matón gringo amenaza a venezuela

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Alto funcionario de Estado asegura que EEUU no descarta ninguna opción en sanciones contra Venezuela.

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Estados Unidos. Estados Unidos sigue vigilando a Venezuela y "ninguna opción está fuera de la mesa" en cuanto a sanciones contra el gobierno de Hugo Chávez por su relación con Irán, dijo un alto funcionario del departamento de Estado este viernes.
"Ninguna opción está fuera de la mesa y el departamento continuará estudiando cualquier acción adicional que pueda ser necesaria en el futuro", señaló Kevin Whitaker, de la oficina para América Latina del departamento de Estado, durante una audiencia en el Congreso.
"El departamento instó con fuerza a Venezuela a tomar el camino de la cooperación y la responsabilidad en vez de seguir aislándose, y lo seguiremos haciendo", dijo Whitaker, que fue ministro consejero en la embajada estadounidense en Caracas de 2005 a 2007.
Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA el 24 de mayo por sus relaciones comerciales con Irán, lo que a su juicio contraviene las sanciones internacionales decididas contra los iraníes por su programa nuclear.
"En vez de cumplir con sus obligaciones internacionales" Venezuela "ha elegido tener cercanas relaciones con Irán y Siria", dijo el coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado, Daniel Benjamin, en la audiencia convocada por los republicanos para discutir nuevas sanciones contra Venezuela.
El jefe de la subcomisión para América Latina de la Cámara de Representantes, el republicano Connie Mack (Florida), impulsa la designación de Venezuela como ‘Estado patrocinador del terrorismo’, un título que Estados Unidos le otorga a Cuba, Irán, Sudán y Siria.
Al Departamento le preocupan los nexos de Venezuela con Irán, su apoyo a la guerrilla colombiana marxista FARC, su "débil cooperación" en contraterrorismo y su "demostrable falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales antidrogas", dijo Benjamin.
Benjamin se mostró reacio a la posibilidad de que Estados Unidos añada a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo. Eso podría ser usado políticamente por Chávez "como un ataque contra su gobierno", señaló.
Además de actuar contra PDVSA, Estados Unidos ha sancionado a la compañía militar Cavim y a un banco por sus nexos con Irán, a dos funcionarios y un ex funcionario del gobierno de Chávez por cooperar con FARC y a dos personas más por enviar recursos al Hezbolá libanés, resumieron los funcionarios.
24 de junio de 2011
©radio bíobío

ladrón de bebés seguirá preso

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Robo de bebés durante la dictadura. El exdirector de la ESMA seguirá tras las rejas.

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Argentina. La Cámara Federal confirmó el rechazo de la excarcelación de Edgardo Otero, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura. Está acusado "de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años" que había sido robado a sus padres desaparecidos. El tribunal basó su decisión en el "carácter de delito permanente que registra el ilícito" que se le imputa.
    
La jueza María Servini de Cubría se había opuesto a liberar a Otero, de 84 años, en esta causa en la que está procesado como "autor de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años". Se trata de la hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris que fue entregada por Otero al represor Juan Antonio Azic, quien la inscribió con su apellido y con el nombre de Carla Silvina Valeria.
Según Télam, en parte de las seis carillas de su resolución, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah recordaron que el 26 de mayo de 2008 "cuando se incorporó a la causa el informe del Banco Nacional de Datos
Genéticos que estableció que ella es hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris" recién "pudo descubrirse la verdadera identidad de la menor sustraída".
Los camaristas añadieron que "el hecho que se le reprocha formó parte de un plan integral en la secuencia fáctica desarrollada en la ESMA y culminó con la sustracción, y posteriormente con la retención/ocultación de la menor". En abril el mismo tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Otero y sostuvo que "a esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en la ESMA".
En ese lugar, se reconoció, "se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes".
Los magistrados concluyeron, entonces, que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad". Y Otero "no ha sido ajeno" a que la hija de la detenida desaparecida Silvia Dameri "fue fraudulentamente inscripta como Azic".
24 de junio de 2011
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la migración es un derecho humano

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Javier de Lucas, catedrático de la Universidad de Valencia, habla del éxodo en Siria y Libia. El experto español acusó a los Estados de la Unión Europea de incumplir la Convención de Ginebra al negar status de refugiados a quienes huyen de los conflictos armados en los países árabes. En cambio, elogió la política migratoria argentina.

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España. La Unión Europea viola los derechos de los refugiados que llegan a Europa desde Libia y Siria, dice el español Javier de Lucas, uno de los mayores expertos en migraciones en Europa. De visita en la Argentina para participar en un congreso sobre migrantes y refugiados, organizado por el Ministerio de Defensa y la embajada de España en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia acusó a los gobiernos europeos de incumplir la Convención de Ginebra y en contrapartida elogió la política migratoria argentina.
Para De Lucas la Unión Europea y las Naciones Unidas estigmatizan a los inmigrantes, al tratarlos desde una lógica de mercado. "Hay una mirada de sospecha sobre los inmigrantes: ellos no son un ejército de reserva para la delincuencia ni una amenaza a las fuentes de trabajo. Al derecho formal estatalista se le escapa el pluralismo jurídico. El Derecho construyó un concepto restrictivo que fomenta la estigmatización del inmigrante", argumentó durante su ponencia en el congreso. En contraposición, el catedrático destacó el papel de la Argentina al reconocer los derechos humanos universales previos de las personas migrantes y refugiados, algo que, según De Lucas, en Europa no ocurre. "La ley (25.871) de inmigración argentina promulgada en 2004 es una referencia internacional. Argentina reconoce y garantiza el derecho humano a migrar. En el resto del mundo no es así. Argentina es una excepción en la proclamación inequívoca de mecanismos de garantía para reconocer la migración como un derecho humano. No es así en España o la Unión Europea." Al finalizar su intervención, el experto dialogó con Página/12.

¿En qué situación se encuentran los miles de refugiados que desde los inicios de las guerras civiles en Siria y Libia desembarcan de forma masiva en las costas europeas?
En el caso de Libia, ellos pasan a Túnez y de allí a las costas de Lampedusa (Italia) y a Malta, porque están a una distancia casi equivalente. En el caso de Siria, la mayor parte de los refugiados está llegando a Turquía, que no es un Estado europeo en el sentido formal. El problema es que se trata de personas que huyen de una persecución como consecuencia de una guerra, donde se ha constatado la existencia de prácticas como mínimo cercanas –si no directamente constitutivas de crímenes contra la humanidad– de violaciones masivas, torturas y por supuesto privación de la vida.

¿Qué pueden hacer los estados que los albergan?
Los estados de la Unión Europea y, desde luego Italia, que sería concernida por Lampedusa, y Malta, que es un Estado miembro de la Unión Europea, son estados parte en el sistema del Derecho de Refugiados que establece el sistema de Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York. Por lo tanto, no es cómo pueden, sino cómo deben. Y como Estado parte tienen todo el deber, en primer lugar, de no rechazar, y en segundo lugar de poner los medios para que esas personas que tienen las condiciones para reclamar el derecho de asilo puedan ser reconocidas como refugiados. No estamos hablando de capacidades de elección, sino de obligaciones.

¿Qué diferencias hay entre la figura legal que ampara a los refugiados y la de los inmigrantes?
Los elementos de violencia descriptos concurren la definición de refugiados del artículo primero de la Convención y, por lo tanto, desde ese punto de vista los estados no se pueden permitir alegar que se trata de inmigrantes económicos clandestinos. En primer lugar hay que dejar en claro que aquellos que huyen de sus costas manifiestamente tienen la condición de refugiados en los artículos de la Convención. Una vez que se proceda a la evaluación de esto es cuando los estados pueden evaluar los casos individuales. Es decir, si se tiene constancia de que huye, o si se trata de un inmigrante económico. Los estados no pueden invertir la presunción favorable a los refugiados que huyen de una guerra.

¿Cómo calificaría la actuación de los estados de la Unión Europea ante las migraciones de Siria y Libia?
La Unión Europea es un espacio decadente. Yo creo que aquí hay que hablar lisa y llanamente de incumplimiento de deberes internacionales de los estados de la UE. Están infringiendo e incumpliendo al no poner el refugio y asilo al alcance de los demandantes, como los obliga la Convención. Se trata de violaciones de principios jurídicos elementales respecto de la guerra en Libia. Las personas que huyen a Lampedusa tienen todos los elementos del status de refugiados y la Unión Europea tiene obligaciones jurídicas de protección de esos derechos. Es indignante que una potencia jurídica que pretende exportar al mundo la unión como línea básica de actuación sea incapaz de garantizar los derechos de los refugiados que llegan a las costas de Malta y Lampedusa.
[Informe de Juan Nicenboim.]
24 de junio de 2011
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cayó criminal de la esma prófugo

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Detuvieron a Víctor Olivera, ‘Lindoro’, un represor de la ESMA que estaba prófugo. Un peligro para su familia. Fue localizado días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. El mismo es el principal sospechoso de ese hecho. Había estado preso y fue excarcelado por la Cámara de Casación.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Víctor Roberto Olivera era uno de ‘los Pedros’ de la ESMA, custodia del grupo de tareas del centro clandestino, mencionado como ‘Lindoro’ entre los sobrevivientes del campo de exterminio que en los últimos meses –al compás de las declaraciones del juicio oral– lo situaron como uno de los responsables del asesinato de Raimundo Villaflor. Después de una decisión de la Cámara de Casación y de la confirmación del Tribunal Oral Federal 5, fue excarcelado en noviembre del año pasado, en un proceso intrincado de órdenes y contraórdenes rechazadas por los fiscales del juicio y luego por la Corte Suprema, que en abril ordenó detenerlo de nuevo. La Justicia no lo localizó, Lindoro fue declarado rebelde. El miércoles a la noche quedó detenido de nuevo, sólo días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. En este momento la Justicia Federal de Campana investiga ese hecho: Lindoro aparece como uno de los principales sospechosos del disparo, una situación que de confirmarse amplía la argumentación por la que los represores no podrían salir de la cárcel: no sólo la libertad pondría en peligro a los testigos sino, y a la luz de este caso, hasta a sus propias familias.
El caso Lindoro es paradigmático: refleja la situación de muchos de los represores acusados. Lindoro es uno de los marinos que reconoció en la etapa de instrucción su participación en la ESMA e imputó con sus relatos a varios de sus antiguos camaradas de armas. Negó, sin embargo, su alias, y entonces el modo con el que los sobrevivientes mencionan su participación en el caso Villaflor.
Lloró durante toda la declaración. Y estaba emocionalmente debilitado. El informe del Cuerpo Médico Forense elaborado cuando se discutía su excarcelación explicó que presenta una "afección" que "reviste la forma clínica de trastorno del humor". Que, para el caso de recuperar la libertad, se recomendaba continuar con un tratamiento psiquiátrico que podía "llevarse a cabo bajo la forma ambulatoria toda vez que permanezca estable y que contara con la compañía y supervisión de una persona responsable para garantizar el tratamiento", teniendo en cuenta el criterio de los médicos. "Su peligrosidad se encuentra supeditada –insistía el informe– a la continuidad del tratamiento psiquiátrico que no debe abandonar."
Lindoro quedó libre en noviembre de 2010 por una decisión del Tribunal Oral, el mismo que tuvo fallidamente a cargo el control en la cárcel del represor Héctor Febres, que terminó suicidándose antes de conocer la condena. La fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky tomaron conocimiento de la libertad cuando todo estaba hecho, una decisión sobre la que ya se había pronunciado en contra el juez de primera instancia Sergio Torres, pero que contaba con el aval de Casación. Torres primero se negó. Casación lo rechazó. Torres apeló a la Corte Suprema, la Corte confirmó la denegatoria que volvió a Casación. Casación, así, tuvo que negarse en esa instancia, pero el Tribunal Oral 5, basándose en la primera resolución de Casación, ordenó liberarlo. Cuando la fiscalía lo supo interpuso un recurso; el Tribunal 5 lo rechazó, luego presentó otro en queja ante la Cámara, que también lo rechazó. Finalmente, en abril –y tal como lo venían diciendo los fiscales–, la Corte Suprema de Justicia volvió a ordenar la detención de Lindoro, pero esta vez ya era tarde.
Como todos los excarcelados, Lindoro cumplió con las presentaciones semanales de control hasta una semana antes de la decisión de la Corte. Para cuando el tribunal ordenó detenerlo, ya no lo encontraron. Lo declararon prófugo y en rebeldía.

Los Disparos
Claudia es la ex mujer de Lindoro. Era una de sus garantes de la condición de libertad, fue quien dijo que estaba "prófugo" en el juzgado de Torres. También había pedido custodia para ella, para su hija y en la escuela: "El era su padre –dijo ayer a Página/12–, yo no podía saber si un día aparecía en la escuela para sacar a la nena, y si pasaba eso, ¿qué hacia yo?".
El lunes, pasadas las 21.30, la casa recibió un disparo desde la calle. Los datos reunidos hasta aquí en la causa indican que el disparo se produjo desde un Fiat. La custodia, en ese momento, estaba en el fondo de la casa. El tiro le dio a la niña de 9 años que fue internada en estado grave e intervenida pero que se recupera favorablemente.
Las primeras sospechas recayeron sobre Lindoro. El juzgado además había recibido otras informaciones. La ausencia del represor no parecía deberse a una gran fuga orquestada: Lindoro seguía aparentemente en la zona. Lo habían visto entrar a pedir un auto en una remisería. Lo vieron pasar con unas bolsas. Con estos datos trabajó en las primeras horas la fiscalía de Pilar, que empezó a cerrar el cerco sobre el marino. Por conexidad con la causa ESMA, la causa pasó ayer al Juzgado Federal de Campana, donde deberán evaluar si finalmente Lindoro es víctima o imputado.
Una parte del caso Lindoro ayer quedó cerrada: el marino fue detenido nuevamente en la zona de Campana, a partir de averiguaciones que se estaban haciendo en el marco de la causa ESMA. Eso indica que la detención no estuvo vinculada en principio con el ataque a su casa, aunque un funcionario judicial aclaró que muy posiblemente seguiría prófugo si no se hubieran producido los disparos.

La Casación
La Cámara de Casación comenzó a dejar libre a los represores de las causas de lesa humanidad primero en cuentagotas y luego sistemáticamente durante todo el año pasado. La Corte terminó con esa tendencia a comienzos de este año con una resolución que tomó como argumento uno de los planteos presentados por Torres sobre la vulnerabilidad de los testigos.
¿Pero cuál es la legitimidad de estos reclamos? Cuando un imputado pasa dos años preso sin condena tiene derecho a la excarcelación. La Justicia se la puede dar o puede extenderle la prisión preventiva hasta el momento de la condena, una decisión que los fiscales y querellas reclaman para los acusados de los delitos de lesa humanidad porque consideran que no son causas comunes, entre otras cosas por los años de impunidad que tuvieron los represores y por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Esos fueron los argumentos por los que la fiscalía intentó impedir la salida de Lindoro. Pero, además, este represor estaba preso desde hacía poco tiempo y tenía problemas psicológicos, sin contar que había un fallo previo de la Corte Suprema que limitaba las excarcelaciones.
El cuadro psicológico terminó ahora siendo importante. Y al haber sido excarcelado quedó sin control. Cuando un acusado se convierte en prófugo, deja además el tratamiento, y reaparece la peligrosidad.
24 de junio de 2011
©página 12

policías cómplices de asesinato

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Oficiales de la federal acusados de haber liberado la zona y permitir el asesinato de Mariano Ferreyra. En una resolución de 162 páginas, la jueza López consideró que los federales no realizaron el operativo cerrojo que hubiera evitado que la patota de la Unión Ferroviaria asesinara al militante del PO.

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[Irina Hauser] Argentina. La jueza Wilma López procesó a seis policías federales por haber permitido y facilitado que una patota de la Unión Ferroviaria (UF) asesinara a Mariano Ferreyra, quien participaba de una protesta de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca. A su vez, los responsabilizó de no haber actuado mediante un "operativo cerrojo" que retuviera a los matones en el lugar para "individualizar a los responsables y hallar las armas de fuego utilizadas". En una resolución de 162 páginas, la magistrada les imputó el delito de abandono de persona agravado por las lesiones sufridas por Elsa Rodríguez, quien recibió un disparo en la cabeza que la dejó hemipléjica, y por la muerte del militante del Partido Obrero (PO), además de incumplimiento de sus deberes.
"La inacción del personal policial dejó a los tercerizados y a los integrantes del Partido Obrero en situación de completa indefensión", sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Página/12. "El poder de agresión de los empleados ferroviarios infinitamente superior al de los tercerizados radicaba en la posibilidad de efectuar disparos de armas de fuego y frente a esa situación las únicas personas capaces de proveer a la seguridad de las víctimas eran precisamente" los policías en su "rol de garantes del orden público" y "de la vida de las personas".
Dos de los procesados son los que estuvieron a cargo del operativo: el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca. La medida también alcanzó al subcomisario Rolando César Garay, encargado de los móviles de la comisaría 30 y a quienes monitoreaban y daban instrucciones desde la "sala de situación" de la Dirección General de Operaciones: el entonces titular de esa área, comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, quien luego fue jefe de comisarías pero terminó expulsado; el principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, quien operaba la radio, y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. A todos les trabaron embargos de 200.000 pesos. Por ahora quedan en libertad, aunque en el juicio oral la pena puede ser de 5 a 10 años de prisión.
López se basó en un dictamen del fiscal Fernando Fiszer, que decía que los policías propiciaron con su pasividad el ataque de la patota a los trabajadores que reclamaban reincorporaciones y puestos de planta, pero además que "facilitaron los medios para alcanzar la impunidad de los hechos". Permitieron, precisaba, que los agresores huyeran y ocultaran las armas, omitieron notificar a la Justicia, no preservaron las pruebas, usaron teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones (llamados POC) e interrumpieron su propia filmación de los sucesos en el momento de mayor violencia.
Todo ocurrió el 20 de octubre último. Los tercerizados planeaban un corte de vías. Pero, según sostuvieron la jueza y la fiscalía, se los impidió un grupo de choque que iba dispuesto a "aleccionarlos" como parte de un "plan criminal" que habría tenido como instigadores –dijeron– al propio titular de la UF José Pedraza, y su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, movidos por intereses políticos y económicos. Después de una primera advertencia verbal en la estación Avellaneda, los tercerizados y organizaciones sociales hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena. Al desconcentrarse se les abalanzaron los hombres de la UF con un grupo de apoyo liderado por el barrabrava Cristian Favale.
Según la jueza, la Policía sabía desde un día antes que esto podía ocurrir. Había destinado, de hecho, noventa efectivos. Conocían el conflicto ferroviario y un apriete anterior a los tercerizados en Constitución. Pese a todo, señaló, "omitieron cumplir con las acciones de prevención y persecución idóneas (que estipulan sus normas internas) para evitar la agresión".
Las modulaciones policiales pintan la actitud. Cuando los tercerizados se retiran, desde Operaciones indican que los sigan porque "primero te dicen una cosa y después hacen otra". Cuando Garay informa que la situación se complica, le dicen que se "repliegue". Luego le mandan un camión hidrante y grupos de combate, pero con la directiva de "expectantes, no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan para combatir contra nosotros". Así, ya no había patrulleros interpuestos en la calle: Favale y el ferroviario Gabriel Sánchez, según la jueza, dispararon. Luego, la policía ignoró una instrucción de identificar a los agresores. "Omitieron realizar un operativo cerrojo, es decir, desplegar las fuerzas policiales para individualizar a los responsables, hallar las armas de fuego utilizadas" y "perimetrar la zona".
La jueza advirtió que se permitió la presencia de policías de civil, pese a la obligación de estar identificados, y los jefes no dispusieron la obtención de imágenes apropiadas de los hechos. Al camarógrafo policial imputado por la fiscalía, David Villalba, lo sobreseyó. Para López aún no se demostró connivencia de la policía sino omisiones. El CELS, que representa a la familia de Mariano, sostuvo que se "confirma que las conductas de los policías fueron esenciales para que el asesinato se pudiera cometer". Podrían ser juzgados con Pedraza.
24 de junio de 2011
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los noble herrera entregan sangre

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Los Noble Herrera entregan muestras de sangre para pruebas de ADN.

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Argentina. Tras diez años de dilaciones, Marcela y Felipe Noble Herrera se encuentran en el Hospital Durand para entregar sus muestras de sangre, saliva o pelo para ser cotejadas con las muestras de ADN que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos a fin de determinar si son o no hijos de desaparecidos. Los hermanos concurrieron poco después de las 9.30 al edificio de Díaz Velez y Campichuelo, tal como lo dispuso el miércoles la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien deberá resolver de qué manera se hará el entrecruzamiento con las muestras de familiares de víctimas de la represión de Estado.

La magistrada será la encargada de establecer si las muestras serán comparadas con la totalidad de las depositadas por familiares que buscan recién nacidos robados o desaparecidos, o limitará la búsqueda dentro de los plazos en que se realizaron los trámites de guarda de los hermanos Noble Herrera.
En el hospital, los Noble Herrera deberán aportar "mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas" que permitan aislar sus secuencias de ADN, según se estableció. Ayer, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal suspendió el trámite de los recursos extraordinarios presentados en el marco de la causa que investiga las identidades.
[Foto viene de aquí.]
24 de junio de 2011
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murió clara m. luper

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Luchó por los derechos civiles en Oklahoma, dirigiendo las manifestaciones o sentadas en las cantinas.

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[Elaine Woo] Murió en su casa en Oklahoma, por causas naturales, la activista por los derechos civiles de los negros en Oklahoma, Clara M. Luper, cuyo temprano liderazgo de las sentadas en las cafeterías contribuyó a echar abajo las barreras raciales en restaurantes y cafeterías casi veinte años antes de que las sentadas en Greensboro, Carolina del Norte, atrajeran la atención nacional en 1960. Tenía 88 años.
El papel de Luper en la historia de los derechos civiles empezó con un viaje en bus (Greyhound) a Nueva York n 1957. Maestra de historia en la secundaria, Luper había escrito una pieza de teatro titulada ‘Brother President’, sobre el Reverendo Martin Luther King Jr., líder del exitoso boicot a los buses en Montgomery, Alabama. Luper y sus estudiantes fueron invitadas a representar la pieza en la convención nacional de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People; Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color] en Nueva York.
Sabiendo que muchos de sus estudiantes no habían viajado nunca fuera de Oklahoma, Luper trazó una ruta a través del Norte que los expondría a ciudades donde no existía la segregación racial. Durante una parada en St. Louis para almorzar, el grupo comió en una cafetería con clientes blancos por primera vez en sus vidas.
"Para nosotros, eso fue asombroso", recordó Marilyn Hildreth, hija de Luper, que tenía entonces ocho años.
Después de su actuación en Nueva York, el grupo volvió siguiendo una ruta por el Sur. A medida que entraban a territorio de Jim Crow, una vez más tuvieron que comer de bolsas de papel.
Según su hija, Luper decía a menudo: "Un poquito de libertad es algo peligroso". De vuelta a casa, pensó sobre su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial que había muerto ese año, sin haber tenido nunca la experiencia que tuvo ella y sus alumnas en St. Louis.
"Recordé que siempre nos decía que algún día nos llevaría a un restaurante y a parques y zoológicos", escribió Luper en su libro de memorias, ‘Behold the Walls’ (1979). "Y cuando yo le preguntaba cuándo sería ese día, me decía siempre: ‘Algún día muy pronto’, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Así que mi respuesta era: ‘Sí, esta noche es la noche. La historia nos obliga a ir. Dejemos que sea la historia la que nos juzgue."
De regreso en Oklahoma, el concejo juvenil decidió lanzar un nuevo proyecto para romper las barreras raciales que impedían que los negros fueran atendidos con blancos en los restaurantes.
Primero trataron de negociar, pero los establecimientos de expendio de comidas de la ciudad temían perder a sus clientes blancos si empezaban a aceptar a clientes negros y se negaron a cambiar. Después de un año de negociaciones infructíferas, Luper y el concejo juvenil optaron por la acción directa.
El 19 de agosto de 1958, Luper y trece estudiantes, de edades entre los seis y diecisiete años, entraron a la cafetería Katz en el centro de Oklahoma y se sentaron a la barra. "Trece Coca-Colas, por favor", dijo Luper, pero la camarera los ignoró. Los clientes blancos los escupieron y les arrojaron sus bebidas, insultándolas, y abandonaron el local sin terminar sus consumiciones. "Personas que nos conocían de toda la vida empezaron a insultarnos", recordó Luper en una entrevista en el blog Stories in America en 2005.
Después de varias horas, los manifestantes se rindieron. Pero volvieron al día siguiente. Entonces les sirvieron bebidas y hamburguesas. "En esas hamburguesas estaba la esencia misma de la democracia", dijo Luper más tarde.
Congratuladas por su victoria, los manifestantes (que fueron llamados los ‘sit-inners’) reprodujeron sus pacíficas protestas en todos los restaurantes de la zona céntrica. Protestas similares surgieron en todos los restaurantes en el estado.
En 1960, las sentadas se extendieron por todo el país después de que cuatro estudiantes de la Universidad Técnico-Agrícola de Carolina del Norte se sentaran en la sección Sólo para Blancos en una cafetería en el interior de los grandes almacenes Woolworth, en Greensboro.
Luper fue detenida veintiséis veces antes de que el ayuntamiento de Oklahoma aprobara en 1964 una ordenanza prohibiendo la discriminación en lugares públicos por motivos raciales, religiosos o de color de la piel. Fue adoptada dos días después de que el presidente Lyndon B. Johnson firmara la Ley de Derechos Civiles en 1964.

Nativa del condado de Okfuskee, Oklahoma, Luper nació el 3 de mayo de 1923. Estudió matemáticas en la Universidad de Langston, en Langston, Oklahoma, en 1944, y se licenció en historia en la Universidad de Oklahoma en 1951. Enseñó en escuelas públicas durante cuarenta años, trabajó en la comisión escolar del ayuntamiento de Oklahoma, dirigió la lucha por la integración escolar y fomentó la enseñanza de la historia de los negros en Estados Unidos.
Además de Hildreth, le sobrevive su hijo Calvin; su hija Chelle Luper Wilson; su hermana Onita Brown; cinco nietos y ocho biznietos.
24 de junio de 2011
10 de junio de 2011
©los angeles times

otan y obama siguen matando en libia

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columna de lísperguer

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Gobierno libio pide a ONU investigar masacres de la OTAN contra civiles libios.

La doctrina Obama justifica el ataque contra blancos civiles, a los que confunde deliberadamente con objetivos legítimos, porque santifica el magnicidio (como queda demostrado por los intentos de asesinato del coronel Gadafi) y el asesinato de familiares de gobernantes y personeros hostiles (como el asesinato reciente de tres nietos de Gadafi y de la esposa e hijos de El-Khweldi el-Hamedi, un alto funcionario del gobierno libio) como medios de presión tanto contra la población civil (para que esta se vuelque contra sus gobernantes) como contra las autoridades políticas (para que renuncien). Estos dos ingredientes de la política exterior de Estados Unidos continúan la barbarie introducida por el presidente George W. Bush (torturas, ejecuciones extrajudiciales, campos de concentración, detención indefinida sin juicio ni derecho a defensa de ciudadanos extranjeros).
Entretanto, la presunta matanza con que Sarkozy y Obama justificaron la agresión (en una plaza de Trípoli, en la que según los rebeldes los manifestantes fueron bombardeados desde el aire, causando la muerte de más de mil de ellos) fue completamente desmentida por una comisión del Parlamento europeo, que visitó el lugar días después de la manifestación. Esa masacre nunca ocurrió.
La acusación de que el gobierno libio ataca a la población civil es igualmente falsa: según Alan J. Kuperman, profesor de la Universidad de Texas, que investigó los presuntos ataques en Misurata, tras dos meses de guerra han caído 257 combatientes y 949 heridos. De estos últimos, sólo 22 son mujeres. Si se hubiese atacado a la población civil, la mitad de las víctimas serían mujeres.
Poco a poco empiezan a conocerse las atrocidades que cometen a diario las fuerzas rebeldes, que han iniciado una campaña de odio racial contra inmigrantes subsaharianos (negros) con descuartizamientos y ahorcamientos, que han sido condenados por Amnistía Internacional.
Tan arrogante es la postura de Obama, Sarkozy y otros presidentes europeos que no piensan todavía que su adopción del asesinato de civiles y funcionarios hostiles como política de Estado se puede volver con igual legitimidad contra ellos. Si fuesen víctimas de atentados, ¿qué podrían decir? Frente a la perspectiva de una acusación constitucional contra Obama por haber declarado una guerra sin autorización del Congreso, el presidente negó que hubiera una guerra en Libia con el argumento de que los libios no son capaces de defenderse de la superioridad bélica de su país (según Jonathan Schell, profesor de la Universidad de Yale, en Los Angeles Times).
El gobierno libio ha pedido a la ONU que investigue los ataques contra la población civil y contra funcionarios de gobierno cometidos por las fuerzas de la OTAN. Es muy poco probable que lo haga. La lucha por el petróleo y el increíble servilismo de la Unión Europea no permiten abrigar ninguna esperanza de que la ONU prefiera una solución pacífica de un conflicto antojadizo que no debió empezar nunca.
lísperguer