fin de milicias racistas
[Brian MacQuarrie] Milicias racistas se oponen a la globalización e inmigración, pero no son más que caricaturas.
Diez años después de que Timothy McVeigh detonara un camión-bomba que mató a 168 personas en el edificio federal de Oklahoma City, las milicias antigubernamentales que fueron intensamente investigadas después del atentado han desaparecido todas, de acuerdo a analistas que estudian a esos grupos.
"Ahora realmente no hay grupos haciendo adiestramiento paramilitar", dijo Mark Potok, que estudia las milicias para el Centro Jurídico del Sur. De un tope de 858 milicias y otros grupos anti-estado en 1996, la cifra cayó a 152 en 2004, dijo Potok.
La muerte de civiles inocentes -incluyendo a 19 niños- en el atentado contra el Edificio Federal Alfred P. Murrah hoy hace una década inició un agudo declive en el número de miembros de estas milicias de base que se habían multiplicado después de los mortíferos asaltos realizados por agentes federales en Ruby Ridge, Idaho, en 1992, y en Waco, Texas, en 1993.
Los analistas también dijeron que el decline se aceleró con el exitoso procesamiento de miembros de las milicias en todo el país por cargos de fraude económico y posesión de armas como parte de la represión federal, y el hecho de que ninguna de las catástrofes anunciadas por errores de los ordenadores tomó lugar el 1 de enero de 2000.
"El último estallido fue el Y2K", dijo Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo, con sede en la Universidad Estatal de California en San Bernardino. "Cuando el planeta no estalló, esta gente estaba atiborrada con reservas de pan, queso y agua embotellada".
Aunque los miembros de las milicias han descendido dramáticamente, dijeron observadores, el número de lo que describieron como grupos de odio' racialistas que no se adiestran militarmente ha crecido firmemente. El Centro Jurídico del Sur, con base en Montgomery, Alabama, informó que en 2004 existían 762 de esos grupos, en comparación con 474 en 1997.
Ira por la inmigración y globalización han ayudado a alimentar este crecimiento, dijeron los analistas, entre gente que cree que el modo de vida americano está en grave peligro, lo que interpretan en términos raciales. Sus llamados al odio han encontrado un hogar en internet.
"La red ha permitido que estos movimientos de odio se transformen a sí mismos en movimientos organizados que tenían centros geográficos, en movimientos difusos y localizados donde la gente escribe su propia versión del odio", dijo Levin. "Realmente se observa en toda la gama".
A pesar de una represión policial que ha desbaratado decenas de importantes tramas terroristas desde el atentado en 1995 en Oklahoma City, dijo Potok, un ataque de la milicia es inevitable. "Los grupos más extremistas pasan por una situación inestable", dijo. "Y es a menudo en situaciones como estas que vemos estallidos de violencia criminal".
El mes pasado el FBI descubrió explosivos escondidos en la antigua casa de Kansas de Terry Nichols, que está cumpliendo múltiples sentencias perpetuas por su participación en el atentado. McVeigh fue ejecutado en 2001. Un gángster encarcelado proporcionó el dato de que se podría usar explosivos para un atentado que coincidiría con el aniversario de Oklahoma City.
"Lo que queda es un núcleo recalcitrante de individuos extremadamente violentos que ahora tiene acceso tanto al folklore del movimiento y, más importante, a instrucciones de operación", dijo Levin. "La cantidad de gente peligrosa es mucho menor, pero su dedicación y capacidad para montar atentados terroristas son más grandes que nunca".
Pero la vista de milicias improvisadas haciendo ejercicios de campo con armas se ha hecho rara.
Kellysue Thomson, jefe del Cuerpo de Milicia de Michigan [Michigan Militia Corps Wolverines], que fue investigado después del atentado, dijo que el atentado de Oklahoma City tuvo un dramático efecto en la organización.
"Después del atentado de Oklahoma City, un montón de gente entró en la clandestinidad", recordó Thomson, que dijo que Nichols se reclamaba falsamente de militar en la Milicia de Michigan. McVeigh tampoco era un miembro activo de alguna milicia, pero circulaba en su órbita, asistiendo a decenas de ferias de armas.
De los co-conspiradores, McVeigh y Nichols dijeron: "Era viciosos. Obviamente, ¿qué clase de gente haría una cosa así?"
Pero Thomson dijo que ella podía entender por qué el ataque de los agentes federales cerca de Waco, donde murieron unas 80 personas después de un sitio de 51 días, y Ruby Ridge, donde la esposa e hijo del separatista blanco Randy Weaver fueron matados por un francotirador del FBI, habían impulsado a actuar a McVeigh. El oficial William Degan, de Quincy, Massachusetts, también murió en el enfrentamiento de Idaho.
"Fue el gobierno el que mató a esa gente, y todo el mundo cree eso", dijo Thomson sobre el incendio que destruyó el terreno de la Rama Davidiana cerca de Waco.
En esos días, dijo Thomson, la Milicia de Michigan gasta gran parte de su tiempo en preparaciones de "seguridad interior", proporcionando adiestramiento sobre cómo sobrevivir un atentado terrorista cometido por extranjeros. "Lo que hacemos es prepararnos para defendernos a nosotros mismos si se impone la ley marcial o algo parecido", dijo. "Básicamente, yo trabajo en asegurarme de que en caso de un ataque terrorista o un desastre natural estemos preparados para quedarnos en casa de tres a siete días o huir".
A pesar de su reciente crecimiento, en los últimos años los grupos violentos han perdido a varios de sus líderes importantes, pérdidas que han espoloneado el giro hacia el internet como una herramienta de organización. Jeff Weise, el adolescente de Minnesota que mató a nueves personas y luego se suicidó en una reserva india el mes pasado, había sido atraído a un sitio de internet que glorificaba la ideología nazi.
Potok, del Centro Jurídico del Sur, mencionó la muerte de William Pierce, líder de la Alianza Nacional, un grupo supremacista blanco, en 2002, y la muerte en 2004 de Richard Butler, que fundó las Naciones Arias. Además, Matthew Hale, que fundó la Iglesia Mundial del Creador, que predica la supremacía blanca, fue sentenciado el 6 de abril de 40 años de prisión por encargar a un sicario que matara a una juez federal. El marido de la juez y su madre fueron asesinados en febrero en Chicago por un hombre que no tenía conexiones con el movimiento.
Una plétora de sitios centrados en la raza en internet, incluyendo uno que celebró su décimo aniversario como el primer sitio de "nacionalistas blancos" en internet. El sitio, que organiza discusiones con el supremacista blanco David Duke seis veces a la semana, tiene unos 47.000 miembros inscritos, dijo Levin.
"El don de internet significó una alternativa a los medios de comunicación controlados", dijo el administrador del sitio, Don Black, en un mensaje en el sitio. "Y continuamos creciendo, transformando la comunidad online en activismo en el mundo real".
Otro sitio centrado en la raza es la casa de internet de la Resistencia Aria Blanca. Aunque el sitio muestra en lugar destacado una calavera y las iniciales del movimiento WAR, el fundador Thomas Metzger dijo que calificar a su grupo separatista blanco de grupo violento' es equivocado.
"No matamos a nadie. Sólo queremos separarnos", dijo Metzger, que vive en Fallbrook, California, en una entrevista. "Yo no fomento la violencia como parte normal de nuestras actividades, pero no la rehuiría si hubiese gente que trata de destruirnos".
"Yo estoy orgulloso de ser racista", continuó. "Soy alguien que defiende los intereses de su raza".
El llamado racista, dijo Potok, a menudo encuentra hogares receptivos entre gente que interpreta la globalización e inmigración como una peligrosa pérdida de soberanía. "Si hay algún debate sobre seguridad nacional, inmigración, o religión, será un debate torcido y contorsionado en el mundo violento", dijo Levin. "Es siempre la imagen contorsionada de un espejo de feria".
20 de abril de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Diez años después de que Timothy McVeigh detonara un camión-bomba que mató a 168 personas en el edificio federal de Oklahoma City, las milicias antigubernamentales que fueron intensamente investigadas después del atentado han desaparecido todas, de acuerdo a analistas que estudian a esos grupos."Ahora realmente no hay grupos haciendo adiestramiento paramilitar", dijo Mark Potok, que estudia las milicias para el Centro Jurídico del Sur. De un tope de 858 milicias y otros grupos anti-estado en 1996, la cifra cayó a 152 en 2004, dijo Potok.
La muerte de civiles inocentes -incluyendo a 19 niños- en el atentado contra el Edificio Federal Alfred P. Murrah hoy hace una década inició un agudo declive en el número de miembros de estas milicias de base que se habían multiplicado después de los mortíferos asaltos realizados por agentes federales en Ruby Ridge, Idaho, en 1992, y en Waco, Texas, en 1993.
Los analistas también dijeron que el decline se aceleró con el exitoso procesamiento de miembros de las milicias en todo el país por cargos de fraude económico y posesión de armas como parte de la represión federal, y el hecho de que ninguna de las catástrofes anunciadas por errores de los ordenadores tomó lugar el 1 de enero de 2000.
"El último estallido fue el Y2K", dijo Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo, con sede en la Universidad Estatal de California en San Bernardino. "Cuando el planeta no estalló, esta gente estaba atiborrada con reservas de pan, queso y agua embotellada".
Aunque los miembros de las milicias han descendido dramáticamente, dijeron observadores, el número de lo que describieron como grupos de odio' racialistas que no se adiestran militarmente ha crecido firmemente. El Centro Jurídico del Sur, con base en Montgomery, Alabama, informó que en 2004 existían 762 de esos grupos, en comparación con 474 en 1997.
Ira por la inmigración y globalización han ayudado a alimentar este crecimiento, dijeron los analistas, entre gente que cree que el modo de vida americano está en grave peligro, lo que interpretan en términos raciales. Sus llamados al odio han encontrado un hogar en internet.
"La red ha permitido que estos movimientos de odio se transformen a sí mismos en movimientos organizados que tenían centros geográficos, en movimientos difusos y localizados donde la gente escribe su propia versión del odio", dijo Levin. "Realmente se observa en toda la gama".
A pesar de una represión policial que ha desbaratado decenas de importantes tramas terroristas desde el atentado en 1995 en Oklahoma City, dijo Potok, un ataque de la milicia es inevitable. "Los grupos más extremistas pasan por una situación inestable", dijo. "Y es a menudo en situaciones como estas que vemos estallidos de violencia criminal".
El mes pasado el FBI descubrió explosivos escondidos en la antigua casa de Kansas de Terry Nichols, que está cumpliendo múltiples sentencias perpetuas por su participación en el atentado. McVeigh fue ejecutado en 2001. Un gángster encarcelado proporcionó el dato de que se podría usar explosivos para un atentado que coincidiría con el aniversario de Oklahoma City.
"Lo que queda es un núcleo recalcitrante de individuos extremadamente violentos que ahora tiene acceso tanto al folklore del movimiento y, más importante, a instrucciones de operación", dijo Levin. "La cantidad de gente peligrosa es mucho menor, pero su dedicación y capacidad para montar atentados terroristas son más grandes que nunca".
Pero la vista de milicias improvisadas haciendo ejercicios de campo con armas se ha hecho rara.
Kellysue Thomson, jefe del Cuerpo de Milicia de Michigan [Michigan Militia Corps Wolverines], que fue investigado después del atentado, dijo que el atentado de Oklahoma City tuvo un dramático efecto en la organización.
"Después del atentado de Oklahoma City, un montón de gente entró en la clandestinidad", recordó Thomson, que dijo que Nichols se reclamaba falsamente de militar en la Milicia de Michigan. McVeigh tampoco era un miembro activo de alguna milicia, pero circulaba en su órbita, asistiendo a decenas de ferias de armas.
De los co-conspiradores, McVeigh y Nichols dijeron: "Era viciosos. Obviamente, ¿qué clase de gente haría una cosa así?"
Pero Thomson dijo que ella podía entender por qué el ataque de los agentes federales cerca de Waco, donde murieron unas 80 personas después de un sitio de 51 días, y Ruby Ridge, donde la esposa e hijo del separatista blanco Randy Weaver fueron matados por un francotirador del FBI, habían impulsado a actuar a McVeigh. El oficial William Degan, de Quincy, Massachusetts, también murió en el enfrentamiento de Idaho.
"Fue el gobierno el que mató a esa gente, y todo el mundo cree eso", dijo Thomson sobre el incendio que destruyó el terreno de la Rama Davidiana cerca de Waco.
En esos días, dijo Thomson, la Milicia de Michigan gasta gran parte de su tiempo en preparaciones de "seguridad interior", proporcionando adiestramiento sobre cómo sobrevivir un atentado terrorista cometido por extranjeros. "Lo que hacemos es prepararnos para defendernos a nosotros mismos si se impone la ley marcial o algo parecido", dijo. "Básicamente, yo trabajo en asegurarme de que en caso de un ataque terrorista o un desastre natural estemos preparados para quedarnos en casa de tres a siete días o huir".
A pesar de su reciente crecimiento, en los últimos años los grupos violentos han perdido a varios de sus líderes importantes, pérdidas que han espoloneado el giro hacia el internet como una herramienta de organización. Jeff Weise, el adolescente de Minnesota que mató a nueves personas y luego se suicidó en una reserva india el mes pasado, había sido atraído a un sitio de internet que glorificaba la ideología nazi.
Potok, del Centro Jurídico del Sur, mencionó la muerte de William Pierce, líder de la Alianza Nacional, un grupo supremacista blanco, en 2002, y la muerte en 2004 de Richard Butler, que fundó las Naciones Arias. Además, Matthew Hale, que fundó la Iglesia Mundial del Creador, que predica la supremacía blanca, fue sentenciado el 6 de abril de 40 años de prisión por encargar a un sicario que matara a una juez federal. El marido de la juez y su madre fueron asesinados en febrero en Chicago por un hombre que no tenía conexiones con el movimiento.
Una plétora de sitios centrados en la raza en internet, incluyendo uno que celebró su décimo aniversario como el primer sitio de "nacionalistas blancos" en internet. El sitio, que organiza discusiones con el supremacista blanco David Duke seis veces a la semana, tiene unos 47.000 miembros inscritos, dijo Levin.
"El don de internet significó una alternativa a los medios de comunicación controlados", dijo el administrador del sitio, Don Black, en un mensaje en el sitio. "Y continuamos creciendo, transformando la comunidad online en activismo en el mundo real".
Otro sitio centrado en la raza es la casa de internet de la Resistencia Aria Blanca. Aunque el sitio muestra en lugar destacado una calavera y las iniciales del movimiento WAR, el fundador Thomas Metzger dijo que calificar a su grupo separatista blanco de grupo violento' es equivocado.
"No matamos a nadie. Sólo queremos separarnos", dijo Metzger, que vive en Fallbrook, California, en una entrevista. "Yo no fomento la violencia como parte normal de nuestras actividades, pero no la rehuiría si hubiese gente que trata de destruirnos".
"Yo estoy orgulloso de ser racista", continuó. "Soy alguien que defiende los intereses de su raza".
El llamado racista, dijo Potok, a menudo encuentra hogares receptivos entre gente que interpreta la globalización e inmigración como una peligrosa pérdida de soberanía. "Si hay algún debate sobre seguridad nacional, inmigración, o religión, será un debate torcido y contorsionado en el mundo violento", dijo Levin. "Es siempre la imagen contorsionada de un espejo de feria".
20 de abril de 2005
©boston globe
©traducción mQh
espías en la exposición
[Tara Burghart] Servicio secreto visita exposición de arte con tonos políticos.
Agentes del Servicio Secreto que fueron enviados a investigar una exposición en una galería de arte de sellos postales falsos, uno de ellos con el presidente Bush con una pistola apuntada a su cabeza, para cerciorarse "de que es nada más que una obra de arte con un mensaje político", dijo un portavoz el jueves.
La exposición, titulada Axis of Evil: The Secret History of Sin' [Eje del Mal: La Historia Secreta del Pecado], se inauguró la semana pasada en la Galería de Cristal de la Universidad de Columbia, en Chicago.
Los 47 artistas diseñaron sellos postales falsos tocando temas como el escándalo sexual en el clero de la iglesia católica, el racismo, y la guerra de Iraq. Ninguno de los artistas está vinculado a la universidad.
El portavoz del Servicio Secreto Tom Mazur dijo el jueves que la investigación empezó después de la llamada de un vecino de Chicago.
Mazur no dijo si la investigación había terminado o con quién había hablado el Servicio Secreto, pero dijo que no se había confiscado ninguna pieza de arte.
"Tenemos que cerciorarnos, lo mejor que podamos, de que esto no es nada más que arte con un mensaje político", dijo Mazur.
Los dos agentes federales llegaron a la apertura de la exposición el jueves noche, tomaron fotografías de algunas de las obras y pidieron la información de contacto de los artistas, dijo Carol Ann Brown, directora de la galería.
Brown dijo que los agentes estaban más interesados en el artista de Chicago, Al Brandtner, cuya pieza, Patriot Act', una plancha de sellos falsos de 37 centavos, con sellos blancos y azules que muestran un revólver apuntando a la cabeza del presidente Bush.
Brandtner no respondió una llamada a su estudio de trabajo el jueves.
Brown dijo que ella refirió a los agentes al curador de la exposición, Michael Hernández de Luna, que organizó la exposición y también tiene varias piezas en la exposición, incluyendo una serie de sellos mostrando un avión incrustándose en la Torre Sears de Washington.
En la galería el jueves, Hernández de Luna dijo que piensa que los agentes estaban siguiendo la rutina. Pero "me asusta", dijo, "porque pone en cuestión todos los derechos, no sólo mis derechos o los de los artistas en esta sala, sino además los derechos de todo artista que sea un creador -todo escritor, todo artista gráfico, todo artista de performance. Es como si estuviéramos siendo espiados".
En los últimos 10 años Hernández de Luna ha creado sellos falsos y tratado de enviarlos por correo; sus trabajos con marcas reales de cancelación se han vendido por 2.000 dólares.
En 2001 fue acusado de crear un sello falso con un diseño de un esqueleto negro y huesos cruzados con la palabra "Carbunclo"; su hallazgo cerró parte del correo central de Chicago durante varias horas. Hernández de Luna no quiso hablar sobre el incidente, y no fue acusado formalmente.
En cuanto a la controversia más reciente, dijo que deja que su abogado se encargue de todos los contactos con el Servicio Secreto, y rehusó decir si había instruido a su abogado para que entregara información sobre otros artistas en la exposición.
