la guerra de uribe que no fue

---

Los cables desde las embajadas de Caracas y Bogotá no paraban en los momentos más difíciles entre Colombia y Venezuela.

---

Colombia. Estados Unidos desempeñó un papel protagónico, tras bambalinas, en las crisis diplomáticas que se desataron en 2008, cuando Colombia atacó el campamento de Raúl Reyes en Ecuador y en 2009, al conocerse el acuerdo de cooperación para que Estados Unidos usara siete bases aéreas colombianas. Ese papel, sin embargo, fue distinto al que presentaron en su momento, que dibujaba a Washington como un aliado incondicional de Colombia, dispuesto a apoyarlo militarmente.
Los cables revelan aspectos desconocidos. En la primera de la crisis, por ejemplo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, autorizó personalmente la operación Fénix en Ecuador contra Reyes, a sabiendas de que provocaría una crisis con el vecino país. Así se lo contó a la embajada de Estados Unidos, según un cable del 5 de marzo de 2008, en el que también tilda al presidente Rafael Correa de "hipócrita".
Pero no calculó la crisis que este incidente desataría con Venezuela y otros países del área. Y aunque los computadores de Reyes alborotaron aún más el avispero, el gobierno colombiano vio en ellos una oportunidad de demostrar, nacional e internacionalmente, que los países vecinos albergaban a terroristas. Según un cable del 5 de marzo, Santos le entregó la información antes del ataque al senador Germán Vargas, para que denunciara la presencia de las Farc en otros países.
El mindefensa y su vice, Sergio Jaramillo, también le entregaron una copia del computador de Reyes al embajador William Brownfield, mientras que a Venezuela solo le suministraron noventa documentos y a Ecuador, treinta. Todo hacía parte de una estrategia para revelar información que vinculaba a Chávez y a Correa con las Farc.
En otro cable, el ministro Santos le agradeció a Brownfield por haber compartido inteligencia proveniente de Venezuela y Ecuador, y aunque no pensaba que Chávez realmente quisiera atacar a Colombia, le preguntó qué acciones tomaría Estados Unidos si se diera el caso. El embajador respondió que las posibilidades de una confrontación en la frontera eran "extremadamente remotas". A esa conclusión llegaron los norteamericanos por su monitoreo de movimientos del Ejército venezolano desde que Chávez dio la orden de enviar diez batallones a la frontera. "La falta de entrenamiento, ensayos, y el no haber invertido en equipos militares han frenado la movilización militar", dice un cable. Ni siquiera una tercera parte de las tropas completó el recorrido de 260 millas.
Tampoco existió posibilidad alguna de que las tensiones con Ecuador escalaran a una guerra. El ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, le dijo, avergonzado, a la embajadora de Estados Unidos, Linda Jewell, que aunque la prensa de su país registró que las tropas ecuatorianas avanzaban hacia la frontera con Colombia, solo tenían un helicóptero, con capacidad para 18 soldados. Dijo además que el radar antiaéreo estaba apagado cuando los aviones colombianos bombardearon el campamento de Reyes en Ecuador.
La mayor preocupación de la Embajada de Estados Unidos en Quito era acabar con la sospecha que existía en sectores del gobierno y de la Asamblea ecuatoriana de que los colombianos habían utilizado la base de Manta y habían contado con apoyo aéreo estadounidense en la operación contra Reyes. Como se evidencia en varios cables, Jewell les reiteró a varios funcionarios ecuatorianos que Estados Unidos no participó y que el avión colombiano era capaz de dar semejante golpe.
Además de las acciones diplomáticas en Colombia y Ecuador para suavizar la crisis, Estados Unidos emprendió una ofensiva política en otros países a favor de Colombia, para evitar que la condenaran por violar el derecho internacional, en la cumbre de la OEA, el 4 y 5 de marzo. "Argentina le bajó el perfil a su intervención el segundo día, como resultado de los esfuerzos de la Embajada en Buenos Aires de controlar al embajador Gil", dice un cable.
La resolución final se pospuso para el 17 de marzo, cuando la misión de verificación de la OEA presentaría su informe final. Esto le dio tiempo a Correa de emprender una gira en busca de apoyo de otros mandatarios latinoamericanos, quienes le contaron que se habían sentido presionados por Estados Unidos para apoyar a Colombia y no a su país. Sin embargo, Washington se había empeñado en saber de qué bando estaba cada gobierno. Cables de las embajadas de Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Nicaragua le informaban qué tan alineados estaban con Colombia o Ecuador.
Colombia, por su parte, le había pedido a Brownfield ayuda para bloquear una resolución impulsada por Ecuador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Colombia argumentó que la crisis se debía tratar en la OEA, donde en efecto se resolvió días después.
Los temores de un nuevo conflicto con Venezuela volvieron a surgir el 8 de noviembre de 2009, cuando Chávez anunció que debían prepararse para la guerra, pues, con el acuerdo sobre las bases colombianas, tropas estadounidenses podían lanzar desde ellas un ataque para apoderarse de sus reservas petroleras.
Esa misma tarde, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, llamó a Brownfield a pedirle información de inteligencia sobre Venezuela. También le pidió una declaración contra las amenazas de Chávez. Apenas colgó con el ministro de Defensa, el embajador recibió una llamada de Uribe, quien le pedía consejos para lidiar con esta nueva provocación. Brownfield le recomendó que hablara con Lula y "le sugirió a Uribe que pensara sobre lo que Chávez estaba esperando que hiciera, y le dijo que hiciera todo lo contrario".
Luego de sus conversaciones telefónicas con el presidente y el ministro de Defensa colombianos, Brownfield escribió sus conclusiones: "Los colombianos se están preocupando demasiado sobre la potencial amenaza militar de Venezuela (…): No creemos que la última diatriba de Chávez pueda significar algo más y no recomendamos que Washington trate este incidente como una crisis real".
Otro cable de la embajada de Caracas aseguró que las amenazas de Chávez eran una cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos que enfrentaba en Venezuela y que no había evidencia de movilización de tropas. Advertía, sin embargo, que ciertos sectores en Venezuela consideraban que el presidente Chávez creía en una conspiración colombo-estadounidense en su contra.
Unos días después, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidió que le informaran sobre el estado emocional y psicológico de Hugo Chávez. "¿Está bravo, ofuscado o se muestra emocionalmente afectado por lo que está pasando en privado? ¿Su comportamiento es cada vez más paranoico, sospechoso o ha cambiado?", preguntaba.
 A Estados Unidos también le preocupaba que en Colombia el miedo terminara influenciando las decisiones del gobierno. Brownfield describió en un cable las teorías de una de las asesoras más cercanas a Uribe, quien se sentía intranquila, no tanto por la amenaza de los 15.000 hombres que Venezuela ordenó movilizar a la frontera, sino por la torpeza y la falta de disciplina de las tropas del país vecino, que podrían terminar abriendo fuego por accidente. También creía que Chávez era capaz de ir a la guerra con cualquier pretexto, para eludir la crisis interna, tal como hizo la dictadura argentina en las Malvinas.
Brownfield reportó también que ciertos sectores de la sociedad colombiana (funcionarios del gobierno, políticos y representantes de los gremios) creían que la estrategia geopolítica de Venezuela era aislar a Colombia mientras expandía su influencia por el resto del continente. El embajador mencionó que Uribe le envió una carta al presidente Obama en la que le urgía firmar el TLC, pues temía que el presidente Chávez cortara el comercio con Colombia.
La poca importancia que Estados Unidos le dio a la crisis causó molestias en el gobierno colombiano. "La percepción de que el gobierno de Estados Unidos no está apoyando a Colombia se está convirtiendo en un asunto de discusión pública y privada", dice Brownfield. El canciller Jaime Bermúdez llamó al embajador para decirle que le parecía que la postura de Estados Unidos había sido demasiado neutral. Le dijo que el presidente Uribe iba a quejarse ante el subsecretario de Estado, James Steinberg, quien estaría de visita en el país a los pocos días. Pero Steinberg canceló la visita por problemas de agenda y Uribe interpretó el hecho como un desaire.
Los cables del Departamento de Estado reflejan que los norteamericanos nunca vieron un enfrentamiento bélico real, como sí lo alcanzaron a temer Colombia, Ecuador y Venezuela. Su intervención en ambos episodios obedeció más a la protección de sus propios intereses en la región que a mostrar los dientes ante las amenazas de guerra contra su aliado en el continente. Para Estados Unidos, la guerra nunca fue posible.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©semana

violadores a la cárcel ya

---

Una jornada en el Concejo Municipal para que los ataques sexuales durante la dictadura sean considerados delitos de lesa humanidad.

---

[Alicia Simeoni] Argentina. Dos fuertes reclamos se escucharon el viernes en el recinto del Concejo Municipal de Rosario: Que la Justicia considere a las violaciones y ataques sexuales como delitos de lesa humanidad y que los represores que están imputados en la ex Causa Feced, renombrada como Díaz Bessone estén en la cárcel mientras transcurre el juicio oral. Los dos reclamos atravesaron las intervenciones de los panelistas que participaron para hablar sobre ‘Mujer y derechos humanos: políticas públicas desde el terrorismo de Estado al actual Estado de derecho’ convocado por la presidencia del cuerpo a cargo de Miguel Zamarini, la edila Norma López y el concejal Arturo Gandolla. A lo largo de casi dos horas se escucharon las reflexiones y posturas de la directora del Centro de Investigación en Derechos Humanos ‘Juan Carlos Gardella’ de la Facultad de derecho de la UNR, Matilde Bruera, de la sobreviviente y testigo en la Causa Díaz Bessone, la secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario, Stella Hernández; de la abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos por motivos políticos y gremiales que hoy lleva adelante la querella de las víctimas junto a otros profesionales, Gabriela Durruty y del diputado nacional y precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria Agustín Rossi, todo con la coordinación de otra víctima del terrorismo de Estado, Viviana Della Siega, de larga trayectoria en la militancia por los temas de género.
La vicepresidenta primera del Concejo, Norma López, abrió la jornada. Ella dijo que así se daba el puntapié inicial para el "debate que aporte a la memoria" sobre la relación entre la problemática y análisis con perspectiva de género y los derechos humanos. Otra mujer, Viviana Della Siega, quien sigue el juicio por la desaparición de su esposo Hugo Parente, señaló que hombres y mujeres construyen de manera distinta su subjetividad y "que esa realidad no fue todavía analizada en profundidad" en el marco de los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina.
Cada panelista aportó su mirada crítica hacia la Justicia Federal, ya que en todo el país, también en Rosario, hay condenas ejemplares hacia los represores, pero al mismo tiempo no se tuvo en consideración los derechos humanos de las mujeres. La abogada Matilde Bruera, como directora del Centro Juan Carlos Gardella de la Facultad de Derecho comenzó por ubicar que el concepto de ‘mujer’ fue construido socialmente, y que el discurso jurídico le dio a ese concepto distintas connotaciones a través de la historia. Para reconocer los derechos femeninos "son necesarias políticas públicas, políticas de Estado", dijo.
Bruera realizó un recorrido histórico por la concepción de la mujer en el mundo jurídico, al que ellas ingresan "expresó "como categoría problemática y tan es así que el primer Código Penal de la humanidad, en la época de la Inquisición, estuvo destinado a perseguirlas" acusándolas de practicar, de encarnar "brujerías". Luego, durante siglos "las mujeres fueron miradas, ubicadas en forma negativa y estigmatizadas cuando se las calificaba como "malas madres" o como "prostitutas". Matilde Bruera repasó las luchas feministas que las ubicaron como sujeto de derecho y que permitieron conseguir derechos políticos, laborales, el reclamo por igualdad de oportunidades para el desarrollo personal "continuó "y así comenzó el debate sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Con el incesante activismo que ellas desplegaron en el mundo se pudo incorporar la lectura de género en los derechos humanos, y entonces el eje de la lucha feminista pasó por el no a la discriminación y también por la necesidad de tener "una vida libre de violencia". Ello no sólo impactó en el ámbito jurídico sino que comenzó a calar en la cultura, y lo hizo en la medida en que el Estado se hizo cargo de esta nueva perspectiva y se propuso trabajar sobre las prácticas sociales e institucionales".
La directora del centro Juan Carlos Gardella contextualizó la situación de las mujeres en la década del "70. Estaban incorporadas de forma masiva al ámbito laboral e incluso a la vida universitaria: "todo ello puso en crisis el modelo occidental y cristiano" que les estaba reservado, porque también fueron militantes políticas o sociales.
"Las mujeres no sólo hablaban de su dignidad, sino que fueron capaces de cruzar sus miradas hacia las luchas sociales y políticas" Por eso la represión y la dictadura tuvieron un especial ensañamiento con ellas". Rotunda, Bruera sostuvo que si se aspira a terminar con la impunidad y hacer realidad el derecho a la Justicia para las mujeres víctimas del terrorismo de Estado no se puede seguir encubriendo prácticas aberrantes ni subsumirlas bajo otras denominaciones. "Las violaciones, los ataques de todo tipo fueron posibles por el prejuicio social y cultural que sostuvo el ocultamiento y la culpa y que obturó los propios discursos de las víctimas que se protegían de la revictimización institucional que expuso y expone pero no escucha". Pero esa mujer también fue protagonista en la resistencia y en la lucha por los derechos humanos, según explicó, para saludar a modo de homenaje la existencia de las Madres "que instalaron el discurso de la vida, de la memoria y de la lucha contra la impunidad. Salieron a cuestionar el poder vigente, la dictadura, el terrorismo de Estado luchando por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares."
Ya, sobre el acceso a la Justicia, aportó la idea de que no se accede a ésta por llegar a los Tribunales, sino cuando se reconocen sus derechos y más aún cuando se hacen efectivos. "Por eso es trascendente el reconocimiento, en los juicios de lesa humanidad, el especial ataque que sufrieron las mujeres víctimas del terrorismo de Estado: los atentados sexuales como prácticas sistemáticas en los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición. No se trataba de hechos excepcionales, sino permanentes y específicos. En esto es que hoy se reclama el acceso a la Justicia que debe ser el reconocimiento como delito de lesa humanidad, ya que constituye una problemática de género".

El "Desescombrar" de Stella Hernández
La voz de Stella Hernández conmovió a quienes estaban en el recinto. Poco tiempo atrás declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 con los represores sentados en la sala, a su espalda. Esos hombres parecían animales feroces, sanguinarios y sin embargo salían, volvían a "sus cuevas", dejaban maloliente la ciudad. Ella denunció en especial a uno de ellos, a El Cura Marcote como "el violador serial en el Servicio de Informaciones de la policía", en Dorrego y San Lorenzo. El viernes pasado Hernández narró su preocupación antes del testimonio ante el Federal: "¿Qué palabras, cómo usar las palabras para que se entendiera lo que sienten las víctimas? Yo no vengo a hablar sólo en mi nombre dijo , sino en el de tantas mujeres que ya no tienen voz porque se la arrebató la dictadura. Mi testimonio se inscribe en el reclamo de Justicia de todas las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, pero también en el universo de las mujeres que hemos sufrido ataques sexuales sin que las denuncias hayan sido llevadas a juicio, porque esos ataques no han sido considerados delitos de lesa humanidad".
Stella Hernández describió, pintó sensaciones ante un público que seguía silencioso su relato. Porque cuando se habla y se pone en palabras el horror se puede experimentar una fuerte "liberación, se descargan varias mochilas, pero es enorme el esfuerzo que hacemos los testigos por hilvanar las historias, por armar un "puzzle" con los hechos y estructurar la cronología del horror. Pasaron ya 35 años. El esfuerzo es por recordar caras, por adjudicar nombres y por encontrar las palabras más contundentes, más justas para expresar qué paso, para nombrar lo innombrable. La violencia sexual ha quedado escondida en muchas declaraciones porque se recurrió al uso de metáforas, de elipsis, es lo que yo llamo la segunda impunidad de la que gozaron los represores, cuando las víctimas no podían hablar, no podían denunciarlos y cuando delante de ellos se producía el silencio".
Hernández ubicó que el hecho de no poder denunciar no sólo tiene fundamento en pautas culturales, que incluyen a las religiosas y las concepciones sobre el cuerpo de las mujeres, "sino que "dijo , existen razones fundadas en la acción del Estado y de sus instituciones: cuando la Justicia no actuó, cuando los legisladores votaron leyes contra el derecho, cuando los gobiernos perdonaron a los que nunca se arrepintieron se construyó la barrera de la impunidad en la democracia". Y a ello contribuyó la sociedad "porque no supo, porque no quiso, porque no pudo" y ayudó a levantar la barrera de la impunidad. Y esa es la barrera que hay que romper con la palabra".
No era la primera vez que Stella Hernández declaraba. Lo había hecho antes ante la CONADEP, ante la Justicia provincial y ante las instancias que abrían los militares "pero hay que decir que esta es la primera vez en que uno siente que está el Estado protegiéndonos de alguna manera porque está impulsando estos juicios. Esta es la primera vez que nos acompaña un Estado que decidió tomar la política sobre derechos humanos como una política de Estado".
Después de recordar la actitud del ex presidente Néstor Kirchner cuando pidió perdón a las víctimas, y a la sociedad toda, y lo hizo en nombre del mismo Estado, trajo las imágenes de cuando hizo bajar los cuadros de los genocidas y se habilitaron los juicios. "Es tan grande el mérito de esas acciones porque es también muy grande el poder que está en contra de ellas".
Reclamó otra vez al Tribunal para que el delito de la violación sea considerado delito de lesa humanidad y en consecuencia se juzgue a los responsables. "Estos hechos fueron la regla y no la excepción. Fueron pensados y ejecutados por las fuerzas armadas y policiales, para quebrarnos en nuestra subjetividad y aniquilarnos, y para extender, a través de las y los sobrevivientes, el terror sobre lo que sucedía en los centros clandestinos. Esa fue la manera de despejar el terreno para la aplicación posterior de un plan económico de devastación y para instalar el otro genocidio que fue el genocidio del hambre".
Hernández reclamó también que los represores que están siendo enjuiciados cumplan prisión efectiva. "Vamos a denunciarlos y los podemos cruzar en cualquiera de las calles de Rosario", afirmó.
Cuando terminaba de hablar contó una anécdota personal, de cuando le pidieron que escribiera lo que había sentido en su paso por el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 2. "No terminé de escribir, pero quiero señalar otra vez lo de las palabras, el desafío de encontrar las palabras para que todos entendamos lo que pasó". Ella contó que en ese esfuerzo encontró una expresión, que en realidad es una licencia que se tomó, y citó des encombrar para señalar el sacarse los escombros. "Yo sentí que con mi declaración había sacado piedra tras piedra manteniendo firme la estructura y por un hilito de luz que quedaba sentí que había podido liberar a esa joven que fui en 1977".

Contexto de los Delitos
Gabriela Durruty es abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales. Por su presencia y el rol que juega como representante de los querellantes -junto a otros profesionales dijo Della Siega: "No sólo no pudieron con nosotros, tenemos toda una generación de jóvenes abogadas, abogados de los organismos que llevan adelante una tarea muy importante, justo la de la querella. Algunos eran niños o no habían nacido en 1976. Esto nos regocija mucho, por lo que supone como compromiso militante".
Durruty hizo un repaso por las políticas públicas desde la dictadura, cuando eran las del exterminio y desaparición de personas. Recién con el período constitucional abierto en 1983 llegó una nueva política, mucho mejor, la de limitación y juzgamiento, "que si bien impulsó algo que fue muy importante para Latinoamérica, como el juicio a las juntas, ya tenía incluida en sus primeras decisiones la limitación de estos juzgamientos y lo que fueron después las vergonzantes leyes de impunidad impregnadas aún por la doctrina de la seguridad nacional. Recién a partir de 2003 se puede decir que hubo una política clara, que transmite una decisión irrevocable del Poder Ejecutivo nacional de anular las leyes de impunidad y seguir adelante hasta donde se pueda y se deba con la investigación y la sanción de cada uno de los responsables de este genocidio".
Durruty recordó cómo se retrasó en Rosario la apertura de los juicios, las acciones que pedían por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por parte de la Justicia Federal y el total respaldo que dio Néstor Kirchner para la reapertura de la Causa Feced, la llamada causa madre porque de ellas se desprenden otras. "Resta ahora conseguir que el Tribunal declare como delito de lesa humanidad las agresiones sexuales. Nosotros plantemos que ningún delito puede ser investigado fuera de contexto y que en el caso de los delitos de lesa humanidad es fundamental enmarcarlos dentro del plan sistemático en el que ocurrieron porque de otra manera resulta imposible comprenderlos y muchísimo menos sancionar a los responsables".

Lo Que No Se Podía Nombrar
Agustín Rossi retomó la idea del componente cultural muy fuerte que existe respecto del tema de los delitos sexuales. También dijo que debería analizarse la razón por la cual en los primeros testimonios, en relación con lo que fueron los años de prisión, o de tortura y de cárcel, la violación no tenía un lugar de preponderancia. "Era casi obvio, si tenían poder sobre nuestras vidas, cómo no iban a tenerlo sobre nuestros cuerpos. "Pero la sociedad en su conjunto había construido un relato en el que obvió lo que no se podía nombrar, resultaba más cómodo de esa manera. Por eso la valentía de los testimonios y el poder reencuadrar a los hechos tiene una gran significación y un profundo contenido cultural".
El jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria habló luego sobre el flagelo de las violaciones que ocurren diariamente y sostuvo que "son mínimas la cantidad de violaciones que llegan a denunciarse y que existen muchas familias donde ante estas situaciones tienen como primera tendencia la de esconder lo que pasó". La razón, explicó luego, "es la estigmatización que significa". También el acoso sexual en el ámbito laboral no tiene una respuesta acorde por parte del Estado.
El precandidato a gobernador y mayor referente en Santa Fe del Frente para la Victoria mencionó una experiencia de prevención que en la ciudad de Buenos Aires lleva adelante Eva Giberti a cargo de la Unidad Preventora de Delitos contra la Mujer. "Hay situaciones que permiten pensar qué va a pasar y adelantarse a los acontecimientos"Justamente el objetivo del Estado es la prevención", dijo y después enunció el que debería ser un programa de incentivos a empresas que den trabajo a mujeres víctimas de delitos sexuales" ya que la mayor cantidad de estos ataques se da en el ámbito de lo familiar. También recordó que la realidad de que la mujer no tenga un trabajo es en sí mismo "un instrumento de dominación" y señaló que "es hora de empezar a equilibrar las situaciones de las mujeres y en esta provincia hay muchas desigualdades e inequidades", tras lo cual señaló que se comprometía a revertirlas en caso de ser electo gobernador.
Por último recordó que él había sido autor de la ordenanza referida al acoso laboral dentro del ámbito laboral de la Municipalidad de Rosario "y recuerdo que no fue fácil en ese momento porque siempre tratan de dificultarse las cosas. La violación es la situación más fuerte pero hay por debajo otros hechos que las mismas barreras culturales impiden, a veces, a las mujeres, charlarlas con sus propias parejas".
20 de marzo de 2011
©rosario 12

pacto frustrado con estados unidos

---

Gobierno Uribe siempre quiso que el acuerdo no pasara por el Congreso. Intimidades del manejo en la embajada.

---

Colombia. Desde que el gobierno de Ecuador anunció que la base de Manta ya no sería más una unidad militar controlada por Estados Unidos, se tuvo claro que la opción era Colombia. Pero la administración Uribe siempre recalcó que cualquier acuerdo de seguridad con Washington debía enmarcarse en los pactos bilaterales vigentes para que no tuviera que pasar por el Congreso. Esta evidencia se ratifica en los cables diplomáticos enviados por la embajada de EE.UU. en Bogotá entre 2006 y 2010.
La primera vez que aparece relacionada la propuesta de un acuerdo quedó escrita en un cable fechado en noviembre de 2006. En desarrollo de un encuentro con el subsecretario de Estado, Nicolás Burns, y el embajador William Wood con el presidente Uribe y tres de sus ministros, en medio de las conversaciones sobre la necesidad de avanzar en derechos humanos, las indulgencias de la Ley de Justicia y Paz y las urgencias para aprobar el TLC, salió a relucir la idea que se trabajaba con sigilo.
El entonces presidente Álvaro Uribe exteriorizó su deseo de profundizar en cooperación en materia de seguridad, y su ministro Juan Manuel Santos —hoy presidente de Colombia— reveló que en Managua (Nicaragua) había presentado un borrador de acuerdo en esta materia al secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. A renglón seguido, Uribe manifestó su confianza de que ese borrador permitiera hacer lo necesario en materia de seguridad sin que fuera indispensable la aprobación de los congresos.
Un mes más tarde, el embajador  Wood envió un nuevo cable, comentando que el 15 de diciembre se había reunido en forma separada con los entonces ministros Juan Manuel Santos y María Consuelo Araújo para evaluar un borrador, y que una vez más los altos funcionarios le hicieron saber el deseo del gobierno de que el pacto no pasara por la ratificación del Congreso, aunque ambos insistieron en que fuera lo suficientemente amplio para satisfacer las necesidades de ambas partes.
Tanto Santos como Araújo enfatizaron en la importancia de que el acuerdo hiciera el menor ruido político, y en particular el ministro de Defensa recalcó que si bien el acuerdo debía mostrarle al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que Colombia tenía el apoyo de EE.UU., éste no debía exacerbar las tensiones regionales. A partir de entonces, mientras se acercaba la fecha para que el gobierno norteamericano devolviera a Ecuador la base  de Manta, el acuerdo con Colombia fue tomando forma.
En septiembre de 2008, la embajada de Estados Unidos reportó a Washington que había entregado un borrador de acuerdo de cooperación, que debía ser presentado a la prensa como una continuación de anteriores convenios. El embajador resumió la propuesta de usar las bases de Palanquero, Apiay y Barranquilla y dejó expuesto el asunto conexo de las inmunidades. La decisión de cómo y cuándo anunciarlo debía quedar en manos del gobierno de Colombia. La idea era etiquetarlo como continuación de la cooperación histórica.
Finalizando 2008, un nuevo cable diplomático reportó que la Cancillería de Colombia había entregado la respuesta oficial al borrador norteamericano, y que el gobierno Uribe insistía en que el texto debía evadir el uso de la palabra "base". Además solicitaba presentar el acuerdo como continuidad de la cooperación bilateral y multilateral para evitar su paso por el Congreso, y que EE.UU. debía proveer garantías de seguridad al gobierno colombiano enmarcado en el principio de algo a cambio de algo, a fin de otorgar garantías de acceso.
En el informe a Washington la embajada detalló sus reparos a la contrapropuesta colombiana. En primer lugar anotó que el gobierno Uribe había incluido en el preámbulo referencias a numerosos acuerdos bilaterales, y que esa idea era consistente con su objetivo no sólo de evitar la aprobación del Congreso, sino de vender el acuerdo a la opinión pública  y a la región como una simple extensión de la cooperación y no  como una escalada militar de EE.UU. en Colombia. La embajada opinó que esos cambios no afectaban sus intereses.
Ante una propuesta de Colombia, en el sentido de incluir la promesa de adoptar medidas de cooperación militar para confrontar amenazas comunes en contra de la paz y la estabilidad, la embajada observó que para evitar un compromiso tan amplio de EE.UU., el gobierno de Washington podía plantear una variación verbal menos vinculante, como por ejemplo, "acordamos estudiar" o "considerar".
Como quiera que Colombia buscaba como contraprestación que Estados Unidos garantizara el acceso rápido y directo a bienes y servicios del país del norte, en caso de amenazas a la seguridad nacional, la embajada comentó que para evitar que material estadounidense se usara en un eventual conflicto regional, se promoviera una modificación en el lenguaje. La fórmula era proponer que ambos países debían definir qué constituía  "una amenaza  de emergencia nacional", lo cual garantizaba  a EE.UU. un poder de veto.
El borrador de Colombia decía que, dos años después del acuerdo, Estados Unidos debía instalar sistemas de defensa aéreos, que deberían ser transferidos  libres de cargo al final del acuerdo. Un propósito claramente enmarcado, dice el cable, en eventuales amenazas internacionales, especialmente de Venezuela. La embajada de Estados Unidos observó que el gobierno Uribe no apreciaba los billones de dólares que se necesitaban para construir un sistema de defensa aéreo y los años que se requerían para terminarlo. Por eso lo calificó como inaceptable.
Y luego agregó que si el gobierno de Colombia insistía en incluir esa propuesta, Washington debía tomar dos caminos: comprometerse a evaluar la petición de los sistemas aéreos de defensa, siempre y cuando se concretara el compromiso de proveer protección a personal y aeronaves de Estados Unidos, pero no a las instalaciones, en caso de amenaza. El reporte recalcó que se debía insistir en la protección de los activos norteamericanos, incluso su retiro de Colombia si fuere necesario. La embajada recomienda empezar a considerar, silenciosamente, si  estaban preparados para proveer equipos de defensa aérea a Colombia si era necesario para  salvar el acuerdo.
Ya en abril de 2009, el embajador William Brownfield reportaba a Washington que después de la tercera ronda de negociaciones estaba aprobada más de la mitad del borrador, pero que el gobierno de Colombia insistía en que algunos requerimientos de EE.UU. no eran viables porque violaban las leyes nacionales. Y añadió que la administración Uribe admitía que esos temas críticos podrían superarse si el acuerdo pasaba por el Congreso, pero que  quería evitar  susceptibilidades políticas.
El embajador reconoció que el cierre del acuerdo estaba condicionado a que Estados Unidos diera acceso a Colombia a suministros en el evento de una emergencia nacional. Además asumió que seguían sin resolverse temas como excepciones impositivas, el derecho a portar armas y la renuncia a reclamos. Pero el viceministro Juan Carlos Pinzón dejó claro que Colombia no podía ceder en esos puntos sin arriesgarse a violar la ley. La embajadora Carolina Barco expresó que someter el acuerdo al Congreso antes de las elecciones era convertir la cooperación en un partido de fútbol político.
Después de la cuarta ronda de negociaciones, que se realizó entre el 23 y el 25 de julio en Bogotá, la embajada de Estados Unidos informó a su gobierno que el acuerdo estaba en el 80%. El balance de esta nueva fase de discusión empezó por admitir que la orden del expresidente Uribe a los negociadores para que avanzaran lo más rápido posible  había flexibilizado su posición y habían hecho concesiones en temas claves como la posibilidad de que personal de Estados Unidos portara armas. Los temas sin aprobar eran el pago de tarifas y costos para vehículos de EE.UU., algunas quejas de contratistas y aspectos de competencia judicial.
En agosto de 2009, el embajador Brownfield informó que en medio del intenso debate en Colombia por el acuerdo, el gobierno Uribe seguía haciendo concesiones, pero que los temas críticos estaban relacionados con jurisdicciones, exenciones de impuestos y actividades de inspección. Quedaba por resolver la posibilidad de que, en aplicación del Código de Justicia Militar, Estados Unidos pudiera realizar cortes marciales en territorio colombiano y que los contratistas tuvieran que suscribir un seguro de responsabilidad.
Atribuyendo el comentario a la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero, la embajada comentó que el tema más difícil para Colombia era permitir que Estados Unidos ejerciera jurisdicción penal en el país, pero que el tema podría resolverse haciendo alusión a acuerdos bilaterales anteriores y simplificando el lenguaje de manera creativa. A las puertas del acuerdo que se firmó el 30 de octubre de 2009, autorizando la presencia de personal militar y civil norteamericano en siete bases militares de Colombia, se produjo otro reporte.
Y una vez más la embajada precisó que los asuntos claves para Colombia eran implementar un sistema de defensa aéreo, tener acceso a armas y sistemas de Estados Unidos en caso de una emergencia de seguridad nacional y la posibilidad de tecnología en inteligencia. Su preocupación rondaba en la adquisición de aviones rusos Sukhoi por parte de Venezuela, para lo cual el embajador Brownfield sugirió una carta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a su similar en Colombia para evaluar el tema a corto plazo.
El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos se firmó en octubre de 2009. Se autorizó la presencia de 800 militares y 600 contratistas norteamericanos. Siete bases quedaron autorizadas para facilitar el acuerdo: Larandia, Tolemaida, Malambo, Palanquero, Apiay, Cartagena y Bahía Málaga. Pero antes de lo previsto, el acuerdo fue demandado ante la Corte Constitucional. En febrero de 2010, la embajada de EE.UU. comentó que ya iban dos demandas y detrás de ellas estaban las ONG de derechos humanos.
En el mismo cable de febrero de 2010, la embajada precisó que las demandas argumentaban que el acuerdo tenía que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, pero que funcionarios del Ministerio de Defensa tenían confianza porque la Corte en el pasado se había negado a revisar acuerdos simplificados. En agosto de 2010, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo que construyeron durante cuatro años los gobiernos de Colombia y EE.UU., y la razón fue lo que siempre quiso evitar el gobierno Uribe: el acuerdo tenía que pasar por el Congreso de la República.
20 de marzo de 2011
©el espectador

sospechosa premura de la cpi

---

Corte Penal Internacional de La Haya anuncia que investigará acusaciones de crímenes contra la humanidad de presidente libio, Gadafi.

---

[Rodolfo Yanzón] El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes que dicen cometió el gobierno de Muammar Khadafi. Sin ningún atisbo de pereza, el fiscal jefe ante la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció que se abocará a investigar los crímenes contra la población libia y enfatizó que en esta ocasión contaba con el voto unánime de los miembros del Consejo de Seguridad, incluidos sus miembros permanentes, que ejercen poder de veto. Ello sucedía mientras se decidían sanciones económicas contra Libia y se multiplicaban declaraciones anunciando posibles ataques, como las ofrecidas por Hillary Clinton y el mismo Barack Obama. Bajo el trillado argumento de salvar vidas se esconden intereses económicos. Lamentablemente, el ataque de la OTAN ya comenzó.
Uno de esos miembros permanentes, los Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de la CPI, han bloqueado sistemáticamente todo avance de justicia internacional que pudiera significar someter a juicio a alguno de los suyos, celebrando decenas de convenios bilaterales para otorgar impunidad a sus agentes en las "misiones" que llevan a cabo en distintos puntos del mundo. Es decir, Estados Unidos tiene el privilegio de vetar cualquier investigación que comprometa a sus agentes o a agentes de potencias aliadas. Para completar el panorama, todas las denuncias presentadas contra agentes de la OTAN y norteamericanos fueron desestimadas por la Fiscalía. En el caso de Libia hubo unanimidad en el Consejo de Seguridad para reclamar de inmediato una investigación, sin que existiera siquiera un mínimo rubor por todos aquellos crímenes llevados a cabo por la OTAN y por los Estados Unidos en sus llamadas guerras preventivas, que fueron consentidas por la ONU. Ahora se agregan los ataques que esas fuerzas militares iniciaron contra Libia. La comunidad internacional necesita contar con normas claras para juzgar los crímenes más graves, como el de agresión, los de lesa humanidad y el genocidio. Pero para ello debe tener herramientas eficientes que permitan juzgar a todos los responsables y no a unos pocos. Pero ello no podrá ser posible si se mantienen los privilegios en el Consejo de Seguridad y si los que tienen mayor poder militar se sustraen sistemáticamente de todo alcance legal.
En conclusión, la CPI, que entró en vigencia en julio de 2002 (en agosto de ese mismo año el Congreso de Estados Unidos sancionó una ley por la que se opuso a cualquier tipo de colaboración), ha dejado un saldo esqueléticamente parcial y la impunidad de los crímenes internacionales más graves que se han cometido en la última década. En ese contexto, al llevar adelante investigaciones contra unos pocos, Moreno Ocampo es un fiel cumplidor de las políticas que se diseñan en Washington. Y los argentinos podemos concluir que el principal beneficio que trajo la CPI es que Moreno Ocampo (que se opuso a la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina) esté lejos por unos años. Con el ataque de la OTAN a Libia se ha dado un paso más para declarar la defunción de la ONU y de la CPI.
[El autor es abogado, especialista en derechos humanos.]
20 de marzo de 2011
©página 12

¿para qué viene?

---

columna de lísperguer

---

Con visita a Chile, presidente Obama busca engancharse en región. Pero con qué sentido de la oportunidad.

No se le pudo ocurrir a Obama un peor momento para vender lo que, de hecho, es la mera continuación de la política internacional de Bush, incluyendo guerras de agresión injustificadas. Los países europeos pueden mirar con alguna simpatía a Estados Unidos, porque la recompensa es una parte del botín que es Libia. Pero América Latina, como productora de recursos naturales, se encuentra en la misma posición que Libia y acá sentimos más simpatía por las víctimas de agresiones que por los victimarios. Obama mantiene la farsa de las comisiones militares, mantiene el campo de concentración de Guantánamo, mantiene las torturas, sigue protegiendo a terroristas y fomentando el terrorismo. Y es decepcionante que se acerque a Chile, uno de los países menos democráticos del continente. De la relación entre Obama y nuestro cleptómano de turno no puede surgir nada bueno.
lísperguer

colombia, estado inoperante

---

"El Estado ha sido incapaz de superar la impunidad judicial". Diálogo con Jahel Quiroga, quien lidera la demanda por el exterminio de la UP, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

---

[Alfredo Molano Jimeno] Colombia. En marzo de 1986, en medio de un ambiente político de negociaciones con la insurgencia, la Unión Patriótica participó por primera vez en unas elecciones. Hoy, el movimiento es evocado por el alto costo que pagó en vidas, hasta desaparecer de las justas electorales y del panorama político nacional. Aún así, su nombre sigue vigente gracias a Jahel Quiroga, una ingeniera industrial y abogada, con tres especializaciones en Derechos Humanos, quien lidera desde la Corporación Reiniciar la causa de buscar justicia en la Comisión Interamericana para que la UP sea debidamente reparada y para que el país no olvide nunca a las víctimas de ese exterminio.

¿El pasado 9 de marzo se cumplieron 25 años de la primera elección popular en la que participó la UP. Un cuarto de siglo después, ¿qué reflexiones le suscita esta fecha?
Lo fundamental es comprobar que sigue vigente la propuesta de apertura democrática que hizo la Unión Patriótica en su momento. Algo que aún no se ve, porque una cosa es decirlo o crear un marco constitucional sobre un Estado Social de Derecho y otra es el ejercicio democrático, en el que siguen cerradas las puertas.

Antes de concluir 1986, de los 14 congresistas electos de listas propias y alianzas, ya tres de ellos habían sido asesinados: Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas. ¿Quiénes eran y cuál fue su aporte?
Ellos, como los demás elegidos, básicamente apostaron a la paz y murieron buscándola. Leonardo Posada venía del Partido Comunista. Era un demócrata muy querido en Barranca. Fue amigo de Horacio Serpa, de los conservadores, era un hombre de apertura. Había logrado consolidar simpatía alrededor de sus propuestas en la llamada Coordinadora Popular del Magdalena Medio. De esa misma condición eran Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas.

Primero fueron asesinados los congresistas, después los alcaldes, diputados o concejales electos. En medio de centenares de crímenes selectivos vinieron los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, ¿qué queda vigente de toda esa plataforma política?
Triste es decirlo, pero después de un cuarto de siglo hay muchos líderes que siguen recorriendo el país tratando de crear democracia con otras organizaciones, pero con las mismas ideas que enarboló la UP. Pardo Leal, por ejemplo, proponía que el presupuesto para el Ministerio de Defensa no fuera superior al de salud o educación.

Y hoy, ¿cuál es su diagnóstico en torno a quién asesinó a los líderes de la UP?
El Estado colombiano exterminó a la Unión Patriótica. Y lo que es peor, no ha sido capaz de superar la impunidad judicial y disciplinaria de esos crímenes. Es triste, pero tenemos un registro de más de 10 mil víctimas, que es apenas un subregistro porque hay regiones a las que no hemos podido regresar, como la Costa Atlántica, donde el paramilitarismo persiste, y la Fiscalía no ha determinado ni siquiera una autoridad material.

¿Pero hay casos aclarados?
Sí, por ejemplo, el de Manuel Cepeda, que su familia aclaró coadyuvando a la Fiscalía. También hay avances en demandas administrativas, pero en lo penal el diagnóstico es nulo.

Después vino en 1993 la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ¿cómo se dio la demanda y en qué va?
Salí de Barrancabermeja amenazada el 29 de enero de 1992, después de cuatro años como concejal de la UP. Había participado en decenas de entierros y, cuando llegué a Bogotá, con un grupo de defensores de Derechos Humanos, decidimos poner la denuncia internacional. Acudimos a la Fiscalía en busca de conocer el estado de las investigaciones a través de nuestros listados y escasamente sabía de 13 casos. En algunos expedientes sólo existía la reseña del levantamiento del cadáver. Después vino un estudio de la Defensoría del Pueblo, por mandato de la Corte Constitucional en una acción de tutela. Ese estudio revela que en 717 casos de homicidio, sólo había 10 casos con decisión de fondo: seis absoluciones y cuatro condenas. Esta impunidad no nos dejó otra salida que acudir a la Comisión Interamericana y radicamos el caso por genocidio.

¿Y qué ha pasado con la denuncia?
Primero fueron tres años debatiendo con el Estado colombiano. Ellos pidiendo que no se admitiera el caso, sobre todo porque el genocidio político no estaba contemplado en la Convención Internacional. Eso sí, nunca el Gobierno negó que hubiera existido el homicidio continuado contra la UP. Nosotros entregamos un listado de 1.163 homicidios, 103 casos de desaparición forzada, 43 sobrevivientes con atentados personales y 225 personas amenazadas. De ese listado, después mataron a algunos. El 12 de marzo de 1997 la Comisión hizo público su informe de admisibilidad. Y dijo: no hay genocidio porque la Convención no lo contempla, pero los hechos muestran una violación múltiple de la Convención Americana y tenemos que determinar si en ese exterminio hubo participación del Estado colombiano. Entonces ofrece una solución amistosa. El gobierno Samper la aceptó y nosotros acogimos la iniciativa poniendo como condición justicia, verdad y reparación integral, incluyendo la reparación política.

¿Por qué se rompió esa instancia amistosa?
En el gobierno Pastrana, en el entorno de las conversaciones con las Farc, se creó un clima propicio para la solución amistosa. Pastrana nos pidió no romper porque el gobierno Samper nos había hecho una propuesta dolorosa: escoger 30 casos para analizarlos. Después nos dijeron que evaluáramos 120. Pensé: ¿y los muertos que recogí en Barranca son menos importantes? Se llegó a emitir un decreto para facilitar recursos, creamos 14 oficinas regionales, de las cuales sólo alcanzamos a inaugurar una en Bogotá. Pero llegó el gobierno Uribe y se acabó todo.

¿Cuándo se rompió el diálogo y por qué?
En junio de 2006. Duramos todo el primer gobierno de Uribe forcejeando con sus representantes para que apropiara presupuesto para sacar adelante la propuesta. El costo era de $8 mil millones y Carlos Franco dijo que era demasiado. Querían que inauguráramos mesas sin oficinas para decirle a la gente que sí había garantías. Y pasó el tiempo. El exprocurador Maya nos ayudó mucho, pero como eso venía de la Vicepresidencia de Santos, no fue posible avanzar. No había voluntad política.

¿Qué ha pasado en los últimos años?
Rompimos la solución amistosa, porque la situación se puso grave. En el primer gobierno de Uribe murieron asesinados 135 sobrevivientes de la UP y desaparecieron a 38. La Fiscalía tampoco salió con nada. Y para rematar, en el proceso de su reelección, Uribe salió con una propaganda donde un supuesto exmiembro de la UP decía que el movimiento se había dedicado a matar. Esa fue la tapa. Llamamos a la Comisión, enviamos el video y rompimos.

¿Qué falta para una decisión?
El último documento lo presentamos el 16 de diciembre de 2010. La semana pasada, la Comisión dijo haberle trasladado al gobierno nuestro caso.

En toda esa batalla jurídica la UP también perdió su personería política, ¿cómo fue?
Se perdió en 2002 porque, según el Consejo Electoral, no llenamos el requisito de 50 mil votos. En la elección de ese año tuvimos un candidato a la Asamblea de Antioquia, Eliodoro Durango, quien fue asesinado, y ya habían matado a muchos otros. Entonces la UP, en cabeza de Mario Upegui, retiró las listas. Sacamos muchos votos que no fueron contados. Al año siguiente llevamos el caso al Consejo de Estado y en diciembre de 2010 respondieron diciendo que no había nada que hacer.

¿Cuál fue el argumento?
Nada. Ratificó las resoluciones del Consejo Electoral. Pero insisto hoy que los sobrevivientes de la UP tenemos derecho a reclamar nuestra personería jurídica. Creo que es importante que la sociedad colombiana pueda respaldar una causa que reivindique la lucha política de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, de todos aquellos copartidarios que contribuyeron a la paz.

¿Y cómo ven hoy el proyecto de ley de víctimas? ¿Caben ustedes?
Esa ley se ha venido componiendo. Por ejemplo, se acogió que hubiera víctimas de agentes del Estado porque el gobierno pasado no lo aceptó. Pero creo que le faltan cosas. La fecha desconoce a muchas víctimas de la UP, porque el partido empezó a surgir cuando las Farc firmaron el cese al fuego en 1984. Y desde entonces hubo asesinatos y desapariciones. Tenemos más de cien casos documentados entre 1984 y 1986. Desconocer esas víctimas es injusto.

¿Qué busca la UP políticamente?
Las víctimas de la UP están organizadas y cuentan con una coordinación nacional con identidad propia. Son más de 15 mil personas, entre familiares y sobrevivientes. Tenemos 15 regiones donde hemos ido construyendo una propuesta de reparación integral y política. Nuestra reconstrucción colectiva ya la conoce la Comisión Interamericana y esperamos que sea fundamental a la hora de las decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una Sobreviviente
Una sobreviviente. Eso es Jahel Quiroga, quien en 1991 iba a ser asesinada en Barrancabermeja pero los sicarios se equivocaron y mataron a su amiga, Blanca Durán. Desde entonces es una de las personas más amenazadas del país, pero ella dice no estar dispuesta a claudicar en el proyecto que significa reparación y justicia para los militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. El costo personal de esa lucha es lo que menos le preocupa: "Me duele no poder vivir con mis hijos, que me hayan quitado la visa a Estados Unidos, donde podría hacer una mejor defensa del caso UP. He sido perseguida y amenazada, pero no renuncio a esta causa porque creo que mi vida está atada a este destino. Yo tengo un compromiso moral, ético y político con las víctimas de la UP. Eso es todo", dice.

El Destino de los Congresistas de la UP
Los 14 congresistas que salieron elegidos el 9 de marzo de 1984 y algunos de sus suplentes han tenido diversos destinos, coincidentes en muchos casos. Esta es la suerte que corrieron:

Gilberto Viera: muerte natural. Braulio Herrera: destino desconocido. Ovidio Marulanda: vivo. Bernardo Jaramillo: asesinado. Henry Millán: asesinado. Iván Márquez: Miembro del secretariado de las Farc. Hernán Mota: exiliado en Suiza. Leonardo Posada: asesinado el 30 de agosto de 1986. Elsa Rojas: asesinada. Octavio Vargas: asesinado. Rafael Celis: vivo. Alfonso Jaramillo: vivo. Hernán Hurtado: muerte natural. Gustavo Osorio: vivo. Jaime Montoya: asesinado. Pedro Luis Valencia: asesinado. Pedro Nel Jiménez: asesinado. Humberto Vieira: muerte natural. Pedro Alcántara: vivo. Alberto Rojas Puyo: vivo. Guillermo Plazas: vivo.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©el espectador

proyecto para derogar ley de caducidad

---

Un plenario de la gobernante coalición Frente Amplio (FA) aprobó impulsar un anteproyecto de ley para dejar sin efecto la norma legal que amnistió a los violadores de los derechos humanos durante la última dictadura militar uruguaya, entre 1973 y 1985.

---

Colombia. El acuerdo, aprobado por unanimidad de los delegados presentes, fuerza a legisladores del FA a dar su voto en el Parlamento uruguayo a esa iniciativa, ante sectores que se abstuvieron de votar y otros que no asistieron al plenario en Montevideo, informó DPA.
La denominada "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado" fue aprobada en 1986 y perdonó a militares y policías que participaron u ordenaron torturas, secuestros y asesinatos de opositores a la dictadura.
La norma sigue vigente, pero hay sectores de la izquierda de ese país y organizaciones de familiares de personas desaparecidas que reclaman su eliminación y años atrás fue sometida a dos consultas populares, en la que, sin embargo, resultó ratificada.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©página 12

uribe dudaba de gontard

---

¿Por qué Uribe dudaba de Gontard, el facilitador ante las Farc? El diario Le Temps le preguntó al exfacilitador suizo si tuvo algo qué ver con el exilio de los familiares de las Farc en Suiza. Gontard, quien fue cuestionado por su presunta cercanía con las Farc, respondió que no.

---

Colombia. Uno de los episodios diplomáticos de mayor tensión en las relaciones de Colombia fue la liberación de los secuestrados en poder de las Farc.
En ese capítulo de la historia fue llamado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como mediador; fueron nombrados tres "países amigos" (España, Francia y Suiza), y el propio Nicholas Sarkozy llegó a mostrar desespero por momentos.
Este último detalle fue revelado por la publicación de algunos cables diplomáticos de la embajada estadounidense en Colombia.
Parte de esos intríngulis diplomáticos fue reseñada por el diario Le Temps de Suiza en un artículo titulado "Suiza, tierra de asilo para los familiares de las Farc", publicado esta semana.
El artículo de Le Temps registra que Jean Pierre Gontard, uno de los mediadores para las negociaciones con las Farc, "había arreglado la permanencia de varios familiares de tres altos jefes de las Farc en Lausanne".
Los tres líderes de las Farc a los que se refiere el diario son ‘Alfonso Cano’, Rodrigo Granda y ‘Raúl Reyes’.
Según Le Temps, Gontard "confirmó la presencia de los familiares en Suiza, pero niega haber tenido alguna participación en un acuerdo".
Gontard fue una figura polémica en Colombia, a la que la Casa de Nariño le cerró las puertas después de la Operación Jaque. Gontard, desde Suiza, dijo horas después de la misión que el gobierno colombiano pagó a la guerrilla por el rescate.
Los cables dan cuenta del escepticismo que tenía Uribe por el papel de Gontard y Noel Saez, el negociador francés, en las mediaciones.
Uno de esos cables da cuenta de que el presidente Uribe, en una reunión con los entonces subsecretario de estado (de EE.UU), Thomas Shannon, y embajador en Bogotá, William Brownfield, indicó cómo les dijo a Gontard y a Saez que ya no contarían más con su ayuda.
Uribe explicó que la decisión "no era un asunto de gobierno a gobierno, sino más bien una preocupación del Gobierno de Colombia con los dos mediadores".
Un cable de la embajada de EE.UU en Bogotá, enviado el 4 de marzo de 2008, registra la preocupación de Francia tras la muerte de ‘Raúl Reyes’, porque el hecho podría torpedear la liberación de Íngrid Betancourt. El cable enfatiza en que ‘Reyes’ era el principal contacto de Gontard, Saez y Leyva (Álvaro).
No obstante, la embajada consideró que ‘Reyes’ realmente no estaba interesado en un acuerdo. En palabras de la embajada, "’Reyes’ era un guerrillero de línea dura que hizo muy poco para avanzar en un acuerdo humanitario".
Una de las preguntas que intenta resolver el periodista de Le Temps es si Suiza fue demasiado benévola con los familiares de las Farc buscando compromisos de la guerrilla.
Los cables diplomáticos muestran que a Uribe le preocupaba el papel de Suiza.
Las Farc "podrían utilizar a la Iglesia Católica y a los suizos para hacer presión sobre el presidente Uribe", dice uno de los cables.
Otro cable del 29 de septiembre de 2005 da cuenta de una conversación con una fuente de la embajada que revela que Gontard "habría hecho diferentes ofertas a las Farc en vista de un intercambio humanitario pero no habría recibido nada a cambio". "Ellos (las FARC) han sido tacaños con él ", dijo la fuente que en los cables aparece reservada.
El diario suizo argumenta que tras la muerte de ‘Raúl Reyes’ el gobierno colombiano se volvió más inflexible, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, pensaba que era una mala noticia para la liberación de Betancourt.
Además, los computadores incautados en el campamento de ‘Reyes’ dejaron mal parados a los negociadores Gontard y Saez.
Según una de las fuentes mencionadas en los cables diplomáticos, Saez había prometido a ‘Reyes’ que si las Farc liberaban a Íngrid, el gobierno francés estaba dispuesto a retirarlos de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y les permitiría abrir una oficina de representación en París.
La fuente aseguró "que en febrero Saez le dijo a Reyes que el Gobierno de Francia podría quitar a las FARC de la lista de terroristas de la UE y permitir que abran una oficina en París a cambio de la liberación de Betancourt".
La "simpatía" de Gontard y Sáez por las Farc, le dijo la fuente al embajador estadounidense William Brownfield, "hace difícil aceptarlos como facilitadores. Sin embargo, el gobierno todavía no ha comunicado estas preocupaciones a los suizos".
Pocos días después de la ‘Operación Jaque’, Bogotá rompió oficialmente con los mediadores. Y un mes después, el fiscal Mario Iguarán dijo que llamaría a Gontard a indagatoria por su presunta responsabilidad en el traslado de 480.000 dólares para las Farc a Costa Rica.
Saez, en 2009, publicó un libro en el que sostiene que los centinelas de los secuestrados liberados con Jaque fueron comprados. Aunque la versión no ha sido comprobada, otro cable diplomático reveló que alias ‘César’ (el centinela de Betancourt) buscó un acercamiento con el Gobierno colombiano para liberar a la excandidata presidencial.
Gontard, por su parte, ha negado la acusación sobre su extralimitación con las Farc, le dijo al diario suizo: "no estaré satisfecho sólo con el archivo de la investigación".
Efectivamente, familiares de líderes de las Farc sí viven en Suiza, concluye el diario Le Temps. Sin embargo, varios están allá desde los noventa, y no está claro que su permanencia en ese país haya sido producto de la mediación de Gontard.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©semana