día de las declaraciones de DiLeonardo contra el joven Gotti -el ex amigo íntimo del testigo- que está siendo procesado por delitos de extorsión que cometió cuando su infame padre estaba tras las rejas.
Aunque este es un nuevo juicio, ninguno de los coqueteos habían sido mencionados por testigos anteriores.
La viuda del padrino de la mafia, Victoria Gotti, y la hija Angel, reaccionaron audiblemente en sus sillas en el tribunal federal de Manhattan ayer cuando el tránsfuga hizo sus sorprendentes revelaciones.
"Vaya, vaya", exclamó Angel, que es una de los cuatro hijos sobrevivientes que fueron criados por John y Victoria Gotti en Howard Beach, Queens.
El joven Gotti también se quedó boquiabierto en la mesa de la defensa ayer cuando DiLeonardo describió como él y Junior llevaron amigas a la fiesta de cumpleaños número 40 del testigo hace diez años.
"John para sorprenderme, se consiguió un yate en Battery Park City", declaró DiLeonardo.
DiLeonardo, que también estaba casado en esa época, dijo que una mujer llamada Carla fue su acompañante.
"John había estado saliendo con una amiga llamada Mindy... que conocía de Howard Beach", dijo DiLeonardo.
Para entonces, Gotti, 42, llevaba cinco o seis años de casado.

Interrogado por el fiscal del estado Michael McGovern sobre si la esposa de Gotti, Kim, conocía a la mujer, DiLeonardo dijo: "Kim conocía a Mindy. John me dijo que se habían criado juntas".
Pero DiLeonardo dijo que Kim -que vive hoy en una mansión en Oyster Bay, Long Island, con su marido e hijos- no sabía que su marido tenía una relación con su amiga.
Fuera del tribunal, Victoria Gotti maldijo a los federales por estar golpeando por debajo del cinturón.
"Es la sucia política de siempre. No es nada que no hubiésemos esperado", dijo.
Reaccionando ante las acusaciones sobre la vida secreta de su difunto marido, Victoria dijo: "John Gotti era el hombre más vigilado del país.
"¿Cómo crees que pudo haberlo hecho?"
La viuda entonces propuso sarcásticamente un encuentro entre los hijos legítimos e ilegítimos.
"Quizás los hermanos tengan la plata de la que habla el gobierno. Me gustaría que mis hijos les conocieran", dijo Victoria.
Gotti dijo a periodistas fuera del tribunal que no ha había visto a Mindy desde hace 20 años, cuando estaba saliendo con su esposa, con la que no se había casado todavía.
"Sólo está recordando nombres de los años ochenta", dijo Gotti.
McGovern fue autorizado a interrogar al testigo sobre las supuestas transgresiones de Gotti después de que el abogado Charles Carnesi abriera la puerta durante el interrogatorio cruzado del jueves.
Carnesi había preguntado al testigo si él y Gotti tuvieron una pelea en 1997 debido a que Gotti desaprobaba sus aventuras -una acusación que el tránsfuga negó.
La defensa de Gotti depende de la afirmación de que el se retiró de la mafia en 1998 para convertirse en un marido y padre dedicado -y nada quiere más que empezar de nuevo con su mujer e hijos.
En el interrogatorio cruzado el jueves, Carnesi preguntó a DiLeonardo: "¿Nunca tuvo una conversación con Gotti antes de 1997 en relación con lo que usted hacía en la calle -en relación con sus relaciones con otras mujeres?"
"Nunca. Estaba conmigo todo el tiempo", dijo DiLeonardo, que dice que su pelea con Gotti fue por negocios.
En una declaración anterior, DiLeonardo admitió que había comenzado en secreto una segunda familia en 2000, después de años de engañar a su primera esposa, Toni Marie, con la que tuvo un hijo, Michael.
El testigo dijo que él tomó una decisión consciente al dejar embarazada a su amiga Madeline, y les compró a ella y su madre casas apareadas a doce kilómetros de la casa de su esposa en Staten Island.
La doble vida quedó al descubierto en 2000, cuando la esposa de DiLeonardo recibió un tarjeta anónima anunciando el nacimiento del hijo de DiLeonardo con su amiga.
Después DiLeonardo se divorció de su mujer y se casó con Madeline.
Ahora los dos viven juntos, con su hijo Anthony, en un programa de protección de testigos.
Durante el interrogatorio cruzado DiLeonardo describió su amargura cuando fue enviado a la cárcel y se enteró de que lo habían dejado caer.
Eso significó que ya no estaba incluido en la toma de decisiones, ya no podía hacer dinero para su equipo y no gozaba del respeto en la cárcel que se debe normalmente a un ‘sabelotodo’.
"Sentí que ninguna cosa buena queda sin castigo", dijo.
"Me aturdió que me dejaran caer. Me enfadó".
Entretanto, Victoria también amenazó con demandar a cualquiera que diera que la familia Gotti está tratando de manipular al jurado.
El lunes un agente del tribunal le pidió a una mujer que saliera de la sala del tribunal después de que observara en sus notas escritas que describía a uno de los miembros del jurado como calvo y en sus cincuenta.
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos dijo que estaba investigando el asunto.
Pero la familia Gotti identificó a la mujer como Raquel, la amiga íntima de Angel Gotti, hermana de Junior -y dijo que estaba tomando las notas debido a que es médium.
Dijeron que la mujer predijo correctamente el resultado del juicio anterior.
Victoria Gotti se mostró indignada de que estaba tratando de interferir con el jurado.
"Voy a demandar a cualquiera que diga esas cosas sobre mi familia", dijo.

kati.smith@nypost.com

25 de febrero de 2006

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cárcel por matar a gatito


[Brendan McCarthy] Le dio una patada después de pillarlo arañando su caravana.
Un jurado del condado de Cook deliberó durante casi tres horas el jueves antes de declarar culpable a un hombre de Des Plaines por el delito de matar a patadas a un gatito.
Los miembros del jurado encontraron a William Buske, 34, culpable de crueldad criminal con agravantes hacia un animal, un delito punible con uno a tres años de prisión. Los jurados pudieron haberlo condenado por crueldad animal, que es un delito menor.
En agosto, Buske arrojó a Orangie, un gatito de nueve semanas, contra el suelo y lo lanzó de una patada a unos cinco metros de distancia, después de que lo pillara arañando el porche en el Parque de Caravanas Oasis.
Al salir del tribunal, Buske dijo solamente que estaba un "poco sorprendido" por la sentencia.
El jurado de cinco hombres y siete mujeres estaba visiblemente conmovido cuando se leyó el veredicto. Dos de las mujeres lloraron, llevándose los pañuelos a los ojos mientras se contaban los votos del jurado.
El defensor público Joseph Gump dijo que nunca había presenciado un jurado tan conmovido.
"Estoy bastante sorprendido. Es divertido, tratándose de un juicio sobre animales", dijo Gump.
Dijo que cree que Buske no tenía la intención de matar al gatito.
Michael Andre, fiscal del estado interino, dijo: "Estamos muy satisfechos con el veredicto del jurado".
Los abogados presentaron dos retratos extraordinariamente contrastados de Buske durante el juicio de dos días, que Gump lo describió como "un caso realmente bizarro".
Gump dijo que Buske era un "ciudadano respetuoso de la ley" que estaba trabajando en la reparación de su caravana en un parque de caravanas que ha sido invadido por gatos asilvestrados.
"El parque es como una camada de cachorros gigante", dijo Gump al concluir sus alegatos. "Estaban destruyendo su propiedad, y él no podía hacer nada".
Buske declaró que el gatito estaba arañando su piso y que lo arrojó al suelo cuando el gatito lo mordió.
"El gato me mordió cerca de mi ombligo. Sentí como si me clavaran dos pequeñas agujas", dijo. "Lo dejé caer y lo aparte con mi pie. Reaccioné enojado. Pero fue una décima de segundo. Incluso yo me sorprendí con lo que había ocurrido... Sólo quería alejarlo de mí".
Pero Andre alegó que las acciones de Buske fueron crueles y bárbaras.
"Esto no fue como, ‘oh, ay, dejé caer al gatito y lo eché a un lado’", dijo Andre. Sus acciones fueron intencionadas, horrorosas y malignas.
"No le gustan los gatos. Él salió a por Orangie, para castigarlo".
El jueves un testigo de la defensa, Guy Johansen, supervisor de campo del departamento de Control Animal del condado de Cook, dijo que él retiraba normalmente del parque de caravanas unos 400 a 500 gatos al año.

bmccarthy@tribune.com

24 de febrero de 2006

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desenmascaran a ladrones de cadáveres


[Rich Calder y Andy Geller] En tres años de operaciones, la banda despojó de sus huesos a más de mil cadáveres, para venderlos a hospitales y firmas de tejidos.
Cuatro ladrones de cadáveres formaban una multimillonaria banda de venta de partes de cuerpos, interviniendo los cadáveres en una sala de operaciones quirúrgicas secreta y limpia donde removían los huesos, tendones y válvulas del corazón, revelaron ayer las autoridades.
Una vez terminaba la macabra tarea, los ladrones de cadáveres remplazaban los huesos con tubos de plástico, metían sus guantes y delantales monstruosamente en los cuerpos profanados y los cosían, dijeron las autoridades.
Durante casi cuatro año los hombres retiraron partes de cuerpos de 1077 cadáveres, pero sólo una vez con permiso de los familiares. En todos los otros casos, falsificaron los formularios de consentimiento, dijeron fiscales.
Las partes robadas eran vendidas a compañías de transplantes de tejidos para ser usadas en piezas de recambio para espalda y caderas, operaciones de rodillas e implantes dentales en todo el mundo. La banda ganaba millones, ya que cobraba siete mil o más dólares por parte de cuerpo.
Los fiscales de Brooklyn contaron los detalles de esta macabra trama al anunciar la detención de Michael Mastromarino, 44, el dueño de una clausurada firma biomédica de Nueva Jersey; Joseph Nicelli, 49, dueño de una funeraria de Brooklyn; y dos otros hombres.
Los cuatro han sido acusados de un total de 122 cargos, incluyendo corrupción empresarial, el equivalente en el estado del cargo de crimen organizado. Si son declarados culpables, enfrentarán penas de hasta 25 años tras las rejas.
El fiscal de distrito interino Michael Vecchione dijo que los cuerpos no eran tratados adecuadamente y habían expuesto a innumerables pacientes a enfermedades infecciosas -incluyendo el SIDA- y al cáncer.
"Lo que tenemos entre manos es nada menos que un caso de terrorismo médico", declaró.
El fiscal del distrito de Brooklyn, Charles Hynes, dijo: "Lo que pasó aquí es como una película de horror barata. Este caso es único en cuanto a la falta de respeto por la dignidad humana".
Parientes de las víctimas se mostraron todavía más indignados.
Una de las víctimas de la banda fue Thomas Anthony Dumaine, 79, que murió de cáncer a la vejiga en 2003.
"Las palabras no sirven para describir esta experiencia", dijo su hijo Anthony Dumaine, de Brooklyn.
"Es desolador. Yo quedé destrozado. No puede creer que la gente pueda rebajarse a robar a este nivel".
Michael Bruno, 75, de Brooklyn, murió en 2004, de cáncer; los fiscales dijeron que el acta de defunción falsificada decía que había muerto de un infarto.
"Este es probablemente el delito más atroz que hemos visto en los últimos cien años", dijo su hijo Vito.
La vil trama fue descubierta el 15 de noviembre de 2004 cuando el nuevo propietario de la Funeraria Daniel George, de Bensonhurst, entró a la comisaría 62 a quejarse de que Nicelli, el propietario anterior, se había fugado con los fondos de un funeral.
La detective Patricia O’Brien se ocupó del caso y descubrió "una historia de horror que sacudirá hasta sus cimientos a la industria funeraria", dijo el comisario de policía Ray Kelly.
Al visitar la funeraria, O’Brien subió al segundo piso, donde encontró un cuarto secreto equipado para intervenciones quirúrgicas mayores antes que para preparar los cadáveres para su sepultura.
"Allá, en el segundo piso, había prácticamente toda una sala de operaciones completa, con los focos grandes y brillantes que son típicos de las salas de operaciones de los hospitales", dijo Kelly.
Indagando más, O’Brien se enteró que cuando llegaban los cadáveres a la funeraria, eran trasladados a la sala de embalsamiento del primer piso.
Desde ahí, un elevador mecánico los llevaba a la sala de operaciones, que estaba bien mantenida y limpia y cuya existencia era desconocida para la mayoría de los otros empleados de la funeraria.
También era un secreto que después de que Nicelli vendiera la funeraria, los cuatro se quedaron con las llaves y continuaron robando cadáveres en las noches.
Durante su visita, O’Brien descubrió recibos de FedEx con nombres de compañías de las que nunca había oído hablar.
De vuelta en la comisaría, O’Brien tipeó los hombres en el motor de búsquedas de Google y descubrió que todas tenían que ver con transplantes de tejidos.
También se dio cuenta de que necesitaría ayuda para resolver el caso, así que llamó a la Brigada de Casos Graves del Departamento de Policía de Nueva York.
La investigación que siguió dejó al descubierto un escándalo en el que estaban implicadas al menos 17 funerarias -cinco en la Gran Manzana, ocho en Rochester, una en Filadelfia y una en Newark, Elizabeth y Belleville, Nueva Jersey.

Las funerarias tenían contratos de embalsamiento con Nicelli.
Los cuerpos eran llevados a su funeraria en Bensonhurst, donde Mastromarino retiraba los huesos y otras partes de los cuerpos
después de que los otros dos acusados -Lee Crucetta y Christopher Aldorasi- los abrieran, dijeron las autoridades.
Luego, los cuerpos eran cosidos y enviados de vuelta.
Los cuatro falsificaban las actas de defunción y los formularios de consentimiento para hacer aparecer el trabajo como legal y ocultaban el hecho de que algunos cadáveres eran demasiado viejos o enfermos como para ser utilizados con seguridad.
For ejemplo, el presentador de ‘Masterpiece Theatre’, Alistair Cooke, murió de cáncer a los 95, en marzo de 2004, pero el acta de defunción decía que había muerto a los 85, de un infarto.
"Imagine a los receptores de huesos y tejidos enfermos. ¿Qué haría un paciente con implantes enfermos?", preguntó su hija, Susan Cooke Kittredge.
Una vez que O’Brien llamó a la Brigada de Casos Graves, el sargento Timothy Breene y el detective Paul Courtney fueron asignados para ayudarla.
Cuando empezaron a entrevistar a los familiares de las 1077 víctimas, se enteraron de que los ladrones de cadáveres habían contado con permiso en sólo un caso.
"De hecho, a los detectives se les dijo repetidas veces que sus familiares no podrían haber autorizado las donaciones porque eran demasiado viejos o tenían enfermedades que los excluían de esa posibilidad", dijo Kelly.
Los sabuesos siguieron pistas hasta Rochester, Nueva Jersey, Vermont, Florida y Hawai.
Encontraron consistentemente que los muertos eran declarados más jóvenes y más sanos en los documentos alterados.
Por ejemplo, un hombre que murió a los 104 fue declarado de setenta.
"Me quedé pasmado con la enormidad de la operación", dijo O’Brien, que fue ascendida a la Brigada de Casos Graves por su trabajo.
Finalmente, se exhumaron seis cuerpos y los detectives presenciaron de primera mano "la inexpresable profanación de los cuerpos", dijo Kelly.
En una rueda de prensa en Brooklyn, las autoridades mostraron espeluznantes fotografías de los cuerpos exhumados.
Hynes dijo que las fotos demostraban que los acusados sacaban los huesos y los remplazaban con tubos de plástico -usados normalmente por los fontaneros- para ocultar el robo.
Los fiscales dijeron que la banda operó del 1 de enero de 2002 al 31 de octubre de 2005.
Mastromarino se metió al negocio de los tejidos, fundando los Servicios de Tejidos Biomédicos en Fort Lee, Nueva Jersey, después de perder su permiso de odontólogo.
Formó equipo con Nicelli, que era dueño de una compañía que trasladaba cadáveres a las funerarias y era notificado cuando había muertes.
Mastromarino y Nicelli pagaban a los directores de las funerarias hasta mil dólares por cuerpo, enmascarando los pagos como tarifas por servicios.
El abogado de Mastromarino negó la culpabilidad de su defendido. Los cuatro acusados se declararon inocentes.
El juez de la Corte Suprema de Brooklyn, John Walsh, fijó la fianza de Mastromarino en 1.5 millones de dólares, la de Nicelli en 250 mil dólares y las de Crucetta y Aldorasi en 500 mil dólares cada uno.
Los cuatro han sido demandados por la familia Bruno y la familia de Danette Kogut, 43, que murió en 2003 por un cáncer de ovarios.
El acta de defunción decía que había muerto de traumas múltiples, basándose en informaciones que proporcionó su abuelo. Pero su hermana Wendy dijo que el abuelo había muerto hacía 30 años.
El 3 de febrero la Administración de Drogas y Alimentos [Food and Drug Administration] clausuró la firma Servicios de Tejidos Biomédicos, diciendo que los pesquisadores habían encontrado evidencias de que la firma no trataba adecuadamente los tejidos contaminados.
La agencia dijo también que las actas de defunción en los archivos de la compañía no correspondían con las del estado.
A la hija de Cooke le dijeron que los huesos de su padre no habían sido donados a otros pacientes.
"La pregunta ahora es: ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Qué lo que permitió que ocurriera? Tenemos que descubrir qué salió mal. Es un delito horroroso", dijo.
"Tenemos que aprobar leyes o reglamentos que impidan que esto vuelva a ocurrir".
Un bizarro giro de los acontecimientos involucró a Patricia Battisti, 41, de Franklin Square, Long Island, que recibió un implante óseos en el Servicio de Salud Judío, de Long Islands, en 2005. El hueso venía de Servicios de Tejidos Biomédicos, y Battisti, que contrajo sífilis debido al implante, demandó al hospital.
Un segundo test no dio positivo en cuanto a la sífilis y ayer el hospital inició acciones legales contra ella, acusándola de "entablar un litigio de manera frívola".

rich.calder@nypost.com

Liam Houlihan, Stefanie Cohen, Zach Haberman y Murray Weiss contribuyeron a este reportaje.

24 de febrero de 2006

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posponen ejecución de asesino


[Louis Sahagún y Tim Reiterman] De violador y asesino después de que los doctores se negaran a ejecutar orden judicial por problemas éticos.
San Quentin, California Estados Unidos. La ejecución programada del asesino y violador convicto Michael Morales fue pospuesta esta mañana después de que un anestesista nombrado por el tribunal se negara a participar en el proceso. El guardia de la prisión cambió abruptamente de opinión y anunció que el recluso sería ejecutado con una dosis letal de barbitúricos.
A las 2:55 de la mañana el gendarme Steven Ornoski anunció que la prisión tiene la intención de llevar a cabo la ejecución a las 7:30 de la mañana con una dosis simple sin precedentes de pentotal, un letal barbitúrico, en lugar de la pócima de tres químicos.
Se esperaba que Morales recibiría una inyección de cinco gramos de barbitúricos para alargar la ejecución de los usuales 11 minutos a 45 minutos.
Hace una semana, el juez del tribunal de distrito Jeremy Fogel respondió a un alegato de la defensa de que la inyección letal violaba una prohibición constitucional sobre los castigos crueles e inhumanos y ofreció dos opciones: una inyección letal de barbitúricos solamente, con una anestesista a la mano para asegurarse de que Morales estuviera inconsciente cuando le fuera administrada la inyección normal de tres componentes químicos; o posponer la ejecución a la espera de una vista.
Funcionarios de la cárcel del estado escogieron la primera opción, e hicieron preparar a los médicos para proceder con la ejecución el martes a las 12 y un minuto.
Después de serias diferencias de opinión con los anestesistas, Ornoski pidió a su personal posponer la ejecución hasta las dos de la tarde.
La negativa de los médicos se produjo después de apresuradas consultas jurídicas en el Tribunal de Distrito, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y la Corte Suprema de Estados Unidos.
Pero fue la redacción de una resolución entregada el lunes por la corte de apelaciones lo que provocó el motín de los anestesistas.
La preocupación de los doctores fue provocada porque en el caso de que la inyección letal fallara y hubiera que devolver la conciencia al recluso, esa decisión sería considerada inmoral.
Los médicos dijeron que el fallo planteaba serias preguntas sobre la posibilidad de tener que interrumpir la ejecución "si surgían evidencias de dolor o de retorno de la lucidez".
En una declaración al gendarme, los doctores declararon que "toda intervención semejante sería médicamente inmoral. Como resultado de ello nos hemos retirado de toda participación en el proceso actual... Lo que se nos pide que hagamos es éticamente inaceptable".
La orden de ejecución de Morales expira el miércoles a las 12 y 1 minuto. Si para entonces la ejecución no ha sido realizada, un juez de la Corte Suprema deberá fijar otra fecha de ejecución antes de un plazo de sesenta días.
Morales fue devuelto a su celda en el corredor de la muerte, y funcionarios de la prisión se negaron a describir qué opinó el recluso sobre su última cena.
Familiares de la víctima salieron de San Quentin "haciendo acopio de compostura", dijo el portavoz de la prisión Vernell Crittendon.
La ejecución prevista en la Penitenciaría del Estado San Quentin siguió a una campaña por la clemencia a último minuto fraguada de polémicas y recovecos inusualmente enrevesados.
Morales, 46, fue condenado por el brutal asesinato en 1981 de Terry Winchell, una chica de 17 de la escuela secundaria de Lodi. Confesó haber conspirado con su primo, Rick Ortega, para matar a Winchell como castigo por haber salido con la amante bisexual de Ortega. Pero dijo que él aceptaba la responsabilidad del asesinato y que lo lamentaba profundamente.
Sería el recluso número 14 y el primer latino en ser ejecutado por el estado de California desde que se restableciera la pena capital en 1978.
Sería también el tercer recluso ejecutado en California en las últimas diez semanas, y el quinto al que el gobernador Arnold Schwarzenegger negara clemencia desde que asumiera el cargo hace dos años.
El equipo de la defensa de Morales había alegado que el protocolo de la inyección letal de tres componentes del estado violaba la prohibición constitucional de la aplicación de "castigos crueles e inusuales", diciendo que la ronda inicial de sedantes y agentes paralizantes podían enmascarar antes que prevenir el dolor que producen los químicos destinados a paralizar el corazón.
Después de estudiar las bitácoras médicas de reclusos ejecutados, Fogel accedió a que el procedimiento podía fallar y recomendó tener a un médico presente para asegurarse de que Morales estuviese inconsciente antes de la aplicación de la dosis final. Su decisión sin embargo, sólo es válida para la ejecución de Morales.
Los abogados de la defensa pidieron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que detuviera la ejecución sobre la base de que el remedio de Fogel no había sido probado y no estaba sujeto a ninguna revisión legal, médica o administrativa. El procedimiento alterado también fue rechazado por un grupo de doctores, incluyendo a la Asociación Americana de Médicos sobre la base de que contradecía el juramento de Hipócrates de los médicos en cuanto a prevenir el dolor.
Crittendon citó la decisión de Fogel como la razón del aplazamiento de la ejecución: "El protocolo es relativamente nuevo. Acaba de ser decidido", dijo.
Las peticiones de parar la ejecución de Morales fueron rechazadas por la corte de apelaciones durante el fin de semana y por la Corte Suprema el lunes. Una inusual segunda petición de clemencia, presentada apenas 12 horas antes de la ejecución programada, también fue rechazada por el gobernador.
En las peticiones de clemencia rechazados por la corte de apelaciones, la Corte Suprema de California y Schwarzenegger, los abogados de la defensa, Senior, y el antiguo abogado independiente de Whitewater, Kenneth Starr, alegaron que la decisión de ejecutar a Morales se basaba en un testimonio falso de un informante de la cárcel.
El juez del juicio de Morales, el juez del Tribunal Superior del condado de Ventura, Charles R. McGrath, reconoció y anunció a fines del mes pasado que si hubiese sabido que el informante -principal testigo de la acusación- había mentido, no habría apoyado el cargo de homicidio premeditado ni sentenciado a Morales a muerte en 1983.
Juristas dijeron que era la primera vez desde que California restableciera la pena capital que un juez había pedido al gobernador que conmutara la sentencia a muerte del propio juez por cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada.
En su segunda petición a Schwarzenegger, Starr destacó que no había antecedentes de un gobernador que desechara la recomendación de clemencia de un juez ejecutor de sentencias.
El informante, Bruce Samuelson, declaró durante el juicio que Morales le había confesado en español que había planeado el asesinato de Winchell. Una década más tarde, sin embargo, una investigación del despacho del fiscal general del estado determinó que Morales, un californiano de cuarta generación, no hablaba español.
Los problemas con la declaración de Samuelson crearon un grito de guerra entre abogados, dirigidos pro Starr, un académico de derecho constitucional y decano de la Facultad de Leyes de Pepperdine.
Starr también se impresionó por el hecho de que Morales se había convertido en lo que Starr describió como "un cristiano profundamente arrepentido que había aceptado la completa responsabilidad por un crimen terrible que lo acosaría toda la vida".
Pero la campaña de clemencia del equipo de la defensa se vio complicada por la exclusión de declaraciones supuestamente falsas de jurados pidiendo clemencia, en parte debido a las discrepancias en el testimonio de Samuelson. Los documentos en disputa fueron entregados por un investigador de la defensa que fue recientemente retirado del caso.
Los fiscales presentaron entonces declaraciones juradas de cinco jurados no identificados, indicando que su decisión unánime de condenar a Morales no tenía mucho que ver con el testimonio de Samuelson.
Morales tomó para el desayuno del lunes un cuenco de galletas de avena, luego se sirvió unos tentempiés que tenía guardados en su celda, incluyendo una sopa Top Ramen y barras de chocolates, dijo Crittendon, el portavoz de la prisión.
Morales pidió luego a los gendarmes que entregaran lo que quedara de sus reservas a otro recluso en el corredor de la muerte.
En la tarde, se reunió durante tres horas con su equipo legal, y habló por teléfono con familiares. Sin embargo, prefirió que sus familiares o amigos no lo visitaran. "Declaró que sería más fácil para sus familiares y que quería ser recordado por las cosas buenas del pasado", dijo Crittendon.
En la tarde Crittendon habló con Morales, que no sollozó ni pareció estar embargado por las emociones, dijo. En lugar de eso, Morales habló con sus amigos, partidarios y el equipo de la defensa, y dijo que esperaba que pudieran superar su muerte.
A eso de las seis de la mañana Morales fue trasladado a una "celda de espera de la muerte" adyacente a la cámara de ejecución. No pidió un asesor espiritual. Se le entregó un par nuevo de tejanos y una camisa de faena azul.
Mientras los funcionarios preparaban su ejecución, el resto de los reclusos fueron confinados a sus áreas de dormitorio. Fuera de la cárcel la policía detuvo a tres manifestantes, de los que los funcionarios dijeron que habían tratado de bloquear la entrada a la penitenciaría.
Los funcionarios designaron a cincuenta testigos. Entre ellos había cinco familiares, incluyendo al hermano de la víctima, Brian Chalk, 34, y 17 representantes de la prensa.
Morales nombró a dos testigos, pero no fueron identificados, dijo Elaine Jennings, secretario de prensa interino para el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El asesinato de Terri Winchell el 8 de enero de 1981 fue brutal.
La agresión empezó en el coche de Ortega cuando Morales, entonces de 21, trató de estrangular a Winchel desde atrás con un cinturón, que se rompió. La compañera de pisp de Morales, Patricia Félix, declaró más tarde que él había ensayado el estrangulamiento enrollando su cinturón en su cuello (de ella).
Un informe del fiscal general del estado dice: "Ella gritó pidiendo a Ortega que la ayudara e intentó repeler el primer ataques, arrancándose pedazos de su propio cuero cabelludo en el forcejeo".
Morales entonces golpeó a Winchell en la cabeza con un martillo hasta que no pudo reconocer su cara. Luego la arrastró boca abajo por un camino hacia un viñedo y la violó.
Morales luego le clavó cuatro veces un puñal en su corazón. Esa noche gastó los 11 dólares que encontró en su cartera comprando cerveza, vino y cigarrillos.
Dos días después Morales fue detenido en su casa, donde la policía encontró evidencias, incluyendo su cinturón roto manchado con la sangre de Winchell, oculto debajo de un colchón. También encontraron el martillo manchado de sangre en el cajón de las hortalizas de su nevera, y la cartera de Winchell y su tarjeta de crédito.
En 1983 Morales fue declarado culpable de homicidio con agravantes de acecho, premeditación y homicidio mediante torturas.
Con los años, los abogados de Morales dijeron que la noche del asesinato Morales había consumido PCP y que su primo, que fue sentenciado a cadena perpetua, fue el cerebro del asesinato de la estudiante que cantaba en el coro de una iglesia, tocaba piano clásico y estaba trabajando a tiempo parcial en un restaurante de la localidad para reunir dinero para su matrícula en la universidad.
Pero el fiscal de distrito del condado de San Joaquín, Charles Schultz, desdeñó esos alegatos, señalando que el cargo de premeditación contra Morales había sido corroborado por dos testigos.

21 de febrero de 2006

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