Dijo que la exposición no causó "alboroto" cuando abrió en una galería de Filadelfia.
El Servicio Secreto ha investigado antes exposiciones de arte. La primavera pasada agentes en Washington interrogaron a un estudiante de una escuela secundaria sobre unos dibujos contra la guerra que hizo para una clase de arte, uno de ellos mostrando la cabeza del presidente Bush en una estaca.
Brown, la directora de la galería de Chicago, dijo que espera que el interés del gobierno en la exposición de sellos postales atraiga a más visitantes y estimule un debate más amplio sobre algunos de los temas que trata la exposición.
Un sello rojo lleva las palabras "Sangre por Petróleo" debajo de una foto de un coche de carrera. Otro usa imágenes de prisioneros desnudos del escándalo de las torturas en Abu Ghraib para componer una grotesca imagen de la cara del ex fiscal general John Ashcroft.
"Es muy contemporáneo, es algo actual", dijo Brown. "Yo estoy siempre interesada en crear diálogo, sea prudente o controvertido".
14 de abril de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
Agentes del Servicio Secreto que fueron enviados a investigar una exposición en una galería de arte de sellos postales falsos, uno de ellos con el presidente Bush con una pistola apuntada a su cabeza, para cerciorarse "de que es nada más que una obra de arte con un mensaje político", dijo un portavoz el jueves.La exposición, titulada Axis of Evil: The Secret History of Sin' [Eje del Mal: La Historia Secreta del Pecado], se inauguró la semana pasada en la Galería de Cristal de la Universidad de Columbia, en Chicago.
Los 47 artistas diseñaron sellos postales falsos tocando temas como el escándalo sexual en el clero de la iglesia católica, el racismo, y la guerra de Iraq. Ninguno de los artistas está vinculado a la universidad.
El portavoz del Servicio Secreto Tom Mazur dijo el jueves que la investigación empezó después de la llamada de un vecino de Chicago.
Mazur no dijo si la investigación había terminado o con quién había hablado el Servicio Secreto, pero dijo que no se había confiscado ninguna pieza de arte.
"Tenemos que cerciorarnos, lo mejor que podamos, de que esto no es nada más que arte con un mensaje político", dijo Mazur.
Los dos agentes federales llegaron a la apertura de la exposición el jueves noche, tomaron fotografías de algunas de las obras y pidieron la información de contacto de los artistas, dijo Carol Ann Brown, directora de la galería.
Brown dijo que los agentes estaban más interesados en el artista de Chicago, Al Brandtner, cuya pieza, Patriot Act', una plancha de sellos falsos de 37 centavos, con sellos blancos y azules que muestran un revólver apuntando a la cabeza del presidente Bush.
Brandtner no respondió una llamada a su estudio de trabajo el jueves.
Brown dijo que ella refirió a los agentes al curador de la exposición, Michael Hernández de Luna, que organizó la exposición y también tiene varias piezas en la exposición, incluyendo una serie de sellos mostrando un avión incrustándose en la Torre Sears de Washington.
En la galería el jueves, Hernández de Luna dijo que piensa que los agentes estaban siguiendo la rutina. Pero "me asusta", dijo, "porque pone en cuestión todos los derechos, no sólo mis derechos o los de los artistas en esta sala, sino además los derechos de todo artista que sea un creador -todo escritor, todo artista gráfico, todo artista de performance. Es como si estuviéramos siendo espiados".
En los últimos 10 años Hernández de Luna ha creado sellos falsos y tratado de enviarlos por correo; sus trabajos con marcas reales de cancelación se han vendido por 2.000 dólares.
En 2001 fue acusado de crear un sello falso con un diseño de un esqueleto negro y huesos cruzados con la palabra "Carbunclo"; su hallazgo cerró parte del correo central de Chicago durante varias horas. Hernández de Luna no quiso hablar sobre el incidente, y no fue acusado formalmente.
En cuanto a la controversia más reciente, dijo que deja que su abogado se encargue de todos los contactos con el Servicio Secreto, y rehusó decir si había instruido a su abogado para que entregara información sobre otros artistas en la exposición.
Dijo que la exposición no causó "alboroto" cuando abrió en una galería de Filadelfia.
El Servicio Secreto ha investigado antes exposiciones de arte. La primavera pasada agentes en Washington interrogaron a un estudiante de una escuela secundaria sobre unos dibujos contra la guerra que hizo para una clase de arte, uno de ellos mostrando la cabeza del presidente Bush en una estaca.
Brown, la directora de la galería de Chicago, dijo que espera que el interés del gobierno en la exposición de sellos postales atraiga a más visitantes y estimule un debate más amplio sobre algunos de los temas que trata la exposición.
Un sello rojo lleva las palabras "Sangre por Petróleo" debajo de una foto de un coche de carrera. Otro usa imágenes de prisioneros desnudos del escándalo de las torturas en Abu Ghraib para componer una grotesca imagen de la cara del ex fiscal general John Ashcroft.
"Es muy contemporáneo, es algo actual", dijo Brown. "Yo estoy siempre interesada en crear diálogo, sea prudente o controvertido".
14 de abril de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
milicias de extrema derecha
[Ellen Barry] El movimiento alcanzó su cúspide en la época del atentado de Atlanta, por el que Eric Rudolph se declarará culpable. ¿Qué ha cambiado?
Atlanta, Estados Unidos. Cuando en las Olímpiadas de 1996 en Atlanta explotó una bomba, las autoridades sospecharon de inmediato en un grupo de extremistas de derecha, un grupo paramilitar rural o una banda de cabezas rapadas.
Fue al año después del atentado en Oklahoma, tres años después de la redada federal cerca de Waco, Texas, y cuatro años después del enfrentamiento en la casa de Weaver en Ruby Ridge, Idaho. El peligro que representaban los militantes antigubernamentales nunca pareció tan urgente.
Hoy, cuando Eric Robert Rudolph se declare culpable de cuatro atentados con bomba -en las Olimpiadas de Atlanta, un bar gay y dos clínicas de aborto-, lo hará en un clima diferente.
Aunque los expertos advierten que el terrorismo nacional es todavía un peligro, el peligro ha desaparecido de la vista pública. El número de grupos de milicias en Estados Unidos ha descendido de 858, su punto más alto, a 152 el año pasado, de acuerdo al Centro Jurídico del Sur.
Una combinación de factores, incluyendo los atentados del 11 de septiembre, han provocado que muchos grupos de abstuvieran de actos extremos como los de Rudolph o Timothy McVeigh, el terrorista de Oklahoma.
"Mi suposición hoy es que estamos observando la marea baja de un movimiento que va y viene", dijo Vincent Coppola, autor de Dragons of God: A Journey Through Far-Right America' [Dragones de Dios: Viaje a Través de la Extrema Derecha de Estados Unidos']. Rudolph, dijo, "es una especie de artefacto de otra época. Eso no significa que no vuelva a aparecer".
Rudolph era un solitario que creció empapado en ideologías extremistas. Su madre, Patricia, fue educada como católica, pero llevó a su familia en una búsqueda espiritual que les alejó cada vez más de lo establecido.
Cuando Rudolph era adolescente, lo llevó con ella al recinto de Missouri de Dan Gayman, que apoyaba al movimiento Identidad Cristiana. Identidad Cristiana sostenía que los europeos blancos representan al pueblo escogido de Dios, y que debían luchar contra lo que consideraban las fuerzas de Satanás -lo que incluía a los judíos, los homosexuales y el gobierno -en una guerra apocalíptica.
Algunos en el movimiento de milicias estaban pronosticando que las Olimpíadas de Atlanta podrían servir como un puente de despegue para el Nuevo Orden Mundial, una fusión del gobierno federal con Naciones Unidas, dijo Charles Stone, antiguo agente del Departamento de Investigaciones de Georgia y co-autor de Hunting Eric Rudolph'. Durante todo el verano las autoridades espiaron a los grupos anti-gobierno en el Sur, con la esperanza de interceptar un atentado.
En esos días, los movimientos separatistas adoptaron una apocalíptica urgencia. El coronel James Bo' Gritz, un ex boina verde cuyo programa de radio lo transformó en un símbolo de la extrema derecha, llamó a la década "los locos años noventa" y bromeó sobre los "patriotas paranoicos por lucro" que realizaban congresos anuales para prepararse para el Y2K, el colapso social y tecnológico que se predecía para el cambio de milenio.
Hacia el fin de la década, varios factores habían debilitado al movimiento. Uno era la urgencia de sus predicciones. Cuando llegó el cambio de siglo y pasó sin novedades, "un montón de gente en la milicia se sintió bastante ridícula", dijo Daniel Levitas, autor de The Terrorist Next Door: The Militia Movement and the Radical Right' [El Vecino Terrorista: Las Milicias y la Extrema Derecha].
Funcionarios policiales reprimieron a terroristas sospechosos después de Oklahoma. Los atentados de Oklahoma y Atlanta alejaron a los simpatizantes menos radicales. Thom Robb, director nacional de Caballeros del Ku Klux Klan, dijo que él y otros líderes del Klan estaban horrorizados con las acciones de McVeigh y estaban indignados de ser asociados con él.
Finalmente -quizás más decisivamente- ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, que desvió la atención de los conflictos internos hacia la amenaza de los fundamentalistas islámicos.
"Creo que lo que ocurrió es que encontramos una fuente exterior de terrorismo", dijo Gritz. "Es como si los polis se asomaran en una pelea doméstica. Cuando nos amenaza una fuente externa, la familia americana se une".
El colapso del movimiento de milicias no significa que los grupos de extrema derecha no representen un peligro, dijo Heidi Beirich, que investiga a los grupos violentos para el Centro Jurídico del Sur.Mientras las milicias desaparecían, más aumentaba el número de grupos que predican el odio, todos los años desde el atentado de Oklahoma, las autoridades federales han prevenido al menos un atentado de envergadura. El año pasado, un allanamiento en la casa de Texas del Este de William Krar halló una bomba de cianuro de sodio capaz de matar a miles de personas.
Los que todavía están en el movimiento son "más militantes en su aspecto" y siguen creyendo en los mismos objetivos, dijo Levitas. Pero llaman menos la atención después del 11 de septiembre.
"Creo que hay un montón de gente que ve a estos tipos como una manga de paletos y agitadores y no necesariamente una amenaza seria", dijo Mike German, un antiguo agente del FBI y experto en terrorismo nacional. "Tú habrías creído que Oklahoma les había mostrado que no se necesita ser genio para montar una bomba bastante potente".
Rudolph no ha logrado ganar simpatía incluso entre grupos extremistas, dijo Larry Brown, experto sobre el movimiento Identidad Cristiana. Brown, un instructor de geografía de la Universidad de Missouri en Columbia, siente una "ambivalencia en el movimiento: ¿Deberían alabar o defender a Rudolph?"
Para Gritz es una pregunta fácil. Un decidido opositor al aborto, Gritz dijo que anhelaba que Rudolph declarara sobre los atentados contra las clínicas de aborto y dijera, "como un héroe: Yo lo hice, y si me dejarais ir, probablemente lo volvería a hacer. Gritz no cree que Rudolph sea responsable del atentado de las Olimpiadas.
Gritz tiene una larga historia de participación en enfrentamientos entre separatistas y agentes federales. Ayudó a negociar el fin del sitio de Ruby Ridge, donde Weaver se negó a rendirse ante agentes federales por un cargo de posesión de armas. El hijo de Weaver, Sammy, y un agente federal murieron en la balacera, y un francotirador del FBI mató a la esposa de Weaver, Vicki.
Hizo un intento similar en el caso de Rudolph. En 1998, ocho meses después de que Rudolph desapareciera en los bosques de Carolina del Norte, Gritz encabezó un grupo de hombres cuyo objetivo era convencer a Rudolph de que se entregara.
Seis años más tarde, Gritz dijo que se enfadó al oír las noticias sobre el acuerdo con el fiscal.
"Resulta no ser un héroe, sino un cobarde", dijo Gritz. "Ahora no es más que otro cobarde llorón que le tiene miedo al sistema".
13 de abril de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Atlanta, Estados Unidos. Cuando en las Olímpiadas de 1996 en Atlanta explotó una bomba, las autoridades sospecharon de inmediato en un grupo de extremistas de derecha, un grupo paramilitar rural o una banda de cabezas rapadas.Fue al año después del atentado en Oklahoma, tres años después de la redada federal cerca de Waco, Texas, y cuatro años después del enfrentamiento en la casa de Weaver en Ruby Ridge, Idaho. El peligro que representaban los militantes antigubernamentales nunca pareció tan urgente.
Hoy, cuando Eric Robert Rudolph se declare culpable de cuatro atentados con bomba -en las Olimpiadas de Atlanta, un bar gay y dos clínicas de aborto-, lo hará en un clima diferente.
Aunque los expertos advierten que el terrorismo nacional es todavía un peligro, el peligro ha desaparecido de la vista pública. El número de grupos de milicias en Estados Unidos ha descendido de 858, su punto más alto, a 152 el año pasado, de acuerdo al Centro Jurídico del Sur.
Una combinación de factores, incluyendo los atentados del 11 de septiembre, han provocado que muchos grupos de abstuvieran de actos extremos como los de Rudolph o Timothy McVeigh, el terrorista de Oklahoma.
"Mi suposición hoy es que estamos observando la marea baja de un movimiento que va y viene", dijo Vincent Coppola, autor de Dragons of God: A Journey Through Far-Right America' [Dragones de Dios: Viaje a Través de la Extrema Derecha de Estados Unidos']. Rudolph, dijo, "es una especie de artefacto de otra época. Eso no significa que no vuelva a aparecer".
Rudolph era un solitario que creció empapado en ideologías extremistas. Su madre, Patricia, fue educada como católica, pero llevó a su familia en una búsqueda espiritual que les alejó cada vez más de lo establecido.
Cuando Rudolph era adolescente, lo llevó con ella al recinto de Missouri de Dan Gayman, que apoyaba al movimiento Identidad Cristiana. Identidad Cristiana sostenía que los europeos blancos representan al pueblo escogido de Dios, y que debían luchar contra lo que consideraban las fuerzas de Satanás -lo que incluía a los judíos, los homosexuales y el gobierno -en una guerra apocalíptica.
Algunos en el movimiento de milicias estaban pronosticando que las Olimpíadas de Atlanta podrían servir como un puente de despegue para el Nuevo Orden Mundial, una fusión del gobierno federal con Naciones Unidas, dijo Charles Stone, antiguo agente del Departamento de Investigaciones de Georgia y co-autor de Hunting Eric Rudolph'. Durante todo el verano las autoridades espiaron a los grupos anti-gobierno en el Sur, con la esperanza de interceptar un atentado.
En esos días, los movimientos separatistas adoptaron una apocalíptica urgencia. El coronel James Bo' Gritz, un ex boina verde cuyo programa de radio lo transformó en un símbolo de la extrema derecha, llamó a la década "los locos años noventa" y bromeó sobre los "patriotas paranoicos por lucro" que realizaban congresos anuales para prepararse para el Y2K, el colapso social y tecnológico que se predecía para el cambio de milenio.
Hacia el fin de la década, varios factores habían debilitado al movimiento. Uno era la urgencia de sus predicciones. Cuando llegó el cambio de siglo y pasó sin novedades, "un montón de gente en la milicia se sintió bastante ridícula", dijo Daniel Levitas, autor de The Terrorist Next Door: The Militia Movement and the Radical Right' [El Vecino Terrorista: Las Milicias y la Extrema Derecha].
Funcionarios policiales reprimieron a terroristas sospechosos después de Oklahoma. Los atentados de Oklahoma y Atlanta alejaron a los simpatizantes menos radicales. Thom Robb, director nacional de Caballeros del Ku Klux Klan, dijo que él y otros líderes del Klan estaban horrorizados con las acciones de McVeigh y estaban indignados de ser asociados con él.
Finalmente -quizás más decisivamente- ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, que desvió la atención de los conflictos internos hacia la amenaza de los fundamentalistas islámicos.
"Creo que lo que ocurrió es que encontramos una fuente exterior de terrorismo", dijo Gritz. "Es como si los polis se asomaran en una pelea doméstica. Cuando nos amenaza una fuente externa, la familia americana se une".
El colapso del movimiento de milicias no significa que los grupos de extrema derecha no representen un peligro, dijo Heidi Beirich, que investiga a los grupos violentos para el Centro Jurídico del Sur.Mientras las milicias desaparecían, más aumentaba el número de grupos que predican el odio, todos los años desde el atentado de Oklahoma, las autoridades federales han prevenido al menos un atentado de envergadura. El año pasado, un allanamiento en la casa de Texas del Este de William Krar halló una bomba de cianuro de sodio capaz de matar a miles de personas.
Los que todavía están en el movimiento son "más militantes en su aspecto" y siguen creyendo en los mismos objetivos, dijo Levitas. Pero llaman menos la atención después del 11 de septiembre.
"Creo que hay un montón de gente que ve a estos tipos como una manga de paletos y agitadores y no necesariamente una amenaza seria", dijo Mike German, un antiguo agente del FBI y experto en terrorismo nacional. "Tú habrías creído que Oklahoma les había mostrado que no se necesita ser genio para montar una bomba bastante potente".
Rudolph no ha logrado ganar simpatía incluso entre grupos extremistas, dijo Larry Brown, experto sobre el movimiento Identidad Cristiana. Brown, un instructor de geografía de la Universidad de Missouri en Columbia, siente una "ambivalencia en el movimiento: ¿Deberían alabar o defender a Rudolph?"
Para Gritz es una pregunta fácil. Un decidido opositor al aborto, Gritz dijo que anhelaba que Rudolph declarara sobre los atentados contra las clínicas de aborto y dijera, "como un héroe: Yo lo hice, y si me dejarais ir, probablemente lo volvería a hacer. Gritz no cree que Rudolph sea responsable del atentado de las Olimpiadas.
Gritz tiene una larga historia de participación en enfrentamientos entre separatistas y agentes federales. Ayudó a negociar el fin del sitio de Ruby Ridge, donde Weaver se negó a rendirse ante agentes federales por un cargo de posesión de armas. El hijo de Weaver, Sammy, y un agente federal murieron en la balacera, y un francotirador del FBI mató a la esposa de Weaver, Vicki.
Hizo un intento similar en el caso de Rudolph. En 1998, ocho meses después de que Rudolph desapareciera en los bosques de Carolina del Norte, Gritz encabezó un grupo de hombres cuyo objetivo era convencer a Rudolph de que se entregara.
Seis años más tarde, Gritz dijo que se enfadó al oír las noticias sobre el acuerdo con el fiscal.
"Resulta no ser un héroe, sino un cobarde", dijo Gritz. "Ahora no es más que otro cobarde llorón que le tiene miedo al sistema".
13 de abril de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
policías en entredicho
[Matt Lait y Scott] Investigación en sus propios rangos. El Departamento de Policía de Los Angeles a menudo desorienta a los supervisores civiles sobre hechos claves en el uso que hacen los agentes de la fuerza letal.
El agente Jeff Nolte estaba al mando de una redada de narcóticos en un motel de Gardena, cuando un sospechoso de tráfico de cocaína lo apuntó con una escopeta. Nolte disparó dos veces "en inmediata defensa de su vida", hiriendo al sospechoso, Leonard Robinson, en las manos y desarmándolo.
Al menos, esa fue la historia que contó el Departamento de Policía de Los Angeles. No viendo razón para ponerla en duda, la Comisión de Policía determinó que el agente había actuado de acuerdo "al reglamento". Nolte fue oficialmente descartado como sospechoso.
Cuatro años más tarde, el juicio por derechos civiles de Robinson fue visto en tribunales, y emergió una historia muy diferente.
Evidencias no vistas por la Comisión mostraban que Robinson tenía las manos en el aire cuando Nolte abrió fuego. Robinson no estaba apuntando un arma contra el agente, concluyó el jurado. Estaba tratando de rendirse. Robinson recibió este año 2 millones de dólares por daños y perjuicios.
"No creo que ningún agente razonable haya creído que los disparos fueron justificados", dijo la juez de distrito Nora Manella, que presidió el juicio.
No era la primera vez que la Comisión de Policía fue engañada por el departamento que supervisa. Una y otra vez, el Departamento de Policía de Los Angeles LAPD ha entregado a sus supervisores civiles una versión del enfrentamiento incompleta y a menudo distorsionada, según concluyó una investigación de Times.
La comisión de cinco miembros -abogados, empresarios y líderes civiles nombrados por el alcalde- debe servir como el centinela público en los cuarteles de policía.
Investigar los tiroteos es una de sus responsabilidades más importantes, un modo de asegurar que los agentes que utilizan fuerza excesiva no pasen desapercibidos o no sean castigados.
Sin embargo, como guardián, la comisión opera con un serio handicap: Ha sido frecuentemente mantenida en la ignorancia sobre importantes aspectos de los tiroteos del LAPD.
Los informes sobre tiroteos del departamento normalmente omite información que pudiera provocar que la comisión cuestionara si los agentes habían actuado correctamente. Los testigos que contaron a los detectives que los policías dispararon sin mediar provocación, no es mencionada. Evidencias materiales que contradicen las versiones de los agentes de defensa personal han sido dejadas de lado.
El Times estudió docenas de tiroteos, comparándolos con la información presentada a la Comisión de Policía con documentos confidenciales del Departamento de Policía, documentos judiciales y otros.
En al menos 28 tiroteos, 15 de ellos fatales, la comisión determinó que el uso de la fuerza fue "reglamentario" -esto es, razonable y justificado- sin conocer la evidencia que indicaba la conclusión opuesta.
Algunos ejemplos:
-En 1999, los policía que buscaban la fuente de un tiroteo en Noche Vieja, mataron a disparos a un hombre del que dijeron que les había apuntado con una escopeta. Las evidencias de que los agentes habían disparado por error a un hombre desarmado fueron dejadas fuera del sumario de la investigación presentado a la comisión.
Abogados del ayuntamiento, confrontados más tarde con todas las evidencias, accedieron pagar a la familia del hombre una indemnización de 2.6 millones de dólares.
-En 1997, un automovilista bajo influencia de drogas apretó con la puerta de su coche el brazo de un agente y trató de escapar, arrastrando al agente. Entonces otro agente mató a balazos al chofer. El LAPD dijo que fue el único modo de salvar al agente atrapado.
Sin embargo, cuatro transeúntes -no mencionados en el sumario del LAPD- dijeron a los detectives que los agentes habían salido libremente del coche y estaban fuera de peligro cuando su colega mató al chofer.
-En 1996, los agentes hirieron a balazos a dos hombres de los que dijeron que habían abierto el fuego contra ellos desde el balcón de un edificio de apartamentos. El sumario del LAPD describió el incidente como un caso clarísimo de defensa propia. Desconocido por la comisión, los investigadores de la policía no encontraron evidencias que confirmaran la versión de los agentes, y una comisión interna del LAPD ha concluido que no fueron atacados.
Bernard C. Parks, jefe de policía de 1997 a 2002 y ahora miembro del ayuntamiento y candidato a alcalde, se negó a ser entrevistado para este artículo.
Su sucesor, William J. Bratton, dijo que los cambios provocados en 1999 por el escándalo de Rampart habían resultado en mejores investigaciones de los tiroteos e informes más sinceros a la comisión. Pero dijo que no estaba satisfecho.
En agosto, Bratton reorganizó la unidad que investiga tiroteos en los que hay agentes implicados -la segunda revisión en los últimos cuatro años. En una entrevista dijo que estaba determinado a "ir donde nos lleve la verdad" en la investigación de tiroteos.
"Nosotros estaremos siempre en camino", dijo Bratton. "No llegaremos nunca a destino".
David S. Cunningham III, un abogado que es presidente de la Comisión de Policía, dijo que los miembros de la comisión reconocen la necesidad de leer los informes del LAPD con más escepticismo y están investigando los tiroteos con más ahínco que nunca.
"Tenemos polis investigando a polis", dijo. "Siempre habrá un prejuicio. ¿Puede ese juicio conducir a conclusiones poco confiables? A veces".
Gerald L. Chaleff, antiguo presidente de la comisión y ahora principal asesor de Bratton, dijo que el patrón de omisiones en los sumarios del LAPD sugerían un colapso de la supervisión civil del departamento.
"De hecho, si estuviéramos siendo engañados o dependiendo de información incompleta, entonces no habríamos sido capaces de hacer nuestro trabajo y el sistema no estaría funcionando de ninguna manera", dijo Chaleff. "Obviamente, no me gusta para nada".
Faltaba Algo
Los policías no tuvieron otra opción que disparar contra Terry Taylor. Cuando los agentes gritaron: "¡Policía!" y le ordenaron que dejara caer su escopeta, no obedeció. En lugar de eso, les apuntó con el arma.
Este fue el informe entregado por el LAPD basado en declaraciones de los agentes.
Pero faltaba algo. Declaraciones de testigos y evidencias materiales indicaban que Taylor no tenía ninguna escopeta en las manos. El peso de los hechos -de los hechos completos- fue que la policía cometió un trágico error.
Ocurrió justo después de la medianoche del 1 de enero de 1999. Taylor y un grupo de amigos y parientes estaban celebrando el año nuevo en su casa en Los Angeles del Sur.
Sin que lo supieran los festejadores, un grupo de agentes de la Comisaría de la Calle 77 se estaba acercando al bungalow con las armas en la mano. Estaban ahí para "una misión de control de un tiroteo" y habían oído los disparos de celebración en el vecindario. Estaban tratando de localizar la fuente.
Los agentes Andrew Luong y Michael Menegio vieron a Taylor y a otros dos hombres parados en un patio en la parte de atrás de la casa. De acuerdo al sumario del LAPD, Taylor, 35, tenía una escopeta en las manos. Luong y Menegio dijeron que abrieron el fuego cuando él desoyó sus avisos y apuntó el arma contra ellos.
Taylor cayó sobre el umbral de la puerta de entrada del patio. Una bala de 9 milímetros de una pistola Luong había perforado su corazón.
Taylor, padre de cinco hijos, había sido un pintor antes de que su espalda mala lo dejara incapacitado. Su esposa, Reda, comenzó a trabajar en el Correo y él se transformó en un padre de casa. Sus hijos lo llamaban "Míster Mamá". Ahora lo miraban desangrarse a muerte en el suelo de la salita.
Cuando once meses después el caso fue examinado por comisión, el LAPD no dijo que pudiera haber dudas sobre el tiroteo.
Un sumario de la investigación del departamento, firmado por el entonces jefe Parks, dijo que "los agentes creyeron razonablemente que el sospechoso representaba una amenaza directa de lesiones corporales graves o la muerte".
Los miembros de la comisión determinaron que el tiroteo era "reglamentario".
Entretanto, la familia de Taylor había iniciado un juicio por derechos civiles. En los archivos del LAPD el abogado Samuel Paz encontró evidencias que ponen el tiroteo bajo una luz enteramente diferente.
El hermanastro de la víctima, Charles Anderson, dijo a los investigadores de la policía que él -no Taylor- tenía la escopeta. Anderson dijo que no estaba cargada, que tenía el cañón rajado y era inoperable para cuando llegó la policía.
Los detectives lo desafiaron enérgicamente, según muestran las transcripciones de una entrevista. Lo obligaron a confesar que había mentido y que Taylor sostenía el arma. Le dijeron que como ladrón en libertad bajo palabra, podría ser enviado de vuelta a prisión por posesión de arma de fuego.
Anderson mantuvo su historia, y la evidencia la confirma.
El agente Menegio había dicho a los detectives que el pistolero que estaba parado en el patio llevaba una camiseta blanca. Testigos dijeron que Anderson llevaba una camiseta blanca esa noche.
En cuanto a Taylor, la fotografía de un pesquisidor lo mostraba con una camisa verde oscuro de manga larga -un regalo de navidad de su esposa.
La versión que dio la policía del incidente contradice otra evidencia clave: la sangre que brotó del cuerpo de Taylor cuando la bala salió por debajo de su axila derecha. Unas gotas cayeron en la culata de la escopeta.
El sumario del LAPD dijo que el análisis de la sangre salpicada que hizo el departamento confirmaba que Taylor sostenía el arma -y apuntando con el cañón hacia los agentes- cuando le dispararon.
Sin embargo, a medida que se fue conociendo el juicio por derechos civiles, tanto expertos del ayuntamiento como de la familia de Taylor dijeron que eso no podía ocurrir.
Richard H. Fox, un experto en evidencias para los demandantes, dijo en un informe que el patrón de las gotas de sangre mostraban que el arma estaba a 30 o 45 centímetros del cuerpo de Taylor -y que no estaba apuntando a los agentes.
Eso era consistente con la declaración de Anderson de que él tenía el arma, parado detrás de Taylor cuando los dos caminaban hacia la puerta de atrás.
Ronald Raquel, criminalista del LAPD, dijo durante una declaración que el arma tenía que haber estado entre 15 y 30 centímetros del lado de Taylor.
Paz, abogado de la familia, le preguntó entonces a Raquel sobre la foto del LAPD de la reconstitución del incidente que mostraba a un hombre con una escopeta a su lado, en una clásica postura de disparo. Paz mostró a Raquel una por una las nueve fotografías y le preguntó si Taylor pudo haber tenido el arma como se dice cuando le dispararon.
Raquel replicó las nueves veces: "No".
Cuando Paz hizo una vista anticipada de su caso con los abogados del ayuntamiento, decidieron no correr el riesgo de un juicio por jurado. El ayuntamiento firmó un acuerdo por 2.6 millones de dólares.
Luong, ahora en el Departamento de Policía del Parque Buena, defendió sus acciones.
"Creo de corazón que hice lo correcto", dijo en una entrevista. "Hice lo que creí que tenía que hacer para defender mi vida y la de mi compañero".
Menegio se negó a hacer comentarios.
Años antes, Paz había obtenido un acuerdo por 5.5 millones de dólares para un encargado del Coliseo de Los Angeles al que disparó un agente de policía y lo dejó paralizado de la cintura para abajo.
Ese tiroteo, como el de Taylor, había sido declarado "reglamentario". En ambos casos, dijo Paz, se había basado en evidencias recogidas por el LAPD para mostrar que sus agentes dispararon sin motivo.
"Si hay algún mensaje en esto, es", dijo, "que si yo puedo hacer esto, ¿por qué no podrían ellos?"
Responsable Sólo Ante Sí Mismo
La práctica de sanear los informes de tiroteos ha persistido durante sucesivos alcaldes y jefes de policía. Refleja una enraizada resistencia a la supervisión civil en el LAPD que data de hace décadas.
Durante gran parte de su historia, el departamento sólo era responsable ante sí mismo cuando se trataba del uso de fuerza por sus agentes. Después de un tiroteo, la policía investiga a sus agentes en el más estricto silencio. Los hallazgos son rara vez hechos públicos.
La Comisión de Policía, establecida en los años 20 para fijar los objetivos del departamento y supervisar al jefe, no jugaron ningún papel, o muy poco, en la investigación de los tiroteos.
Eso cambió después de la muerte de Eulia Mae Love en 1979. Love, 39, viuda de Los Angeles del Sur, estalló de ira cuando un empleado de la compañía de gas la amenazó con cortar los servicios si no le abonaba una cuenta impaga de 22 dólares. Ella persiguió al hombre con una pala. Los trabajadores de la compañía volvieron más tarde con refuerzos policiales.
Después de un punto muerto, Love lanzó un cuchillo de cocina a los dos agentes. Ellos vaciaron sus revólveres, matándola instantáneamente. El jefe de policía Daryl F. Gates declaró que los oficiales habían actuado intachablemente, diciendo que habían disparado en defensa propia. Unos manifestantes marcharon al Centro Parker, el cuartel general del LAPD.
La comisión inició una investigación y concluyó que la policía había matado a Love innecesariamente. La comisión descubrió, entre otras cosas, que los agentes habían disparado al menos un balazo más cuando Love yacía herida en el suelo.
Desde entonces la comisión ha revisado todos los tiroteos policiales para determinar si se justificaba el uso de la fuerza. Si no es así, los agentes pueden ser reprendidos, suspendidos y, en raros casos, despedidos.
El manual del LAPD dice que los agentes deben disparar sólo "cuando parezca razonablemente necesario" para protegerse a sí mismos u otros de la muerte o heridas graves. Al decidir si un tiroteo es consistente con esa política, la comisión depende de la investigación del propio departamento.
Especialmente importante son los sumarios de las investigaciones conocidos como "15-2". Estos informes, normalmente de cuatro a ocho páginas de largo, deben señalar los hechos importantes, la recomendación del jefe a la comisión y su argumentación.
En más de un 80 por ciento de los tiroteos desde 1985, el primer año para el que se dispone de archivos, la comisión concluyó que las acciones de los agentes eran "reglamentarias", como recomendadas por el jefe.
Una señal de que la comisión no siempre recibe toda la historia es que muchos tiroteos que juzga "reglamentarios" resultan más tarde en considerables sentencias por la justicia civil contra el uso excesivo de la fuerza del LAPD -o en cuantiosos acuerdos legales con las víctimas de disparos o miembros de sus familias.
El Times concluyó que desde 1985 101 tiroteos en que hay agentes implicados han resultado en indemnizaciones o acuerdos. El total cuesta a los contribuyentes 68.5 millones de dólares.
Setenta y siete de esos tiroteos -más de tres cuartos- fueron juzgados "reglamentarios".
Para entender por qué, los periodistas examinaron documentos judiciales y archivos confidenciales de la policía sobre 17 tiroteos que terminaron en pagos legales de medio millón de dólares o más.
En 15 de los casos, evidencias en conflicto con los informes de los agentes no fueron incluidas en el sumario entregado a la comisión. Los tiroteos ocurrieron el más reciente en 2002, el más antiguo en 1986.
Examinando otros tiroteos "reglamentarios", los periodistas descubrieron otros 13 casos más -que resultaron en pagos legales más pequeños o ninguno- en los que importante información había sido dejado de lado en el sumario.
Desde 1999 los miembros de la comisión reciben copias de los archivos completos del LAPD sobre tiroteos, así como los sumarios. Pero los archivos completos son tan voluminosos y misteriosos que poco sirven a los comisionados, que rara vez indagan en ellos. Pueden tener docenas o incluso cientos de páginas sobre un solo tiroteo, la mayor parte altamente técnicas -conclusiones de la autopsia, análisis balísticos, informes toxicológicos.
"Podía leer un archivo de investigación 30 veces, y no podrías detectar algo como lo hace alguien que ha estado en este negocio hace 20 años", dijo el miembro de la comisión Rick J. Caruso, un urbanista de propiedades inmobiliarias. "Para eso están los sumarios ejecutivos".
El despacho del inspector general del LAPD, creado en 1996 como respuesta a la paliza de Rodney King, debe ayuda a la comisión a estudiar los tiroteos. Pero con una enorme cantidad de otras tareas, el despacho ha tenido poco tiempo para escudriñar los sumarios o analizar los archivos de las investigaciones a la búsqueda de información escondida.
A menudo los hechos completos sobre un tiroteo salen a luz años después de las acciones de la comisión, cuando un abogado particular, pensando en los archivos del LAPD para un pleito, descubre evidencias que no eran conocidas por los miembros de la comisión.
Incluso cuando esos casos resultan en caros veredictos de jurado o acuerdos, la comisión no revisa sus dictámenes anteriores de acciones "reglamentarias" -o tratar de determinar por qué el LAPD dejó la información fuera de los sumarios.
Rabbi Gary Greenebaum, antiguo presidente de la comisión, dijo que él siempre se sintió incómodo en tener que depender de los sumarios, pero no vio otra alternativa.
"Era para mí la parte más frustrante de mi trabajo", dijo. "Nunca creí que nos contaban toda la historia".
Una Historia Muy Diferente
Ciertamente no lo hicieron en el caso de Leonard Robinson, el sospechoso de tráfico de drogas que fue disparado en las manos -evidentemente cuando las tenía alzadas.
Robinson, obrero metalúrgico incapacitado de Louisiana estaba en la habitación 312 del Executive Inn en Gardena cuando agentes anti-narcóticos del LAPD echaron su puerta abajo el 18 de junio de 1997.
Un informante había contado a la policía que Robinson estaba vendiendo cocaína en el cuarto. Robinson, entonces de 51, trabajaba en la seguridad del motel a cambio de un descuento en su alquiler y estaba armado, agregó el informante.
El agente Nolte, con un casco y un chaleco antibalas, echó a correr por un pasillo y se enfrentó al sospechoso. De acuerdo al sumario del LAPD, Robinson blandía una escopeta, tenía el cañón levantado y la apuntaba al agente.
Nolte hizo dos disparos con su propia escopeta calibre 12. Las balas que impactaron en las manos de Robinson, "lo obligaron a soltar" su arma, dice el sumario.
En tribunales Robinson contó una historia muy diferente.
Interrogado por su abogado, Jim Epstein, Robinson declaró que él estaba en cama cuando oyó un tumulto al otro lado de la puerta. Dijo que cogió su escopeta, pensando que alguien intentaba entrar a robar, pero dejó caer el arma en su regazo cuando oyó los gritos de: "¡Policía!"
"Me eché hacia atrás y levanté las manos", dijo Robinson.
Describió cómo el primer impacto de la escopeta de Nolte le perforó su mano derecha. "Entonces", dijo Robinson, "volvió a apuntarme" y disparó de nuevo.
La palma derecha de Robinson estaba salpicada de restos de pólvora. Su dedo derecho estaba destrozado. Su dedo índice había sido volado.
Un médico declaró que Robinson debe haber sangrado profusamente. Sin embargo, en la escopeta no se encontraron tejidos y sólo unas pocas motas de sangre en el arma que supuestamente estaba sosteniendo. Tampoco presentaba el arma el más mínimo daño de los dos impactos del arma de Nolte.
Un jurado del Distrito Judicial que oyó la demanda por derechos civiles en 2001 y concedió a Robinson una indemnización por daños y perjuicios de 1 millón de dólares. Cuando los abogados del ayuntamiento apelaron el veredicto, los jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Distrito dijeron que el argumento de Nolte de defensa propia simplemente era inverosímil.
"¿Cómo no sufrió el arma que el tipo tenía en las manos ningún daño y no quedaron huellas de tejidos ni sangre en el arma -mientras que las manos de Robinson estaban completamente destrozadas?", preguntó un juez durante una vista el año pasado.
Retó al abogado del ayuntamiento, Amy Jo Field, a reconciliar el informe de Nolte con las evidencias.
"No creo que pueda, su Señoría", dijo.
Más tarde, el ayuntamiento accedió a pagar a Robinson un total de 12 millones de dólares por un veredicto de jurado y a llegar a un acuerdo por una segunda denuncia por detención arbitraria.
Nolte, que sigue en el cuerpo, se negó a ser entrevistado.
Dean Hansell, un abogado que estaba en la Comisión de Policía cuando aprobó las acciones de Nolte, dijo que no estaba consciente de que había evidencias que contradecían la versión del agente".
"Si hay algo que pudiera socavar lo que dijo el agente, esa es información que la comisión espera tener", dijo. "Claramente, habría sido enormemente importante para nosotros".
Interrogado sobre las omisiones en el sumario del LAPD, el Subdirector de Policía George Gascon, dijo: "Hay múltiples explicaciones posibles, y todas se derivan de gente muy mala en el departamento que está ocultando los hechos a gente muy pobre o muy incompetente...
"Probablemente la verdad está en el medio".
Desechando a los Testigos
Según el informe del LAPD, el agente Bruce Nelson no tenía otra opción que disparar. Un automovilista había golpeado con la puerta de su coche a un colega agente y lo estaba arrastrando por el suelo. Nelson disparó y mató al automovilista, Jonathan Horts, para salvar la vida de su colega.
Si hubieran conocido todos los hechos, los miembros de la comisión se habrían visto obligados a considerar un guión alternativo: que un encolerizado Nelson ejecutó a Horst, y la policía proveyó una explicación del hecho.
La noche del 28 de marzo de 1997, Horst, 33, pasó con luz roja en un semáforo en Los Angeles del Sur y la policía le dio caza durante 20 minutos. La policía finalmente arrinconó su Subaru Justy en un embarcadero de San Pedro.
Cuando el sargento Dennis Sebenick trataba de sacarlo del coche, Horst aplastó el brazo del agente con la puerta y apretó el acelerador. Sebenick fue arrastrado durante 90 metros hasta que el Subaru chocó contra un coche policial aparcado.
Nelson aceleró y disparó contra Horst. Según el informe del LAPD, Horts siguió conduciendo, así que Nelson apuntó y disparó dos veces. Sólo entonces, de acuerdo al sumario, soltó Horst la puerta del coche, liberando a Sebenick.
Horst, antiguo chef y artista aspirante que había adquirido un persistente hábito de drogas, murió momentos después por heridas de bala en el tórax. Los análisis de sangre indicaron que estaba bajo los efectos de la anfetamina.
Sebenick sufrió moretones en el brazo derecho.
"El agente Nelson creyó razonablemente que el sospechosos representaba un peligro inmediato de lesión corporal grave o la muerte del sargento Sebenick", dijo el sumario entregado por Parks.
La comisión determinó que el tiroteo fue "reglamentario".
Sin embargo, sin que se mencione en el sumario, había cuatro testigos que dijeron a los detectives que Sebenick no corría peligro cuando Nelson disparó.
Los testigos eran estibadores del muelle que estaba descargando un buque esa noche. Periodistas del Times oyeron las cintas grabadas y revisaron las transcripciones de las entrevistas con los testigos. Dijeron que tenían una buena imagen del incidente, ayudados por un foco desde un helicóptero del LAPD.
Ninguno de los trabajadores criticó la conducta de los agentes, y todos parecían comprender los peligros por los que había corrido la policía en someter a Horst. Sin embargo, los cuatro dijeron flemáticamente que Horst había sido matado después de que Horst hubiera dejado de ser una amenaza para Sebenick.
El estibador Ted Lucich dijo que Sebenick estaba a un lado del coche de Horst, siendo atendido por otros agentes, antes de que Nelson disparara.
"¿Eso fue antes de que disparara?", preguntó un detective.
"Sí", dijo Lucich.
Joel Vitalich dijo que vio acercarse a Sebenick al coche de Horst y quedarse enredado en la puerta.
Horst "anduvo unos 3 a 4.5 metros con el agente atrapado", dijo. "Cuando paró, dos agentes corrieron hacia el coche y sacaron al sargento... Entonces oí un bum, una pausa y bum-bum-bum".
Un tercer testigo, Edward Loy, dijo que vio a los agentes correr en ayuda de Sebenick antes de que Nelson disparara contra el automovilista.
"Yo oí los disparos después de que hubiera sido dominado", dijo Loy.
Sean Dover dijo a los detectives: "El agente que estaba colgando el coche de Horst se soltó o cayó... Y luego oí tres o cuatro disparos".
Los detectives no presionaron a los testigos para que dieran más informaciones sobre el momento en que disparó Nelson, muestran las cintas grabadas. De hecho, un investigador ofreció una justificación del tiroteo.
"Es algo que los agentes tenían que hacer, desafortunadamente, porque vieron a un hermano que estaba siendo agredido", dijo el detective Matthew Kuckowicz a uno de los estibadores. "Sabes, van a sospechar de nosotros en la prensa y otros grupos y ustedes son los que tienen que... eh, sabes".
Kuckowicz no accedió a comentar para este artículo. Nelson, que sigue en el cuerpo, tampoco quiso ser entrevistado.
Paul Mills, que entabló una demanda federal por derechos civiles contra el LAPD a nombre de los padres de Horst, dijo que no le sorprendía que las observaciones de los estibadores no estuvieran en el sumario.
"Es el procedimiento clásico del LAPD de... desechar a los testigos de fuera de la policía porque pueden decir algo poco favorable sobre los agentes", dijo.
El ayuntamiento puso fin a la denuncia por un acuerdo de 99.999,99 dólares. Esto es un centavo menos que la suma que hubiera requerido la aprobación del Consejo del Ayuntamiento -y sometió el tiroteo a una investigación adicional.
Ráfaga de Cambios
En los últimos años, el LAPD ha estado bajo renovadas presiones para investigar los tiroteos de manera más rigurosa y revelar los resultados más completamente. La muerte de Margaret Mitchell proporcionó una parte del estímulo por los cambios.
Mitchel, 55, una mujer sin casa y mentalmente enferma, estaba empujando su carro de compras cerca de la Calle 4 con Avenida de La Brea el 21 de mayo de 1999 cuando el agente Edward Larrigan paró para investigar si el carro era robado. Larrigan disparó contra Mitchel, de 1.55 metros, en defensa propia cuando ella lo atacó con un destornillador.
Cuando hubo protestas, la comisión dio el inusual paso de revisar las transcripciones de las entrevistas grabadas de los detectives con los testigos. Funcionarios del LAPD dijeron que los transeúntes confirmaron la declaración de Larrigan. Sin embargo, las transcripciones mostraban que algunos de los testigos dijeron que Mitchel no había atacado al agente. Los comisionados declararon que el tiroteo "no fue reglamentario".
El escándalo de Rampart, marcado por revelaciones de agentes anti-pandillas habían rutinariamente hecho caer en trampas a sospechosos y encubierto ataques injustificados, se agregó a la presión por una reforma.
Una ráfaga de cambios fue el resultado, algunos insertados en un acuerdo mutuo de 2000 entre el ayuntamiento y el ministerio de Justicia. El LAPD deberá entregar a la comisión más información sobre las balaceras, incluyendo transcripciones de las declaraciones de los testigos. Al redactar los sumarios, el departamento deberá incluir evidencia que arrojen dudas sobre los informes de los agentes.
Aunque impresionantes en el papel, los cambios no han garantizado que los miembros de la comisión revisan los hechos completos y sin barnices.
Eso era evidente en el caso de Jason Mitchell.
No Había Motivos para Disparar
La mañana del 11 de junio de 2002, dos agentes de patrulla hicieron parar a Michel en West 65 Place en Los Angeles del Sur. Dijeron que había cortado el tráfico cuando hizo un precipitado giro a la izquierda desde la Western Avenue.
El agente Anthony Pérez hizo un chequeo por ordenador y se enteró de que el permiso de conducir de Mitchel estaba suspendido. Pérez le dijo que por ley tenía que requisar su furgoneta negra Ford F150.
Mitchell, 33, un peluquero, dijo que había ido al tribunal y arreglado todos los problemas en torno a su permiso.
"Tengo esa información en mi casa", dijo, de acuerdo a una cinta hecha por la grabadora en el bolsillo de la camisa de Pérez. "Vivo a dos calles de aquí".
Pérez dijo que no importaba.
"¿Qué quieres que haga?", preguntó Mitchell.
"Nada", dijo Pérez. "No hay nada que usted pueda hacer ahora".
Momentos más tarde, aparentemente preocupado de que Mitchell pudiera escapar, Pérez se subió al estribo de la furgoneta, metió la mano por la ventanilla del lado del conductor y trató de retirar la llave del encendido.
Mitchell protestó, luego echó marcha atrás y arrancó, con Pérez agarrado a la puerta. Mitchell torció por la calle y rozó a un coche aparcado. Luego la furgoneta subió por un bordillo de la acera y se acercó a toda velocidad hacia una casa.
Pérez, todavía en el estribo, temía que Mitchell intentara aplastarlo contra la casa, de acuerdo al LAPD. Sacó su pistola calibre 45 y disparó dos veces contra Mitchell, matándolo.
Más tarde el departamento reprendió a Pérez por errores tácticos y dijo que no debió subirse nunca al estribo en primer lugar. Sin embargo, funcionarios de policía dijeron que tuvo motivos para disparar, porque su vida estaba en peligro.
Dos testigos contaron una historia diferente. Los mecánicos de coches Dudley Latham y Errol Banket estaban parados frente a su garaje. Dijeron que Pérez disparó contra Mitchell después de que la furgoneta hubiera chocado contra una cochera y se detuviera. Los dos dijeron que Pérez no corría peligro cuando disparó.
"Después de chocar contra el edificio, el agente retrocedió, sacó la pistola y disparó", dijo Latham al detective del LAPD, Brian Carr.
"No había motivos para disparar", dijo Banket al mismo detective en otra entrevista.
Para procesar los informes contradictorios, el LAPD contrató a una firma consultora, Biodynamics Engineering Inc. de Pacific Palisades, para reconstruir el incidente usando la grabación de Pérez y otras evidencias. La firma escribió un informe de 13 páginas y produjo un video generado por ordenador, los dos indicando que la historia de Pérez era consistente con las evidencias.
El sumario que el jefe Batton que presentó a la comisión en mayo de 2003 decía que la reconstrucción "refutó las percepciones de los testigos de que el agente Pérez se bajó de la furgoneta después de que esta parara y entonces hizo los disparos".
Eso era más de lo que Biodynamics estaba dispuesta a ir. En la primera página del informe, la firma dice que los hallazgos no tenían "por intención probar o no" el informe de Pérez. Los autores también reconocieron que no podían determinar al escuchar las cintas exactamente en qué momento había disparado Pérez -antes o después de que la furgoneta se detuviera.Parrid Ward, uno de los autores, dijo en una entrevista que la evidencia podía ser interpretada como mostrando que Pérez disparó contra Mitchell después de que la furgoneta chocara, como habían dicho dos testigos.
Había otro problema con el sumario. A pesar de las promesas después de Rampart, no contaba toda la historia.
El informe decía que Mitchell tenía dos heridas de bala -una en la cabeza y una en el cuello. Revisando el archivo de la investigación completo del LAPD, Carl Douglas, abogado de los padres de Mitchell, encontró un documento de un pesquisidor que describía una tercera herida de bala -en el dedo del corazón de la mano izquierda.
Douglas dijo a los abogados del ayuntamiento que si el caso iba a tribunales, él podría decir que Mitchell fue herido cuando levantaba sus brazos en un gesto de entrega. En junio, el ayuntamiento pagó 1.25 millones dólares para cerrar el caso.
Un mes después, periodistas del Times preguntaron al LAPD por qué el sumario no mencionaba la herida en el dedo. Funcionarios policiales dijeron que no se habían dado cuenta de que era una herida de bala. Reabrieron luego la investigación, contactaron al pesquisidor y confirmaron que la herida había sido causada por un impacto de bala.
Pero al final funcionarios del LAPD decidieron aferrarse a su versión original de que el tiroteo estaba justificado. Lo hicieron sin presentar informaciones nuevas a la Comisión de Policía, que había determinado hace tiempo que el tiroteo había sido "reglamentario".
El padre de Mitchell, Don Matthews, es un teniente de la oficina del sheriff del condado de Los Angeles. Dijo que al principio él y su esposa, Judy, confiaron en que la policía haría una investigación objetiva.
Ya no.
"Dejan escalar un incidente de tráfico rutinario hasta el punto que alguien muere", dijo. "Toda la investigación del LAPD tenía por objetivo justificar las acciones de los agentes, no descubrir los hechos".
Capas de Escrutinio
Tiroteos en los que están implicados agentes son supuestamente los más estrechamente vigilados de todas las acciones policiales.
Procedimientos del LAPD:
Paso 1: Detectives especialmente adiestrados van a la escena, recogen evidencias e interrogan a los agentes de policía y testigos. Más tarde deben escribir un informe detallado.
Paso 2: La Comisión Revisora del Uso de la Fuerza, una comisión de funcionarios de alto rango del LAPD estudia el caso y decide si los agentes actuaron "reglamentariamente". Si no, la comisión puede someterlos a un re-adiestramiento o a medidas disciplinarias.
Paso 3: El jefe de policía modifica o acepta los hallazgos de la comisión.
Paso 4: Agentes escriben un sumario de cuatro a ocho páginas sobre el incidente, con las recomendaciones del jefe.
Paso 5: La Comisión de Policía delibera a puertas cerradas y toma una decisión final.
12 de abril de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
El agente Jeff Nolte estaba al mando de una redada de narcóticos en un motel de Gardena, cuando un sospechoso de tráfico de cocaína lo apuntó con una escopeta. Nolte disparó dos veces "en inmediata defensa de su vida", hiriendo al sospechoso, Leonard Robinson, en las manos y desarmándolo.Al menos, esa fue la historia que contó el Departamento de Policía de Los Angeles. No viendo razón para ponerla en duda, la Comisión de Policía determinó que el agente había actuado de acuerdo "al reglamento". Nolte fue oficialmente descartado como sospechoso.
Cuatro años más tarde, el juicio por derechos civiles de Robinson fue visto en tribunales, y emergió una historia muy diferente.
Evidencias no vistas por la Comisión mostraban que Robinson tenía las manos en el aire cuando Nolte abrió fuego. Robinson no estaba apuntando un arma contra el agente, concluyó el jurado. Estaba tratando de rendirse. Robinson recibió este año 2 millones de dólares por daños y perjuicios.
"No creo que ningún agente razonable haya creído que los disparos fueron justificados", dijo la juez de distrito Nora Manella, que presidió el juicio.
No era la primera vez que la Comisión de Policía fue engañada por el departamento que supervisa. Una y otra vez, el Departamento de Policía de Los Angeles LAPD ha entregado a sus supervisores civiles una versión del enfrentamiento incompleta y a menudo distorsionada, según concluyó una investigación de Times.
La comisión de cinco miembros -abogados, empresarios y líderes civiles nombrados por el alcalde- debe servir como el centinela público en los cuarteles de policía.
Investigar los tiroteos es una de sus responsabilidades más importantes, un modo de asegurar que los agentes que utilizan fuerza excesiva no pasen desapercibidos o no sean castigados.
Sin embargo, como guardián, la comisión opera con un serio handicap: Ha sido frecuentemente mantenida en la ignorancia sobre importantes aspectos de los tiroteos del LAPD.
Los informes sobre tiroteos del departamento normalmente omite información que pudiera provocar que la comisión cuestionara si los agentes habían actuado correctamente. Los testigos que contaron a los detectives que los policías dispararon sin mediar provocación, no es mencionada. Evidencias materiales que contradicen las versiones de los agentes de defensa personal han sido dejadas de lado.
El Times estudió docenas de tiroteos, comparándolos con la información presentada a la Comisión de Policía con documentos confidenciales del Departamento de Policía, documentos judiciales y otros.
En al menos 28 tiroteos, 15 de ellos fatales, la comisión determinó que el uso de la fuerza fue "reglamentario" -esto es, razonable y justificado- sin conocer la evidencia que indicaba la conclusión opuesta.
Algunos ejemplos:
-En 1999, los policía que buscaban la fuente de un tiroteo en Noche Vieja, mataron a disparos a un hombre del que dijeron que les había apuntado con una escopeta. Las evidencias de que los agentes habían disparado por error a un hombre desarmado fueron dejadas fuera del sumario de la investigación presentado a la comisión.
Abogados del ayuntamiento, confrontados más tarde con todas las evidencias, accedieron pagar a la familia del hombre una indemnización de 2.6 millones de dólares.
-En 1997, un automovilista bajo influencia de drogas apretó con la puerta de su coche el brazo de un agente y trató de escapar, arrastrando al agente. Entonces otro agente mató a balazos al chofer. El LAPD dijo que fue el único modo de salvar al agente atrapado.
Sin embargo, cuatro transeúntes -no mencionados en el sumario del LAPD- dijeron a los detectives que los agentes habían salido libremente del coche y estaban fuera de peligro cuando su colega mató al chofer.
-En 1996, los agentes hirieron a balazos a dos hombres de los que dijeron que habían abierto el fuego contra ellos desde el balcón de un edificio de apartamentos. El sumario del LAPD describió el incidente como un caso clarísimo de defensa propia. Desconocido por la comisión, los investigadores de la policía no encontraron evidencias que confirmaran la versión de los agentes, y una comisión interna del LAPD ha concluido que no fueron atacados.
Bernard C. Parks, jefe de policía de 1997 a 2002 y ahora miembro del ayuntamiento y candidato a alcalde, se negó a ser entrevistado para este artículo.
Su sucesor, William J. Bratton, dijo que los cambios provocados en 1999 por el escándalo de Rampart habían resultado en mejores investigaciones de los tiroteos e informes más sinceros a la comisión. Pero dijo que no estaba satisfecho.
En agosto, Bratton reorganizó la unidad que investiga tiroteos en los que hay agentes implicados -la segunda revisión en los últimos cuatro años. En una entrevista dijo que estaba determinado a "ir donde nos lleve la verdad" en la investigación de tiroteos.
"Nosotros estaremos siempre en camino", dijo Bratton. "No llegaremos nunca a destino".
David S. Cunningham III, un abogado que es presidente de la Comisión de Policía, dijo que los miembros de la comisión reconocen la necesidad de leer los informes del LAPD con más escepticismo y están investigando los tiroteos con más ahínco que nunca.
"Tenemos polis investigando a polis", dijo. "Siempre habrá un prejuicio. ¿Puede ese juicio conducir a conclusiones poco confiables? A veces".
Gerald L. Chaleff, antiguo presidente de la comisión y ahora principal asesor de Bratton, dijo que el patrón de omisiones en los sumarios del LAPD sugerían un colapso de la supervisión civil del departamento.
"De hecho, si estuviéramos siendo engañados o dependiendo de información incompleta, entonces no habríamos sido capaces de hacer nuestro trabajo y el sistema no estaría funcionando de ninguna manera", dijo Chaleff. "Obviamente, no me gusta para nada".
Faltaba Algo
Los policías no tuvieron otra opción que disparar contra Terry Taylor. Cuando los agentes gritaron: "¡Policía!" y le ordenaron que dejara caer su escopeta, no obedeció. En lugar de eso, les apuntó con el arma.
Este fue el informe entregado por el LAPD basado en declaraciones de los agentes.
Pero faltaba algo. Declaraciones de testigos y evidencias materiales indicaban que Taylor no tenía ninguna escopeta en las manos. El peso de los hechos -de los hechos completos- fue que la policía cometió un trágico error.
Ocurrió justo después de la medianoche del 1 de enero de 1999. Taylor y un grupo de amigos y parientes estaban celebrando el año nuevo en su casa en Los Angeles del Sur.
Sin que lo supieran los festejadores, un grupo de agentes de la Comisaría de la Calle 77 se estaba acercando al bungalow con las armas en la mano. Estaban ahí para "una misión de control de un tiroteo" y habían oído los disparos de celebración en el vecindario. Estaban tratando de localizar la fuente.
Los agentes Andrew Luong y Michael Menegio vieron a Taylor y a otros dos hombres parados en un patio en la parte de atrás de la casa. De acuerdo al sumario del LAPD, Taylor, 35, tenía una escopeta en las manos. Luong y Menegio dijeron que abrieron el fuego cuando él desoyó sus avisos y apuntó el arma contra ellos.
Taylor cayó sobre el umbral de la puerta de entrada del patio. Una bala de 9 milímetros de una pistola Luong había perforado su corazón.
Taylor, padre de cinco hijos, había sido un pintor antes de que su espalda mala lo dejara incapacitado. Su esposa, Reda, comenzó a trabajar en el Correo y él se transformó en un padre de casa. Sus hijos lo llamaban "Míster Mamá". Ahora lo miraban desangrarse a muerte en el suelo de la salita.
Cuando once meses después el caso fue examinado por comisión, el LAPD no dijo que pudiera haber dudas sobre el tiroteo.
Un sumario de la investigación del departamento, firmado por el entonces jefe Parks, dijo que "los agentes creyeron razonablemente que el sospechoso representaba una amenaza directa de lesiones corporales graves o la muerte".
Los miembros de la comisión determinaron que el tiroteo era "reglamentario".
Entretanto, la familia de Taylor había iniciado un juicio por derechos civiles. En los archivos del LAPD el abogado Samuel Paz encontró evidencias que ponen el tiroteo bajo una luz enteramente diferente.
El hermanastro de la víctima, Charles Anderson, dijo a los investigadores de la policía que él -no Taylor- tenía la escopeta. Anderson dijo que no estaba cargada, que tenía el cañón rajado y era inoperable para cuando llegó la policía.
Los detectives lo desafiaron enérgicamente, según muestran las transcripciones de una entrevista. Lo obligaron a confesar que había mentido y que Taylor sostenía el arma. Le dijeron que como ladrón en libertad bajo palabra, podría ser enviado de vuelta a prisión por posesión de arma de fuego.
Anderson mantuvo su historia, y la evidencia la confirma.
El agente Menegio había dicho a los detectives que el pistolero que estaba parado en el patio llevaba una camiseta blanca. Testigos dijeron que Anderson llevaba una camiseta blanca esa noche.
En cuanto a Taylor, la fotografía de un pesquisidor lo mostraba con una camisa verde oscuro de manga larga -un regalo de navidad de su esposa.
La versión que dio la policía del incidente contradice otra evidencia clave: la sangre que brotó del cuerpo de Taylor cuando la bala salió por debajo de su axila derecha. Unas gotas cayeron en la culata de la escopeta.
El sumario del LAPD dijo que el análisis de la sangre salpicada que hizo el departamento confirmaba que Taylor sostenía el arma -y apuntando con el cañón hacia los agentes- cuando le dispararon.
Sin embargo, a medida que se fue conociendo el juicio por derechos civiles, tanto expertos del ayuntamiento como de la familia de Taylor dijeron que eso no podía ocurrir.
Richard H. Fox, un experto en evidencias para los demandantes, dijo en un informe que el patrón de las gotas de sangre mostraban que el arma estaba a 30 o 45 centímetros del cuerpo de Taylor -y que no estaba apuntando a los agentes.
Eso era consistente con la declaración de Anderson de que él tenía el arma, parado detrás de Taylor cuando los dos caminaban hacia la puerta de atrás.
Ronald Raquel, criminalista del LAPD, dijo durante una declaración que el arma tenía que haber estado entre 15 y 30 centímetros del lado de Taylor.
Paz, abogado de la familia, le preguntó entonces a Raquel sobre la foto del LAPD de la reconstitución del incidente que mostraba a un hombre con una escopeta a su lado, en una clásica postura de disparo. Paz mostró a Raquel una por una las nueve fotografías y le preguntó si Taylor pudo haber tenido el arma como se dice cuando le dispararon.
Raquel replicó las nueves veces: "No".
Cuando Paz hizo una vista anticipada de su caso con los abogados del ayuntamiento, decidieron no correr el riesgo de un juicio por jurado. El ayuntamiento firmó un acuerdo por 2.6 millones de dólares.
Luong, ahora en el Departamento de Policía del Parque Buena, defendió sus acciones.
"Creo de corazón que hice lo correcto", dijo en una entrevista. "Hice lo que creí que tenía que hacer para defender mi vida y la de mi compañero".
Menegio se negó a hacer comentarios.
Años antes, Paz había obtenido un acuerdo por 5.5 millones de dólares para un encargado del Coliseo de Los Angeles al que disparó un agente de policía y lo dejó paralizado de la cintura para abajo.
Ese tiroteo, como el de Taylor, había sido declarado "reglamentario". En ambos casos, dijo Paz, se había basado en evidencias recogidas por el LAPD para mostrar que sus agentes dispararon sin motivo.
"Si hay algún mensaje en esto, es", dijo, "que si yo puedo hacer esto, ¿por qué no podrían ellos?"
Responsable Sólo Ante Sí Mismo
La práctica de sanear los informes de tiroteos ha persistido durante sucesivos alcaldes y jefes de policía. Refleja una enraizada resistencia a la supervisión civil en el LAPD que data de hace décadas.
Durante gran parte de su historia, el departamento sólo era responsable ante sí mismo cuando se trataba del uso de fuerza por sus agentes. Después de un tiroteo, la policía investiga a sus agentes en el más estricto silencio. Los hallazgos son rara vez hechos públicos.
La Comisión de Policía, establecida en los años 20 para fijar los objetivos del departamento y supervisar al jefe, no jugaron ningún papel, o muy poco, en la investigación de los tiroteos.
Eso cambió después de la muerte de Eulia Mae Love en 1979. Love, 39, viuda de Los Angeles del Sur, estalló de ira cuando un empleado de la compañía de gas la amenazó con cortar los servicios si no le abonaba una cuenta impaga de 22 dólares. Ella persiguió al hombre con una pala. Los trabajadores de la compañía volvieron más tarde con refuerzos policiales.
Después de un punto muerto, Love lanzó un cuchillo de cocina a los dos agentes. Ellos vaciaron sus revólveres, matándola instantáneamente. El jefe de policía Daryl F. Gates declaró que los oficiales habían actuado intachablemente, diciendo que habían disparado en defensa propia. Unos manifestantes marcharon al Centro Parker, el cuartel general del LAPD.
La comisión inició una investigación y concluyó que la policía había matado a Love innecesariamente. La comisión descubrió, entre otras cosas, que los agentes habían disparado al menos un balazo más cuando Love yacía herida en el suelo.
Desde entonces la comisión ha revisado todos los tiroteos policiales para determinar si se justificaba el uso de la fuerza. Si no es así, los agentes pueden ser reprendidos, suspendidos y, en raros casos, despedidos.
El manual del LAPD dice que los agentes deben disparar sólo "cuando parezca razonablemente necesario" para protegerse a sí mismos u otros de la muerte o heridas graves. Al decidir si un tiroteo es consistente con esa política, la comisión depende de la investigación del propio departamento.
Especialmente importante son los sumarios de las investigaciones conocidos como "15-2". Estos informes, normalmente de cuatro a ocho páginas de largo, deben señalar los hechos importantes, la recomendación del jefe a la comisión y su argumentación.
En más de un 80 por ciento de los tiroteos desde 1985, el primer año para el que se dispone de archivos, la comisión concluyó que las acciones de los agentes eran "reglamentarias", como recomendadas por el jefe.
Una señal de que la comisión no siempre recibe toda la historia es que muchos tiroteos que juzga "reglamentarios" resultan más tarde en considerables sentencias por la justicia civil contra el uso excesivo de la fuerza del LAPD -o en cuantiosos acuerdos legales con las víctimas de disparos o miembros de sus familias.
El Times concluyó que desde 1985 101 tiroteos en que hay agentes implicados han resultado en indemnizaciones o acuerdos. El total cuesta a los contribuyentes 68.5 millones de dólares.
Setenta y siete de esos tiroteos -más de tres cuartos- fueron juzgados "reglamentarios".
Para entender por qué, los periodistas examinaron documentos judiciales y archivos confidenciales de la policía sobre 17 tiroteos que terminaron en pagos legales de medio millón de dólares o más.
En 15 de los casos, evidencias en conflicto con los informes de los agentes no fueron incluidas en el sumario entregado a la comisión. Los tiroteos ocurrieron el más reciente en 2002, el más antiguo en 1986.
Examinando otros tiroteos "reglamentarios", los periodistas descubrieron otros 13 casos más -que resultaron en pagos legales más pequeños o ninguno- en los que importante información había sido dejado de lado en el sumario.
Desde 1999 los miembros de la comisión reciben copias de los archivos completos del LAPD sobre tiroteos, así como los sumarios. Pero los archivos completos son tan voluminosos y misteriosos que poco sirven a los comisionados, que rara vez indagan en ellos. Pueden tener docenas o incluso cientos de páginas sobre un solo tiroteo, la mayor parte altamente técnicas -conclusiones de la autopsia, análisis balísticos, informes toxicológicos.
"Podía leer un archivo de investigación 30 veces, y no podrías detectar algo como lo hace alguien que ha estado en este negocio hace 20 años", dijo el miembro de la comisión Rick J. Caruso, un urbanista de propiedades inmobiliarias. "Para eso están los sumarios ejecutivos".
El despacho del inspector general del LAPD, creado en 1996 como respuesta a la paliza de Rodney King, debe ayuda a la comisión a estudiar los tiroteos. Pero con una enorme cantidad de otras tareas, el despacho ha tenido poco tiempo para escudriñar los sumarios o analizar los archivos de las investigaciones a la búsqueda de información escondida.
A menudo los hechos completos sobre un tiroteo salen a luz años después de las acciones de la comisión, cuando un abogado particular, pensando en los archivos del LAPD para un pleito, descubre evidencias que no eran conocidas por los miembros de la comisión.
Incluso cuando esos casos resultan en caros veredictos de jurado o acuerdos, la comisión no revisa sus dictámenes anteriores de acciones "reglamentarias" -o tratar de determinar por qué el LAPD dejó la información fuera de los sumarios.
Rabbi Gary Greenebaum, antiguo presidente de la comisión, dijo que él siempre se sintió incómodo en tener que depender de los sumarios, pero no vio otra alternativa.
"Era para mí la parte más frustrante de mi trabajo", dijo. "Nunca creí que nos contaban toda la historia".
Una Historia Muy Diferente
Ciertamente no lo hicieron en el caso de Leonard Robinson, el sospechoso de tráfico de drogas que fue disparado en las manos -evidentemente cuando las tenía alzadas.
Robinson, obrero metalúrgico incapacitado de Louisiana estaba en la habitación 312 del Executive Inn en Gardena cuando agentes anti-narcóticos del LAPD echaron su puerta abajo el 18 de junio de 1997.
Un informante había contado a la policía que Robinson estaba vendiendo cocaína en el cuarto. Robinson, entonces de 51, trabajaba en la seguridad del motel a cambio de un descuento en su alquiler y estaba armado, agregó el informante.
El agente Nolte, con un casco y un chaleco antibalas, echó a correr por un pasillo y se enfrentó al sospechoso. De acuerdo al sumario del LAPD, Robinson blandía una escopeta, tenía el cañón levantado y la apuntaba al agente.
Nolte hizo dos disparos con su propia escopeta calibre 12. Las balas que impactaron en las manos de Robinson, "lo obligaron a soltar" su arma, dice el sumario.
En tribunales Robinson contó una historia muy diferente.
Interrogado por su abogado, Jim Epstein, Robinson declaró que él estaba en cama cuando oyó un tumulto al otro lado de la puerta. Dijo que cogió su escopeta, pensando que alguien intentaba entrar a robar, pero dejó caer el arma en su regazo cuando oyó los gritos de: "¡Policía!"
"Me eché hacia atrás y levanté las manos", dijo Robinson.
Describió cómo el primer impacto de la escopeta de Nolte le perforó su mano derecha. "Entonces", dijo Robinson, "volvió a apuntarme" y disparó de nuevo.
La palma derecha de Robinson estaba salpicada de restos de pólvora. Su dedo derecho estaba destrozado. Su dedo índice había sido volado.
Un médico declaró que Robinson debe haber sangrado profusamente. Sin embargo, en la escopeta no se encontraron tejidos y sólo unas pocas motas de sangre en el arma que supuestamente estaba sosteniendo. Tampoco presentaba el arma el más mínimo daño de los dos impactos del arma de Nolte.
Un jurado del Distrito Judicial que oyó la demanda por derechos civiles en 2001 y concedió a Robinson una indemnización por daños y perjuicios de 1 millón de dólares. Cuando los abogados del ayuntamiento apelaron el veredicto, los jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Distrito dijeron que el argumento de Nolte de defensa propia simplemente era inverosímil.
"¿Cómo no sufrió el arma que el tipo tenía en las manos ningún daño y no quedaron huellas de tejidos ni sangre en el arma -mientras que las manos de Robinson estaban completamente destrozadas?", preguntó un juez durante una vista el año pasado.
Retó al abogado del ayuntamiento, Amy Jo Field, a reconciliar el informe de Nolte con las evidencias.
"No creo que pueda, su Señoría", dijo.
Más tarde, el ayuntamiento accedió a pagar a Robinson un total de 12 millones de dólares por un veredicto de jurado y a llegar a un acuerdo por una segunda denuncia por detención arbitraria.
Nolte, que sigue en el cuerpo, se negó a ser entrevistado.
Dean Hansell, un abogado que estaba en la Comisión de Policía cuando aprobó las acciones de Nolte, dijo que no estaba consciente de que había evidencias que contradecían la versión del agente".
"Si hay algo que pudiera socavar lo que dijo el agente, esa es información que la comisión espera tener", dijo. "Claramente, habría sido enormemente importante para nosotros".
Interrogado sobre las omisiones en el sumario del LAPD, el Subdirector de Policía George Gascon, dijo: "Hay múltiples explicaciones posibles, y todas se derivan de gente muy mala en el departamento que está ocultando los hechos a gente muy pobre o muy incompetente...
"Probablemente la verdad está en el medio".
Desechando a los Testigos
Según el informe del LAPD, el agente Bruce Nelson no tenía otra opción que disparar. Un automovilista había golpeado con la puerta de su coche a un colega agente y lo estaba arrastrando por el suelo. Nelson disparó y mató al automovilista, Jonathan Horts, para salvar la vida de su colega.
Si hubieran conocido todos los hechos, los miembros de la comisión se habrían visto obligados a considerar un guión alternativo: que un encolerizado Nelson ejecutó a Horst, y la policía proveyó una explicación del hecho.
La noche del 28 de marzo de 1997, Horst, 33, pasó con luz roja en un semáforo en Los Angeles del Sur y la policía le dio caza durante 20 minutos. La policía finalmente arrinconó su Subaru Justy en un embarcadero de San Pedro.
Cuando el sargento Dennis Sebenick trataba de sacarlo del coche, Horst aplastó el brazo del agente con la puerta y apretó el acelerador. Sebenick fue arrastrado durante 90 metros hasta que el Subaru chocó contra un coche policial aparcado.
Nelson aceleró y disparó contra Horst. Según el informe del LAPD, Horts siguió conduciendo, así que Nelson apuntó y disparó dos veces. Sólo entonces, de acuerdo al sumario, soltó Horst la puerta del coche, liberando a Sebenick.
Horst, antiguo chef y artista aspirante que había adquirido un persistente hábito de drogas, murió momentos después por heridas de bala en el tórax. Los análisis de sangre indicaron que estaba bajo los efectos de la anfetamina.
Sebenick sufrió moretones en el brazo derecho.
"El agente Nelson creyó razonablemente que el sospechosos representaba un peligro inmediato de lesión corporal grave o la muerte del sargento Sebenick", dijo el sumario entregado por Parks.
La comisión determinó que el tiroteo fue "reglamentario".
Sin embargo, sin que se mencione en el sumario, había cuatro testigos que dijeron a los detectives que Sebenick no corría peligro cuando Nelson disparó.
Los testigos eran estibadores del muelle que estaba descargando un buque esa noche. Periodistas del Times oyeron las cintas grabadas y revisaron las transcripciones de las entrevistas con los testigos. Dijeron que tenían una buena imagen del incidente, ayudados por un foco desde un helicóptero del LAPD.
Ninguno de los trabajadores criticó la conducta de los agentes, y todos parecían comprender los peligros por los que había corrido la policía en someter a Horst. Sin embargo, los cuatro dijeron flemáticamente que Horst había sido matado después de que Horst hubiera dejado de ser una amenaza para Sebenick.
El estibador Ted Lucich dijo que Sebenick estaba a un lado del coche de Horst, siendo atendido por otros agentes, antes de que Nelson disparara.
"¿Eso fue antes de que disparara?", preguntó un detective.
"Sí", dijo Lucich.
Joel Vitalich dijo que vio acercarse a Sebenick al coche de Horst y quedarse enredado en la puerta.
Horst "anduvo unos 3 a 4.5 metros con el agente atrapado", dijo. "Cuando paró, dos agentes corrieron hacia el coche y sacaron al sargento... Entonces oí un bum, una pausa y bum-bum-bum".
Un tercer testigo, Edward Loy, dijo que vio a los agentes correr en ayuda de Sebenick antes de que Nelson disparara contra el automovilista.
"Yo oí los disparos después de que hubiera sido dominado", dijo Loy.
Sean Dover dijo a los detectives: "El agente que estaba colgando el coche de Horst se soltó o cayó... Y luego oí tres o cuatro disparos".
Los detectives no presionaron a los testigos para que dieran más informaciones sobre el momento en que disparó Nelson, muestran las cintas grabadas. De hecho, un investigador ofreció una justificación del tiroteo.
"Es algo que los agentes tenían que hacer, desafortunadamente, porque vieron a un hermano que estaba siendo agredido", dijo el detective Matthew Kuckowicz a uno de los estibadores. "Sabes, van a sospechar de nosotros en la prensa y otros grupos y ustedes son los que tienen que... eh, sabes".
Kuckowicz no accedió a comentar para este artículo. Nelson, que sigue en el cuerpo, tampoco quiso ser entrevistado.
Paul Mills, que entabló una demanda federal por derechos civiles contra el LAPD a nombre de los padres de Horst, dijo que no le sorprendía que las observaciones de los estibadores no estuvieran en el sumario.
"Es el procedimiento clásico del LAPD de... desechar a los testigos de fuera de la policía porque pueden decir algo poco favorable sobre los agentes", dijo.
El ayuntamiento puso fin a la denuncia por un acuerdo de 99.999,99 dólares. Esto es un centavo menos que la suma que hubiera requerido la aprobación del Consejo del Ayuntamiento -y sometió el tiroteo a una investigación adicional.
Ráfaga de Cambios
En los últimos años, el LAPD ha estado bajo renovadas presiones para investigar los tiroteos de manera más rigurosa y revelar los resultados más completamente. La muerte de Margaret Mitchell proporcionó una parte del estímulo por los cambios.
Mitchel, 55, una mujer sin casa y mentalmente enferma, estaba empujando su carro de compras cerca de la Calle 4 con Avenida de La Brea el 21 de mayo de 1999 cuando el agente Edward Larrigan paró para investigar si el carro era robado. Larrigan disparó contra Mitchel, de 1.55 metros, en defensa propia cuando ella lo atacó con un destornillador.
Cuando hubo protestas, la comisión dio el inusual paso de revisar las transcripciones de las entrevistas grabadas de los detectives con los testigos. Funcionarios del LAPD dijeron que los transeúntes confirmaron la declaración de Larrigan. Sin embargo, las transcripciones mostraban que algunos de los testigos dijeron que Mitchel no había atacado al agente. Los comisionados declararon que el tiroteo "no fue reglamentario".
El escándalo de Rampart, marcado por revelaciones de agentes anti-pandillas habían rutinariamente hecho caer en trampas a sospechosos y encubierto ataques injustificados, se agregó a la presión por una reforma.
Una ráfaga de cambios fue el resultado, algunos insertados en un acuerdo mutuo de 2000 entre el ayuntamiento y el ministerio de Justicia. El LAPD deberá entregar a la comisión más información sobre las balaceras, incluyendo transcripciones de las declaraciones de los testigos. Al redactar los sumarios, el departamento deberá incluir evidencia que arrojen dudas sobre los informes de los agentes.
Aunque impresionantes en el papel, los cambios no han garantizado que los miembros de la comisión revisan los hechos completos y sin barnices.
Eso era evidente en el caso de Jason Mitchell.
No Había Motivos para Disparar
La mañana del 11 de junio de 2002, dos agentes de patrulla hicieron parar a Michel en West 65 Place en Los Angeles del Sur. Dijeron que había cortado el tráfico cuando hizo un precipitado giro a la izquierda desde la Western Avenue.
El agente Anthony Pérez hizo un chequeo por ordenador y se enteró de que el permiso de conducir de Mitchel estaba suspendido. Pérez le dijo que por ley tenía que requisar su furgoneta negra Ford F150.
Mitchell, 33, un peluquero, dijo que había ido al tribunal y arreglado todos los problemas en torno a su permiso.
"Tengo esa información en mi casa", dijo, de acuerdo a una cinta hecha por la grabadora en el bolsillo de la camisa de Pérez. "Vivo a dos calles de aquí".
Pérez dijo que no importaba.
"¿Qué quieres que haga?", preguntó Mitchell.
"Nada", dijo Pérez. "No hay nada que usted pueda hacer ahora".
Momentos más tarde, aparentemente preocupado de que Mitchell pudiera escapar, Pérez se subió al estribo de la furgoneta, metió la mano por la ventanilla del lado del conductor y trató de retirar la llave del encendido.
Mitchell protestó, luego echó marcha atrás y arrancó, con Pérez agarrado a la puerta. Mitchell torció por la calle y rozó a un coche aparcado. Luego la furgoneta subió por un bordillo de la acera y se acercó a toda velocidad hacia una casa.
Pérez, todavía en el estribo, temía que Mitchell intentara aplastarlo contra la casa, de acuerdo al LAPD. Sacó su pistola calibre 45 y disparó dos veces contra Mitchell, matándolo.
Más tarde el departamento reprendió a Pérez por errores tácticos y dijo que no debió subirse nunca al estribo en primer lugar. Sin embargo, funcionarios de policía dijeron que tuvo motivos para disparar, porque su vida estaba en peligro.
Dos testigos contaron una historia diferente. Los mecánicos de coches Dudley Latham y Errol Banket estaban parados frente a su garaje. Dijeron que Pérez disparó contra Mitchell después de que la furgoneta hubiera chocado contra una cochera y se detuviera. Los dos dijeron que Pérez no corría peligro cuando disparó.
"Después de chocar contra el edificio, el agente retrocedió, sacó la pistola y disparó", dijo Latham al detective del LAPD, Brian Carr.
"No había motivos para disparar", dijo Banket al mismo detective en otra entrevista.
Para procesar los informes contradictorios, el LAPD contrató a una firma consultora, Biodynamics Engineering Inc. de Pacific Palisades, para reconstruir el incidente usando la grabación de Pérez y otras evidencias. La firma escribió un informe de 13 páginas y produjo un video generado por ordenador, los dos indicando que la historia de Pérez era consistente con las evidencias.
El sumario que el jefe Batton que presentó a la comisión en mayo de 2003 decía que la reconstrucción "refutó las percepciones de los testigos de que el agente Pérez se bajó de la furgoneta después de que esta parara y entonces hizo los disparos".
Eso era más de lo que Biodynamics estaba dispuesta a ir. En la primera página del informe, la firma dice que los hallazgos no tenían "por intención probar o no" el informe de Pérez. Los autores también reconocieron que no podían determinar al escuchar las cintas exactamente en qué momento había disparado Pérez -antes o después de que la furgoneta se detuviera.Parrid Ward, uno de los autores, dijo en una entrevista que la evidencia podía ser interpretada como mostrando que Pérez disparó contra Mitchell después de que la furgoneta chocara, como habían dicho dos testigos.
Había otro problema con el sumario. A pesar de las promesas después de Rampart, no contaba toda la historia.
El informe decía que Mitchell tenía dos heridas de bala -una en la cabeza y una en el cuello. Revisando el archivo de la investigación completo del LAPD, Carl Douglas, abogado de los padres de Mitchell, encontró un documento de un pesquisidor que describía una tercera herida de bala -en el dedo del corazón de la mano izquierda.
Douglas dijo a los abogados del ayuntamiento que si el caso iba a tribunales, él podría decir que Mitchell fue herido cuando levantaba sus brazos en un gesto de entrega. En junio, el ayuntamiento pagó 1.25 millones dólares para cerrar el caso.
Un mes después, periodistas del Times preguntaron al LAPD por qué el sumario no mencionaba la herida en el dedo. Funcionarios policiales dijeron que no se habían dado cuenta de que era una herida de bala. Reabrieron luego la investigación, contactaron al pesquisidor y confirmaron que la herida había sido causada por un impacto de bala.
Pero al final funcionarios del LAPD decidieron aferrarse a su versión original de que el tiroteo estaba justificado. Lo hicieron sin presentar informaciones nuevas a la Comisión de Policía, que había determinado hace tiempo que el tiroteo había sido "reglamentario".
El padre de Mitchell, Don Matthews, es un teniente de la oficina del sheriff del condado de Los Angeles. Dijo que al principio él y su esposa, Judy, confiaron en que la policía haría una investigación objetiva.
Ya no.
"Dejan escalar un incidente de tráfico rutinario hasta el punto que alguien muere", dijo. "Toda la investigación del LAPD tenía por objetivo justificar las acciones de los agentes, no descubrir los hechos".
Capas de Escrutinio
Tiroteos en los que están implicados agentes son supuestamente los más estrechamente vigilados de todas las acciones policiales.
Procedimientos del LAPD:
Paso 1: Detectives especialmente adiestrados van a la escena, recogen evidencias e interrogan a los agentes de policía y testigos. Más tarde deben escribir un informe detallado.
Paso 2: La Comisión Revisora del Uso de la Fuerza, una comisión de funcionarios de alto rango del LAPD estudia el caso y decide si los agentes actuaron "reglamentariamente". Si no, la comisión puede someterlos a un re-adiestramiento o a medidas disciplinarias.
Paso 3: El jefe de policía modifica o acepta los hallazgos de la comisión.
Paso 4: Agentes escriben un sumario de cuatro a ocho páginas sobre el incidente, con las recomendaciones del jefe.
Paso 5: La Comisión de Policía delibera a puertas cerradas y toma una decisión final.
12 de abril de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
ley contra chulos en illinois
[Erika Slife] Cámara Baja aprueba ley que permite a prostitutas denunciar a sus proxenetas. Con mayoría abrumadora proyecto de ley será tratada por el Senado.
Springfield, Estados Unidos. Las prostitutas podrán denunciar a sus chulos por angustia emocional y otros daños según una ley aprobada el martes con abrumadora mayoría por la Cámara Baja de Illinois.
La parlamentaria Constance Howard (demócrata, Chicago), que presentó el proyecto de ley, dijo que su intención es dar más poder a los hombres, mujeres y niños atrapados en situaciones desesperadas.
"Esto es para alguien que diga: Ya no puedo soportar esto. He sido manipulada y maltratada. Estoy dispuesta a salirme de esto y a buscar ayuda", dijo Howard.
Con la ley, que será ahora tratada por el Senado, la prostituta tendrá que probar ante tribunales que el chulo se ha beneficiado del comercio sexual, reclutado prostitutas o traficado o mantenido a prostitutas. El proxeneta puede ser considerado responsable de las pérdidas financieras, lesiones personales, enfermedades o angustia psicológica o emocional de sus víctimas.
El proyecto no ha impuesto un tope al monto de las indemnizaciones por el dolor y sufrimiento de los demandantes.
Mientras que la mayoría de los legisladores apoyaron la idea, la diputada Patricia Bailey (demócrata, Chicago) expresó dudas sobre la medida de Howard. Durante el debate parlamentario, Bailey dijo que algunos proxenetas cuidaban a las trabajadoras sexuales que trabajaban para ellos.
"¿Sabe usted que cuando una prostituta es detenida, es el chulo el que la saca de la comisaría?", dijo Bailey. "También, cuando una prostituta se enferma, es el chulo el que las cuida. Pero el problema al que me refiero es que si la prostituta se vuelve contra el chulo, se está creando otra situación en la que se pone en peligro la seguridad y el bienestar de esa prostituta, que hace lo que hace por elección".
Después de votar "presente", Bailey dijo a los periodistas que el proyecto de ley tenía extensas implicaciones. "Va a legalizar la prostitución", dijo.
También el martes los diputados aprobaron tentativamente un proyecto de ley que prohibirá las armas falsas en las escuelas. Según el proyecto, los estudiantes que llevan objetos parecidos a armas a la escuela podrán ser acusados de una infracción de Clase C, punible con hasta 30 días de cárcel.
La diputada Monique Davis (demócrata, Chicago) está preocupada de que el proyecto de ley pueda ser implementado de manera diferente en el estado. Dijo que por el mismo delito los estudiantes blancos suburbanos pueden ser castigados con una palmada en las manos, mientras que los estudiantes negros del centro pueden ser encarcelados.
"En los barrios negros los niños van a ser esposados, arrestados y metidos en la cárcel durante 30 días", dijo.
Davis dijo que sería más efectivo prohibir que se vendan armas falsas a niños.
Pero el diputado Roger Jenish (republicano, Bloomingdale), que presentó el proyecto de ley, defendió la medida, diciendo que sólo estaba tratando de que las escuelas fueran más seguras.
"Se trata de tener escuelas seguras de modo que cada niño pueda aprender en un ambiente protegido", dijo. "No importa si eres blanco, negro o latino".
Los legisladores acordaron corregir un error tipográfico en el proyecto de ley de Jenisch, pero dejaron abierta la pregunta sobre el pasaje final para otro día.
7 de abril de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
Springfield, Estados Unidos. Las prostitutas podrán denunciar a sus chulos por angustia emocional y otros daños según una ley aprobada el martes con abrumadora mayoría por la Cámara Baja de Illinois.La parlamentaria Constance Howard (demócrata, Chicago), que presentó el proyecto de ley, dijo que su intención es dar más poder a los hombres, mujeres y niños atrapados en situaciones desesperadas.
"Esto es para alguien que diga: Ya no puedo soportar esto. He sido manipulada y maltratada. Estoy dispuesta a salirme de esto y a buscar ayuda", dijo Howard.
Con la ley, que será ahora tratada por el Senado, la prostituta tendrá que probar ante tribunales que el chulo se ha beneficiado del comercio sexual, reclutado prostitutas o traficado o mantenido a prostitutas. El proxeneta puede ser considerado responsable de las pérdidas financieras, lesiones personales, enfermedades o angustia psicológica o emocional de sus víctimas.
El proyecto no ha impuesto un tope al monto de las indemnizaciones por el dolor y sufrimiento de los demandantes.
Mientras que la mayoría de los legisladores apoyaron la idea, la diputada Patricia Bailey (demócrata, Chicago) expresó dudas sobre la medida de Howard. Durante el debate parlamentario, Bailey dijo que algunos proxenetas cuidaban a las trabajadoras sexuales que trabajaban para ellos.
"¿Sabe usted que cuando una prostituta es detenida, es el chulo el que la saca de la comisaría?", dijo Bailey. "También, cuando una prostituta se enferma, es el chulo el que las cuida. Pero el problema al que me refiero es que si la prostituta se vuelve contra el chulo, se está creando otra situación en la que se pone en peligro la seguridad y el bienestar de esa prostituta, que hace lo que hace por elección".
Después de votar "presente", Bailey dijo a los periodistas que el proyecto de ley tenía extensas implicaciones. "Va a legalizar la prostitución", dijo.
También el martes los diputados aprobaron tentativamente un proyecto de ley que prohibirá las armas falsas en las escuelas. Según el proyecto, los estudiantes que llevan objetos parecidos a armas a la escuela podrán ser acusados de una infracción de Clase C, punible con hasta 30 días de cárcel.
La diputada Monique Davis (demócrata, Chicago) está preocupada de que el proyecto de ley pueda ser implementado de manera diferente en el estado. Dijo que por el mismo delito los estudiantes blancos suburbanos pueden ser castigados con una palmada en las manos, mientras que los estudiantes negros del centro pueden ser encarcelados.
"En los barrios negros los niños van a ser esposados, arrestados y metidos en la cárcel durante 30 días", dijo.
Davis dijo que sería más efectivo prohibir que se vendan armas falsas a niños.
Pero el diputado Roger Jenish (republicano, Bloomingdale), que presentó el proyecto de ley, defendió la medida, diciendo que sólo estaba tratando de que las escuelas fueran más seguras.
"Se trata de tener escuelas seguras de modo que cada niño pueda aprender en un ambiente protegido", dijo. "No importa si eres blanco, negro o latino".
Los legisladores acordaron corregir un error tipográfico en el proyecto de ley de Jenisch, pero dejaron abierta la pregunta sobre el pasaje final para otro día.
7 de abril de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
usa obstruye justicia global
[Jonathan F. Fanton] Por el infundado temor de que sus soldados puedan ser juzgados por crímenes contra la humanidad, Estados Unidos se opone a la corte criminal internacional.
Cuando una comisión de investigación de Naciones Unidas recomendó este año que las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Darfur fueran referidas a la nueva Corte Criminal Internacional CCI, Pierre-Richard Prosper, el embajador viajero norteamericano para asuntos de crímenes de guerra, hizo primera plana al rechazar la idea. "No queremos legitimar la CCI", dijo.
¿Por qué no? Noventa y nueve países han firmado el Tratado de Roma, que creó la corte a la que Estados Unidos se opone. El presidente Clinton también firmó el tratado, en los últimos días de su mandato, pero el gobierno de Bush dijo rápidamente que no tenía intención de ratificarlo.
La CCI, que ya está funcionando en La Haya, tiene jurisdicción sobre crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002, si y cuando el sistema judicial de un país signatario no esté dispuesto o sea incapaz de actuar. Lo que está pasando en Darfur parece exactamente diseñado para la corte, pero Estados Unidos ha dicho que preferiría procesar a los que han cometido atrocidades en Darfur creando un tribunal separado en Arusha, Tanzania -incluso aunque organizar esos tribunales ad hoc sea lento y caro. "No queremos estar en una situación en que veamos que la justicia africana sea exportada, o encargada a La Haya", dijo Prosper, en un claro intento de poner al hemisferio sur contra el norte.
Pero la opinión africana es mucho más compleja que eso. La realidad es que la CCI ya ha ganado amplio apoyo entre los africanos y de gente que se acerca a ella buscando ayuda y esperanza.
Hoy, 27 de los 98 países que firmaron el Tratado de Roma son de África. Cuatro países africanos han invitado a la corte a investigar atrocidades cometidas dentro de sus fronteras: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Central Africana y Costa de Marfil. Todos ellos han pedido asistencia a la corte donde sus propios sistemas judiciales han fallado o no pueden hacerlo.
Como la primera corte criminal permanente con una jurisdicción potencialmente mundial, la CCI tiene por fin impedir futuros Pol Pots y Pinochets. El año de 2005 será crucial para la historia de la CCI. Sus primeras dos investigaciones, una en Uganda y otra en el Congo, están haciendo progresos. A pesar de la oposición norteamericana, hay un fuerte apoyo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para referir la situación de Darfur a la corte. Una fuerte discusión esta semana determinará el resultado.
La primera tanda de acusaciones de la corte se harán en Uganda contra importantes líderes del Ejército de Resistencia del Señor, que ha hecho una guerra contra el gobierno atacando a civiles en el norte. Más de 20.000 niños han sido secuestrados y unos 1.6 millones de civiles han sido desplazados. Decenas de miles más han sido matados o heridos.
La investigación de la CCI ya ha elevado la presión sobre las dos partes para terminar el conflicto allá y ha concentrado la atención internacional sobre los abusos. Si las acusaciones se producen y si la CCI procesa a los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, no impedirá que otros perpetradores sean juzgados en los tribunales normales, ni el trabajo de los mecanismo de reconciliación como las comisiones de la verdad.
El gobierno de Bush se opone fuertemente a la CCI aparentemente por preocupaciones de que la corte pudiera participar en juicios políticos de soldados y ciudadanos norteamericanos. Esos temores son injustificados: Sólo los países cuyos sistemas legales no puedan o no quieran fallar en casos que impliquen genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad están dentro del alcance de la corte.
Las manipulaciones del tipo que temen algunos funcionarios norteamericanos son prácticamente imposibles. Un sólido sistema de chequeos y balances impide que los procedimientos de la CCI sean mal usados. Por ejemplo, el fiscal debe contar con el permiso de una sala preliminar de jueces antes de poder iniciar investigaciones o presentar acusaciones. Los estados pueden apelar esas decisiones si creen que sus propios tribunales han fallado apropiadamente. Debido a que Estados Unidos tiene un sistema de justicia criminal que funciona y es capaz de tratar acusaciones de abusos, los ciudadanos norteamericanos no tienen nada que temer de la Corte Criminal Internacional. Quienes si deben temerla, son los dictadores, ejércitos corruptos y grupos armados.
La CCI y un sólido sistema judicial internacional desbaratará la cultura de la impunidad que a menudo protege a los arquitectos de masivas violaciones de los derechos humanos e impedirá que otros cometan esos crímenes.
Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos estuvo a la vanguardia del establecimiento de normas democráticas y humanitarias. La gente con la que hablé durante un viaje reciente a Nigeria se lo tomaron a pecho cuando mencioné una encuesta nacional realizada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Chicago: 69 por ciento de los estadounidenses apoya a la CCI. El gobierno de Bush debería ponerse a todo con el pueblo norteamericano, que entiende que nuestro incapacidad de unirnos a la corte nos pone en el lado equivocado de la historia.
Es hora de que Estados Unidos revierta su posición, apoye a la Corte Criminal Internacional y respalde el llamado a referir a La Haya las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Darfur.
Jonathan F. Fanton es presidente de la Fundación John D. & Catherine T. MacArthur.
30 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Cuando una comisión de investigación de Naciones Unidas recomendó este año que las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Darfur fueran referidas a la nueva Corte Criminal Internacional CCI, Pierre-Richard Prosper, el embajador viajero norteamericano para asuntos de crímenes de guerra, hizo primera plana al rechazar la idea. "No queremos legitimar la CCI", dijo.¿Por qué no? Noventa y nueve países han firmado el Tratado de Roma, que creó la corte a la que Estados Unidos se opone. El presidente Clinton también firmó el tratado, en los últimos días de su mandato, pero el gobierno de Bush dijo rápidamente que no tenía intención de ratificarlo.
La CCI, que ya está funcionando en La Haya, tiene jurisdicción sobre crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002, si y cuando el sistema judicial de un país signatario no esté dispuesto o sea incapaz de actuar. Lo que está pasando en Darfur parece exactamente diseñado para la corte, pero Estados Unidos ha dicho que preferiría procesar a los que han cometido atrocidades en Darfur creando un tribunal separado en Arusha, Tanzania -incluso aunque organizar esos tribunales ad hoc sea lento y caro. "No queremos estar en una situación en que veamos que la justicia africana sea exportada, o encargada a La Haya", dijo Prosper, en un claro intento de poner al hemisferio sur contra el norte.
Pero la opinión africana es mucho más compleja que eso. La realidad es que la CCI ya ha ganado amplio apoyo entre los africanos y de gente que se acerca a ella buscando ayuda y esperanza.
Hoy, 27 de los 98 países que firmaron el Tratado de Roma son de África. Cuatro países africanos han invitado a la corte a investigar atrocidades cometidas dentro de sus fronteras: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Central Africana y Costa de Marfil. Todos ellos han pedido asistencia a la corte donde sus propios sistemas judiciales han fallado o no pueden hacerlo.
Como la primera corte criminal permanente con una jurisdicción potencialmente mundial, la CCI tiene por fin impedir futuros Pol Pots y Pinochets. El año de 2005 será crucial para la historia de la CCI. Sus primeras dos investigaciones, una en Uganda y otra en el Congo, están haciendo progresos. A pesar de la oposición norteamericana, hay un fuerte apoyo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para referir la situación de Darfur a la corte. Una fuerte discusión esta semana determinará el resultado.
La primera tanda de acusaciones de la corte se harán en Uganda contra importantes líderes del Ejército de Resistencia del Señor, que ha hecho una guerra contra el gobierno atacando a civiles en el norte. Más de 20.000 niños han sido secuestrados y unos 1.6 millones de civiles han sido desplazados. Decenas de miles más han sido matados o heridos.
La investigación de la CCI ya ha elevado la presión sobre las dos partes para terminar el conflicto allá y ha concentrado la atención internacional sobre los abusos. Si las acusaciones se producen y si la CCI procesa a los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, no impedirá que otros perpetradores sean juzgados en los tribunales normales, ni el trabajo de los mecanismo de reconciliación como las comisiones de la verdad.
El gobierno de Bush se opone fuertemente a la CCI aparentemente por preocupaciones de que la corte pudiera participar en juicios políticos de soldados y ciudadanos norteamericanos. Esos temores son injustificados: Sólo los países cuyos sistemas legales no puedan o no quieran fallar en casos que impliquen genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad están dentro del alcance de la corte.
Las manipulaciones del tipo que temen algunos funcionarios norteamericanos son prácticamente imposibles. Un sólido sistema de chequeos y balances impide que los procedimientos de la CCI sean mal usados. Por ejemplo, el fiscal debe contar con el permiso de una sala preliminar de jueces antes de poder iniciar investigaciones o presentar acusaciones. Los estados pueden apelar esas decisiones si creen que sus propios tribunales han fallado apropiadamente. Debido a que Estados Unidos tiene un sistema de justicia criminal que funciona y es capaz de tratar acusaciones de abusos, los ciudadanos norteamericanos no tienen nada que temer de la Corte Criminal Internacional. Quienes si deben temerla, son los dictadores, ejércitos corruptos y grupos armados.
La CCI y un sólido sistema judicial internacional desbaratará la cultura de la impunidad que a menudo protege a los arquitectos de masivas violaciones de los derechos humanos e impedirá que otros cometan esos crímenes.
Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos estuvo a la vanguardia del establecimiento de normas democráticas y humanitarias. La gente con la que hablé durante un viaje reciente a Nigeria se lo tomaron a pecho cuando mencioné una encuesta nacional realizada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Chicago: 69 por ciento de los estadounidenses apoya a la CCI. El gobierno de Bush debería ponerse a todo con el pueblo norteamericano, que entiende que nuestro incapacidad de unirnos a la corte nos pone en el lado equivocado de la historia.
Es hora de que Estados Unidos revierta su posición, apoye a la Corte Criminal Internacional y respalde el llamado a referir a La Haya las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Darfur.
Jonathan F. Fanton es presidente de la Fundación John D. & Catherine T. MacArthur.
30 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
disidencia digital en kuwait
[Steve Coll] La mensajería de texto es la nueva herramienta del underground político.
Ciudad de Kuwait, Kuwait. El celular de Rola Dashti zumbaba en la embriagadora noche el 7 de marzo, horas después de que hubiera ayudado a dirigir la más importante manifestación por el derecho a voto de la mujer en la historia de Kuwait, una clamorosa protesta que terminó cuando cientos de activistas fueron expulsadas del parlamento por gritar desde la galería.
Apretó el botón de mensajes de texto y leyó un anónimo insulto que circula en cientos de teléfonos kuwaitíes, pintadas digitales que atacaban el origen persa de su familia e insultaban a su madre libanesa. "Esto es lo que los votantes ganarán si votan por Rola Dashti", decía el mensaje, según recordaba. "Aprenderán a hablar con acento iraní. Aprenderán a hablar con acento libanés. Y luego aprenderán cómo trabajar en la embajada norteamericana para llenarse los bolsillos".
En esta turbia primavera política de protestas y debates sobre la democracia en los represivos países árabes, la mensajería de texto se ha transformado en un poderoso canal clandestino de declaraciones espontáneas y a menudo groseras, especialmente en las ricas monarquías petroleras del Golfo Pérsico, donde los celulares son comunes -aunque no las inocentes conversaciones sobre política.
Los manifestantes usan la mensajería de texto para movilizar a los seguidores, soslayar a las autoridades y llenar rápidamente los sitios de protesta. Los candidatos que se preparan para las limitadas elecciones usan los servicios de texto para llamar a los partidarios a las urnas o para circular clandestinamente listas de candidatos en países que supuestamente prohíben las agrupaciones políticas. Y a través de todo esto, activistas anónimos bombardean a sus adversarios con miles de chistes, insultos y poemas humorísticos.
"Significa que estoy poniendo nervioso a alguien", dijo Dashti sobre los reproches que recibe. "Estoy en sus listas", dijo, refiriéndose a los activistas conservadores islámicos de Kuwait, y "me estoy acostumbrando, así que no estaré tan choqueada cuando ocurra la noche de las elecciones". Dashti espera presentarse como candidata si la larga campaña por el voto femenino en Kuwait logra vencer, como esperan que ocurra muchos participantes cuando la Asamblea Nacional elegida considere el tema, en abril.
A unos 40 centavos por misiva, los mensajes de texto puede ser un modo barato de movilizar a las masas, pero los países del Golfo están ralamente poblados y flotan sobre ingresos récords por el petróleo. Con un debate político afiebrado este año, muchas de las ricas activistas de la región no pueden resistir la tentación de componer sus propias declaraciones no censuradas y entregar sus ideas políticas a audiencias específicas.
"Mi cuenta va a salir por las nubes", dijo Abduljalil Singace, director de asuntos exteriores de la Sociedad Islámica Nacional Al-Wefaq, de Bahrain, el grupo de oposición más grande del emirato de la isla, un movimiento musulmán chií que está boicoteando ruidosamente el limitado parlamento formado hace tres años.
A mediados de marzo, Singace fue despedido como profesor y presidente de departamento de la Universidad de Bahrain después de que viajara dos veces a Washington a cabildear contra el gobierno real de su país, un cercano aliado de Estados Unidos. Dijo que los servicios de seguridad de Bahrain también le han dicho que cese de enviar mensajes disidentes. El gobierno de Bahrain dice que Singace fue despedido por desatender sus deberes en la universidad.
"Me advirtieron que no usara los mensajes para montar manifestaciones", dijo Singace. Antes de la amenaza, dijo, "yo no estaba seguro de que estuvieran leyendo mis mensajes. Ahora se los estoy contando yo mismo a todo el mundo".
Sin embargo, sigue estando orgulloso de sus textos. Cuando unos consultores de gestión norteamericanos publicaron recientemente un informe sobre cómo podría el gobierno de Bahrain acelerar la reforma de su economía de libre mercado, Singace sacó rápidamente una respuesta y pagó a un servicio comercial para que distribuyera su mensaje en toda la isla.
"La reforma económica sin una reforma política es como un pájaro con un ala", escribió. "¿Podrá volar?"
Los mensajes de texto son sólo lo último en una ola de innovadoras tecnologías de comunicación usadas para retransmitir mensajes de la disidencia árabe durante los últimos 15 años. Exiliados saudíes y activistas islámicos hicieron una guerra clandestina de panfletos por fax a principios y mediados de los años noventa. Durante el mismo período, los canales de televisión por cable hicieron accesible a los espectadores árabes sus imágenes e ideas. Más recientemente, cedés, deuvedés e internet han dominado las publicaciones políticas clandestinas en el Golfo.
Con cada nueva tecnología que ha surgido, los autoritarios gobiernos de la región han tratado de golpear de vuelta. Han enviado censores para controlar las máquinas de fax y bloquear los sitios de disidentes en la red, y han apoyado a inversores pro-gobierno a comprar y gestionar los canales de televisión por satélite. Pero las monarquías del Golfo todavía no saben si y cómo controlar los mensajes de texto.
Si lo hacen, decepcionarán feamente a las devoradoras compañías de celulares, de acuerdo a proveedores de servicios móviles, y las tasas de crecimiento no muestran signos de aminorar.
La enorme población juvenil del Golfo está en el centro del auge. A medida que los jóvenes maduran en sociedades que desalientan los contactos no supervisados con gente del sexo opuesto, la mensajería de texto ofrece un medio para escabullir a los padres y desafiar la segregación sexual. En uno de los destellantes centros comerciales de Riyad, una reciente noche de jueves, bandadas de niñas adolescentes cubiertas por túnicas negras reían tontamente cuando enviaban mensajes a los chicos al otro lado del restaurante. Los adolescentes usan la mensajería para coquetear, organizar eventos sociales e incluso fijar citas clandestinas, dijeron padres y adolescentes saudíes.
Los menos inocentes insultos y la pornografía también fluyen a través de canales de texto. Cuando un proveedor de celulares saudí anunció este mes nuevos servicios de fotografías y audio, emitió un inusual comunicado de prensa para fomentar el uso socialmente responsable de los celulares y proponer que las innovaciones tecnológicas no deben ser responsabilizadas por el hecho de que algunos pocos abusen de ellas.
También en la política del Golfo la mensajería de texto "permite a la gente enviar mensajes que no dirían en público", dijo Fawzi A. Guleid, un agente de programa del Instituto Nacional Democrático de Bahrain. "Me alarman los mensajes que llegan".
Los activistas han aprendido a detonar miles de ataques de mensajes al mismo tiempo que ocultan sus propias identidades. "La gente que usa esos mensajes lo hace para denunciar, insultar a las figuras de oposición, a miembros del parlamento y al gobierno", dijo Guleid, sugiriendo que las nuevas tecnologías fomentan los insultos personales sin restricciones, a medida que se forman nuevas culturas democráticas.
Muchos de los insultos y comentarios sonarían suaves a un político norteamericano.
La nueva tecnología también ayuda a los organizadores demócratas, que a menudo son terriblemente superados por los autoritarios gobiernos del Golfo. En una región donde están prohibidos los partidos políticos formales, pero donde a menudo se toleran las sociedades políticas sueltas, la mensajería de texto permite a los organizadores levantar listas no oficiales de miembros, distribuir noticias sobre activistas detenidos, alentar la participación en las elecciones, preparar mítines y manifestaciones, y desarrollar nuevas campañas temáticas -evitando los diarios, canales de televisión y sitios en la web censurados por el gobierno.
La red en el Golfo de las secciones de la Hermandad Musulamana ha sido particularmente agresiva en la adopción de esas tácticas, dijeron en entrevistas varios de sus líderes y operativos de campaña. La Hermandad es una red global de activistas políticos conservadores musulmanes, a menudo de profesiones de elite, que quieren establecer gobiernos y sociedades religiosas, usualmente por medios pacíficos. Sus miembros controlan los sindicatos estudiantiles y profesionales en toda la región y han obtenido escaños en varios de los limitados parlamentos del Golfo.
Antes de que la mensajería de texto se hiciera comercial, los vendedores en el mercado negro vendían cedés con listas de números de teléfono sacados ilegalmente de ministerios del gobierno o de compañías telefónicas, dijo Mohammed Dallal, abogado y jefe de campaña de la Hermandad en Ciudad de Kuwait. Ahora "las compañías de móviles están prestando esos servicios", dijo. "Les entregas el mensaje y ellos lo enviarán a 40.000 personas, por una tarifa".
Antes de las elecciones municipales este año en Arabia Saudí, las primeras en el reino en décadas, Dallal habló con candidatos prospectivos y operadores de campaña en tres ciudades saudíes. "Traté de convencerlos de que usen la nueva tecnología", dijo.
En Bahrain, los organizadores de la oposición chií que frecuentemente montan manifestaciones no autorizadas o ilegales dijeron que usaron los servicios originalmente destinados a los anuncios comerciales, para mantener las protestas incluso cuando el gobierno trata de silenciarlos.
Las mujeres kuwaitíes que organizan protestas por el derecho a voto dijeron que han sido más efectivas durante la campaña de 2005 que durante sus últimos esfuerzos serios hace cinco años, debido a que la mensajería de texto les permitió llamar a las jóvenes manifestantes para que salgan de las escuelas y se echen a la calle.
Por todos sus atractivos beneficios prácticos, la mensajería de texto también parece ser popular debido a que ha capturado la imaginación literaria pop árabe. En las sociedades del Golfo, donde la retórica es celebrada y la poesía ocupa un lugar prominente, el formato breve y agudo de un mensaje de texto ofrece un nuevo giro sobre la tradición. Los activistas discuten sobre sus composiciones y memorizan sus observaciones favoritas, pasándolas de teléfono en teléfono.
Para Dashti, la activista del sufragio femenino insultada por tener ancestros kuwaitíes poco puros, la herida fue saldada por el mensaje que su propio grupo hizo circular la noche misma de la histórica manifestación, sobre el portavoz del parlamento kuwaití, Jassem Kharafi, que había prohibido el mitin. Las activistas lo acusaron de estar más interesado en hacer dinero con contratos comerciales que en ayudar a conseguir reformas democráticas en Kuwait.
"Si quieres que Kharafi vote por los derechos políticos de las mujeres", escribió un miembro anónimo del movimiento por el sufragio, "no tienes más que presentar los derechos como un contracto de licitación".
28 de marzo de 2005
30 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de Kuwait, Kuwait. El celular de Rola Dashti zumbaba en la embriagadora noche el 7 de marzo, horas después de que hubiera ayudado a dirigir la más importante manifestación por el derecho a voto de la mujer en la historia de Kuwait, una clamorosa protesta que terminó cuando cientos de activistas fueron expulsadas del parlamento por gritar desde la galería.Apretó el botón de mensajes de texto y leyó un anónimo insulto que circula en cientos de teléfonos kuwaitíes, pintadas digitales que atacaban el origen persa de su familia e insultaban a su madre libanesa. "Esto es lo que los votantes ganarán si votan por Rola Dashti", decía el mensaje, según recordaba. "Aprenderán a hablar con acento iraní. Aprenderán a hablar con acento libanés. Y luego aprenderán cómo trabajar en la embajada norteamericana para llenarse los bolsillos".
En esta turbia primavera política de protestas y debates sobre la democracia en los represivos países árabes, la mensajería de texto se ha transformado en un poderoso canal clandestino de declaraciones espontáneas y a menudo groseras, especialmente en las ricas monarquías petroleras del Golfo Pérsico, donde los celulares son comunes -aunque no las inocentes conversaciones sobre política.
Los manifestantes usan la mensajería de texto para movilizar a los seguidores, soslayar a las autoridades y llenar rápidamente los sitios de protesta. Los candidatos que se preparan para las limitadas elecciones usan los servicios de texto para llamar a los partidarios a las urnas o para circular clandestinamente listas de candidatos en países que supuestamente prohíben las agrupaciones políticas. Y a través de todo esto, activistas anónimos bombardean a sus adversarios con miles de chistes, insultos y poemas humorísticos.
"Significa que estoy poniendo nervioso a alguien", dijo Dashti sobre los reproches que recibe. "Estoy en sus listas", dijo, refiriéndose a los activistas conservadores islámicos de Kuwait, y "me estoy acostumbrando, así que no estaré tan choqueada cuando ocurra la noche de las elecciones". Dashti espera presentarse como candidata si la larga campaña por el voto femenino en Kuwait logra vencer, como esperan que ocurra muchos participantes cuando la Asamblea Nacional elegida considere el tema, en abril.
A unos 40 centavos por misiva, los mensajes de texto puede ser un modo barato de movilizar a las masas, pero los países del Golfo están ralamente poblados y flotan sobre ingresos récords por el petróleo. Con un debate político afiebrado este año, muchas de las ricas activistas de la región no pueden resistir la tentación de componer sus propias declaraciones no censuradas y entregar sus ideas políticas a audiencias específicas.
"Mi cuenta va a salir por las nubes", dijo Abduljalil Singace, director de asuntos exteriores de la Sociedad Islámica Nacional Al-Wefaq, de Bahrain, el grupo de oposición más grande del emirato de la isla, un movimiento musulmán chií que está boicoteando ruidosamente el limitado parlamento formado hace tres años.
A mediados de marzo, Singace fue despedido como profesor y presidente de departamento de la Universidad de Bahrain después de que viajara dos veces a Washington a cabildear contra el gobierno real de su país, un cercano aliado de Estados Unidos. Dijo que los servicios de seguridad de Bahrain también le han dicho que cese de enviar mensajes disidentes. El gobierno de Bahrain dice que Singace fue despedido por desatender sus deberes en la universidad.
"Me advirtieron que no usara los mensajes para montar manifestaciones", dijo Singace. Antes de la amenaza, dijo, "yo no estaba seguro de que estuvieran leyendo mis mensajes. Ahora se los estoy contando yo mismo a todo el mundo".
Sin embargo, sigue estando orgulloso de sus textos. Cuando unos consultores de gestión norteamericanos publicaron recientemente un informe sobre cómo podría el gobierno de Bahrain acelerar la reforma de su economía de libre mercado, Singace sacó rápidamente una respuesta y pagó a un servicio comercial para que distribuyera su mensaje en toda la isla.
"La reforma económica sin una reforma política es como un pájaro con un ala", escribió. "¿Podrá volar?"
Los mensajes de texto son sólo lo último en una ola de innovadoras tecnologías de comunicación usadas para retransmitir mensajes de la disidencia árabe durante los últimos 15 años. Exiliados saudíes y activistas islámicos hicieron una guerra clandestina de panfletos por fax a principios y mediados de los años noventa. Durante el mismo período, los canales de televisión por cable hicieron accesible a los espectadores árabes sus imágenes e ideas. Más recientemente, cedés, deuvedés e internet han dominado las publicaciones políticas clandestinas en el Golfo.
Con cada nueva tecnología que ha surgido, los autoritarios gobiernos de la región han tratado de golpear de vuelta. Han enviado censores para controlar las máquinas de fax y bloquear los sitios de disidentes en la red, y han apoyado a inversores pro-gobierno a comprar y gestionar los canales de televisión por satélite. Pero las monarquías del Golfo todavía no saben si y cómo controlar los mensajes de texto.
Si lo hacen, decepcionarán feamente a las devoradoras compañías de celulares, de acuerdo a proveedores de servicios móviles, y las tasas de crecimiento no muestran signos de aminorar.
La enorme población juvenil del Golfo está en el centro del auge. A medida que los jóvenes maduran en sociedades que desalientan los contactos no supervisados con gente del sexo opuesto, la mensajería de texto ofrece un medio para escabullir a los padres y desafiar la segregación sexual. En uno de los destellantes centros comerciales de Riyad, una reciente noche de jueves, bandadas de niñas adolescentes cubiertas por túnicas negras reían tontamente cuando enviaban mensajes a los chicos al otro lado del restaurante. Los adolescentes usan la mensajería para coquetear, organizar eventos sociales e incluso fijar citas clandestinas, dijeron padres y adolescentes saudíes.
Los menos inocentes insultos y la pornografía también fluyen a través de canales de texto. Cuando un proveedor de celulares saudí anunció este mes nuevos servicios de fotografías y audio, emitió un inusual comunicado de prensa para fomentar el uso socialmente responsable de los celulares y proponer que las innovaciones tecnológicas no deben ser responsabilizadas por el hecho de que algunos pocos abusen de ellas.
También en la política del Golfo la mensajería de texto "permite a la gente enviar mensajes que no dirían en público", dijo Fawzi A. Guleid, un agente de programa del Instituto Nacional Democrático de Bahrain. "Me alarman los mensajes que llegan".
Los activistas han aprendido a detonar miles de ataques de mensajes al mismo tiempo que ocultan sus propias identidades. "La gente que usa esos mensajes lo hace para denunciar, insultar a las figuras de oposición, a miembros del parlamento y al gobierno", dijo Guleid, sugiriendo que las nuevas tecnologías fomentan los insultos personales sin restricciones, a medida que se forman nuevas culturas democráticas.
Muchos de los insultos y comentarios sonarían suaves a un político norteamericano.
La nueva tecnología también ayuda a los organizadores demócratas, que a menudo son terriblemente superados por los autoritarios gobiernos del Golfo. En una región donde están prohibidos los partidos políticos formales, pero donde a menudo se toleran las sociedades políticas sueltas, la mensajería de texto permite a los organizadores levantar listas no oficiales de miembros, distribuir noticias sobre activistas detenidos, alentar la participación en las elecciones, preparar mítines y manifestaciones, y desarrollar nuevas campañas temáticas -evitando los diarios, canales de televisión y sitios en la web censurados por el gobierno.
La red en el Golfo de las secciones de la Hermandad Musulamana ha sido particularmente agresiva en la adopción de esas tácticas, dijeron en entrevistas varios de sus líderes y operativos de campaña. La Hermandad es una red global de activistas políticos conservadores musulmanes, a menudo de profesiones de elite, que quieren establecer gobiernos y sociedades religiosas, usualmente por medios pacíficos. Sus miembros controlan los sindicatos estudiantiles y profesionales en toda la región y han obtenido escaños en varios de los limitados parlamentos del Golfo.
Antes de que la mensajería de texto se hiciera comercial, los vendedores en el mercado negro vendían cedés con listas de números de teléfono sacados ilegalmente de ministerios del gobierno o de compañías telefónicas, dijo Mohammed Dallal, abogado y jefe de campaña de la Hermandad en Ciudad de Kuwait. Ahora "las compañías de móviles están prestando esos servicios", dijo. "Les entregas el mensaje y ellos lo enviarán a 40.000 personas, por una tarifa".
Antes de las elecciones municipales este año en Arabia Saudí, las primeras en el reino en décadas, Dallal habló con candidatos prospectivos y operadores de campaña en tres ciudades saudíes. "Traté de convencerlos de que usen la nueva tecnología", dijo.
En Bahrain, los organizadores de la oposición chií que frecuentemente montan manifestaciones no autorizadas o ilegales dijeron que usaron los servicios originalmente destinados a los anuncios comerciales, para mantener las protestas incluso cuando el gobierno trata de silenciarlos.
Las mujeres kuwaitíes que organizan protestas por el derecho a voto dijeron que han sido más efectivas durante la campaña de 2005 que durante sus últimos esfuerzos serios hace cinco años, debido a que la mensajería de texto les permitió llamar a las jóvenes manifestantes para que salgan de las escuelas y se echen a la calle.
Por todos sus atractivos beneficios prácticos, la mensajería de texto también parece ser popular debido a que ha capturado la imaginación literaria pop árabe. En las sociedades del Golfo, donde la retórica es celebrada y la poesía ocupa un lugar prominente, el formato breve y agudo de un mensaje de texto ofrece un nuevo giro sobre la tradición. Los activistas discuten sobre sus composiciones y memorizan sus observaciones favoritas, pasándolas de teléfono en teléfono.
Para Dashti, la activista del sufragio femenino insultada por tener ancestros kuwaitíes poco puros, la herida fue saldada por el mensaje que su propio grupo hizo circular la noche misma de la histórica manifestación, sobre el portavoz del parlamento kuwaití, Jassem Kharafi, que había prohibido el mitin. Las activistas lo acusaron de estar más interesado en hacer dinero con contratos comerciales que en ayudar a conseguir reformas democráticas en Kuwait.
"Si quieres que Kharafi vote por los derechos políticos de las mujeres", escribió un miembro anónimo del movimiento por el sufragio, "no tienes más que presentar los derechos como un contracto de licitación".
28 de marzo de 2005
30 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
canadá niega asilo a desertor
[Doug Struck] Canadá niega asilo a desertor del ejército norteamericano.
Toronto, Canadá. Una comisión que ve los casos de refugiados en Canadá rechazó el jueves una petición de asilo de un desertor del Ejército norteamericano que se niega a ir a la guerra en Iraq, colocando barreras legales al creciente goteo de militares norteamericanos que huyen hacia el norte de la frontera.
La comisión decidió que Jeremy Hinzman, 26, no podía argumentar que había sido injustamente perseguido en Estados Unidos por negarse a servir en lo que dijo era una guerra ilegal.
Hinzman, un especialista en paracaidismo de Rapid City, Dakota del Sur, sirvió en Afganistán pero huyó de Fort Bragg, Carolina del Norte, y entró a Canadá en enero de 2004, después de que su unidad, la División Aerotransportada 82, recibiera órdenes de marchar a Iraq.
"Nos ataron de manos, porque no pudimos argumentar sobre la legalidad de la guerra", dijo Hinzman a varias decenas de manifestantes, incluyendo a dos desertores americanos, que se reunieron frente al consulado norteamericano después de la decisión. Trabajando ahora como mensajero en bicicleta, Hinzman se acercó pedaleando después de su jornada, acompañado por gritos de: "Aquí son bienvenidos los que se oponen a la guerra".
Su abogado, Jeffry House, dijo que otros nueve militares han iniciado el proceso de petición de asilo y calculó que había "unos cien" escondidos en Canadá.
"Obviamente, estamos decepcionados", dijo House. "Pero no nos vamos a rendir. Creemos que la decisión es incorrecta, y recurriremos".
House dijo que la resolución era un revés para los que huían de la guerra, pero que no significaba que "esos casos no se puedan ganar".
La decisión se produce dos semanas después de la llegada de otro militar, que sirvió ocho meses en Iraq antes de huir a Canadá con su esposa y cuatro hijos pequeños. El soldado de primera clase del Ejército, Joshua Key, 26, sirvió como ingeniero de combate en Faluya y Ramadi, en la violenta área del Triángulo Sunní, antes de desertar durante un permiso.
En Canadá dijo a periodistas que se negó a volver a Iraq debido a "las atrocidades que se estaban cometiendo contra gente inocente en Iraq".
Hinzman, cuyo caso es el primero en ser visto por una comisión de refugio, trató de plantear argumentos similares, pero la comisión se negó a aceptar esos alegatos, junto con los de que era perseguido por acatar su conciencia. Pero la comisión observó que Estados Unidos, como democracia, daría a Hinzman "completa garantía de un proceso judicial... justo e independiente" si volvía y se presentaba a su juicio.
Hinzman inicialmente pidió acogerse al estatuto de objetor de conciencia en el Ejército, pero se le denegó. La comisión de refugio dijo que "Hinzman estaba motivado sin duda alguna por su código ético" al negarse a servir, pero que no había probado que era un refugiado huyendo de una persecución. La comisión concluyó que su probable castigo en Estados Unidos no sería "excesivo ni desproporcionadamente severo".
El caso ha sido seguido cuidadosamente en Canadá, donde la opinión pública se opuso masivamente a la invasión de Iraq. House, el abogado de Hinzman, huyó de la Guerra de Vietnam en 1970, y Hinzman fue apoyado por otros antiguos desertores de Vietnam que se quedaron en Canadá.
26 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Toronto, Canadá. Una comisión que ve los casos de refugiados en Canadá rechazó el jueves una petición de asilo de un desertor del Ejército norteamericano que se niega a ir a la guerra en Iraq, colocando barreras legales al creciente goteo de militares norteamericanos que huyen hacia el norte de la frontera.La comisión decidió que Jeremy Hinzman, 26, no podía argumentar que había sido injustamente perseguido en Estados Unidos por negarse a servir en lo que dijo era una guerra ilegal.
Hinzman, un especialista en paracaidismo de Rapid City, Dakota del Sur, sirvió en Afganistán pero huyó de Fort Bragg, Carolina del Norte, y entró a Canadá en enero de 2004, después de que su unidad, la División Aerotransportada 82, recibiera órdenes de marchar a Iraq.
"Nos ataron de manos, porque no pudimos argumentar sobre la legalidad de la guerra", dijo Hinzman a varias decenas de manifestantes, incluyendo a dos desertores americanos, que se reunieron frente al consulado norteamericano después de la decisión. Trabajando ahora como mensajero en bicicleta, Hinzman se acercó pedaleando después de su jornada, acompañado por gritos de: "Aquí son bienvenidos los que se oponen a la guerra".
Su abogado, Jeffry House, dijo que otros nueve militares han iniciado el proceso de petición de asilo y calculó que había "unos cien" escondidos en Canadá.
"Obviamente, estamos decepcionados", dijo House. "Pero no nos vamos a rendir. Creemos que la decisión es incorrecta, y recurriremos".
House dijo que la resolución era un revés para los que huían de la guerra, pero que no significaba que "esos casos no se puedan ganar".
La decisión se produce dos semanas después de la llegada de otro militar, que sirvió ocho meses en Iraq antes de huir a Canadá con su esposa y cuatro hijos pequeños. El soldado de primera clase del Ejército, Joshua Key, 26, sirvió como ingeniero de combate en Faluya y Ramadi, en la violenta área del Triángulo Sunní, antes de desertar durante un permiso.
En Canadá dijo a periodistas que se negó a volver a Iraq debido a "las atrocidades que se estaban cometiendo contra gente inocente en Iraq".
Hinzman, cuyo caso es el primero en ser visto por una comisión de refugio, trató de plantear argumentos similares, pero la comisión se negó a aceptar esos alegatos, junto con los de que era perseguido por acatar su conciencia. Pero la comisión observó que Estados Unidos, como democracia, daría a Hinzman "completa garantía de un proceso judicial... justo e independiente" si volvía y se presentaba a su juicio.
Hinzman inicialmente pidió acogerse al estatuto de objetor de conciencia en el Ejército, pero se le denegó. La comisión de refugio dijo que "Hinzman estaba motivado sin duda alguna por su código ético" al negarse a servir, pero que no había probado que era un refugiado huyendo de una persecución. La comisión concluyó que su probable castigo en Estados Unidos no sería "excesivo ni desproporcionadamente severo".
El caso ha sido seguido cuidadosamente en Canadá, donde la opinión pública se opuso masivamente a la invasión de Iraq. House, el abogado de Hinzman, huyó de la Guerra de Vietnam en 1970, y Hinzman fue apoyado por otros antiguos desertores de Vietnam que se quedaron en Canadá.
26 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh