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mqh - 29 de noviembre de 2006 - 21:16 - reportajes

[Adriana Meyer] Un represor con mucha custodia. Reprimieron un escrache en el que se pedia por la aparición de Julio López.

La policía provincial impidió en La Plata que los manifestantes llegaran a la casa de Rodolfo González Conti, ex director de Seguridad de la Bonaerense. Hubo golpes, gases y balas de goma. Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que "no hubo represión sino disuasión".
Las agrupaciones nucleadas en la Multisectorial La Plata fueron reprimidas ayer mientras realizaban un ‘escrache' al represor Rodolfo González Conti como parte de las movilizaciones por la aparición del testigo Jorge Julio López. Pasadas las 19 los manifestantes habían leído un documento y, cuando se disponían a avanzar hasta la casa del ex director de Seguridad de la Policía Bonaerense, los uniformados lo impidieron. Siguieron palos, golpes, gases y balas de goma que dispersaron la marcha y causaron varios heridos. Desde la multitud voló una molotov que provocó algunas quemaduras a dos ‘tortugas' de infantería bonaerense. "Hace dos meses que esperamos una respuesta política por López y lamentablemente ésta es la primera que encontramos", se quejó Guadalupe Godoy, una de las abogadas del testigo desaparecido. "Repudiamos al gobierno, que es incapaz de encontrar a López y reprime a quienes luchamos por su aparición con vida", expresaron los integrantes del Encuentro 30 Años, Memoria, Verdad y Justicia.
"La aparición de las llaves y este hecho escandaloso de hoy demuestran que es la policía bonaerense la propia mafia que protege a González Conti y que encubre a los secuestradores de López", enfatizó Myriam Bregman, otra de las abogadas del testigo desaparecido.
Las organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos que integran la denominada Multisectorial La Plata se concentraron ayer a partir de las 17 en la Plaza San Martín para realizar una nueva marcha en reclamo de la aparición de este sobreviviente de la dictadura y desaparecido por segunda vez desde hace dos meses y doce días. La agrupación H.I.J.O.S, miembro de la Multisectorial, había preparado un ‘escrache' al ex comisario González Conti, imputado por delitos cometidos en la Comisaría 5ta. de La Plata, uno de los centros clandestinos donde estuvo detenido López, pero con el beneficio del arresto domiciliario. Los organizadores también se manifestaron exigiendo "la nulidad de los indultos, el desmantelamiento del aparato represivo y cárcel común y efectiva a los genocidas y sus cómplices". Luciano Sívori, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, expresó que "éstos son los represores que siguen actuando, como los de Marcos Paz, son todos parte del aparato que se llevó a López".
Cerca de las 19 las columnas llegaron a la esquina de 43 y avenida 7 y encontraron toda la cuadra vallada y una gran cantidad de policías. Tras la lectura de un documento, los manifestantes corrieron las vallas que les impedían acceder al frente de la vivienda. Fue así que quedaron cara a cara con los uniformados. Una delegación fue a dialogar para explicarles cuáles eran sus intenciones: llegar al frente del número 623 de la calle 43. Pero la respuesta fue negativa, la orden era no dejarlos pasar. "Ahí empezó a empujar la policía y a disparar con balas de goma, cuando estábamos a un metro, y a dar palazos que salían de entre sus escudos", relató Sívori consultado por Página/12. Luego de haberse replegado, los manifestantes respondieron con piedras y una bomba molotov.

Escrache frustrado
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense afirmaron que "no hubo represión sino disuasión". Según la descripción de los hechos que hizo una fuente de ese organismo a Página/12, los manifestantes "intentaron derribar uno de los vallados y ahí es cuando se originó todo, con la agresión hacia los policías con piedras y molotov que quemaron a dos de ellos".
Un grupo de los manifestantes que se dispersaron salió para la plaza Italia y allí se encontró con 30 policías motorizados que lanzaban gases. "En ese lugar siguió la represión y antes de que empezáramos la conferencia de prensa, frente a la Facultad de Humanidades, pasó la policía y volvió a tirar balas de goma... y ahí ya no había nada que disuadir", manifestó Sívori. Tras comprobar que no tenían compañeros detenidos, los organismos de la Multisectorial improvisaron esa conferencia. Mostraron los heridos de bala de goma, entre ellos uno entre Carlos Zaidman, querellante en el juicio sobre la Brigada de Investigaciones de La Plata y al represor Christian von Wernick.
Del lado de los uniformados, el Ministerio de Seguridad informó que hubo cuatro policías hospitalizados con quemaduras y contusiones varias. "Los manifestantes se apoderaron de un bastón y tres escudos policiales, y produjeron destrozos en los vidrios de uno de los colectivos policiales", indicó un comunicado. Además, los empleados del ministro León Arslanian enviaron a este diario una copia del pedido del juez federal Arnaldo Corazza para que "se disponga lo necesario para que se asigne personal de custodia en la zona exterior del domicilio" de González Conti, "con el propósito de garantizar la seguridad" del imputado. ¿Por qué esta vez no los dejaron llegar frente a la vivienda, como ocurre en la mayoría de los escraches?, fue la pregunta a la que este diario no tuvo respuesta oficial. Al parecer, a quienes organizaron el operativo de ayer no les pareció suficiente vallar el frente de la casa del ex comisario y extendieron la zona de protección a toda la cuadra. Quizá hayan querido evitar lo que pasó en septiembre del año pasado, cuando este represor fue objeto de otro escrache que dejó pintadas en su domicilio.
González Conti se desempeñó como director de Seguridad de la Policía Bonaerense entre 1977 y 1978, en el mismo período en que Etchecolatz dirigía Investigaciones y ambos respondían a las órdenes del represor Ramón Camps. Este ex comisario general tenía a su cargo una veintena de centros clandestinos de detención, entre ellos la Comisaría 5ta. de La Plata, Arana y el Pozo de Quilmes, y fue el responsable directo del secuestro y desaparición de 10 mil personas. A mediados de 2001 el juez español Baltasar Garzón lo procesó por genocidio y terrorismo. Además, está procesado por los crímenes cometidos en la Comisaría 5ta., donde estuvo secuestrado Jorge Julio López. La agrupación H.I.J.O.S. denunció que el represor "viola sistemáticamente" el arresto domiciliario con el que fue beneficiado en enero de 2005. Según expresaron en un comunicado, actualmente González Conti "es dueño de una empresa de seguridad privada, que maneja a través de testaferros".
Hace dos meses un grupo de socios de Gimnasia y Esgrima de La Plata pidió que sea separado del club, del que es socio vitalicio. "Resulta inadmisible que una persona que intervino en la oscura noche de la dictadura continúe asociada a nuestra institución", señalaron en una carta a la comisión directiva los hinchas del Lobo.

29 de noviembre de 2006
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juzgados en el banquillo 15

mqh - 28 de noviembre de 2006 - 06:10 - reportajes

[William Glaberson] Cómo un vilipendiado sistema de juzgados locales ha sobrevivido a sus críticos. Librándose por un pelo. Última entrega.

El caso era insignificante: en 1981 un adolescente fue detenido en Conesus, cercas de Rochester, y acusado de amenazas e invasión de una propiedad privada. Fue identificado solamente como Charles F., debido a que era menor de edad. Corría el riesgo de pasar un año en la cárcel.
Pero su abogado, J. Michael Jones, vio que el caso tenía el potencial de echar abajo el sistema de juzgados en Nueva York, y posiblemente en otros estados. Hace 20 años la Corte Suprema había resuelto que todo acusado que pudiera ser condenado a penas de prisión, tenía derecho a un abogado. Pero ¿para qué servía ese derecho, preguntó, si el juez -como el juez de pueblo al que se enfrentaba Charles F.- no entendía los alegatos del abogado?
En una entrevista reciente, Jones recordó que gastó miles de dólares de su propio bolsillo para llevar el caso a las cortes de apelaciones. "Pensé que era la oportunidad perfecta para poner al día el sistema de juzgados locales", dijo.
Ahora se daban las condiciones. En los últimos años había habido un movimiento nacional para reconocer los derechos de los acusados. Los tribunales de justicia en el país habían sido modernizados después de que una comisión presidencial observara su largo historial de "incompetencia".
Algunos de los cambios más importantes fueron impulsados por los tribunales. En 1974 la Corte Suprema de California resolvió que el encarcelamiento por orden del juez que no tuviera formación jurídica, era una violación del debido proceso y ordenó lo que era esencialmente el fin de los juzgados locales del estado.
"Parecía que era una oportunidad, un movimiento puesto en marcha que iba a entregarnos una solución judicial donde nunca hubo una solución legislativa", dijo Rene H. Reixach Jr., un abogado de Rochester que escribió una carta amicus curi en el caso de Charles F. para la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva York.
Una resolución de la Corte Suprema de 1976 parecía ofrecer los medios para impugnar el sistema en Nueva York. La corte mantuvo el encarcelamiento de un hombre de Kentucky por orden de un juez que era minero del carbón sin formación jurídica, pero solamente porque las leyes del estado garantizaban a los acusados procesados por jueces que no eran abogados el derecho automático a un nuevo juicio con un juez que sí era abogado.
Sin embargo, en Nueva York no existe ese derecho. Un acusado puede pedir a un juez de condado que se ocupe del caso, pero el juez puede rehusar, como ocurrió en el caso de Charles F.
Cuando en 1983 el caso llegó al tribunal superior del estado, a la Corte de Apelaciones, los abogados de Charles F. dijeron que en una época de crecientes y complejas protecciones legales de los acusados, era simplemente justo que una persona que podía ser condenada a una pena de prisión debiera ser procesada por un juez que comprendiera esas protecciones. En el tribunal en Albany, recordó Jones, "teníamos abogados de Nueva York que no podían creer que vivíamos con ese sistema".
El tribunal, que estaba adquiriendo la reputación de proteger los derechos de los acusados, pareció receptivo. En él participaba el presidente del tribunal del estado en esa época, Lawrence H. Cooke, y los dos jueces que lo sucederían: Sol Wachtler y Judith S. Kaye.
En una entrevista reciente, Wachtler dijo que el uso que hacía el estado de jueces sin estudios de leyes era un problema. "Existía la opinión incuestionable de nuestra parte de que eso no era correcto", dijo.
Pero cuando se realizó la votación, estaban en el lado perdedor de una decisión de 4 a 3. Los neoyorquinos, determinó la mayoría, no tenían el derecho absoluto a ser oídos por un juez versado en leyes.
Richard D. Simons, el único juez de esa mayoría que sobrevive, dijo en una entrevista que el caso planteaba un puntiagudo problema legal: si Nueva York ofrecía o no suficientes oportunidades para juicio por un tribunal superior. El tema más amplio de la justicia de los juzgados locales, dijo, debía decidirlo la Legislatura.
Wachtler dijo que creía que el caso se habría encaminado en la dirección contraria si hubiera sido oído por la Corte de Apelaciones uno o dos años más tarde, dados los cambios en la composición del tribunal y de la postura con respecto a los derechos de los acusados.
Pero desde entonces la corte no se ha ocupado de este asunto. Reixach, el abogado de Rochester, dijo que la resolución lo desalentó, a él y otros, de volver a impugnar el sistema. "El caso de Charles F., estés o no de acuerdo", dijo, "selló el destino de los juzgados locales en el estado por un largo tiempo".
La juez Kaye, que escribió la opinión disidente, se ha convertido desde entonces en un adalid de la reforma judicial como presidente del tribunal de Nueva York, presidiendo la Corte de Apelaciones y la administración de todos los tribunales. Pero las leyes que ha propuesto para modernizar el sistema desde que asumiera su cargo en 1993 ha omitido consistentemente los juzgados locales.
Sólo este verano tocó la juez Kaye los problemas en los juzgados locales, después de que el contralor del estado le advirtiera que podrían estar malgastando millones de dolares, y después de que una comisión que ella nombrara para estudiar los servicios jurídicos a los pobres, informara que esos tribunales pisoteaban rutinariamente los derechos de la gente.
Su oficina ha dicho que aunque tiene un control limitado sobre los juzgados locales, podría empezar a remediar algunos de sus propios errores, con medidas que no requieran aprobación legislativa.
Esos pasos son los más ambiciosos que se intentaran en varias décadas, pero su misma naturaleza subraya las deficiencias de los juzgados: Los jueces, de acuerdo al plan del estado, deberán aprobar un adiestramiento inicial de dos semanas, en lugar de seis días. Por primera vez, los jueces tendrán ordenadores, máquinas de fax y grabadoras, y se les exigirá que graben las vistas. Para supervisarlos, en cada distrito judicial se nombrará a un juez supervisor.
Y las mejoras no tocan lo que los críticos de los juzgados locales han dicho repetidas veces que son sus peores defectos: el uso de jueces a tiempo parcial que no son abogados, la dependencia de pueblos y aldeas para el financiamiento de los juzgados y la débil autoridad del estado sobre los juzgados.
Tratar esos problemas implicará a la Legislatura -y provocará otra guerra. La juez Kaye se negó a ser entrevistada.
Uno de los más poderosos defensores de los juzgados ha sido la Asociación Estatal de Pueblos. Su director ejecutivo, G. Jeffreu, dijo que el grupo estaba listo para otra pelea.
"Si la hay", dijo, "adoptaremos la misma posición que antes".

27 de septiembre de 2006
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juzgados en el banquillo 14

mqh - 27 de noviembre de 2006 - 00:14 - reportajes

[William Glaberson] Cómo un vilipendiado sistema de juzgados locales ha sobrevivido a sus críticos. Enfrentamiento en Rockland.

"Si te opones a los ‘buses escolares', al sistema de la Seguridad Social, a la zonificación, al Gobierno del Condado, a las leyes de control de la mafia, al Crimen en las Calles, al Poder Negro", vota no a la Propuesta No. 1, decía el anuncio del Partido Conservador en el diario.
Pero la Propuesta No. 1 no giraba sobre ninguna de esas cosas. Era una propuesta para remplazar los juzgados locales por el sistema de tribunales de distrito, en el que los jueces serían abogados. Después de todas las batallas en Albany, era hora de que decidiera el pueblo.
Eso ocurrió en 1967 en el condado de Rockland, un sitio rural que se convertía rápidamente en un suburbio a medida que se poblaba de nuevos residentes que llegaban por cargamentos desde la cercana Ciudad de Nueva York. Algunos recién llegados estaban alarmados por sus encuentros con jueces excéntricos que podrían ejercer enormes poderes sobre la vida de la gente.
"La sensación era que no se trataba de profesionales y que estaban demasiado conectados con la gente que llevaba sus casos al juzgado", dijo en una entrevista reciente Gloria English, una residente de Nueva York que trabajó para la propuesta como miembro de la Liga de Mujeres Votantes. "A menudo oían los casos de sus amigos".
La liga contaba con varios y poderosos aliados, incluyendo el colegio de abogados del condado y algunos dirigentes de los dos partidos principales. El Partido Demócrata auspició un anuncio que decía que era hora de que los juzgados fueran modernizados. El más importante diario del país publicó editoriales llamando a que los juzgados fuesen introducidos al siglo 20.
Al otro lado estaban los jueces y sus partidarios, incluyendo a dirigentes del Partido Conservador del condado. Advirtieron que la moda con los nuevos tribunales y sus jueces eran más caros. El colegio de abogados calculó esos costes en unos 200 mil dólares al año en todo el país, unos 50 mil dólares más de lo que costaban los juzgados locales en esa época. "Normalmente llamaba la atención de la gente sobre ese punto: ‘Es simplemente otra iniciativa inútil'", recordó en una entrevista hace poco William E. Vines, entonces juez en Clarkstown, y empleado en una compañía de seguros local.
También había un apoyo de base de los juzgados locales, especialmente entre los vecinos más antiguos. Arnold Becker, que fue defensor público del condado, dijo que alguna gente pensaba que los jueces locales conocidos podían ser más indulgentes que los jueces de distrito profesionales.
Pero la campaña también tocaba emociones que tenían poco que ver con la ley o el dinero.
Los que se oponían al referéndum no ocultaban su agudo resentimiento hacia los afuerinos. Las advertencias sobre el poder de la mafia y del poder negro delataban los temores sobre la confusión en las ciudades, y sobre el hecho de que gente de la ciudad estuviera llegando a los condados. Eran llamados al patriotismo.
"Los juzgados locales son tan parte del legado americano como las Barras y Estrellas", dijo un juez a un grupo de Jaycees dos semanas antes del referéndum. "No dejéis que nos lo quiten".
Adele Garber, entonces una joven madre que había llegado de Queens y recorrido el pueblo de puerta en puerta a favor de la propuesta, dijo que ese tipo de pasión superaba fácilmente sus argumentos sobre justicia y eficiencia. Los votantes sin intereses creados en los juzgados locales, dijo, no se preocupaban demasiado.
"No es un tema bonito y sexy", dijo.
El referéndum perdió en una razón de dos a uno.
Garber dijo que la experiencia la convirtió en cínica, y no fue la única. La votación en Rockland y otras derrotas similares en otros condados contribuyeron a crear la impresión de que en esos temas era imposible ganar.
Debido a un cambio en la política estatal desde entonces, si un condado adoptaba el sistema judicial con tribunales de distrito hoy, el estado se encargaría de los costes. A nivel nacional esos costes podrían ser significativos, quizás hasta decenas de millones de dólares.
Sin embargo, los gobiernos locales podrían ahorrar millones consolidando sus numerosos juzgados locales en tribunales de distrito más centralizados. Pero el cambio ha sido bloqueado.
Keith D. Ahlstrom, presidente de la Legislatura del Condado de Chatauqua, dijo que mientras él y otros han buscado durante largo tiempo una manera de modernizar a los juzgados, el proceso de referéndum era tan engorroso que era casi seguro que fracasara. De momento, él y otros funcionarios están respaldando un proyecto de ley del estado que permitirá que algunos juzgados se fusionen para reducir los costes.
"Necesitamos tener un pequeño éxito", dijo.

27 de septiembre de 2006
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juzgados en el banquillo 13

mqh - 24 de noviembre de 2006 - 06:13 - reportajes

[William Glaberson] Cómo un vilipendiado sistema de juzgados locales ha sobrevivido a sus críticos. Un momento en Albany.

Era enero de 1959. El nuevo gobernador y estrella política, Nelson A. Rockefeller, leía su primer discurso ante la Legislatura en Albany. "La más alta prioridad" de su gobierno, prometió, sería la modernización del sistema de juzgados.
Sabía que la reforma de los juzgados era un tema popular que podría utilizar, según muestran envejecidos diarios en el archivo Rockefeller. La gente estaba cansada del lento y engorroso sistema y del patronazgo de los funcionarios nombrados -muchos de ellos sin calificación, indiferentes o corruptos- que lo llenaban de arriba a abajo. Las quejas que habían estado lloviendo durante décadas habían alcanzado un volumen crítico en los últimos años, cuando la más reciente comisión del estado encargada de la reforma de los juzgados, conocida como la Comisión Tweed, redactó detalladas propuestas de cambio.
Poco después de su discurso ante los legisladores, el gobernador Rockefeller nombró a su joven asesor, Robert MacCrate, para que redactara los cambios a la Constitución del estado que serían necesarios para reorganizar los juzgados, y luego organizar el apoyo en la Legislatura.
Pero MacCrate aprendió pronto que la parte más baja del sistema de los juzgados representaba uno de los obstáculos políticos más serios.
El gobernador Rockefeller, con su formación de elite y raíces en el sur del estado, tenía que cuidarse de no ofender a los poderes rurales del norte del estado de su propio partido, a los que estaba tratando de convencer de que él era un republicano. Y, dijo MacCrate en una entrevista para este artículo, todo intento de cambio de los juzgados, una importante fuente del patronazgo del partido, equivaldría a "realmente, sacudir el árbol".
Los republicanos del norte del estado hablan a menudo como si las críticas contra el sistema fueran un ataque contra su modo de vida. "Ustedes los de Nueva York no han visto nunca un juzgado", dijo durante un debate ese año el senador por el estado Austin W. Erwin, un participante central en la guerra de los juzgados. "‘Esos jueces son la espina dorsal de una justicia honesta en nuestro estado".
El gobernador Rockefeller, pese a su discurso sobre el cambio, se encontraba rodeado de acérrimos defensores de los juzgados. Muchos eran ex jueces, incluyendo al senador Erwin y a L. Judson Morhouse, entonces el presidente republicano del estado y uno de los más tempranos partidarios del gobernador.
Los jueces de paz "estaban dentro del sistema", dijo en una entrevista Elizabeth T. Schack, que dirigía la Liga de las Mujeres Votantes y cabildeaba por la reforma de los juzgados. También en los distritos de los legisladores los jueces eran poderes a los que había que tomar en cuenta. "Eran a menudo individuos importantes y con poder", que conocían personalmente a los legisladores, dijo Schack. "Y seguro que no te gusta pelearte con tus amigos".
Todavía más importante, dijo MacCrate, los republicanos del norte del estado tenían tal poder en la Legislatura que el gobierno sabía que la reforma de los juzgados no se podía llevar a cabo sin ellos. "Encontraremos un modo de convencerles", dijo.
No fue necesario; se convencieron por sí mismos. MacCrate dijo que Fred Young, un influyente juez de la Corte de Reclamos al que el gobernador Rockefeller nombró más tarde presidente del estado, se acercó con una propuesta.
"Bob, si eliminas la disposición sobre la abolición de los jueces de paz", recuerda MacCrate que dijo, "conseguiré los votos que necesitas" para aprobar una reforma de los juzgados locales en el estado, ese día o el siguiente.
Sellaron un acuerdo.
Ese gran paso adelante permitiría que toda la estructura judicial de Nueva York fuera puesta al día y estuviera por primera vez bajo control centralizado. Sin embargo, aunque incluía la exigencia de que los jueces locales recibieran algún adiestramiento básico, se encargaba de asegurar que no habría otros cambios importantes en el sistema: los cientos de juzgados locales en pueblos y ciudades.
"Ese fue un momento decisivo en términos de que nos dimos cuenta de lo fuerte que era la oposición a las reformas", recordó Fern Schair, la ex presidente del grupo pro-reforma en el estado, el Comité por Juzgados Modernos.
Pero los jueces y sus partidarios no se quedaron en eso. Para impedir que futuras legislaturas entrasen a su coto, persuadieron al gobierno de que adoptara una ley que exigía un referéndum local para toda iniciativa con el objetivo de remplazar a los juzgados locales por tribunales de distrito más profesionales. Y para que ese referéndum fuese aprobado, la simple mayoría de votos no sería suficiente: fuese en un condado o en parte de uno, la propuesta debía obtener mayorías separadas tanto en zonas rurales como urbanas, de modo que los residentes de ciudades no impusieran sus tribunales modernos a sus vecinos del campo.
Incluso eso, según resultó, no fue suficiente. Un año más tarde, mientras MacCrate se movilizaba para asegurarse la aprobación de los legisladores, los partidarios de los juzgados locales exigieron una disposición que exigía la mayoría de los votos en todas las ciudades, escribió MacCrate en un memorándum. Las ciudades donde el referéndum rechazara las reformas, quedarían fuera el sistema, una complicación destinada a desalentar toda reforma real.
Y consiguieron esa disposición.
Los neoyorquinos aprobaron una enmienda de la reforma de los juzgados en las urnas, y hasta el día de hoy esas protecciones de los juzgados locales están consagradas en la Constitución del Estado. Ningún lugar en Nueva York ha reemplazado sus juzgados locales desde que el condado de Suffolk al occidenta empezara con un sistema de tribunales de distrito en 1962 -el año en que el gobernador Rockefeller firmara la ley de reforma.

27 de septiembre de 2006
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juzgados en el banquillo 12

mqh - 24 de noviembre de 2006 - 05:59 - reportajes

[William Glaberson] Cómo un vilipendiado sistema de juzgados locales ha sobrevivido a sus críticos.

"Hoy en día es una farsa", dijo el gobernador Alfred E. Smith sobre los juzgados locales del estado de Nueva York en 1926.
"Un sistema perimido", dijo su sucesor, Franklin D. Roosevelt, poco después de que una comisión del estado lo calificara como "una función débil que nadie respeta". Pocos años después de eso, otra comisión determinó que el sistema de juzgados locales había "perdido todo contacto con la realidad".
En resumen, al menos nueve comisiones, congresos y otros órganos del estado -incluyendo a representantes de los dos principales partidos políticos y las tres ramas del gobierno- denunciaron a los juzgados locales durante el siglo pasado, respaldados por al menos dos gobernadores y varios jueces.
Sus conclusiones han sido a menudo devastadoras, y su argumento ha sido el mismo: Estos juzgados, con su parafernalia a menudo primitiva y jueces amateurs, son un anacronismo que necesitan ser revisados o eliminados con la mayor urgencia.
Aunque son las instituciones clave de justicia en más de mil pequeños pueblos y suburbios en todo Nueva York, ocupándose de casos de delitos menores y pleitos, la gran mayoría de los jueces que los presiden no son abogados, y reciben apenas unos días de formación jurídica. Los jueces son a menudo elegidos en elecciones de escasa participación, apenas si llevan actas y operan en gran parte sin ninguna supervisión, dejando una larga huella de injusticias y veredictos chapuceros.
Sin embargo, estos juzgados siguen siendo esencialmente lo que eran cuando los neoyorquinos empezaron hace casi un siglo a quejarse de ellos. En las últimas semanas, funcionarios del estado han decidido dar algunos pasos para mejorar el adiestramiento, la supervisión y la redacción de actas. Pero en las últimas décadas los llamados a cambios radicales se han desvanecido, pese a la persistencia de los abusos.
Un modo de entender por qué una institución tan criticada parece estar tan enraizada es revisar tres grandes guerras sobre los juzgados. En todas ellas la gente que buscaba cambiar el sistema lo intentó en un terreno diferente: la legislatura, las cabinas de votación y los tribunales superiores. Y su derrota les escoció siempre tanto que toda discusión efectiva terminó también ahí:

En 1962, líderes del estado lograron algo que habían estado tratando de hacer durante más de un siglo: modernizar el sistema judicial del estado, que estaba gravemente anticuado. Pero gracias a una serie de maniobras en los cuartos traseros, los juzgados locales no fueron tocados y pasaron la tarea de modificar el sistema a los gobiernos locales, y agregaron todo un laberinto de barreras burocráticas para impedir todo cambio significativo.

En 1967, activistas locales respaldaron la causa del condado de Rockland, uno de los pocos condados donde el intento de remplazar a los juzgados locales hizo algunos avances; se realizó un referéndum sobre el asunto. Pero una campaña ferozmente emocional derrotó a la propuesta, y ayudó a crear la creencia en otros condados, de que luchar contra el sistema era inútil.

Y en 1983, un moción sobre la constitucionalidad del sistema llegó al tribunal más alto del estado: la Corte de Apelaciones. Los abogados de un adolescente del norte del estado, en sus alegatos por una sentencia de cárcel, dijeron que el derecho a un abogado, garantizado por la Constitución, era inútil si los jueces carecían de la formación adecuada para entender sus alegatos.

Esa apelación fracasó por un solo voto. Los neoyorquinos, decretó la mayoría del tribunal de siete miembros, no quieren ser juzgados por jueces educados en derecho, y esa resolución es la que se respeta hasta el día de hoy.
En entrevistas, las personas que estuvieron profundamente involucradas en estos episodios -incluyendo los acuerdos políticos que se hicieron a puertas cerradas y que nunca fueron confesados- apuntaron hacia una batería de fuerzas que han rechazado los cambios: La potente idea de que las comunidades deben decidir su propio destino, incluyendo a sus propios jueces. Los elevados costes de poner al día a los juzgados y de contratar a abogados para que los presidan. El siempre popular llamado a mantener a los abogados fuera de la vida de la gente. Y, no en el último lugar, el poder de los jueces, que son a menudo importantes actores en la vida política local, conectados con los mismos mecanismos de partido que producen a los legisladores, jueces y gobernadores del estado.
Dale C. Robbins, ex inspector republicano de Busti, un pequeño pueblo al occidente de Nueva York, dijo que él y otros que trataron de reemplazar a los juzgados en los años noventa chocaron contra un muro de resistencia de parte de jueces locales que luchaban por mantener sus empleos, y algo así como una insurrección populista que se nutría de la desconfianza hacia los abogados, que serían los jueces en el nuevo sistema.
Dijo que la derrota era típica del atasco que sufren muchos temas importantes en Nueva York. "No se hace nada", dijo. "¿Quién quiere hacer esta guerra cuando hay tantas otras por librar?"

27 de septiembre de 2006
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violación sacude justicia saudí

mqh - 22 de noviembre de 2006 - 20:12 - reportajes

[Donna Abu-Nasr] Chica violada es condenada por estar en un coche con un hombre que no era su marido.

Al-Awwamiya, Arabia Saudí. Cuando la adolescente fue a la policía hace algunos meses, para denunciar que había sido violada por siete hombres, nunca se imaginó que el juez la castigaría a ella, y que sería sentenciada a sufrir más azotes que los que recibió uno de sus violadores.
La historia de la Chica de Qatif, como han llamado en la prensa de aquí a la mujer que fue víctima de la violación, ha provocado un poco habitual debate sobre el sistema judicial de Arabia Saudí, en el que los jueces poseen amplia discreción a la hora de castigar a un delincuente, las reglas para el recabamiento de pruebas son endebles y a veces no hay presentes abogados defensores.
El resultado, dicen los críticos, son sentencias dictadas por los caprichos de los jueces. Estas incluyen una en la que un grupo de hombres recibió sentencias más severas por acosar a mujeres que los hombres en el caso de la violación de la Chica de Qatif o en el de los tres hombres que fueron condenados por violar a un niño. En otra, una mujer debió divorciarse de su marido contra su voluntad, porque así lo exigían sus propios parientes.
En el caso de la Chica de Qatif, fue sentenciada a noventa azotes por estar sola en un coche con un hombre que no era su marido -un delito en este país estrictamente segregado- cuando fue atacada y violada por un grupo de hombres.
En el somnoliento poblado chií de al-Awwamiya, en las afueras de Qatif, una ciudad al este del país, la chica de 19 está luchando por olvidar esa noche de primavera que cambió su vida. Un periodista de Associated Press se reunió con ella para entrevistarla personalmente. Habló a condición de conservar su identidad para proteger su intimidad; la AP no identifica a las víctimas de violación, a menos que ellas pidan ser mencionadas.
Sus manos tiemblan, sus ojos de un castaño profundo parecen desprovistos de vida. Su sueño es interrumpido por la repetición de los acontecimientos, que describe en un susurro apenas audible.
Esa noche, contó, salió de casa para recuperar una fotografía suya en poder de un amigo de la secundaria. Se había casado recién -pero aún no se había mudado a la casa del marido- y no quería que el estudiante conservara su fotografía.
Cuando estaba en el coche con su amigo, dos hombres los interceptaron, se metieron al vehículo y llevaron a la pareja a un área aislada donde fueron separados. Fue violada por siete hombres, tres de los cuales también violaron a su amigo.
En el juicio que terminó en noviembre -en el que el fiscal solicitó la pena de muerte para los siete hombres-, cuatro de los acusados recibieron penas de entre uno y cinco años de cárcel más azotes (de ochenta a mil), según la mujer. Otros tres todavía esperan sus sentencias. Ninguno de los acusados, ni de los demandantes, cuentan con abogados, lo que es muy común aquí.
"La gran sorpresa se produjo cuando el juez me sentenció, a mí y a mi amigo de la secundaria, a noventa azotes cada uno", contó la mujer. La sentencia fue dictada como parte del juicio por la violación. Los azotes son distribuidos a lo largo de varios días, cincuenta cada vez.
Las sentencias aún no han sido ejecutadas, pero los castigos provocaron indignación.
"Porque no podía entender la sentencia y hube de armarme de paciencia, después de leer la sentencia contra la Chica de Qatif, murmuré: ‘Mi corazón está contigo'", escribió Fatima al-Faqeeh en una columna en el diario Al-Watan.
En Arabia Saudí la justicia es administrada por un sistema de cortes religiosas, de acuerdo a la estricta interpretación en el reinado de la ley islámica. Los jueces -nombrados por el rey tras ser recomendados por el Supremo Consejo Judicial- tienen absoluta discreción en cuanto a las sentencias, excepto en casos en que la ley islámica sharia define el castigo, como en los crímenes capitales.
Eso significa que es improbable que dos jueces dicten la misma sentencia por un mismo delito. Un violador, por ejemplo, puede ser condenado a una sentencia ligera o a ninguna o a la muerte, dependiendo del juez.
Los saudíes están instando al ministerio de Justicia a explicitar la lógica que hay detrás de algunos veredictos. En un caso reciente, tres hombres condenados por la violación de un niño de doce, recibieron sentencias de entre uno y dos años de cárcel y trescientos azotes cada uno. En contraste, otro juez sentenció a cuatro hombres a penas de entre seis y doce años de cárcel por toquetear a unas mujeres en un túnel en Riad.
Saleh al-Shehy, columnista de Al-Watan, preguntó al ministro de Justicia,Abdullah Al-Sheik, que explicara por qué los violadores del niño recibieron sentencias más ligeras que los hombres en el caso de acoso sexual del año pasado.
"No le preguntaré, señor ministro, si usted encuentra o no satisfactoria la sentencia", escribió al-Shehy. "Le preguntaré: ‘¿Cree que satisface a Dios?'"
"Por favor explíquenos cómo puede un juez fijar una sentencia, y otro, otra? ¿En qué pruebas se basó uno, y en cuáles el otro?", agregó.
La amplia discreción de que gozan los jueces han sido un desastre para Fatima, otra mujer saudí. Se encontró repentinamente divorciada de su marido, Mansour al-Timani, después de que sus hermanastros se acercaran a un juez y le dijeran que su hermana de ellos se había casado con un hombre por debajo de su condición social.
Fatima, cuyo nombre completo no ha sido mencionado en los informes de prensa, se había casado hace más de tres años y estaba embarazada de su segundo hijo cuando el juez declaró inválido su matrimonio de julio de 2005.
Hoy, Fatima está en la cárcel con su hijo de once meses -su hija de cuatro años fue dejada en libertad hace poco- antes que retornar a la custodia de su familia, como ordenó el juez.
Los problemas sobre las sentencias se ven exacerbados por las flojas normas de los juicios, en los que a veces no se presentan evidencias físicas.
La Chica de Qatif dijo que su juicio tuvo dos sesiones. Los tres jueces en el juicio le pidieron su declaración, luego oyeron las de los siete acusados en la primera sesión. En la segunda, un mes después, los jueces pronunciaron su veredicto. No se sabe si hubo otras sesiones a las que no asistió.
Los jueces en el caso refirieron el juicio al ministerio de Justicia cuando fueron entrevistados sobre el asunto por la Associated Press. El ministerio, en una declaración emitida el martes, dijo que la violación no pudo ser demostrada. No había testigos y los hombres se retractaron de las declaraciones que habían hecho durante los interrogatorios, dice la declaración. Dice que los veredictos no pueden ser recurridos.
La ley islámica permite que los acusados se retracten de confesiones firmadas, de acuerdo a Abdul-Aziz al-Gassem, un abogado que no estuvo involucrado en el caso. Todavía pueden ser condenados, pero el veredicto sería más liviano.
"La falta de transparencia en la investigación, el juicio y la sentencia, más las dificultades que tienen los periodistas en acceder a él, crean una oscuridad donde todo es posible", dijo al-Gassem.

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bush y el perro búlgaro

mqh - 22 de noviembre de 2006 - 05:59 - reportajes

[Darlene Superville] Qué pasó con el pastor que recibió del presidente búlgaro.

Cuando los presidentes de Estados Unidos reciben regalos, se acusa recibo de los artículos, que luego son guardados en bodegas del gobierno a la espera de la apertura de su futura biblioteca.
Ha sido el destino de muchos pares de botas y sombreros de cowboy, caras alfombras, centelleantes cubiertos de plata y cristal, joyas, finos tejidos, obras de arte y otros artículos -todos ellos dados el presidente Bush por dignatarios extranjeros desde que asumiera el cargo hace casi seis años.
Su regalo más inusual lo recibió del presidente búlgaro Georgi Parvanov.
Además de una edición en búlgaro del libro de 2002, ‘The Leadership Genius of George W. Bush', Parvanov dio a su colega norteamericano un cachorro de pastor búlgaro, vivo y coleando, llamado Balkan de Gorannadraganov, de apenas dos meses.
Balkan, para abreviar.
¿Qué pasará con el perro de caza blanco y negro, descendiente de una antigua raza de montaña?
Bush y la primera dama, Laura Bush, ambos amantes de los perros, ya tienen a los terriers escoceses Barney y Miss Beazley, que viven con ellos en el número 1600 de la Avenida de Pensilvania.
Obviamente, Balkan no podía ser enviado a los Archivos Nacionales con el resto del botín del presidente. Aparentemente, los Bush consideraron la idea de llevarlo con ellos a su rancho en Texas, pero se dieron cuenta de que podría no adaptarse bien al calor, dijo la portavoz de la primera dama, Susan Whitson.
Los presidentes no pueden aceptar de funcionarios extranjeros regalos por un valor superior a 305 dólares, por temor a que influyan en la política exterior norteamericana. Esos artículos son considerados propiedad del pueblo estadounidense, pero los presidentes deben pagar al ministerio de Hacienda por los presentes que quieran conservar.
Los Bush compraron a Balkan y lo regalaron a una amiga no identificada que vive con su marido búlgaro-estadounidense en una finca en Maryland, dijo Whitson, revelando el destino del perro casi un año más tarde.
Cuando Bush lo recibió en octubre de 2005, el gobierno tasó al perro en 430 dólares, de acuerdo al informe anual del ministerio de Relaciones Exteriores sobre regalos de gobiernos extranjeros.
Es inusual, pero no completamente desconocido, que un representante norteamericano acepte regalos de criaturas vivas.
En el otoño pasado en Mongolia, el ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld, recibió un caballo como un símbolo de amistad entre los dos países. Lo dejó al cuidado de un ganadero. Bush bromeó durante su propia visita allá en noviembre, diciendo que tenía una misión importante.
"El ministro Rumsfeld me pidió que preguntara por su caballo", dijo el presidente.
Durante su visita a India y Pakistán en 1962, los regalos de la primera dama Jacqueline Kennedy incluían a un bebé elefante, un par de cachorros de tigre y un caballo zaino de pura sangre llamado Sardar.
Envió el caballo a casa por transporte militar, lo que provocó las quejas de un congresista republicano que dijo que el resultado fue que no pudo abordar el vuelo militar de Pakistán a Grecia. Los otros animales terminaron en zoológicos estadounidenses.
En total, el año pasado Bush recibió más de cien regalos por un valor de casi 75 mil dólares, de los presidentes de unos cincuenta países, incluyendo un pisapapeles de cristal Lalique, una capa Hermes y una moto Desert Ranger. Su valor varió de unos dólares a varios miles.
"No los puede usar personalmente, lo que está muy mal", se lamentó Laura Bush cuando los periodistas le preguntaron sobre los regalos cuando Junichiro Koizumi, de Japón, visitó Estados Unidos en junio. El ex primer ministro regaló a su marido una bicicleta y una ampliación de un sello postal japonés con Babe Ruth.
El año pasado, el presidente afgano Hamid Karzai le dio una alfombra beige con estampado de diamantes y el príncipe heredero de Arabia Saudí le dio una estatua de un caballo bermejo sobre una base de malaquita con un reloj de oro, nácar y malaquita. Fueron tasados cada uno en ocho mil dólares.
El presidente ruso Vladimir Putin le dio una foto del padre de Bush, el ex presidente George H.W. Bush, y de la familia en Kennebunkport, Maine, de 20 por 28 centímetros, tasada en cinco dólares.
Putin le dio también otras fotos, y una herradura de plata, de 250 dólares.

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retorno de la aristocracia alemana

mqh - 20 de noviembre de 2006 - 06:07 - reportajes

[Colin Nickerson] Retorno ayuda a revigorizar legado cultural.

Karwe, Alemania. El retrato de un ilustre ancestro -un mariscal de campo que hizo la guerra contra Napoleón- mira con el ceño fruncido desde la chimenea. Un perro de caza ronca en un sofá. Hay un armario del siglo 17, estanterías con libros empastados en cuero y letras doradas, astas de venado, y otros símbolos de la nobleza, incluyendo el ostentoso escudo de armas de la familia von dem Knesebeck, que muestra un unicornio y un dragón.
Pero el espacio es estrecho. El palacio de la familia fue destruido por los comunistas que gobernaron Alemania del Este después de la Segunda Guerra Mundial. En estos días, la sede ancestral de la familia de sangre azul es un modesto bungalow al borde del pueblo sobre el que los von dem Knesebeck de antaño reinaban como dueños y señores.
"No es realmente un castillo", dice el barón Krafft von dem Knesebeck, 52, algo pesaroso. "Pero tendremos que conformarnos, de momento".
Como otros aristócratas alemanes cuyos padres o abuelos huyeron del Este en los últimos, caóticos días de la guerra para buscar refugio en Alemania federal, von dem Knesebeck finalmente ha llegado a casa.
Es parte de una tendencia apenas observada. En los deprimidos interiores de Alemania del Este, decenas de nobles están volviendo discretamente a reinos de mala suerte, comprando de vuelta las tierras, edificios y, sí, castillos que habrían recibido en herencia si no hubiese intervenido la historia, de agencias gubernamentales y otros titulares cuasi oficiales.
Estos ‘barones de botas de caucho' -como los llaman los perplejos residentes locales, refiriéndose a la poco aristocrática tendencia de los retornados a limpiar establos y realizar otras tareas sucias- están invirtiendo millones de dólares en la restauración de sus granjas, reparando estructuras históricas, y empezando pequeños negocios. En el proceso, están creando empleos y, quizás más importante, sentando un ejemplo empresarial para los alemanes criados en el Este, que todavía miran con sospecha el capitalismo y la autonomía personal.
Von dem Knesebeck utilizó sus ahorros y pidió dinero prestado para comprar las 650 hectáreas de las antiguas tierras de su familia, la mitad de la hacienda original, de una poco productiva granja colectiva. El ex comandante de una lancha patrullera de la marina y gerente de ventas al por mayor remodeló el enorme granero de ladrillos del siglo 18 en apartamentos de ‘retiro campestre' que alquila a urbanitas acomodados. Los residentes temporales llevan dinero a este pintoresco pero pobre villorrio junto al Lago Ruppiner. Von dem Knesebeck también está haciendo producir tierras agrícolas y aserraderos largo tiempo abandonados.
Los motivos de los barones, condes y nobles retornados son mezclados. Algunos buscan un retiro rústico. Otros son meramente oportunistas. Pero la mayoría de ellos parecen impulsados por algo más complejo: un sentido de deuda de sangre con lugares y gentes cuyas historias están intrínsicamente entrelazadas con las suyas propias.
"Tengo una profunda obligación con este lugar y esta gente", dice Helmuth von Maltzahn, 57, barón de Ulrichshusen, un diminuto pueblo en la región de Mecklenburg-Vorpommern, al norte de Berlín. Su familia huyó del Ejército Rojo en 1945, con "las pocas cosas que pudieron meter en una mochila", dice von Maltzahn, que estudió en la Harvard Business School en los años setenta.
Ex ejecutivo de la industria cosmética, von Maltzahn, su esposa la baronesa Alla, y sus dos pequeñas hijas abandonaron en 1993 sus cómodas vidas en Alemania federal por una casa móvil apenas calefaccionada aparcada frente a las ruinas del antiguo schloss de la familia, el castillo. Las murallas del castillo de Ulrichshusen datan de 1592. Pero la estructura renacentista se erige sobre los cimientos de un fuerte von Maltzahn construido en el 1100.
"Los comunistas estuvieron aquí durante 45 años", dijo von Maltzahn durante una entrevista en la torre principal. "¿Pero qué es eso? Un parpadeo. Mi familia ha estado aquí durante 800 años. ¿Quieres saber quiénes se han ido? ¿Quiénes han vuelto? Esta vez llegamos a quedarnos. La tierra es mi pasado, mi presente, y mi futuro -aquí están las tumbas de mis ancestros y quedarán para mis hijas".
Los von Maltzahn han invertido sangre, sudor y más de cuatro millones de dólares en la conversión del destripado castillo en un hotel de treinta habitaciones. Entretanto, el granero principal de la propiedad ha sido transformado en un clásico teatro que organiza 25 conciertos veraniegos, como parte de un ambicioso festival que ya atrae a decenas de miles de turistas a la zona.
"Se está convirtiendo en el Tanglewood de Alemania", dice el barón, refiriéndose al centro musical en Berkshire.
Los privilegios y prerrogativas de la clase noble alemana fueron abolidos en 1919 con el nacimiento de la República de Weimar, que remplazó al kaizer y el desacreditado sistema imperial del país. Pero las viejas familias pudieron conservar sus propiedades y títulos y legar ambos a sus descendientes.
En 1933 la república cedió el paso a los nazis. Hitler desconfiaba de los aristócratas conservadores, y con razón. Aunque la mayoría de ellos participaron en la máquina de guerra como soldados e industriales, muchos despreciaban en silencio al ‘pequeño cabo' de Austria. El atentado con bomba del 20 de julio de 1944, que casi mató al Führer, fue organizado en gran parte por oficiales de sangre azul.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas se apropiaron de las propiedades de los aristócratas en el Este. Los nobles que no lograron escapar fueron a menudo matados o encarcelados por los soviéticos. En el sistema comunista, sus tierras se convirtieron en propiedad del estado.
En Alemania federal, los nobles destiñeron en el maderamen, convertidos en socialmente irrelevantes en una democracia implacablemente igualitarista. Unos pocos se aferraron a enormes fortunas familiares. Pero la mayoría de ellos terminaron en aburridos trabajos.
Hoy, los observadores de la realeza europea calculan que unos 70 mil alemanes poseen títulos heredados. Tienden a casarse entre sí, tienden a socializar entre sí, y gravitan hacia carreras en el servicio de las armas o en el cuerpo diplomático, conforme las tradiciones prusianas.
"Los nobles alemanes son muy discretos, para nada orientados hacia la publicidad", dice Rolf Seelmann-Eggebert, periodista y una autoridad sobre la aristocracia europea. "Los que vivían en el Este lo perdieron todo. Los de occidente se convirtieron más bien en gente corriente -empresarios, abogados o funcionarios de relaciones exteriores. Sólo unos pocos toman en serio sus títulos y recuerdan lo que significa ser noble. El deber de sentar un ejemplo, el deber de dirigir".
Según la ley de reunificación alemana, los propietarios que perdieron grandes propiedades a manos de los invasores soviéticos entre 1945 y 1949 no tienen derechos legales sobre sus propiedades, aunque el gobierno les ayudará a renegociar la compra de las tierras perdidas.
El barón von dem Knesebeck, educado en Alemania federal, nunca puso un pie en el Este antes de la caída del Muro de Berlín. Pero creció mirando fotos antiguas y oyendo historias sobre lo que habían perdido.
"Siempre supe que este lugar llamado Karwe era el hogar de la familia y que se suponía que yo era su barón", dice mientras conduce a un visitante y pasa frente a la losa funeraria de un ancestro. "Pero parecía distante y no nada de real".
Hasta las Pascuas 1990, cuando acompañó a su anciano padre en una visita. "Me di cuenta de que este era el aire que se suponía debía respirar toda mi vida", dijo. "El pueblo estaba desierto, empobrecido. Sentí el deseo de volver, por supuesto, pero también el deber de hacerlo. Mi familia tiene una obligación especial con Karwe".
Al principio hubo tensiones. Algunos aldeanos ocupan casas en terrenos ‘redistribuidos' expropiados a los von dem Knesebeck. La familia prometió que no iniciaría acciones legales para reconquistar esos terrenos, como temían los vecinos.
Gracias en parte a la inversión y liderazgo de von dem Knesebeck, en estos días Karwe tiene buena pinta y un brillo que no se observa en otras partes de Alemania del este. Un nuevo restaurante ofrece cocina tradicional. La iglesia del siglo 14 del pueblo (adornada con el escudo de armas de von dem Knesebeck) ha sido cariñosamente restaurada.
La esposa de von dem Knesebeck, la baronesa Annegret, se desempeñó hace poco como alcaldesa. La familia consideró la votación como un honor. "Demuestra que somos aceptados, que hemos reconquistado un lugar en la vida del lugar que amamos", dijo von dem Knesebeck. "Demuestra la fuerza de la tradición".

Petra Krischok contribuyó a este reportaje.

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