juzgados en el banquillo 5
[William Glaberson] En pequeños tribunales orales de Nueva York abundan los abusos de la ley y de poder. Formación básica.
A medida que las meteduras de pata y otras cosas peores se han ido apilando con el curso de los años, también lo han hecho las apagadas quejas dentro del sistema. Las transcripciones de las vistas disciplinarias de la comisión, que usualmente se hacen a puertas cerradas, muestran que algunos jueces han casi mendigado por más formación, o por cualquier tipo de ayuda.
Anthony Ellis, un carnicero de Tupper Lake que normalmente encarcelaba a los acusados para obligarlos a declararse culpables, resumió claramente, en una vista cerrada, su inseguridad: "Es como cruzar un río por una cuerda floja".
William G. Mayville, un obrero jubilado que convirtió su tribunal en las cercanías de Fort Covington en una agencia judicial para empresarios de la localidad, ofreció una explicación simplemente irrefutable: "Ciertamente sólo soy un hombre sencillo haciendo un trabajo que, sabes, lo hago lo mejor que puedo con la poca educación que tuve".
Hombres simples, y sus simples sabidurías es la filosofía que se oculta detrás de los juzgados de pueblo chico. Una institución inglesa del siglo 13, el juez de paz fue exportado a las colonias en el siglo 17 junto con una idea fundamental: que los legos podían resolver casos pequeños con soluciones prácticas enraizadas en las costumbres locales o en el sentido común.
Pero como la vida, y la ley, se hicieron cada vez más complejas a mediados del siglo 20, varios estados, incluyendo California, Nueva Jersey y Connecticut, crearon más juzgados locales profesionales.
En Delaware, donde los magistrados locales nombrados tienen menos autoridad que los jueces de Nueva York, el estado somete a los candidatos a tests académicos y psicológicos, y los hace empezar después de una formación de once semanas. "Es un reflejo de la opinión de que cuando estamos tratando con la vida de la gente, cuando tratamos con la libertad de la gente, debemos tomarlo seriamente", dijo el primer magistrado, Alan G. Davis, abogado.
En Nueva York los juzgados han sido reemplazados por tribunales de distrito financiados por es estado, con jueces abogados, en los condados de Nassau y de Suffolk occidental. Pero los últimos llamados importantes para una reforma a nivel nacional estallaron a principios de los años ochenta, y el tiempo destinado a la formación de los jueces no ha cambiado. Aquellos que no han estudiado derecho deben seguir un cursillo de seis días. Los abogados no están obligados a asistir, pero todos los jueces deben participar en cursos de actualización de doce horas una vez al año.
Maryrita Dobiel, que dirige el programa de formación para la Oficina de Administración de Tribunales, dijo que las clases proporcionaban una introducción a principios jurídicos, pero no mucho más, dado que se trataba de un cuerpo estudiantil de grados muy diversos de educación. "Tenemos que enseñar al denominador común más bajo", dijo. Los principios generales de derecho penal, una asignatura que toma un semestre o más en las facultades de derecho, se enseñan aquí en cinco horas.
Al finalizar el cursillo, los jueces deben aprobar al menos un 70 por ciento de una prueba de 50 preguntas del tipo verdadero o falso. Los que fracasan deben repetir el curso, y el examen. "Nosotros no determinamos si están o no calificados para ser jueces", dice Dobiel. "La gente que los elige ya han tomado esa decisión".
La verdadera prueba se toma en el estrado.
Varios jueces han amenazado con arrestar a los litigantes en casos de pequeñas demandas, mostrando que no entienden la diferencia entre casos civiles y criminales. Otros han dicho a la comisión de conducta criminal que estaban en desacuerdo con la garantía constitucional de que un acusado tiene derecho a un abogado.
John D. Cox, encargado de una cantera en Le Ray, cerca de Watertown, encarcelaba sumariamente a la gente que no pagaba las multas, declaró la comisión. Pero en 2002 recibió la pena pública mínima, una admonición, después de que explicara de que sus 22 años en el oficio, nunca se le había enseñado que la ley permite que los acusados tengan una nueva vista y un abogado cuando decían que no podían pagar las multas.
Los jueces cuentan con algo parecido a un salvavidas: Pueden llamar a un centro de información cerca de Albany donde cuatro abogados tratan más de 18 mil preguntas al año. Pero hay límites a lo que el centro puede hacer.
"Les contamos qué opciones tienen", dice el director del centro, Paul Toomey. "Pero no les decimos que están equivocados".
A medida que las meteduras de pata y otras cosas peores se han ido apilando con el curso de los años, también lo han hecho las apagadas quejas dentro del sistema. Las transcripciones de las vistas disciplinarias de la comisión, que usualmente se hacen a puertas cerradas, muestran que algunos jueces han casi mendigado por más formación, o por cualquier tipo de ayuda.Anthony Ellis, un carnicero de Tupper Lake que normalmente encarcelaba a los acusados para obligarlos a declararse culpables, resumió claramente, en una vista cerrada, su inseguridad: "Es como cruzar un río por una cuerda floja".
William G. Mayville, un obrero jubilado que convirtió su tribunal en las cercanías de Fort Covington en una agencia judicial para empresarios de la localidad, ofreció una explicación simplemente irrefutable: "Ciertamente sólo soy un hombre sencillo haciendo un trabajo que, sabes, lo hago lo mejor que puedo con la poca educación que tuve".
Hombres simples, y sus simples sabidurías es la filosofía que se oculta detrás de los juzgados de pueblo chico. Una institución inglesa del siglo 13, el juez de paz fue exportado a las colonias en el siglo 17 junto con una idea fundamental: que los legos podían resolver casos pequeños con soluciones prácticas enraizadas en las costumbres locales o en el sentido común.
Pero como la vida, y la ley, se hicieron cada vez más complejas a mediados del siglo 20, varios estados, incluyendo California, Nueva Jersey y Connecticut, crearon más juzgados locales profesionales.
En Delaware, donde los magistrados locales nombrados tienen menos autoridad que los jueces de Nueva York, el estado somete a los candidatos a tests académicos y psicológicos, y los hace empezar después de una formación de once semanas. "Es un reflejo de la opinión de que cuando estamos tratando con la vida de la gente, cuando tratamos con la libertad de la gente, debemos tomarlo seriamente", dijo el primer magistrado, Alan G. Davis, abogado.
En Nueva York los juzgados han sido reemplazados por tribunales de distrito financiados por es estado, con jueces abogados, en los condados de Nassau y de Suffolk occidental. Pero los últimos llamados importantes para una reforma a nivel nacional estallaron a principios de los años ochenta, y el tiempo destinado a la formación de los jueces no ha cambiado. Aquellos que no han estudiado derecho deben seguir un cursillo de seis días. Los abogados no están obligados a asistir, pero todos los jueces deben participar en cursos de actualización de doce horas una vez al año.
Maryrita Dobiel, que dirige el programa de formación para la Oficina de Administración de Tribunales, dijo que las clases proporcionaban una introducción a principios jurídicos, pero no mucho más, dado que se trataba de un cuerpo estudiantil de grados muy diversos de educación. "Tenemos que enseñar al denominador común más bajo", dijo. Los principios generales de derecho penal, una asignatura que toma un semestre o más en las facultades de derecho, se enseñan aquí en cinco horas.
Al finalizar el cursillo, los jueces deben aprobar al menos un 70 por ciento de una prueba de 50 preguntas del tipo verdadero o falso. Los que fracasan deben repetir el curso, y el examen. "Nosotros no determinamos si están o no calificados para ser jueces", dice Dobiel. "La gente que los elige ya han tomado esa decisión".
La verdadera prueba se toma en el estrado.
Varios jueces han amenazado con arrestar a los litigantes en casos de pequeñas demandas, mostrando que no entienden la diferencia entre casos civiles y criminales. Otros han dicho a la comisión de conducta criminal que estaban en desacuerdo con la garantía constitucional de que un acusado tiene derecho a un abogado.
John D. Cox, encargado de una cantera en Le Ray, cerca de Watertown, encarcelaba sumariamente a la gente que no pagaba las multas, declaró la comisión. Pero en 2002 recibió la pena pública mínima, una admonición, después de que explicara de que sus 22 años en el oficio, nunca se le había enseñado que la ley permite que los acusados tengan una nueva vista y un abogado cuando decían que no podían pagar las multas.
Los jueces cuentan con algo parecido a un salvavidas: Pueden llamar a un centro de información cerca de Albany donde cuatro abogados tratan más de 18 mil preguntas al año. Pero hay límites a lo que el centro puede hacer.
"Les contamos qué opciones tienen", dice el director del centro, Paul Toomey. "Pero no les decimos que están equivocados".
Jo Craven McGinty contribuyó a este reportaje.
25 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
Una chiquilla de 17 no volvió a casa una noche, se peleó luego con su familia y terminó siendo acusada de acoso sexual en Alexandria Bay, un ajetreado pueblo turístico en el St. Lawrence River. El juez, Charles A. Pennington, botero con 23 años de experiencia en el estrado, escuchó su declaración de inocencia un domingo de 2003.
Londres, Gran Bretaña. Canning Town creció como una barriada de la época victoriana, sede de un cáustico cocimiento de nocivas fábricas y apretadas casas que daban a acequias del alcantarillado. Algunos creen que fue la fuente de inspiración para los retratos de los jóvenes de Londres de Charles Dickens, demasiado miserable como para producir otra cosa que ladrones.
Ciertamente, hay jueces que valen y defensores del sistema dicen que los buenos jueces superan de lejos a los malos. Esos partidarios, principalmente los jueces mismos y líderes políticos locales que a menudo los han elegido, dicen que los jueces de pueblo chico conocen los problemas de los pueblos chicos -y a la gente problemática- y pueden encontrar soluciones de sentido común a la medida.
Es tentador ver a los juzgados orales como débiles y poco relevantes porque el grueso de sus intervenciones tiene que ver con violaciones de tráfico. Sin embargo, entre sus 2.2 millones de casos, los juzgados tratan más de 300 casos criminales al año. Los jueces pueden imponer sentencias de cárcel de hasta dos años. Incluso en los casos más nimios, algunos han ejercido atribuciones e impuesto castigos mucho más allá de lo que permite la ley.
Algunos de los juzgados ni siquiera cuentan con una sala de sesiones: son diminutas oficinas o cuartos subterráneos sin banco para el juez ni para el jurado. A veces no se admite al público, no se toma juramento a los testigos de que dirán la verdad y no se llevan actas de las diligencias.
Otro día en Delancey Street. Un asaltante de banco está asando los pollos. Un ladrón de joyas rellena los vasos de agua. Un camarero habla sobre el tiempo que pasó en San Quintín.
Boucard, Francia. Cuando el castillo de cuento de hadas del pueblo se ve desde lejos, con sus siete delgadas agujas y aspecto de fortaleza, es fácil imaginar la distinguida y mimada vida de los aristócratas que lo llamaban casa.