carabineros y la cultura de la corrupción

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columna de lísperguer

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Presidente Piñera nombra nuevo director general de Carabineros.
Se podría llegar a creer que el general Gordon no intervino para modificar el parte, pese a las declaraciones de uno o más subalternos implicados en el caso, pero no que no se hubiese enterado posteriormente. Tras enterarse, debió haber exigido la reposición del parte original y sancionado a los subalternos implicados por una conducta muy reprochable -la misma que el general rechazó cuando fustigó la mentira con ocasión de su renuncia. Pero lo más probable es que -sobre todo a la luz de otras revelaciones recientes sobre Gordon en cuanto a su intervención para promover a funcionarias de su predilección y en cuanto a otros privilegios de que goza, hoy también conocidos por la opinión pública- en la institución, y en realidad en todas las instituciones chilenas, este tipo de conductas en que autoridades favorecen a familiares son consideradas normales y hasta buenas, según el dogma cultural que obliga a proteger y favorecer a familiares y amigos. Esta suerte de corrupción institucionalizada y enquistada en la cultura es muy difícil de extirpar y es igualmente difícil convencer a otros chilenos de que es una conducta inmoral e indeseable.
¿Por qué puede el presidente nombrar a un primo hermano en un importante cargo público y no puede el jefe de carabineros borrar un parte para proteger a su hijo? ¿Por qué puede el conservador de bienes raíces emplear a toda su familia en la institución y no puede un carabinero favorecer a sus cercanos más leales?
Cuando el general González defendió a Gordon empleó la lengua con innecesaria ligereza -al usar la palabra infamia-, pero es comprensible en su contexto y pierde gravedad cuando el propio general lo reconoce y ofrece sus disculpas. Eso es un buen signo.
Y otro buen signo, y más importante, es que abandonó la justificación de esa falsificación de un documento público cuando argumentó primeramente que los subalternos lo habían hecho para proteger la seguridad de la institución -que no puede ni debe nunca ser defendida mintiendo y delinquiendo, pues con ello se pueden justificar los peores abusos (como cuando se niega colaboración en casos de derechos humanos argumentando que se perjudica la seguridad nacional).
Gordon era un general controvertido cuyo mando se caracterizó por actos ilegales o al filo de la ilegalidad: innecesaria violencia policial, espionaje, torturas, asesinatos cometidos por carabineros y dejados en la impunidad, favoritismo. Amplios sectores de la ciudadanía exigieron durante meses su renuncia. La aceptación de esta por el presidente fue una buena decisión.
lísperguer

murió eve brent

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Actriz. Fue Jane en las películas 'Tarzán y sus compañeros' y 'Tarzán lucha por su vida' cuando Tarzán era Gordon Scott.

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[Daniel E. Slotnik] Murió el 27 de agosto en Sun Valley, California, la veterana actriz Eve Brent, mejor conocida por su papel como Jane en la pareja que formaba con Tarzán (Gordon Scott). Tenía 81 años.
Su muerte fue confirmada por un representante de Pacifica Hospital of the Valley.
Bremt insufló nueva vida al personaje de Jane, la civilizada pretendida de Tarzán, en las películas de Tarzán ‘Tarzán y sus compañeros’ [Tarzan and the Trappers] y ‘Tarzán lucha por su vida’ [Tarzan’s Fight for Life], ambas de 1958, después de que Jane fuera dejada fuera en las dos películas previas de Tarzán. Dijo que aceptó el papel para complacer a su hijo, que en la época tenía seis años. Pero aunque le vio más visibilidad, más tarde concluyó que había sido una desastrosa decisión.
"Realmente no podía encontrar trabajo debido a Jane", contó Brent a la página web de fans de Tarzán en 2007. "Te fijan en el estereotipo, al menos en la industria en esa época."
Pasó los siguientes diez años trabajando en teatro y en pequeños papeles cinematográficos, como en la comedia ‘Guía para el hombre casado’ [A Guide for the Married Man] (1967), en la que su personaje fue Blowsy Blonde, y en la película de acción de Clint Eastwood, ‘La jungla humana’ [Coogan’s Bluff; Mi nombre es violencia] (1968), en la que representó a una prostituta.
En los años setenta recibió roles cinematográficos más variados y ganó el premio de la Academia  de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror a la mejor actriz secundaria por su papel en ‘Fundido a negro’ [Fade to Black] (1980), en la que era víctima de un cinéfilo asesino.
Entre otras de sus actuaciones posteriores destacan la adaptación de Stephen King, ‘La milla verde’ [The Green Mile] (1999), con Tom Hanks; y ‘Garfield’ (2004), con Bill Murray. También actuó en televisión, más recientemente en las populares comedias ‘Community’ y ‘Scrubs.’
Su última película, ‘Hit List’, será estrenada a principios de 2012.

Eve Brent nació como Jean Ewers en Texas en 1930. Creció en Fort Worth y  comenzó a actuar de niña en una radio.
Le sobrevive su hijo James Lewis.
Pese a los reveses sufridos por hacer de Jane, Brent dijo a la página web de fans de Tarzán que el rol tuvo también algunas recompensas.
"El recuerdo de ser Jane, y el hecho de ser Jane, me han permitido ser parte de la historia del cine, y parte de la vida de toda la gente que disfrutó de Tarzán", dijo. "Estoy agradecida por eso."
9 de septiembre de 2011
7 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

proteger o deponer en libia

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La OTAN ha ido más allá del mandato de Naciones Unidas para proteger a la población libia, y ahora algunos estados miembros de la ONU se muestran reticentes a autorizar acciones contra Siria.

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[Philippe Bolopion] La intervención militar de la OTAN en Libia se inició bajo el principio de la "responsabilidad de proteger", un concepto nacido entre las cenizas del genocidio ruandés: que el mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades en un estado soberano.
Aunque moralmente auto-evidente, este concepto se demoró en ser aceptado por la comunidad internacional, particularmente entre países en vías de desarrollo, muchos de los cuales lo vieron como una estratagema de las potencias occidentales para intervenir en los asuntos internos de países más débiles.
Después de mucho cabildeo, el principio fue finalmente consagrado por la Cumbre Mundial de 2005 y utilizado exitosamente para resolver peligrosas crisis en Kenia y Guinea. Pero su aspecto más polémico no había sido nunca puesto a prueba, es decir, hasta que ocurrió lo de Libia: el uso de la fuerza como último recurso.
A los ojos de muchos países, la OTAN fracasó en esta prueba.
En marzo, mientras Muamar Gadafi se preparaba para aplastar el bastión rebelde en Bengazi, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó la acción militar en Libia. Pero dejó en claro que el propósito de la acción era proteger a la población libia.
Muchos países que se opusieron a la decisión del Consejo de Seguridad, e incluso al menos uno que la aprobó, creen ahora que la operación occidental ha ido mucho más allá que la mera protección de los libios y es ahora interpretada ampliamente como una acción destinada desde el principio a deshacerse del gobernante libio.
Por más impopular que pueda ser Gadafi, la idea de que aviones de guerra de la OTAN estuvieran tratando de asesinarlo tocó una fibra sensible entre países alérgicos a los cambios de regímenes y recelosos del concepto de responsabilidad de proteger, conocido en círculos diplomáticos como R2P.
"Libia la ha dado un mal nombre al R2P", dijo hace poco el embajador indio ante Naciones Unidas, Hardeep Singh Puri. Diplomáticos de Suráfrica, que a diferencia de India sí apoyó la Resolución 1973 de la ONU, han expresado temores similares, diciendo que se sienten utilizados y están indignados de que Occidente haya ignorado los llamados a una tregua de la Unión Africana.
Uno podría argumentar que cuando un gobernante está empecinado en cometer atrocidades masivas contra su propia población, el único modo efectivo de proteger a los civiles es derrocándolo. Sin embargo, ningún país de la OTAN lo ha declarado abiertamente; en lugar de eso, sus miembros se han esforzado por reafirmar su neutralidad.
La operación libia ha fortalecido el caso de los que cuestionan el concepto de que el mundo tiene la responsabilidad de proteger a los civiles contra sus propios gobernantes, y las reacciones ya están contribuyendo a trágicas consecuencias.
En Siria, donde las fuerzas de seguridad han asesinado a más de dos mil manifestantes y detenido arbitrariamente y torturado a miles más, incluyendo niños, la gente claramente necesita protección. Si el Consejo de Seguridad tomara en serio su responsabilidad de proteger, hace tiempo que ya habría recurrido a los numerosos instrumentos no militares que tiene a su disposición para presionar el régimen del presidente Bashar Assad. Podría haber aprobado una resolución pidiendo el fin de la violencia, la creación de una comisión de investigación, un embargo de armas o una gama de sanciones contra el gobierno o el sector petrolífero.
Hay muchas razones que explican esta inquietante incapacidad de actuar: la oposición de las potencias con derecho a veto -China y Rusia-, el silencio de la Liga Árabe, la presencia del Líbano en el Consejo de Seguridad -país que es un rehén virtual de Siria. Pero un factor crucial contra la decisión de iniciar alguna acción ha sido que los votos clave en el consejo -India, Suráfrica y Brasil- no están disponibles. A puertas cerradas, sus diplomáticos han explicado que no tienen intención de repetir la experiencia libia. Por supuesto, nada insinuaba ni acciones militares ni cambio de régimen en el borrador de resolución presentado por los europeos. Pero para India, Suráfrica y Brasil, ahora toca pagar la cuenta. El pueblo sirio está pagando el precio por lo que algunos países ven como la extralimitación de la OTAN en el caso libio.
Así que aquí estamos nuevamente con el Consejo de Seguridad haciendo prácticamente nada mientras se cometen crímenes atroces -la situación que el concepto de responsabilidad de proteger debía evitar.
Nunca sabremos cuántas víctimas civiles habrían ocurrido si la OTAN no hubiese intervenido en Libia. Lo que sí sabemos es lo que ocurre cuando la comunidad internacional se desentiende frente a crímenes en masa. En los últimos meses de la guerra en Sri Lanka, por ejemplo, murieron cerca de cuarenta mil civiles, mientras que lo único que hizo el Consejo de Seguridad fue convocar a una nerviosa sesión informal en un sótano de Naciones Unidas debido al obstruccionismo ruso y chino, sin que las potencias occidentales hicieran demasiado ruido.
Los países que atacaron a Libia bajo la bandera de la responsabilidad de proteger tienen el deber de explicarse a sí mismos y aceptar una interpretación sobria y crítica de sus acciones. No deberían ser vistos como utilizando el concepto de responsabilidad de proteger sólo cuando les es políticamente conveniente e ignorándolo cuando no lo es. Deberían responder las quejas de países que apoyaron de modo genuino las acciones para proteger a los civiles, pero se sienten traicionados por la manera en que se condujeron las acciones militares. Es el único modo de asegurar que el legado libio nos acerque más a un mundo que deje de tolerar atrocidades.
[El autor de director Naciones Unidas de Human Rights Watch.]
9 de septiembre de 2011
25 de agosto de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

nueve chicos rescatados del infierno

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Cóctel de violencia, abuso sexual y pobreza. Nueve chicos rescatados del infierno.

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Argentina. Aunque la pobreza se naturalice sin remedio, algunas situaciones extremas duelen a los observadores: nueve niños de entre tres meses y 16 años que vivían en una tapera entre animales, sin baño ni condiciones mínimas de higiene fueron retirados ayer por las TOE, por orden del juez de familia Edgardo Bonomelli, debido a denuncias de violencia familiar y abuso sexual. Los tres adultos que residían con los chicos fueron demorados. Los vecinos apuntaron situaciones de "violencia familiar y de abuso sexual, en un marco de hacinamiento". Los niños vivían en una casilla de cartón y madera, donde comían y dormían con perros, cerdos y caballos, y carecían de servicios básicos de aseo personal. Tampoco iban a la escuela.
El operativo fue realizado por efectivos de Tropas de Operaciones Especiales (TOE), tras las denuncias formuladas por vecinos de ese barrio ubicado en la zona noroeste de la ciudad.
La policía detuvo a un hombre de 71 años, a su esposa de 60 y a otra mujer de 39, convivientes en la precaria vivienda ubicada en Luzuriaga al 3200. La menor de la mujeres detenidas es la madre de ocho de los pequeños, mientras que el restante sería hijo de la niña de 16 años, y a la vez hijo-nieto del jefe de familia. El grupo familiar es oriundo de Villa Ocampo.
El titular de las TOE, Roberto Benítez, precisó que las condiciones en que estaban los menores eran "duras, crudas". "Teníamos un oficio judicial expedido por el Tribunal de Familia número 4 de Rosario (a cargo de Edgardo Bonomelli) que ordenaba el retiro de nueve menores que se encontraban en Luzuriaga al 3200, en la zona norte de la ciudad".
Los niños fueron hallados "en un rancho, amontonados, hacinados, en condiciones de suma precariedad, uno prácticamente arriba del otro, mucha suciedad de por medio, muchos animales circulando alrededor de los chicos, gran cantidad de perros, un caballo, cerdos, gallinas, necesidades de todos los animales esparcidas por el lugar... Un cuadro difícil hasta de describir", apuntó el jefe policial.
El hombre "vive en una especie de bigamia, una situación bastante irregular", sostuvo Benítez. Cuatro niños fueron enviados a un hogar de huérfanos de Cañada de Gómez y los cinco restantes a dos hogares de Rosario y dos familias sustitutas.
[Foto no está relacionada con el caso y viene de infanciahoy.]
8 de septiembre de 2011
©rosario 12

vietnam esclaviza a sus drogadictos

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Acusan a Vietnam de abusar de drogadictos.

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[Thomas Fuller] Bangkok, Tailandia. El gobierno de Vietnam lo llama terapia laboral, un programa para sacar de las calles a los drogadictos e internarlos en centros de rehabilitación, donde procesan anacardos, cosen prendas de ropa, hacen cestas de mimbre -cualquier tipo de trabajo que los ayude a volver a ponerse de pie.
Pero un informe dado a conocer el miércoles por Human Rights Watch dice que la terapia laboral no es otra cosa que trabajo esclavo disfrazado de programa de reinserción social.
Los drogadictos no son pagados o reciben pagas mínimas por su trabajo y son sometidos por medio de golpizas con porras, descargas eléctricas y celdas de aislamiento, dice el informe, que se basó en entrevistas con treinta y cuatro personas que estaban detenidas en el marco del programa. Algunos de los productos hechos en los centros de rehabilitación son exportados a Estados Unidos y Europa.
"Los trabajos forzados y los maltratos físicos no son ocasionales en el tratamiento de la drogodependencia en Vietnam", dice el informe. "En realidad, son centrales en el funcionamiento de los centros."
Vietnam, como otros muchos países en Asia Oriental, utiliza un sistema de administración especial para personas acusadas de ser drogadictos que es independiente de los tribunales penales. Los adictos son enviados, a menudo por la policía misma, a centros de rehabilitación antes que a la cárcel. Al menos, esa es la teoría.
Nguyen Thi Kim Ngan, que, como ministro del Trabajo, Invalidez y Asuntos Sociales supervisa los centros, no respondió un email solicitando su comentario sobre el informe de Human Rights Watch. Pero documentos del gobierno vietnamita de los últimos años han fomentado el sistema como un modo -para los adictos, muchos de ellos heroinómanos- de recuperar la dignidad y aprender el valor del trabajo.
Los campamentos, que tienen sus raíces en el sistema de reeducación introducido por Hanoi después de la caída del gobierno de Vietnam del Sur en 1975, han sido considerados todo un éxito por el gobierno y en los últimos diez años el número de centros de rehabilitación se ha más que duplicado para llegar a 123. A principios de año, el ministerio del Trabajo informó que los centros mantenían a cerca de cuarenta mil personas. El gobierno ha prolongado el tiempo máximo que pueden pasar los adictos en los campamentos -de un año a cuatro.
Human Rights Watch dice que el sistema se ha convertido en una red dedicada al lucro de fábricas de facto. Los centros gozan de exención de impuestos por los bienes que producen y se espera que se financien ellos mismos. El propósito de los centros es hacer dinero, no tratar la drogadicción, dice el informe. La tasa de recaída, observa, está a menudo por encima del ochenta por ciento. El informe cita a un ex detenido que dice que el único intento de rehabilitación era marchar y gritar lemas como "¡Haz todo lo que puedas para dejar las drogas!"
En el mundo generalmente opaco de las fábricas vietnamitas, con capas de contratistas y subcontratistas, algunas compañías extranjeras han descubierto que sus productos han sido fabricados por los detenidos en esos centros.
Un centro producía mosquiteros para la compañía suiza Vestergaard Frandsen. Los detenidos de otro centro cosían forros de chaquetas destinados a Columbia Sportswear, una empresa estadounidense. La implicación del centro fue una "sorpresa para nosotros", dijo en una conferencia telefónica el vicepresidente de asuntos jurídicos y corporativos de Columbia Sportswear, Peter Bragdon.
Bragdon dijo que un contratista había encargado el trabajo al centro de rehabilitación. La compañía ha dejado de trabajar con el contratista, dijo, y está considerando donar las 847 piezas cosidas por los detenidos a alguna obra de caridad. "Para nosotros, todo tipo de trabajo involuntario es inaceptable", dijo Bragdon.
8 de septiembre de 2011
7 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

uribe creó escuadrón de la muerte

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Alias ’Alberto Guerrero’, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las AUC, quien busca beneficios de la ley de Justicia y Paz, acusa al expresidente de conformar un grupo ilegal, en su época de gobernador de Antioquia. Uribe rechaza la acusación y señala a Cepeda de "sicario moral".

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Colombia. El representante a la Cámara Iván Cepeda le pidió a la Fiscalía que investigue las declaraciones de un presunto jefe paramilitar, de nombre Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, quien señala que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su época de gobernador de Antioquia, habría conformado un grupo paramilitar.
En su cuenta de Twitter, el exmandatario rechazó los señalamientos. "Iván Cepeda desesperado busca más calumnias. ¿Estará aliado con extraditados? ¿Se le puede decir algo diferente a sicario moral", dijo en un trino.
Cepeda grabó en video ese testimonio el pasado 19 de agosto en la cárcel de Itagüí (Antioquia), lugar que visitó en esa fecha con motivo de sus investigaciones sobre las condiciones de reclusión de las cárceles y penitenciarías colombianas, y que posteriormente dieron lugar a un debate de control político en el Congreso.
En esa visita, alias ‘Alberto Guerrero’, quien se identificó como excomandante del Bloque Cacique Pipintá -que operó ilegalmente en los departamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda-, asegura que en la década de los 90 el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez conformó un grupo paramilitar en el municipio de San Roque (Antioquia) y que tenía una especie de ‘cuartel general’ en la célebre finca ‘Guacharacas’, que según la matrícula inmobiliaria del predio pertenece desde 1996, entre otros, a la sociedad "inversiones Uribe Vélez en liquidación".
Dicho bloque paramilitar, según el testimonio, se creo para enfrentar la presencia del bloque Bernardo López Arroyave del ELN, que al parecer habría incendiado la finca Guacharacas y se había robado centenares de cabezas de ganado y caballos de paso fino que pastaban en dicho predio.
Según alias ‘Alberto Guerrero’, este bloque paramilitar habría incurrido en dos masacres, una en el propio municipio de San Roque y el corregimiento Providencia de ese municipio antioqueño, y que en octubre de 1996 esa organización se "legalizó" en la Convivir ‘El Condor’.
Estas denuncias se asemejan a las que en 2007 reveló en el Congreso el entonces senador del Polo Gustavo Petro, en un debate de control político sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia. Tras ese debate, el presidente Álvaro Uribe Vélez convocó a una conferencia de prensa en Casa de Nariño para explicar el origen y tradición del predio ‘Guacharacas’.
Lo particular del testimonio es que alias ‘Alberto Guerrero’ dice que su declaración está motivada para recibir los beneficios de la ley de justicia y paz. El Bloque Cacique Pipintá, según información de la Alta Consejería para la Reintegración de la Presidencia de la República, y llamadas Autodefensas Campesinas del Casanare fueron los dos únicos grupos que quedaron excluidos del proceso de paz y "fueron confrontados militarmente".
Según el portal Verdadabierta.com, alias ‘Alberto Guerrero’ fue condenado por el asesinato de cuatro indígenas en un resguardo ubicado en Río Sucio, Caldas, hecho ocurrido en 2003.
El representante Iván Cepeda aseguró que este paramilitar , en su actividad ilegal, tuvo contacto con el llamado Bloque Metro y la mencionada convivir ‘El Cóndor’.
En su petición a la Fiscalía, Cepeda pidió interrogar a este testigo, investigar dos masacres y el presunto pago de una recompensa por la muerte del cabecilla del ELN alias ‘Juan Pablo’, ofrecida por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.

El Testimonio
Alias ‘Alberto Guerrero’ afirma que a mediados de la década de los 90 se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC, el cual habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, de propiedad, en aquel entonces, del gobernador Álvaro Uribe.
El paramilitar asegura en la grabación que los fundadores de aquel grupo paramilitar fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por paramilitarismo.
Según cuenta el exjefe paramilitar, una de las causas que llevaron a la conformación del Bloque Metro fue la incursión en la región del Bloque Bernardo López Arroyave del ELN, en cabeza de Francisco Javier Zuluaga, alias ’Juan Pablo’, quien dirigió la quema de la hacienda Guacharacas y el robo de 600 cabezas de ganado y varios caballos y mulares de propiedad de los Uribe Vélez. Afirma que uno de los ejemplares robados fue un macho de paso fino muy apreciado por el entonces gobernador Uribe, que luego fue utilizado por el jefe guerrillero para patrullar la región.
Sierra relata que después de la incursión guerrillera y el robo de los animales, el gobernador Álvaro Uribe ofreció una recompensa por información que condujera a la captura de alias ’Juan Pablo’, recompensa que según consta en sentencia del Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia del 9 de enero de 2003 fue cobrada utilizando el nombre y documento de una persona fallecida, luego de que el Ejército reportara la baja del guerrillero en un combate.
A partir de ese momento, dice Sierra, comenzaron los desplazamientos y las masacres en la región, a manos del recién conformado grupo paramilitar, y que la base principal de operaciones y reuniones era la hacienda Guacharacas. Las principales masacres ocurrieron en el corregimiento Providencia de San Roque el 13 de julio de 1996 y en el casco urbano del municipio, el 14 de septiembre del mismo año. Luego, en octubre de 1996, se conformó y se autorizó el funcionamiento de la convivir El Cóndor, dirigida por Luis Alberto Villegas Uribe, la cual operaba en el mismo territorio del mencionado grupo paramilitar.
Conforme a la versión de Sierra, el señor Juan Monsalve, uno de los trabajadores de Guacharacas e hijo del mayordomo de la finca, quien se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita condenado por paramilitarismo y otros delitos, fue testigo de todos los hechos acontecidos en esa época y miembro de la estructura criminal creada en la zona.
En la parte final de la grabación, el exjefe paramilitar señala que para las dos campañas presidenciales de Álvaro Uribe, todas las estructuras de las AUC recogieron dinero y lo apoyaron decididamente en las distintas regiones del país para lograr su elección.
8 de septiembre de 2011
7 de septiembre de 2011
©semana

video

paramilitares vuelven a amenazar

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’Águilas Negras’ amenazan de muerte a líderes de víctimas. Dirigentes de organizacionales no gubernamentales que trabajan en la defensa de derechos humanos denunciaron el hecho. Días atrás, jóvenes teatreros de Bogotá alertaron sobre amenazas contra su vida hechas por el mismo grupo.

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Colombia. La banda criminal ’Águilas Negras’ amenazó de muerte a los dirigentes de tres organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos que trabajan con víctimas del conflicto armado.
Las amenazas aparecen en un panfleto que llegó  a la sede nacional de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) en Bogotá.
Además de Redepaz, el grupo ilegal amenaza a los líderes de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi) y la Fundación Humanitaria Nuevo Amanecer (Funumana).
"Les declaramos la guerra directa y frontal con el objetivo de exterminar a estas organizaciones y a sus dirigentes", dice el panfleto, que identifica entre los amenazados a Ana Teresa Bernal y Luis Emil Zanabria, de Redepaz; Carmen Palencia y Gerardo Vega, de Asovirestibi, y Jesús Mario Orozco, de Funumana.
Zanabria, que es uno de los presidentes colegiados de Redepaz, dijo a Efe que el caso fue puesto hoy en conocimiento de los servicios de inteligencia de la Policía Nacional.
"Fue en una reunión preliminar con la policía, para algunas medidas de seguridad, y a lo largo del día iremos a la Fiscalía General y a los Ministerios del Interior y Agricultura", agregó el activista.
El objetivo es "evaluar no solo la situación de los dirigentes que aparecemos en las amenazas, sino en el contexto en el que se dan estas amenazas", agregó, al advertir de que "el país avanza hacia la paz y el estado social de derecho, o se queda en la barbarie y el ostracismo de los paramilitares y narcotraficantes".
Zanabria consideró que estas amenazas "hacen parte de toda la acción de los grupos delincuenciales que se han apropiado ilegalmente de las tierras de los campesinos de este país y hoy ven en riesgo su posesión ilegal a causa de que los campesinos organizados las están reclamando, con el acompañamiento de ONG".
Hace apenas unos días cientos de artistas unieron sus voces en un carnaval por la vida para protestar por las amenazas que 12 grupos de teatro recibieron de las ‘Águilas Negras’.
"Nos amenazan por defender la vida, porque nuestro único pecado es crear, eso sólo pasa en una dictadura del crimen", dijo a Semana.com uno de los jóvenes amenazados.
El panfleto apareció debajo de la puerta de las sedes de trabajo de 12 grupos de teatro en las localidades de Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolivar y Kennedy (sur de Bogotá) y advertía que tenían una semana para abandonar la ciudad.
"Hoy damos inicio de limpieza a todas las sucias organizaciones que se interponen en nuestro paso (…) por medio de expresiones artísticas y que se oponen a las políticas de nuestro gobierno", reza el texto amenazante.
El coronel Leonardo Mejía, jefe de inteligencia de la policía metropolitana de Bogotá, dijo a Semana.com que después de una labor de observación se concluye que la amenaza es una expresión delincuencial pero que no proviene de una de las llamadas bandas criminales.
"Las bandas criminales hacen en diferentes regiones del país amenazas específicas dirigidas a personas por un hecho puntual. Y en este caso no lo hay", señaló Mejía, quien agregó que además las imágenes en el panfleto no corresponden a las usadas por las bandas criminales.
El oficial resaltó que la Policía se ha puesto en contacto con los grupos y les ha hablado de medidas de autoprotección, esto es "una cartilla documentada sobre las precauciones que deben tomar en sus desplazamientos y la cual contiene los números de contacto de los organismos de atención y de sus estaciones de policía más cercanas".
El coronel Mejía resaltó que las estaciones de policía de las localidades de donde provienen estos grupos tienen la orden de "pasarles revista permanentemente para identificar si hay amenazas reales que merezcan la atención inmediata".
Mientras tanto, los integrantes de los grupos amenazados regresaron a sus localidades (en los sectores más pobres de Bogotá) con el temor de que la sentencia de los criminales los sorprenda a la vuelta de la esquina.
"Y si la muerte nos encuentra, habrá otros que como nosotros vean en el teatro la forma de transformar el mundo", dicen.
8 de septiembre de 2011
6 de septiembre de 2011
©semana

diez policías implicados en torturas

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Dos efectivos fueron detenidos por apremios ilegales. Ya son 10 los policías implicados.

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Argentina. Otros dos policías fueron detenidos en las últimas horas en el marco de la investigación por el delito de tormentos aplicados a tres menores limpiavidrios que estaban alojados en el Hogar El Refugio de la capital provincial. El comisario general Mario Franco, responsable de Asuntos Internos, confirmó que sus hombres detuvieron a los dos efectivos, y agregó que con estas nuevas detenciones ya suman diez los policías implicados en la causa que investiga la supuesta aplicación de tormentos contra chicos detenidos en la seccional 3ª.
Franco indicó que estas nuevas capturas se produjeron como consecuencia de la toma de declaración indagatoria a los primeros ocho detenidos. Son medidas que toma la jueza como para asegurar pruebas.
"La causa ya está judicializada y la está llevando adelante la jueza de instrucción de la 4ª Nominación, Susana Luna. A partir de entonces, la magistrada nos ha ido pidiendo medidas. Entre ellas, la que efectuamos la tarde de la víspera cuando se nos solicitó la detención de estos dos empleados", explicó.
Se trata de dos suboficiales que venían cumpliendo funciones en la 1ª Zona de Inspección. "Uno fue detenido en su domicilio particular y el restante en su lugar de trabajo", expresó Franco.
De igual manera, el jefe policial sostuvo que "esto de ninguna manera es un tema terminado. Se continúa con la recepción de declaraciones en sede judicial y la toma de otras medidas. La causa está en pleno proceso de ejecución y esto explica las nuevas detenciones que se produjeron".
En igual sentido el jefe policial precisó que sobre los involucrados pesan distintos tipos de imputaciones: "Algunos están en el banquillo debido a que actuaron mal, otros porque dejaron hacer, otros porque no registraron los ingresos, en fin, es un caso bastante complejo".
En forma paralela, y de manera independiente, "avanza la investigación para deslindar las responsabilidades de tipo administrativas", aclaró.
La causa se inició la mañana del 29 de agosto cuando la responsable de "El Refugio", Miriam Rociani, se presentó en Asuntos Internos y radicó la denuncia. La mujer relató que varios chicos de esa entidad fueron víctimas de castigos y tormentos, al momento de ser detenidos y alojados en la seccional 3ª.
"A partir de ahí comunicamos la novedad a nuestros superiores políticos y demás autoridades, para dar comienzo a la labor de investigación". recordó Franco.
[Foto viene de patri7.]
8 de septiembre de 2011
©rosario 12