clase y buenas notas
[Bonnie Duguid-Siegel] Las buenas notas son un asunto de clase.
Cuando me jubilé como profesora universitaria en Australia hace cinco años, me mudé a Los Angeles, me aburrí de inmediato y leí un anuncio en el que buscaban profesores.
Me transformé en una profesora "altamente calificada" después de completar el trabajo necesario para dos niveles de credenciales y pasar tres tests para determinar mis conocimientos básicos. Agréguese a esto 15 años de enseñanza universitaria, tres años de enseñanza en una escuela de alto nivel para niños con talento en Australia, dos años de enseñanza en escuelas básicas y secundarias en Maine hace muchos años, y siete años trabajando en el sector de la salud mental en los dos países.
Con esta humilde experiencia, déjadme ofrecer una solución a la crisis educacional que enfrentamos. Esta sería una alternativa a crear pequeñas comunidades de enseñanza en escuelas atiborradas, ofreciendo el mérito de pagar a "buenos profesores", aumentando las oportunidades de formación de supuestos malos profesores y cosas así.
Los buenos profesores deben trabajar en el sistema (después de todo, los niños de La Canada Flintridge, San Marino y Manhattan Beach deben tener buenos profesores porque sus estudiantes tienen buenas notas en exámenes normales) y los malos profesores deben trabajar en el sistema (como queda en evidencia en Los Angeles del Este, Watts y Compton, donde los estudiantes obtienen malos resultados en exámenes estandarizados).
Yo propongo equipar un bus para profesores entre esos vecindarios -dejando a los alumnos en sus escuelas, y trasladando a los profesores. Profesores supuestamente buenos deberían enseñar en Compton, Watts y Los Angeles del Este, y los malos profesores deberían enseñar en Manhattan Beach, San Marino y La Canada Flintridge.
Para dotar mejor a las escuelas pobres quizás deberíamos sacar a los profesores del sector de las escuelas privadas (digamos John Thomas Dye, el Curtis School y Campbell Hall) y enviarlos a Los Angeles del Este, etc.
Después de dos años en este experimento social (barato -apenas el coste de varios trayectos de bus entre las escuelas), veríamos un dramático aumento en las notas de los alumnos malos y una reducción igualmente dramática de las notas de los buenos estudiantes.
Sin embargo, dudo que alguien crea que esa transformación tome lugar.
Hasta que no enfrentemos como nación la desigualdad estructural que socava nuestra sociedad, no lograremos abreviar la distancia educacional entre ricos y pobres.
Mientras mis estudiantes (en el sector pobre) no tengan acceso a tutores privados; a cuidados médicos, psiquiátricos y dentales de calidad; a una alimentación adecuada y nutritiva y a padres que sepan leer y escribir y por eso entienden la cultura de la educación, no veremos mucho de este educación de calidad, no importa qué hagamos.
La desigualdad que tenemos en la educación es la misma desigualdad que vemos en la sociedad, y acusar a los profesores es crear un chivo expiatorio para desentendernos de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad.
Yo era una buena profesora en Australia, suficientemente buena como para enseñar a los mejores y más inteligentes en la escuela secundaria y en la universidad, pero aquí debo haberme transformado en una mala profesora, porque ninguno de mis alumnos minusválidos aprobaron el examen obligatorio en el estado el año pasado.
Mis alumnos no tienen seguro de salud, cuidado dental o familias educadas. Algunos sufren de hiperactividad severa y no son tratados porque sus padres no pueden pagar las medicinas necesarias o tienen miedo de perder sus trabajos si deben faltar para llevar a sus hijos al médico.
Tengo 16 estudiantes con incapacidades de leves a severas hacinados en un solo aula porque no hay dinero ni local para instalar otra.
Mi escuela tiene una directora increíblemente comprensiva; un equipo administrativo que la respalda; buenos entrenadores; profesores buenos con extensas experiencias, la mayoría de los cuales califican alto en la Ley Que Ningún Niño Se Queda Atrás; y padres cariñosos. Pero nuestra cultura no apoya la educación de calidad porque no hay dinero, ni conocimiento ni apoyo público para fomentarla. Dudo que yo me haya transformado en una mala profesora por haberme mudado de escuela, y dudo de que llegue a ser una buena profesora si me mudara a la Curtis School.
Quizás la sociedad no debería acusar tan rápidamente a los profesores.
18 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Cuando me jubilé como profesora universitaria en Australia hace cinco años, me mudé a Los Angeles, me aburrí de inmediato y leí un anuncio en el que buscaban profesores.Me transformé en una profesora "altamente calificada" después de completar el trabajo necesario para dos niveles de credenciales y pasar tres tests para determinar mis conocimientos básicos. Agréguese a esto 15 años de enseñanza universitaria, tres años de enseñanza en una escuela de alto nivel para niños con talento en Australia, dos años de enseñanza en escuelas básicas y secundarias en Maine hace muchos años, y siete años trabajando en el sector de la salud mental en los dos países.
Con esta humilde experiencia, déjadme ofrecer una solución a la crisis educacional que enfrentamos. Esta sería una alternativa a crear pequeñas comunidades de enseñanza en escuelas atiborradas, ofreciendo el mérito de pagar a "buenos profesores", aumentando las oportunidades de formación de supuestos malos profesores y cosas así.
Los buenos profesores deben trabajar en el sistema (después de todo, los niños de La Canada Flintridge, San Marino y Manhattan Beach deben tener buenos profesores porque sus estudiantes tienen buenas notas en exámenes normales) y los malos profesores deben trabajar en el sistema (como queda en evidencia en Los Angeles del Este, Watts y Compton, donde los estudiantes obtienen malos resultados en exámenes estandarizados).
Yo propongo equipar un bus para profesores entre esos vecindarios -dejando a los alumnos en sus escuelas, y trasladando a los profesores. Profesores supuestamente buenos deberían enseñar en Compton, Watts y Los Angeles del Este, y los malos profesores deberían enseñar en Manhattan Beach, San Marino y La Canada Flintridge.
Para dotar mejor a las escuelas pobres quizás deberíamos sacar a los profesores del sector de las escuelas privadas (digamos John Thomas Dye, el Curtis School y Campbell Hall) y enviarlos a Los Angeles del Este, etc.
Después de dos años en este experimento social (barato -apenas el coste de varios trayectos de bus entre las escuelas), veríamos un dramático aumento en las notas de los alumnos malos y una reducción igualmente dramática de las notas de los buenos estudiantes.
Sin embargo, dudo que alguien crea que esa transformación tome lugar.
Hasta que no enfrentemos como nación la desigualdad estructural que socava nuestra sociedad, no lograremos abreviar la distancia educacional entre ricos y pobres.
Mientras mis estudiantes (en el sector pobre) no tengan acceso a tutores privados; a cuidados médicos, psiquiátricos y dentales de calidad; a una alimentación adecuada y nutritiva y a padres que sepan leer y escribir y por eso entienden la cultura de la educación, no veremos mucho de este educación de calidad, no importa qué hagamos.
La desigualdad que tenemos en la educación es la misma desigualdad que vemos en la sociedad, y acusar a los profesores es crear un chivo expiatorio para desentendernos de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad.
Yo era una buena profesora en Australia, suficientemente buena como para enseñar a los mejores y más inteligentes en la escuela secundaria y en la universidad, pero aquí debo haberme transformado en una mala profesora, porque ninguno de mis alumnos minusválidos aprobaron el examen obligatorio en el estado el año pasado.
Mis alumnos no tienen seguro de salud, cuidado dental o familias educadas. Algunos sufren de hiperactividad severa y no son tratados porque sus padres no pueden pagar las medicinas necesarias o tienen miedo de perder sus trabajos si deben faltar para llevar a sus hijos al médico.
Tengo 16 estudiantes con incapacidades de leves a severas hacinados en un solo aula porque no hay dinero ni local para instalar otra.
Mi escuela tiene una directora increíblemente comprensiva; un equipo administrativo que la respalda; buenos entrenadores; profesores buenos con extensas experiencias, la mayoría de los cuales califican alto en la Ley Que Ningún Niño Se Queda Atrás; y padres cariñosos. Pero nuestra cultura no apoya la educación de calidad porque no hay dinero, ni conocimiento ni apoyo público para fomentarla. Dudo que yo me haya transformado en una mala profesora por haberme mudado de escuela, y dudo de que llegue a ser una buena profesora si me mudara a la Curtis School.
Quizás la sociedad no debería acusar tan rápidamente a los profesores.
18 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
viuda de un activista
[Shaila Dewan] Viuda evoca los fantasmas de la lucha por los derechos civiles de 1964.
Filadelfia, Misissippi, Estados Unidos. Tan pronto como se supo dónde estaban alojando, tuvieron que partir.
El hombre que les alquilaba la casa había sido amenazado.
La esposa de un pastor les prestó un apartamento, pero no tenía agua corriente y tenían que pasar en las mañanas a un hotel negro a asearse, colándose por la puerta de atrás porque eran blancos y no querían llamar la atención.
Cuando tenían teléfono, no cesaba de sonar. La gente al otro lado de la línea le decían a Rita Schwerner que iban a matar a su marido. La matrícula del coche circulaba entre agentes de policía.
Así recibieron a una joven pareja que llegó a Mississippi desde Nueva York en 1964 para unirse al movimiento por los derechos civiles, dijo la ex señora Schwerner, ahora Rita Bender, a un jurado el jueves. Fue la primera testigo en el juicio por homicidio en el estado de un antiguo miembro del Ku Klux Klan acusado de orquestar el asesinato de su marido Michael Schwerner, y otros dos activistas de derechos civiles, James Earl Chaney y Andrew Goodman, hace más de 40 años.
Articulada y serena, con el pelo cano corto y una dulce y triste sonrisa, Bender contó al jurado sobre su matrimonio con Schwerner -ella tenía 20, él 22- y su traslado hacia el sur poco después. También habló de su desaparición cerca de Filadelfia, cuando participaba en un programa de adiestramiento en Ohio, y cómo cuando volvió a Mississippi después de enterarse de las noticias, el único lugar donde podía quedarse era un hotel negro, con una guardia organizada por pastores negros que vigilaban fuera.
Fue un primer plano de una época cuando el terror era cosa de todos los días y el mero acto de ayudar a la gente les podía poner en peligro. El jurado prestó cuidadosa atención, pero el acusado, Edgar Ray Killen, 80, no estaba en la sala del tribunal. Killen se había retirado, quejándose de que le faltaba el aire y de una "sensación asfixiante", dijo su abogado, y fue más tarde sacado del Tribunal del Condado de Neshoba en una camilla.
Tras un receso, el juez que preside el juzgado, Marcus Gordon, anunció que Killen estaba en el hospital y era sometido a análisis y que el juicio se reiniciaría el viernes por la mañana si lo aprobaban los médicos.
Killen, empleado de un aserradero y predicador, ahora en una silla de ruedas debido a que se cayó de un árbol en enero, estuvo en el tribunal la primera parte de la mañana mientras el juez se ocupó de asuntos de procedimiento. Pero cuando entró el jurado para el primer día de testimonios, su abogado James McIntyre se acercó al estrado y pidió permiso para que Killen se pudiera retirar.
Debido a la mala salud de Killen, se le proporcionó una cama y una enfermera en el tribunal.
Con el permiso de Killen, el juicio continuó sin él, y Bender fue la primera testigo. Al jurado no se le comunicó la razón de la ausencia de Killen debido a que el juez no quería causarles sentimientos de compasión, dijo el juez.
Con James Hood, el fiscal general del estado, que la interrogaba, Bender, ahora una abogado que vive en Seattle, describió el centro comunitario para niños que ella y su marido ayudaron a abrir en Meridian, Mississippi, a unos 48 kilómetros de Filadelfia.
Schwerner y Chaney, que era de Meridian, hicieron estanterías para colocar los libros donados que no estaban disponibles para negros en las bibliotecas públicas. Había una mesa de pingpong. Pero los operadores del centro estaban también tratando de ayudar a los negros a inscribirse para votar, haciendo contactos y buscando locales para las clases de formación. Schwerner y Chaney habían visitado la Iglesia Metodista Unificada Monte de Sión, una iglesia negra en el condado de Neshoba, cerca de Filadelfia.
En junio, mientras estaban en una sesión de adiestramiento en Ohio, donde se reunieron con Goodman, se enteraron de que los líderes de la iglesia habían sido golpeados por miembros del Klan, que habían reducido a cenizas la iglesia, dijo Bender.
En este punto, el juez Gordon reprochó a Bender, diciéndole que no se la oía. "Lo lamento", dijo ella, recompuesta. "Me pongo emocional. Lo lamento".
En la sala observaban el marido de Bender y parientes de Chaney, así como Bettie Dahmer, la hija de Vernon Dahmer, otro activista de Mississippi por los derechos civiles, cuyo asesino fue juzgado y encarcelado en 1998. Dos hombres ocupaban una hilera de bancas reservadas para la familia de Killen.
Bender levantó la voz, diciendo que su primer marido, que era conocido como Mickey, y Chaney, al que llamó J.E., habían decidido volver a Mississippi para ver la iglesia.
"Tenían que volver y ver a esa gente", dijo. "No se abandona a la gente que se atreve a correr riesgos". Los dos hombres, junto con Goodman, se subieron a una furgoneta azul que usaban los Schwener y volvieron a Mississippi.
Llegaron bien a Meridian, y al día siguiente, el domingo 21 de junio, se digirieron a Filadelfia a ver la iglesia. Tarde esa noche Schwerner recibió una llamada telefónica diciendo que ellos no habían vuelto.
Llevaban dos días perdidos cuando la señora Schwener se enteró de que habían encontrado la furgoneta, quemad, en el pantano de Bogue Chitto, en el condado de Neshoba. En ese entonces ella estaba en el aeropuerto de Cincinnati, de regreso a Mississippi. Casualmente, también estaba ahí otra activista por los derechos civiles, Fannie Lou Hamer, y las dos se enteraron juntas de la noticia. Hamer, nieta de esclavos, abrazó a Schwerner y se echaron a llorar. "Nuestros lágrimas se mezclaron", dijo Bender.
Temiendo por la seguridad de Schwerner, los activistas la habían enviado a casa con una escolta, que la acompañó al condado de Neshoba. "Yo quería ver el coche quemado", dijo. "Insistí mucho en eso".
Estaba en un garaje, su cabina completamente calcinada y encima de unos bloques, porque las llantas se habían derretido, dijo.
Durante el interrogatorio, McIntyre tenía esencialmente una sola pregunta para Bender: ¿Sabía algún indicio personal sobre la participación de Killen en los asesinatos?
Bender dijo que no.
Más tarde, en el sofocante calor a la entrada del tribunal, Bender aprovechó la presencia de periodistas para exponer una idea que ha repetido desde 1964,
"Estáis tratando este juicio como el más importante del movimiento de derechos civiles porque dos de los tres hombres eran blancos", dijo. "Eso significa que todos tenemos que seguir hablando sobre el racismo en este país, porque todavía continúa. Y si este juicio es vuestra manera de reconocerlo, de reconocer todos lo que pasó y hablar abiertamente sobre ello, entonces tiene sentido".
Antes en el día el juez dijo que admitiría como testimonio la transcripción de un juicio federal de 1967 del caso, en el que 18 hombres, incluyendo a Killen, fueron acusados de conspirar para privar a las tres víctimas de sus derechos civiles. Siete de ellos fueron condenados, pero el jurado quedó en punto muerto sobre Killen debido a la oposición de un miembro del jurado.
Los testigos cruciales de ese juicio están muertos ahora, pero los fiscales quieren introducir el testimonio de sus transcripciones. La defensa ha intentado excluir esas declaraciones antiguas.
Después de Bender, un segundo testigo fue llamado pero apenas había empezado a declarar cuando el juez hizo nuevamente salir al jurado. Killen recibió oxígeno, y los paramédicos lo llevaron al Hospital General del Condado de Neshoba.
Más tarde, el doctor Patrick Eakes, director de cuidados intensivos, dijo a periodistas que Killen, que se había declarado inocente de los tres cargos de homicidio, volverá a la sala del tribunal mañana probablemente. Tenía presión alta, y había empeorado, dijo el doctor, debido quizás a sus heridas. Cuando se le presionó, concedió que el empeoramiento podría haber sido causado por el estrés del juicio.
"Creo que en la sala la presión sanguínea de todo el mundo está un poco alta", dijo Eakes.
17 de junio de 2005
©new york times
©traducción mQh
Filadelfia, Misissippi, Estados Unidos. Tan pronto como se supo dónde estaban alojando, tuvieron que partir.El hombre que les alquilaba la casa había sido amenazado.
La esposa de un pastor les prestó un apartamento, pero no tenía agua corriente y tenían que pasar en las mañanas a un hotel negro a asearse, colándose por la puerta de atrás porque eran blancos y no querían llamar la atención.
Cuando tenían teléfono, no cesaba de sonar. La gente al otro lado de la línea le decían a Rita Schwerner que iban a matar a su marido. La matrícula del coche circulaba entre agentes de policía.
Así recibieron a una joven pareja que llegó a Mississippi desde Nueva York en 1964 para unirse al movimiento por los derechos civiles, dijo la ex señora Schwerner, ahora Rita Bender, a un jurado el jueves. Fue la primera testigo en el juicio por homicidio en el estado de un antiguo miembro del Ku Klux Klan acusado de orquestar el asesinato de su marido Michael Schwerner, y otros dos activistas de derechos civiles, James Earl Chaney y Andrew Goodman, hace más de 40 años.
Articulada y serena, con el pelo cano corto y una dulce y triste sonrisa, Bender contó al jurado sobre su matrimonio con Schwerner -ella tenía 20, él 22- y su traslado hacia el sur poco después. También habló de su desaparición cerca de Filadelfia, cuando participaba en un programa de adiestramiento en Ohio, y cómo cuando volvió a Mississippi después de enterarse de las noticias, el único lugar donde podía quedarse era un hotel negro, con una guardia organizada por pastores negros que vigilaban fuera.
Fue un primer plano de una época cuando el terror era cosa de todos los días y el mero acto de ayudar a la gente les podía poner en peligro. El jurado prestó cuidadosa atención, pero el acusado, Edgar Ray Killen, 80, no estaba en la sala del tribunal. Killen se había retirado, quejándose de que le faltaba el aire y de una "sensación asfixiante", dijo su abogado, y fue más tarde sacado del Tribunal del Condado de Neshoba en una camilla.
Tras un receso, el juez que preside el juzgado, Marcus Gordon, anunció que Killen estaba en el hospital y era sometido a análisis y que el juicio se reiniciaría el viernes por la mañana si lo aprobaban los médicos.
Killen, empleado de un aserradero y predicador, ahora en una silla de ruedas debido a que se cayó de un árbol en enero, estuvo en el tribunal la primera parte de la mañana mientras el juez se ocupó de asuntos de procedimiento. Pero cuando entró el jurado para el primer día de testimonios, su abogado James McIntyre se acercó al estrado y pidió permiso para que Killen se pudiera retirar.
Debido a la mala salud de Killen, se le proporcionó una cama y una enfermera en el tribunal.
Con el permiso de Killen, el juicio continuó sin él, y Bender fue la primera testigo. Al jurado no se le comunicó la razón de la ausencia de Killen debido a que el juez no quería causarles sentimientos de compasión, dijo el juez.
Con James Hood, el fiscal general del estado, que la interrogaba, Bender, ahora una abogado que vive en Seattle, describió el centro comunitario para niños que ella y su marido ayudaron a abrir en Meridian, Mississippi, a unos 48 kilómetros de Filadelfia.
Schwerner y Chaney, que era de Meridian, hicieron estanterías para colocar los libros donados que no estaban disponibles para negros en las bibliotecas públicas. Había una mesa de pingpong. Pero los operadores del centro estaban también tratando de ayudar a los negros a inscribirse para votar, haciendo contactos y buscando locales para las clases de formación. Schwerner y Chaney habían visitado la Iglesia Metodista Unificada Monte de Sión, una iglesia negra en el condado de Neshoba, cerca de Filadelfia.
En junio, mientras estaban en una sesión de adiestramiento en Ohio, donde se reunieron con Goodman, se enteraron de que los líderes de la iglesia habían sido golpeados por miembros del Klan, que habían reducido a cenizas la iglesia, dijo Bender.
En este punto, el juez Gordon reprochó a Bender, diciéndole que no se la oía. "Lo lamento", dijo ella, recompuesta. "Me pongo emocional. Lo lamento".
En la sala observaban el marido de Bender y parientes de Chaney, así como Bettie Dahmer, la hija de Vernon Dahmer, otro activista de Mississippi por los derechos civiles, cuyo asesino fue juzgado y encarcelado en 1998. Dos hombres ocupaban una hilera de bancas reservadas para la familia de Killen.
Bender levantó la voz, diciendo que su primer marido, que era conocido como Mickey, y Chaney, al que llamó J.E., habían decidido volver a Mississippi para ver la iglesia.
"Tenían que volver y ver a esa gente", dijo. "No se abandona a la gente que se atreve a correr riesgos". Los dos hombres, junto con Goodman, se subieron a una furgoneta azul que usaban los Schwener y volvieron a Mississippi.
Llegaron bien a Meridian, y al día siguiente, el domingo 21 de junio, se digirieron a Filadelfia a ver la iglesia. Tarde esa noche Schwerner recibió una llamada telefónica diciendo que ellos no habían vuelto.
Llevaban dos días perdidos cuando la señora Schwener se enteró de que habían encontrado la furgoneta, quemad, en el pantano de Bogue Chitto, en el condado de Neshoba. En ese entonces ella estaba en el aeropuerto de Cincinnati, de regreso a Mississippi. Casualmente, también estaba ahí otra activista por los derechos civiles, Fannie Lou Hamer, y las dos se enteraron juntas de la noticia. Hamer, nieta de esclavos, abrazó a Schwerner y se echaron a llorar. "Nuestros lágrimas se mezclaron", dijo Bender.
Temiendo por la seguridad de Schwerner, los activistas la habían enviado a casa con una escolta, que la acompañó al condado de Neshoba. "Yo quería ver el coche quemado", dijo. "Insistí mucho en eso".
Estaba en un garaje, su cabina completamente calcinada y encima de unos bloques, porque las llantas se habían derretido, dijo.
Durante el interrogatorio, McIntyre tenía esencialmente una sola pregunta para Bender: ¿Sabía algún indicio personal sobre la participación de Killen en los asesinatos?
Bender dijo que no.
Más tarde, en el sofocante calor a la entrada del tribunal, Bender aprovechó la presencia de periodistas para exponer una idea que ha repetido desde 1964,
"Estáis tratando este juicio como el más importante del movimiento de derechos civiles porque dos de los tres hombres eran blancos", dijo. "Eso significa que todos tenemos que seguir hablando sobre el racismo en este país, porque todavía continúa. Y si este juicio es vuestra manera de reconocerlo, de reconocer todos lo que pasó y hablar abiertamente sobre ello, entonces tiene sentido".
Antes en el día el juez dijo que admitiría como testimonio la transcripción de un juicio federal de 1967 del caso, en el que 18 hombres, incluyendo a Killen, fueron acusados de conspirar para privar a las tres víctimas de sus derechos civiles. Siete de ellos fueron condenados, pero el jurado quedó en punto muerto sobre Killen debido a la oposición de un miembro del jurado.
Los testigos cruciales de ese juicio están muertos ahora, pero los fiscales quieren introducir el testimonio de sus transcripciones. La defensa ha intentado excluir esas declaraciones antiguas.
Después de Bender, un segundo testigo fue llamado pero apenas había empezado a declarar cuando el juez hizo nuevamente salir al jurado. Killen recibió oxígeno, y los paramédicos lo llevaron al Hospital General del Condado de Neshoba.
Más tarde, el doctor Patrick Eakes, director de cuidados intensivos, dijo a periodistas que Killen, que se había declarado inocente de los tres cargos de homicidio, volverá a la sala del tribunal mañana probablemente. Tenía presión alta, y había empeorado, dijo el doctor, debido quizás a sus heridas. Cuando se le presionó, concedió que el empeoramiento podría haber sido causado por el estrés del juicio.
"Creo que en la sala la presión sanguínea de todo el mundo está un poco alta", dijo Eakes.
17 de junio de 2005
©new york times
©traducción mQh
viejo racismo en el sur
[Howard Witt] Racismo del Viejo Sur revive en una ciudad de Texas. Billy Ray Johnson fue golpeado y arrojado encima de un hormiguero. Sus cuatro agresores blancos recibieron una palmada en la muñeca.
Linden, Texas, Estados Unidos. Agarraron a Billy Ray Johnson frente a la tienda de abarrotes en esta somnolienta ciudad de Texas del Este, un lugar donde en algunos jardines cuelgan banderas confederadas y en la oficina de correos del pueblo un mural de esclavos descalzos recogiendo algodón saluda a los clientes.
Una fría noche de septiembre de 2003, llevaron en coche al negro de 42 años, retardado mental, a un pastizal de vacas donde un grupo de jóvenes blancos celebraba una fiesta. Lo emborracharon, lo hicieron bailar, le gritaron insultos raciales. Luego, según la declaración en tribunales, uno de los agresores de Johnson le pegó un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Agarraron su cuerpo inconsciente y lo echaron en el portaequipajes de una camioneta y lo arrojaron encima de un hormiguero de hormigas de fuego.
Johnson, cuyos familiares dicen que se comportaba al nivel de un niño de 12 años antes del ataque, estuvo en coma durante una semana. Sufrió una hemorragia cerebral que distorsionó su pronunciación, debilitó sus piernas y le privó de la capacidad de cuidar de sí mismo. Su cuerpo estaba cubierto de cientos de dolorosas picaduras de hormigas.
Hoy, vive de la asistencia pública, confinado en una residencia cerca de Texarkana, donde su familia teme que permanecerá por el resto de su vida.
Los cuatro jóvenes blancos condenados por varios cargos del incidente están confinados en una cárcel del condado, pero no será por largo tiempo. El mes pasado un juez sentenció a tres de los cuatro a penas de 30 días de cárcel, y al cuarto a 60 días.
Sin embargo, incluso eso fue más de lo que los jurados que vieron los dos casos pensaron que era apropiado: Absolvieron a los acusados de los cargos más graves y no recomendaron ninguna pena de prisión.
Para muchos afro-americanos en Linden, el empobrecido condado de Cass, en las fronteras de Arkansas y Louisiana, lo que le pasó a Johnson fue nada menos que un crimen de odio, aterradoramente reminiscente de las peores agresiones raciales en el Viejo Sur.
"Hay gente aquí haciéndole cosas a los perros, y reciben más de un año de cárcel", dijo Lue Wilson, 58, prima de Johnson y tutora legal. "No conseguirás nunca que un jurado del condado de Cass condene a un blanco por hacerle algo a un negro".
Pero para muchos blancos de aquí, el incidente fue simplemente una historia de unos "chicos traviesos" que bebieron demasiado y perdieron el control.
"Fue algo desafortunado e insensato", dijo Wilford Penny, 73, que el mes pasado completó su sexto término como alcalde de Linden. "Pero no creo que haya nada racial en esto. Los tipos estaban bebiendo y a este tipo [Johnson] le gustaba bailar. No me sorprende que cuando estaban borrachos hayan usado la palabra nigger. El niño negro estaba donde no tenía que estar, aunque ellos lo llevaron allá".
Construido por Esclavos
La historia pesa fuertemente sobre este pueblo fundado a mediados de los 1850 cuya antigua prosperidad agrícola se construyó sobre las espaldas de los esclavos comprados más arriba en el cercano Río Colorado, de Shreveport y Nueva Orleans.
El mural con el esclavo en el vestíbulo de la oficina de correos fue pintado en los años 30 por Víctor Arnautoff, un renombrado artista de la escuela realista social, y a pesar de periódicas protestas de clientes negros, los funcionarios de correos dicen que no tienen intención de retirarlo.
Hoy la palabra boy' todavía se desliza con facilidad de los labios de algunos blancos cuando se refieren a afro-americanos, una infamia a la que Wilson, un veterano de la guerra de Vietnam y obrero metalúrgico jubilado, dijo que se había acostumbrado hace tiempo.
E inquietantes incidentes teñidos por la raza todavía dividen a los 2.256 habitantes de Linden, un quinto de los cuales son negros y cuatro quintos, blancos.
En 1994 un negro que había estado cortejando a una blanca fue encontrado muerto de un balazo en su ingle. Y otro incidente en 2001, un negro que estaba saliendo con una blanca fue encontrado colgando de un árbol. Funcionarios de la localidad determinaron que el primer caso fue un accidente de caza y el segundo un suicidio, a pesar de persistentes dudas de familiares y funcionarios de derechos civiles.
"Hay pocas áreas en Texas que hayan evitado la era de los derechos civiles", dijo Gary Bledsoe, presidente de la sucursal tejana de la NAACP. "Linden es uno de esos. Es una isla de los años cincuenta".
La Texarkana Gazette, el diario más grande de la región, publicó un editorial el mes pasado criticando las livianas sentencias dictadas contra los agresores de Johnson.
"Es triste constatar", escribió el diario, "que todos nosotros estamos de acuerdo en que si las circunstancias de cambiaran -si cuatro negros hubiesen cometido este crimen con una persona blanca-, las cosas habrían sido diferentes".
Sin embargo, otros ven más matices en el caso de Johnson, y en el del estado de las relaciones raciales en la localidad.
"Creo que es injusto para el condado que se transforme en un problema racial", dijo Tina Richardson, asistente del fiscal del distrito que llevó el caso y el único abogado negro del condado de Cass. "Sé que en este momento el estigma es que el condado de Cass parece que los blancos tienen un montón de prejuicios contra los negros. Pero lo que tienes es gente buena y gente mala no importa dónde estés viviendo en el país".
"Había tantos, quizás más, blancos que estuvieron decepcionados por el resultado" del caso de Johnson como los que se contentaron, agregó Richardson.
En el Fondo del Asunto
Si Johnson fue golpeado porque era negro o porque era retardado mental está en el centro de las contradictorias versiones del caso. Los testigos que asistieron a la fiesta en el pastizal el 27 de septiembre de 2003, dieron a las autoridades evidencias de los dos cargos.
"Todos sabían que Johnson era retardado mental, que no era normal", dijo un residente blanco de Linden, de 23, que asistió a la fiesta pero habló a condición de no ser identificado. "Se estaba divirtiendo, bebiendo. Luego empezaron a reírse de él, a hacerlo bailar. Estaban tratando de divertirse, de transformarlo en un mono".
En un momento durante la fiesta, Richardson dijo que las declaraciones en el tribunal demostraban que a Johnson lo convencieron de meter la mano en la fogata para sacar un leño ardiendo -evidencia de que estaba siendo engañado por su incapacidad mental.
Pero muchos otros testigos informaron que Johnson fue también sometido a "un montón de insultos racistas", dijo Richardson.
"La palabra n", dijo, "y referencias al Ku Klux Klan, preguntándole a Johnson que haría si el KKK saliera por la noche".
Cuando la fiesta empezó a apagarse después de medianoche, según las evidencias, Christopher Colt Amox, que tenía 20 entonces, le pegó a Johnson un puñetazo en la boca, haciéndolo caer al suelo. Cuando Johnson yacía semi-inconsciente, vomitando y atorándose, Amox y otros tres jóvenes -James Cory Hicks, entonces de 24; Dallas Chadwick Stone, entonces de 180; y John Wesley Owens, entonces de 19- debatieron sobre si llamar a una ambulancia, dijeron las autoridades. En lugar de eso, lo echaron a una camioneta, lo llevaron tres kilómetros más lejos hacia un camino de tierra poco transitado y lo arrojaron junto a un vertedero municipal encima de un nido de hormigas de fuego.
Varias horas después, Hicks, que a la sazón trabajaba como guardia de la Cárcel del Condado de Cass, volvió al lugar de los hechos y llamó al sheriff local para reportar que había encontrado a "un hombre desmayado".
Funcionarios policiales locales y del FBI investigaron el caso y llegaron todos a la conclusión de que lo que le pasó a Jonhson fue un crimen basado en su incapacidad mental, no en su raza. Por eso no se presentaron cargos por delitos de odio o violación de derechos civiles.
Crueldad y Vileza
"Esta es una banda de tipos que son viles y crueles, y han maltratado a un negro que era retardado", dijo Malcolm Bales, jefe de la división criminal en el despacho del fiscal en Marshall, Texas, que incluye al condado de Cass. "Eso es terrible. Pero no da pie para un caso federal de derechos civiles".
En lugar de eso, los cuatro agresores acusados por varios cargos de asalto con agravante y lesiones por omisión a una persona incapacitada que podrían enviarlos a prisión por hasta 10 años. Stone y Owens se declararon culpables de los cargos de omisión y accedieron a testificar contra Amox y Hicks, que optaron por los juicios con jurado.
En esos casos los jurados, tres de los cuales eran negros, absolvieron a Amox y Hicks de asalto con agravante. Amox fue condenado por agresión menor, y Hicks por lesiones por omisión a una persona incapacitada.
Los dos jurados recomendaron sentencias suspendidas y libertad condicional como castigo. Pero el juez de distrito Ralph Burgess, usando su autoridad para imponer un período adicional en la cárcel, sentenció el mes pasado a Owens, Stone y Amox a 30 días de cárcel, y sentenció a Hicks a 60 días.
"Estaban tratando de hacer parecer una felonía, como si le hubieran golpeado, y él [Amox] le golpeó una vez", dijo Michael Spencer, el presidente del jurado en el juicio de Amox. "No era como si ellos simplemente estaban ahí, le dieron de patadas y lo golpearon".
"Esto no es algo sobre lo que tengamos prejuicios y vayamos a dejar marcharse a los chicos traviesos'", agregó Spencer. "Pero el tipo tenía un trabajo y no creemos que vuelva a representar una amenaza para la sociedad... No queríamos necesariamente meterlo un año en la cárcel".
Familia Piensa Demandar
Pero el resultado del caso y la negativa de las autoridades a presentar cargos por crímenes de odio contra los agresores de Johnson han indignado a funcionarios de derechos civiles. La familia de Johnson está pensando presentar una denuncia contra los cuatro hombres, y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color NAACP está presionando a funcionarios federales y del estado para que nombren a un fiscal especial para considerar presentar cargos adicionales.
"No hay duda de que es un caso racial", dijo Bledsoe, de la NAACP. "Un lote de tipos se emborracha y justo tenía a una persona de otra raza para hacerlo bailar y ridiculizarlo. Está claro que debería ser clasificado como un crimen de odio".
La mayoría de las familias de los acusados se negaron a conceder entrevistas sobre el caso. Pero Martha Howell, la madre de Hicks, dijo que su hijo nunca tocó a Johnson y no merecía ser castigado.
"La reputación es de estos chicos está arruinada para toda la vida", dijo. "Y Johnson está mejor hoy que nunca en su vida. Vagaba por las calles y la familia nunca sabía dónde estaba. Ahora está en una residencia y tiene a alguien que cuida por él".
Johnson no lo ve así.
Sentado hace poco en su atestado y mal ventilado cuarto que comparte con otro paciente de la residencia, hojeando ociosamente unas desteñidas fotos de los viejos coches que algún día le gustaría reparar, le pregunté a Johnson cómo se sentía en estos días.
"Me quiero ir a casa", dijo enfáticamente, en sus únicas palabras inteligibles. "Casa".
Al autor se le puede escribir a: hwitt@tribune.com
8 de junio de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
Linden, Texas, Estados Unidos. Agarraron a Billy Ray Johnson frente a la tienda de abarrotes en esta somnolienta ciudad de Texas del Este, un lugar donde en algunos jardines cuelgan banderas confederadas y en la oficina de correos del pueblo un mural de esclavos descalzos recogiendo algodón saluda a los clientes.Una fría noche de septiembre de 2003, llevaron en coche al negro de 42 años, retardado mental, a un pastizal de vacas donde un grupo de jóvenes blancos celebraba una fiesta. Lo emborracharon, lo hicieron bailar, le gritaron insultos raciales. Luego, según la declaración en tribunales, uno de los agresores de Johnson le pegó un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Agarraron su cuerpo inconsciente y lo echaron en el portaequipajes de una camioneta y lo arrojaron encima de un hormiguero de hormigas de fuego.
Johnson, cuyos familiares dicen que se comportaba al nivel de un niño de 12 años antes del ataque, estuvo en coma durante una semana. Sufrió una hemorragia cerebral que distorsionó su pronunciación, debilitó sus piernas y le privó de la capacidad de cuidar de sí mismo. Su cuerpo estaba cubierto de cientos de dolorosas picaduras de hormigas.
Hoy, vive de la asistencia pública, confinado en una residencia cerca de Texarkana, donde su familia teme que permanecerá por el resto de su vida.
Los cuatro jóvenes blancos condenados por varios cargos del incidente están confinados en una cárcel del condado, pero no será por largo tiempo. El mes pasado un juez sentenció a tres de los cuatro a penas de 30 días de cárcel, y al cuarto a 60 días.
Sin embargo, incluso eso fue más de lo que los jurados que vieron los dos casos pensaron que era apropiado: Absolvieron a los acusados de los cargos más graves y no recomendaron ninguna pena de prisión.
Para muchos afro-americanos en Linden, el empobrecido condado de Cass, en las fronteras de Arkansas y Louisiana, lo que le pasó a Johnson fue nada menos que un crimen de odio, aterradoramente reminiscente de las peores agresiones raciales en el Viejo Sur.
"Hay gente aquí haciéndole cosas a los perros, y reciben más de un año de cárcel", dijo Lue Wilson, 58, prima de Johnson y tutora legal. "No conseguirás nunca que un jurado del condado de Cass condene a un blanco por hacerle algo a un negro".
Pero para muchos blancos de aquí, el incidente fue simplemente una historia de unos "chicos traviesos" que bebieron demasiado y perdieron el control.
"Fue algo desafortunado e insensato", dijo Wilford Penny, 73, que el mes pasado completó su sexto término como alcalde de Linden. "Pero no creo que haya nada racial en esto. Los tipos estaban bebiendo y a este tipo [Johnson] le gustaba bailar. No me sorprende que cuando estaban borrachos hayan usado la palabra nigger. El niño negro estaba donde no tenía que estar, aunque ellos lo llevaron allá".
Construido por Esclavos
La historia pesa fuertemente sobre este pueblo fundado a mediados de los 1850 cuya antigua prosperidad agrícola se construyó sobre las espaldas de los esclavos comprados más arriba en el cercano Río Colorado, de Shreveport y Nueva Orleans.
El mural con el esclavo en el vestíbulo de la oficina de correos fue pintado en los años 30 por Víctor Arnautoff, un renombrado artista de la escuela realista social, y a pesar de periódicas protestas de clientes negros, los funcionarios de correos dicen que no tienen intención de retirarlo.
Hoy la palabra boy' todavía se desliza con facilidad de los labios de algunos blancos cuando se refieren a afro-americanos, una infamia a la que Wilson, un veterano de la guerra de Vietnam y obrero metalúrgico jubilado, dijo que se había acostumbrado hace tiempo.
E inquietantes incidentes teñidos por la raza todavía dividen a los 2.256 habitantes de Linden, un quinto de los cuales son negros y cuatro quintos, blancos.
En 1994 un negro que había estado cortejando a una blanca fue encontrado muerto de un balazo en su ingle. Y otro incidente en 2001, un negro que estaba saliendo con una blanca fue encontrado colgando de un árbol. Funcionarios de la localidad determinaron que el primer caso fue un accidente de caza y el segundo un suicidio, a pesar de persistentes dudas de familiares y funcionarios de derechos civiles.
"Hay pocas áreas en Texas que hayan evitado la era de los derechos civiles", dijo Gary Bledsoe, presidente de la sucursal tejana de la NAACP. "Linden es uno de esos. Es una isla de los años cincuenta".
La Texarkana Gazette, el diario más grande de la región, publicó un editorial el mes pasado criticando las livianas sentencias dictadas contra los agresores de Johnson.
"Es triste constatar", escribió el diario, "que todos nosotros estamos de acuerdo en que si las circunstancias de cambiaran -si cuatro negros hubiesen cometido este crimen con una persona blanca-, las cosas habrían sido diferentes".
Sin embargo, otros ven más matices en el caso de Johnson, y en el del estado de las relaciones raciales en la localidad.
"Creo que es injusto para el condado que se transforme en un problema racial", dijo Tina Richardson, asistente del fiscal del distrito que llevó el caso y el único abogado negro del condado de Cass. "Sé que en este momento el estigma es que el condado de Cass parece que los blancos tienen un montón de prejuicios contra los negros. Pero lo que tienes es gente buena y gente mala no importa dónde estés viviendo en el país".
"Había tantos, quizás más, blancos que estuvieron decepcionados por el resultado" del caso de Johnson como los que se contentaron, agregó Richardson.
En el Fondo del Asunto
Si Johnson fue golpeado porque era negro o porque era retardado mental está en el centro de las contradictorias versiones del caso. Los testigos que asistieron a la fiesta en el pastizal el 27 de septiembre de 2003, dieron a las autoridades evidencias de los dos cargos.
"Todos sabían que Johnson era retardado mental, que no era normal", dijo un residente blanco de Linden, de 23, que asistió a la fiesta pero habló a condición de no ser identificado. "Se estaba divirtiendo, bebiendo. Luego empezaron a reírse de él, a hacerlo bailar. Estaban tratando de divertirse, de transformarlo en un mono".
En un momento durante la fiesta, Richardson dijo que las declaraciones en el tribunal demostraban que a Johnson lo convencieron de meter la mano en la fogata para sacar un leño ardiendo -evidencia de que estaba siendo engañado por su incapacidad mental.
Pero muchos otros testigos informaron que Johnson fue también sometido a "un montón de insultos racistas", dijo Richardson.
"La palabra n", dijo, "y referencias al Ku Klux Klan, preguntándole a Johnson que haría si el KKK saliera por la noche".
Cuando la fiesta empezó a apagarse después de medianoche, según las evidencias, Christopher Colt Amox, que tenía 20 entonces, le pegó a Johnson un puñetazo en la boca, haciéndolo caer al suelo. Cuando Johnson yacía semi-inconsciente, vomitando y atorándose, Amox y otros tres jóvenes -James Cory Hicks, entonces de 24; Dallas Chadwick Stone, entonces de 180; y John Wesley Owens, entonces de 19- debatieron sobre si llamar a una ambulancia, dijeron las autoridades. En lugar de eso, lo echaron a una camioneta, lo llevaron tres kilómetros más lejos hacia un camino de tierra poco transitado y lo arrojaron junto a un vertedero municipal encima de un nido de hormigas de fuego.
Varias horas después, Hicks, que a la sazón trabajaba como guardia de la Cárcel del Condado de Cass, volvió al lugar de los hechos y llamó al sheriff local para reportar que había encontrado a "un hombre desmayado".
Funcionarios policiales locales y del FBI investigaron el caso y llegaron todos a la conclusión de que lo que le pasó a Jonhson fue un crimen basado en su incapacidad mental, no en su raza. Por eso no se presentaron cargos por delitos de odio o violación de derechos civiles.
Crueldad y Vileza
"Esta es una banda de tipos que son viles y crueles, y han maltratado a un negro que era retardado", dijo Malcolm Bales, jefe de la división criminal en el despacho del fiscal en Marshall, Texas, que incluye al condado de Cass. "Eso es terrible. Pero no da pie para un caso federal de derechos civiles".
En lugar de eso, los cuatro agresores acusados por varios cargos de asalto con agravante y lesiones por omisión a una persona incapacitada que podrían enviarlos a prisión por hasta 10 años. Stone y Owens se declararon culpables de los cargos de omisión y accedieron a testificar contra Amox y Hicks, que optaron por los juicios con jurado.
En esos casos los jurados, tres de los cuales eran negros, absolvieron a Amox y Hicks de asalto con agravante. Amox fue condenado por agresión menor, y Hicks por lesiones por omisión a una persona incapacitada.
Los dos jurados recomendaron sentencias suspendidas y libertad condicional como castigo. Pero el juez de distrito Ralph Burgess, usando su autoridad para imponer un período adicional en la cárcel, sentenció el mes pasado a Owens, Stone y Amox a 30 días de cárcel, y sentenció a Hicks a 60 días.
"Estaban tratando de hacer parecer una felonía, como si le hubieran golpeado, y él [Amox] le golpeó una vez", dijo Michael Spencer, el presidente del jurado en el juicio de Amox. "No era como si ellos simplemente estaban ahí, le dieron de patadas y lo golpearon".
"Esto no es algo sobre lo que tengamos prejuicios y vayamos a dejar marcharse a los chicos traviesos'", agregó Spencer. "Pero el tipo tenía un trabajo y no creemos que vuelva a representar una amenaza para la sociedad... No queríamos necesariamente meterlo un año en la cárcel".
Familia Piensa Demandar
Pero el resultado del caso y la negativa de las autoridades a presentar cargos por crímenes de odio contra los agresores de Johnson han indignado a funcionarios de derechos civiles. La familia de Johnson está pensando presentar una denuncia contra los cuatro hombres, y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color NAACP está presionando a funcionarios federales y del estado para que nombren a un fiscal especial para considerar presentar cargos adicionales.
"No hay duda de que es un caso racial", dijo Bledsoe, de la NAACP. "Un lote de tipos se emborracha y justo tenía a una persona de otra raza para hacerlo bailar y ridiculizarlo. Está claro que debería ser clasificado como un crimen de odio".
La mayoría de las familias de los acusados se negaron a conceder entrevistas sobre el caso. Pero Martha Howell, la madre de Hicks, dijo que su hijo nunca tocó a Johnson y no merecía ser castigado.
"La reputación es de estos chicos está arruinada para toda la vida", dijo. "Y Johnson está mejor hoy que nunca en su vida. Vagaba por las calles y la familia nunca sabía dónde estaba. Ahora está en una residencia y tiene a alguien que cuida por él".
Johnson no lo ve así.
Sentado hace poco en su atestado y mal ventilado cuarto que comparte con otro paciente de la residencia, hojeando ociosamente unas desteñidas fotos de los viejos coches que algún día le gustaría reparar, le pregunté a Johnson cómo se sentía en estos días.
"Me quiero ir a casa", dijo enfáticamente, en sus únicas palabras inteligibles. "Casa".
Al autor se le puede escribir a: hwitt@tribune.com
8 de junio de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
garganta profunda y la cia
[Peter S. Canellos] Revelación de Felt enciende debate sobre el FBI y la CIA.
Washington, Estados Unidos. La relación de la Casa Blanca con el FBI y la CIA fue un tema de debate en Washington antes incluso de la semana pasada, cuando Mark Felt, el antiguo número dos del FBI, revelara que él ayudó a derrocar en secreto al presidente Nixon.
Ahora la cuestión es cómo la revelación de Garganta Profunda cambiará las ideas de liberales y conservadores sobre el delicado asunto de cuánta independencia deben tener las agencias con autoridad para espiar.
Las ideas de los dos lados se derivan en gran parte de las medidas tomadas entre el 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la guerra de Iraq en marzo de 2003.
A los ojos de muchos liberales, el gobierno de Bush presionó tanto al FBI y a la CIA que distorsionó, e incluso quizás corrompió, su funcionamiento normal. Casi inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, el ex fiscal general John D. Ashcroft y su staff redactaron la Ley Patriótica, otorgando al FBI nuevas atribuciones para espiar a americanos y extranjeros que viven en este país. Ashcroft, convirtiéndose a sí mismo en la cara de los nuevos agresivos intentos de cazar a terroristas sospechosos, pareció saltar por encima de la jefatura del FBI, empujando al servicio más allá de lo que quería ir.
Entretanto, el gobierno estaba expresando una profunda desconfianza del presidente iraquí Saddam Hussein, y muchos de sus principales funcionarios cuestionaron que la CIA estuviera suficientemente al tanto de lo que estaba pasando en Iraq. Las dudas del gobierno sobre las competencias básicas de la CIA, que condujo al ministerio de Defensa a buscar medios de eludir los canales establecidos de inteligencia, causaron la ansiedad de la agencia para justificar las preocupaciones del gobierno sobre Iraq. El ex director de la CIA, George J. Tenet, quedó como un personaje adulador, al declarar que no tenía dudas cuando Bush sugirió que las evidencias de la CIA sobre la producción de armas de destrucción masiva no eran convincente.
Los conservadores tienen a mirar el tema desde otro punto de vista. El FBI y la CIA, en su opinión, han estado tratando de frustrar las políticas del gobierno, en parte para afirmar su independencia y en parte porque los analistas de carrera se pusieron demasiado cautos, inclinados a dudar antes de llegar a una conclusión en los ociosos años entre la Guerra Fría y los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La revelación de que Felt, durante 30 años un protegido del legendario director del FBI, J. Edgar Hoover, guió al Washington Post hacia informaciones comprometedoras sobre Nixon coloca todo el escándalo del Watergate, y las relaciones históricas entre el ejecutivo y las dos agencias, bajo una nueva luz.
Durante décadas los washingtonianos habían imaginado que alguien del círculo de Nixon se había transformado en Garganta Profunda por una preocupación genuina por el país. Las especulaciones crecieron a medida que muchos de los sospechosos -el jefe del estado mayor, Alexander Haig; el escritor de discursos David Gergen; el presidente del Comité Nacional Republicano, George H.W. Bush- jugaron papeles prominentes en gobiernos republicanos posteriores.
Ahora la historia de Watergate ha cambiado. En un giro de los acontecimientos sacado de la paranoica imaginación de Nixon, la historia dice ahora que fue el FBI el que derrocó a Nixon.
Un poco de historia no está demás. En las últimas fases del reinado de 48 años de Hoover, el FBI se apartó cada vez más de la ley, allanando casas para plantar micrófonos y pinchando los teléfonos de todo el mundo, desde activistas por la paz hasta líderes de derechos civiles y funcionarios de gobierno. Felt fue finalmente condenado por participar en algunos de los allanamientos ilegales e interceptaciones.
Hoover siguió en el poder gobierno tras gobierno en parte gracias a sus amenazas veladas contra los varios presidentes. Se creía ampliamente que tenía archivos sobre las principales figuras políticas y que podía arruinarlos revelando lo que sabía sobre ellos. John F. Kennedy, Lyndon B. Jonhson y Nixon mantuvieron a Hoover en el puesto mucho después de que cumpliera la edad de jubilación.
Cuando murió Hoover en 1972, Nixon se propuso poner al FBI bajo el mando de su propio partidario L. Patrick Gray. Felt y otros defensores de Hoover estaban indignados. Un año después, Felt comenzó a filtrar información al Post.
Por supuesto, Felt insiste en que sus motivos fueron patrióticos, y que los delitos de Nixon eran reales y claramente establecidos a través del propio sistema de interceptación del Despacho Oval. Pero el trasfondo político de la lucha entre sucesivos presidentes y el FBI de Hoover son imposibles de ignorar.
Los liberales que aplauden la noción de un FBI y CIA "profesionales", aisladas de la influencia de la Casa Blanca deberían recordar que hacer que las agencias funcionen sin controles políticos puede ser una receta para las intrigas y las guerras internas.
Entretanto los conservadores que anhelan remover las barreras constitucionales para permitir que el FBI y la CIA revisen el correo e intercepten llamadas telefónicas más fácilmente deben recordar que crear monolitos de investigación puede ser una receta para abusos de poder todavía más graves que cualquiera de los crímenes de Richard Nixon.
7 de junio de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. La relación de la Casa Blanca con el FBI y la CIA fue un tema de debate en Washington antes incluso de la semana pasada, cuando Mark Felt, el antiguo número dos del FBI, revelara que él ayudó a derrocar en secreto al presidente Nixon.Ahora la cuestión es cómo la revelación de Garganta Profunda cambiará las ideas de liberales y conservadores sobre el delicado asunto de cuánta independencia deben tener las agencias con autoridad para espiar.
Las ideas de los dos lados se derivan en gran parte de las medidas tomadas entre el 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la guerra de Iraq en marzo de 2003.
A los ojos de muchos liberales, el gobierno de Bush presionó tanto al FBI y a la CIA que distorsionó, e incluso quizás corrompió, su funcionamiento normal. Casi inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, el ex fiscal general John D. Ashcroft y su staff redactaron la Ley Patriótica, otorgando al FBI nuevas atribuciones para espiar a americanos y extranjeros que viven en este país. Ashcroft, convirtiéndose a sí mismo en la cara de los nuevos agresivos intentos de cazar a terroristas sospechosos, pareció saltar por encima de la jefatura del FBI, empujando al servicio más allá de lo que quería ir.
Entretanto, el gobierno estaba expresando una profunda desconfianza del presidente iraquí Saddam Hussein, y muchos de sus principales funcionarios cuestionaron que la CIA estuviera suficientemente al tanto de lo que estaba pasando en Iraq. Las dudas del gobierno sobre las competencias básicas de la CIA, que condujo al ministerio de Defensa a buscar medios de eludir los canales establecidos de inteligencia, causaron la ansiedad de la agencia para justificar las preocupaciones del gobierno sobre Iraq. El ex director de la CIA, George J. Tenet, quedó como un personaje adulador, al declarar que no tenía dudas cuando Bush sugirió que las evidencias de la CIA sobre la producción de armas de destrucción masiva no eran convincente.
Los conservadores tienen a mirar el tema desde otro punto de vista. El FBI y la CIA, en su opinión, han estado tratando de frustrar las políticas del gobierno, en parte para afirmar su independencia y en parte porque los analistas de carrera se pusieron demasiado cautos, inclinados a dudar antes de llegar a una conclusión en los ociosos años entre la Guerra Fría y los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La revelación de que Felt, durante 30 años un protegido del legendario director del FBI, J. Edgar Hoover, guió al Washington Post hacia informaciones comprometedoras sobre Nixon coloca todo el escándalo del Watergate, y las relaciones históricas entre el ejecutivo y las dos agencias, bajo una nueva luz.
Durante décadas los washingtonianos habían imaginado que alguien del círculo de Nixon se había transformado en Garganta Profunda por una preocupación genuina por el país. Las especulaciones crecieron a medida que muchos de los sospechosos -el jefe del estado mayor, Alexander Haig; el escritor de discursos David Gergen; el presidente del Comité Nacional Republicano, George H.W. Bush- jugaron papeles prominentes en gobiernos republicanos posteriores.
Ahora la historia de Watergate ha cambiado. En un giro de los acontecimientos sacado de la paranoica imaginación de Nixon, la historia dice ahora que fue el FBI el que derrocó a Nixon.
Un poco de historia no está demás. En las últimas fases del reinado de 48 años de Hoover, el FBI se apartó cada vez más de la ley, allanando casas para plantar micrófonos y pinchando los teléfonos de todo el mundo, desde activistas por la paz hasta líderes de derechos civiles y funcionarios de gobierno. Felt fue finalmente condenado por participar en algunos de los allanamientos ilegales e interceptaciones.
Hoover siguió en el poder gobierno tras gobierno en parte gracias a sus amenazas veladas contra los varios presidentes. Se creía ampliamente que tenía archivos sobre las principales figuras políticas y que podía arruinarlos revelando lo que sabía sobre ellos. John F. Kennedy, Lyndon B. Jonhson y Nixon mantuvieron a Hoover en el puesto mucho después de que cumpliera la edad de jubilación.
Cuando murió Hoover en 1972, Nixon se propuso poner al FBI bajo el mando de su propio partidario L. Patrick Gray. Felt y otros defensores de Hoover estaban indignados. Un año después, Felt comenzó a filtrar información al Post.
Por supuesto, Felt insiste en que sus motivos fueron patrióticos, y que los delitos de Nixon eran reales y claramente establecidos a través del propio sistema de interceptación del Despacho Oval. Pero el trasfondo político de la lucha entre sucesivos presidentes y el FBI de Hoover son imposibles de ignorar.
Los liberales que aplauden la noción de un FBI y CIA "profesionales", aisladas de la influencia de la Casa Blanca deberían recordar que hacer que las agencias funcionen sin controles políticos puede ser una receta para las intrigas y las guerras internas.
Entretanto los conservadores que anhelan remover las barreras constitucionales para permitir que el FBI y la CIA revisen el correo e intercepten llamadas telefónicas más fácilmente deben recordar que crear monolitos de investigación puede ser una receta para abusos de poder todavía más graves que cualquiera de los crímenes de Richard Nixon.
7 de junio de 2005
©boston globe
©traducción mQh
guerra contra marihuana
[Dan Eggen] Menos énfasis en la heroína y cocaína.
El foco de la guerra contra las drogas en Estados Unidos ha girado significativamente en la última década desde las drogas duras hacia la marihuana, que ahora da cuenta de casi la mitad de todas las detenciones a nivel nacional, de acuerdo a un análisis de estadísticas de criminalidad federales publicadas ayer.
El estudio de los datos del FBI realizado por un laboratorio ideológico de Washington, el Sentencing Project, determinó que los casos de heroína y cocaína cayeron en picado de un 55 por ciento de todas las detenciones en 1992 a menos del 30 por ciento diez años más tarde. Durante el mismo período, las detenciones por marihuana subieron de 28 por ciento a un total de 45 por ciento.
Surgido en la secuela del foco en el crack de cocaína de fines de los años ochenta, el creciente énfasis en la implementación de las leyes sobre marihuana fue acompañado por un importante aumento de las detenciones totales por casos de drogas, de menos de 1.1 millón en 1990 a más de 1.5 millón una década más tarde. Ochenta por ciento de ese aumento son detenciones por marihuana, según el estudio.
Sin embargo, el rápido aumento no ha tenido un impacto significativo en las prisiones, ya que sólo el 6 por ciento de las detenciones terminó en condenas, concluyó el estudio. El sondeo familiar sobre el tema citado más ampliamente ha mostrado relativamente pocos cambios en la tasa general de uso de la marihuana durante el mismo período, dijeron los expertos.
"En realidad la guerra contra las drogas de los noventa fue en gran parte una guerra contra la marihuana", dijo Ryan S. King, co-autor del estudio e investigador del Sentencing Project. "La marihuana es la substancia ilegal usada más ampliamente, pero eso no explica este nivel de crecimiento en el tiempo... La cuestión es, ¿queremos realmente gastar nuestro dinero en esto?"
El laboratorio ideológico es un grupo de izquierda que defiende las alternativas a la cárcel tradicional. Criminalistas y funcionarios de gobierno confirmaron la tendencia, que de algún modo marca un retorno a la era previa. En 1982, las detenciones por marihuana constituían el 72 por ciento de todas las detenciones por drogas, de acuerdo al estudio.
Funcionarios del gobierno de Bush atribuyen el aumento de las detenciones por marihuana a una variedad de factores: el aumento del uso entre adolescentes durante partes de los años noventa; los esfuerzos de los departamentos de policía locales por concentrarse en delitos a nivel de calle; y crecientes preocupaciones sobre el peligro que representan versiones más modernas y potentes de la marihuana. La Oficina de la Casa Blanca sobre el Control Nacional de Drogas publicó ayer un estudio que muestra que es más probable que la juventud que usa marihuana desarrolle serios problemas de salud mental, incluyendo depresión y esquizofrenia.
"Esta no es marihuana de Cheech y Chong", dijo David Murray, analista para el despacho anti-drogas. "Es una droga cualitativamente diferente, y eso se refleja en la cantidad".
Las nuevas estadísticas se publican en medio de signos de un renovado debate en círculos políticos sobre la eficacia de las medidas antidroga del gobierno, que ha recibido menos atención recientemente entre tasas de criminalidad históricamente bajas y el foco sobre el terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El fiscal general Alberto R. Gonzales, por ejemplo, nombró una comisión nacional para supervisar el procesamiento de bandas de traficantes violentas y ha jurado asignar más recursos a la lucha contra los fabricantes de metanfetamina y otros traficantes de drogas.
Pero cada vez más algunos expertos han empezado a argumentar que la guerra norteamericana contra las drogas, que cuestan unos 35 billones de dólares al año, ha tenido un impacto marginal sobre el consumo de substancias ilícitas. El conservador American Enterprise Institute publicó un informe en marzo titulado ¿Estamos perdiendo la guerra contra las drogas?' Sus autores argumentan que, junto a otras cosas, "la penalización criminal del uso de marihuana no está justificado".
El estudio dado a conocer ayer por el Sentencing Project concluyó que las detenciones por marihuana constituyen casi la mitad del aumento de detenciones por drogas durante los noventa. El informe también concluyó que una de cuatro personas en las cárceles del estado por delitos de marihuana pueden ser clasificados como "faltas de bajo nivel" y calculó que se gastan 4 billones de dólares en detenciones y procesos por delitos en casos de marihuana.
Además, el estudio mostró que aunque los afro-americanos conforman el 14 por ciento de los usuarios de marihuana en general, constituyen casi un tercio de las detenciones por posesión de marihuana.
Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra el análisis de los investigadores de las tendencias de detenciones en la Ciudad de Nueva York, que se concentró intensamente en las medidas de tolerancia cero' durante el período de alcalde de Rudolph W. Giuliani. Las detenciones por marihuana en la ciudad aumentaron diez veces entre 1990 y 2002, de 5.100 a más de 50.000, dijo el informe. Nueve de cada diez detenciones en 2002 fueron por posesión antes que por tráfico.
El estudio también concluyó que hay una enorme disparidad en el crecimiento de las detenciones por marihuana en algunos de los condados más grandes de Estados Unidos, de un 20 por ciento de aumento en San Diego,a un 418 por ciento en el condado de King, Washington. (La única disminución en la muestra se produjo en el condado de Fairfax, en Virginia del Norte, donde las detenciones por marihuana disminuyeron en un 37 por ciento).
"Ha habido un cambio importante en lo que pasa en la represión de las drogas, pero claramente no es algo que alguien se propuso hacer", dijo Jonathan Caulkins, un profesor de criminología de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh. "No es como si alguien hubiera dicho: Ya no nos preocupa la heroína y cocaína'... La sencilla respuesta es que la policía está aprovechando ahora las oportunidades para proceder a más detenciones que cuando estaba reprimiendo el crack en los años ochenta".
4 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
El foco de la guerra contra las drogas en Estados Unidos ha girado significativamente en la última década desde las drogas duras hacia la marihuana, que ahora da cuenta de casi la mitad de todas las detenciones a nivel nacional, de acuerdo a un análisis de estadísticas de criminalidad federales publicadas ayer. El estudio de los datos del FBI realizado por un laboratorio ideológico de Washington, el Sentencing Project, determinó que los casos de heroína y cocaína cayeron en picado de un 55 por ciento de todas las detenciones en 1992 a menos del 30 por ciento diez años más tarde. Durante el mismo período, las detenciones por marihuana subieron de 28 por ciento a un total de 45 por ciento.
Surgido en la secuela del foco en el crack de cocaína de fines de los años ochenta, el creciente énfasis en la implementación de las leyes sobre marihuana fue acompañado por un importante aumento de las detenciones totales por casos de drogas, de menos de 1.1 millón en 1990 a más de 1.5 millón una década más tarde. Ochenta por ciento de ese aumento son detenciones por marihuana, según el estudio.
Sin embargo, el rápido aumento no ha tenido un impacto significativo en las prisiones, ya que sólo el 6 por ciento de las detenciones terminó en condenas, concluyó el estudio. El sondeo familiar sobre el tema citado más ampliamente ha mostrado relativamente pocos cambios en la tasa general de uso de la marihuana durante el mismo período, dijeron los expertos.
"En realidad la guerra contra las drogas de los noventa fue en gran parte una guerra contra la marihuana", dijo Ryan S. King, co-autor del estudio e investigador del Sentencing Project. "La marihuana es la substancia ilegal usada más ampliamente, pero eso no explica este nivel de crecimiento en el tiempo... La cuestión es, ¿queremos realmente gastar nuestro dinero en esto?"
El laboratorio ideológico es un grupo de izquierda que defiende las alternativas a la cárcel tradicional. Criminalistas y funcionarios de gobierno confirmaron la tendencia, que de algún modo marca un retorno a la era previa. En 1982, las detenciones por marihuana constituían el 72 por ciento de todas las detenciones por drogas, de acuerdo al estudio.
Funcionarios del gobierno de Bush atribuyen el aumento de las detenciones por marihuana a una variedad de factores: el aumento del uso entre adolescentes durante partes de los años noventa; los esfuerzos de los departamentos de policía locales por concentrarse en delitos a nivel de calle; y crecientes preocupaciones sobre el peligro que representan versiones más modernas y potentes de la marihuana. La Oficina de la Casa Blanca sobre el Control Nacional de Drogas publicó ayer un estudio que muestra que es más probable que la juventud que usa marihuana desarrolle serios problemas de salud mental, incluyendo depresión y esquizofrenia.
"Esta no es marihuana de Cheech y Chong", dijo David Murray, analista para el despacho anti-drogas. "Es una droga cualitativamente diferente, y eso se refleja en la cantidad".
Las nuevas estadísticas se publican en medio de signos de un renovado debate en círculos políticos sobre la eficacia de las medidas antidroga del gobierno, que ha recibido menos atención recientemente entre tasas de criminalidad históricamente bajas y el foco sobre el terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El fiscal general Alberto R. Gonzales, por ejemplo, nombró una comisión nacional para supervisar el procesamiento de bandas de traficantes violentas y ha jurado asignar más recursos a la lucha contra los fabricantes de metanfetamina y otros traficantes de drogas.
Pero cada vez más algunos expertos han empezado a argumentar que la guerra norteamericana contra las drogas, que cuestan unos 35 billones de dólares al año, ha tenido un impacto marginal sobre el consumo de substancias ilícitas. El conservador American Enterprise Institute publicó un informe en marzo titulado ¿Estamos perdiendo la guerra contra las drogas?' Sus autores argumentan que, junto a otras cosas, "la penalización criminal del uso de marihuana no está justificado".
El estudio dado a conocer ayer por el Sentencing Project concluyó que las detenciones por marihuana constituyen casi la mitad del aumento de detenciones por drogas durante los noventa. El informe también concluyó que una de cuatro personas en las cárceles del estado por delitos de marihuana pueden ser clasificados como "faltas de bajo nivel" y calculó que se gastan 4 billones de dólares en detenciones y procesos por delitos en casos de marihuana.
Además, el estudio mostró que aunque los afro-americanos conforman el 14 por ciento de los usuarios de marihuana en general, constituyen casi un tercio de las detenciones por posesión de marihuana.
Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra el análisis de los investigadores de las tendencias de detenciones en la Ciudad de Nueva York, que se concentró intensamente en las medidas de tolerancia cero' durante el período de alcalde de Rudolph W. Giuliani. Las detenciones por marihuana en la ciudad aumentaron diez veces entre 1990 y 2002, de 5.100 a más de 50.000, dijo el informe. Nueve de cada diez detenciones en 2002 fueron por posesión antes que por tráfico.
El estudio también concluyó que hay una enorme disparidad en el crecimiento de las detenciones por marihuana en algunos de los condados más grandes de Estados Unidos, de un 20 por ciento de aumento en San Diego,a un 418 por ciento en el condado de King, Washington. (La única disminución en la muestra se produjo en el condado de Fairfax, en Virginia del Norte, donde las detenciones por marihuana disminuyeron en un 37 por ciento).
"Ha habido un cambio importante en lo que pasa en la represión de las drogas, pero claramente no es algo que alguien se propuso hacer", dijo Jonathan Caulkins, un profesor de criminología de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh. "No es como si alguien hubiera dicho: Ya no nos preocupa la heroína y cocaína'... La sencilla respuesta es que la policía está aprovechando ahora las oportunidades para proceder a más detenciones que cuando estaba reprimiendo el crack en los años ochenta".
4 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
musulmanes bajo sospecha
[Andrea Elliott] En una América ahora desconfiada, los conversos musulmanes son discriminados.
Con las secuelas del 11 de septiembre de 2001 los inmigrantes musulmanes de Pakistán, Egipto y otros países se han descubierto viviendo en un país que se ha tornado desconfiado. Muchos de los negocios y mezquitas son estrechamente vigiladas por agentes federales, miles de personas han sido deportadas y algunas han sido simplemente echadas -"entregadas" en el lenguaje de la CIA, para ser interrogadas o encarceladas en otros países.
Pero los inmigrantes musulmanes no son los únicos en vivir el cambio. Ahora está afectando a algunos conversos estadounidenses: hombres y mujeres criados en este país, cuyo único vínculo con Oriente Medio o el Sudeste asiático es religioso. Khalid Hakim, nacido como Charles Karolik en Milwaukee, no pudo renovar el documento requerido para trabajar como marino mercante porque se negó a sacarse su kufi, un gorro redondo, de lana, para hacerse una fotografía de identidad el año pasado. Sin embargo, durante casi tres décadas el gorro de Hakim no causó ningún problema con la misma oficina de Guardacostas en el ayuntamiento de Nueva York.
En Brooklyn, Dierde Small y Stephanie Lewis condujeron durante años buses del Departamento de Transporte de Nueva York, con sus hijabs, o pañuelos de cabeza, sin que los supervisores dijeran algo. Después del 11 de septiembre de 2001, a las mujeres se les exigió que no llevaran ropas religiosas. Ellas se negaron y fueron transferidas, junto con dos otras conversas musulmanes, a trabajos fuera de la vista del público -trabajos de limpieza, lavando y aparcando buses, dijeron las mujeres, que han iniciado un juicio con la Autoridad del Transporte Metropolitana y el Departamento de Transporte de Nueva York.
"Yo soy una ciudadana norteamericana y se supone que estoy protegida", dijo Lewis, 55, con los lágrimas en los ojos. "El 11 de septiembre yo tuve que llevar a agentes de policía al lugar. Sentí pena como todo el mundo. ¿Y ahora me estáis discriminando porque soy una musulmana?". Funcionarios del departamento de Transporte del Ayuntamiento de Nueva York dijeron que no harían comentarios porque el caso está todavía en litigio.
Independientemente de cómo se resuelvan sus casos jurídicamente, Hakim, Lewis y otras conversas han llegado a mirar a Estados Unidos tras el 11 de septiembre desde un ángulo muy especial. Se calcula que un 25 por ciento de los musulmanes norteamericanos son conversos. Algunos se criaron primero como norteamericanos y descubrieron el islam cuando eran adultos. En los años desde el 11 de septiembre, muchos han debido enfrentar un conflicto de lealtades que nunca habían imaginado: entre su país y su fe.
Han observado los acontecimientos desde cerca y desde lejos -los allanamientos de mezquitas, la deportación de inmigrantes musulmanes, el incendiario lenguaje del extranjero y las amenazas contra su patria americana- con un tipo especial de indignación y lealtad, cariño y preocupación.
A horcajadas en dos mundos estaba ciertamente Small, que creció en Flatbush Este con una madre cristiana y un padre musulmán. Pero ella pasaba más tiempo en las mezquitas que en iglesias.
Fue la expresión diaria del islam y su énfasis en la "unicidad de Dios" lo que la hizo entregar su corazón a la religión, dijo Small: las cinco oraciones diarias, el modo en que se cierra las frases con palabras como inshallah, que quiere decir "si Dios quiere".
A los 12 años fue una de las pocas niñas de su vecindario que llevó un hijab. Si eso exigía valentía, Small se encoge de hombros. Ha llevado el pañuelo desde entonces, acostumbrándose a la ocasional mirada que se multiplicaron después del 11 de septiembre. Le atraen las cosas temerarias.
"Siempre quise ser chofer de bus, porque es grande, es enorme", dijo Small, 36, mientras picaba un bocadillo de camarones durante un almuerzo hace poco. "Es mi propia conquista, supongo".
Small empezó a trabajar para la autoridad del tráfico en 1998, después del nacimiento de su cuarto hijo. Fue asignada a la ruta B44, un trayecto de dos horas y media desde Williamsburg a la Bahía de Sheepshead, y de vuelta. "Lo que más me gustaba era cuando estás sentada y miras y ves cuadras de ellos", dijo. "Era como un mar de vehículos".
Desde el principio Small llevó un hijab azul marino para que combinara con su uniforme. Nadie hizo objeciones, dijo, hasta después del 11 de septiembre. El primer problema ocurrió con una trabajadora más reciente, Malikah Alkebulan, que dijo que le pidieron que usara un gorro de la autoridad del tráfico sobre su pañuelo después de empezar a trabajar en marzo de 2002.
De casualidad Alkebulan se subió al bus de Small un día ese verano. Empezaron a hablar y Alkebulan le contó a Small sobre la orden, explicando que tenía miedo de desobedecer porque todavía estaba a prueba.
"Yo dije: Pues entonces que se metan conmigo, porque yo soy de aquí y estoy dispuesta a pelear'", dijo Small.
A principio de otoño las tres mujeres habían sido transferidas de las rutas de pasajero a trabajos en el estacionamiento y limpieza de los buses. Ahora Small pasa sus días esperando a los buses para limpiarlos en un airoso y cavernoso depósito en Flatbush, cerca de donde creció. Aparca los buses y pasa la aspiradora, recogiendo las monedas. En los buenos días conduce los buses vacíos a otras depósitos, mirando el paisaje con nuevos ojos. Siempre lleva su uniforme. De ese modo la gente, dice, no piensa que soy una "musulmana que se robó un bus".
Sin embargo, igual a su frustración es su profunda y muy americana convicción de que la justicia prevalecerá en los tribunales, dijo.
Hace décadas, cuando Khalid Hakim era todavía Charles Karoli, la única religión que conocía era el catolicismo. Hakim iba a misa religiosamente todos los domingos en Milwaukee, con sus padres y dos hermanas. Cantaba en el coro y ayudaba como monaguillo.
Cuando estaba en la primaria descubrió Valiant Voyage', de Shackleton, la verdadera historia de una expedición al Polo Sur. "Esa fue la semilla", dijo Hakim, 57.
El libro hizo dos cosas: llevó a Hakim a toda una vida en la marina y, con ese nuevo amor, cortó lazos con la iglesia católica.
En el primer trabajo de Hakim debía limpiar la sala de máquinas de un carguero de minerales de hierro que viajaba por los Grandes Lagos. Pero él quería estar en el mar, así que un año más tarde, en 1974, se dirigió al puerto de Nueva York y empezó una carrera de casi 30 años pilotando lanchones de petróleo, a veces como capitán, desde la costa de Maine hasta Norfolk, Virginia.
A principios de los años setenta, conoció a Dianuthra El Is'vara, una musulmana trinitaria, que le dijo que leyera el Corán. En su primera lectura, encontró que el libro santo musulmana era "aburrido", dijo. Pero en un segundo intento, dijo, "sentí que esto estaba llenando el vacío que sentía dentro, la inquietud espiritual".
El Is'vara le dijo a Hakim que usara un kafi en una mezquita de Brooklyn en febrero de 1975, cuando se convirtió oficialmente recitando el shahadah, la declaración de fe musulmana. El gorro le hacía recordar a Hakim los personajes de caricatura de su infancia, que llevaban gorros de lana con propulsores, dijo.
Pero dijo que después de la ceremonia no se había vuelto a sacar el kufi, excepto para dormir. Al principio los hombres de la barcaza lo molestaron, casi "llegando a los puños" algunas veces, dijo Hakim, que cambió su nombre en 1978.
"Él rezaba en la barcaza", dijo Charles Chillemi, presidente del sindicato de Hakim, el capítulo 333 de la Asociación Internacional de Estibadores que trabajó con él a principios de los años ochenta. "Es muy religioso".
Hakim finalmente se casó con El Is'vara y mientras seguía trabajando para el Puerto de Nueva York, compraron una casa en Nevis Island en el Caribe. Ella murió en 1993; él se volvió a casas y vive ahora allá permanentemente con su esposa, Francine, y dos hijos jóvenes.
Antes del 11 de septiembre Hakim no tuvo nunca que explicar su gorro redondo, tejido de lana, a los funcionarios de Guardacostas. Pero cuando fue a renovar su licencia de marino mercante el año pasado, funcionarios de Guardacostas en Nueva York le indicaron una ley federal que exige que los peticionarios sean fotografiados con sus cabezas "descubiertas". La ley ha estado en vigor al menos desde 1994.
"Es ley es fuerte y rápida", dijo el capitán de corbeta Paul E. Gerecke, jefe del centro regional de revisiones de Guardacostas. "Se aplica a todos, y la aplicamos de manera uniforme. Lleves un kufi o una gorra de los Mets, tienes que quitártela para la foto".
Hakim rehusó quitarse el kufi y le negaron el documento: un año más tarde, está sin trabajo, a pesar de los esfuerzos del sindicato de Hakim y del senador Charles E. Schumer, que cuestionaron la decisión. Está buscando un abogado que se ocupe de su caso, dijo. "Quiero a mi país", dijo Hakim. "Él me está pidiendo que elija entre mi país y mi religión. Yo no puedo hacer eso".
30 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh
Con las secuelas del 11 de septiembre de 2001 los inmigrantes musulmanes de Pakistán, Egipto y otros países se han descubierto viviendo en un país que se ha tornado desconfiado. Muchos de los negocios y mezquitas son estrechamente vigiladas por agentes federales, miles de personas han sido deportadas y algunas han sido simplemente echadas -"entregadas" en el lenguaje de la CIA, para ser interrogadas o encarceladas en otros países.Pero los inmigrantes musulmanes no son los únicos en vivir el cambio. Ahora está afectando a algunos conversos estadounidenses: hombres y mujeres criados en este país, cuyo único vínculo con Oriente Medio o el Sudeste asiático es religioso. Khalid Hakim, nacido como Charles Karolik en Milwaukee, no pudo renovar el documento requerido para trabajar como marino mercante porque se negó a sacarse su kufi, un gorro redondo, de lana, para hacerse una fotografía de identidad el año pasado. Sin embargo, durante casi tres décadas el gorro de Hakim no causó ningún problema con la misma oficina de Guardacostas en el ayuntamiento de Nueva York.
En Brooklyn, Dierde Small y Stephanie Lewis condujeron durante años buses del Departamento de Transporte de Nueva York, con sus hijabs, o pañuelos de cabeza, sin que los supervisores dijeran algo. Después del 11 de septiembre de 2001, a las mujeres se les exigió que no llevaran ropas religiosas. Ellas se negaron y fueron transferidas, junto con dos otras conversas musulmanes, a trabajos fuera de la vista del público -trabajos de limpieza, lavando y aparcando buses, dijeron las mujeres, que han iniciado un juicio con la Autoridad del Transporte Metropolitana y el Departamento de Transporte de Nueva York.
"Yo soy una ciudadana norteamericana y se supone que estoy protegida", dijo Lewis, 55, con los lágrimas en los ojos. "El 11 de septiembre yo tuve que llevar a agentes de policía al lugar. Sentí pena como todo el mundo. ¿Y ahora me estáis discriminando porque soy una musulmana?". Funcionarios del departamento de Transporte del Ayuntamiento de Nueva York dijeron que no harían comentarios porque el caso está todavía en litigio.
Independientemente de cómo se resuelvan sus casos jurídicamente, Hakim, Lewis y otras conversas han llegado a mirar a Estados Unidos tras el 11 de septiembre desde un ángulo muy especial. Se calcula que un 25 por ciento de los musulmanes norteamericanos son conversos. Algunos se criaron primero como norteamericanos y descubrieron el islam cuando eran adultos. En los años desde el 11 de septiembre, muchos han debido enfrentar un conflicto de lealtades que nunca habían imaginado: entre su país y su fe.
Han observado los acontecimientos desde cerca y desde lejos -los allanamientos de mezquitas, la deportación de inmigrantes musulmanes, el incendiario lenguaje del extranjero y las amenazas contra su patria americana- con un tipo especial de indignación y lealtad, cariño y preocupación.
A horcajadas en dos mundos estaba ciertamente Small, que creció en Flatbush Este con una madre cristiana y un padre musulmán. Pero ella pasaba más tiempo en las mezquitas que en iglesias.
Fue la expresión diaria del islam y su énfasis en la "unicidad de Dios" lo que la hizo entregar su corazón a la religión, dijo Small: las cinco oraciones diarias, el modo en que se cierra las frases con palabras como inshallah, que quiere decir "si Dios quiere".
A los 12 años fue una de las pocas niñas de su vecindario que llevó un hijab. Si eso exigía valentía, Small se encoge de hombros. Ha llevado el pañuelo desde entonces, acostumbrándose a la ocasional mirada que se multiplicaron después del 11 de septiembre. Le atraen las cosas temerarias.
"Siempre quise ser chofer de bus, porque es grande, es enorme", dijo Small, 36, mientras picaba un bocadillo de camarones durante un almuerzo hace poco. "Es mi propia conquista, supongo".
Small empezó a trabajar para la autoridad del tráfico en 1998, después del nacimiento de su cuarto hijo. Fue asignada a la ruta B44, un trayecto de dos horas y media desde Williamsburg a la Bahía de Sheepshead, y de vuelta. "Lo que más me gustaba era cuando estás sentada y miras y ves cuadras de ellos", dijo. "Era como un mar de vehículos".
Desde el principio Small llevó un hijab azul marino para que combinara con su uniforme. Nadie hizo objeciones, dijo, hasta después del 11 de septiembre. El primer problema ocurrió con una trabajadora más reciente, Malikah Alkebulan, que dijo que le pidieron que usara un gorro de la autoridad del tráfico sobre su pañuelo después de empezar a trabajar en marzo de 2002.
De casualidad Alkebulan se subió al bus de Small un día ese verano. Empezaron a hablar y Alkebulan le contó a Small sobre la orden, explicando que tenía miedo de desobedecer porque todavía estaba a prueba.
"Yo dije: Pues entonces que se metan conmigo, porque yo soy de aquí y estoy dispuesta a pelear'", dijo Small.
A principio de otoño las tres mujeres habían sido transferidas de las rutas de pasajero a trabajos en el estacionamiento y limpieza de los buses. Ahora Small pasa sus días esperando a los buses para limpiarlos en un airoso y cavernoso depósito en Flatbush, cerca de donde creció. Aparca los buses y pasa la aspiradora, recogiendo las monedas. En los buenos días conduce los buses vacíos a otras depósitos, mirando el paisaje con nuevos ojos. Siempre lleva su uniforme. De ese modo la gente, dice, no piensa que soy una "musulmana que se robó un bus".
Sin embargo, igual a su frustración es su profunda y muy americana convicción de que la justicia prevalecerá en los tribunales, dijo.
Hace décadas, cuando Khalid Hakim era todavía Charles Karoli, la única religión que conocía era el catolicismo. Hakim iba a misa religiosamente todos los domingos en Milwaukee, con sus padres y dos hermanas. Cantaba en el coro y ayudaba como monaguillo.
Cuando estaba en la primaria descubrió Valiant Voyage', de Shackleton, la verdadera historia de una expedición al Polo Sur. "Esa fue la semilla", dijo Hakim, 57.
El libro hizo dos cosas: llevó a Hakim a toda una vida en la marina y, con ese nuevo amor, cortó lazos con la iglesia católica.
En el primer trabajo de Hakim debía limpiar la sala de máquinas de un carguero de minerales de hierro que viajaba por los Grandes Lagos. Pero él quería estar en el mar, así que un año más tarde, en 1974, se dirigió al puerto de Nueva York y empezó una carrera de casi 30 años pilotando lanchones de petróleo, a veces como capitán, desde la costa de Maine hasta Norfolk, Virginia.
A principios de los años setenta, conoció a Dianuthra El Is'vara, una musulmana trinitaria, que le dijo que leyera el Corán. En su primera lectura, encontró que el libro santo musulmana era "aburrido", dijo. Pero en un segundo intento, dijo, "sentí que esto estaba llenando el vacío que sentía dentro, la inquietud espiritual".
El Is'vara le dijo a Hakim que usara un kafi en una mezquita de Brooklyn en febrero de 1975, cuando se convirtió oficialmente recitando el shahadah, la declaración de fe musulmana. El gorro le hacía recordar a Hakim los personajes de caricatura de su infancia, que llevaban gorros de lana con propulsores, dijo.
Pero dijo que después de la ceremonia no se había vuelto a sacar el kufi, excepto para dormir. Al principio los hombres de la barcaza lo molestaron, casi "llegando a los puños" algunas veces, dijo Hakim, que cambió su nombre en 1978.
"Él rezaba en la barcaza", dijo Charles Chillemi, presidente del sindicato de Hakim, el capítulo 333 de la Asociación Internacional de Estibadores que trabajó con él a principios de los años ochenta. "Es muy religioso".
Hakim finalmente se casó con El Is'vara y mientras seguía trabajando para el Puerto de Nueva York, compraron una casa en Nevis Island en el Caribe. Ella murió en 1993; él se volvió a casas y vive ahora allá permanentemente con su esposa, Francine, y dos hijos jóvenes.
Antes del 11 de septiembre Hakim no tuvo nunca que explicar su gorro redondo, tejido de lana, a los funcionarios de Guardacostas. Pero cuando fue a renovar su licencia de marino mercante el año pasado, funcionarios de Guardacostas en Nueva York le indicaron una ley federal que exige que los peticionarios sean fotografiados con sus cabezas "descubiertas". La ley ha estado en vigor al menos desde 1994.
"Es ley es fuerte y rápida", dijo el capitán de corbeta Paul E. Gerecke, jefe del centro regional de revisiones de Guardacostas. "Se aplica a todos, y la aplicamos de manera uniforme. Lleves un kufi o una gorra de los Mets, tienes que quitártela para la foto".
Hakim rehusó quitarse el kufi y le negaron el documento: un año más tarde, está sin trabajo, a pesar de los esfuerzos del sindicato de Hakim y del senador Charles E. Schumer, que cuestionaron la decisión. Está buscando un abogado que se ocupe de su caso, dijo. "Quiero a mi país", dijo Hakim. "Él me está pidiendo que elija entre mi país y mi religión. Yo no puedo hacer eso".
30 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh
manual restringe torturas
[Eric Schmitt] El ejército norteamericano dice que prohíbe torturas en interrogatorios.
Washington, Estados Unidos. El ejército está preparando la publicación de su nuevo manual de interrogatorios que prohíbe expresamente los duros métodos revelados en el escándalo de las torturas a prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib, e incluye garantías ideadas para impedir en el futuro esas conductas en centros de detención militares, dijeron el miércoles oficiales del ejército.
El nuevo manual, la primera revisión en 13 años, prohibirá explícitamente prácticas como la de desnudar a los prisioneros, obligarlos a adoptar posturas corporales estresantes durante mucho tiempo, imponerles restricciones alimentarias, intimidarlos con perros policiales y usar la privación de sueño como una herramienta para obligarlos a hablar, dijeron los oficiales.
Esas prácticas no estaban incluidas en el manual en uso cuando ocurrió la mayoría de los abusos en Abu Ghraib en Iraq en el otoño de 2003, pero tampoco habían sido prohibidas específicamente.
Las investigaciones militares han responsabilizado a funcionarios de alto nivel -incluyendo al ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld y al teniente general Ricardo S. Sánchez, el ex comandante en jefe en Iraq- por contribuir a la confusión autorizando y luego anulando el uso limitado de métodos severos que iban más allá de lo permitido en el manual.
Junto al nuevo manual, que tiene más de 200 páginas, habrá un documento de adiestramiento separado y clasificado que ilustra docenas de casos de interrogatorios y trata en detalle qué métodos pueden ser o no usados y en qué circunstancias.
Como ejemplo de las nuevas reglas Thomas A. Gandy, director de inteligencia y contrainteligencia humana del Ejército, dijo que los interrogadores interrogando a un prisionero en un cuarto pequeño podrían arrojar una silla contra la pared en una explosión de rabia simulada para asustar al detenido, una técnica llamada meter miedo'. Pero bajo ninguna circunstancia puede el interrogador, dijo, lanzar la silla contra el prisionero o amenazarlo directamente.
Los interrogadores del Ejército no han tenido nunca un conjunto de instrucciones específicas para ayudarles a mantener la línea correcta entre los interrogatorios legales e ilegales.
"Se tratará de autorizaciones y negativas específicas", dijo Gandy, un agente de carrera de la inteligencia militar, en una entrevista. Proporcionó detalles del borrador definitivo del manual y enfatizó que el documento requerirá la adherencia a las Convenciones de Ginebra, tal como lo hace el manual en curso.
El manual de interrogatorios sólo se aplica las fuerzas del Ejército, pero este controla la inmensa mayoría de las operaciones con detenidos en lugares como Iraq y Afganistán, y Gandy dijo que se hicieron esfuerzos por sincronizar los métodos del Ejército con las prácticas de otras ramas de las fuerzas armadas.
El nuevo manual no se usará en los interrogatorios de la CIA en sus centros de detención. Pero a cambio prohíbe expresamente que la CIA retenga a prisioneros no registrados, los llamados detenidos fantasmas', en prisiones del ejército como Abu Ghraib.
Gandy dijo que el nuevo documento prohibía la tortura física o mental, las bofetadas y las humillaciones. Pero se negó a ofrecer más ejemplos de métodos específicos que serán permitidos, diciendo que no quería informar a prisioneros potenciales de lo que les esperaba. "La clave de los interrogatorios es la incertidumbre y llevar a los tipos al límite", dijo. "No queremos decirles dónde está el límite".
El renovado manual, titulado Operaciones de Recabamiento de Inteligencia Humana', forma parte de una amplia revisión de los métodos y operaciones de interrogatorio y detención utilizados por el Ejército y las fuerzas armadas en general. El Ejército, por ejemplo, se ha embarcado en una sistemática renovación del adiestramiento y doctrina de la policía militar y agentes de inteligencia.
El Ejército planea crear 35 unidades adicionales adiestradas especialmente para operaciones de detención en los próximos tres años. También está preparando agregar 9.000 puestos a la inteligencia militar, entre ellos 3.000 interrogadores, agentes de caso para manejar redes de informantes y otros llamados agentes de inteligencia humana. El último adiestramiento de los interrogadores durará unos 11 días, en lugar de 5, dijo Gandy.
En Abu Ghraib, el comando americano en Bagdad ha implementado un nuevo conjunto de normas de adiestramiento. Los interrogadores recién llegados pasarán dos semanas de orientación sobre métodos y prácticas. Antes de realizar interrogatorios por cuenta propia, deben interrogar a los prisioneros junto a otro interrogador más experimentado.
Todos los interrogadores son observados durante las sesiones de interrogatorio para cerciorarse de que actúan conforme a las instrucciones. Los interrogadores recibían adiestramiento de actualización obligatorio cada 90 días.
Gandy dijo que el nuevo manual formalizaría prácticas que en algunos casos han sido implementadas en el terreno durante unos meses. Algunos detalles del manual fueron dados a conocer por el Baltimore Sun el mes pasado. Capítulo tras capítulo trata de aclarar las ambigüedades que los investigadores militares dicen que contribuyeron a las torturas de prisioneros en Iraq.
El manual, por ejemplo, prohíbe a la policía militar que participe en los interrogatorios, pero permite a personal de la inteligencia militar interrogar a guardias sobre sus observaciones de prisioneros específicos. Algunos agentes de la policía militar en Abu Ghraib dijeron que se les habían pedido ablandar a los prisioneros antes de los interrogatorios para ayudar a los interrogadores a extraer más información de los insurgentes.
El manual también pide varias garantías, incluyendo exigir a los soldados que informen de cualquier cosa que pase que viole tratados internacionales o normas de conducta humanitaria.
Gandy dijo que el nuevo manual prohibía a los interrogadores y otros agentes de inteligencia de hacerse pasar por médicos, periodistas o capellanes para sonsacar información de los detenidos. Pero sí están autorizados a usar artimañas, como por ejemplo prometer falsamente liberar a un detenido a cambio de información, dijo.
El manual debe ser aprobado por el general de división Barbara G. Fast, que dirige el Centro de Inteligencia del Ejército en Fort Huachuca, Arizona. La general Fast sirvió en Iraq de julio de 2003 a junio de 2004 como encargada de inteligencia del general Sánchez, y jugó un importante papel en la elaboración de métodos y práctica de interrogación en Abu Ghraib. Una investigación del inspector general del Ejército la exoneró recientemente de cualquier responsabilidad en los abusos.
Grupos de derechos humanos reaccionaron con cautela ante los informes sobre el nuevo manual, en parte debido a que no lo han leído. "He estado nervioso sobre este proceso", dijo Tom Malinowski, el director en Washington de Human Rights Watch. "El manual existente era claro. Fueron las excepciones las que causaron problemas".
El mes pasado el vice-almirante Albert T. Church III fue el último investigador en responsabilizar a funcionarios estadounidenses de alto rango por su fracaso en implementar procedimientos claros para interrogar a prisioneros en Iraq y Afganistán.
Mientras que los más infames de los abusos grabados en video -implicando a la policía militar de Abu Ghraib- no implicaban a interrogadores, una comisión independiente encabezada por el antiguo ministro de Defensa James R. Schlesinger confirmó en agosto pasado que de los 66 casos de abusos hasta ese momento, alrededor de un tercio se relacionaban con el interrogatorio de prisioneros.
28 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. El ejército está preparando la publicación de su nuevo manual de interrogatorios que prohíbe expresamente los duros métodos revelados en el escándalo de las torturas a prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib, e incluye garantías ideadas para impedir en el futuro esas conductas en centros de detención militares, dijeron el miércoles oficiales del ejército.El nuevo manual, la primera revisión en 13 años, prohibirá explícitamente prácticas como la de desnudar a los prisioneros, obligarlos a adoptar posturas corporales estresantes durante mucho tiempo, imponerles restricciones alimentarias, intimidarlos con perros policiales y usar la privación de sueño como una herramienta para obligarlos a hablar, dijeron los oficiales.
Esas prácticas no estaban incluidas en el manual en uso cuando ocurrió la mayoría de los abusos en Abu Ghraib en Iraq en el otoño de 2003, pero tampoco habían sido prohibidas específicamente.
Las investigaciones militares han responsabilizado a funcionarios de alto nivel -incluyendo al ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld y al teniente general Ricardo S. Sánchez, el ex comandante en jefe en Iraq- por contribuir a la confusión autorizando y luego anulando el uso limitado de métodos severos que iban más allá de lo permitido en el manual.
Junto al nuevo manual, que tiene más de 200 páginas, habrá un documento de adiestramiento separado y clasificado que ilustra docenas de casos de interrogatorios y trata en detalle qué métodos pueden ser o no usados y en qué circunstancias.
Como ejemplo de las nuevas reglas Thomas A. Gandy, director de inteligencia y contrainteligencia humana del Ejército, dijo que los interrogadores interrogando a un prisionero en un cuarto pequeño podrían arrojar una silla contra la pared en una explosión de rabia simulada para asustar al detenido, una técnica llamada meter miedo'. Pero bajo ninguna circunstancia puede el interrogador, dijo, lanzar la silla contra el prisionero o amenazarlo directamente.
Los interrogadores del Ejército no han tenido nunca un conjunto de instrucciones específicas para ayudarles a mantener la línea correcta entre los interrogatorios legales e ilegales.
"Se tratará de autorizaciones y negativas específicas", dijo Gandy, un agente de carrera de la inteligencia militar, en una entrevista. Proporcionó detalles del borrador definitivo del manual y enfatizó que el documento requerirá la adherencia a las Convenciones de Ginebra, tal como lo hace el manual en curso.
El manual de interrogatorios sólo se aplica las fuerzas del Ejército, pero este controla la inmensa mayoría de las operaciones con detenidos en lugares como Iraq y Afganistán, y Gandy dijo que se hicieron esfuerzos por sincronizar los métodos del Ejército con las prácticas de otras ramas de las fuerzas armadas.
El nuevo manual no se usará en los interrogatorios de la CIA en sus centros de detención. Pero a cambio prohíbe expresamente que la CIA retenga a prisioneros no registrados, los llamados detenidos fantasmas', en prisiones del ejército como Abu Ghraib.
Gandy dijo que el nuevo documento prohibía la tortura física o mental, las bofetadas y las humillaciones. Pero se negó a ofrecer más ejemplos de métodos específicos que serán permitidos, diciendo que no quería informar a prisioneros potenciales de lo que les esperaba. "La clave de los interrogatorios es la incertidumbre y llevar a los tipos al límite", dijo. "No queremos decirles dónde está el límite".
El renovado manual, titulado Operaciones de Recabamiento de Inteligencia Humana', forma parte de una amplia revisión de los métodos y operaciones de interrogatorio y detención utilizados por el Ejército y las fuerzas armadas en general. El Ejército, por ejemplo, se ha embarcado en una sistemática renovación del adiestramiento y doctrina de la policía militar y agentes de inteligencia.
El Ejército planea crear 35 unidades adicionales adiestradas especialmente para operaciones de detención en los próximos tres años. También está preparando agregar 9.000 puestos a la inteligencia militar, entre ellos 3.000 interrogadores, agentes de caso para manejar redes de informantes y otros llamados agentes de inteligencia humana. El último adiestramiento de los interrogadores durará unos 11 días, en lugar de 5, dijo Gandy.
En Abu Ghraib, el comando americano en Bagdad ha implementado un nuevo conjunto de normas de adiestramiento. Los interrogadores recién llegados pasarán dos semanas de orientación sobre métodos y prácticas. Antes de realizar interrogatorios por cuenta propia, deben interrogar a los prisioneros junto a otro interrogador más experimentado.
Todos los interrogadores son observados durante las sesiones de interrogatorio para cerciorarse de que actúan conforme a las instrucciones. Los interrogadores recibían adiestramiento de actualización obligatorio cada 90 días.
Gandy dijo que el nuevo manual formalizaría prácticas que en algunos casos han sido implementadas en el terreno durante unos meses. Algunos detalles del manual fueron dados a conocer por el Baltimore Sun el mes pasado. Capítulo tras capítulo trata de aclarar las ambigüedades que los investigadores militares dicen que contribuyeron a las torturas de prisioneros en Iraq.
El manual, por ejemplo, prohíbe a la policía militar que participe en los interrogatorios, pero permite a personal de la inteligencia militar interrogar a guardias sobre sus observaciones de prisioneros específicos. Algunos agentes de la policía militar en Abu Ghraib dijeron que se les habían pedido ablandar a los prisioneros antes de los interrogatorios para ayudar a los interrogadores a extraer más información de los insurgentes.
El manual también pide varias garantías, incluyendo exigir a los soldados que informen de cualquier cosa que pase que viole tratados internacionales o normas de conducta humanitaria.
Gandy dijo que el nuevo manual prohibía a los interrogadores y otros agentes de inteligencia de hacerse pasar por médicos, periodistas o capellanes para sonsacar información de los detenidos. Pero sí están autorizados a usar artimañas, como por ejemplo prometer falsamente liberar a un detenido a cambio de información, dijo.
El manual debe ser aprobado por el general de división Barbara G. Fast, que dirige el Centro de Inteligencia del Ejército en Fort Huachuca, Arizona. La general Fast sirvió en Iraq de julio de 2003 a junio de 2004 como encargada de inteligencia del general Sánchez, y jugó un importante papel en la elaboración de métodos y práctica de interrogación en Abu Ghraib. Una investigación del inspector general del Ejército la exoneró recientemente de cualquier responsabilidad en los abusos.
Grupos de derechos humanos reaccionaron con cautela ante los informes sobre el nuevo manual, en parte debido a que no lo han leído. "He estado nervioso sobre este proceso", dijo Tom Malinowski, el director en Washington de Human Rights Watch. "El manual existente era claro. Fueron las excepciones las que causaron problemas".
El mes pasado el vice-almirante Albert T. Church III fue el último investigador en responsabilizar a funcionarios estadounidenses de alto rango por su fracaso en implementar procedimientos claros para interrogar a prisioneros en Iraq y Afganistán.
Mientras que los más infames de los abusos grabados en video -implicando a la policía militar de Abu Ghraib- no implicaban a interrogadores, una comisión independiente encabezada por el antiguo ministro de Defensa James R. Schlesinger confirmó en agosto pasado que de los 66 casos de abusos hasta ese momento, alrededor de un tercio se relacionaban con el interrogatorio de prisioneros.
28 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh
pleito por drogas místicas
[Linda Greenhouse] Corte Suprema oye caso sobre grupos religiosos que usan drogas prohibidas.
La Corte Suprema agregó el lunes a su sumario de causas un importante caso sobre una nueva religión aceptando dirimir si el gobierno puede prohibir la importación de un té alucinógeno que es fundamental para los rituales religiosos de una pequeña iglesia brasileña.
El proceso puso sobre la mesa la cuestión más amplia sobre cómo interpretará la corte, en el contexto de una droga ilegal, una ley que exige normalmente que el gobierno federal se refrene al máximo posible de interferir con prácticas religiosas.
El té, conocido como hoasca [ayahuasca], es hecho con plantas que crecen en la región amazónica y producen un químico que aparece como una substancia controlada tanto en la lista del gobierno federal y en el tratado internacional sobre el tráfico de drogas. El agente químico -dimetiltriptamina, usualmente conocida como DMT- puede ser producido en laboratorios, pero los seguidores de la religión de União Do Vegetal usan solamente la versión natural, que no crece en Estados Unidos.
El caso es un recurso del gobierno de Bush ante una orden de una corte federal ganada por los 130 miembros de la rama americana de la iglesia, que hizo un pleito hace cinco años para prohibir al gobierno invocar la Ley de Substancias Controladas que impide la importación de su té y requisa la bebida sagrada. La iglesia, que combina elementos del cristianismo con religiones indígenas de Brasil, abrió su rama americana en Santa Fe, Nuevo México, en 1993.
La Corte del Distrito Federal de Albuquerque, dictaminando antes del juicio, emitió una orden judicial preliminar contra el gobierno. El mandato fue confirmado subsecuentemente por una comisión de tres miembros de la Corte de Apelaciones del 10º Distrito, en Denver, y en noviembre pasado confirmado nuevamente por la corte de apelaciones en pleno con una votación de 8 a 5.
El juicio aún no toma lugar, un hecho que normalmente supondría un obstáculo para una revisión de la Corte Suprema. De hecho, el 10 de diciembre del año pasado, los jueces negaron la petición del administrador de prorrogar la orden de la Corte de Apelaciones hasta que el procurador del despacho general prepare una petición formal de una revisión de la Corte Suprema. El rechazo de la petición de prórroga en esas condiciones es usualmente una fuerte señal de que la Corte Suprema no considerará la eventual apelación como meritoria de atención.
Pero en este caso, Gonzales v. O Centro Espirita Beneficiente União Do Vegetal, Nº 04-1084, los jueces se han convencido al menos de dejar que el gobierno tenga voz y voto en la apelación severamente formulada, presentada por Paul D. Clement, al procurador general interino.
Denunciando el manejo por los tribunales inferiores del caso como "contrario a todo precedente", Clement dijo que "ningún tribunal ha ordenado nunca a Estados Unidos que permita una excepción religiosa a la Lista I de Ley de Substancias Controladas. La Lista I, en la que aparece el DMT, junto con la marihuana y otras drogas ilícitas, se reserva para substancias que el gobierno considera particularmente peligrosas y sin valor médico válido.
Sin embargo, tanto el ejecutivo como el Congreso han garantizado la exención religiosa para otra droga de Lista I, peyote, que es usada en ceremonias religiosas de la Iglesia Nativa Americana.
En una opinión concurrente en la decisión del 10º Distrito que ratifica la orden judicial, el juez Michael W. McConnell citó la excepción del peyote como evidencia de que el gobierno podía actuar a discreción en esas materias.
Rechazando el alegato de que el tribunal de distrito debería haberse inclinado ante las otras dos cortes, el juez McConnell dijo: "Si el Congreso o el ejecutivo hubieran investigado el uso religioso de la hoasca y hubieran llegado a la conclusión informada que los riesgos sanitarios o la posibilidad de desvío son suficientes para superar la libre discreción en este caso, esa conclusión debería gozar de más peso. Pero ningún poder ha hecho eso.
En realidad, dijo, el gobierno simplemente invocó el principio general de que las substancias controladas son peligrosas.
El juez McConnell, un importante estudioso en cuestiones sobre el libre ejercicio de la religión antes de llegar a ser juez, es considerado ampliamente como una posible opción del gobierno de Bush para una futura vacante en la Corte Suprema.
En su apelación ante la Corte Suprema, el gobierno también argumenta que la orden está obligando al gobierno a violar un tratado internacional de 1971, la Convención sobre Substancias Psicotrópicas de Naciones Unidas, que obliga a los 160 países que lo firmaron a luchar contra el tráfico internacional de drogas ilícitas. Que la convención se aplique a la hoasca está en discusión, debido a que Brasil, un signatario original del tratado, ha excluido al té, y una reciente apelación en Francia exceptuó su uso religioso.
Los tribunales inferiores basaron su resolución en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley federal de 1993 que prohíbe al gobierno aplicar leyes de un modo que interfiera con prácticas religiosas a menos que la interferencia se justifique por un "interés de fuerza mayor". La Corte Suprema determinó en 1997 que el Congreso carecía de autoridad para aplicar la ley en los estados, pero para el gobierno federal el estatuto siguen en vigor.
El caso del té de hoasca, que será visto en otoño, es el tercero en la minuta de la Corte Suprema que trata de la política federal sobre drogas. Se espera que la corte anuncie pronto una decisión en un caso visto en noviembre sobre si el gobierno federal puede bloquear la aplicación de la iniciativa sobre la marihuana médica en California. Y la corte recientemente accedió a oír la impugnación por el gobierno de Bush de una ley de Oregon que permite a los médicos prescribir dosis fatales de drogas reguladas federalmente para asistir a pacientes terminales a cometer suicidio.
En otra demanda el lunes, la corte aceptó el recurso del estado de Georgia sobre una pregunta de justicia criminal que ha creado durante mucho tiempo confusión entre las cortes de los estados. El caso Georgia v. Randolph, Nº04-1067, gira sobre si la policía puede allanar una casa sin una orden de allanamiento si un habitante da su consentimiento pero otro habitante se opone.
En este caso, una mujer involucrada en una riña doméstica llamó a la policía a la casa que compartía con su marido. En presencia del agente se quejó de que su marido estaba usando cocaína y dijo a la policía que la cocaína estaba en la casa.
El marido, Scott F. Randolph se negó a autorizar el allanamiento, pero la esposa condujo a los agentes a un dormitorio donde la evidencia del uso de cocaína era evidente.
Randolph, impugnando la legalidad del allanamiento, ganó una resolución de la Corte Suprema de Georgia de que ya que los dos miembros de la pareja tenían el "control y autoridad común" de la propiedad, se necesitaba el consentimiento de ambos para realizar un allanamiento sin una orden judicial.
21 de abril de 2005
18 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh
La Corte Suprema agregó el lunes a su sumario de causas un importante caso sobre una nueva religión aceptando dirimir si el gobierno puede prohibir la importación de un té alucinógeno que es fundamental para los rituales religiosos de una pequeña iglesia brasileña.El proceso puso sobre la mesa la cuestión más amplia sobre cómo interpretará la corte, en el contexto de una droga ilegal, una ley que exige normalmente que el gobierno federal se refrene al máximo posible de interferir con prácticas religiosas.
El té, conocido como hoasca [ayahuasca], es hecho con plantas que crecen en la región amazónica y producen un químico que aparece como una substancia controlada tanto en la lista del gobierno federal y en el tratado internacional sobre el tráfico de drogas. El agente químico -dimetiltriptamina, usualmente conocida como DMT- puede ser producido en laboratorios, pero los seguidores de la religión de União Do Vegetal usan solamente la versión natural, que no crece en Estados Unidos.
El caso es un recurso del gobierno de Bush ante una orden de una corte federal ganada por los 130 miembros de la rama americana de la iglesia, que hizo un pleito hace cinco años para prohibir al gobierno invocar la Ley de Substancias Controladas que impide la importación de su té y requisa la bebida sagrada. La iglesia, que combina elementos del cristianismo con religiones indígenas de Brasil, abrió su rama americana en Santa Fe, Nuevo México, en 1993.
La Corte del Distrito Federal de Albuquerque, dictaminando antes del juicio, emitió una orden judicial preliminar contra el gobierno. El mandato fue confirmado subsecuentemente por una comisión de tres miembros de la Corte de Apelaciones del 10º Distrito, en Denver, y en noviembre pasado confirmado nuevamente por la corte de apelaciones en pleno con una votación de 8 a 5.
El juicio aún no toma lugar, un hecho que normalmente supondría un obstáculo para una revisión de la Corte Suprema. De hecho, el 10 de diciembre del año pasado, los jueces negaron la petición del administrador de prorrogar la orden de la Corte de Apelaciones hasta que el procurador del despacho general prepare una petición formal de una revisión de la Corte Suprema. El rechazo de la petición de prórroga en esas condiciones es usualmente una fuerte señal de que la Corte Suprema no considerará la eventual apelación como meritoria de atención.
Pero en este caso, Gonzales v. O Centro Espirita Beneficiente União Do Vegetal, Nº 04-1084, los jueces se han convencido al menos de dejar que el gobierno tenga voz y voto en la apelación severamente formulada, presentada por Paul D. Clement, al procurador general interino.
Denunciando el manejo por los tribunales inferiores del caso como "contrario a todo precedente", Clement dijo que "ningún tribunal ha ordenado nunca a Estados Unidos que permita una excepción religiosa a la Lista I de Ley de Substancias Controladas. La Lista I, en la que aparece el DMT, junto con la marihuana y otras drogas ilícitas, se reserva para substancias que el gobierno considera particularmente peligrosas y sin valor médico válido.
Sin embargo, tanto el ejecutivo como el Congreso han garantizado la exención religiosa para otra droga de Lista I, peyote, que es usada en ceremonias religiosas de la Iglesia Nativa Americana.
En una opinión concurrente en la decisión del 10º Distrito que ratifica la orden judicial, el juez Michael W. McConnell citó la excepción del peyote como evidencia de que el gobierno podía actuar a discreción en esas materias.
Rechazando el alegato de que el tribunal de distrito debería haberse inclinado ante las otras dos cortes, el juez McConnell dijo: "Si el Congreso o el ejecutivo hubieran investigado el uso religioso de la hoasca y hubieran llegado a la conclusión informada que los riesgos sanitarios o la posibilidad de desvío son suficientes para superar la libre discreción en este caso, esa conclusión debería gozar de más peso. Pero ningún poder ha hecho eso.
En realidad, dijo, el gobierno simplemente invocó el principio general de que las substancias controladas son peligrosas.
El juez McConnell, un importante estudioso en cuestiones sobre el libre ejercicio de la religión antes de llegar a ser juez, es considerado ampliamente como una posible opción del gobierno de Bush para una futura vacante en la Corte Suprema.
En su apelación ante la Corte Suprema, el gobierno también argumenta que la orden está obligando al gobierno a violar un tratado internacional de 1971, la Convención sobre Substancias Psicotrópicas de Naciones Unidas, que obliga a los 160 países que lo firmaron a luchar contra el tráfico internacional de drogas ilícitas. Que la convención se aplique a la hoasca está en discusión, debido a que Brasil, un signatario original del tratado, ha excluido al té, y una reciente apelación en Francia exceptuó su uso religioso.
Los tribunales inferiores basaron su resolución en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley federal de 1993 que prohíbe al gobierno aplicar leyes de un modo que interfiera con prácticas religiosas a menos que la interferencia se justifique por un "interés de fuerza mayor". La Corte Suprema determinó en 1997 que el Congreso carecía de autoridad para aplicar la ley en los estados, pero para el gobierno federal el estatuto siguen en vigor.
El caso del té de hoasca, que será visto en otoño, es el tercero en la minuta de la Corte Suprema que trata de la política federal sobre drogas. Se espera que la corte anuncie pronto una decisión en un caso visto en noviembre sobre si el gobierno federal puede bloquear la aplicación de la iniciativa sobre la marihuana médica en California. Y la corte recientemente accedió a oír la impugnación por el gobierno de Bush de una ley de Oregon que permite a los médicos prescribir dosis fatales de drogas reguladas federalmente para asistir a pacientes terminales a cometer suicidio.
En otra demanda el lunes, la corte aceptó el recurso del estado de Georgia sobre una pregunta de justicia criminal que ha creado durante mucho tiempo confusión entre las cortes de los estados. El caso Georgia v. Randolph, Nº04-1067, gira sobre si la policía puede allanar una casa sin una orden de allanamiento si un habitante da su consentimiento pero otro habitante se opone.
En este caso, una mujer involucrada en una riña doméstica llamó a la policía a la casa que compartía con su marido. En presencia del agente se quejó de que su marido estaba usando cocaína y dijo a la policía que la cocaína estaba en la casa.
El marido, Scott F. Randolph se negó a autorizar el allanamiento, pero la esposa condujo a los agentes a un dormitorio donde la evidencia del uso de cocaína era evidente.
Randolph, impugnando la legalidad del allanamiento, ganó una resolución de la Corte Suprema de Georgia de que ya que los dos miembros de la pareja tenían el "control y autoridad común" de la propiedad, se necesitaba el consentimiento de ambos para realizar un allanamiento sin una orden judicial.
21 de abril de 2005
18 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh