cia secuestra en europa
[Craig Whitlock] Los sospechosos fueron posiblemente entregados a países que torturan.
Milán, Italia. Un clérigo egipcio radical conocido como Abu Omar se dirigía en febrero de 2003 hacia una mezquita en Milán para las oraciones del mediodía cuando fue agarrado en la acera por dos hombres que le arrojaron químicos a la cara y lo metieron en una furgoneta. No se le ha vuelto a ver desde entonces.
Sin embargo, detectives de Milán parecen ahora estar a punto a identificar a sus secuestradores. El mes pasado, funcionarios se presentaron en la Base Aérea Aviano al norte de Italia y exigieron los archivos de cualquier avión norteamericano que hubiera entrado o salido de la planta militar conjunta italiano-americana en la época de los secuestros. También pidieron los diarios de navegación de los vehículos que entraron a la base.
Las autoridades italianas sospechan que el egipcio fue el blanco de una operación organizada por la CIA conocida como entrega', en las que los sospechosos de terrorismo son llevados a la fuerza para ser interrogados en países donde se practica la tortura.
La pesquisa italiana es una de las tres investigaciones oficiales que han salido a superficie el año pasado sobre las entregas que se cree tomaron lugar en Europa occidental. Aunque normalmente la CIA realiza operaciones con la ayuda o la bendición de los servicios de inteligencia locales, las autoridades policiales en Italia, Alemania y Suecia están estudiando si los agentes norteamericanos han violado leyes locales al detener a sospechosos de terrorismo en suelo europeo para someterlos a maltratos o torturas.
La CIA ha mantenido los detalles sobre los casos de entrega como un bien guardado secreto, pero ha defendido la polémica práctica como un medio efectivo y legal de prevenir el terrorismo. Funcionarios de inteligencia han declarado que han descansado en esa táctica con mayor frecuencia desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Para las entregas, el gobierno de Bush ha contado con el respaldo de gobiernos que han sido criticados por sus antecedentes de derechos humanos, incluyendo a Egipto, Jordania y Pakistán, adonde se ha trasladado a los sospechosos para ser interrogados. Pero el gobierno está recibiendo una recepción muy diferente en Europa, donde legisladores y fiscales están preguntándose si acaso la práctica no constituye una flagrante violación de la soberanía local y de derechos humanos.
Hay muchas barreras prácticas y jurídicas para presentar cargos criminales contra los agentes norteamericanos, incluyendo la pregunta de si son protegidos por la inmunidad diplomática y la tarea de determinar su identidad. Sin embargo, fiscales en Italia y Alemania no han excluido la posibilidad de presentar cargos criminales. Al mismo tiempo, los detectives europeos están logrando nuevas revelaciones sobre la sospechada implicación de Estados Unidos en la desaparición de cuatro hombres, sin incluir al egipcio, cada uno de los cuales denuncia que fueron maltratados físicamente y más tarde torturados.
En Alemania, Khaled Masri, 41, dijo a las autoridades que fue detenido durante unas vacaciones en los Balcanes y llevado por avión a Kabul, Afganistán, en enero de 2004, donde fue retenido como sospechoso de terrorismo durante cuatro meses. Dijo que fue sólo después de este período que sus secuestradores se dieron cuenta de que él no era el sospechoso de Al Qaeda que andaban buscando y lo devolvieron a los Balcanes, dejándolo en la ladera de un cerro junto a la frontera albana. Recordó que sus secuestradores hablaban inglés con acento americano.
Fiscales alemanes, después de varios meses de estudiar su relato han confirmado varias partes claves de su historia y la están investigando como un secuestro.
"De momento, no he visto ningún indicio de que esté mintiendo. Muchas, muchas piezas del puzzle han sido corroboradas", dijo Martin Hofmann, un fiscal de Munich que supervisa la pesquisa. "He tratado de determinar quiénes lo detuvieron, quiénes lo torturaron o maltrataron y quiénes son los responsables".
En Suecia, una investigación parlamentaria concluyó que agentes de la CIA con capuchas orquestaron en diciembre de 2001 el traslado forzoso de dos nacionales egipcios en un avión con inscripción norteamericana a El Cairo, donde, denunciaron los hombres, fueron torturados en una cárcel.
Uno de los hombres fue más tarde exonerado como sospechoso de terrorismo por la policía egipcia, mientras el otro sigue en prisión allá. Los detalles de la operación secreta han causado conmoción en Suecia, un importante defensor de los derechos humanos.
Aunque las autoridades suecas han invitado secretamente a la CIA a colaborar en la operación, las revelaciones llevaron la semana pasada al director de la policía de seguridad de Suecia a prometer que su agencia no permitirá nunca que agentes extranjeros vuelvan a hacer una cosa así.
"En el futuro usaremos leyes suecas, medidas coercitivas suecas y a la aviación militar sueca cuando se deporte a terroristas", dijo a periodistas el jefe de la policía de seguridad, Klas Bergenstrand. "De ese modo controlaremos toda la situación".
En Milán el clérigo nacido en Egipto concitó la atención de la policía contraterrorista poco después de llegar a Italia en 1997 desde Albania. Conocido como Abu Omar, su nombre completo es Hassan Mustafa Osama Nasr. Tenía 42 años, era un veterano de las guerras de Bosnia y Afganistán y estaba siendo buscado en Egipto, donde las autoridades lo han acusado de pertenecer a un grupo islámico radical prohibido.
Nasr predicaba frecuentemente en dos mezquitas en Milán que han atraído durante mucho tiempo a extremistas religiosos y políticos, de acuerdo a funcionarios italianos y norteamericanos. Una de las mezquitas, un garaje rehabilitado en Viale Jenner, es considerada como una financista de causas terroristas por el ministerio de Hacienda norteamericano, que la ha acusado de apoyar "el movimiento de armas, hombres y dinero en todo el mundo".
Nasr reforzó la reputación de la mezquita predicando furiosamente contra la invasión de Afganistán encabezada por los norteamericanos y repartiendo vitriólicos panfletos contra la política norteamericana en Oriente Medio. La policía contraterrorista italiana pinchó su teléfono en casa y lo mantuvo bajo vigilancia.
"Era el tipo de persona que, digámoslo así, no se expresaba diplomáticamente", dijo Abdelhamid Shaari, presidente del Centro Cultural Islámico de Viale Jenner, que niega que la mezquita o el centro financien el terrorismo u otras actividades ilegales. "Cuando atacaba a Estados Unidos no proponía medidas a medidas. Iba derechamente al punto".
Cuando desapareció Nasr, su familia y funcionarios de la mezquita denunciaron el secuestro después de que un testigo viera la abducción. El testigo, una inmigrante reciente, dijo sin embargo que tenía demasiado miedo como para repetir su historia a la policía, lo que llevó a algunos detectives a especular que Nasr había desaparecido por su propia voluntad y se había marchado a Iraq a pelear contra las tropas norteamericanas.
La policía italiana inició una pesquisa por desaparición, pero el caso se estancó durante más de un año. Eso cambió en abril de 2004 cuando la esposa de Nasr recibió inesperadamente una llamada telefónica de su marido. Le dijo que había sido secuestrado y llevado a una base aérea norteamericana en Italia. Dijo que fue trasladado por avión a otra base norteamericana, antes de ser llevado a El Cairo.
La llamada fue grabada por la policía italiana, que había seguido pinchando el teléfono de la casa de Nasr. Aunque las transcripciones no se han hecho públicas, los colegas de Nasr en la mezquita dijeron que dijo que había sido torturado y mantenido desnudo a temperaturas bajo cero en una cárcel de El Cairo.
Durante la llamada, Nasr contó a su esposa que había sido liberado de la cárcel en Egipto, pero que seguía bajo arresto domiciliario. Sus familiares han dicho que creen que fue encarcelado poco después de que los diarios italianos informaran sobre la conversación detectada.
La existencia de la intervención telefónica fue revelada en documentos judiciales sellados consultados por el Washington Post. Los documentos, que se remontan a la primavera de 2004, incluyen la autorización de un juez de continuar la intervención y muestra que los detectives están estudiando la teoría de que agentes encubiertos -posiblemente de Estados Unidos, Italia o Egipto- están detrás del secuestro.
Detectives italianos han determinado desde entonces que 15 agentes, algunos de ellos operativos de la CIA, estuvieron implicados en el secuestro de Nasr, de acuerdo a informes del importante diario italiano Corriere della Sera. Los detectives fueron capaces de trazar llamadas hechas por agentes relacionando unas llamadas hechas con los mismos teléfonos cerca de la mezquita y de la Base Aérea Aviano el día en que desapareció Nasr, informó el diario.
La investigación está siendo conducida por Armando Spataro, un conocido fiscal contraterrorista cuyo despacho se ha construido un cabezona reputación por obtener convicciones en casos de mafia y corrupción política. Spataro, que ha trabajado en el pasado estrechamente con funcionarios norteamericanos, confirmó que visitó Aviano el mes pasado, pero se negó a hacer comentarios.
El capitán Eric Elliot, un portavoz militar norteamericano de Aviano, dijo que Spataro se reunió durante varias horas en la base con oficiales militares italianos, los que luego presentaron una petición a sus contrapartes americanos para consultar sus archivos. Elliot se negó a decir qué archivos se buscaban, diciendo que la "investigación está en curso".
La embajada norteamericana en Roma se negó a responder preguntas sobre si agentes norteamericanos estuvieron implicados en la desaparición de Nasr. "No hacemos comentarios sobre asuntos de inteligencia", dijo Ben Duffy, un portavoz de la embajada.
Legisladores de la oposición italiana han exigido respuestas al gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi sobre si agentes italianos o el servicio de inteligencia jugó algún papel. Pero ministros de gobierno han permanecido con la boca cerrada.
Shaari, el director del centro de cultura islámica de Milán, dijo que algunos musulmanes están preocupados de que también ellos puedan ser secuestrados.
"Si pueden secuestrar a Abu Omar, entonces pueden secuestrar a cualquiera", dijo. "Este es un precedente extremadamente peligroso, tanto para la comunidad musulmana y para Italia como para un estado democrático y libre".
Denuncias Verificadas
A fines de diciembre de 2003, Khaled Masri tuvo una agria discusión con su esposa en su ciudad natal de Ulm, Alemania. Acordaron que él se marcharía por algunos días, así que compró un billete de autobús para Skopje, Macedonia.
En la Víspera de Año Nuevo en la frontera macedónica, funcionarios de inmigración controlaron su pasaporte y lo detuvieron, sin darle explicaciones. Más tarde otros agentes lo interrogaron y lo presionaron para que admitiera que era miembro de Al Qaeda, de acuerdo a informes que dio Masri a su abogado y a fiscales alemanes.
Marsi se declaró inocente, pero fue mantenido bajo guardia en Macedonia durante tres semanas. Dijo que un día a fines de enero de 2004 fue golpeado, desnudado, encadenado y colocado en un avión que lo llevó a Afganistán. Allá fue mantenido en una celda en terribles condiciones, privado de agua e interrogado repetidas veces. Sus secuestradores se ablandaron sólo después de declarar una huelga de hambre, dijo; fue llevado de vuelta a los Balcanes en mayo de 2004.
Dijo que fue liberado cerca de un puesto de control en la frontera albana, donde los guardias le devolvieron su pasaporte y dinero. Para cuando llegó a casa incluso su esposa se mostraba reluctante a creer su historia, pensando que la había dejado por otra mujer, de acuerdo a su abogado.
La policía alemana ha interrogado a Masri varias veces y dijo que habían concluido que su versión de los acontecimientos era consistente y creíble. Los sellos en su pasaporte muestran que entró a Macedonia y salió de Albania en las fechas que dijo. El chofer del autobús de la ruta a Skopje confirmó ante los detectives que Masri estuvo a bordo y que fue detenido por guardias fronterizos.
Los detectives han realizado un análisis químico radioisótopo del pelo de Masri. Dijeron que los hallazgos confirmaban su historia de que fue mal alimentado durante su cautiverio. Los registros de vuelo también apoyan la denuncia de Masri de que fue sacado en avión de Macedonia por agentes secretos norteamericanos. Archivos de la aviación muestran que un Boeing inscrito en Estados Unidos llegó a Skopje a las 9 de la noche del 23 de enero de 2004 y partió unas seis horas más tarde. Masri había proporcionado a los detectives alemanes la misma hora y fecha.
El registro de vuelo muestra que el avión debía partir con destino a Kabul, pero más tarde modificó su ruta para incluir una parada en Bagdad. La existencia de los registros de vuelo fue primero reportada por Frontal 21, un programa de noticias en la red de televisión alemana ZDF. El Washinton Post obtuvo una copia de los registros de vuelo.
El avión, con el número de registro N313P, fue inscrito en la época por una firma norteamericana, la Premier Executive Transport Services Inc., que los archivos sugieren es una compañía que sirva de fachada a la CIA. La misma firma poseía otro avión, un jet Gulfsftream, que ha sido usado en otros casos de entregas, incluyendo la de Suecia.
El abogado de Masri y detectives dicen que piensan que fue secuestrado porque su nombre es similar al de un sospechoso de Al Qaeda, Khalid Masri, que supuestamente jugó un papel crucial en convencer a los miembros de la célula de Hamburgo que llevaron a cabo los atentados de 11 de septiembre de visitar Afganistán, donde se reunieron primero con Osama bin Laden.
Manfred Gnijdic, el abogado, dice que ha pedido explicaciones sobre lo ocurrido a la embajada norteamericana en Berlín, pero no ha recibido respuesta.
"Estamos seguros de que son ellos los que están detrás de todo esto", dijo Gnijdic. "Queremos que sean castigados y rindan cuentas".
Robert Wood, un portavoz de la embajada, se negó a responder preguntas específicas sobre el caso. "Pero nuestra posición es bastante clara", dijo. "Estados Unidos no transfiere detenidos a países donde creemos que es probable que sean torturados".
Funcionarios macedónicos tampoco tienen mucho que decir. "Nuestra respuesta es que no tenemos comentarios", dijo Goran Pavlovski, portavoz del ministerio del Interior macedónico. "Si los alemanes quieren información, deberían pedirla, y responderemos".
Según la ley alemana, los fiscales están autorizados para investigar cualquier crimen cometido contra un ciudadano alemán, incluso en el extranjero.
Hofmann, el fiscal de Munich, reconoció que tiene poderes limitados para investigar casos fuera de Alemania. Pero dijo que estaba preparando una petición formal de ayuda legal para el gobierno macedónico, así como para funcionarios albaneses y afganos.
"Tengo confianza en que nos entreguen esa información", dijo. "Este caso tiene una considerable importancia política. Hay bastante presión sobre todos los involucrados".
Julie Tate en Washington contribuyó a este reportaje.
13 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Milán, Italia. Un clérigo egipcio radical conocido como Abu Omar se dirigía en febrero de 2003 hacia una mezquita en Milán para las oraciones del mediodía cuando fue agarrado en la acera por dos hombres que le arrojaron químicos a la cara y lo metieron en una furgoneta. No se le ha vuelto a ver desde entonces.Sin embargo, detectives de Milán parecen ahora estar a punto a identificar a sus secuestradores. El mes pasado, funcionarios se presentaron en la Base Aérea Aviano al norte de Italia y exigieron los archivos de cualquier avión norteamericano que hubiera entrado o salido de la planta militar conjunta italiano-americana en la época de los secuestros. También pidieron los diarios de navegación de los vehículos que entraron a la base.
Las autoridades italianas sospechan que el egipcio fue el blanco de una operación organizada por la CIA conocida como entrega', en las que los sospechosos de terrorismo son llevados a la fuerza para ser interrogados en países donde se practica la tortura.
La pesquisa italiana es una de las tres investigaciones oficiales que han salido a superficie el año pasado sobre las entregas que se cree tomaron lugar en Europa occidental. Aunque normalmente la CIA realiza operaciones con la ayuda o la bendición de los servicios de inteligencia locales, las autoridades policiales en Italia, Alemania y Suecia están estudiando si los agentes norteamericanos han violado leyes locales al detener a sospechosos de terrorismo en suelo europeo para someterlos a maltratos o torturas.
La CIA ha mantenido los detalles sobre los casos de entrega como un bien guardado secreto, pero ha defendido la polémica práctica como un medio efectivo y legal de prevenir el terrorismo. Funcionarios de inteligencia han declarado que han descansado en esa táctica con mayor frecuencia desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Para las entregas, el gobierno de Bush ha contado con el respaldo de gobiernos que han sido criticados por sus antecedentes de derechos humanos, incluyendo a Egipto, Jordania y Pakistán, adonde se ha trasladado a los sospechosos para ser interrogados. Pero el gobierno está recibiendo una recepción muy diferente en Europa, donde legisladores y fiscales están preguntándose si acaso la práctica no constituye una flagrante violación de la soberanía local y de derechos humanos.
Hay muchas barreras prácticas y jurídicas para presentar cargos criminales contra los agentes norteamericanos, incluyendo la pregunta de si son protegidos por la inmunidad diplomática y la tarea de determinar su identidad. Sin embargo, fiscales en Italia y Alemania no han excluido la posibilidad de presentar cargos criminales. Al mismo tiempo, los detectives europeos están logrando nuevas revelaciones sobre la sospechada implicación de Estados Unidos en la desaparición de cuatro hombres, sin incluir al egipcio, cada uno de los cuales denuncia que fueron maltratados físicamente y más tarde torturados.
En Alemania, Khaled Masri, 41, dijo a las autoridades que fue detenido durante unas vacaciones en los Balcanes y llevado por avión a Kabul, Afganistán, en enero de 2004, donde fue retenido como sospechoso de terrorismo durante cuatro meses. Dijo que fue sólo después de este período que sus secuestradores se dieron cuenta de que él no era el sospechoso de Al Qaeda que andaban buscando y lo devolvieron a los Balcanes, dejándolo en la ladera de un cerro junto a la frontera albana. Recordó que sus secuestradores hablaban inglés con acento americano.
Fiscales alemanes, después de varios meses de estudiar su relato han confirmado varias partes claves de su historia y la están investigando como un secuestro.
"De momento, no he visto ningún indicio de que esté mintiendo. Muchas, muchas piezas del puzzle han sido corroboradas", dijo Martin Hofmann, un fiscal de Munich que supervisa la pesquisa. "He tratado de determinar quiénes lo detuvieron, quiénes lo torturaron o maltrataron y quiénes son los responsables".
En Suecia, una investigación parlamentaria concluyó que agentes de la CIA con capuchas orquestaron en diciembre de 2001 el traslado forzoso de dos nacionales egipcios en un avión con inscripción norteamericana a El Cairo, donde, denunciaron los hombres, fueron torturados en una cárcel.
Uno de los hombres fue más tarde exonerado como sospechoso de terrorismo por la policía egipcia, mientras el otro sigue en prisión allá. Los detalles de la operación secreta han causado conmoción en Suecia, un importante defensor de los derechos humanos.
Aunque las autoridades suecas han invitado secretamente a la CIA a colaborar en la operación, las revelaciones llevaron la semana pasada al director de la policía de seguridad de Suecia a prometer que su agencia no permitirá nunca que agentes extranjeros vuelvan a hacer una cosa así.
"En el futuro usaremos leyes suecas, medidas coercitivas suecas y a la aviación militar sueca cuando se deporte a terroristas", dijo a periodistas el jefe de la policía de seguridad, Klas Bergenstrand. "De ese modo controlaremos toda la situación".
En Milán el clérigo nacido en Egipto concitó la atención de la policía contraterrorista poco después de llegar a Italia en 1997 desde Albania. Conocido como Abu Omar, su nombre completo es Hassan Mustafa Osama Nasr. Tenía 42 años, era un veterano de las guerras de Bosnia y Afganistán y estaba siendo buscado en Egipto, donde las autoridades lo han acusado de pertenecer a un grupo islámico radical prohibido.
Nasr predicaba frecuentemente en dos mezquitas en Milán que han atraído durante mucho tiempo a extremistas religiosos y políticos, de acuerdo a funcionarios italianos y norteamericanos. Una de las mezquitas, un garaje rehabilitado en Viale Jenner, es considerada como una financista de causas terroristas por el ministerio de Hacienda norteamericano, que la ha acusado de apoyar "el movimiento de armas, hombres y dinero en todo el mundo".
Nasr reforzó la reputación de la mezquita predicando furiosamente contra la invasión de Afganistán encabezada por los norteamericanos y repartiendo vitriólicos panfletos contra la política norteamericana en Oriente Medio. La policía contraterrorista italiana pinchó su teléfono en casa y lo mantuvo bajo vigilancia.
"Era el tipo de persona que, digámoslo así, no se expresaba diplomáticamente", dijo Abdelhamid Shaari, presidente del Centro Cultural Islámico de Viale Jenner, que niega que la mezquita o el centro financien el terrorismo u otras actividades ilegales. "Cuando atacaba a Estados Unidos no proponía medidas a medidas. Iba derechamente al punto".
Cuando desapareció Nasr, su familia y funcionarios de la mezquita denunciaron el secuestro después de que un testigo viera la abducción. El testigo, una inmigrante reciente, dijo sin embargo que tenía demasiado miedo como para repetir su historia a la policía, lo que llevó a algunos detectives a especular que Nasr había desaparecido por su propia voluntad y se había marchado a Iraq a pelear contra las tropas norteamericanas.
La policía italiana inició una pesquisa por desaparición, pero el caso se estancó durante más de un año. Eso cambió en abril de 2004 cuando la esposa de Nasr recibió inesperadamente una llamada telefónica de su marido. Le dijo que había sido secuestrado y llevado a una base aérea norteamericana en Italia. Dijo que fue trasladado por avión a otra base norteamericana, antes de ser llevado a El Cairo.
La llamada fue grabada por la policía italiana, que había seguido pinchando el teléfono de la casa de Nasr. Aunque las transcripciones no se han hecho públicas, los colegas de Nasr en la mezquita dijeron que dijo que había sido torturado y mantenido desnudo a temperaturas bajo cero en una cárcel de El Cairo.
Durante la llamada, Nasr contó a su esposa que había sido liberado de la cárcel en Egipto, pero que seguía bajo arresto domiciliario. Sus familiares han dicho que creen que fue encarcelado poco después de que los diarios italianos informaran sobre la conversación detectada.
La existencia de la intervención telefónica fue revelada en documentos judiciales sellados consultados por el Washington Post. Los documentos, que se remontan a la primavera de 2004, incluyen la autorización de un juez de continuar la intervención y muestra que los detectives están estudiando la teoría de que agentes encubiertos -posiblemente de Estados Unidos, Italia o Egipto- están detrás del secuestro.
Detectives italianos han determinado desde entonces que 15 agentes, algunos de ellos operativos de la CIA, estuvieron implicados en el secuestro de Nasr, de acuerdo a informes del importante diario italiano Corriere della Sera. Los detectives fueron capaces de trazar llamadas hechas por agentes relacionando unas llamadas hechas con los mismos teléfonos cerca de la mezquita y de la Base Aérea Aviano el día en que desapareció Nasr, informó el diario.
La investigación está siendo conducida por Armando Spataro, un conocido fiscal contraterrorista cuyo despacho se ha construido un cabezona reputación por obtener convicciones en casos de mafia y corrupción política. Spataro, que ha trabajado en el pasado estrechamente con funcionarios norteamericanos, confirmó que visitó Aviano el mes pasado, pero se negó a hacer comentarios.
El capitán Eric Elliot, un portavoz militar norteamericano de Aviano, dijo que Spataro se reunió durante varias horas en la base con oficiales militares italianos, los que luego presentaron una petición a sus contrapartes americanos para consultar sus archivos. Elliot se negó a decir qué archivos se buscaban, diciendo que la "investigación está en curso".
La embajada norteamericana en Roma se negó a responder preguntas sobre si agentes norteamericanos estuvieron implicados en la desaparición de Nasr. "No hacemos comentarios sobre asuntos de inteligencia", dijo Ben Duffy, un portavoz de la embajada.
Legisladores de la oposición italiana han exigido respuestas al gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi sobre si agentes italianos o el servicio de inteligencia jugó algún papel. Pero ministros de gobierno han permanecido con la boca cerrada.
Shaari, el director del centro de cultura islámica de Milán, dijo que algunos musulmanes están preocupados de que también ellos puedan ser secuestrados.
"Si pueden secuestrar a Abu Omar, entonces pueden secuestrar a cualquiera", dijo. "Este es un precedente extremadamente peligroso, tanto para la comunidad musulmana y para Italia como para un estado democrático y libre".
Denuncias Verificadas
A fines de diciembre de 2003, Khaled Masri tuvo una agria discusión con su esposa en su ciudad natal de Ulm, Alemania. Acordaron que él se marcharía por algunos días, así que compró un billete de autobús para Skopje, Macedonia.
En la Víspera de Año Nuevo en la frontera macedónica, funcionarios de inmigración controlaron su pasaporte y lo detuvieron, sin darle explicaciones. Más tarde otros agentes lo interrogaron y lo presionaron para que admitiera que era miembro de Al Qaeda, de acuerdo a informes que dio Masri a su abogado y a fiscales alemanes.
Marsi se declaró inocente, pero fue mantenido bajo guardia en Macedonia durante tres semanas. Dijo que un día a fines de enero de 2004 fue golpeado, desnudado, encadenado y colocado en un avión que lo llevó a Afganistán. Allá fue mantenido en una celda en terribles condiciones, privado de agua e interrogado repetidas veces. Sus secuestradores se ablandaron sólo después de declarar una huelga de hambre, dijo; fue llevado de vuelta a los Balcanes en mayo de 2004.
Dijo que fue liberado cerca de un puesto de control en la frontera albana, donde los guardias le devolvieron su pasaporte y dinero. Para cuando llegó a casa incluso su esposa se mostraba reluctante a creer su historia, pensando que la había dejado por otra mujer, de acuerdo a su abogado.
La policía alemana ha interrogado a Masri varias veces y dijo que habían concluido que su versión de los acontecimientos era consistente y creíble. Los sellos en su pasaporte muestran que entró a Macedonia y salió de Albania en las fechas que dijo. El chofer del autobús de la ruta a Skopje confirmó ante los detectives que Masri estuvo a bordo y que fue detenido por guardias fronterizos.
Los detectives han realizado un análisis químico radioisótopo del pelo de Masri. Dijeron que los hallazgos confirmaban su historia de que fue mal alimentado durante su cautiverio. Los registros de vuelo también apoyan la denuncia de Masri de que fue sacado en avión de Macedonia por agentes secretos norteamericanos. Archivos de la aviación muestran que un Boeing inscrito en Estados Unidos llegó a Skopje a las 9 de la noche del 23 de enero de 2004 y partió unas seis horas más tarde. Masri había proporcionado a los detectives alemanes la misma hora y fecha.
El registro de vuelo muestra que el avión debía partir con destino a Kabul, pero más tarde modificó su ruta para incluir una parada en Bagdad. La existencia de los registros de vuelo fue primero reportada por Frontal 21, un programa de noticias en la red de televisión alemana ZDF. El Washinton Post obtuvo una copia de los registros de vuelo.
El avión, con el número de registro N313P, fue inscrito en la época por una firma norteamericana, la Premier Executive Transport Services Inc., que los archivos sugieren es una compañía que sirva de fachada a la CIA. La misma firma poseía otro avión, un jet Gulfsftream, que ha sido usado en otros casos de entregas, incluyendo la de Suecia.
El abogado de Masri y detectives dicen que piensan que fue secuestrado porque su nombre es similar al de un sospechoso de Al Qaeda, Khalid Masri, que supuestamente jugó un papel crucial en convencer a los miembros de la célula de Hamburgo que llevaron a cabo los atentados de 11 de septiembre de visitar Afganistán, donde se reunieron primero con Osama bin Laden.
Manfred Gnijdic, el abogado, dice que ha pedido explicaciones sobre lo ocurrido a la embajada norteamericana en Berlín, pero no ha recibido respuesta.
"Estamos seguros de que son ellos los que están detrás de todo esto", dijo Gnijdic. "Queremos que sean castigados y rindan cuentas".
Robert Wood, un portavoz de la embajada, se negó a responder preguntas específicas sobre el caso. "Pero nuestra posición es bastante clara", dijo. "Estados Unidos no transfiere detenidos a países donde creemos que es probable que sean torturados".
Funcionarios macedónicos tampoco tienen mucho que decir. "Nuestra respuesta es que no tenemos comentarios", dijo Goran Pavlovski, portavoz del ministerio del Interior macedónico. "Si los alemanes quieren información, deberían pedirla, y responderemos".
Según la ley alemana, los fiscales están autorizados para investigar cualquier crimen cometido contra un ciudadano alemán, incluso en el extranjero.
Hofmann, el fiscal de Munich, reconoció que tiene poderes limitados para investigar casos fuera de Alemania. Pero dijo que estaba preparando una petición formal de ayuda legal para el gobierno macedónico, así como para funcionarios albaneses y afganos.
"Tengo confianza en que nos entreguen esa información", dijo. "Este caso tiene una considerable importancia política. Hay bastante presión sobre todos los involucrados".
Julie Tate en Washington contribuyó a este reportaje.
13 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
muertes inoportunas en ucrania
[Kim Murphy] Extraños suicidios y accidentes de automóvil entre enemigos del antiguo régimen.
Kiev, Ucrania. Según informes oficiales, Yuri Kravchenko murió por su propia mano.
El antiguo ministro del Interior ucraniano, que debía reunirse en sólo unas horas con los fiscales para entregar su testimonio en un caso altamente publicitado de un asesinato político, apuntó una pistola contra su barbilla y disparó. La bala desgarró su mejilla y su mandíbula. Entonces apuntó a su sien y disparó de nuevo.
Suicidio, concluyeron detectives del gobierno.
Exactamente un 13.1 por ciento de los ucranianos que respondieron a un sondeo por internet del Kiev Post creen que fue suicidio. Más del 80 por ciento piensa que Kravchenko fue asesinado este mes para evitar que declarara, posiblemente implicando al antiguo presidente Leonid D. Kuchma en la decapitación del periodista Georgi Gongadze y otros crímenes. Muchos están seguros de que incluso si Kravchenko apretó el gatillo, lo hizo obligado por sus antiguos y poderosos amigos.
También se concluyó que había sido suicidio cuando el ministro de Transporte, Hryhoriy Kirpa, del que se cree que estaba enterado del fraude electoral a gran escala de las elecciones presidenciales de otoño, fue encontrado muerto en su caseta el 27 de diciembre.
Y cuando el banquero Yuriy Lyakh, un socio comercial del poderoso jefe del estado mayor de Kuchma, fue encontrado muerto en su despacho el 3 de diciembre, con una herida punzante en el cuello con un abrecartas de su escritorio, también se concluyó que era suicidio.
Conocidos ucranianos han tenido fines inoportunos en los últimos años, colgándose con sus suéteres de las puertas de neveras, tragando veneno y chocando de frente contra camiones -de hecho, más de media docena de declarados críticos del régimen de Kuchma han muerto en inexplicables accidentes de automóvil. El presidente Viktor Yushchenko casi murió por envenenamiento de dioxina durante la campaña electoral.
Ahora con la revolución popular que puso al pro-occidental Yushchenko en el poder este año, hay crecientes demandas en el parlamento para que se abran los archivos sobre el violento pasado de Ucrania y se investigue el destino de decenas de opositores al antiguo régimen cuyas muertes fueron clasificadas como accidentes, suicidios o crímenes no resueltos.
Igualmente fuertes son las exigencias de que Kuchma, el duro presidente post-soviético que acumuló un inmenso poder antes de que la Revolución Naranja de Ucrania lo barriera del cargo a él y a sus colegas, sea investigado y juzgado por lo que ocurrió durante su turbulento reinado.
"Si Ucrania tiene que transformarse en un país europeo' como dice Yushchenko que es, debe dejar de ser un país... en el que se permite que los esqueletos castañeteen eternamente en armarios oficiales", dijo en un editorial el Kiev Post el mes pasado. "¿Cómo puede avanzar Ucrania hacia adelante con el peso de tantos cadáveres?"
"Kuchma ha cometido espantosos crímenes contra el pueblo de Ucrania", dijo Petro Symonenko, primer secretario del Partido Comunista. "Pero me gustaría informarle que Kuchman no será juzgado nunca. Ni un solo crimen será resuelto, por una simple razón: Investigar esos crímenes sería enjuiciar no solamente a Kuchma, sino a todo el sistema de este país".
Muchos están convencidos de que Yushchenko, cuya cara quedó cicatrizada por el envenenamiento, selló un pacto secreto en las últimas horas de la campaña presidencial para permitir que Kuchma se retirara tranquilamente -sea para sentar un precedente de transición democrática pacífica en Ucrania o para proteger a aliados que pueden ocultar esqueletos propios en el armario de Kuchma.
Pero los nuevos líderes de Ucrania insisten en que están determinados a llegar al fondo de crímenes como el de Gongadze y seguirán las pistas les lleven donde les lleven. No hay ningún acuerdo, dijo en una entrevista esta semana el ministro de Justicia Roman Zvarych.
"Puedo responder esa pregunta con absoluta certeza. Yo era el asesor jurídico de Yushchenko durante toda la campaña, y creo que yo ciertamente me habría enterado... de cualquier promesa, incluso medias promesas, medias garantías, matices o insinuaciones que Yushchenko hubiera hecho a Kuchma. Le puedo decir que eso es imposible".
El 2 de febrero una comisión parlamentaria presentó al fiscal general del país un informe de 26 páginas con lo que los diputados dicen que son evidencias de que Kuchma y sus colegas fueron responsables no solamente de la muerte de Gongadze sino también de la vigilancia ilegal de sus opositores políticos, periodistas y organizaciones no-gubernamentales, y de aceptar mordidas, lavar dinero y apropiaciones ilegales que llegan a los 10 billones de dólares.
Yushchenko dejó claro desde el principio que él exigiría respuestas sobre el inquietante pasado de Ucrania, incluyendo la muerte en 1999 del popular líder de la oposición Vyacheslav Chornovil, que murió cuando su coche se incrustó contra un caminón Kamaz que bloqueaba la ruta, no mucho antes de su programada candidatura contra Kuchman en la campaña presidencial.
En los últimos años las carreteras ucranianas se han también cobrado la vida de Valery Malev, antiguo jefe de exportación de armas de Ucrania, cuyo coche se desvió abruptamente para incrustarse en un camión en 2002, pocos días después de que unas cintas grabadas en secreto por uno de los guardaespaldas de Kuchma revelara que había hablado con el presidente sobre la exportación de misiles antiaéreos hacia Iraq; Anatoly Yermak, miembro del comité parlamentario que estaba investigando el crimen organizado y la corrupción, cuyo coche cayó en picado al desviarse de la carretera en 2003; y el político de la oposición Oleksander Yemets, que murió en 2001 cuando su coche se enterró en una zanja.
¿Quién se daría el trabajo de montar un accidente de carretera? "Le hice la misma pregunta a mucha gente", dijo Taras, hijo de Chornovil. "La respuesta fue siempre la misma: Los diferentes servicios de seguridad tienen tradiciones que respetan. Aquí, han pulido sus habilidades para organizar accidentes de automóvil con tal perfección que prefieren este método... incluso si disponen de métodos más fáciles y más obvios".
El teniente general Oleksander Skipalsky, antiguo subdirector del servicio de seguridad federal SBU no excluyó que los accidentes de tráfico sean en realidad asesinatos. "Por supuesto es posible", dijo en una entrevista. "Como un profesional del servicio secreto, le puedo decir que lo más importante es definir la tarea. Y se cumplirá en un 99 por ciento de las veces".
Kuchma ha expresado simpatía y respeto por Vyacheslav Chornovil y otros desechan como ridícula la idea de que las autoridades recurrieran a la violencia contra los opositores políticos. Antes de ser interrogado este mes por el despacho del fiscal general durante tres horas sobre el caso Gongadze, Kuchma dijo que estaba dispuesto a responder cualquier pregunta.
"¿Qué motivos podía tener yo como presidente para actuar contra Gongadze?", dijo a los periodistas. "No lo conocía y sólo lo vi una vez. Ni siquiera sabía que se oponía al presidente. Hay un montón de otros periodistas, y usted sabe mejor que yo quiénes me molestaban".
El fiscal general Svyatoslav Piskun dijo que Kuchma será nuevamente interrogado en el caso e insistió en que no había llegado a ningún acuerdo secreto para proteger al antiguo presidente.
Durante gran parte de las dos últimas semanas el país ha estado nuevamente cautivado por el caso de Gongadze, que ya lleva cinco años, empezando por la decisión de Piskun este mes de detener a tres importantes agentes de policía, ahora acusados formalmente del asesinato del periodista investigativo.
Eso fue seguido a los pocos días de la muerte de Kravchenko, al que se oye en las cintas del guardaespaldas de Kuchman cuando Kuchman le ordena a "deshacerse" de Gongadze y "entregarlo a los chechenos". Su críptica carta de despedida planteaba tantas preguntas como respuestas.
"Queridos míos, no soy culpable de nada", escribió. "Por favor, perdonadme. Fui víctima de las intrigas políticas del presidente Leonid Kuchma y sus colegas. Me despido con la conciencia tranquila. Adiós".
El recién nombrado jefe del SBU, Oleksander Turchynov, dijo a los periodistas que la primera bala de la Beretta de 9 milímetros de Kravchenko atravesó su boca y salió por su mandíbula superior, y estaba "lejos de ser fatal". La segunda entró por su sien derecha.
Zvarych, el ministro de Justicia, ha expresado dudas de que el antiguo ministro del Interior se haya recuperado lo suficiente del impacto de la primera herida como para haber vuelto a disparar.
"Hablando personalmente, tengo algunas dudas sobre si una persona puede apretar dos veces el gatillo para matarse", dijo. "Hay un umbral de dolor, creo, que uno debería poder cruzar para ser capaz de hacer eso, algo llamado el síndrome del dolor', que creo que es muy difícil de superar.
"Pero asesinato o suicidio, este esquema de muertes ha empezado a emerger como resultado de la conmoción psicológica que esta gente [del antiguo régimen] debe estar viviendo en este momento".
Debido a las extendidas dudas sobre el anuncio de que la muerte de Kravchenko fue un suicidio, Piskun dijo el viernes que estaba dirigiendo las pesquisas como si se tratara de un suicidio para excluir toda posibilidad de una conspiración.
El aparente suicidio de Kirpa también ha planteado preguntas y dudas, también debido a que el antiguo ministro de Transporte gozaba de la reputación de ser un hombre acostumbrado a pelear y ganar.
De acuerdo a varios periodistas y políticos que lo conocían, Kirpa tenía la costumbre de colocar una pistola prominentemente en su escritorio cuando empezaba una reunión con un opositor o un subordinado. "Es el dinero y el temor los que gobiernan el planeta", diría. "El dinero es mío. El temor, tuyo".
Si murió por su propia mano, quieren saber muchos, ¿de qué tenía miedo? ¿Y cuántos otros también tienen miedo?
La revisión del gran número de cintas que están aparentemente en manos del guardaespaldas de Kuchma, que ahora negocia su retorno a Ucrania con funcionarios de alto rango del gobierno, podría abrir una caja de Pandora, dicen muchos analistas.
En las cintas, por ejemplo, se puede oír al actual portavoz del parlamento. Symonenko, el presidente del Partido Comunista, se ha preguntado públicamente si las cintas incluyen conversaciones entre Kuchma y Yushchenko, que fue primer ministro de Kuchma en 1999.
Viktor Shyshkin, un ex juez y fiscal general que participó en la comisión que investigó la muerte de Gongadze, dijo que la opinión pública pedirá cuentas a Yushchenko, que aseguró que la Revolución Naranka es una victoria moral y no solamente un cambio de poder.
"En un montón de casos la gente se echa a la calle por motivos económicos, cuando sus estómagos reciben menos que antes. En nuestro caso, la fuerza motriz era nuestra dignidad pisoteada", dijo. "Así que no se perdonará que Yushchenko traicione estos valores espirituales".
Shyshkin dijo que parte de lo que Yushchenko debe a la revolución es exigir responsabilidades a Kuchma.
"No estamos sedientos de sangre. Pero lo importante es que se condene en un tribunal al régimen de Kuchma por lo que hizo. No es venganza. Es justicia".
13 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Kiev, Ucrania. Según informes oficiales, Yuri Kravchenko murió por su propia mano.El antiguo ministro del Interior ucraniano, que debía reunirse en sólo unas horas con los fiscales para entregar su testimonio en un caso altamente publicitado de un asesinato político, apuntó una pistola contra su barbilla y disparó. La bala desgarró su mejilla y su mandíbula. Entonces apuntó a su sien y disparó de nuevo.
Suicidio, concluyeron detectives del gobierno.
Exactamente un 13.1 por ciento de los ucranianos que respondieron a un sondeo por internet del Kiev Post creen que fue suicidio. Más del 80 por ciento piensa que Kravchenko fue asesinado este mes para evitar que declarara, posiblemente implicando al antiguo presidente Leonid D. Kuchma en la decapitación del periodista Georgi Gongadze y otros crímenes. Muchos están seguros de que incluso si Kravchenko apretó el gatillo, lo hizo obligado por sus antiguos y poderosos amigos.
También se concluyó que había sido suicidio cuando el ministro de Transporte, Hryhoriy Kirpa, del que se cree que estaba enterado del fraude electoral a gran escala de las elecciones presidenciales de otoño, fue encontrado muerto en su caseta el 27 de diciembre.
Y cuando el banquero Yuriy Lyakh, un socio comercial del poderoso jefe del estado mayor de Kuchma, fue encontrado muerto en su despacho el 3 de diciembre, con una herida punzante en el cuello con un abrecartas de su escritorio, también se concluyó que era suicidio.
Conocidos ucranianos han tenido fines inoportunos en los últimos años, colgándose con sus suéteres de las puertas de neveras, tragando veneno y chocando de frente contra camiones -de hecho, más de media docena de declarados críticos del régimen de Kuchma han muerto en inexplicables accidentes de automóvil. El presidente Viktor Yushchenko casi murió por envenenamiento de dioxina durante la campaña electoral.
Ahora con la revolución popular que puso al pro-occidental Yushchenko en el poder este año, hay crecientes demandas en el parlamento para que se abran los archivos sobre el violento pasado de Ucrania y se investigue el destino de decenas de opositores al antiguo régimen cuyas muertes fueron clasificadas como accidentes, suicidios o crímenes no resueltos.
Igualmente fuertes son las exigencias de que Kuchma, el duro presidente post-soviético que acumuló un inmenso poder antes de que la Revolución Naranja de Ucrania lo barriera del cargo a él y a sus colegas, sea investigado y juzgado por lo que ocurrió durante su turbulento reinado.
"Si Ucrania tiene que transformarse en un país europeo' como dice Yushchenko que es, debe dejar de ser un país... en el que se permite que los esqueletos castañeteen eternamente en armarios oficiales", dijo en un editorial el Kiev Post el mes pasado. "¿Cómo puede avanzar Ucrania hacia adelante con el peso de tantos cadáveres?"
"Kuchma ha cometido espantosos crímenes contra el pueblo de Ucrania", dijo Petro Symonenko, primer secretario del Partido Comunista. "Pero me gustaría informarle que Kuchman no será juzgado nunca. Ni un solo crimen será resuelto, por una simple razón: Investigar esos crímenes sería enjuiciar no solamente a Kuchma, sino a todo el sistema de este país".
Muchos están convencidos de que Yushchenko, cuya cara quedó cicatrizada por el envenenamiento, selló un pacto secreto en las últimas horas de la campaña presidencial para permitir que Kuchma se retirara tranquilamente -sea para sentar un precedente de transición democrática pacífica en Ucrania o para proteger a aliados que pueden ocultar esqueletos propios en el armario de Kuchma.
Pero los nuevos líderes de Ucrania insisten en que están determinados a llegar al fondo de crímenes como el de Gongadze y seguirán las pistas les lleven donde les lleven. No hay ningún acuerdo, dijo en una entrevista esta semana el ministro de Justicia Roman Zvarych.
"Puedo responder esa pregunta con absoluta certeza. Yo era el asesor jurídico de Yushchenko durante toda la campaña, y creo que yo ciertamente me habría enterado... de cualquier promesa, incluso medias promesas, medias garantías, matices o insinuaciones que Yushchenko hubiera hecho a Kuchma. Le puedo decir que eso es imposible".
El 2 de febrero una comisión parlamentaria presentó al fiscal general del país un informe de 26 páginas con lo que los diputados dicen que son evidencias de que Kuchma y sus colegas fueron responsables no solamente de la muerte de Gongadze sino también de la vigilancia ilegal de sus opositores políticos, periodistas y organizaciones no-gubernamentales, y de aceptar mordidas, lavar dinero y apropiaciones ilegales que llegan a los 10 billones de dólares.
Yushchenko dejó claro desde el principio que él exigiría respuestas sobre el inquietante pasado de Ucrania, incluyendo la muerte en 1999 del popular líder de la oposición Vyacheslav Chornovil, que murió cuando su coche se incrustó contra un caminón Kamaz que bloqueaba la ruta, no mucho antes de su programada candidatura contra Kuchman en la campaña presidencial.
En los últimos años las carreteras ucranianas se han también cobrado la vida de Valery Malev, antiguo jefe de exportación de armas de Ucrania, cuyo coche se desvió abruptamente para incrustarse en un camión en 2002, pocos días después de que unas cintas grabadas en secreto por uno de los guardaespaldas de Kuchma revelara que había hablado con el presidente sobre la exportación de misiles antiaéreos hacia Iraq; Anatoly Yermak, miembro del comité parlamentario que estaba investigando el crimen organizado y la corrupción, cuyo coche cayó en picado al desviarse de la carretera en 2003; y el político de la oposición Oleksander Yemets, que murió en 2001 cuando su coche se enterró en una zanja.
¿Quién se daría el trabajo de montar un accidente de carretera? "Le hice la misma pregunta a mucha gente", dijo Taras, hijo de Chornovil. "La respuesta fue siempre la misma: Los diferentes servicios de seguridad tienen tradiciones que respetan. Aquí, han pulido sus habilidades para organizar accidentes de automóvil con tal perfección que prefieren este método... incluso si disponen de métodos más fáciles y más obvios".
El teniente general Oleksander Skipalsky, antiguo subdirector del servicio de seguridad federal SBU no excluyó que los accidentes de tráfico sean en realidad asesinatos. "Por supuesto es posible", dijo en una entrevista. "Como un profesional del servicio secreto, le puedo decir que lo más importante es definir la tarea. Y se cumplirá en un 99 por ciento de las veces".
Kuchma ha expresado simpatía y respeto por Vyacheslav Chornovil y otros desechan como ridícula la idea de que las autoridades recurrieran a la violencia contra los opositores políticos. Antes de ser interrogado este mes por el despacho del fiscal general durante tres horas sobre el caso Gongadze, Kuchma dijo que estaba dispuesto a responder cualquier pregunta.
"¿Qué motivos podía tener yo como presidente para actuar contra Gongadze?", dijo a los periodistas. "No lo conocía y sólo lo vi una vez. Ni siquiera sabía que se oponía al presidente. Hay un montón de otros periodistas, y usted sabe mejor que yo quiénes me molestaban".
El fiscal general Svyatoslav Piskun dijo que Kuchma será nuevamente interrogado en el caso e insistió en que no había llegado a ningún acuerdo secreto para proteger al antiguo presidente.
Durante gran parte de las dos últimas semanas el país ha estado nuevamente cautivado por el caso de Gongadze, que ya lleva cinco años, empezando por la decisión de Piskun este mes de detener a tres importantes agentes de policía, ahora acusados formalmente del asesinato del periodista investigativo.
Eso fue seguido a los pocos días de la muerte de Kravchenko, al que se oye en las cintas del guardaespaldas de Kuchman cuando Kuchman le ordena a "deshacerse" de Gongadze y "entregarlo a los chechenos". Su críptica carta de despedida planteaba tantas preguntas como respuestas.
"Queridos míos, no soy culpable de nada", escribió. "Por favor, perdonadme. Fui víctima de las intrigas políticas del presidente Leonid Kuchma y sus colegas. Me despido con la conciencia tranquila. Adiós".
El recién nombrado jefe del SBU, Oleksander Turchynov, dijo a los periodistas que la primera bala de la Beretta de 9 milímetros de Kravchenko atravesó su boca y salió por su mandíbula superior, y estaba "lejos de ser fatal". La segunda entró por su sien derecha.
Zvarych, el ministro de Justicia, ha expresado dudas de que el antiguo ministro del Interior se haya recuperado lo suficiente del impacto de la primera herida como para haber vuelto a disparar.
"Hablando personalmente, tengo algunas dudas sobre si una persona puede apretar dos veces el gatillo para matarse", dijo. "Hay un umbral de dolor, creo, que uno debería poder cruzar para ser capaz de hacer eso, algo llamado el síndrome del dolor', que creo que es muy difícil de superar.
"Pero asesinato o suicidio, este esquema de muertes ha empezado a emerger como resultado de la conmoción psicológica que esta gente [del antiguo régimen] debe estar viviendo en este momento".
Debido a las extendidas dudas sobre el anuncio de que la muerte de Kravchenko fue un suicidio, Piskun dijo el viernes que estaba dirigiendo las pesquisas como si se tratara de un suicidio para excluir toda posibilidad de una conspiración.
El aparente suicidio de Kirpa también ha planteado preguntas y dudas, también debido a que el antiguo ministro de Transporte gozaba de la reputación de ser un hombre acostumbrado a pelear y ganar.
De acuerdo a varios periodistas y políticos que lo conocían, Kirpa tenía la costumbre de colocar una pistola prominentemente en su escritorio cuando empezaba una reunión con un opositor o un subordinado. "Es el dinero y el temor los que gobiernan el planeta", diría. "El dinero es mío. El temor, tuyo".
Si murió por su propia mano, quieren saber muchos, ¿de qué tenía miedo? ¿Y cuántos otros también tienen miedo?
La revisión del gran número de cintas que están aparentemente en manos del guardaespaldas de Kuchma, que ahora negocia su retorno a Ucrania con funcionarios de alto rango del gobierno, podría abrir una caja de Pandora, dicen muchos analistas.
En las cintas, por ejemplo, se puede oír al actual portavoz del parlamento. Symonenko, el presidente del Partido Comunista, se ha preguntado públicamente si las cintas incluyen conversaciones entre Kuchma y Yushchenko, que fue primer ministro de Kuchma en 1999.
Viktor Shyshkin, un ex juez y fiscal general que participó en la comisión que investigó la muerte de Gongadze, dijo que la opinión pública pedirá cuentas a Yushchenko, que aseguró que la Revolución Naranka es una victoria moral y no solamente un cambio de poder.
"En un montón de casos la gente se echa a la calle por motivos económicos, cuando sus estómagos reciben menos que antes. En nuestro caso, la fuerza motriz era nuestra dignidad pisoteada", dijo. "Así que no se perdonará que Yushchenko traicione estos valores espirituales".
Shyshkin dijo que parte de lo que Yushchenko debe a la revolución es exigir responsabilidades a Kuchma.
"No estamos sedientos de sangre. Pero lo importante es que se condene en un tribunal al régimen de Kuchma por lo que hizo. No es venganza. Es justicia".
13 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
leyes anti-terroristas en reino unido
[Sarah Lyall] Blair instalará Guantánamo en Gran Bretaña y eliminará libertades civiles y principios constitucionales y jurídicos. El fin de una antigua democracia.
Londres, Gran Bretaña. Con la fuerte oposición de defensores de las libertades civiles, el parlamento aprobó el viernes el nuevo paquete de leyes anti-terroristas del primer ministro Tony Blair, el que entre otras cosas permite a las autoridades colocar a sospechosos de terrorismo bajo arresto domiciliario inusualmente estricto, sin juicio, en lugar de enviarlos a prisión.
La aprobación se produjo en momentos en que ocho sospechosos extranjeros de terrorismo fueron dejados en libertad el viernes bajo estrictas condiciones de fianza después de haber sido detenidos sin cargos o juicio bajo una ley anti-terrorista aprobada apresuradamente después del 11 de septiembre de 2001. Hace tres meses una comisión de jueces resolvió que su encarcelamiento violaba la legislación europea de derechos humanos.
La nueva ley debe eludir esas objeciones y se ha transformado en campo minado de la política. Un Blair cada vez más enfadado insistió en que era esencial para la seguridad nacional; sus opositores afirmaron, en una Cámara de Lores inusualmente combativa, que era un "proyecto de ley podrido y maloliente".
Con unas elecciones que se espera sean convocadas en mayo, ni el Partido Laborista ni la oposición conservadora quieren ser vistos como débiles sobre el terrorismo. Al final, las diferencias entre los dos partidos se reducen a problemas de procedimiento más que asuntos de importancia, ya que las objeciones en el terreno de las libertades civiles de diputados de ambos partidos fueron barridas en la carrera final para exhibir más dureza.
El debate en Gran Bretaña repite el de Estados Unidos, donde en junio pasado la Corte Suprema resolvió que los sospechosos extranjeros de terrorismo detenidos en Bahía Guantánamo deberían poder impugnar su detención ante un juez u otra "instancia de decisiones" neutral.
En Gran Bretaña, como en Estados Unidos, las autoridades se esfuerzan por aplicar leyes que sean tan duras con el terrorismo como posible al mismo tiempo que soporten el escrutinio judicial -y posiblemente eludiendo de manera creativa las leyes existentes.
El debate ha sido particularmente encarnizado en Gran Bretaña, con su orgullosa tradición de libertades civiles. La Cámara de los Comunes, controlada por el primer ministro con su enorme mayoría parlamentaria, aprobó fácilmente la legislación propuesta.
Pero la Cámara de Lores, que tiene mayoría conservadora y cuyos miembros son nombrados antes que elegidos, se opusieron a un proyecto de ley que muchos de sus miembros creen que viola principios de siglos de antigüedad, como el derecho de habeas corpus consagrado en la Carta Magna.
La Cámara de Lores es razonablemente indolente con la mayoría de las leyes, cediendo a los deseos de la Cámara de los Comunes sin demasiado barullo. Pero en este caso, se mantuvieron en sus talones. La Cámara de los Comunes envió el proyecto cuatro veces a ser reconsiderado; los lores rechazaron cuatro veces el proyecto, en una sesión que se extendió la noche del jueves y que duró finalmente 30 horas.
Finalmente, con la antigua ley anti-terrorista debiendo expirar a medianoche del domingo, el primer ministro ofreció una concesión: si su proyecto de ley se aprobaba, dijo, permitiría que el parlamento lo revisara dentro de un año.
El compromiso fue calificado de inmediato por el líder de los conservadores, Michael Howard, como una embarazosa inversión de Blair. Los conservadores querían que el proyecto de ley incluyera una "cláusula de suspensión" bajo la cual expiraría tras un año; Howard proclamó victoria, diciendo que Blair había accedido a una "cláusula de suspensión sólo de palabra".
Los ocho detenidos liberados el viernes se encontrarán en situaciones extraordinariamente similares a las que permite la nueva legislación. En sus casos, sin embargo, las condiciones de su liberación fueron determinadas por un juez de inmigración. Aunque los ocho, todos musulmanes y todos hombres, pueden volver inminentemente a sus casas, difícilmente serán libres cuando lleguen a ellas.
Los hombres deben portar herretes electrónicos, notificar a un funcionario cada vez que salgan o entren a sus casas y permanecer en casa entre las siete de la tarde y las siete de la mañana.
No se les permitirá asistir a reuniones, a menos que se trate de los servicios religiosos en las mezquitas, sin permiso previo. No pueden recibir, excepto a los amigos de sus hijos, sus abogados, comerciantes y trabajadores sanitarios. No pueden tener en sus casas ni ordenares conectados a internet ni celulares.
Además, deben notificar al ministerio del Interior toda vez que quieran viajar al extranjero. Se les permitirá tener sólo una cuenta bancaria cada uno, y deberán entregar al gobierno informes mensuales de sus transacciones financieras. Se les prohibirá hacer giros monetarios o enviar documentos o mercaderías al extranjero sin el permiso del gobierno.
Uno de los hombres, el carismático clérigo sirio Abu Qatada, cuyos incendiarios llamados a las armas han provocado que los funcionarios británicos lo llamen "el embajador en Europa" de Osama bin Laden, tampoco podrá dirigir oraciones ni predicar en mezquitas.
Las difíciles circunstancias en que se encuentran los hombres reflejan la continuada afirmación de las autoridades británicas de que son peligrosos y tiene conexiones terroristas. Antes esta semana, Sir Ian Blair, comisario de la Policía Metropolitana, advirtió que los detenidos "todavía representan una grave amenaza para la seguridad nacional".
Con el parlamento levantado contra la nueva legislación, no estuvo claro sino en el último momento cuáles serían las circunstancias de la liberación de los detenidos. Considerada con el resto de los acontecimientos del día, la confusión se hizo mayor y el primer ministro corrió el peligro de perder el control sobre un tema sobre el que ha llevado durante largo tiempo las riendas.
El jueves, Gareth Peirce, abogado de algunos de los hombres, dijo que no había visto nunca "leyes caóticas semejantes, extraordinarias, mal preparadas, mal pensadas y torpes", preguntando: "¿Cómo se puede convencer a alguien de que los responsables saben lo que están haciendo?"
Los ocho detenidos, así como el noveno, que será liberado el jueves, han sido mantenidos casi en total secreto en Belmarsh y otras prisiones en condiciones que han sido llamadas como el equivalente británico de Bahía Guantánamo. Algunos han estado encarcelados desde 2001.
Los hombres se han transformado en una cause célèbre de los grupos defensores de las libertades civiles, que dicen que su encarcelamiento viola la legislación de derechos humanos y principios jurídicos fundamentales consagrados por la Constitución británica. Amnistía Internacional y otros grupos dijeron que las condiciones en Belmarsh, donde los hombres permanecen encerrados 22 horas al día en celdas diminutas y no ven nunca la luz del día, son inhumanas.
Como en Bahía Guantánamo, los detenidos no son nunca informados de qué se les acusa y no tienen acceso a abogados.
12 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
Londres, Gran Bretaña. Con la fuerte oposición de defensores de las libertades civiles, el parlamento aprobó el viernes el nuevo paquete de leyes anti-terroristas del primer ministro Tony Blair, el que entre otras cosas permite a las autoridades colocar a sospechosos de terrorismo bajo arresto domiciliario inusualmente estricto, sin juicio, en lugar de enviarlos a prisión.La aprobación se produjo en momentos en que ocho sospechosos extranjeros de terrorismo fueron dejados en libertad el viernes bajo estrictas condiciones de fianza después de haber sido detenidos sin cargos o juicio bajo una ley anti-terrorista aprobada apresuradamente después del 11 de septiembre de 2001. Hace tres meses una comisión de jueces resolvió que su encarcelamiento violaba la legislación europea de derechos humanos.
La nueva ley debe eludir esas objeciones y se ha transformado en campo minado de la política. Un Blair cada vez más enfadado insistió en que era esencial para la seguridad nacional; sus opositores afirmaron, en una Cámara de Lores inusualmente combativa, que era un "proyecto de ley podrido y maloliente".
Con unas elecciones que se espera sean convocadas en mayo, ni el Partido Laborista ni la oposición conservadora quieren ser vistos como débiles sobre el terrorismo. Al final, las diferencias entre los dos partidos se reducen a problemas de procedimiento más que asuntos de importancia, ya que las objeciones en el terreno de las libertades civiles de diputados de ambos partidos fueron barridas en la carrera final para exhibir más dureza.
El debate en Gran Bretaña repite el de Estados Unidos, donde en junio pasado la Corte Suprema resolvió que los sospechosos extranjeros de terrorismo detenidos en Bahía Guantánamo deberían poder impugnar su detención ante un juez u otra "instancia de decisiones" neutral.
En Gran Bretaña, como en Estados Unidos, las autoridades se esfuerzan por aplicar leyes que sean tan duras con el terrorismo como posible al mismo tiempo que soporten el escrutinio judicial -y posiblemente eludiendo de manera creativa las leyes existentes.
El debate ha sido particularmente encarnizado en Gran Bretaña, con su orgullosa tradición de libertades civiles. La Cámara de los Comunes, controlada por el primer ministro con su enorme mayoría parlamentaria, aprobó fácilmente la legislación propuesta.
Pero la Cámara de Lores, que tiene mayoría conservadora y cuyos miembros son nombrados antes que elegidos, se opusieron a un proyecto de ley que muchos de sus miembros creen que viola principios de siglos de antigüedad, como el derecho de habeas corpus consagrado en la Carta Magna.
La Cámara de Lores es razonablemente indolente con la mayoría de las leyes, cediendo a los deseos de la Cámara de los Comunes sin demasiado barullo. Pero en este caso, se mantuvieron en sus talones. La Cámara de los Comunes envió el proyecto cuatro veces a ser reconsiderado; los lores rechazaron cuatro veces el proyecto, en una sesión que se extendió la noche del jueves y que duró finalmente 30 horas.
Finalmente, con la antigua ley anti-terrorista debiendo expirar a medianoche del domingo, el primer ministro ofreció una concesión: si su proyecto de ley se aprobaba, dijo, permitiría que el parlamento lo revisara dentro de un año.
El compromiso fue calificado de inmediato por el líder de los conservadores, Michael Howard, como una embarazosa inversión de Blair. Los conservadores querían que el proyecto de ley incluyera una "cláusula de suspensión" bajo la cual expiraría tras un año; Howard proclamó victoria, diciendo que Blair había accedido a una "cláusula de suspensión sólo de palabra".
Los ocho detenidos liberados el viernes se encontrarán en situaciones extraordinariamente similares a las que permite la nueva legislación. En sus casos, sin embargo, las condiciones de su liberación fueron determinadas por un juez de inmigración. Aunque los ocho, todos musulmanes y todos hombres, pueden volver inminentemente a sus casas, difícilmente serán libres cuando lleguen a ellas.
Los hombres deben portar herretes electrónicos, notificar a un funcionario cada vez que salgan o entren a sus casas y permanecer en casa entre las siete de la tarde y las siete de la mañana.
No se les permitirá asistir a reuniones, a menos que se trate de los servicios religiosos en las mezquitas, sin permiso previo. No pueden recibir, excepto a los amigos de sus hijos, sus abogados, comerciantes y trabajadores sanitarios. No pueden tener en sus casas ni ordenares conectados a internet ni celulares.
Además, deben notificar al ministerio del Interior toda vez que quieran viajar al extranjero. Se les permitirá tener sólo una cuenta bancaria cada uno, y deberán entregar al gobierno informes mensuales de sus transacciones financieras. Se les prohibirá hacer giros monetarios o enviar documentos o mercaderías al extranjero sin el permiso del gobierno.
Uno de los hombres, el carismático clérigo sirio Abu Qatada, cuyos incendiarios llamados a las armas han provocado que los funcionarios británicos lo llamen "el embajador en Europa" de Osama bin Laden, tampoco podrá dirigir oraciones ni predicar en mezquitas.
Las difíciles circunstancias en que se encuentran los hombres reflejan la continuada afirmación de las autoridades británicas de que son peligrosos y tiene conexiones terroristas. Antes esta semana, Sir Ian Blair, comisario de la Policía Metropolitana, advirtió que los detenidos "todavía representan una grave amenaza para la seguridad nacional".
Con el parlamento levantado contra la nueva legislación, no estuvo claro sino en el último momento cuáles serían las circunstancias de la liberación de los detenidos. Considerada con el resto de los acontecimientos del día, la confusión se hizo mayor y el primer ministro corrió el peligro de perder el control sobre un tema sobre el que ha llevado durante largo tiempo las riendas.
El jueves, Gareth Peirce, abogado de algunos de los hombres, dijo que no había visto nunca "leyes caóticas semejantes, extraordinarias, mal preparadas, mal pensadas y torpes", preguntando: "¿Cómo se puede convencer a alguien de que los responsables saben lo que están haciendo?"
Los ocho detenidos, así como el noveno, que será liberado el jueves, han sido mantenidos casi en total secreto en Belmarsh y otras prisiones en condiciones que han sido llamadas como el equivalente británico de Bahía Guantánamo. Algunos han estado encarcelados desde 2001.
Los hombres se han transformado en una cause célèbre de los grupos defensores de las libertades civiles, que dicen que su encarcelamiento viola la legislación de derechos humanos y principios jurídicos fundamentales consagrados por la Constitución británica. Amnistía Internacional y otros grupos dijeron que las condiciones en Belmarsh, donde los hombres permanecen encerrados 22 horas al día en celdas diminutas y no ven nunca la luz del día, son inhumanas.
Como en Bahía Guantánamo, los detenidos no son nunca informados de qué se les acusa y no tienen acceso a abogados.
12 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
asesino confiesa masacre en bosnia
[Shelley Murphy] Después de participar en la peor masacre de civiles después de la Segunda Guerra Mundial cometida por serbios y la complicidad holandesa, Marko Boskic buscó refugio en Estados Unidos.
Marko Boskic, un obrero de la construcción de Peabody acusado de crímenes de guerra, confesó ante agentes federales el año pasado que había ayudado a matar a buses enteros de musulmanes desarmados en una infame masacre en julio de 1995 en una cancha en las afueras de la ciudad de Srebrenica.
Los hombres fueron sacados del autobús y obligados a formar filas para ser "ultimados con rifles automáticos", escribió Boskic en una declaración de seis páginas antes agentes del FBI en Boston cuando fue interrogado en agosto pasado.
"Primero, empezaron a disparar, y yo no quería, pero me obligaron a disparar", dijo Boskic, de acuerdo a un informe del FBI sobre el interrogatorio el verano pasado.
Admitió haber usado un rifle para matar a los prisioneros que eran sacados de los buses en grupos de cuatro o cinco, dijo el FBI.
"Me gustaría decir que no lo hice de propia voluntad", dijo Boskic en su declaración escrita.
Los dos documentos son algunos de los varios presentados esta semana ante el Tribunal de Distrito de Boston que revelan por primera vez que Boskic, 40, que fue detenido en agosto por cargos de fraude de inmigración, confesó ser uno de los verdugos en la peor masacre de civiles en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Está acusado en un juicio de cinco cargos de entrar fraudulentamente como refugiado en Estados Unidos en abril de 2000 y de ocultar su pasado como soldado de Sabotaje 10, una unidad del ejército serbo-bosnio que mató a más de 7.000 hombres y niños bosnios de Srebrenica.
Ahora su abogado ha pedido al juez que prohíba que los fiscales usen las declaraciones de Boskic en la entrevista de agosto, diciendo que los agentes federales "participaron en una elaborado y bien planeado engaño" para hacerlo hablar.
En una moción de supresión presentada antes esta semana, el abogado de Boskic, Max Stern, dijo que Boskic recibió por correo el 25 de agosto pasado una notificación del Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano para que pasara a recoger documentos de viaje, que había solicitado dos años antes para visitar a parientes en el extranjero, al edificio JFK en Boston.
Tras llegar, de acuerdo a Boskic, fue interrogado por el FBI y entonces por un fiscal del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en La Haya.
De acuerdo a Boskic, no se le notificó que se había presentado una querella criminal contra él por fraude de inmigración antes ese día y que tenía una orden de detención. Al contrario, dijo Boskic, Alistair Graham, el fiscal de La Haya, le aseguró repetidas veces que él no estaba siendo investigado y que quería su colaboración contra oficiales serbios de alto rango.
Boskic accedió a cooperar, diciendo que testificaría si era llamado a La Haya, y empezó a dar nombres, de acuerdo a los documentos. Mencionó a Miso Pelemis, comandante de su unidad, como el que lo había escogido a él y otros soldados para ejecutar a los prisioneros musulmanes.
El tribunal de Naciones Unidas en La Haya no tiene intenciones de acusarlo de crímenes de guerra, dijeron funcionarios el año pasado. Pero funcionarios bosnios dijeron que el gobierno podría presentar cargos contra él en un tribunal local.
Los informes del FBI presentados ante el tribunal dicen que Boskic recibió de Aduanas un formulario de Notificación de Derechos', escrito en croata e inglés, que mencionaba su derecho a no incriminarse a sí mismo antes de que empezara la entrevista.
Boskic dijo que él tenía dificultades para comprender inglés y no fue informado de sus derechos cuando fue interrogado primero por Aduanas y agentes del FBI. Dijo que no fue hasta que él hubiera entregado información incriminatoria a Graham y estaba a punto de firmar una declaración escrita, que un intérprete, que había llegado con Graham, le dijo que él no estaba obligado a cooperar.
Aunque Boskic dijo en su declaración escrita que él sabía que estaba renunciando a sus derechos, Stern dijo que Boskic optó por entregar la declaración porque "les había contado todo y todavía creía que no lo estaban investigando a él personalmente".
Boskic dijo que no sabía que otros miembros de su unidad militar estuvieran viviendo en Estados Unidos, pero dijo que tenía en casa los números de teléfono y direcciones de algunos que vivían en el extranjero. Dio un consentimiento escrito para que los agentes allanaran su casa por esa información.
Sterno no dijo qué había sido requisado en el apartamento de Boskic. En su moción instó al juez de distrito Douglas P. Woodlock a impedir que los fiscales utilicen las evidencias requisadas en el allanamiento.
Samantha Martin, portavoz del fiscal Michael J. Sullivan, dijo ayer solamente que "toda respuesta tendrá que ser presentada ante el tribunal".
Boskic, que en el momento de su detención trabajaba como enlosador, dijo en el interrogatorio de cinco horas en agosto pasado que él no había contado a nadie previamente sobre su brutal pasado, de acuerdo a los documentos.
Boskic también dijo que era católico y que fue obligado a unirse a los militares serbios en 1994 cuando estaba en un campo de concentración, dicen los documentos.
Cuando se le ordenó a Boskic participar en la masacre de los musulmanes, dijo: "Tenía dos alternativas: unirme o morir", de acuerdo al informe del FBI sobre el interrogatorio.
El día antes de la masacre, dijo Boskic en su declaración, dijo a sus superiores que él prefería no participar, y Pelemis "puso una pistola contra mi frente y me dijo que debía hacerlo o sino me mataría".
10 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Marko Boskic, un obrero de la construcción de Peabody acusado de crímenes de guerra, confesó ante agentes federales el año pasado que había ayudado a matar a buses enteros de musulmanes desarmados en una infame masacre en julio de 1995 en una cancha en las afueras de la ciudad de Srebrenica.Los hombres fueron sacados del autobús y obligados a formar filas para ser "ultimados con rifles automáticos", escribió Boskic en una declaración de seis páginas antes agentes del FBI en Boston cuando fue interrogado en agosto pasado.
"Primero, empezaron a disparar, y yo no quería, pero me obligaron a disparar", dijo Boskic, de acuerdo a un informe del FBI sobre el interrogatorio el verano pasado.
Admitió haber usado un rifle para matar a los prisioneros que eran sacados de los buses en grupos de cuatro o cinco, dijo el FBI.
"Me gustaría decir que no lo hice de propia voluntad", dijo Boskic en su declaración escrita.
Los dos documentos son algunos de los varios presentados esta semana ante el Tribunal de Distrito de Boston que revelan por primera vez que Boskic, 40, que fue detenido en agosto por cargos de fraude de inmigración, confesó ser uno de los verdugos en la peor masacre de civiles en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Está acusado en un juicio de cinco cargos de entrar fraudulentamente como refugiado en Estados Unidos en abril de 2000 y de ocultar su pasado como soldado de Sabotaje 10, una unidad del ejército serbo-bosnio que mató a más de 7.000 hombres y niños bosnios de Srebrenica.
Ahora su abogado ha pedido al juez que prohíba que los fiscales usen las declaraciones de Boskic en la entrevista de agosto, diciendo que los agentes federales "participaron en una elaborado y bien planeado engaño" para hacerlo hablar.
En una moción de supresión presentada antes esta semana, el abogado de Boskic, Max Stern, dijo que Boskic recibió por correo el 25 de agosto pasado una notificación del Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano para que pasara a recoger documentos de viaje, que había solicitado dos años antes para visitar a parientes en el extranjero, al edificio JFK en Boston.
Tras llegar, de acuerdo a Boskic, fue interrogado por el FBI y entonces por un fiscal del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en La Haya.
De acuerdo a Boskic, no se le notificó que se había presentado una querella criminal contra él por fraude de inmigración antes ese día y que tenía una orden de detención. Al contrario, dijo Boskic, Alistair Graham, el fiscal de La Haya, le aseguró repetidas veces que él no estaba siendo investigado y que quería su colaboración contra oficiales serbios de alto rango.
Boskic accedió a cooperar, diciendo que testificaría si era llamado a La Haya, y empezó a dar nombres, de acuerdo a los documentos. Mencionó a Miso Pelemis, comandante de su unidad, como el que lo había escogido a él y otros soldados para ejecutar a los prisioneros musulmanes.
El tribunal de Naciones Unidas en La Haya no tiene intenciones de acusarlo de crímenes de guerra, dijeron funcionarios el año pasado. Pero funcionarios bosnios dijeron que el gobierno podría presentar cargos contra él en un tribunal local.
Los informes del FBI presentados ante el tribunal dicen que Boskic recibió de Aduanas un formulario de Notificación de Derechos', escrito en croata e inglés, que mencionaba su derecho a no incriminarse a sí mismo antes de que empezara la entrevista.
Boskic dijo que él tenía dificultades para comprender inglés y no fue informado de sus derechos cuando fue interrogado primero por Aduanas y agentes del FBI. Dijo que no fue hasta que él hubiera entregado información incriminatoria a Graham y estaba a punto de firmar una declaración escrita, que un intérprete, que había llegado con Graham, le dijo que él no estaba obligado a cooperar.
Aunque Boskic dijo en su declaración escrita que él sabía que estaba renunciando a sus derechos, Stern dijo que Boskic optó por entregar la declaración porque "les había contado todo y todavía creía que no lo estaban investigando a él personalmente".
Boskic dijo que no sabía que otros miembros de su unidad militar estuvieran viviendo en Estados Unidos, pero dijo que tenía en casa los números de teléfono y direcciones de algunos que vivían en el extranjero. Dio un consentimiento escrito para que los agentes allanaran su casa por esa información.
Sterno no dijo qué había sido requisado en el apartamento de Boskic. En su moción instó al juez de distrito Douglas P. Woodlock a impedir que los fiscales utilicen las evidencias requisadas en el allanamiento.
Samantha Martin, portavoz del fiscal Michael J. Sullivan, dijo ayer solamente que "toda respuesta tendrá que ser presentada ante el tribunal".
Boskic, que en el momento de su detención trabajaba como enlosador, dijo en el interrogatorio de cinco horas en agosto pasado que él no había contado a nadie previamente sobre su brutal pasado, de acuerdo a los documentos.
Boskic también dijo que era católico y que fue obligado a unirse a los militares serbios en 1994 cuando estaba en un campo de concentración, dicen los documentos.
Cuando se le ordenó a Boskic participar en la masacre de los musulmanes, dijo: "Tenía dos alternativas: unirme o morir", de acuerdo al informe del FBI sobre el interrogatorio.
El día antes de la masacre, dijo Boskic en su declaración, dijo a sus superiores que él prefería no participar, y Pelemis "puso una pistola contra mi frente y me dijo que debía hacerlo o sino me mataría".
10 de marzo de 2005
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descontento en calles de rusia
[Steven Lee Myers] Hace un mes una pequeña multitud de ancianos y ancianas bloquearon brevemente la carretera hacia el principal aeropuerto internacional de Moscú para protestar por los cambios de las pensiones. Entonces pareció insignificante, pero en retrospectiva parece haber sido el primer revuelo de algo que se consideraba que había muerto en Rusia, o que estaba durmiente: la protesta pública.
Moscú, Rusia. En Beslán, familiares de las víctimas del sitio de la Escuela Secundaria Nº1 en septiembre pasado bloquearon a fines de enero durante tres días la principal carretera del norte del Cáucaso para protestar por la lentitud de la investigación oficial del gobierno sobre el ataque terrorista. En la isla de Sakhalin en el Lejano Oriente, ecologistas se unieron a los residentes para bloquear los caminos que llevan a nuevas instalaciones de gas y petróleo para protestar por su impacto en el ambiente y en las culturas tribales de la región.
Solamente la semana pasada, gente representando a partidos liberales se reunieron cerca del Kremlin en Moscú para denunciar el fin de las elecciones de gobernador directas y en San Petersburgo para protestar por la exclusión de los opositores políticos del canal de televisión oficial de la ciudad. El jueves, los empleados del transporte se echaron a la calle en esas ciudades, y una docena de otros, para protestar contra el aumento del precio de la gasolina, entre otras cosas.
"Hay calma antes de la tormenta, este es el principio de la tormenta", dijo Anatoly Zykov, 55, chofer de autobús en la región de Moscú que se unió a 200 otros frente al edificio de gobierno conocido como la Casa Blanca. "Que Dios no quiera que haya derramamiento de sangre, pero estamos enfermos y cansados".
Un axioma aquí sostiene que los rusos son políticamente pasivos, pero las protestas que se realizan en ciudades en todas las 11 zonas horarias lo están poniendo en duda, al tiempo que aumentan las dudas sobre el apoyo público al estado del país durante el presidente Vladimir V. Putin.
Las manifestaciones más grandes han incluido a no más de unos miles de asistentes. Pero consideradas juntas, son de lejos las más grandes durante la presidencia de Putin y parecen iniciar un descontento ampliamente extendido, aunque todavía mal definido.
La indignación pública ha abollado el prestigio de Putin, que ha zarandeado a sus ministros de gobierno, que respondió lenta y confusamente a la primera ola de protestas por las pensiones en parte por los cambios que el Krmelin hizo aprobar el verano pasado por un Parlamento sumiso.
Los nombrados por Putin han atribuido las manifestaciones a unos pocos disgustados, incitados por agitadores, pero las protestas no dan señales de disiparse. Una coalición de organizaciones políticas, sociales, ambientales y laborales ha llamado a nuevas manifestaciones en todo el país
"Durante los primeros cuatro años del régimen de Putin, la gente tuvo esperanzas", dijo Roman A. Dobrokhotov, 21, un estudiante de politología de la Universidad Estatal de Moscú y líder de un nuevo grupo llamado Caminando sin Putin'. "Hoy la gente entiende que bajo un régimen autoritario, el desarrollo es imposible. Este gobierno, este sistema, no es lo más conveniente para ellos".
Calificó el descontento como "el principio de una revolución liberal", modelada sobre la Revolución Naranja de Ucrania el año pasado, cuando miles de personas se echaron a las calles para protestar contra los intentos del anterior gobierno de amañar la elección del sucesor del presidente Leonid D. Kuchma.
De momento eso no parece posible en Rusia, donde Putin tiene casi el control absoluto del sistema político. Pero las protestas han aumentado y se han unido sus opositores políticos, desde comunistas hasta liberales que hace sólo unos meses estaban desmoralizados y cada vez más marginados. Los líderes de la oposición claman que en el último mes medio millón de personas se habían manifestado.
"Esperamos una nueva ola incluso más grande de protestas esta primavera", dijo Oleg V. Shein, miembro del Parlamento que representa al partido nacionalista Madre Patria. Pronosticó que venideros cambios de gobierno en vivienda y salud echarán más gente a la calle. "La gente ya no espera ninguna ayuda de las autoridades centrales", dijo. "Y esta gente está creciendo. Medio millón no es mucha cosa en un país como el nuestro, pero es un inicio".
El detonador inmediato de este estallido de protesta fue la decisión de remplazar los beneficios sociales como el transporte gratuito y el teléfono subsidiado, subsidios para la electricidad y la vivienda con pagas mensuales a partir de 7 dólares. Los ministros de Putin dijeron que el cambio era necesario para racionalizar un sistema difícil de manejar que sobrecargaba el presupuesto federal y aplastaba el tráfico y servicios públicos con usuarios gratuitos, privándolo de fondos disponibles para invertir en poner al día una infraestructura en mal estado.
Más de 30 millones de rusos -incluyendo a pensionistas, veteranos e inválidos- recibieron, sin embargo, beneficios. Frente a la perspectiva de pagarles en moneda sonante complementos que encontraban irrisorios, se echaron a la calle.
Las primeras protestas surgieron espontáneamente en algunas ciudades después de las prolongadas vacaciones de Año Nuevo, pero pronto los líderes de los partidos comunista y Madre Patria ayudaron a organizar más. También forzaron un voto de desconfianza en el gobierno de Putin, que dirige el primer ministro Mikhail Y. Fradkov. El voto, el miércoles, falló, pero muchos legisladores pro-Putin expresaron su temor de un potencial boicot de las elecciones. Desde el principio, las protestas por las pensiones fueron un catalizador de otras quejas, nutriéndose de un creciente descontento con las políticas de Putin, no sólo en la esfera social. En San Petersburgo los estudiantes se unieron a las protestas después de que el ministro de Defensa, Sergei B. Ivanov dijo que el gobierno estaba considerando poner fin a las prórrogas del servicio militar de estudiantes universitarios.
Primero ignorando las protestas, Putin criticó a sus protegidos, así como a funcionarios regionales, que llevar el peso de las protestas y los costes de tratar de complementar las reducidas pensiones, lo que hicieron muchos. En algunas ciudades, aquellos acusados de organizar las protestas fueron detenidos, aunque fueron más tarde dejados en libertad.
El gobierno de Putin y el partido mayoritario en el Parlamento, Rusia Unida, trató de frenar el descontento destinando 4 billones de dólares para paliar la caída de las pensiones. El miércoles el Parlamento también votó para elevar la pensión estatal mínima en más de un tercio a casi 32 dólares por mes. Miembros de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad -que también perdieron el transporte público gratuito- también recibieron aumentos. E Ivanov retiró su propuesta de terminar con las prórrogas del servicio militar de los estudiantes universitarios. Las concesiones apaciguaron aparentemente las protestas, pero crearon nuevas, como la de Beslán y en Sakhalin, donde la gente pudo ventilar sus quejas. El jueves, en Moscú, 150 empleados civiles se reunieron frente al ministerio de Defensa para exigir el mismo nivel de aumentos que los uniformados.
Los empleados del transporte se echaron a la calle frente a la Casa Blanca aquí el mismo día. Sus quejas incluían no solamente los precios de la gasolina, sino también sus miserables salarios, restricciones de importación que obligan a las aerolíneas a usar viejos aviones rusos de pasajeros en lugar de comprar nuevos en Occidente, y las desigualdades económicas que han creado fortunas para un puñado de magnates conectados políticamente mientras la mayoría del país vive en la pobreza.
"Espero que resulte algo", dijo Valery Popov, un obrero de caminos que sigue trabajando a sus 67 porque no puede vivir en Moscú con una pensión. "Habrá resultados cuando toda la gente empiece a protestar. Si nos quedamos en casa, no pasará nada".
12 de febrero de 2005
5 de marzo de 2005
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Moscú, Rusia. En Beslán, familiares de las víctimas del sitio de la Escuela Secundaria Nº1 en septiembre pasado bloquearon a fines de enero durante tres días la principal carretera del norte del Cáucaso para protestar por la lentitud de la investigación oficial del gobierno sobre el ataque terrorista. En la isla de Sakhalin en el Lejano Oriente, ecologistas se unieron a los residentes para bloquear los caminos que llevan a nuevas instalaciones de gas y petróleo para protestar por su impacto en el ambiente y en las culturas tribales de la región.Solamente la semana pasada, gente representando a partidos liberales se reunieron cerca del Kremlin en Moscú para denunciar el fin de las elecciones de gobernador directas y en San Petersburgo para protestar por la exclusión de los opositores políticos del canal de televisión oficial de la ciudad. El jueves, los empleados del transporte se echaron a la calle en esas ciudades, y una docena de otros, para protestar contra el aumento del precio de la gasolina, entre otras cosas.
"Hay calma antes de la tormenta, este es el principio de la tormenta", dijo Anatoly Zykov, 55, chofer de autobús en la región de Moscú que se unió a 200 otros frente al edificio de gobierno conocido como la Casa Blanca. "Que Dios no quiera que haya derramamiento de sangre, pero estamos enfermos y cansados".
Un axioma aquí sostiene que los rusos son políticamente pasivos, pero las protestas que se realizan en ciudades en todas las 11 zonas horarias lo están poniendo en duda, al tiempo que aumentan las dudas sobre el apoyo público al estado del país durante el presidente Vladimir V. Putin.
Las manifestaciones más grandes han incluido a no más de unos miles de asistentes. Pero consideradas juntas, son de lejos las más grandes durante la presidencia de Putin y parecen iniciar un descontento ampliamente extendido, aunque todavía mal definido.
La indignación pública ha abollado el prestigio de Putin, que ha zarandeado a sus ministros de gobierno, que respondió lenta y confusamente a la primera ola de protestas por las pensiones en parte por los cambios que el Krmelin hizo aprobar el verano pasado por un Parlamento sumiso.
Los nombrados por Putin han atribuido las manifestaciones a unos pocos disgustados, incitados por agitadores, pero las protestas no dan señales de disiparse. Una coalición de organizaciones políticas, sociales, ambientales y laborales ha llamado a nuevas manifestaciones en todo el país
"Durante los primeros cuatro años del régimen de Putin, la gente tuvo esperanzas", dijo Roman A. Dobrokhotov, 21, un estudiante de politología de la Universidad Estatal de Moscú y líder de un nuevo grupo llamado Caminando sin Putin'. "Hoy la gente entiende que bajo un régimen autoritario, el desarrollo es imposible. Este gobierno, este sistema, no es lo más conveniente para ellos".
Calificó el descontento como "el principio de una revolución liberal", modelada sobre la Revolución Naranja de Ucrania el año pasado, cuando miles de personas se echaron a las calles para protestar contra los intentos del anterior gobierno de amañar la elección del sucesor del presidente Leonid D. Kuchma.
De momento eso no parece posible en Rusia, donde Putin tiene casi el control absoluto del sistema político. Pero las protestas han aumentado y se han unido sus opositores políticos, desde comunistas hasta liberales que hace sólo unos meses estaban desmoralizados y cada vez más marginados. Los líderes de la oposición claman que en el último mes medio millón de personas se habían manifestado.
"Esperamos una nueva ola incluso más grande de protestas esta primavera", dijo Oleg V. Shein, miembro del Parlamento que representa al partido nacionalista Madre Patria. Pronosticó que venideros cambios de gobierno en vivienda y salud echarán más gente a la calle. "La gente ya no espera ninguna ayuda de las autoridades centrales", dijo. "Y esta gente está creciendo. Medio millón no es mucha cosa en un país como el nuestro, pero es un inicio".
El detonador inmediato de este estallido de protesta fue la decisión de remplazar los beneficios sociales como el transporte gratuito y el teléfono subsidiado, subsidios para la electricidad y la vivienda con pagas mensuales a partir de 7 dólares. Los ministros de Putin dijeron que el cambio era necesario para racionalizar un sistema difícil de manejar que sobrecargaba el presupuesto federal y aplastaba el tráfico y servicios públicos con usuarios gratuitos, privándolo de fondos disponibles para invertir en poner al día una infraestructura en mal estado.
Más de 30 millones de rusos -incluyendo a pensionistas, veteranos e inválidos- recibieron, sin embargo, beneficios. Frente a la perspectiva de pagarles en moneda sonante complementos que encontraban irrisorios, se echaron a la calle.
Las primeras protestas surgieron espontáneamente en algunas ciudades después de las prolongadas vacaciones de Año Nuevo, pero pronto los líderes de los partidos comunista y Madre Patria ayudaron a organizar más. También forzaron un voto de desconfianza en el gobierno de Putin, que dirige el primer ministro Mikhail Y. Fradkov. El voto, el miércoles, falló, pero muchos legisladores pro-Putin expresaron su temor de un potencial boicot de las elecciones. Desde el principio, las protestas por las pensiones fueron un catalizador de otras quejas, nutriéndose de un creciente descontento con las políticas de Putin, no sólo en la esfera social. En San Petersburgo los estudiantes se unieron a las protestas después de que el ministro de Defensa, Sergei B. Ivanov dijo que el gobierno estaba considerando poner fin a las prórrogas del servicio militar de estudiantes universitarios.
Primero ignorando las protestas, Putin criticó a sus protegidos, así como a funcionarios regionales, que llevar el peso de las protestas y los costes de tratar de complementar las reducidas pensiones, lo que hicieron muchos. En algunas ciudades, aquellos acusados de organizar las protestas fueron detenidos, aunque fueron más tarde dejados en libertad.
El gobierno de Putin y el partido mayoritario en el Parlamento, Rusia Unida, trató de frenar el descontento destinando 4 billones de dólares para paliar la caída de las pensiones. El miércoles el Parlamento también votó para elevar la pensión estatal mínima en más de un tercio a casi 32 dólares por mes. Miembros de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad -que también perdieron el transporte público gratuito- también recibieron aumentos. E Ivanov retiró su propuesta de terminar con las prórrogas del servicio militar de los estudiantes universitarios. Las concesiones apaciguaron aparentemente las protestas, pero crearon nuevas, como la de Beslán y en Sakhalin, donde la gente pudo ventilar sus quejas. El jueves, en Moscú, 150 empleados civiles se reunieron frente al ministerio de Defensa para exigir el mismo nivel de aumentos que los uniformados.
Los empleados del transporte se echaron a la calle frente a la Casa Blanca aquí el mismo día. Sus quejas incluían no solamente los precios de la gasolina, sino también sus miserables salarios, restricciones de importación que obligan a las aerolíneas a usar viejos aviones rusos de pasajeros en lugar de comprar nuevos en Occidente, y las desigualdades económicas que han creado fortunas para un puñado de magnates conectados políticamente mientras la mayoría del país vive en la pobreza.
"Espero que resulte algo", dijo Valery Popov, un obrero de caminos que sigue trabajando a sus 67 porque no puede vivir en Moscú con una pensión. "Habrá resultados cuando toda la gente empiece a protestar. Si nos quedamos en casa, no pasará nada".
12 de febrero de 2005
5 de marzo de 2005
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tribunales rusos acosados
[Peter Finn] El temor reina en los tribunales rusos. Jueces que absuelven son despedidos.
Moscú, Rusia. El caso que debía ver el juez Alexander Melikov implicaba a un joven de Tayikistán que se había dado de empujones con un colega frente a una estación ferroviaria en julio de 2003. El joven le había supuestamente lanzado una botella de cerveza al otro hombre, pero sin dar en el blanco, según documentos judiciales. El joven fue acusado de agresión.
Ante el tribunal la víctima dijo que perdonaba al joven Tajik, que no tenía antecedentes criminales, y le pidió a Melikov que fuera indulgente. El juez condenó al joven a cuatro años de prisión condicional con tres años de prueba.
Los fiscales no recurrieron.
Pero la sentencia ayudó a despojar a Melikov de su magistratura en diciembre, cuando deba comparecer ante un cuerpo judicial disciplinario llamado el Colegio de Calificaciones. El juez fue acusado de 22 cargos de "abandonar los intereses de la justicia, menospreciando la reputación del poder judicial, y de minar la confianza del pueblo en el sistema judicial". En el caso de Tajik, la superior de Melikov, Olga Yegorova, lo acusó de dictar sentencias de prisión condicional solamente a extranjeros que habían cometido "graves delitos".
Preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial ruso se han concentrado recientemente en casos muy publicitados como el proceso de Mikhail Kodorkovsky, un barón del petróleo, y una serie de juicios por traición en el que están implicados tres universitarios rusos. El presidente Bush planteó el tema del imperio de la ley debido a que se relaciona con la calidad de la democracia rusa, durante la cumbre con el presidente Vladimir Putin la semana pasada.
El caso de Melikov ilustra cómo un ambiente de temor generalizado impregna a los tribunales penales rusos. Los jueces son obligados a retirarse prematuramente o son despedidos si aplican las leyes de exculpación para dejar en libertad incluso a delincuentes menores, dictar sentencias que sean consideradas muy suaves por los presidentes del tribunal y no acaten las peticiones de los fiscales de enviar a sospechosos a las prisiones preventivas atiborradas donde pueden permanecer durante meses, de acuerdo a jueces, profesores de derecho y abogados. El clima refleja el creciente poder del estado en la Rusia de Putin.
"Entre 2001 y mayo de 2004, vi 460 casos criminales, con 544 individuos, y sólo cuatro de mis sentencias fueron revocadas por tribunales superiores", dijo Melikov, 42, que también fue criticado por dictar penas de prisión condicional y desechar la formulación de cargos cuando las partes se reconcilian.
Una detallada revisión del trabajo de Melikov por tres expertos encargados por el Consejo Independiente de Expertos Jurídicos con sede en Rusia opinó que sus sentencias, con una sola excepción menor de un caso en 1998, se ajustaban a la ley rusa.
"Las decisiones de Alexander Melikov... coinciden con la ley penal y de procedimiento penal", escribió Polina Lupinskaya, jefe del Departamento de Procedimiento Penal en la Academia de Leyes del estado. Los cargos contra él no tenían "fundamento", escribió, observando que tratar a prisioneros extranjeros como Tajik de otra manera violaba la Constitución rusa.
En 2002 Rusia adoptó un código de justicia penal que se suponía inauguraría una revolución jurídica estableciendo firmemente la independencia del poder judicial, incrementando los derechos de los acusados y exigiendo reglas sólidas de procedimiento y pruebas a policías y fiscales. Pero el sistema actual continúa perpetuando la práctica soviética de condenar casi inmediatamente a cualquiera que se presente al tribunal.
Ese mismo año, una reforma separada de la justicia criminal supuestamente consagraría la presunción de inocencia y anunciaría reformas legales que eran ampliamente valoradas en esa época. Entre sus disposiciones los defendidos tenían derecho a pedir un abogado si eran detenidos y deben ser presentados ante un juez dentro de 48 horas. Los jueces, no los fiscales, deben emitir órdenes de detención y ordenar la detención preventiva del acusado o su libertad durante el juicio. Los abogados defensores deben tener más atribuciones para impugnar las pruebas en tribunales.
De acuerdo a expertos jurídicos, los intentos de introducir cambios se han estancado. El objeto de romper los viejos hábitos y crear un sistema en el que los jueces actúen como árbitros independientes entre el estado y el individuo, aún no se logra.
"Todavía estamos viviendo con una ideología del pasado y no hemos creado una nueva cultura jurídica", dijo Sergei Vitsin, profesor de derecho y presidente del Consejo Presidencial sobre la Reforma del Sistema Judicial. "Los jueces no se ven a sí mismos como diferentes de los fiscales y la policía. Tú puedes redactar leyes democráticas, pero también tienes que acatarlas".
El presidente de la Corte Suprema rusa, Vyacheslav Lebedev, rechazó la opinión de que las reformas judiciales eran un fracaso y que los jueces son intimidados por sus superiores.
"Alguna gente dice: Mire, lo que hacen los presidentes del tribunal es que están aterrorizando a los jueces desagradables'", dijo Lebedev en una entrevista en el canal ruso NTV este mes. "... Pero es un error".
La confianza pública en el sistema judicial es baja. Dmitri Kozak, un asesor presidencial que encabezó el proyecto de reformas judiciales para Putin, reconoció en un discurso hace poco que los rusos creen que "es imposible descubrir la verdad" en el sistema.
En Rusia, la tasa de condenas en casos penales vistos por jueces es de casi un 99 por ciento, de acuerdo al brazo administrativo de la Corte Suprema del país. La tasa ha persistido desde principios de julio de 1950, los últimos años del dictador soviético José Stalin, cuando el trabajo de jueces y fiscales eran automáticamente revisado si un acusado era absuelto. Antes de 1951, alrededor de un 10 por ciento de los acusados eran absueltos en los juicios no políticos, de acuerdo a Sergei Pashin, antiguo juez y profesor en el Instituto moscovita de Economía, Política y Derecho.
En algunos tribunales simplemente no hay exculpaciones. En 2003 y en los primeros nueve meses de 2004, dos tribunales de distrito en Moscú que trataron un total de 4.428 casos penales, no dispusieron ninguna absolución, de acuerdo a documentos judiciales. Funcionarios de los tribunales se negaron a hacer comentarios sobre las estadísticas. En la corte regional en la sureña ciudad rusa de Krasnodar, en los últimos diez años no ha sido exculpado nadie en casos vistos por los jueces, dijeron funcionarios del tribunal.
"Los jueces se ven a sí mismos como soldados en la línea de fuego de la lucha contra la delincuencia", dijo Sergei Tsirkun, que fue fiscal en Moscú durante diez años y en ese tiempo no perdió nunca un caso. "Un juez no exculpará a nadie a menos que esté absolutamente, cien por cien convencido de que alguien sea inocente. Si tiene la más pequeña sospecha de que alguien puede ser culpable, lo encontrará culpable incluso si debe ignorar los problemas que presentan las pruebas".
En juicios de jurado, que fueron introducidos en nueve regiones en 1993 y se expandieron por todo el país en 2003, es más probable que un acusado sea declarado inocente, con tasas de exculpación de un 15 por ciento, de acuerdo a estadísticas de la Corte Suprema. En Krasnodar, por ejemplo, donde los jueces encuentran culpable a todos los acusados, los jurados declararon inocente a un 20 por ciento de los acusados.
"Por lo menos, un juicio de jurado no puede compararse con la pesadilla un juicio ordinario ante un juez", dijo Sergei Nasonov, profesor de derecho penal en la Academia de Derecho Estatal de Moscú que ha escrito un libro sobre los juicios con jurados en Rusia. "En un juicio con jurado existe la esperanza de justicia, y en un juicio ordinario no hay esperanzas".
Pero los juicios con jurado representan 8 por ciento de los juicios penales, y las exculpaciones son a menudo recurridas, revocadas por la Corte Suprema y enviadas de vuelta para un nuevo juicio con un nuevo jurado, de acuerdo a profesores de derecho y abogados defensores. En algunos casos, los fiscales obtienen un veredicto de culpable después de dos o tres exculpaciones de los jurados.
Además, hay una sospecha cada vez mayor de que la selección de los jurados, especialmente en casos delicados, no es aleatoria, como exige la ley, según Nasonov y otros juristas.
El juez Melikov, veterano de la invasión rusa de Afganostán, trabajó como investigador criminal del ministerio del Interior antes de ser juez en 1997. Recibió una magistratura vitalicia en 2000. Melikov dijo que supo que estaba en problemas con sus superiores cuando a fines de 2002, unos meses después de la introducción del nuevo código penal, él se negó a emitir una orden de detención de un sospechoso de un atraco armado porque la policía no había observado los nuevos procedimientos.
En una reunión de jueces, Melikov dijo que su superior Yegorova, lo criticó públicamente. Yegorova, que es presidente del Tribunal de la Ciudad de Moscú, dijo en la reunión que los jueces debían emitir órdenes de detención automáticamente, dijo Melikov.
Yegorova, que no respondió a una petición por fax de una entrevista, fue nombrada en 1999 por el Kremlin contra las objeciones de jueces federales y de la ciudad, incluyendo a Lebedev, el presidente de la Corte Suprema, de acuerdo a informaciones en la prensa rusa citando una carta de él.
Yegorova, esposa de un general de la FSB, el sucesor interno de la KGB, ha sido acusada de ejercer en algunos casos presión sobre los subordinados y de no admitir exculpaciones o sentencias indulgentes. En un primer año en el cargo, renunciaron 17 jueces del Tribunal de la Ciudad de Moscú, la mayoría de ellos de tribunales penales, de acuerdo al Consejo Independiente de Juristas.
"Nos marchamos por el ambiente que creó Yegorova", dijo Viktor Kononenko, que jubiló como juez del Tribunal de la Ciudad de Moscú en 2001. "Ella no acepta nuestros métodos de trabajo. La gente con la que trabajé, algunos de ellos con mucha experiencia, fueron instruidas para tratar las acusaciones rápidamente sin observar las normas legales. No se nos juzgaba sobre la calidad de la justicia en nuestros tribunales".
Melikov decidió luchar cuando las autoridades judiciales trataron de destituirlo, a él y otros 12 jueces, en 2004; la mayoría de los jueces atacados, se retiraron. Melikov dijo que a él se le ofreció un acuerdo de renuncia que le daba derecho a conservar su pensión.
En la audiencia ante el cuerpo disciplinario de la judicatura, Melikov alegó su caso durante tres horas, diciendo que en algunos casos sus decisiones supuestamente frágiles no fueron rebatidas por los fiscales o fueron mantenidas por la Corte Suprema, información que Yegorova omitió en su moción.
Pero el órgano disciplinario demoró menos de cinco minutos en apoyar a Yegorova y retirar de la sala a Melikov.
La semana pasada, Melikov Melikov recurrió, un proceso que puede tomar varias semanas. Será vista por la Corte de la Ciudad de Moscú, que encabeza Yegorova.
28 de febrero de 2005
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Moscú, Rusia. El caso que debía ver el juez Alexander Melikov implicaba a un joven de Tayikistán que se había dado de empujones con un colega frente a una estación ferroviaria en julio de 2003. El joven le había supuestamente lanzado una botella de cerveza al otro hombre, pero sin dar en el blanco, según documentos judiciales. El joven fue acusado de agresión.Ante el tribunal la víctima dijo que perdonaba al joven Tajik, que no tenía antecedentes criminales, y le pidió a Melikov que fuera indulgente. El juez condenó al joven a cuatro años de prisión condicional con tres años de prueba.
Los fiscales no recurrieron.
Pero la sentencia ayudó a despojar a Melikov de su magistratura en diciembre, cuando deba comparecer ante un cuerpo judicial disciplinario llamado el Colegio de Calificaciones. El juez fue acusado de 22 cargos de "abandonar los intereses de la justicia, menospreciando la reputación del poder judicial, y de minar la confianza del pueblo en el sistema judicial". En el caso de Tajik, la superior de Melikov, Olga Yegorova, lo acusó de dictar sentencias de prisión condicional solamente a extranjeros que habían cometido "graves delitos".
Preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial ruso se han concentrado recientemente en casos muy publicitados como el proceso de Mikhail Kodorkovsky, un barón del petróleo, y una serie de juicios por traición en el que están implicados tres universitarios rusos. El presidente Bush planteó el tema del imperio de la ley debido a que se relaciona con la calidad de la democracia rusa, durante la cumbre con el presidente Vladimir Putin la semana pasada.
El caso de Melikov ilustra cómo un ambiente de temor generalizado impregna a los tribunales penales rusos. Los jueces son obligados a retirarse prematuramente o son despedidos si aplican las leyes de exculpación para dejar en libertad incluso a delincuentes menores, dictar sentencias que sean consideradas muy suaves por los presidentes del tribunal y no acaten las peticiones de los fiscales de enviar a sospechosos a las prisiones preventivas atiborradas donde pueden permanecer durante meses, de acuerdo a jueces, profesores de derecho y abogados. El clima refleja el creciente poder del estado en la Rusia de Putin.
"Entre 2001 y mayo de 2004, vi 460 casos criminales, con 544 individuos, y sólo cuatro de mis sentencias fueron revocadas por tribunales superiores", dijo Melikov, 42, que también fue criticado por dictar penas de prisión condicional y desechar la formulación de cargos cuando las partes se reconcilian.
Una detallada revisión del trabajo de Melikov por tres expertos encargados por el Consejo Independiente de Expertos Jurídicos con sede en Rusia opinó que sus sentencias, con una sola excepción menor de un caso en 1998, se ajustaban a la ley rusa.
"Las decisiones de Alexander Melikov... coinciden con la ley penal y de procedimiento penal", escribió Polina Lupinskaya, jefe del Departamento de Procedimiento Penal en la Academia de Leyes del estado. Los cargos contra él no tenían "fundamento", escribió, observando que tratar a prisioneros extranjeros como Tajik de otra manera violaba la Constitución rusa.
En 2002 Rusia adoptó un código de justicia penal que se suponía inauguraría una revolución jurídica estableciendo firmemente la independencia del poder judicial, incrementando los derechos de los acusados y exigiendo reglas sólidas de procedimiento y pruebas a policías y fiscales. Pero el sistema actual continúa perpetuando la práctica soviética de condenar casi inmediatamente a cualquiera que se presente al tribunal.
Ese mismo año, una reforma separada de la justicia criminal supuestamente consagraría la presunción de inocencia y anunciaría reformas legales que eran ampliamente valoradas en esa época. Entre sus disposiciones los defendidos tenían derecho a pedir un abogado si eran detenidos y deben ser presentados ante un juez dentro de 48 horas. Los jueces, no los fiscales, deben emitir órdenes de detención y ordenar la detención preventiva del acusado o su libertad durante el juicio. Los abogados defensores deben tener más atribuciones para impugnar las pruebas en tribunales.
De acuerdo a expertos jurídicos, los intentos de introducir cambios se han estancado. El objeto de romper los viejos hábitos y crear un sistema en el que los jueces actúen como árbitros independientes entre el estado y el individuo, aún no se logra.
"Todavía estamos viviendo con una ideología del pasado y no hemos creado una nueva cultura jurídica", dijo Sergei Vitsin, profesor de derecho y presidente del Consejo Presidencial sobre la Reforma del Sistema Judicial. "Los jueces no se ven a sí mismos como diferentes de los fiscales y la policía. Tú puedes redactar leyes democráticas, pero también tienes que acatarlas".
El presidente de la Corte Suprema rusa, Vyacheslav Lebedev, rechazó la opinión de que las reformas judiciales eran un fracaso y que los jueces son intimidados por sus superiores.
"Alguna gente dice: Mire, lo que hacen los presidentes del tribunal es que están aterrorizando a los jueces desagradables'", dijo Lebedev en una entrevista en el canal ruso NTV este mes. "... Pero es un error".
La confianza pública en el sistema judicial es baja. Dmitri Kozak, un asesor presidencial que encabezó el proyecto de reformas judiciales para Putin, reconoció en un discurso hace poco que los rusos creen que "es imposible descubrir la verdad" en el sistema.
En Rusia, la tasa de condenas en casos penales vistos por jueces es de casi un 99 por ciento, de acuerdo al brazo administrativo de la Corte Suprema del país. La tasa ha persistido desde principios de julio de 1950, los últimos años del dictador soviético José Stalin, cuando el trabajo de jueces y fiscales eran automáticamente revisado si un acusado era absuelto. Antes de 1951, alrededor de un 10 por ciento de los acusados eran absueltos en los juicios no políticos, de acuerdo a Sergei Pashin, antiguo juez y profesor en el Instituto moscovita de Economía, Política y Derecho.
En algunos tribunales simplemente no hay exculpaciones. En 2003 y en los primeros nueve meses de 2004, dos tribunales de distrito en Moscú que trataron un total de 4.428 casos penales, no dispusieron ninguna absolución, de acuerdo a documentos judiciales. Funcionarios de los tribunales se negaron a hacer comentarios sobre las estadísticas. En la corte regional en la sureña ciudad rusa de Krasnodar, en los últimos diez años no ha sido exculpado nadie en casos vistos por los jueces, dijeron funcionarios del tribunal.
"Los jueces se ven a sí mismos como soldados en la línea de fuego de la lucha contra la delincuencia", dijo Sergei Tsirkun, que fue fiscal en Moscú durante diez años y en ese tiempo no perdió nunca un caso. "Un juez no exculpará a nadie a menos que esté absolutamente, cien por cien convencido de que alguien sea inocente. Si tiene la más pequeña sospecha de que alguien puede ser culpable, lo encontrará culpable incluso si debe ignorar los problemas que presentan las pruebas".
En juicios de jurado, que fueron introducidos en nueve regiones en 1993 y se expandieron por todo el país en 2003, es más probable que un acusado sea declarado inocente, con tasas de exculpación de un 15 por ciento, de acuerdo a estadísticas de la Corte Suprema. En Krasnodar, por ejemplo, donde los jueces encuentran culpable a todos los acusados, los jurados declararon inocente a un 20 por ciento de los acusados.
"Por lo menos, un juicio de jurado no puede compararse con la pesadilla un juicio ordinario ante un juez", dijo Sergei Nasonov, profesor de derecho penal en la Academia de Derecho Estatal de Moscú que ha escrito un libro sobre los juicios con jurados en Rusia. "En un juicio con jurado existe la esperanza de justicia, y en un juicio ordinario no hay esperanzas".
Pero los juicios con jurado representan 8 por ciento de los juicios penales, y las exculpaciones son a menudo recurridas, revocadas por la Corte Suprema y enviadas de vuelta para un nuevo juicio con un nuevo jurado, de acuerdo a profesores de derecho y abogados defensores. En algunos casos, los fiscales obtienen un veredicto de culpable después de dos o tres exculpaciones de los jurados.
Además, hay una sospecha cada vez mayor de que la selección de los jurados, especialmente en casos delicados, no es aleatoria, como exige la ley, según Nasonov y otros juristas.
El juez Melikov, veterano de la invasión rusa de Afganostán, trabajó como investigador criminal del ministerio del Interior antes de ser juez en 1997. Recibió una magistratura vitalicia en 2000. Melikov dijo que supo que estaba en problemas con sus superiores cuando a fines de 2002, unos meses después de la introducción del nuevo código penal, él se negó a emitir una orden de detención de un sospechoso de un atraco armado porque la policía no había observado los nuevos procedimientos.
En una reunión de jueces, Melikov dijo que su superior Yegorova, lo criticó públicamente. Yegorova, que es presidente del Tribunal de la Ciudad de Moscú, dijo en la reunión que los jueces debían emitir órdenes de detención automáticamente, dijo Melikov.
Yegorova, que no respondió a una petición por fax de una entrevista, fue nombrada en 1999 por el Kremlin contra las objeciones de jueces federales y de la ciudad, incluyendo a Lebedev, el presidente de la Corte Suprema, de acuerdo a informaciones en la prensa rusa citando una carta de él.
Yegorova, esposa de un general de la FSB, el sucesor interno de la KGB, ha sido acusada de ejercer en algunos casos presión sobre los subordinados y de no admitir exculpaciones o sentencias indulgentes. En un primer año en el cargo, renunciaron 17 jueces del Tribunal de la Ciudad de Moscú, la mayoría de ellos de tribunales penales, de acuerdo al Consejo Independiente de Juristas.
"Nos marchamos por el ambiente que creó Yegorova", dijo Viktor Kononenko, que jubiló como juez del Tribunal de la Ciudad de Moscú en 2001. "Ella no acepta nuestros métodos de trabajo. La gente con la que trabajé, algunos de ellos con mucha experiencia, fueron instruidas para tratar las acusaciones rápidamente sin observar las normas legales. No se nos juzgaba sobre la calidad de la justicia en nuestros tribunales".
Melikov decidió luchar cuando las autoridades judiciales trataron de destituirlo, a él y otros 12 jueces, en 2004; la mayoría de los jueces atacados, se retiraron. Melikov dijo que a él se le ofreció un acuerdo de renuncia que le daba derecho a conservar su pensión.
En la audiencia ante el cuerpo disciplinario de la judicatura, Melikov alegó su caso durante tres horas, diciendo que en algunos casos sus decisiones supuestamente frágiles no fueron rebatidas por los fiscales o fueron mantenidas por la Corte Suprema, información que Yegorova omitió en su moción.
Pero el órgano disciplinario demoró menos de cinco minutos en apoyar a Yegorova y retirar de la sala a Melikov.
La semana pasada, Melikov Melikov recurrió, un proceso que puede tomar varias semanas. Será vista por la Corte de la Ciudad de Moscú, que encabeza Yegorova.
28 de febrero de 2005
©washington post
©traducción mQh
plan contra fascistas belgas
Nuevo plan para obstaculizar a extremistas de derecha.
Cuatro políticos de diferentes partidos han colaborado para elaborar un plan para excluir a los extremistas del poder en Bélgica. Francis Delperee, del Partido Social-Cristiano CDH, ha redactado una ley que exigirá que todos los políticos belgas se comprometan a respetar la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos, informó el lunes la agencia de prensa belga. Hasta el momento, los políticos belgas sólo juran lealtad a la Constitución y leyes belgas.
La propuesta fue también firmada por el socialista francófono Philippe Moureaux PS; por Nathalie de T'Serclaes, del partido de centro-derecha Mouvement Reformateur MR; y por la ecologista Isabelle Durant (Ecolo).
El proyecto de ley también impedirá que un individuo pueda participar en cualquier tipo de elecciones si ha sido condenado bajo la Ley Moreaux de 1981 sobre racismo y xenofobia. También excluirá a miembros o antiguos miembros de grupos condenados por violar esas leyes.
Si el proyecto se transforma en ley, podría eventualmente conducir a la prohibición del Vlaams Belang, cuya previa encarnación como Vlaams Blok fue condenada por racismo el año pasado por tribunales belgas.
La propuesta es bastante similar a la que pidieron recientemente veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
22 de febrero de 2005
©expatica
©traducción mQh
Cuatro políticos de diferentes partidos han colaborado para elaborar un plan para excluir a los extremistas del poder en Bélgica. Francis Delperee, del Partido Social-Cristiano CDH, ha redactado una ley que exigirá que todos los políticos belgas se comprometan a respetar la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos, informó el lunes la agencia de prensa belga. Hasta el momento, los políticos belgas sólo juran lealtad a la Constitución y leyes belgas. La propuesta fue también firmada por el socialista francófono Philippe Moureaux PS; por Nathalie de T'Serclaes, del partido de centro-derecha Mouvement Reformateur MR; y por la ecologista Isabelle Durant (Ecolo).
El proyecto de ley también impedirá que un individuo pueda participar en cualquier tipo de elecciones si ha sido condenado bajo la Ley Moreaux de 1981 sobre racismo y xenofobia. También excluirá a miembros o antiguos miembros de grupos condenados por violar esas leyes.
Si el proyecto se transforma en ley, podría eventualmente conducir a la prohibición del Vlaams Belang, cuya previa encarnación como Vlaams Blok fue condenada por racismo el año pasado por tribunales belgas.
La propuesta es bastante similar a la que pidieron recientemente veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
22 de febrero de 2005
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guerra de pandillas en nápoles
[Tracy Wilkinson] La ciudad, emblemática del abandonado sur italiano, lucha contra un violento tráfico de drogas a medida que trata de efectuar un renacimiento que atraiga a los turistas.
Nápoles, Italia. El barrio de las Flores y sus calles tienen nombres poéticos como Praga Mágica y Huerto de Cerezas. Pero es universalmente conocido por el Tercer Mundo.
Es donde Carmela Attrice, 47, fue asesinada a balazos a mediados de enero después de un joven matón la engañara para sacarla de su apartamento, todavía en pijama. Es donde el jefe mafioso Cosimo Gordo' Di Lauro, que supuestamente ordenó el asesinato de decenas de rivales, fue detenido mientras cientos de sus partidarios escupían a la policía. Está cerca de donde un supuesto gángster fue decapitado, su cuerpo metido en un coche destrozado con la cabeza entre sus piernas.
En los rudos suburbios norteños de Nápoles, se libra una violenta guerra de pandillas cuando facciones de la Camorra, la versión regional de la mafia, luchan por el control del multibillonario tráfico de drogas.
Se calcula que el año pasado la guerra de pandillas costó la vida a 140 personas en Nápoles, y las bajas se han acelerado en meses recientes.
"La Camorra es un enorme monstruo cuyos tentáculos llegan a todos los rincones del barrio", dijo Paolo Prisco, 30, asistente social que vive en el borde norte de la ciudad.
La disputa se concentra en los suburbios de Scampia y Secondigliano, tensos enclaves de proyectos de torres residenciales urbanas que han llegado a ser el símbolo de la peor alienación urbana. Pero los asesinatos de la Camorra se cometen en otros lugares.
Un hombre fue matado a balazos en un restaurante en las cercanías del centro de Nápoles, cayendo con la cabeza en la pizza que comía. Una niña de 14 años, agarrada por un gángster como escudo humano, fue asesinada en el cercano barrio de Forcella algunos meses antes.
Para esta ciudad que fue alguna vez gloriosa y hoy se atormenta, la violencia no podría haber sido más inoportuna. La capital de un reino durante la era medieval y después, Nápoles cayó en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, la ciudad ha invertido millones de dólares para lanzar un muy publicitado renacimiento y deshacerse de la imagen de una lugar plagado por el crimen al que hay que evitar.
Las autoridades de la ciudad han llevado arte público a las estaciones del metro, restaurado iglesias medievales y palacios borbónicos y limpiado las peores secciones del espectacular paseo marítimo de Nápoles, desde donde se puede ver el Monte de Vesubio cubierto por la nieve. Funcionarios dijeron que el turismo, en descenso en otras partes de Italia, aumentó en Nápoles el año pasado.
La guerra de las pandillas pone en peligro todo eso. Además, hace surgir serias preguntas sobre el gobierno central del primer ministro Silvio Berlusconi y su capacidad para imponer la ley y el orden. Muchos napolitanos culpan a sucesivos gobiernos de ignorar la tragedia de la ciudad portuaria.
"Hay un fuerte daño", dijo el teniente coronel Claudio Dimizi, que supervisa la región de Nápoles para los carabineros de la policía nacional. "Amigos míos no se atrevieron a venir para Navidad".
Los carabineros paramilitares han se han desplazado en el norte de Nápoles en un intento por reducir la guerra. Gran parte de los últimos asesinatos no han tenido como blanco a los mafiosos mismos, sino a sus familiares (incluyendo a Carmela Attrice) o novias en asesinatos que un fiscal llamaría de venganza indirecta, y debido a que muchos de los tíos malos están en prisión. Desde noviembre, se ha detenido a cientos de personas.
Pero la represión policial solamente no hará retroceder a una organización que tiene 200 años y que se nutre de la pobreza, la desesperación y al desatado temor en el área.
"No se puede derrotar a la Camorra", dijo el reverendo Fabrizio Valletti, cura jesuita que preside la iglesia de Santa María de la Esperanza en Scampia. "Es la única organización económica de aquí. Es importante construir alternativas sólidas; ahora no hay ninguna".
Instalada entre los deprimentes bloques de apartamentos donde los traficantes venden drogas abiertamente y los usuarios arrojan las jeringas usadas a las agrietadas aceras, la iglesia está rodeada totalmente por barras de metal. Para entrar a ella hay que abrir varios postigos de varias pesadas puertas de metal. Valletti dice pícaramente que la iglesia es un búnker; la policía se refiere a ella como la "iglesia blindada". Valletti, 66, dijo que la Camorra era para sus feligreses algo parecido a una agencia de ayuda social. Si un hombre es enviado a la cárcel, la Camorra mantendrá a la familia. En una región donde no hay trabajo, la Camorra paga por los asesinatos, la vigilancia y otras tareas ilícitas.
Para una juventud descontenta y desesperada, la imagen del jefe mafioso -duro, arrogante, en el mando- es tentadora. Después de que Di Lauro se recuperara, su fotografía empezó a aparecer como pegatina para celulares de los jóvenes de Nápoles.
La ciudad representa y amplifica los problemas del sur menos desarrollado de Italia. El desempleo en Nápoles es tres veces mayor que el promedio nacional. En los barrios bajos del norte, la mitad de los jóvenes adultos están sin trabajo. La tasa de nacimiento es también más alta que en el resto del país, como también las tasas de analfabetismo adulto y de abandono de estudios.
Los extranjeros no son bienvenidos en Scampia y Secondigliano. Cuando dos visitantes llegaron a la iglesia acompañados por la policía, dos jóvenes que son vigías de la Camorra aparecieron espontáneamente. "¿Ves a esa mujer allá arriba en la ventana?", preguntó uno de los escoltas policiales, señalando hacia el cuarto piso de un apartamento cercano. "¿La que pretende estar checando la ropa y que habla por el celular?" Ella también estaba informando.
Giovanni Corona, el fiscal del estado de Nápoles que lleva los casos de la Camorra, dijo que la mafia napolitana había pasado de ser un sindicato criminal similar a la mejor conocida mafia siciliana, en las que las familias llevan los negocios y compiten por el poder, a algo más parecido a las pandillas callejeras. La desintegración es la causa de la guerra actual.
Durante los últimos 20 años o algo así, Paolo Di Lauro, jefe del clan de la Camorra que controla los suburbios del norte, dirigió un estrechamente controlado imperio de la droga que importaba cocaína y heroína y la distribuía a través de un ejército de dealers, dijo Corona. A cambio de ese monopolio y tajadas fijas de los beneficios, Di Lauro permitía a los cabecillas de los barrios un cierto grado de autonomía.
Hace dos años Di Lauro entró en la clandestinidad cuando las autoridades comenzaron a darle caza. Dejó sus negocios a sus hijos, y Cosimo el Gordo' quedó a cargo. Pero él tenía sus ideas sobre el sistema de distribución. Depuso a los gángsteres más viejos y los remplazó por jóvenes matones nuevos en los negocios. Rebelándose, una facción ahora conocida como los secesionistas' , declaró la guerra a Di Lauro en octubre. Día tras día las dos pandillas se dan guerra con una brutalidad que asombra incluso a los endurecidos carabineros.
La nueva generación de gángsteres, la mayoría de ellos cerca de los treinta, "van armados, son violentos e intrépidos", dijo Corona. "Obedecen órdenes. Matar sin pestañear".
En barrios como el del Tercer Mundo, los gángsteres viven sin exhibir su riqueza. Permanecen en áreas empobrecidas para controlarlas mejor, dicen detectives. Desde fuera, los bloques de apartamentos están salpicados de graffiti y se ven pobres y anodinos. Dentro, sin embargo, los jefes de la Camorra viven como nuevos ricos, con pesados candelabros, frascos de perfumes de cinco litros y materiales gráficos horteras, dicen policías que los han allanado.
Jueces, policías y activistas anti-mafia en Nápoles están todos de acuerdo en que, guerra o no, la Camorra continuará creciendo a menos que el gobierno nacional preste más atención a los problemas de la ciudad con las inversiones, los programas de trabajo y la infraestructura. Alarmados de que su credibilidad como gobernantes sea socavada, varios importantes funcionarios de gobierno visitaron Nápoles y los suburbios del norte.
"Es del interés de todos erradicar y eliminar este cáncer que nos está comiendo vivos", dijo el presidente Carlo Azeglio Ciampi.
17 de febrero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Nápoles, Italia. El barrio de las Flores y sus calles tienen nombres poéticos como Praga Mágica y Huerto de Cerezas. Pero es universalmente conocido por el Tercer Mundo.Es donde Carmela Attrice, 47, fue asesinada a balazos a mediados de enero después de un joven matón la engañara para sacarla de su apartamento, todavía en pijama. Es donde el jefe mafioso Cosimo Gordo' Di Lauro, que supuestamente ordenó el asesinato de decenas de rivales, fue detenido mientras cientos de sus partidarios escupían a la policía. Está cerca de donde un supuesto gángster fue decapitado, su cuerpo metido en un coche destrozado con la cabeza entre sus piernas.
En los rudos suburbios norteños de Nápoles, se libra una violenta guerra de pandillas cuando facciones de la Camorra, la versión regional de la mafia, luchan por el control del multibillonario tráfico de drogas.
Se calcula que el año pasado la guerra de pandillas costó la vida a 140 personas en Nápoles, y las bajas se han acelerado en meses recientes.
"La Camorra es un enorme monstruo cuyos tentáculos llegan a todos los rincones del barrio", dijo Paolo Prisco, 30, asistente social que vive en el borde norte de la ciudad.
La disputa se concentra en los suburbios de Scampia y Secondigliano, tensos enclaves de proyectos de torres residenciales urbanas que han llegado a ser el símbolo de la peor alienación urbana. Pero los asesinatos de la Camorra se cometen en otros lugares.
Un hombre fue matado a balazos en un restaurante en las cercanías del centro de Nápoles, cayendo con la cabeza en la pizza que comía. Una niña de 14 años, agarrada por un gángster como escudo humano, fue asesinada en el cercano barrio de Forcella algunos meses antes.
Para esta ciudad que fue alguna vez gloriosa y hoy se atormenta, la violencia no podría haber sido más inoportuna. La capital de un reino durante la era medieval y después, Nápoles cayó en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, la ciudad ha invertido millones de dólares para lanzar un muy publicitado renacimiento y deshacerse de la imagen de una lugar plagado por el crimen al que hay que evitar.
Las autoridades de la ciudad han llevado arte público a las estaciones del metro, restaurado iglesias medievales y palacios borbónicos y limpiado las peores secciones del espectacular paseo marítimo de Nápoles, desde donde se puede ver el Monte de Vesubio cubierto por la nieve. Funcionarios dijeron que el turismo, en descenso en otras partes de Italia, aumentó en Nápoles el año pasado.
La guerra de las pandillas pone en peligro todo eso. Además, hace surgir serias preguntas sobre el gobierno central del primer ministro Silvio Berlusconi y su capacidad para imponer la ley y el orden. Muchos napolitanos culpan a sucesivos gobiernos de ignorar la tragedia de la ciudad portuaria.
"Hay un fuerte daño", dijo el teniente coronel Claudio Dimizi, que supervisa la región de Nápoles para los carabineros de la policía nacional. "Amigos míos no se atrevieron a venir para Navidad".
Los carabineros paramilitares han se han desplazado en el norte de Nápoles en un intento por reducir la guerra. Gran parte de los últimos asesinatos no han tenido como blanco a los mafiosos mismos, sino a sus familiares (incluyendo a Carmela Attrice) o novias en asesinatos que un fiscal llamaría de venganza indirecta, y debido a que muchos de los tíos malos están en prisión. Desde noviembre, se ha detenido a cientos de personas.
Pero la represión policial solamente no hará retroceder a una organización que tiene 200 años y que se nutre de la pobreza, la desesperación y al desatado temor en el área.
"No se puede derrotar a la Camorra", dijo el reverendo Fabrizio Valletti, cura jesuita que preside la iglesia de Santa María de la Esperanza en Scampia. "Es la única organización económica de aquí. Es importante construir alternativas sólidas; ahora no hay ninguna".
Instalada entre los deprimentes bloques de apartamentos donde los traficantes venden drogas abiertamente y los usuarios arrojan las jeringas usadas a las agrietadas aceras, la iglesia está rodeada totalmente por barras de metal. Para entrar a ella hay que abrir varios postigos de varias pesadas puertas de metal. Valletti dice pícaramente que la iglesia es un búnker; la policía se refiere a ella como la "iglesia blindada". Valletti, 66, dijo que la Camorra era para sus feligreses algo parecido a una agencia de ayuda social. Si un hombre es enviado a la cárcel, la Camorra mantendrá a la familia. En una región donde no hay trabajo, la Camorra paga por los asesinatos, la vigilancia y otras tareas ilícitas.
Para una juventud descontenta y desesperada, la imagen del jefe mafioso -duro, arrogante, en el mando- es tentadora. Después de que Di Lauro se recuperara, su fotografía empezó a aparecer como pegatina para celulares de los jóvenes de Nápoles.
La ciudad representa y amplifica los problemas del sur menos desarrollado de Italia. El desempleo en Nápoles es tres veces mayor que el promedio nacional. En los barrios bajos del norte, la mitad de los jóvenes adultos están sin trabajo. La tasa de nacimiento es también más alta que en el resto del país, como también las tasas de analfabetismo adulto y de abandono de estudios.
Los extranjeros no son bienvenidos en Scampia y Secondigliano. Cuando dos visitantes llegaron a la iglesia acompañados por la policía, dos jóvenes que son vigías de la Camorra aparecieron espontáneamente. "¿Ves a esa mujer allá arriba en la ventana?", preguntó uno de los escoltas policiales, señalando hacia el cuarto piso de un apartamento cercano. "¿La que pretende estar checando la ropa y que habla por el celular?" Ella también estaba informando.
Giovanni Corona, el fiscal del estado de Nápoles que lleva los casos de la Camorra, dijo que la mafia napolitana había pasado de ser un sindicato criminal similar a la mejor conocida mafia siciliana, en las que las familias llevan los negocios y compiten por el poder, a algo más parecido a las pandillas callejeras. La desintegración es la causa de la guerra actual.
Durante los últimos 20 años o algo así, Paolo Di Lauro, jefe del clan de la Camorra que controla los suburbios del norte, dirigió un estrechamente controlado imperio de la droga que importaba cocaína y heroína y la distribuía a través de un ejército de dealers, dijo Corona. A cambio de ese monopolio y tajadas fijas de los beneficios, Di Lauro permitía a los cabecillas de los barrios un cierto grado de autonomía.
Hace dos años Di Lauro entró en la clandestinidad cuando las autoridades comenzaron a darle caza. Dejó sus negocios a sus hijos, y Cosimo el Gordo' quedó a cargo. Pero él tenía sus ideas sobre el sistema de distribución. Depuso a los gángsteres más viejos y los remplazó por jóvenes matones nuevos en los negocios. Rebelándose, una facción ahora conocida como los secesionistas' , declaró la guerra a Di Lauro en octubre. Día tras día las dos pandillas se dan guerra con una brutalidad que asombra incluso a los endurecidos carabineros.
La nueva generación de gángsteres, la mayoría de ellos cerca de los treinta, "van armados, son violentos e intrépidos", dijo Corona. "Obedecen órdenes. Matar sin pestañear".
En barrios como el del Tercer Mundo, los gángsteres viven sin exhibir su riqueza. Permanecen en áreas empobrecidas para controlarlas mejor, dicen detectives. Desde fuera, los bloques de apartamentos están salpicados de graffiti y se ven pobres y anodinos. Dentro, sin embargo, los jefes de la Camorra viven como nuevos ricos, con pesados candelabros, frascos de perfumes de cinco litros y materiales gráficos horteras, dicen policías que los han allanado.
Jueces, policías y activistas anti-mafia en Nápoles están todos de acuerdo en que, guerra o no, la Camorra continuará creciendo a menos que el gobierno nacional preste más atención a los problemas de la ciudad con las inversiones, los programas de trabajo y la infraestructura. Alarmados de que su credibilidad como gobernantes sea socavada, varios importantes funcionarios de gobierno visitaron Nápoles y los suburbios del norte.
"Es del interés de todos erradicar y eliminar este cáncer que nos está comiendo vivos", dijo el presidente Carlo Azeglio Ciampi.
17 de febrero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh